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¿Quiénes somos?

¿De qué se trata el proyecto?

En abril de 2009, el ex presidente del Perú Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, y en diciembre de este mismo año la Corte Suprema del Perú ratificó unánimamente la sentencia contra Fujimori. La sentencia a Fujimori ha sido ampliamente reconocido como un hito en el proceso de justicia en el Perú y para la justicia global.

En contraste con la alta visibilidad que tuvo el juicio a Fujimori, la cobertura periodistica y la investigación académica en relación a otros procesos judiciales y casos bajo investigación en Perú es escaza. La Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó en su informe final el procesamiento de 47 casos de violaciones a derechos humanos emblemáticos, pero un bosquejo inicial reveló que la actividad judicial por estos casos es mucho mayor. Sin embargo, ninguna institución del Estado o de la sociedad civil ha sistematizado información sobre estos casos en forma continua.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

El proyecto Juicios por violaciones a los Derechos Humanos en el Perú se lanzó en 2010 con el objetivo de recabar y compartir información concreta y fiable acerca del estado de los procesos judiciales sobre casos de graves violaciones de derechos humanos en el Perú. A través de un registro de causas, así como la producción de información y análisis, el proyecto pretende ser un recurso y una herramienta de incidencia para abogados de derechos humanos, operadores de justicia, sobrevivientes y familiares de las víctimas, y periodistas e investigadores. Al documentar las tendencias de la justicia relacionadas con casos de crímenes de lesa humanidad, el proyecto contribuye a un análisis científico sobre el proceso para poder identificar tanto sus alcances, logros y también sus problemas.

¿Quiénes participan el el proyecto?

El proyecto Juicios por violaciones a los Derechos Humanos en el Perú está bajo la dirección de la Dra. Jo-Marie Burt, profesora de ciencia política de George Mason University, en colaboración estrecha con organizaciones de derechos humanos en el Perú, incluyendo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Paz y Esperanza, y la Federación Ecuménica para la Paz (FEDEPAZ)— así como asociaciones de familiares de víctimas de la violencia política. Sus principales ejes son la creación de un registro de procesos judicializados, y de un sitio web que sirva como un centro de intercambio de información y análisis sobre los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos en el Perú.

El sitio web incluye estadísticas y análisis de la acción de la justicia en Perú; análisis de los tendencias jurisprudenciales; un blog que presente información nueva sobre los procesos judiciales via la reproducción de noticias y via artículos de análisis originales y reproducidos que evaluan los avances en materia de justicia de manera global o en casos específicos; y enlaces con otrás páginas webs y proyectos de la región que también hacen seguimiento de la actividad judicial en casos de violaciones de derechos humanos.

El equipo del proyecto ha consistido de varios jóvenes profesionales del Perú. Desde el inicio del proyecto, Mijaila Torres Ortiz se ha encargado de la recolección de datos sobre los procesos judiciales, la construcción del registro de casos, y las estadísticas sobre el proceso judicial. Karina Arango actualmente se encarga del repoliciación de noticas y de observación de algunos procesos judiciales. María Rodríguez Jaime, Gabriel Salazar Borja y Kristel Best Urday también han colaborado con el proyecto.

¿Cómo se gestionó el proyecto?

El proyecto surgió a raíz de un proyecto de investigación e incidencia que comenzó en 2008 relacionado al proceso judicial contra el ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. El proyecto, dirigido por la Dra. Burt en asociación con el Instituto de Defensa Legal y con el apoyo del programa para Latinoamérica de Open Society Foundation (OSF) monitoreó el juicio a Fujimori, organizó misiones de observación internacionales así como conferencias y simposios internacionales, y produjo reportes y artículos sobre el desarrollo del proceso. Los socios de este proyecto decidieron continuar el trabajo para entender el proceso de judicialización en el Perú de manera más amplio.

El proyecto Juicios por violaciones a los Derechos Humanos en el Perú ha recibido el apoyo de OSF y la Iniciativa Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). El proyecto benefició de consultas inciales con proyectos socios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. También ha desarrollado programas en colaboración con con estas instituciones, y junto con CELS colaboró con la formación del Observatorio de Derechos Humanos del PIT-CNT en Uruguay.

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What is the Peru Human Rights Trials Project?

In April 2009, former President of Peru Alberto Fujimori was convicted and sentenced to 25 years in prison for several human rights violations. His conviction was upheld upon appeal in December 2009. The Fujimori conviction and sentence have been regarded as landmarks in Peru’s transitional justice process, as well as for global justice efforts.

In contrast to the high visibility of the Fujimori trial, information and analysis of other trials and cases under investigation is scarce in Peru. In its final report , the Peruvian Truth and Reconciliation Commission (CVR) recommended the criminal prosecution of 47 “emblematic” cases of human rights violations. However, an initial survey of justice activity revealed that far more cases were in fact being judicialized in Peru, but no state or civil society institution was systematically tracking information on these cases.

What are the project’s objectives?

The Human Rights Trials in Peru Project took shape in 2010 to address this gap in understanding a key dimension of Peru’s transitional justice process. It aims to provide concrete and reliable information about the status of trial activity in Peru. It has produced a registry of active human rights cases, which is designed to serve as a resource and advocacy tool for lawyers, relatives, journalists, researchers and state prosecutors. It has also produced analysis of specific trials underway in the Peruvian justice system, as well as of the overal justice process.

Who are the project partners?

The project is directed by Dr. Jo-Marie Burt, political science professor at George Mason University, in close collaboration with human rights organizations in Peru —including the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, the Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), the Instituto de Defensa Legal (IDL), the Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Paz y Esperanza and the Federacón Ecuménica para la Paz (Fedepaz)— as well as relatives organizations and the Ombudsman’s Office in Peru. The project’s principal deliverables are the production of a case registry and a web site serves as a clearinghouse for information and analysis of human rights trials in Peru.

The website includes statistics and analysis of justice activity in Peru; analysis of sentencing patterns; an ongoing blog that provides news as well as analysis of the judicial process as well as cataloging trial activity; and links to justice activity elsewhere in the region and to the work of partner organizations.

The project team has consisted of a number of young professionals from Peru. From the start of the project, Mijaila Torres Ortiz has collected data about human rights trials underway in Peru, constructed the case registry, and produced statistical analyses of the trials process. Karina Arango is currently documenting news items on the judicial process and observing some trials. María Rodríguez Jaime, Gabriel Salazar Borja and Kristel Best Urday also collaborated with the project.

How did the project get started?

The project dates back to 2008 when the project partners launched a collaborative research and advocacy project focusing on the trial of former Peruvian president Alberto Fujimori for human rights violations. The project monitored the Fujimori trial, produced reports and articles on the trial’s development, organized international observation missions, and sponsored international conferences. The project was led by Dr. Burt in association with IDL and with the collaboration of other human rights groups, especially APRODEH and the Coordinadora, and supported by the Latin American Program of the Open Society Foundation (OSF). The project partners decided to continue their research collaboration to better understand the broader judicialization process in Peru.

The Human Rights Trials in Peru project has received support from OSF and the Otros Saberes Initiative of the Latin American Studies Association (LASA).The project benefited from initial consultations from partner projects at the Center for Legal and Social Studies in Argentina (CELS) and the Human Rights Observatory at the Universidad Diego Portales en Chile. Project parnters have engaged in a number of collaborative programs and events. Together with CELS, the project has collaborated with the Human Rights Office of the PIT-CNT to create an Observatory of human rights trials in Uruguay.

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Casos de Violaciones de Derechos Humanos en en el Perú: Resumenes | Case Summaries of Human Rights Trials in Peru

El proyecto HUMAN RIGHTS TRIALS IN PERU ha ido recopilando información sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que han sido judicializados o están bajo investigación. La información proviene de una serie de fuentes, principalmente los organismos de derechos humanos, los expedientes judiciales, y la prensa, entre otros. El registro de casos está organizado según etapa judicial (con un link para un resumen de cada caso en inglés y español según disponabilidad), seguido por una lista de los casos en órden alfabético.

The HUMAN RIGHTS TRIALS IN PERU project has collected data about cases of grave violations of human rights committed during Peru’s internal armed conflict that are or have been to trial, are under investigation by legal authorities. The data used to compile this registry draws from a number of sources, including human rights organizations, legal case files, the media, among others. The registry is organized first according to procedural status (with a link to click to a brief summary of each case in English and Spanish, as available), followed by a list of cases in alphabetic order.

 

Datos actualizados al 15 de setiembre de 2012 | Last Updated: 15 September 2012

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Casos Sentenciados | Cases with a Verdict

Casos Sentenciados (Cuadro):

 

Eladio Mancilla Calle (ENG/ESP)
Zulema Tarazona (ENG/ESP)
Ernesto Castillo Páez (ENG/ESP)
Hugo Bustíos (ENG/ESP)
Desaparición Autoridades de Acocro (ENG/ESP)
Pedro Haro (2 sentencias) (ENG/ESP)
Delta Pichanaki (ENG/ESP)
Adrián Medina (ENG/ESP)
Barrios Altos, La Cantuta, and Sótanos SIE (Gorriti y Dyer) (ENG/ESP)
Chuschi 1 (ENG/ESP)
Cantuta 1 (EXP N° 003-2003) (ENG/ESP)
Cantuta 2 (09-2008) (ENG/ESP)
Pomatambo and Parcco Alto (ENG/ESP)
Barrios Altos (ENG/ESP) , Pedro Yauri (ENG/ESP) y Campesinos del Santa (ENG/ESP)
Felipe Huamán Palomino (ENG/ESP)
Moisés Carbajal Quispe (ENG/ESP)
Chilliutira (ENG/ESP)
Benito Céspedes and others (2 sentencias) (ENG/ESP)
Bernabé Baldeon García (ENG/ESP)
Jeremías Osorio (ENG/ESP)
Constantino Saavedra (ENG/ESP)
Marco Barrantes
Santa Barbara 1 (ENG/ESP)
Pucayacu 2 (ENG/ESP)
Walter Castillo Cisneros (ENG/ESP)
Jorge Gutiérrez Quintero (ENG/ESP)
Gualberto Chipana Wayra
Alcides, Julio César y Abraham Sandoval Flores
Jessica Chávez Ruíz

 

Casos en Juicio Oral | Casos in Trial

Matero (2 sentencias) (ENG/ESP)
Los Laureles (1 sentencia) (ENG/ESP)
Indalecio Pomatanta (1 sentencia) (ENG/ESP)
Chavín de Huantar 2 (ENG/ESP)
Accomarca 1 (ENG/ESP)
José Navarrete Cabrera y otro (ENG/ESP)
Los Cabitos 1983 (ENG/ESP)
Agente Carrión (ENG/ESP)
Fortunato Gómez (ENG/ESP)
Sótanos del SIE 2 (ENG/ESP)
UNCP 1 (1 sentencia) (ENG/ESP)
Lucmahuaycco (ENG/ESP)
Chuschi 2 (ENG/ESP)
CIDH Aucayacu
Operativo Paraíso (ENG/ESP)
Luis Manrique
Pomatambo and Parcco Alto 2 (ENG/ESP)
Marcelino Valencia and Zacarías Pasca (1 sentencia) (ENG/ESP)
Pucará (1 sentencia) (ENG/ESP)

 

Casos en Etapa Intermedia | Casos in Intermediate Stage

Lucio Lozano Huayta (ENG/ESP)
Ccarpaccasa y Sillaccasa (ENG/ESP) – Sancaypata (ENG/ESP)
Candidatos Huancapi (ENG/ESP)
Callqui (ENG/ESP)
El Frontón (ENG/ESP)
Llusita 1 (ENG/ESP)
Mariela Barreto (ENG/ESP)
Castro Castro (ENG/ESP)
Curgos Huamachuco (ENG/ESP)
Pedro Huilca Tecse (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Madre Mía (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Cayara (ENG/ESP)
UNCP 2 (ENG/ESP)
Cantuta 3 (Exp. 62-2007) (ENG/ESP)
Cantuta 4 (Exp. 58-2009) (ENG/ESP)
Saúl Cantoral and others (ENG/ESP)
Familia Ventocilla (ENG/ESP)
Jaime Alarcón
Santa Barbara 2 (ENG/ESP)

 

Casos en Investigación  | Casos in  Investigtion

Pichari (ENG/ESP)
Hilario Ayuque (ENG/ESP)
Chumbivilcas (Cassahui) (ENG/ESP)
Manta y Vilca (ENG/ESP)
Magdalena Monteza (ENG/ESP)
Santiago Antezana Cueto (Caso Manyac) (ENG/ESP)
Rafael Salgado (1 sentencia) (ENG/ESP)
Pedro Huilca Tecse 2 (Anticorrupción) (ENG/ESP)
Patron Huanta 1984 (ENG/ESP)
Putis (ENG/ESP)
Wiksumachay (ENG/ESP)
Juan Carlos Calero Martel (ENG/ESP)
Sobres Bomba (ENG/ESP)
Caraqueño (ENG/ESP)
Capaya y Santa Rosa (ENG/ESP)
Gustavo Gorriti Ellenbogen

 

