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“Bajo amenaza nos hicieron participar en las esterilizaciones de mujeres”

Por: Melissa Goytizolo de La República

Política de Estado. El testimonio del enfermero Rafael Delgado Zumaeta, quien intervino en las campañas de control de natalidad del gobierno de Alberto Fujimori en Sión, en la selva del Huallaga, confirma que se hicieron captaciones masivas de mujeres para operarlas bajo engaños o con violencia.

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaVarias de las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas en la localidad de Sión durante el gobierno de Alberto Fujimori reconocieron al enfermero Rafael Delgado Zumaeta como una de las personas que participaron en los violentos programas de captación e intervención quirúrgica.

Sin embargo, Delgado aclaró que fue parte de los programas de esterilización masiva porque recibió presiones de sus superiores del Ministerio de Salud, quienes lo amenazaban con sancionarlo o despedirlo si no cumplía con las “cuotas” de mujeres esterilizadas.

El enfermero reconoció que intervino en las jornadas de esterilizaciones entre fines de 1995 y 1997, periodo en el que en distintas localidades del país, en particular en áreas donde residían los pobladores más pobres, se ejecutó simultáneamente el plan fujimorista de control de la natalidad.

“Por medio de una resolución del Ministerio de Salud que llegó para el cumplimiento de esta campaña llamaron a los trabajadores de salud del Estado de distintas zonas del departamento de San Martín para una reunión técnica en el hospital de Juanjuí. Eso fue entre enero y marzo de 1996”, recordó Rafael Delgado Zumaeta. Es uno de los pocos profesionales de la salud que decidieron contar su testimonio sobre lo sucedido en esa época. Cuando la candidata presidencial Keiko Fujimori se presentó en la Universidad de Harvard atribuyó la responsabilidad de las esterilizaciones forzadas al personal del Ministerio de Salud, negando cualquier tipo de exceso de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. Lo que manifestó Rafael Delgado contradice lo expresado por Keiko Fujimori. Al personal médico el Ministerio de Salud le ordenó la esterilización masiva de mujeres.

En aquella reunión le explicaron a Rafael Delgado que tenían que cumplir con altas metas de captación de mujeres para alcanzar los objetivos de las políticas gubernamentales de planificación familiar, sobre todo con respecto al programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

“En esta reunión estábamos todos los responsables de los establecimientos de salud que corresponden a la Red Mariscal Cáceres, que son como 36 establecimientos. Si el centro de salud era grande tenían que asistir los médicos y la obstetra. Si era más pequeño, entonces todo el personal técnico, como era mi caso. A esa reunión asistieron como unas cien personas”, señaló Delgado.

El enfermero relató que las campañas de esterilización empezaron en el hospital de Juanjuí y en el Centro de Salud de Campanilla, localidades donde operaron masivamente a las mujeres, como ellas mismas testificaron a La República.

“La reunión la dirigió el director de la Red Mariscal Cáceres, Julio Arabayza, si mal no recuerdo, y en aquellos tiempos la coordinadora del área mujer era la obstetra Elena Mori Díaz”, apuntó Rafael Delgado.

Bajo amenaza

“En el mes de abril de 1996 yo no reporté ni un solo caso de señoras para ligarse, entonces, como a otros, las autoridades de salud nos llamaron y nos dijeron que no estábamos cumpliendo (con el programa), que no estamos captando (mujeres para ser esterilizadas)”, recuerda Rafael.

“Yo no estaba de acuerdo con este sistema de metas tan elevadas (‘cuotas’ de mujeres esterilizadas), siempre se lo decía a los colegas de Shumanza, Campanilla y Jaén. No estaba conforme. Nos decían que a las personas que no cumplíamos con las metas nos entregarían un memorando de llamada de atención. Es decir, un documento de advertencia. Si se continuaba desobedeciendo ya te daban una resolución que se iba a tu legajo. Era un castigo, porque una resolución de ese tipo en tu legado te baja cinco puntos cuando te evalúan. Entonces, resultaba más difícil pedir destaque a otra localidad, tener otros trabajos. Afectaba las condiciones laborales”, explicó el enfermero.

Bajo esa forma de presión –y otras que a continuación se describirán–, los profesionales de salud del Estado como Rafael Delgado eran obligados a cumplir con las “cuotas” de mujeres esterilizadas.

El testimonio del enfermero Rafael Delgado coincide con las declaraciones y documentos que La República recogió en Piura por parte de médicos que fueron forzados a cumplir con las campañas masivas de esterilizaciones. Lo que queda claro es que los profesionales estatales de salud no actuaban por su cuenta sino por mandato del gobierno de Fujimori.

“En el mes de mayo de 1996 empezó a formalizarse el asunto. Establecieron una red de captadores (de mujeres), que eran trabajadores de salud del hospital de Juanjuí. Una de ellos era la enfermera Elena Saldaña”, dijo. Ella es identificada por varias mujeres entrevistadas por La República en Sión.

“Nosotros, los enfermeros, sentíamos varias veces disconformidad con este programa (de esterilizaciones compulsivas). Tal vez nosotros por desconocimiento hemos aceptado lo de las ‘cuotas rápidas’ (número de mujeres esterilizadas). Nosotros teníamos que continuar con el trabajo por temor a que la alta gerencia se nos viniera encima. Nosotros por cuidar nuestro trabajo tuvimos que participar de alguna manera en este programa. Nos hicieron participar en las esterilizaciones bajo amenaza”, apuntó el enfermero.

