Un informe de Rights Peru
En la noche del 13 de febrero de 1989, el dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y la activista social Consuelo García Santa Cruz fueron secuestrados en San Juan de Lurigancho, en las afueras de Lima. Sus cuerpos fueron encontrados con varios impactos de bala. El cráneo de Consuelo García había sido destruido. La ejecución extrajudicial de Cantoral y García fue uno de varios crímenes que se atribuía al grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, que actuó durante los últimos años del primer gobierno de Alan García (1985-1990).
Ahora, años después de los hechos, varias personas están siendo procesadas por la muerte de Cantoral y García, así como por el asesinato de varias otros, todas víctimas del autodenominado Comando Rodrigo Franco. El juicio oral por este caso comenzó en mayo del 2013, y avanza lentamente, como es, lamentablemente, lo común en estos casos.
Es un juicio complicado para Alan García y el Partido Aprista, no sólo porque los crímenes sucedieron durante el primer gobierno de García, sino porque entre los implicados están un ex ministro de Estado, Agustín Mantilla, así como varios integrantes del APRA.
Los casos
La causa Comando Rodrigo Franco comprende varios casos de ejecución extrajudicial, todos supuestamente cometidas por el Comando.
Manuel Federico Febres Flores. Manuel Febres, abogado e integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, asumió la defensa de Osman Morote Barrionuevo, el segundo más importante dirigente de Sendero Luminoso y quien había sido capturado en 1987. El día 28 de julio de 1988, a las 9 de la mañana, Febres se dirigía a su casa cuando fue interceptado por un grupo de hombres quienes lo introdujeron a un vehículo, y luego fue encontrado muerto por la playa La Herradura. Un volante atribuyó el acto al “Comando Rodrigo Franco”—el primer asesinato auto-atribuido por el temido grupo paramilitar.
Luis Miguel Pasache Vidal y Sócrates Javier Porta Solano. Luis Miguel Pasache Vidal y Porta Solano, integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fueron encargados de negociar la liberación del Mayor General FAP Héctor Jeri García, quien había sido secuestro por dicha agrupación. El 12 de agosto de 1988, estuvieron en el distrito de Pueblo Libre negociando con los familiares del militar, cuando fueron secuestrados por hombres desconocidos y llevados al distrito de San Bartolo, donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas con la finalidad de conseguir información del secuestro. Al no obtener resultados, procedieron a ejecutar a Porta Solano con arma de fuego y a ahogar a Pasache Vidal. Sus cuerpos fueron encontrados en el Puente de la Playa León Dormido y en la Playa Puerto Viejo, respectivamente.
Saúl Cantoral Huamani y Consuelo García Santa Cruz. Saúl Cantoral era secretario general de la Federación de Mineros y Metalúrgicos del Perú, y Consuelo Trinidad Garcia Santa Cruz fue dirigente fundadora del ¨Centro de Mujeres Filomena Tomaira Pacsi¨, que brindaba asistencia a las mujeres de trabajadores mineros. El 13 de febrero, entre 7:30 y 8:00 p.m., ambos fueron secuestrados por hombres desconocidos y llevados en un vehículo. Fueron amarrados y encapuchados, y fueron llevados al Parque Zonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho, donde fueron ejecutados. El cuerpo de Cantoral fue encontrado boca abajo con varias heridas de bala y a su costado una cartulina con una hoz y martillo dibujado y escrito ¨Perro, soplón, vendido, viva la huelga minera, viva el PCP.¨ A pocos metros de distancia se encontró el cuerpo de una mujer con el cráneo destrozado, luego identificada como Santa Cruz. En el 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó sentencia en este caso, determinando que los responsables era el grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, y ordenó al Estado peruano investigar los hechos, procesar y castigar a los responsables.
Los acusados
Agustín Mantilla está acusado como el autor mediato de los tres crímenes. Adicionalmente, ocho personas (más una que falleció) están acusadas de ser integrantes del Comando Rodrigo Franco, y pesan sobre ellas diferentes acusaciones por los tres casos.
En el caso Manuel Febres, están acusado como presuntos autores inmediatos las siguientes personas: Jesús Miguel Ríos Sáenz (“Chito Ríos”), Jorge Mauro Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Rogelio Farfán Yacila, Oscar Exequiel Urbina Sandoval, Gino Fiori González, y contra Juan Pampa Quilla como presuntocómplice primario.
En el caso Pasache Vidal y Porta Solano, están acusados como presuntos autores inmediatos Ríos Saenz y Walter Elías Lauri Morales.
Ríos Saenz y Huaman Alacute están acusados como presuntos autores inmediatos en el caso de Cantoral y García.
El juicio en curso
Desde hace más de un año, este caso está en la fase oral de interrogatorio. El fiscal del caso, César Landa Burgos, ha interrogado a varios de los acusados. Acaba de terminar el interrogatorio a Jesús Miguel Ríos Sáenz (alias “Chito Ríos¨), después de casi dos meses. Chito Ríos es el presunto líder del grupo paramilitar, y se cree que gozó de la protección del Ministro de Interior de entonces, Agustín Mantilla. Ríos negó su responsabilidad en los crímenes. Declaró que él solo trabajaba para el DIGEMIN como informante sobre personas involucradas con movimientos subversivos.
Durante su interrogatorio, el abogado de Chito Ríos protestó sobre la gran cantidad de preguntas y el tiempo que se estaba demorando. Aludiendo al famoso discurso de Cicerón Catilinarias, dijo: ¨¿Hasta Cuándo?¨ El fiscal Landa respondió, sin parpadear: ¨Hasta cuando, hasta nunca, hasta conseguir la verdad.¨
Los próximos pasos
Próximamente estará en el banquillo de los acusados Agustín Mantilla, lo cual está seguro de captar la atención de los medios de comunicación.
El ex presidente Alan García no está acusado en el actual caso. Sin embargo, como sucedió con el caso Accomarca hasta hace poco, sí está en la lista de testigos para declarar su versión de los hechos.
No cabe duda que durante su gobierno se trató de proteger a ciertas personas vinculadas a este destacamento militar. Como dijo Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), que representa a los familiares de Cantoral y García, “Es necesario dilucidar si este manto de impunidad provino desde el propio Ejecutivo o fue una acción directa del entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla”.
*Rights Peru (www.rightsperu.net) es un proyecto de investigación de George Mason University dedicado a monitorear los procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno en el Perú.