Casos en Investigación Preliminar| Cases under Preliminary Investigation

Marcial Flores Sulca (ENG/ESP)
William León Laurente (ENG/ESP)
Reyna Cervantes Romani (ENG/ESP)
Amancio Delgadillo Arce and others (ENG/ESP)
Cirilo Quiquin Casaico (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Víctor Tineo Sandoval and others (ENG/ESP)
Teodoro Pillaca Tinco (ENG/ESP)
Felicitas Auqui Tenorio (ENG/ESP)
Melitón Auqui Tenorio (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Patrocinio Quichca Espinoza and others (ENG/ESP)
Pelayo Arotoma Cccñahuaray (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Amadeo Ircañaupa and others (ENG/ESP)
Florentino Mendoza Huaman (ENG/ESP)
Nemesio Ccenta Aquino and others (ENG/ESP)
Walter Valer Munaylla (ENG/ESP)
Lidia Quispe Silva (ENG/ESP)
Alfonso Aguirre Escalante (ENG/ESP)
Teófilo Carrión Jaulis (ENG/ESP)
Los Cabitos 1984 (ENG/ESP)
Marino Vega Perez (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Juan Hugo Calle Rodríguez and others (ENG/ESP)
Ricardo Baldeón Ninahuanca (ENG/ESP)
Filomeno Cruzatt Caroy (ENG/ESP)
Eladio Mancilla Calle (ENG/ESP)
Claudio Sayas Delgado and others (ENG/ESP)
Zenón Valencia Navarro (ENG/ESP)
Base Militar de Totos (ENG/ESP)
Violacion Sexual Base Militar de Totos (ENG/ESP)
Marcela Valdez De La Cruz (ENG/ESP)
Vinchos (ENG/ESP)
Patrón Huancasancos (ENG/ESP)
Sonqo I (ENG/ESP)
Hermanos Mancilla (ENG/ESP)
Moyocc (ENG/ESP)
Huarapite (ENG/ESP)
Concepción (ENG/ESP)
Toribio Galindo Casavilca (ENG/ESP)
Huamanquiquia (ENG/ESP)
Roca Huaytalla (ENG/ESP)
Putka (ENG/ESP)
Cucho Quesera (ENG/ESP)
Raymundo Berrocal (ENG/ESP)
Armando Guamantingo V. and others (ENG/ESP)
Saturnino Castillo Peralta (ENG/ESP)
Evaristo Morales Portillo (ENG/ESP)
Ismael Pimentel Dávalos (ENG/ESP)
Basilio Chirhuana Carajal and others (ENG/ESP)
José Olivares Pérez (ENG/ESP)
Santos Rojas Quispe (ENG/ESP)
Concepción Ccaya Barrientos and others (ENG/ESP)
Familia Huerta Figueroa (Villarica) (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Jorge Parraga (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Eduardo Condor (ENG/ESP)
Apolín (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Arrasamiento Venenillo and others (ENG/ESP)
Shallahuita (ENG/ESP)
San Pedro (ENG/ESP)
Molinos (ENG/ESP)
Meneses (ENG/ESP)
Humaya Chambara (ENG/ESP)
Edith Galván (ENG/ESP)
Familia Rodríguez Paucar (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Abel Malpartida and others (ENG/ESP)
Estiles Ruiz Dávila (ENG/ESP)
Tercero Lava and others (ENG/ESP)
Tabalosos (ENG/ESP)
Fabriciano Chujandama and others (ENG/ESP)
Maximo Quispe (ENG/ESP)
César Cueto (ENG/ESP)
Domingo Cisneros (ENG/ESP)
Julia de la Cruz (ENG/ESP)
Filiberto Condori (ENG/ESP)
Octavio Jerí Quispe (ENG/ESP)
Marcelo Soto (ENG/ESP)
Valentín Bautísta Chipana, Pelayo Bautista, Luis Chumbe (ENG/ESP)
Avelino de la Cruz Tenorio (ENG/ESP)
Felix Cletona (ENG/ESP)
Marino Cletona (ENG/ESP)
Guillermo Huamaní (ENG/ESP)
Alejandro Peña (ENG/ESP)
Telesforo Salvatierra and others (ENG/ESP)
Remigio Viacava (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Amador Maldonado (ENG/ESP)
Alejandro Anaya (ENG/ESP)
Pedro Peralta (ENG/ESP)
Guillermo Mendoza (ENG/ESP)
Felix Mendoza (ENG/ESP)
Armando Vizcarra (ENG/ESP)
Familia Hinostroza Sulca (ENG/ESP)
Chilcahuayco (ENG/ESP)
Guadalupe Ccallocunto (ENG/ESP)
Hospital de Huamanga (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Amador Ccorahua (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Ángel Escobar (ENG/ESP)
Lucio Bautista (ENG/ESP)
Operativo Cuchara (ENG/ESP)
Operativo Aries (ENG/ESP)
Rodríguez Illatopa (ENG/ESP)
Fernando Mejía (ENG/ESP)
Vladimir Urbay (ENG/ESP)
Ciprian Palacios (ENG/ESP)
Moisés Carbajal Quispe (ENG/ESP)
Julian Hinostroza
Pelayo Bautista (ENG/ESP)
Luis Chumbe y otros (ENG/ESP)
Marcelino Calle y otros
Alejandro Quispe
Sebastían Huaya
Alejandro Peña (ENG/ESP)
Fabian Tito
Emilio Vargas
Julia Pozo y otros
Quintiliano Rodríguez
Cirilo López Ore
Agustín Toledo
Teofilo Ccallacunto
Jorge Martínez Zea y otro
Chilcahuayco y Paltarumi
Ejecución Chalco
Parqocucho
Yovana Vera
Río Blanco
Rio Chari
Julia Curilla
Alipio Sulca y otro
R.M.V.D.M
Moisés Carbajal Quispe 2 (ENG/ESP)
L.Q. I
Q.
D.C
Esposos Moran Puca
Benigno Tecsi
Esterilizaciones Forzadas
Raccaya Umasi
Jesús Ovando Ipure y otros
Pascual Chipana Huayhua y otros
Teófilo Ramos Gamboa
Ampliación Cabitos 83-II (ENG/ESP)
Esteban Muñoz Mucha y otros
Hugo Bustios 2 (ENG/ESP)
Pucayacu 1 (ENG/ESP)
G.G.G.
Fortunata García Gamboa
Llusita 2 (ENG/ESP)
Sonqo II (ENG/ESP)
Hermanos Yangali
Santa Rosa de Anta
Accomarca 2 (ENG/ESP)
Huamanmarca
San Antonio de Cochas
Sayacc(180-2006 )
Huaylla
Rumichaka
Moyoorco (6ª Fosa PUTIS) (ENG/ESP)

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Breves Resumenes de los Casos | Brief Summaries of the Cases

 

Abel Malpartida and others

On July 26, 1989, in Sol de in Oro, in the district of San Martín de Porres, members of the National Police arrested Abel Malpartida Paéz and Luis Alberto Alvarez Aguilar, after they participated in a confrontation between members of the PCP-SL and a police patrol unit. The next day their bodies were found near San Bartolo.

Source(s):1, 2 (Pg. 33)


Abel Malpartida y otros

El 26 de julio de 1989, en Sol de Oro, en el distrito de San Martín de Porres, Abel Malpartida Paéz y Luis Alberto Alvarez Aguilar fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional, después de participar en un enfrentamiento entre integrantes del PCP-SL y una patrulla de esa unidad policial. Al día siguiente sus cuerpos fueron encontrados en los alrededores de San Bartolo.

Fuente(s):1, 2 (pg. 33)

ONG Responsable: NS


Accomarca

On August 14, 1985, an army patrol that belonged to the “Lince” company of Huamanga, under the command of Lieutenant Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, killed about 69 people including women, elderly, and children, all of whom were inhabitants of the Accomarca district of Ayacucho. The victims were separated into single file lines, with men on one side, women on the other, and the young girls taken to a separate area to be raped. The massacre was part of the “Plan Operativo Huancayoc,” to take action against subversives. The trial began on November 4, 2010 and 25 years imprisonment was called for according to the charges against the defendants. In 2011, Telmo Hurtado was extradited from the United States to join the rest of the defendants in the trial.

Source(s):1, 2, 3, 4


Accomarca

El 14 de agosto de 1985, una patrulla del Ejército que pertenecían a la compañía “Lince” de Huamanga, al mando del subteniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, asesinó aproximadamente a 69 personas habitantes del distrito Accomarca, Ayacucho, entre las víctimas se encontraban mujeres, ancianos, y niños,. Las víctimas fueron separadas en filas, hombres a un lado, mujeres al otro, y las más jóvenes fueron violadas. La matanza fue parte del “Plan Operativo Huancayoc”, una acción antisubversiva de la subzona seguridad nacional 5. El juicio oral se inició el 4 de noviembre de 2010. En la acusación fiscal, se solicitó 25 años de prisión para los procesados. En el 2011, Telmo Hurtado fue extraditado de los Estados Unidos, para unirse al resto de los procesados en el juicio oral.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: ADEHR, APRODEH, IDL


Adrián Medina

On July 8, 1992, two men of the armed forces linked to the National Counter Terrorism directive, DINCOTE, kidnapped Adrián Medina Puma, Secretary General of the Union of Military Transport Equipment (ETRAMSA), along with his three-year-old son Resendo and Eudes Najarro Gamboa, Resendo was later abandoned near the home of his grandmother. The body of Adrián was found the next day in a field in the district of Comas. Najarro Eudes was later discovered to be an agent of the Army Intelligence Service, who had infiltrated ETRAMSA with the mission of turning Adrián Medina over to the “Colina” group. In 2010, the defendants were acquitted.

Source(s):1, 2, 3


Adrián Medina

El 8 de julio de 1992, Adrián Medina Puma, Secretario General del Sindicato de la Empresa de Equipo de Transportes Militares (ETRAMSA) fue secuestrado por dos hombres de las Fuerzas Armadas vinculados a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo DINCOTE, junto a su hijo Resendo de tres años y de Eudes Najarro Gamboa. Resendo fue abandonado cerca de la casa de su abuela. El cadáver de Adrián fue encontrado al día siguiente en un descampado en el distrito de Comas. Eudes Najarro fue descubierto como un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, infiltrado en ETRAMSA con la misión de entregar a Adrián Medina al Grupo “Colina”. En el 2010, los procecados fueron absueltos.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Agente Carrión

In October 2001, agent of the Army Intelligence Service (SIE), Fabio Javier Urquizo Ayma, was captured for his involvement in the bombing of the channel 13 station of Puno. In home of Urquizo, police found his diary, which was written in third person, where Urquizo speaks of himself as “Agent Carrión.” The diary contains information about his operations for the SIE between July and December of 1991. In the diary, “Agent Carrión,” tells of the murder of 16 people, including the journalist Luis Morales Ortega, the Solier family, and the former mayor of Huamanga, Leonor Zamora. On September 16, 2008, the Second Criminal Court of Ayacucho opened proceedings against five members of the Peruvian Army.

Source(s):1, 2, 3


Agente Carrión

En octubre del 2001, el agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Fabio Javier Urquizo Ayma fue capturado por su participación en el atentado dinamitero contra el Canal 13 de Puno. En el domicilio de Urquizo, la policía encontró su diario personal, en el cual escribía sobre él en tercera persona, Urquizo habla de sí mismo como “El agente Carrión.” El diario contiene información sobre sus operaciones de seguimiento y ejecución desde julio hasta diciembre del año 1991. En el referido informe, el “agente Carrión” cuenta del asesinato de 16 personas, incluyendo al periodista Luis Morales Ortega, la familia Solier, y la ex alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora. El 16 de septiembre del 2008, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Ayacucho abrió instrucción contra 5 miembros del Ejército Peruano, El caso se encuentra en etapa intermedia en la Sala Penal Nacional.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: COMISEDH


Alejandro Anaya

On September 15, 1984, members of the PCP-SL raided San Pedro, in the district of Santa Rosa. Due to this, the villagers of Huanchí sent about 20 people to investigate what had happened, but when they arrived in Santa Rosa they were mistaken for members of the PCP-SL. They were shot and killed with an axe. Their bodies were picked up that night by residents of Huanchí, who buried them.

Source(s):1 (Pg. 684)


Alejandro Anaya

El 15 de septiembre de 1984 miembros del PCP-SL incursionaron en San Pedro, distrito de Santa Rosa. Debido a esto, los pobladores de Huanchi mandaron a 20 comuneros a ver lo que había pasado, pero cuando llegaron a Santa Rosa fueron confundidos con miembros del PCP-SL. Los asesinaron con disparos y golpes de hacha. Sus cuerpos fueron recogidos esa noche por pobladores de Huanchí, quienes los enterraron.

Fuente(s):1 (pg. 684)

ONG Responsable: ANFASEP


Alejandro Peña

In 1983, in the district of Huanta, province of Huanta, members of the PCP-SL assassainted the deputy governor, Alonso Tello, and the villager Alejandro Peña, along with three other unidentified people.

Source(s):1 (Pg. 337)


Alejandro Peña

En 1983, en el distrito de Huanta, provincia de Huanta, miembros del PCP-SL asesinaron al teniente gobernador Alonso Tello, al comunero Alejandro Peña, y a tres menores no identificados.