Retrato de familia

Entre otras razones, Rafael Delgado Zumaeta aceptó relatar su participación en los programas de esterilizaciones porque una de las víctimas fue Verónica Vásquez Vela, una mujer muda, sin hijos, operada contra su voluntad. Verónica Vásquez es miembro de la familia del enfermero.

El mismo día que esterilizaron a Verónica Vásquez, también lo hicieron con Patricia Arévalo Ríos. La República pudo corroborar con Verónica Vásquez, por intermedio de Patricia Arévalo –con quien se comunica mediante señas–, la versión de Rafael Delgado.

Esto es lo que relató Patricia Arévalo:

Verónica no sabía ni hablar ni expresarse, no tenía ni un solo hijo. Era muda. Se aprovecharon de su condición. A mí, relata Patricia, me esterilizaron con engaños en agosto de 1997, cuando tenía 22 años. Llegaron a mi casa unos médicos de Juanjuí que me dijeron que tenía que hacerme la ligadura sí o sí. Les dije que no y se fueron. Regresaron e insistieron en lo mismo. Me dijeron que el gobierno había ordenado que las mujeres solo podíamos tener dos hijos. Tampoco acepté. Retornaron una vez más y en esta ocasión me dijeron que me llevarían a Juanjuí para que me hicieran a mí y a mis dos hijos un análisis para prevenir la malaria y el dengue porque había un brote por la zona. Además, me prometieron entregar víveres. Les dije que el problema era que yo no tenía dinero para los pasajes, Por tratarse de esas enfermedades cargué a mis hijos y me llevaron gratis en un latón por el río.

Estaban conmigo Verónica Vásquez, Delfiria, Elcira, Rosa Tapoima y otras. Al llegar al hospital de Juanjuí me separaron de mis hijos, y nos gritaban ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro!”. Al escuchar a las mujeres que lloraban de dolor, Elcira y yo nos asustamos y planeamos fugarnos. Llegó una enfermera que me amenazó: “Si te vas, no te voy a dar el pasaje de regreso a tu casa”. Yo dije que ya no quería nada, pero la enfermera insistía en que solo era un análisis de sangre para saber si tenía malaria y otras cosas. Me sacaron sangre, luego me hicieron sentar en la camilla y me pusieron una ampolla en la cintura. Y me dormí. Nunca firmé ningún documento de nada. Al despertar sentí fuertes dolores en las piernas. Levanté la cabeza y vi a muchas mujeres echadas que gritaban de dolor. Pasó una enfermera y le pregunté: “¿Qué me han hecho?”. Y me dijo: “Nada, nada, simplemente te hicimos un pequeño cortecito para que ya no tengas hijos”. Me puse a llorar porque solo tenía 22 años, una vida por delante. Lo peor vino después. Mi esposo se separó porque no podía tener hijos, dejé de trabajar en el campo debido a los intensos dolores de la operación, mis ingresos económicos se redujeron, mi vida sexual nunca más fue la misma. Yo gritaba de dolor y las enfermeras nos trataban como animales, nos decían gritándonos fuerte: “¡Ya, ya, ya! ¡Levántense, levántense, levántense! ¡Váyanse a bañar!”. Para el dolor, solo nos dieron tres pastillas de Paracetamol. La herida se infectó, para nada me sirvieron esas pastillas.

Rogelia Sanancino Satalaya identificó a Rafael Delgado como uno de los captadores de las mujeres que fueron esterilizadas. Esto es lo que contó:

Me llevaron a la posta de Campanilla con engaños. Me dijeron que me llevaban para hacerme un análisis contra la malaria. En el bote éramos cinco señoras. Entre ellas Felipa y Nila. También estaba Rafael Delgado Zumaeta. Ni bien llegamos a la posta y de frente nos metieron en un cuarto. Yo había dejado en mi casa a mi niño de tres meses. Nunca me hicieron firmar nada en la posta, ni antes ni después. Me pusieron anestesia mientras me preguntaban cuántos hijos tenía y así me quedé dormida. Cuando desperté la cabeza me daba vueltas. Las enfermeras nos gritaban para que nos levantáramos. Yo le decía a la enfermera que me daba vueltas la cabeza y ella solo sonreía. Luego me dijo: “Te hemos ligado, señora, para que no tengas más hijos”. Yo protesté porque me engañaron. Yo no quería que me operaran. Yo quería tener más hijos. Y la enfermera Elena me dijo: “No, nunca más vas a volver a tener hijos” y me abrazó porque me vio llorar. Me malograron la vida porque yo vendía anticuchos. Me iba muy bien. Pero ya no pude trabajar más en mi negocio. Mi pareja se alcoholizó afectado por lo que me hicieron y un día apareció ahogado en el río. Fue una desgracia. Todos los males se vinieron encima con esa maldita operación.

El fujimorismo defiende hasta hoy el programa de control natal, con el argumento de que las esterilizaciones forzadas fueron casos aislados. Los testimonios de las víctimas desmienten a los negacionistas de esta práctica que continúa impune.

“Había colas de 50 o 60 mujeres para operarlas”

Contra Nila Gutiérrez Doñe aplicaron violencia para esterilizarla. Esto es lo que contó:

Nos metieron a toditas al centro de salud de Campanilla. Nos hicieron formar una larga cola, como de 50 ó 60 personas. A ambos lados de la cola estaban resguardando varios enfermeros para que nadie se escape, vestían de celeste. Al notar que estaban operando a todas, me quise escapar.

Me tuvieron que atar con unas vendas blancas en la cama para que no me fugara. Cuando desperté no paraba de vomitar. Hasta que me di cuenta de que tenía una herida en el vientre. Grité por qué me habían operado sin que me consultaran, me habían engañado.

Una enfermera se acercó, me puso una ampolla y me dijo que estaría bien. Era mentira. Comencé a sangrar mucho por la vagina. Nunca volví a ser igual, yo he podido tener más hijos, yo nunca quise que esta desgracia ocurriera. Me malograron la vida.

Publicado originalmente en La República, el 06 de marzo de 2016. Ver enlace aquí.

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“Me ataron las muñecas en la camilla para esterilizarme a la fuerza”

Por: Melissa Goytizolo de La República

Nuevos casos. Con la misma modalidad que se practicó en la Costa y en la Sierra, en localidades selváticas de la región San Martín numerosas mujeres fueron víctimas de intervenciones quirúrgicas forzadas en cumplimiento de la política del régimen de Alberto Fujimori. Ellas hablan por primera vez.

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaLa República encontró en las localidades de Sion, Shumanza y Juanjuí, en las profundidades del valle del Huallaga, en la región San Martín, varios testimonios de mujeres esterilizadas violentamente como parte del programa del gobierno de Alberto Fujimori, aplicado con los mismos métodos que en Piura y el Cusco, donde este diario también entrevistó a víctimas que sufrieron operaciones quirúrgicas contra su voluntad.

Personal del Ministerio de Salud que participó en el reclutamiento y operaciones compulsivas de las mujeres de los caseríos de Sion, Shumanza y Juanjuí, confirmaron que desde Lima les impusieron una cuota de esterilizaciones bajo amenazas de sanciones si es que no cumplían con los objetivos.

Los testimonios obtenidos en San Martín confirman que los excesos cometidos durante la ejecución del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del régimen de Fujimori, no fueron hechos aislados sino que formaban parte de una política de Estado. Son las propias mujeres las que relatan cómo fueron víctimas de las intervenciones sin su consentimiento, bajo engaños o amenazas, o mediante el uso de la fuerza.

“Es orden del gobierno”

Felipa Guerra Martínez, residente en el centro poblado de Sion, en el distrito de Campanilla, en la provincia Mariscal Cáceres, recordó que tenía 31 años cuando la esterilizaron en noviembre de 1995. La escogieron porque tenía cuatro hijos. Lo recuerda muy bien porque cuando los enfermeros le dijeron que por orden del gobierno tenía que ligarse las trompas, ella contestó que estaba embarazada. Entonces le respondieron que no era problema y que las acompañara para hacerle una evaluación rutinaria. Era mentira Así lo contó:

Nos llevaron a mi y a otras mujeres de Sion en un bote por el río con dirección a la posta médica de Campanilla. Yo les dije varias veces que no, que no quería, y que estaba embarazada, pero insistieron. ‘Es orden del gobierno’, me decían. Luego me dijeron que solo me iban a sacar análisis sobre mi embarazo. Pero era un engaño. Las dos enfermeras que vinieron a mi casa me dijeron: “Señora, si estás embarazada no te vamos a tocar ni un poquito”. Cuando llegamos a la posta de Campanilla, nos encerraron en el local para que nadie saliera. En ese lugar pasamos la noche. Había mujeres de Chumanza, de Perla de Mayo y otras localidades. Había más de 100 mujeres. Dormimos unas en colchones, otras en el piso. Al segundo día nos pusieron batas. A la fuerza me hicieron subir a la camilla. Yo no quería, me jalaron del brazo diciéndome que me iban a sacar mis análisis, que si no me dejaba no iba a tener pasaje de regreso a mi casa, ni alimento, ni agua. Cuando forcejeaba, sentí la aguja de la anestesia. Al día siguiente nos obligaron a levantarnos. Todas estabámos adoloridas. No queríamos levantarnos. Yo busqué a las enfermeras que me engañaron para reclamarles porque me operaron a mí y a otras mujeres contra nuestra voluntad. No las encontré. Pero Dios hará justicia algún día. Para Dios nada es imposible.

“Me ataron las muñecas”

Bertila Cachique Tuanama, natural de Sion, contaba con 38 años y rechazó la esterilización desde el principio. Tuvieron que perseguirla y atarle las muñecas para intervenirla quirúrgicamente. Esto es lo que manifestó:

Quince días después de haber dado a luz gemelos, doctores y enfermeras con ropas celestes llegaron a mi casa en Campanilla, en 1996. “Tienes que ir al hospital de Campanilla donde te vamos a esterilizar para que no tengas más hijos, eso es lo que ha ordenado el gobierno”, me dijeron. Les dijo que no. “¡Tienes que ir!”, repitieron. Y me volví a negar. Entonces me escapé corriendo y me siguieron y me agarraron. Entre dos me metieron en la ambulancia, me llevaron a la posta con siete mujeres más, entre ellas mi hermana Juana Cachique Tuanama. En el hospital de Juanjuí me ataron las muñecas en la camilla para esterilizarme contra mi voluntad. En un mismo cuarto estábamos varias mujeres en camillas, y ahí me han puesto la anestesia en el brazo. Las señoras gritaban. Los médicos operaban a todas en el mismo cuarto. Cuando vi eso, que las cortaban a todas, también grité para que me desataran. Nos maltrataron feo. Yo gritaba “¡No quiero, no quiero ligarme! ¡Mi esposo tampoco quiere!”. No podía defenderme. Nunca me hicieron exámenes, ni análisis, ni psicólogo, ni firmar nada. Me operaron de frente, así nomás. Estaban apurados. Tuve un inmenso dolor varios meses después de la ligadura, no podía caminar, no podía trabajar, nuestra economía empeoró, nuestra vida sexual y afectiva también, nos malograron la vida.