Fuente(s):1 (pg. 337)

ONG Responsable: ANFASEP


Alfonso Aguirre Escalante

On February 8, 1990, a heavily armed group of military personnel broke into the home of the Aguirre Garcia family and arrested Alfonso Aguirre Escalante. He was dragged from his bedroom, while still in his nightclothes and without his identification papers, and taken to Los Cabitos BIM 51 military barracks. He was later transferred to the Quicapata barracks, and lastly transferred to the Cangallo barracks. The family of the victim made numerous measures before local and national authorities to try and obtain his release, but Alfonso Aguirre Escalante was never seen again. The case is under investigation in the First Prosecutor’s Office of Ayacucho.

Source(s):1, 2, 3


Alfonso Aguirre Escalante

El 8 de febrero de 1990, un grupo de efectivos militares fuertemente armados, irrumpió en el domicilio de la familia Aguirre García y procedió a llevarse detenido a Alfonso Aguirre Escalante. Los efectivos lo sacaron de su dormitorio, en traje de dormir y sin sus documentos personales, y lo llevaron al Cuartel BIM 51 Los Cabitos. Luego, Alfonso Aguirre Escalante fue trasladado al Cuartel de Quicapata, y de allí fue trasladado al Cuartel de Cangallo. Los familiares de la víctima efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales, pero Alfonso Aguirre Escalante nunca apareció. La investigación se encuentra a nivel fiscal, en la Primera Fiscalía de Ayacucho.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Amadeo Ircañaupa and others

In 1992, Amadeo Ircañaupa and others were extrajudicialy exected by members of the military.

Source(s): 1


Amadeo Ircañaupa y otros

En el 1992, Amadeo Ircañaupa y otros fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas armadas.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Amador Ccorahua

On November 24, 1988, in the community of Simpapata, in the district of San José de Ticllas, members of the PCP-SL assassinated Marcelina Janampa Gonzales, Saturnino Aguirre Quispe, Fortunato Aguirre Ccorahua, and Amador Ccorahua Cáceres.

Source(s):1 (Pg. 124)


Amador Ccorahua

El 24 de noviembre de 1988, en la comunidad de Simpapata, distrito de San José de Ticllas, miembros del PCP-SL asesinaron a Marcelina Janampa Gonzales, Saturnino Aguirre Quispe, Fortunato Aguirre Ccorahua y Amador Ccorahua Cáceres.

Fuente(s):1 (pg. 124)

ONG Responsable: ANFASEP


Amador Maldonado

On May 15, 1983, members of the Peruvian Army arrested 18 people, in the district of Huaya, and took them to the district headquarters in Canaria. There they tortured the victims in order to force them to incriminate themselves as terrorists. Only two women were released after being raped. Among the victims identified are: Boris Rodríguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, and Filomeno Cruzat Caroy. To the date the whereabouts of the victims are unknown.

Source(s):1 (Pg. 925)


Amador Maldonado

El 15 de mayo de 1983 miembros del Ejército Peruano detuvieron a 18 personas en el distrito de Huaya, y los llevaron al cuartel del distrito de Canaria. Allí los torturaron para que se autoinculpen como terroristas. Sólo dos mujeres fueron puestas en libertad después de haber sido violadas. Entre las víctimas identificadas se encuentran: Boris Rodriguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, y Filomeno Cruzat Caroy. Hasta la fecha se desconoce el paradero de las víctimas.

Fuente(s):1 (pg. 925)

ONG Responsable: ANFASEP


Amancio Delgadillo Arce and others

On September 23rd, 1986, in the locality of Canagari, Jorge Herminio Mina was detained in his home at 2 a.m. by combined forces of the army and the police. Rudencio Sánchez Valdés and Amancio Degadillo, who were neighbors of Herminio Mina, were also detained and the three of them were taken to the Castro Pampa barracks. Since that date, their whereabouts are unknown.

Source(s): 1, 2, 3

Amancio Delgadillo Arce y otros

El 23 de septiembre de 1986 en la localidad de Canagari, Jorge Herminio Mina fue detenido en su domicilio a las 2 de la mañana por fuerzas combinadas del ejército y la policía. Rudencio Sánchez Valdés y Amancio Degadillo, vecinos de Herminio Mina, también fueron detenidos y los tres fueron llevados a las barracas de Castro Pampa. Desde esa fecha se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Los Cabitos

Due to the struggle against the Shining Path, between 1983 and 1984, the Military Headquarters “Los Cabitos” became the largest clandestine center of torture, interrogations and executions. There were about 136 victims who were detained in “Los Cabitos”. Through torture, some victims were forced to confess that they were members of the Shining Path and others were forced to sign documents without knowing their content. Many of those arrested could not stand the torture and died while others were assassinated. The bodies of the victims were often left on roads, or buried in unmarked graves. On February 11, 2009 the Superior National Criminal Court called for 30 years imprisonment for 7 of the tried defendants for the crimes of forced disappearance, torture and murder. On October 13, 2009 the National Criminal Court returned the case to the prosecutors to revise the offenses to fit the standards that were in place in 1983. The trial began on May 26, 2011 and on June 2, 2011 the indictment was read against the seven defendants. The events that occurred in 1984 are in the preliminary stage of investigation in the Primera Fiscalía Supraprovincial of Ayacucho. In December 2010, the investigation was extended by 120 days.

Source(s): 1, 2, 3


Los Cabitos

El 24 de julio de 1984, Juan Darío Cuya Layme fue detenido por miembros del ejército y de la policía. El 30 de julio de 1984, su madre lo visitó en los cuarteles de Quicapata y el presentaba visibles señales de tortura. Juan Darío Cuya Layme fue trasladado al cuartel militar “Los Cabitos,” y se desconoce su paradero. Aparte de Juan Darío Cuya Layme, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha registrado 108 más casos de personas secuestradas y desaparecidas.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: ADEHR, APRODEH, ANFASEP


Angel Escobar

On February 27, 1990, Ángel Escobar Jurado was arrested by five individuals, presumably members of the armed forces, in the town of Huancavelica. On February 28, 1990, the family of Ángel Escobar made complaints at the police headquarters, and intelligence centers but in all locations they were told that he had not been arrested. Since then his whereabouts are unknown.

Source(s):1


Ángel Escobar

El 27 de febrero de 1990, Ángel Escobar Jurado fue detenido por cinco individuos vestidos de civil, presuntamente miembros de las Fuerzas Armadas, en la localidad de Huancavelica. El 28 de febrero de 1990, la familia de Ángel Escobar realizaron denuncias y búsquedas en la comisaría, la sede de la Policia de Investigaciones, y los centros de Inteligencia, pero en todos lugares le indicaron que no se encontraba detenido. Desde entonces se desconoce su paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: CNDH


Apolín

On August 10, 1996, patrol from the Counterinsurgency Military Base Coronel B. Aguirre Number 314, entered the home of Luis Beltrán Apolín. The soldiers took Luis Apolín out of his home and executed him with two shots to the head. His body was taken to Huánco where it was left at the morgue.

Source(s):1, 2 (Pg. 39)


Apolín

El 10 de agosto de 1996, una patrulla del Ejército de la Base Contrasubversiva Coronel B. Aguirre N° 314, ingresaron al domicilio de Luis Beltrán Apolín. Los militares sacaron a Luis Apolín de su casa y lo ejecutaron de dos disparos en la cabeza. Su cuerpo fue llevado a Huánco donde lo dejaron en la morgue.

Fuente(s):1, 2 (pg. 39)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Armando Guamantingo V. and others

On January 14, 1988, members of the Peruvian Army arrested Armando Guanmantingo Villanueva, Juan Pablo Carbajal Ayvar, Maria Zavala Cayllahua, Manuel de Guzman Ayvar, Leandro Pareja Tapia, and Simiona Perez Tapia. In communiqués from the Political Military Command, the victims are listed as having died in combat with the Army.

Source(s):1, 2


Armando Guamantingo V. y otros

El 14 de enero de 1988, Armando Guanmantingo Villanueva, Juan Pablo Carbajal Ayvar, Maria Zavala Cayllahua, Manuel de Guzman Ayvar, Leandro Pareja Tapia, y Simiona Perez Tapia fueron detenidos por miembros del Ejército Peruano. En comunicados del Comando Político Militar, las víctimas son indicadas como muertas en combate con el ejército.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Armando Vizcarra

On April 11, 1985, members of community patrols from different communites kidnapped seven people from Allpachaca. Two of the victims returned after a month, but the whereabouts of the others since that day is unknown.

Source(s):1 (Pg. 98)


Armando Vizcarra

El 11 de abril de 1985, miembros de las rondas campesinas de distintas comunidades secuestraron a siete pobladores en Allpachaca. Dos de las víctimas volvieron después de un mes, pero el paradero de los demás desde ese día es desconocido.

Fuente(s):1 (pg. 98)

ONG Responsable: ANFASEP


Arrasamiento Venenillo and others

In June 1989, in the area of Veneillo, district of José Crespo and Castillo, approximately 300 people were killed following a conflict between the military and subversive forces. Captain Marcos Arangurí Medina and six of his troops were killed in the fight, and for this reason the remaining troops extrajudicially executed people they found in the surrounding area. Many of those killed were civilians who had no involvement in the conflict. The bodies of the victims were burned and thrown in a river.

Source(s):1 (Pg. 694)


Arrasamiento Venenillo y otros

En junio de 1989, en el caserío de Veneillo, distrito José Crespo y Castillo, aproximadamente 300 personas fueron asesinadas a raíz de un enfrentamiento entre elementos subversivos y efectivos militares. En el enfrentamiento armado falleció el capitán Marcos Arangurí Medina y seis integrantes de la tropa, por esta razón los efectivos militares ejecutaron extrajudicialmente a las personas que encontraron en los alrededores del caserío de Veneillo. Muchos de los muertos eran civiles que no habían tenido ninguna participación en el enfrentamiento. Los cuerpos de las víctimas fueron quemados y tirados en un río.

Fuente(s):1 (pg. 694)

ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza


Avelino de la Cruz Tenorio

Between May and October 1983, a group of soldiers came to Munaypata, in the district of Los Morochucos, and arrested Avelino De la Cruz as well as Humberto Hinostroza. The soldiers then took the detainees to Satica, where they arrested León Tenorio and Candelario Arango. The four detainees were taken to Pillococasa and shot inside of a home, which the soldiers proceeded to burn. Their relatives later buried their charred bodies.

Source(s):1 (Pg. 240)


Avelino de la Cruz Tenorio

Entre mayo y octubre de 1983, un grupo de militares llegaron a Munaypata, distrito de Los Morochucos, y detuvieron a Avelino De la Cruz y a Humberto Hinostroza. Después los militares se dirigieron con ellos al anexo de Satica, donde detuvieron a León Tenorio y Candelario Arango. Los cuatro detenidos fueron conducidos al anexo de Pillococasa y en una vivienda, les dispararon y luego incendiando la casa. Los cuerpos quemados fueron sepultados por sus familiares.

Fuente(s):1 (pg. 240)

ONG Responsable: ANFASEP


Barrios Altos

On November 3, 1991, a celebration was occurring in Jirón Huanta No. 840, in Barrios Altos, to raise funds for the purpose of making repairs to the farm. The Colina Paramilitary Group entered the premises and forced people to lie on the floor, and then fired indiscriminately, killing fifteen people and seriously inuring four others. The case is on trial since August 15, 2005, and is yet to be resolved.

Source(s):1, 2


Barrios Altos

El 3 de noviembre de 1991se realizaba una pollada en el Jirón Huanta No. 840, Barrios Altos, para recaudar fondos con el objetivo de hacer reparaciones en la quinta. El Grupo Colina llegó y obligaron a las personas a arrojarse al suelo. Luego, dispararon indiscriminadamente, matando a quince personas. Cuatro personas fueron heridas gravemente. El caso está en juicio oral desde el 15 de agosto de 2005 y está pendiente de ser resuelto.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH


Pedro Yauri

Pedro Yauri was a journalist and was in charge of the radio show “Punto Final”, at Radio Universal in the city of Huanca. His radio program often had reports of the abuses carried out by some of the authorities of the Fujimori government. One of the cases he reported on his program was that of Rafael Ventocila Rojas and his children, who were detained and tortured at the military base of Atahuampa. On June 24, 1992, at 2:00am, six soldiers broke into Yauri’s home, in the district and province of Huacho. The soldiers tied Anastacio Yauri Leandro, the father of victim, and proceeded to cover his head while beating him with their weapons. Pedro Yauri was bound, blindfolded and taken away in a military truck to an unknown location. That same day, a few miles north of Huacho, six members of the Ventocilla family were kidnapped. Their bodies appeared the next day with signs of torture. Pedro Yauri never appeared. The case was sentenced in 2010, and the accused were found guilty.

Source(s):1, 2, 3, 4


Pedro Yauri

Pedro Yauri era un periodista que estaba a cargo del programa “Punto Final”, en Radio Universal en la ciudad de Huanco. En su espacio radial realizaba denuncias sobre abusos cometidos por algunas autoridades del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Uno de los casos denunciados en su programa fue el de Rafael Ventocilla Rojas y sus hijos, que fueron detenidos y torturados en la base militar de Atahuampa. El 24 de junio de 1992 a las 2:00 a.m., seis militares entraron violentamente al domicilio del Yauri, en el distrito y provincia de Huacho. Los militares amarraron al señor Anastacio Yauri Leandro, padre de la víctima, y procedieron a taparle la cabeza mientras lo golpeaban con sus armas. Pedro Yauri fue atado, vendado y conducido hasta la camioneta de los militares. Seguidamente, el vehículo partió con rumbo desconocido. Ese mismo día, también en la madrugada, unos kilómetros al norte de Huacho, fueron secuestrados seis integrantes de la familia Ventocilla. Sus cadáveres aparecieron al día siguiente con huellas de tortura, cortados y abaleados. En cambio Pedro Yauri nunca apareció. El caso fue sentenciado en 2010, condenando a los procesados.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, IDL


Campesinos del Santa

On the morning of May 2, 1992, members of the Colina Paramilitary group entered various houses in the district of Santa in the department of Ancash. The Colina group kidnapped and disappeared ten farmers. The case is in trial since 2005.

Source(s):1, 2, 3


Campesinos del Santa

En la madrugada del 2 de mayo de 1992, miembros del Grupo Colina, incursionaron en diferentes viviendas en el distrito del Santa, departamento de Ancash. El Grupo Colina secuestró y desapareció a diez campesinos. El caso está en juicio oral desde el 2005.

Fuente(s): 1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, IDL


Barrios Altos, La Cantuta and Sótanos SIE

On the night of November 3, 1991, in the Barrios Altos neighborhood of Lima, fifteen people were killed and four were wounded by attackers that could be identified as members of the Grupo Colina, a death squad created by the National Intelligence Service (SIN). On July 18, 1991, soldiers of the Grupo Colina invated the Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, and kidnapped a professor along with nine students. No one knows the whereabouts of the victims, but ten bodies were found in graves in a ravine in Chavilca, and two of the bodies were identified. The basement of the Army Intelligence Service was used as a clandestine detention center for punishment, torture, and executions during the government of Alberto Fujimori. The Peruvian government used the Barrios Altos, La Cantuta, and Basement of the SIE cases in order to establish their request for the extradition of Fujimori to the government of Japan in 2003, as well as to the government of Chile. In 2009, Fujimori was convicted.

Source(s):1, 2, 3, 4


Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE

La noche del 3 de noviembre de 1991, en los Barrios Altos, un barrio de Lima, quince personas murieron y cuatro fueron heridos por atacantes que fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El 18 de julio de 1992, efectivos militares del Grupo Colina, invadieron la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y secuestraron a un profesor universitario y nueve estudiantes. No se conoce el paradero de las víctimas, pero diez cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en la quebrada de Chavilca, y dos de los cuerpos fueron identificados. Los sótanos del SIE fueron usados como un centro de detención clandestina para los castigos, torturas, y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial durante el gobierno de Alberto Fujimori. Barrios Altos, la Cantuta, y los Sótanos del SIE fueron casos que el gobierno peruano estableció en su pedido de extradición de Fujimori frente el gobierno de Japón en el 2003, y también frente al gobierno de Chile. En el 2009, Fujimori fue condenado

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, FEDEPAZ, IDL


Base Militar de Totos

In June 1983, members of the military base at Totos, arbitrarily arrested, tortured, disappeared and executed members of the rural community of Quispillacta as part of actions taken by the military base to fight against the Shining Path.

Source(s):1


Base Militar de Totos

En junio de 1983, miembros de la Base Militar de Totos realizaron detenciones arbitraries, torturas, desapariciones, y ejecuciones de un grupo de pobladores de la comunidad campesina de Quispillacta como parte de acciones desarrolladas por la Base Militar de Totos para combatir a las columnas de Sendero Luminoso.

Fuente(s):1

ONG Responsable: CEAS


Basilio Chirhuana Carajal and others

On November 11, 1988, the Peruvian military arrested and disappeared Basilio Chirhuana Carbajal, Bethy Bazán Huamán, Pedro Carbahal Roldán, Rosa Velásquez Marca, Matilde Ni O. Guzmán Ayvar, Rosa Ni O. de Guzmán Ayvar, Luisa Guzmán de Guzmán Ayvar, Celio Carbajal Ayvar, José Ayvar Cavero, Fermín González, Jorge Ayvar Huamani and Julián Salines, in the province of Aymaraes, department of Apurimac. They were arrested at their homes, which the Army also raided and forced their relatives to feed them.

Source(s):1


Basilio Chirhuana Carajal y otros

El 11 de noviembre de 1988, miembros del Ejército Peruano detuvieron y desaparecieron a Basilio Chirhuana Carbajal, Bethy Bazán Huamán, Pedro Carbahal Roldán, Rosa Velásquez Marca, Matilde Ni O. Guzmán Ayvar, Rosa Ni O. de Guzmán Ayvar, Luisa Guzmán de Guzmán Ayvar, Celio Carbajal Ayvar, José Ayvar Cavero, Fermín González, Jorge Ayvar Huamani y Julián Salines, en la provincia de Ayamaraes, departamento de Apurímac. Las víctimas fueron detenidas en su domicilio que el ejército además saqueó y obligaron a sus familiares a alimentarlos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Benito Céspedes and others

On March 19, 1991 a squad of soldiers from the military base of Llata detained various persons. Fifteen days later, the victims were found dead with signs of torture and bullet wounds. In 2006, the Sala Penal Nacional declared Enrique de la Cruz Salcedo innocent due to the fact that the weapon used did not belong to the military.

Source(s):1


Benito Céspedes y otros

El 19 de marzo de 1991, varias personas fueron detenidas por una patrulla de efectivos militares de la Base Militar de Llata. Quince días después de la detención, las víctimas fueron halladas muertas con señales de tortura e impactos de bala. En el 2006, la Sala Penal Nacional declaró la inocencia del oficial Enrique de la Cruz Salcedo porque el arma utilizada no le pertenecía a las Fuerzas Armadas.

Fuente(s):1

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Bernabé Baldeon García

Bernabé Baldeón García was 68-years-old and lived with his family in the district of Accomarca in Ayacucho. On September 25, 1990, military personnel arrived in Accomarca as part of a counter-insurgent operation and detained three people, including Bernabé Baldeón. Baldeón was brought to the church in Pacchahuallhua, tied up with wires, hanged by his feet, and dunked into cylinders filled with water. He died as a result of the torture.

Source(s):1, 2, 3


Bernabé Baldeon García

Bernabé Baldeón García tenía 68 años y vivía junto a su familia en el distrito de Accomarca, en Ayacucho. El 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente, efectivos militares llegaron a Accomarca y detuvieron a tres personas, entre ellas Baldeón. Los militares lo llevaron a la Iglesia de Pacchahuallhua, donde fue amarrado con alambres y colgado boca abajo de la viga de la iglesia. Luego fue azotado y sumergido en cilindros de agua. Baldeón García falleció como consecuencia de tales torturas.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Callqui

On August 1, 1984, marines from the Navy base in Huanta, entered the Evangelical Presbyterian Church of Callqui and executed six people. The TRC (Truth and Reconciliation Commission) considers these events to be part of the forced disappearances that occurred during that time period in the province of Huanta, Ayacucho. The case is pending trial.

Source(s):1, 2


Callqui

El 1 de agosto de 1984, integrantes del destacamento de Infantería de Marina de Huanta, ingresaron a la Iglesia Evangélica Presbiteriana de la Comunidad de Callqui y ejecutaron a seis pobladores. La CVR ( Comisión de la Verdad y de la Reconciliación) considera que estos hechos son parte de las desapariciones forzadas y ejecuciones existente en esa época en la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho. El caso se encuentra pendiente de juicio oral.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Paz y Esperanza Lima


Candidatos Huancapi

On April 19, 1991, Zenón Huamani Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamani Quispe, Luis Amaru Quispe and Julio Arotoma Cacñahuaray were registered as candidates for the municipal elections as United Left Socialists. Members of the army base at Huancapi arrested the candidates, who were inhabitants of the province of Fajardo, Ayacucho, and disappeared them. The case is pending trial in the Sala Penal Nacional because the defendants are missing. Since 2010, the defendants have still not been found.

Source(s):1, 2, 3


Candidatos Huancapi

El 19 de abril de 1991, Zenón Huamani Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamani Quispe, Luis Amaru Quispe y Julio Arotoma Cacñahuaray fueron inscritos como candidatos a las elecciones complementarias municipales por la lista de Izquierda Unida Socialista. Miembros del Ejército de la base de Huancapi, detuvieron a los candidatos, que eran habitantes de la provincia de Fajardo, Ayacucho, y los desaparecieron. El caso se encuentra pendiente del juicio oral en la Sala Penal Nacional debido a que los acusados se encuentran ausentes. Desde el 2010 se sigue buscando a los procesados.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH, Paz y Esperanza


Cantuta

On the morning of July 18, 1992 in La Cantuta, members of the Army Intelligence Service and the Army Intelligence Directorate, burst into the homes of students and professors of the University of Enrique Guzmán y Valle. The military forced all students to leave their bedrooms and arrested 9 of the students. They also arrested the professor Muñoz Sánchez. The cadavers of the victims were buried in clandestine graves. The case involves 5 processes. The first is against Alberto Fujimori, who was sentenced to 25 years imprisonment and the sentence is being carried out. In the case against Julio Salazar Monroe and former members of the Colina Group, Salazar Monroe was sentenced to 35 years imprisonment and three of the Colina members were sentenced to 15 years imprisonment. The other members were acquitted, and the sentence was appealed. On appeal, the convictions were confirmed, but Salazar Monroe’s sentence was reduced to 25 years. The sentence is being carried out. Against Alberto Pinto Cárdenas and Wilmer Yarlequé, they were both sentenced to 20 years imprisonment. The Supreme Court upheld the sentence in the case of Yarlequé, but ordered a new trial for Pinto Cárdenas who was acquitted due to lack of evidence.

Source(s):1, 2


Cantuta

En la madrugada del 18 de julio de 1992 en La Cantuta, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), irrumpieron en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Los militares obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios, y detuvieron a 9 de los estudiantes. También se llevaron al profesor Muñoz Sánchez. Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente en fosas. El caso La Cantuta involucra 5 procesos. El primero en contra de Alberto Fujimori. El acusado fue sentenciado a 25 años de prisión y la sentencia se viene ejecutando. En el caso contra Julio Salazar Monroe y ex integrantes del Destacamento Colina, Salazar Monroe fue condenado a 35 años de prisión, y 3 miembros del destacamento fueron condenados a 15 años. Los otros integrantes fueron absueltos, y la sentencia ha sido apelada. En la apelación, las condenas fueron confirmadas, pero la sentencia a Salazar Monroe fue rebajada a 25 años de prisión. Esta sentencia está en ejecución. En el caso contra Alberto Pinto Cárdenas y Wilmer Yarlequé, ambos fueron condenados a 20 años de prisión. La Corte Suprema ratificó la sentencia a Yarlequé, y ordenó un nuevo juicio oral a Pinto Cárdenas donde fue absuelto por falta de pruebas.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Capaya y Santa Rosa

During the years 1987, 1988, and 1989, members of the military base in Capaya, Apurímac, committed serious human rights violations against the inhabitants of the area as well as against those who were detained in the base. In 1988, members of the Peruvian Army from the military base in Santa Rosa, Apurimac, committed serious human rights violations against 17 villagers in the communities of Checcasa, Sallalli, Amoca and Ihuayllo. The villages were arrested and disappeared.

Source(s):1


Capaya y Santa Rosa

Durante los años 1987, 1988 y 1989, miembros de la base militar de Capaya, en Apurímac, cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra los pobladores de la zona, así como de las personas que permanecían detenidas en esa base. En el año 1988, miembros del Ejército Peruano de la base militar de Santa Rosa, Apurímac, cometieron graves violaciones de los derechos humanos contra 17 pobladores de las comunidades de Checcasa, Sallalli, Amoca e Ihuayllo. Los pobladores fueron detenidos y desaparecidos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Caraqueño

On January 29, 1992, a group of about twenty people entered the homes of Jhon Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Árias Velásquez, and César Rodríguez Esquivel, who were arrested and killed. Their bodies were found the next day near the town of Pativilca.

Source(s):1


Caraqueño

El 29 de enero de 1992, un grupo de aproximadamente veinte personas, ingresaron a los domicilios de Jhon Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Árias Velásquez, y César Rodríguez Esquivel, los cuales fueron detenidos y asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados al día siguiente en cañaverales cercanos a la localidad de Pativilca.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Castro Castro

Between May 6th and 9th, 1992, 42 inmates of the maximum security prison Miguel Castro Castro, were extra judicially executed by government agents during a military operation to transfer inmates. During the operation, hundreds of prisoners were also injured. Since July 2, 2010, the case has been pending ruling in the First National Criminal Prosecutor’s Office.

Source(s):1, 2, 3


Castro Castro

Entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, 42 internos del establecimiento penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado durante una operación militar de traslado de internos. Durante la operación centenares de reclusos también fueron heridos. Desde el 2 de julio de 2010, el caso continúa pendiente de pronunciamiento en la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Cayara

On May 14, 1988, patrols that were part of the Plan “Persecution” raided the village of Cayara during the celebration of the Virgin of Fátima. The patrols thought that the celebration that was occurring was due to the Shining Path ambush of the day before, and proceeded to arrest the villagers. In the afternoon, the patrols went to the town of Ccehua and gathered about 80 villagers including men, women, and children. The villagers were accused of having perpetrated the terrorist attack in Erusco. They then selected men, from youth to adult, proceeding to torture and murder them in the presence of the women and children. 20 villagers were killed. In the weeks and months that followed, any witnesses were systematically murdered. On August 6, 2010, the Primera Fiscalía Superior Penal Nacional asked for an extension, and on August 11, 2010, the Sala Penal Nacional returned the case to the Primera Fiscalía Superior Penal to issue charges.