A Lady Dávila Montenegro, del poblado de Sion, la sometieron a la esterilización cuando había cumplido 30 años. Al igual que las demás, a pesar de su tenaz renuencia a la intervención quirúrgica, fue sometida con engaños y violencia. El mismo patrón que La República descubrió en Piura y en Cusco. En Costa, Sierra y Selva, se aplicó la misma política del régimen de Fujimori. La imposición consistía en que médicos, enfermeros y técnicos de salud tenían que cumplir con cuotas semanales de mujeres esterilizadas bajo pena de sanción o despido por incumplimiento.

Los hechos lo confirman.

“Nos malograron la vida”

Las mujeres afectadas, por sus pobres condiciones económicas, no tuvieron la oportunidad de demandar a los que les causaron dolor. Por eso decidieron hablar, para que al menos quede el testimonio de lo que sufrieron, sufren y sufrirán.

Esto es lo que narró Lady Dávila Montenegro:

Un día de agosto de 1997, un par de enfermeros llegaron a mi casa para decirme que estaban buscando mujeres de 25 a 35 años para llevarlas a hacerse exámenes de todo tipo al hospital de Juanjuí. Así que agarré mi ropa y a mi bebé y me fui con ellos en un latón (bote). Conmigo había cinco mujeres. Pero en el hospital de Juanjuí mucho más. Lloraban, se quejaban, entonces me quise escapar. Con otra compañera nos quisimos salir por la puerta, pero cuatro enfermeros nos atraparon y nos devolvieron a la fuerza. Nos dijeron: “¡Si ustedes tratan de escapar van a pagar todos los gastos! ¡Ustedes no van a salir de aquí!”. Nos atemorizaron. Directo no llevaron a la sala de operación con otras cinco mujeres. Ahí nomás nos anestesiaron.

Desperté como en dos o tres horas. No recuerdo bien. Muchas mujeres gritaban: “¿Por qué nos han hecho esto?”. “¡Voy a morir!”. Nos regresaron a nuestras casas en el bote. Cuando mi esposo se enteró de lo que me hicieron bajo engaños, dijo que esto no se quedaba así. No denunciamos porque no sabíamos dónde y no había dinero. También nos dijeron que si denunciábamos, nos iban a perseguir, que mejor no lo hiciéramos. Nunca firmamos ningún papel. Después de la operación, tuve infección urinaria, inflamación de los riñones. Quedamos muy mal todas. Yo antes trabajaba mucho en la chacra, trabajaba como hombre, ganaba mi dinero, fumigaba, tiraba machete y hacha, cargaba mi leña, mi plátano. Ahora soy inútil. Nos malograron la vida. Tenemos cólera por eso.

Por desgracia, hay candidatos que todavía niegan que ocurrió todo esto.

Investigarán 150 días más

Después de siete meses de investigación, la fiscal encargada del caso, Marcelita Gutiérrez Vallejos, resolvió solicitar 150 días más para continuar con las diligencias.

La fiscal Gutiérrez, y personal de su despacho, han viajado por distintas partes del país para recoger el testimonio directo de las víctimas.

No obstante el mandato de la Corte de San José al Estado peruano para que identifique y sancione judicialmente a los culpables, el caso ha sido archivado hasta en cinco ocasiones.

Según el abogado de algunas de las mujeres de Sion que sufrieron esterilizaciones forzadas, Miro Toledo Gutiérrez, la fiscal del caso se desplazará al Huallaga para tomar sus manifestaciones.

Claves

Reportaje. La República recorrió las localidades de Sion, Shumanza y Juanjuí en busca de los testimonios de las víctimas de las esterilizaciones.

Cobertura. Fueron entrevistadas más de 20 mujeres que sufrieron las intervenciones.

Antecedente. Cuando fueron operadas, se dedicaban a la agricultura. Luego de las intervenciones quirúrgicas, ya no pudieron con este tipo de trabajo, lo que afectó gravemente sus ingresos.

Publicado originalmente en La República el 04 de marzo de 2016. Ver enlace aquí.

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Justicia chilena pide al Poder Judicial peruano fijar fecha para interrogatorio a Alberto Fujimori

Alberto Fujimori está condenado a prisión por casos como Barrios Altos, La Cantuta, la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, entre otros; pero aún debe responder por otros temas más, luego que la Corte Suprema de Chile pidiera a su símil peruano que fije fecha y hora para interrogar, vía teleconferencia, al exdictador por dos casos más.

Imagen La MulaImagen La MulaUno de los casos por los que Fujimori deberá responder es por la “masacre de Pativilca”, ocurrida el 29 de enero de 1992, en la que seis habitantes de este distrito de la provincia limeña de Barranca fueron asesinados por integrantes del Grupo Colina, destacamento creado por Fujimori y Montesinos.

El segundo caso es la autorización de Fujimori para entregar 800 mil dólares de los fondos públicos a su amigo Augusto Miyagusuku Miagui, a fin de que compre terrenos agrícolas del proyecto Chavimochic. Miyagusuku huyó hacia Japón el 11 de agosto del 2000, y realizó operaciones sospechosas en el Bank of Tokyo.

La “masacre de Pativilca” está a cargo del Tercer Juzgado Penal Nacional; mientras que el caso Miyagusuku ha pasado a la Cuarta Sala Penal Liquidadora. El Poder Judicial debe coordinar con ambos tribunales acerca del pedido de la justicia chilena.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL PODER JUDICIAL CHILENO EN LOS JUICIOS A FUJIMORI?

Luego de su exilio japonés, en noviembre del 2005 Fujimori decide regresar al Perú. Su última escala fue en Santiago de Chile, donde de inmediato fue detenido por la Interpol. Inmediatamente, el gobierno peruano preparó una solicitud de extradición ante la justicia chilena, en la que incluyó 13 de casos de delitos de corrupción y contra la humanidad.

Tras un largo proceso, en septiembre del 2007 la justicia chilena autorizó la extradición de Fujimori al Perú por siete de los 13 casos, por los cuales ha sido juzgado y condenado.

Para que Fujimori pueda ser juzgado por los casos que no fueron aprobados en ese tiempo, la justicia peruana, a través de la cancillería, debe hacer nuevos pedidos ante sus símiles de Chile.

Gracias a esto, la justicia chilena aprobó, hace tres años, el caso de los “diarios chicha”, debido al uso de fondos públicos para financiar diarios cuyo objetivo era desprestigiar a los opositores, en los últimos años de la dictadura.

En cuanto a estos dos nuevos casos, el pasado 28 de diciembre del 2015, la cancillería chilena recibió un nuevo pedido de ampliación de extradición, que tres días después fue atendido por el director de Asuntos Jurídicos de este despacho, Claudio Troncoso, quien remitió el documento a la Corte Suprema de su país, que ahora acaba de pedir a la justicia peruana realizar esta audiencia “virtual” con el fin de definir si aprueba o no estos nuevos pedidos.

La pregunta del millón es si este juicio afectará o no a su heredera, Keiko Fujimori.

(Con información de La República)

Nota originalmente publicada en La Mula el 03 de marzo de 2016, ver aquí.

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Suprema de Chile evalúa volver a ampliar extradición de Fujimori

Por matanza de Pativilca y donaciones. Fiscal de Chile ya se pronunció a favor. Se espera que en los próximos días se realice una audiencia, a fin de que el juez instructor Ricardo Blanco tome una decisión.

La RepublicaLa RepublicaEl fiscal suplente de la Corte Suprema de Chile, Jorge Sáez, recomendó dar trámite y aprobar dos nuevos pedidos de ampliación de la extradición de Alberto Fujimori, que planteó la justicia peruana en diciembre último, informó ayer el diario La Tercera, de Santiago de Chile.

Los pedidos de ampliación de extradición, uno por la matanza de Pativilca y otro por apropiación de fondos públicos, son evaluados en forma reservada por el ministro instructor de la Corte Suprema de Chile, don Ricardo Blanco Herrera.

Es posible que el magistrado chileno convoque una audiencia para evaluar los pedidos de extradición, diligencia en la que podría intervenir Fujimori, vía teleconferencia.

“Si bien no hay una fecha de audiencia fijada para la realización de la diligencia, se solicita que las gestiones para llevarla a cabo se realicen con celeridad, en el menor tiempo posible, atendida la naturaleza del procedimiento que se trata”, indicó La Tercera.

La matanza de Pativilca

De acuerdo con la solicitud de ampliación de extradición enviada por el Perú, se requiere la repatriación de Fujimori para ser juzgado como autor mediato del secuestro y asesinato de seis pobladores de los anexos Pampa San José y Caraqueño, en Pativilca, que ejecutó el 29 de enero de 1992 el destacamento de operaciones especiales conocido como “Grupo Colina”.

Esta matanza fue revelada por el agente de inteligencia Jorge Ortiz Mantas en el desarrollo del juicio por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, el 27 de febrero del 2007. Al ser interrogado por los jueces, Ortiz recordó haber participado en “operaciones especiales”, que incluían acciones de vigilancia, secuestro y aniquilamiento.

Cuando los jueces le pidieron precisar a qué acciones se refería, mencionó el asesinato del evangelista Santiago Gómez Palomino, de seis miembros de la familia Ventocilla en Huacho y “de 4 o 5 personas a cinco minutos de Paramonga”.

Este último dato era desconocido hasta ese momento. Aprodeh y la fiscalía determinaron posteriormente, y otros colaboradores eficaces lo confirmaron luego, que se trata del asesinato de los pobladores de Pativilca perpetrado el 29 de enero de 1992.

Las víctimas, el profesor Ernesto Arias Velásquez, el estudiante John Calderón Ríos, el chofer Pedro Agüero Rivera y los campesinos César Rodríguez Esquivel, Toribio Aponte Ortiz y Felandro Castillo Manrique, fueron sacadas violentamente de sus casas, entre las 2:30 y las 4:00 de la madrugada, por gente encapuchada de porte y con armas militares.

A todos ellos los sacaron de sus casas, los golpearon, los metieron en una camioneta y se los llevaron sin que nadie pudiera evitarlo. Los familiares acudieron a la policía, que negó haber realizado un operativo antiterrorista, hasta que los encontraron muertos cerca de las 6:30 de la tarde.

José Luis Agüero, hermano de una de las víctimas, ha relatado que encontró los cuerpos en un cañaveral cerca de la carretera de ingreso a Pativilca. De acuerdo con los colaboradores y los agentes del grupo Colina, primero torturaron a las víctimas con quemaduras de soplete en diferentes partes del cuerpo –incluido el ano–, los patearon hasta el cansancio y, al final, los eliminaron con balazos en la cabeza.