Source(s):1, 2, 3, 4


Cayara

El 14 de mayo de 1988, las patrullas designadas en el Plan “Persecución” incursionaron en el pueblo de Cayara, y en aquellos días, el pueblo celebraba las festividades de la Virgen de Fátima. Los militares creían que estaban celebrando la emboscada senderista del día anterior, y procedieron a detener a los comuneros. Por la tarde, los militares se dirigieron a la localidad de Ccehua, y reunieron aproximadamente 80 campesinos, entre hombres, mujeres, y niños. Los pobladores fueron acusados de haber perpetrado el ataque terrorista en Erusco. Seleccionaron a los varones, jóvenes y adultos y los torturaron y asesinaron en la presencia de las mujeres y niños. Murieron 20 comuneros. En las semanas y meses siguientes, los testigos fueron sistemáticamente asesinados. El 06 de agosto de 2010, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional emitió dictamen, solicitando la prolongación del plazo de detención. La Sala Penal Nacional devolvió los actuados a la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional con fecha 11 de agosto de 2010, para que emita acusación.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: APRODEH


Ccarpaccasa y Sillaccasa

In April of 1983, members of the army arrested and executed a group of residents of the village of Totos in Cangallo, Ayacucho. The bodies were buried in a grave at Ccarpaccasa. In May of 1983, members of the army arrested and executed a group of residents of the rural community of Quispillacta. The bodies were buried in a grave in Sillaccasa. On September 29, 2003, the case was opened and since September 10, 2008 the case is awaiting trial in the Sala Penal Nacional because the defendant is missing and an international arrest warrant has been issued.

Source(s):1, 2, 3


Ccarpaccasa y Sillaccasa

En el mes de abril de 1983, miembros del Ejército detuvieron y ejecutaron un grupo de pobladores de la localidad de Totos en Cangallo, Ayacucho. Los cuerpos fueron llevados a Ccarpaccasa y enterrados en una fosa. El mes de mayo de 1983, miembros del Ejército detuvieron y ejecutaron un grupo de pobladores de la comunidad campesina de Quispillacta. Los cuerpos fueron llevados a Sillaccasa y enterados en una fosa. El 29 de septiembre de 2003, se dictó la apertura de instrucción. Desde el 10 de septiembre del 2008, el proceso está en relatoría de la Sala Penal Nacional, pendiente de juicio oral. La Sala ha solicitado la orden de captura internacional del procesado.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: CEAS, Paz y Esperanza


Sancaypata

Between May 18 and 31, 1983, members of the Peruvian Army arrested 15 people from various districts of Quispillaqta. They were taken to the military base at Totos, and then to Sancaypata where they were forced to dig a pit. The villagers were executed and buried in the pit, while a witness managed to escape. On September 16, 2010, the charges were issued and the case is currently awaiting trial.

Source(s):1, 2


Sancaypata

Entre el 18 y 31 de mayo de 1983, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 15 pobladores de diversos Barrios del anexo de Quispillaqta, y fueron llevados a la Base Militar de Totos, y luego al paraje de Sancaypata donde fueron obligados a cavar una fosa. Los pobladores fueron ejecutados y enterrados en la fosa, y un testigo pudo escapar. El 16 de septiembre de 2010 se emitió acusación fiscal y se encuentra pendiente el señalamiento de juicio oral.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Paz y Esperanza


César Cueto

On April 19, 1990, in Ayacucho, the Peruvian Army entered into the home of Julio César Cueto Huamancusi and forcibly removed him. The soldiers then executed César Cueto outside of his home with a bullet to the neck.

Source(s):1 (Pg. 162)


César Cueto

El 19 de abril de 1990, en Ayacucho, miembros del Ejército Peruano entraron en el domicilio de Julio César Cueto Huamancusi y lo sacaron a la fuerza. Los miembros del Ejército Peruano ejecutaron a César Cueto en la esquina de su casa de un balazo en la nuca.

Fuente(s):1 (pg. 162)

ONG Responsable: ANFASEP


Chavín de Huantar

Operation Chavín de Huántar took place on April 22, 1997, with the objective of liberating 72 hostages that had been held captive for 126 days by fourteen members of the Túpac Amaru Revolutionary Movement (MRTA), in the residency of the Japanese ambassador. The rescue group was comprised of 140 troops under the command of General José Williams. The official version says that the terrorists were killed during combat, but there is reason to believe that several of them were executed. Some of the cadavers of the MRTA members had been shot in the head and according to the Peruvian Forensic Anthropology team that handled the case; the victims had little to no mobility when they were shot. On June 1, 2011, a new trial began.

Source(s):1, 2, 3


Chavín de Huantar

El 22 de abril de 1997, se realizó la operación Chavín de Huántar, con el objetivo de liberar a 72 rehenes que estaban secuestrados durante 126 días en la residencia del embajador japonés, por catorce miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El grupo de rescate fue conformado por 140 efectivos al mando del general EP José Williams. La versión oficial afirma que los terroristas cayeron abatidos durante el combate, pero hay razones para presumir que varios de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente. Algunos cadáveres de los emerretistas presentaban disparos en la cabeza y según el Equipo Peruano de Antropología Forense, las víctimas estaban en un estado de movilidad nula o casi nula en el momento del disparo. El 1 de junio de 2011 se inició un nuevo juicio oral.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Chilcahuayco

On September 21 and 22, 1990, 23 peasants were extrajudicially executed by a military patrol from the base of Castropampa. The soldiers entered the areas of Santiago de Pischa and San Jose de Ticllas, removed people from their homes, tortured and mistreated them. They then led away the group of 23 peasants that they murdered.

Source(s):1


Chilcahuayco

El 21 y 22 de septiembre de 1990, 23 campesinos fueron ejecutados extrajudicialmente por una patrulla military de la Base de Castropampa, en Huanta. Los militares ingresaron a varios anexos de Santiago de Pischa y San Jose de Ticllas, sacaron de sus casas a los pobladores, los torturaron y maltrataron. Luego, se llevaron el grupo de 23 personas que asesinaron.

Fuente(s):1

ONG Responsable: ANFASEP


Chilliutira

On May 19, 1991, Shining Path members entered the community of Puncupata in the region of Puno and forcibly recruited 4 villagers. They were taken to the community of Chilliutira were villagers killed two members of the Shining Path and captured the 4 villagers from Puncupata. An army patrol arrived to transport the corpses and the 4 villagers to Ayaviri. On the way to Avaviri, the soldiers removed the corpses from the vehicle and murdered the 4 villagers. Officials claim that the villagers tried to escape and that this was the reason why they shot them. On September 23, 2011, the Sala Penal Nacional issued a ruling against Colonel Manuel Delgado Contreras and Lieutenant Colonel José Loayza Gutiérrez and found them guilty of the murders of the 4 villagers. They were sentenced to 13 years imprisonment as well as the payment of 50 thousand soles in damages to the families of each of the victims.

Source(s):1, 2, 3


Chiliutira

El 19 de mayo de 1991, miembros del Sendero Luminoso incursionaron en la comunidad de Puncupata, en la region de Puno, y reclutaron por fuerza a 4 pobladores. Los llevaron a la comunidad de Chiliutira, donde los comuneros mataron a dos de los miembros del Sendero Luminoso y capturaron a los 4 pobladores de Puncupata. Una patrulla del ejército llego a trasladar a los muertos y los 4 detenidos a Ayaviri. Antes de llegar a Ayaviri, los militares bajaron a los muertos y mataron a los 4 detenidos. Los oficiales dicen que los detenidos intentaron fugarse y por eso les dispararon. El 23 de septiembre de 2011, la Sala Penal Nacional emitió sentencia en contra del Coronel EP Manuel Delgado Contreras y el Teniente Coronel EP José Loayza Gutiérrez y los hallaron culpables de los asesinatos de los 4 pobladores. Los sentenciaron a 13 años de y el pago de 50 mil nuevos soles de reparación civil a favor de los familiares de cada uno de los pobladores.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH, Derechos Humanos y Medio Ambiente (Puno)


Chumbivilcas (Cassahui)

Between April 19th and 30th, 1990, an army patrol from the Antabamba military base in the department of Apurímac, under the command of Lieutenant “Negro,” tortured and murdered 13 people from the province of Chumbivilcas, department of Cusco. The army patrol also detained 8 other people who are still considered missing persons. In addition to these 8 people, 4 more were detained and suffered injuries, and 3 females were raped while detained. In February 2004, the case was referred to the Provincial Prosecutor’s Office of Chumbivilcas for investigation. The case is pending indictment before the Second National Criminal Prosecutor’s Office.

Source(s):1, 2, 3


Chumbivilcas (Cassahui)

Desde el 19 hasta el 30 de abril de 1990, una patrulla del Ejército procedente de la Base de Antabamba del departamento de Apurímac al mando del Teniente EP apodado “Negro” torturaron y asesinaron a 13 campesinos de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco. La patrulla también detuvo otros 8, campesinos quienes se mantienen en situación de desaparecidos. Además de estas 8 personas, detuvieron a otros pobladores, 4 de los cuales fueron víctimas de lesiones, y 3 mujeres fueron violadas mientras estaban detenidas. En febrero de 2004, el caso fue derivado a la Fiscalía Provincial de Chumbivilcas para su investigación. El caso está pendiente de acusación fiscal ante la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH, Vicaría de Solidaridad-Prelatura de Sicuani


Chuschi

On March 14, 1991, a patrol unit of the Army counterinsurgency base in Pampa Cangallo, arrested Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno, who were all Chuschi district authorities, and Isaías Huamán Vilca. The arrested were taken to the base at Pampa Cangallo, and since then have been missing. In 2007, a court ruling was issued that acquitted four of the defendants, and convicted two of them. The Permanent Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice upheld the sentence for those convicted, and ordered the opening of the trial against Domingo Morales Ampudia because his acquittal had omissions. The case is pending trial.

Source(s):1


Chuschi

El 14 de marzo de 1991, una patrulla del Ejército proveniente de la base contrasubversiva de Pampa Cangallo, detuvo a Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno, autoridades del distrito de Chuschi, y a Isaías Huamán Vilca. Los detenidos fueron conducidos a la base de Pampa Cangallo, y desde entonces tienen la condición de desaparecidos. La sentencia de primera instancia fue dictada en el 2007, se absolvió a 4 procesados y se condenó a 2 de ellos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia para los condenados, y ordenó la apertura del juicio oral a Domingo Morales Ampudia, porque su absolución tuvo omisiones. El caso está pendiente de juicio oral.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Ciprian Palacios

On May 16, 1986, in the district of Accomarca, soldiers of the Peruvian army extrajudicially executed Ciprian Palacios Quispe. In June 2008, the remains of Palacios Quispe were exhumed and on January 28, 2009, his remains were turned to his family.

Source(s):1, 2


Ciprian Palacios

El 16 de mayo de 1986, en el distrito de Accomarca, Ciprian Palacios Quispe fue ejecutado extrajudicialmente por efectivos del Ejército. En junio de 2008 se realizó la exhumación de los restos de Palacios Quispe y el 28 de enero de 2009 sus restos fueron entregados a sus familiares.

Fuente(s):1, 2

ONG Responable: ADERH


Cirilo Quiquin Casaico

On October 9th, 1986, Cirilo Quiquín Casaico was detained by army troops in Quinrapa in the province of Huanta, and was taken to the Castro Pampa barracks. His whereabouts are still unknown.

Source(s):1


Cirilo Quiquin Casaico

El 9 de octubre de 1986, Cirilo Quiquín Casaico, fue detenido por fuerzas del ejército en Quinrapa, en la provincia de Huanta, y fue llevado a las barracas de Castro Pampa. Aun se desconoce su paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Claudio Sayas Delgado and others

On August 27, 1984, 15 members of the armed forces arrested Claudio Sayas Delgado and his son Herminio, in the community of Pacchancca, in the district of Huamanguilla. They were taken to the headquarters of the Marines in Huanta, and were later transferred to the Los Cabiltos barracks, in the province of Huamanga. The victims’ whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 412), 2


Claudio Sayas Delgado y otros

El 27 de agosto de 1984, 15 integrantes de las Fuerzas Armadas detuvieron a Claudio Sayas Delgado y a su hijo Herminio, en la comunidad de Pacchancca, en el distrito de Huamanguilla. Se los llevaron al cuartel de infantes de la marina en Huanta, luego fueron trasladadas al cuartel Los Cabiltos, en la provincia de Huamanga. Hasta la fecha las víctimas se encuentran en la condición de desaparecidos.

Fuente(s):1, 2 (pg. 412)

ONG Responsable: APRODEH


Concepción

Between July 13 and 14, 1984, after a terrorist attack, the army and police surrounded the town of Concepción and ordered that the villagers gather in the main square, where they selected a group of them and took them to the local police station in which they were tortured. Three of the detainees fled the police station, and upon discovering this, the military began to massacre the victims, the first of which was Víctor Gutiérrez Medina. The murders continued the next morning, and the rest of the victims were taken to Moyocc where they were executed.