Donaciones

En el segundo caso, se pide la extradición de Alberto Fujimori por integrar una asociación ilícita que se habría apropiado ilícitamente de las donaciones provenientes del Japón.

Los nuevos juicios no incrementarían su condena

De acuerdo con el tratado de extradición Perú-Chile, al haberse producido la detención de Alberto Fujimori en Chile se requiere que la justicia de ese país autorice juzgarlo por los diversos delitos que se le imputan.

La ampliación de extradición subraya que Fujimori promovió una “política de terror y de represión clandestina mediante la cual se llevaron a cabo procedimientos paralelos e ilegales (…) para enfrentar a quienes se consideraba vinculados a las organizaciones terroristas o eran sospechosos de ser militantes de ‘Sendero Luminoso’ y el MRTA”.

De aprobarse la extradición y al no ser acumulativas las penas en el Perú, Fujimori solo cumplirá la condena de 25 años de prisión.

Claves

De acuerdo con el tratado de extradición Perú-Chile, al haberse producido la detención de Alberto Fujimori en Chile se requiere que la justicia de ese país autorice juzgarlo por los diversos delitos que se le imputan.

La ampliación de extradición subraya que Fujimori promovió una “política de terror y de represión clandestina mediante la cual se llevaron a cabo procedimientos paralelos e ilegales (…) para enfrentar a quienes se consideraba vinculados a las organizaciones terroristas o eran sospechosos de ser militantes de ‘Sendero Luminoso’ y el MRTA”.

De aprobarse la extradición y al no ser acumulativas las penas en el Perú, Fujimori solo cumplirá la condena de 25 años de prisión.

Publicado por: La Republica

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La investigación por esterilizaciones forzadas en Perú se prolonga

El resultado del proceso en contra de Alberto Fujimori se debía entregar este miércoles pero lo han prorrogado 150 días.

ONG DEMUSONG DEMUS. El Ministerio Público tenía que entregar este miércoles la investigación que se realiza al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud en relación con las esterilizaciones forzadas realizadas a mujeres indígenas durante ese Gobierno. La fiscal a cargo de la investigación ha pedido cinco meses más para formalizar su denuncia. Las víctimas y los parientes de las fallecidas realizaron un plantón y han interpuesto una queja contra la fiscal, ya que es la tercera prórroga que pide, pese a que la entidad investiga el caso hace 14 años y el expediente contiene 150 tomos de testimonios y pruebas.

En enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca archivó la investigación por delitos de lesa humanidad al exmandatario, entre 1990 y 2000, y a sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Antonio Aguinaga. Ante una queja presentada por las víctimas, el caso fue reabierto en mayo de 2015, a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez, quien pidió 150 días para nuevas diligencias.

“Han pasado 19 años de la muerte de mi hermana y es indignante que aún no encuentran responsables. En la última campaña electoral el presidente [Ollanta Humala] dijo que se iba a hacer justicia”, comentó a EL PAÍS Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, esterilizada contra su voluntad en el departamento de Piura.

La Defensoría del Pueblo contabilizó a 2.074 mujeres esterilizadas sin consentimiento informado, basándose en denuncias hechas ante el Ministerio Público; al menos 18 de ellas fallecieron por complicaciones durante o derivadas de la cirugía. En el mandato de Fujimori se realizaron alrededor de 300.000 esterilizaciones.

“Lo antes posible”

La abogada Jessenia Casani es la defensora de las víctimas de esterilización forzada. Destacó que la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente, no reconoce que se trata de delitos de lesa humanidad, sino de actos aislados cometidos por algunos médicos. Fujimori encabeza las encuestas de intención de voto con un 30%, de cara a las presidenciales del 10 de abril.

El 4 de febrero, 23 miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta a Humala en la que le solicitan “hacer todo lo posible para avanzar lo antes posible hacia la debida judicialización de todos los casos”.

En la resolución del 5 de febrero que dispone la ampliación por 150 días de la investigación preliminar, la fiscal Aguirre refiere que en nueve meses ha recabado 1.626 declaraciones indagatorias de presuntas agraviadas en los departamentos de Huánuco, Huancavelica, Moquegua, Cusco, Piura, Tumbes y Lima, y que a fin de mes recogerá otras 316 en la Ciudad de Iquitos.

Publicado por: El País

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Poder Judicial rechaza hábeas corpus de Alberto Fujimori que buscaba anular su condena

El Colegiado B de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima declaró improcedente el recurso que alegaba una vulneración al proceso por parte del entonces presidente del tribunal César San Martín.

El Comerciofoto El ComercioEl Poder Judicial rechazó en segunda instancia el hábeas corpus presentado por el ex presidente y reo Alberto Fujimori para anular su condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

El Colegiado B de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima ratificó el fallo del 43 Juzgado Penal de Lima, que declaró improcedente en primera instancia el hábeas corpus presentado por Fujimori, en el que alegaba una presunta vulneración al principio de imparcialidad y el debido proceso por parte del entonces presidente del tribunal César San Martín.

El colegiado coincidió con el juzgado en que los argumentos de la defensa de Fujimori son intranscendentes y que no se ha desacreditado el principio acusatorio en la extradición del exmandatario.

Alberto Fujimori, padre de la actual candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, se presentó el pasado 22 de enero en una audiencia pública ante el colegiado B de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior, a la que solicitó la anulación de la sentencia y un nuevo juicio.

En esa oportunidad, Fujimori afirmó que el juez César San Martín, quien presidió el tribunal que lo sentenció en 2009, violó el principio de imparcialidad al permitir “la influencia de un tercero” en su decisión, en referencia a las consultas que hizo a otros colegas por correo electrónico.

En septiembre pasado, la jueza María Niño Palomino, titular del 43 juzgado penal de Lima, declaró infundado, en primera instancia, el pedido de hábeas corpus.

Niño remarcó que ni Fujimori ni su abogado cuestionaron durante el desarrollo del juicio oral de 2009 ninguno de los puntos que ahora alegan en su recurso.

La magistrada también recordó que Fujimori fue condenado por los delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado, que están contemplados en el Código Penal y que son coincidentes con los que la Justicia chilena autorizó su extradición en 2007.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.

En 2013, el presidente peruano, Ollanta Humala, rechazó otorgar a Fujimori el indulto humanitario pedido por sus hijos.

Publicado por: La Mula

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Fujimori insiste en pedido de impunidad

Jueces escucharon alegato de expresidente a favor de anulación de condena por matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero procurador afirma que sus argumentos son intrascendentes.

Alberto FujimoriAlberto FujimoriEn una nueva maniobra legal, Alberto Fujimori solicitó la anulación de la sentencia de la Corte Suprema a 25 años de cárcel por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y que se le inicie un nuevo juicio.

Fujimori alegó, ante el colegiado B de la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que el juez César San Martín violó el principio de imparcialidad al permitir la influencia de un tercero en su decisión, lo que ya fue desestimado con anterioridad.

Su abogado, William Paco Castillo, sostuvo que su defendido no tuvo garantía del debido proceso. Afirmó, además, que hubo indicios de la participación de un tercero a través de correos electrónicos del mencionado juez.

Por su parte, el procurador del Poder Judicial defendió el fallo de la jueza del 43° Juzgado Penal que resolvió desestimar el hábeas corpus en primera instancia, explicando que los argumentos de la defensa son intrascendentes.

Dijo que ya fue confirmada la invalidez de los correos electrónicos y señaló que no se ha desacreditado el principio acusatorio en la extradición. Por esto, solicitó la confirmación de la sentencia.

Desde la emisión de fallo, en 2009, Fujimori ha recurrido a una serie de maniobras para intentar restar valor o echar abajo la sentencia, como es el caso del pedido de indulto humanitario, hábeas corpus, entre otros intentos, todos fracasados.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas asesinadas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.

Su hija Keiko, candidata a la presidencia de la República ha dicho que no lo indultará, pero que su familia activará todos los mecanismos legales para sacar de la cárcel a su padre.

CAE OTRO COLINA

De otro lado, el exmiembro del grupo paramilitar Colina Jorge Ortiz Mantas, fue capturado ayer por la Policía en el distrito de Comas y trasladado a la Divincri de Carabayllo.

Ortiz es acusado de haber participado en el asesinato del periodista Pedro Yauri, ocurrido en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Yauri Bustamante, tenía 33 años, cuando fue víctima de desaparición forzosa mientras ejercía su labor como periodista de una emisora radial de Huacho, provincia de Huaura, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El locutor mantenía una firme oposición al régimen fujimorista, el mismo que brindaba las órdenes al grupo Colina.

Publicado originalmente en Diario Uno, el 23 de enero de 2016. Ver enlace original aquí.

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WOLA: Es imprescindible individualizar responsabilidades por esterilizaciones y procesarlos ante la justicia

La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) destacó que Perú haya dispuesto crear un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas y consideró imprescindible individualizar responsabilidades y procesarlas en la vía penal.

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Imagen de Andina/Juan Carlos GuzmánImagen de Andina/Juan Carlos GuzmánJo-Marie Burt, investigadora de WOLA, señaló a la Agencia Andina que el registro de las víctimas, así como la atención médica que promete brindarles el Estado peruano constituyen pasos de gran importancia hacia la justicia y la reparación.

“Es una manera de reconocer la responsabilidad que tuvo el Estado en un caso de grave vulneración a los derechos reproductivos de las mujeres”, manifestó Burt.

Recordó que a consecuencia de estas esterilizaciones realizadas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, varias mujeres murieron y muchas otras siguen padeciendo secuelas tanto físicas como psicológicas o mentales.

Bajo esa premisa, consideró que el Estado debe también reconocer de manera explícita su responsabilidad y pedir perdón a las mujeres afectadas.

“A su vez es imprescindible que individualice responsabilidad y procese penalmente a quienes serían los principales responsables: las personas que diseñaron este programa”, añadió la investigadora de WOLA.

Según comentó, de acuerdo a investigaciones realizadas, los testimonios de las mujeres y de los médicos que participaron en las intervenciones, estas formaron parte de una política de estatal.

Por último señaló la necesidad de que el registro de las víctimas y la atención médica se realice de manera rápida y eficiente, dado que las afectadas han esperado justicia más de 15 años.

(FIN) VVS/FHG

Publicado orginalmente en Andina, el 15 de noviembre de 2015. Ver aquí.

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Declaran infundado hábeas corpus de Alberto Fujimori

  • Jueza recordó que Fujimori fue condenado por los delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado.

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© EFE
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© EFELa jueza del 43 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Palomino, declaró infundada la demanda de hábeas corpus presentada por Alberto Fujimori contra los jueces supremos de la Primera Sala Penal Especial y la Primera Sala Penal Transitoria.