Source(s):1


Concepción

Entre el 13 y 14 de julio de 1984, después de un ataque terrorista, miembros del ejército y de la policía cercaron la localidad de Concepción. Luego ordenaron a los pobladores reunirse en la plaza principal donde seleccionaron a un grupo de ellos y los llevaron al puesto policial del pueblo donde fueron torturados. Tres de las personas detenidas huyeron del puesto policial, y al descubrirse la huida los militares empezaron a asesinar a los pobladores, el primero que asesinaron fue Víctor Gutiérrez Medina. Los asesinatos continuaron la próxima mañana y el resto de los detenidos fueron llevados Moyocc donde fueron ejecutados.

Fuente(s):1

ONG Responsable: COMISEDH


Concepción Ccaya Barrientos and others

On October 4, 1989, members of the Peruvian Army arrived in Ccochapucro, in the district of Umamarca, department of Apurímac, where they arrested many villagers and murdered Maximiliana Sotaya. Donato Morán and Emilian Puga were also murdered. The soldiers also arrested Concepción Ccaya Barrientos, whose wherabouts are unknown since that date.

Source(s):1


Concepción Ccaya Barrientos y otros

El 3 de octubre de 1989, miembros del Ejército Peruano llegaron al caserío de Ccochapucro, en el distrito de Umamarca, departamento de Apurímac, donde detuvieron a numerosos comuneros y asesinaro a Maximiliana Sotaya. Donato Morán y Emiliana Puga también fueron asesinados. Los militares también detuvieron a Concepción Ccaya Barrientos, quien desde esa fecha se encuentra desaparecido.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Constantino Saavedra

On the morning of October 1, 1990, Constantino Saavedra Muñoz, the former deputy mayor of the district of Quina, Huamanga province, along with Gilberto Aparicio and Plácido Juscamayta, were all intercepted by soldiers of army intelligence and taken to the barracks BIM 51 “Los Cabitos.” Once inside the barracks the soldiers began to interrogate, torture, and pressure them to declare themselves as terrorists. Constantino Saavedra was asked specifically if he knew Francisco Pácuar. On October 2, 1990, Gilberto Aparicio and Plácido Juscamayta were liberated, however Saavedra remained detained and afterward never appeared. The case was tried with the crime of kidnapping and in 2009 those implicated were acquitted. In February 2011, the Supreme Court annulled the sentence, and in March 2011 a new trial began in the National Criminal Court.

Source(s):1, 2


Constantino Saavedra

En la mañana del 1 de octubre de 1990, Constantino Saavedra Muñoz, ex-teniente alcalde del distrito de Quina, provincia de Huamanga, fue interceptado por miembros del Ejército, junto a los señores Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta. Fueron llevados al Cuartel BIM 51 “Los Cabitos” donde los militares empezaron a interrogarlos, a torturarlos, y a presionarlos para que se declararan terroristas. A Constantino Saavedra le preguntaban, específicamente, si conocía a Francisco Páucar. Al día siguiente 2 de octubre de 1990, Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta fueron liberados, pero Saavedra quedó detenido y nunca más se supo de él. El caso fue juzgado con el delito de secuestro y en el 2009 los implicados fueron absueltos. En febrero del 2011, la Corte Suprema anuló la sentencia absolutoria y en marzo del 2011 la Sala Penal Nacional dio inicio a un nuevo juicio oral.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Cucho Quesera

Between January 1, 1983, and May 27, 1983, in Kuchoquesera in the district of Chuschi, members of the PCP-SL recruited Valerio Conde, Aniceto Moreno Cayllahua, Victor Quispe Mendieta and Cirilo Quispe Rojas. Since that date their whereabouts are unknown.

Source(s): 1 (Pg. 228)


Cucho Quesera

Entre del 1 de enero de 1983 y el 27 de mayo de 1983, en Kuchoquesera, distrito de Chuschi, miembros del PCP-SL reclutaron a Valerio Conde, Aniceto Moreno Cayllahua, Victor Quispe Mendieta y a Cirilo Quispe Rojas. Desde entonces están desaparecidos.

Fuente(s):1 (pg. 228)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Curgos Huamachuco

On July 22, 1983, in the district of Curgos, agents of the Civil Guard and of the PIP entered the home of Marcelino Sandoval in search of suspected members of the PCP-SL. The agents arrested eight men and two women, of which seven have been identified. On the way to the police station, the detainees were tortured. The two women were raped and one of them bled to death, while four others were killed. The other four victims were sent to different prisons, and only one was acquitted. The status of the other three detainees is unknown.

Source(s):1 (Pg. 17-18), 2 (Pg. 10)


Curgos Huamachuco

El 22 de julio de 1983 en el distrito de Curgos, agentes de la Guardia Civil y de la PIP entraron al domicilio de Marcelino Sandoval, en búsqueda de presuntos miembros del PCP-SL. Los agentes detuvieron a ocho hombres y dos mujeres, de cuales siete han sido identificados. En el camino a la dependencia de la PIP, los detenidos fueron torturados. Las dos mujeres fueron violadas y una de ellas murió desangrada, mientras otras cuatro personas fueron asesinados. Las otras cuatro víctimas fueron enviadas a diferentes penales, y una de ellas fue absuelta. Se desconoce la situación de los otros tres detenidos.

Fuente(s):1 (pg. 17-18), 2 (pg. 10)

ONG Responsable: APRODEH


Delta Pichanaki

On September 11, 1993, a group of patrolmen of the Local Committee of the San Fernando Annex of Meritori, raided the Delta Annex, in the district of Pichanaki, in the province of La Merced, in the department of Junín, assassinating 10 of the local settlers, ranging from young to old, and leaving two wounded. The victims were assassinated for refusing to form a self-defense organization, dependent on the armed forces. In 2005, the Second Chamber of Junín sentenced 3 in the case and 1 is still at large.

Source(s):1


Delta Pichanaki

El 11 de Septiembre de 1993, un grupo de Ronderos del Comité Local del Anexo San Fernando de Meritori incursionaron en el Anexo Delta, distrito de Pichanaki, provincia de La Merced, departamento de Junín, asesinando a 10 colonos del lugar, entre jóvenes y adultos, dejando heridos a otros dos. Las víctimas fueron asesinadas por negarse a conformar una organización de autodefensa dependiente de las fuerzas armadas. En el 2005 la Segunda Sala Superior de Junín condenó a 3 en el caso, y 1 se encuentra prófugo.

Fuente(s):1

ONG Responsable: COMISEDH


Desaparición Autoridades de Acocro

Between July 19th and 21st of 1990, members of the Defense Committee, kidnapped and disappeared several victims in the district of Acocro. The whereabouts of the victims are unknown to this day. In 2009, of the implicated, one was convicted, and three were absolved.

Source(s):1


Desaparición Autoridades de Acocro

Entre el 19 y 21 de Julio de 1990 en el distrito de Acocro, miembros de los Comités de Autodefensa secuestraron a varias víctimas, y su paradero se desconoce hasta hoy día. En el 2009, de los implicados 1 fue condenado y 3 fueron absueltos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: COMISEDH


Domingo Cisneros

In February 1985, members of the Peruvian Army raided Viscachayocc in the district of Los Morochucos and arrested a group of people whose names they had on a list. The detainees were accused of being members of the Shining Path, had their hands tied, were beaten, and taken by foot to the military base of Cangallo. A total of 16 victims were disappeared.

Source(s):1 (Pg. 294)


Domingo Cisneros

En febrero de 1985, miembros del Ejército Peruano incursionaron en Viscachayocc, distrito de Los Morochucos y detuvieron a un grupo de pobladores cuyos nombres tenían en una lista. Acusaron a los pobladores de ser senderistas, les ataron las manos, los golpearon, y los llevaron a pie hasta la base de Cangallo. En total 16 víctimas se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1 (pg. 294)

ONG Responsable: ANFASEP


Edith Galván

In 1989, in the district of Lima, members of the National Police arrested Edith Galván and later imprisoned her in the prison of Castro Castro. In 1990, the 12th Criminal Court of Lima acquitted her of any charges.

Source(s):1 (Pg. 28)


Edith Galván

En el año 1989, en el distrito de Lima, miembros de la Policía Nacional detuvieron a Edith Galván, luego fue recluída en el penal de Castro Castro. En 1990, el 12vo Tribunal Correccional de Lima la absolvió de los cargos imputados.

Fuente(s):1 (pg. 28)

ONG Responsable: APRODEH


Eduardo Condor

Between October and December 1985, in Ccollpa, in the district of Manta, members of the Peruvian Army entered the home of Eduardo Cóndor, interrogated him, beat him, and then took him to the military base at Manta. Since then his whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 27)


Eduardo Condor

Entre octubre y diciembre de 1985, en el anexo de Ccollpa, distrito de Manta, miembros del Ejército Peruano ingresaron a la casa de Eduardo Cóndor Pallarco, lo interrogaron, golpearon y luego lo condujeron a la base militar de Manta. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Fuente(s):1 (pg. 27)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


El Frontón

On June 18 and 19, 1986, in the former prison San Juan Bautista, on the island El Frontón, more than two hundred inmates who were accused or convicted of being terrorists, were killed during riots. Their deaths were due to the deliberate and excessive use of force against the inmates, who once controlled, were executed by government agents.

Source(s):1, 2, 3


El Frontón

El 18 y 19 de junio de 1986, en el ex centro penitenciario San Juan Bautista de la Isla El Frontón, más de doscientos internos fueron acusados o sentenciados por terrorismo y perdieron la vida durante los motines. Sus muertes se debieron al uso deliberado y excesivo de las fuerzas del Estado. Los reclusos una vez rendidos y controlados fueron ejecutados.

Fuente(s): 1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, IDL


Eladio Mancilla Calle

Eladio Mancilla Calle lived in the city of Huamanga, Ayacucho and worked as a foreman. On the morning of June 6, 1990, approximately 15 Peruvian troops entered the house of Mancilla Calle and forced him out into the street. They proceeded to strike him in front of his family and neighbors. Mancilla Calle was placed in a truck and taken to the barracks BIM 51 “Los Cabitos”. Mancilla Calle was never heard from again. In 2007, the Sala Penal Nacional absolved those accused due to lack of sufficient evidence.

Source(s):1, 2


Eladio Mancilla Calle

Eladio Mancilla Calle vivía en la ciudad de Huamanga, Ayacucho y trabajaba como maestro de obra. Por la mañana del 6 de junio de 1990, aproximadamente 15 efectivos del Ejército peruano ingresaron a la casa de Mancilla Calle, y lo sacaron a la calle. Lo golpearon en la calle delante de su familia y vecinos, y lo subieron a un camión para llevarlo al Cuartel BIM 51 “Los Cabitos”. Después de que lo llevaron al cuartel, Mancilla Calle nunca apareció. En el 2007, la Sala Penal Nacional absolvió a los acusados porque no existían suficientes pruebas.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Ernesto Castillo Páez

On the morning of October 21, 1990, Ernesto Castillo Páez was detained by police in Villa El Salvador, during an operation to find and detain those responsible for attempted terrorism in the district. Castillo Páez was put inside the trunk of the patrol car, and his whereabouts are still unknown. In March 2006, the Sala Penal Nacional convicted 4 and acquitted 12 of those involved. The sentence was upheld in the second instance.

Source(s):1, 2


Ernesto Castillo Páez

La mañana del 21 de octubre de 1990, Ernesto Castillo Páez fue detenido por la Policía en Villa El Salvador en un operativo para ubicar y detener a los responsables de un atentado terrorista en ese distrito. Lo metieron a Castillo Páez en la maletera de un patrullero, y hasta hoy se desconoce su paradero. En marzo de 2006, la Sala Penal Nacional condenó a 4 de los implicados, y absolvió a 12. En segunda instancia se confirmó la sentencia.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: IDL


Estiles Ruiz Dávila

On September 23, 1989, members of the Peruvian Army detained Estiles Ruiz Dávila, in Pongo de Caynarachi, in the district of Pampa Hermosa in the department of San Martín. Ruiz Dávila was later moved to the BAS Morales No. 30, located in the district of Morales. Since that date his whereabouts are unknown.

Source(s):1, 2


Estiles Ruiz Dávila

El 23 de septiembre de 1989, en el Pongo de Caynarachi, localidad de Pampa Hermosa, departamento de San Martín, efectivos del Ejército Peruano detuverion a Estiles Ruiz Dávila. Ruiz Dávila fue trasladado al BAS Morales No. 30, en el distrito de Morales. Desde entonces se desconoce su paradero.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Evaristo Morales Portillo

In August of 1988, in the district of San Juan de Chacña, members of the armed forces entered the home of Evaristo Morales Portillo and arrested him, accusing him of being a member of the Shining Path. He was taken to the Santa Rosa military base where he was tortured. When his wife, Octavila Contreras Palomino came to visit, she was also arrested. Octavila was released, but the whereabouts of Evaristo are still unknown.

Source(s):1 (Pg. 778)


Evaristo Morales Portillo

En Agosto de 1988, en el distrito de San Juan de Chacña, miembros de las Fuerzas Armadas entraron a la casa de Evaristo Morales Portillo y lo detuvieron acusándolo de senderista. Lo llevaron a la Base de Santa Rosa donde lo torturaron, y cuando se esposa Octavila Contreras Palomino fue a visitarlo, también la detuvieron. Octavila fue liberada, pero hasta hoy se desconoce el paradero de Evaristo.

Fuente(s): 1 (pg. 778)

ONG Responsable: APRODEH


Fabriciano Chujandama and others

On July 13, 1988, members of the Peruvian Army raided the settlement of Llucanayacu, in the district of Chazuta, province of San Martín, and arrested Fabriciano Chujandama Chasnamote and Mamerto Chujanda Chasnamote. On July 15, 1988, Roldan Sabota Chujandama was arrested, and the three detainees were taken to the Mariscal Caceres de Morales barracks and their whereabouts remain unknown. Edgardo Chujandama Pinedo and William Pozo were also arrested and tortured, but they were later released. They soldiers also threatened to kill the Deputy Governor, Brígido Chujandama Chasnamote.

Source(s):1


Fabriciano Chujandama y otros

El 13 de julio de 1988, miembros del Ejército Peruano llegaron a Llucanayacú, distrito de Chazuta, Provincia de San Martín, donde detuvieron a Fabriciano Chujandama Chasnamote y Mamerto Chujandama Chasnamote. El 15 de julio de 1988 detuvieron a Roldán Sabota Chujandama. Los militares llevaron las víctimas al Cuartel de Mariscal Cáceres de Morales. El paradero de las víctimas se desconoce. Edgardo Chujandama Pinedo y William Pozo fueron torturados y luego liberados, y el Teniente Gobernador, Brígido Chujandama Chasnamote, fue amenazado de muerte.

Fuente(s):1

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Familia Hinostroza Sulca

On July 17, 1985, members of the Peruvian Army entered the estate of the San Cristobal National Uiversity of Huamanga and searched the house of Gregorio Hinostroza Prado, who was beaten along with his wife Pelagia Sulca Quispe, and his son Braulio Hinostroza Sulca. The three were arrested and taken to the Los Cabitos barracks along with two other unidentified persons. Gregorio was killed along with his wife and son and their bodies were never found.

Source(s):1 (Pg. 101)


Familia Hinostroza Sulca

El 17 de julio de 1985, miembros del Ejército Peruano ingresaron al fundo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y registraron la casa de Gregorio Hinostroza Prado, quien fue golpeado junto a su esposa Pelagia Sulca Quispe y su hijo Braulio Hinostroza Sulca. Los tres fueron detenidos y trasladados al cuartel Los Cabitos junto a dos personas no identificadas. Gregorio fue asesinado junto a su esposa e hijo y sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Fuente(s):1 (pg. 101)

ONG Responsable: ANFASEP


Familia Huerta Figueroa (Villarica)

On November 29, 1990, the Peruvian Army was alerted to the presence of MRTA members in the Piamote estate. The military detained relatives and employees of the owner of the estate. The estate owner was forced to dig graves where the remains of two men and a woman were buried. The owner was then arrested and later released in Oxapampa.

Source(s):1


Familia Huerta Figueroa (Villarica)

El 29 de noviembre de 1990, el Ejército Peruano fue alertado de la presencia de integrantes de la MRTA, en la propiedad de Piamote. Los militares detuvieron a familiares, operarios y propetarios de Piamote. Luego, el dueño de la propiedad fue obligado a cavar fosas donde se enterraron los restos de dos varones y una mujer. El dueño fue detenido y luego fue liberado en Oxapampa.

Fuente(s):1

ONG Responsable: COMISEDH


Familia Rodríguez Paucar

On January 23, 1992, in Huacho, five members of the Rodríguez Páucar family were murdered by soldiers.

Source(s):1


Familia Rodríguez Paucar

El 23 de enero de 1992, cinco integrantes de la familia Rodríguez Páucar, fueron asesinados en Huacho por efectivos militares.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Familia Ventocilla

Rafael Ventocilla Rojas and two of his sons, Alejandro and Simón Ventocilla Castillo, had political experience, and on April 25, 1992, soliders from the Atahuampa military base arrested them. The Ventocilla’s were accused of being terrorists, and then taken to a beach where they were tortured and left partially naked. On June 24, 1992, Rafael Ventocilla Rojas, his sons Alejandro, Simón and Paulino, as well as his grandson Rubén and his brother Marino were tied up and taken to an unknown destination. The bodies of the six family members were found and on June 25, the White Cross police informed the family that had bodies had been taken to the morgue at Huacho. The investigation is currently in the specialized prosecution stage.

Source(s):1, 2


Familia Ventocilla

Rafael Ventocilla Rojas y dos de sus hijos, Alejandro y Simón Ventocilla Castillo, tenían experiencia política. El 25 de abril de 1992, fueron detenidos por efectivos del ejército de la base militar de Atahuampa. Los Ventocilla fueron acusados de ser “terroristas” y fueron conducidos a una playa donde los torturaron y dejaron semidesnudos. El 24 de junio de 1992, Rafael Ventocilla Rojas, sus hijos Alejandro, Simón y Paulino, su nieto Rubén y su hermano Marino fueron amarrados y llevados con rumbo desconocido. Los cuerpos de los seis integrantes de la familia Ventocilla fueron hallados por unos comuneros en una fosa ubicada en el caserío de Balconcillo. El 25 de junio la policía de Cruz Blanca comunicó a sus familiares que los cadáveres habían sido depositados en la Morgue de Huacho. La investigación se encuentra en la fiscalía especializada.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Felicitas Auqui Tenorio

The Auqui Tenorio family was accused of participating in a crime that occurred on June 15, 1983. On July 27, 1983, members of the National Police of Pampa Cangallo detained Felicitas Auqui Tenorio. Her whereabouts are unknown.

Source(s):1


Felicitas Auqui Tenorio

La familia Auqui Tenorio fue acusada de participar en un hecho de muerte ocurrido el 15 de junio de 1983. El 27 de julio de 1983, Felicitas Auqui Tenorio fue detenida por efectivos de la Policía Nacional de Pampa Cangallo. Se encuentra en condición de desaparecida.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Felipe Huamán Palomino

On July 23, 1984, members of the so-called Republican Guard arrested Felipe Huamán Palomino in his home in Ayacucho. There is information indicating that he was taken to the Quicapata Barracks. The police deny that he was arrested, and his whereabouts are unknown.

Source(s):1


Felipe Huamán Palomino

El 23 de julio de 1984, Felipe Huamán Palomino fue detenido en su casa en Ayacucho por miembros de la llamada Guardia Republicana, y hay información que fue llevado al Cuartel de Quicapata. Las autoridades de policía niegan su detención y se desconoce su actual paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Felix Cletona

En junio de 1984, en Punqui, distrito de Anco, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a Felix Cletona Escalante y lo llevaron a la base militar de Chiquintrica. Luego lo llevaron a una pampa y lo ejecutaron con arma de fuego en presencia de varias personas.

Fuente(s):1 (pg. 655)

ONG Responsable: ANFASEP


Felix Cletona

In June 1984, in Punqui in the district of Anco, members of the Armed Forces arrested Felix Cletona Escalante, and took him to the Chiquintrica military base. He was later executed with a firearm in the presence of several people.

Source(s):1 (Pg. 655)


Felix Mendoza

In July 1985, the deputy governor of Huarcca, Félix Mendoza, ordered a man be punished at the request of his neighbors who had accused him of being a violent drunk. The man who was to be punished went to the military base at Anco to complain and two days later Félix Mendoza was arrested. Mendoza was tortured and later transferred to the military base at Chungui. The man who was to be punished then presented himself before the military chief and accused Félix Mendoza of being a subversive who had weapons inside his home. Nothing was heard of the victim until weeks later when local authorities contacted the family of Félix Mendoza and informed them that he had been executed and buried.

Source(s): 1 (Pg. 726)


Felix Mendoza

En julio de 1985, el teniente gobernador de Huarcca, Félix Mendoza, ordenó castigar a un hombre identificado, a pedido de vecinos que lo acusaban de ser violento y borracho. El hombre castigado fue a quejarse a la base militar de Anco y dos días después Félix Mendoza fue detenido, torturado, y trasladado a la base de Chungui. Luego, el hombre castigado se presentó ante el jefe militar y dijo que Félix Mendoza era subersivo y que guardaba armas en su casa. No se supo nada más de la víctima hasta semanas después cuando autoridades locales le dijeron a los familiares de Félix Mendoza que el había sido ejecutado y enterrado.

Fuente(s):1 (pg. 726)

ONG Responsable: ANFASEP


Fernando Mejía

On June 15, 1989, Fernando Mejía a lawyer, journalist, and political activist, was kidnapped from his home by six individuals dressed in military uniforms. On June 18th, the body of Aladino Melgarejo was found on the bank of the Santa Clara River, alongside it was the body of Fernando Mejía. When the trial came to court, the defendants were acquitted.

Source(s): 1


Fernando Mejía

El 15 de junio de 1989, Fernando Mejía, un abogado, periodista, y activista político, fue secuestrado de su casa por seis individuos vestidos con uniformes militares. El 18 de junio de 1989, el cuerpo de Aladino Megarejo fue encontrado en la orilla del río Santa Clara, junto a él estaba el cuerpo de Fernando Mejía. Los acusados fueron absueltos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Filiberto Condori

On June 27, 1983, members of the armed forces entered the home of the Condori family in Huamanguilla, and arrested Filiberto Condori Zamora, who was taken to the local military base. Fortunato De la Cruz Cuadros, Ferre De la Cruz Valdivia and Carhuaypiña Huamán were also arrested. Fortunato De la Cruz was released five days later, but Filiberto Condori was led to another base. Filiberto Condori remains disappeared.

Source(s):1 (Pg. 348)


Filiberto Condori

El 27 de junio de 1983, miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron en la casa de la familia Condori en Huamanguilla y detuvieron a Filiberto Condori Zamora, quien fue llevado al destacamento de esa localidad. Fortunato De la Cruz Cuadros, Ferre De la Cruz Valdivia y Carhuaypiña Huamán también fueron detenidos. Fortunato De la Cruz fue liberado cinco días después, pero a Filiberto Condori lo condujeron a otro sitio. Filiberto Condori se encuentra en condición de desaparecido.

Fuente(s):1 (pg. 348)

ONG Responsable: ANFASEP


Filomeno Cruzatt Caroy

On May 15, 1983, members of the Peruvian Army arrested 18 people, among them men, women, and children, and took them to the military barracks of the district of Canaria. The victims were tortured, and two women were released after they were raped. The victims identified are: Boris Rodríguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, the school principal Filomeno Cruzat Caroy, and the mayor of Huaya. The whereabouts of the victims are unknown.

Source(s):1 (Pg. 925)

Filomeno Cruzatt Caroy

El 15 de mayo de 1983, un grupo del Ejército Peruano detuvo a 18 personas, entre varones, mujeres y niños, y los llevaron al cuartel del distrito de Canaria. Las víctimas fueron torturadas, y dos mujeres fueron puestas en libertad después de que las violaron. Las víctimas identificadas son: Boris Rodríguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, el director del colegio Filomeno Cruzat Caroy, y el alcade de Huaya. Se desconoce el paradero de las víctimas.

Fuente(s):1 (pg. 925)

ONG Responsable: APRODEH


Florentino Mendoza Huaman

On August 26, 1984, members of the Armed Forces Intelligence Service detained Florentino Mendoza Huaman, a municipal police officer of the Huamanga Provincial Council, on the 28 de Julio Street, in the city of Ayacucho. On November 23, 1984, his corpse was found in the Tambillos district, 25 kilometers from Ayacucho. On November 26, 1984, his wife identified his corpse.

Source(s):1


Florentino Mendoza Huaman

El 26 de agosto de 1984, Florentino Mendoza Huaman, policía municipal del Consejo Provincial de Huamanga, fue detenido en la calle 28 de Julio de la ciudad de Ayacucho por efectivos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Su cadáver fue hallado el 23 de noviembre de 1984, en el distrito de Tambillos a 25 kilómetros de Ayacucho. El 26 de noviembre de 1984 su cadáver fue reconocido por su esposa.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Fortunato Gómez

On July 9, 1992, members of the Colina Group death squad, dressed in military uniforms, forcibly entered the home of Santiago Gómez Palomino. He was forced out of his home, beaten, insulted, and taken away in a vehicle that had been waiting outside of his home. Santiago Gómez Palomino was then disappeared, and despite various efforts, his remains were never found.

Source(s):1, 2, 3, 4


Fortunato Gómez

El 9 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, vestidos con uniformes y botas militares, entraron forzadamente al domicilio de Santiago Gómez Palomino. Sacaron a Gómez Palomino de su casa, lo golpearon, insultaron, y se lo llevaron en un vehículo que esperaba afuera de su casa. Santiago Gómez Palomino fue desaparecido, y a pesar de varios esfuerzos, sus restos no han sido hallados.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: APRODEH


Guadalupe Ccallocunto

On June 10, 1990, in the city of Ayacucho, three people with black colored sweaters and boots, armed and hooded entered the home of Guadalupe Ccallacunto Olano. They forcibly removed Guadalupe from his bedroom and put him in their truck. Since then his whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 164)


Guadalupe Ccallocunto

El 10 de junio de 1990, en la ciudad de Ayacucho, tres personas con chompas de color negro y botas, armadas, y encapuchadas ingresaron en la casa de la familia de Guadalupe Ccallacunto Olano. Sacaron a Guadalupe de su dormitorio y lo subieron en un camion petrolero. Desde entonces se desconoce su paradero.