PUEDES LEER: Keiko Fujimori y Alan García son relacionados por la población con la corrupción

Fujimori presentó el recurso debido a la supuesta violación de los principios de vulneración al debido proceso. Solicitó que se declare nula la sentencia de 25 años de prisión que se le impuso, se ordene un nuevo juzgamiento y se disponga su inmediata libertad.

La magistrada indicó que las sentencias de ambas salas fueron producto de un proceso regular, en el que se respetaron todos los derechos fundamentales, y que ni el demandante ni su defensa cuestionaron durante el desarrollo del juicio oral, ninguno de los puntos que ahora alegan.

Asimismo, explicó que la legitimidad de los jueces provisionales no afecta el derecho constitucional al juez natural, por lo que desestimó lo expuesto por Fujimori, quien alegaba carencia de facultades.

Recordó que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado, ilícitos que se encuentran en el Código Penal y fueron por los que la justicia chilena autorizó su extradición.

Publicado por La República el 9 de septiembre de 2015

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“El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas”

Por Omar Rosel

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, son más de 300 mil las mujeres de escasos recursos económicos que fueron esterilizadas contra su voluntad en el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Tras 18 años, estas víctimas aún no encuentran justicia, porque se ha intentado archivar este caso hasta en tres oportunidades, a pesar de las contundentes evidencias que existen. Noticias SER conversó con Ana María Vidal, integrante del Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas, GREF, sobre la nueva investigación fiscal que se viene realizando en torno a este tema y la poca voluntad que muestra el gobierno para reconocer y atender a las víctimas de tan penosos hechos.

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¿Por qué se ha intentado archivar el caso de las esterilizaciones forzadas hasta en tres oportunidades a nivel de la Fiscalía?

© NoticiasSER.pe© NoticiasSER.peHay distintas motivaciones, hay distintas etapas. En este último caso en concreto, si bien se ha reconocido que hubo violaciones de derechos humanos, se ha intentado librar de toda responsabilidad a Alberto Fujimori, en ese tiempo presidente, así como a sus ministros, y solo han quedado las responsabilidades de los médicos. Siempre ha habido un intento de que los más altos niveles de decisión del gobierno no se asuman la responsabilidad, porque fue una política de Estado, desde el presidente de la República y sus ministros de aquel momento.

La fiscal Marcela Gutiérrez ha iniciado una nueva investigación sobre el tema. ¿Qué garantía existe de que ahora este caso pueda avanzar y no termine siendo archivado nuevamente?

Falta que el mismo Ministerio Publico otorgue las garantías para la investigación fiscal. No sé si haya más garantías que antes, porque antes no las hemos tenido, y lo que sí se deja ver es que hay una falta de interés desde el Poder Ejecutivo para saber qué es lo que paso.

¿Son contundentes las pruebas que existen sobre este delito cometido durante el gobierno de Fujimori?

Al modo de ver de los abogados que están llevando el caso, tanto en DEMUS como en el IDL, sí hay pruebas contundentes para decir que hubo un crimen de lesa humanidad, que fue una política pública que se trabajó y conoció desde el más alto nivel. No fue algo creado por los médicos que implementaron la política pública, sino que las órdenes habrían provenido de altos niveles de decisión, tal como se muestra en los documentos presentados en el dossier de Diario 16.

Durante su campaña, Ollanta Humala usó como bandera el tema de las esterilizaciones forzadas para ganarle la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori. ¿Por qué cree, entonces, que no es agenda del gobierno la reparación a las víctimas?

No sabemos, porque lo claro es que el gobierno no quiere hacerse cargo de aquello que le toca. Si bien corresponde primero al Ministerio Publico hacer la investigación pertinente para que el caso pueda pasar al Poder Judicial, esta hasta ahora no ha sido iniciada. El tema no está ni siquiera judicializado. Se ha quedado solo en el Ministerio Público. No sabríamos decir cuál es la motivación para que la verdad y la reparación no sean tomadas como partes importantes de las políticas de este gobierno, ya que fue un motivo de campaña y una promesa electoral. El actual presidente dijo claramente, cuando estaba en campaña electoral, que se haría respetar los derechos de las mujeres y a estas mujeres que fueron violentadas. Si bien la justicia que se busca está fuera de la competencia del Poder Ejecutivo, también se busca la verdad y la reparación.

¿Qué acciones debió emprender el gobierno en este caso?

El gobierno hasta ahora no ha hecho nada por investigar. El ministerio de Salud, por ejemplo, debería saber quiénes fueron las mujeres esterilizadas, cuántas fueron, dónde están sus historias clínicas, pero a la fecha no hay ningún interés por tener un registro al respecto y tampoco hay un interés del gobierno por reconocer que sucedieron las esterilizaciones forzadas. El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas

¿Se podría decir que el tema sólo es utilizado políticamente por los actores políticos?

Sí pues. Es utilizado para atacar al fujimorismo, porque fue en el gobierno de Fujimori cuando se perpetró ésta política pública. Al parecer, ahora habría indicios de que esta política fue planeada desde el primer gobierno de Alan García, según lo que sale en la denuncia periodística, pero lo cierto es que ningún mandatario ha hecho algo por la verdad y la reparación. Cada vez que algún gobierno o el Ejecutivo menciona este tema, es para atacar al fujimorismo, pero no se dan cuenta de que están contribuyendo con la impunidad en estos casos.

Publicado por NoticiasSER.pe, el 15 de julio de 2015