Fuente(s):1 (pg. 164)

ONG Responsable: ADEHR


Guillermo Huamaní

On February 23, 1985, members of the Peruvian Army arrested Guillermo Huamaní Mitma, in the city of Ayacucho, and took him to the barracks at Quicapata, and later to the Los Cabitos barracks. The whereabouts of Guillermo Huamaní remain unknown.

Source(s):1 (Pg. 94)


Guillermo Huamaní

El 23 de febrero de 1985, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Guillermo Huamaní Mitma en la ciudad de Ayacucho y lo recluyeron en el cuartel de Quicapata, y después en el de Los Cabitos. Hasta la fecha se desconoce el paradero de Guillermo Huamaní.

Fuente(s):1 (pg. 94)

ONG Responsable: ANFASEP


Guillermo Mendoza

On October 5, 1984, members of the police forces rounded up the residents of San Francisco, district of Ayna, in the main square of town. A group of patrolmen pointed out Guillermo Mendoza Aparicio under the suspicion that he was a terroist because he did not belong to the community. Mendoza Aparicio was originally from Ayacucho, but he was in San Francisco in order to work in the fields. He was arrested and taken to the police station in Ayna. Later he was transferred to the Los Cabitos barracks, and since then his whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 683)


Guillermo Mendoza

El 5 de octubre de 1984, miembros de las Fuerzas Policiales reunieron a los pobladores de San Francisco, en el distrito de Ayna, en la plaza principal. Un grupo de ronderos señalaron a Guillermo Mendoza Aparicio como sospechoso de terrorismo por que el no pertenecía a la comunidad. Mendoza Aparicio era de Ayacucho y estaba en San Francisco para trabajar en el campo. El fue detenido y llevado a la comisaría de Ayna. Luego fue llevado al cuartel Los Cabitos. Desde entonces está desaparecido.

Fuente(s):1 (pg. 683)

ONG Responsable: ANFASEP


Hermanos Mancilla

On June 28, 1989, six members of the National Police arrested José Carlos Mancilla Morales and his brother Alexander, in the district of Ayacucho. The brothers were taken to the local police station. Since that date the whereabouts of the victims are unknown.

Source(s):1, 2 (Pg. 138)


Hermanos Mancilla

El 28 de junio de 1989, seis efectivos de la Policía Nacional detuvieron a José Carlos Mancilla Morales y a su hermano Alexander, en el distrito de Ayacucho. Los hermanos fueron trasladados hasta el local de la policía de investigaciones. Desde esa fecha los hermanos Mancilla se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1, 2 (pg. 138)

ONG Responsable: COMISEDH


Hilario Ayuque

On September 20, 1984, 10 Republican Guard troops entered the home of Hilario Ayuque Zúñiga, leader of the Union of Municipal Workers of Huancavelica, and detained him in the premises of the ENTEL Peru. Hilario Ayuque sent three notes to his stepfather for his release from the Pampas Headquarters, but after his arrest his family never found him again.

Source(s):1


Hilario Ayuque

El 20 de septiembre de 1984, 10 efectivos de la Guardia Republicana ingresaron al domicilio de Hilario Ayuque Zúñiga, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Huancavelica, y lo detuvieron en el local de ENTEL Perú. Hilario Ayuque hizo llegar tres notas a su padrastro para que lo saquen del Cuartel de Pampas, pero después de su detención su familia no lo pudo encontrar.

Fuente(s):1

ONG Responsable: COMISEDH


Hospital de Huamanga

On March 3, 1982, three men who had been accused of terrorism that were interned in the General Hospital of the Ayacucho Base were extrajudicially executed by combined police forces. Amilcar Vicente Urbay Ovalle was shot by police inside of the hospital, while Jimmy Rousell Wensjoe Mantilla and Carlos Vidal Alcántara Chávez were assassinated in the residence hall. Their bodies were dumped in an area between the hospital and residence halls.

Source(s):1


Hospital de Huamanga

El 3 de marzo de 1982, tres procesados por terrorismo que se encontraban internados en el Hospital General Base de Ayacucho fueron asesinados extrajudicialmente por fuerzas combinadas de la Policía. Amilcar Vicente Urbay Ovalle fue baleado por la Policía en el interior del Hospital, mientras que Jimmy Rousell Wensjoe Mantilla y Carlos Vidal Alcántara Chávez fueron asesinados en las immediaciones de la residencia universitaria. Los cuerpos fueron abandonados en el tramo que comprende el hospital y la Universidad.

Fuente(s):1

ONG Responsable: ADEHR


Huamanquiquia

On August 16, 1984, approximately 30 members of the military security forces raided the town of Huamanquiquia, in the district of Huamanquiquia. The soldiers separated the population into groups according to age and sex and forced them stay low on the floor while a member of the Shining Path who had been brought by the military pointed to several people to be arrested. Some of the detainees had their tongues and ears cut off. On August 17, 1984, the 28 detainees were taken to Nazaret de Uchu where they arrested five more people. They then went to Tinca and arrested 18 more people. All the detainees were taken to the town of Ccechuagua, in the district of Sarhua and six detainees managed to escape. The people of Sarhua recounted that the detainees were tortured and then killed and their bodies burned. They were buried in Sarhua and only four bodies were recovered.

Source(s):1 (Pg. 950)


Huamanquiquia

El 16 de agosto de 1984, aproximadamente 30 miembros de las Fuerzas del Orden incursionaron en el centro poblado de Huamanquiquia, distrito de Huamanquiquia. Los militares separaron la población en grupos según edad y sexo y los obligaron a permanecer agachados en el piso, mientras una senderista que había sido traída por los militares señalaba a distintas personas que fueron detenidas. A algunos de ellos les cortaron la lengua y las orejas. El 17 de agosto de 1984, los 28 detenidos de Huamanquiquia fueron llevados a Nazaret de Uchu donde detuvieron a cinco personas más. Luego fueron a Tinca y detuvieron a 18 personas más. Todos los detenidos fueron llevados a la localidad de Ccechagua, distrito de Sarhua y allí lograron escapar seis detenidos. Los pobladores de Sarhua contaron que los detenidos fueron torturados y luego los mataron y los quemaron. Fueron enterrados en Sarhua y solamente cuatro cadáveres fueron recuperados.

Fuente(s):1 (pg. 950)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Huarapite

On April 4, 1984, members of the armed forces came to Huarapite, in the district of Chiara, searching for members of the PCP-SL that hours before had attacked one of their trucks. The soldiers went from house to house, killing indiscriminately, two people were beaten, two injured and two women were raped. In total 60 villagers were killed, and 28 of which had been identified.

Source(s):1, 2 (Pg. 56)


Huarapite

El 4 de abril de 1984, miembros de las Fuerzas Armadas llegaron a Niño Jesús de Huarapite, distrito de Chiara, buscando a los responsables del PCP-SL que horas antes habían atacado uno de sus camiones. Los militares entraron casa por casa y asesinaron indiscriminadamente a 60 pobladores. Dos personas fueron golpeadas, otras dos heridas y dos mujeres fueron violadas. De los 60 pobladores se han identificado 28 personas.

Fuente(s):1, 2 (pg. 56)

ONG Responsable: Paz y Esperanza Ayacucho


Hugo Bustíos

On the November 24, 1988, Hugo Bustíos, correspondent for the Caretas magazine in Ayacuho, was traveling with the journalist Eduardo Rojas, correspondent for the Actualidad magazine, in order to investigate the assassination of two people in Erapata at the hands of the Shining Path. Bustíos asked the commander Javier Landa Dupont to permit them to visit the homes of those assassinated. On the way there, Bustíos and Rojas were attacked by a group of military personnel. Rojas was injured in his leg, and before fleeing he saw a soldier approach Bustíos and attach an explosive device to his chest, which he then detonated. In 2007, the Sala Penal Nacional convicted Victor La Vera Hernández to 17 years in prison, and Amador Vidal Sambento to 15 years in prison. In 2008, the Sala Penal Transitoria of the Supreme Court upheld the conviction.

Source(s):1, 2, 3


Hugo Bustíos

El 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustiós, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, viajó junto con el periodista Eduardo Rojas, corresponsal de la Revista Actualidad, para investigar el asesinato de dos personas en Erapata a manos de Sendero Luminoso. Bustíos solicitó al comandante Javier Landa Dupont que la permitiera visitar la casa de las personas asesinadas. Después, en camino a Erapata, Bustíos y Rojas fueron atacados por un grupo de efectivos militares. Rojas fue herido en la pierna y antes de huir, vio a un efectivo militar acercarse a Bustíos. El efectivo militar colocó un aparato explosivo en el tórax de Bustíos y lo hizo explotar. En el 2007, la Sala Penal Nacional condenó a Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sambento a 17 y 15 años de prisión, respectivamente. En el 2008, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la condena.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: COMISEDH


Humaya Chambara

On May 3, 1991, gunmen dressed in army clothes entered the villages of Humaya and Chambara. They were looking for several people whose homes they raided and then killed them. In Humaya, Javier Ipanaque, Guillermo Salinas Conde and Fidel Romero Conde were murdered. In Chambara, Uriel Tafur Ayala, Victor Manuel Briceño and Eusebio Aniceto Garay Anaya were murdered. In order to make it appear as if the crimes had been committed by a terrorist organization, in both locations the murderers marked the area with graffiti. However, the graffiti used did not correspond to any terrorist organizations.

Source(s):1


Humaya Chambara

El 3 de mayo de 1991, varios hombres armados vestidos con prendas del Ejército, ingresaron a las localidades de Humaya y Chambara, buscaron a varias personas, allanaron sus viviendas y los asesinaron. En Humaya asesinaron a Javier Ipanaque, Guillermo Salinas Conde y Fidel Romero Conde. En Chambara, asesinaron a Uriel Tafur Ayala, Victor Manuel Briceño García y a Eusebio Aniceto Garay Anaya. Para aparentar que los crimenes habían sido cometidos por una organización terrorista, en ambas localidades los asesinos hicieron inscripciones en las paredes, que sin embargo no correspondían a las usadas por los grupos subversivos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Indalecio Pomatanta

On April 2, 1995, members of the Navy were in the community of San Alejandro to intervene because members of terrorist organizations were creating chaos due to the general election. They entered the home of the Pomatanta family looking for the eldest son, Indalecio, who according to confidential information possessed firearms. They interrogated Indalecio and after being unable to obtain any information, members of the Navy doused his body with gasoline and set him on fire. Indalecio died a few days later after giving testimony to his family and to the local media. The Sala Penal Nacional ruled in January 2009, sentencing all the accused to 20 years in prison, except for one who remains a fugitive. The sentence was annulled, and a new trial began in May 2010.

Source(s):1, 2


Indalecio Pomatanta

El 2 de abril de 1995, miembros de la Marina de Guerra estaban en la comunidad San Alejandro para intervenir a miembros de organizaciones terroristas que estaban creando caos con el acontecimiento de las elecciones generales. Entraron a la casa de la familia Pomatanta buscando al hijo mayor, Indalecio, quien de acuerdo con información confidencial, tenía en su poder armas de fuego. Interrogaron a Indalecio, y al no obtener información, los miembros de la Marina mojaron su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Indalecio falleció unos días más tarde luego de haber dado su testimonio ante familiares y representantes de la prensa local. La Sala Penal Nacional dictó su sentencia en enero del 2009, condenando a 20 años de prisión a los acusados, menos a uno que era prófugo de la justicia. La sentencia fue anulada, y el nuevo juicio oral se inició en mayo de 2010.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: IDL


Ismael Pimentel Dávalos

El 24 de junio de 1989, Ismael Pimentel Dávalos, de 17 años de edad, desapareció durante una Fiesta Patronal celebrada en el anexo de Taucarpata, comunidad de Quisapata, distrito de Abancay. Días después de su desaparición, vecinos aseguraron haberlo visto detenido en el Caurtel Miguel Grau de la ciudad de Abancay. El paradero de la víctima se desconoce.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Ismael Pimentel Dávalos

On June 24, 1989, Ismael Pimentel Dávalos, 17 years of age, disappeared during a festival held in the annex of Taucarpata, community of Quisapata, in the district of Abancay. A few days after his disappearence, neighborhood residents told of having seen him under arrest at the Miguel Grau Military Headquarters. His whereabouts remain unknown.

Source(s):1


Jeremías Osorio

In April of 1991, Jeremías Osorio Rivera was detained by members of the military in Cajatambo, under suspicion of terrorist activity. According to witnesses, Osorio was mistreated and tortured while being transported to the military base. Osorio was told that they wished to take his statement, but was seen leaving the military base. The military maintains that Osorio was released, but his whereabouts are still unknown. The operation was under the command of Juan Tello Delgado, and in 2009 the Sala Penal Nacional absolved him because there was not enough evidence beyond a reasonable doubt. The ruling was appealed.

Source(s): 1, 2


Jeremías Osorio

En abril de 1991, Jeremías Osorio Rivera fue detenido bajo sospecha de terrorismo en Cajatambo, por miembros del Ejército. Según testigos, Osorio fue maltratado y torturado mientras lo conducían a la base militar. Le dijeron a Osorio que le tomarían declaraciones, y nunca más salió de la base. El Ejército mantiene que Osorio fue liberado, pero todavía se desconoce su paradero. El operativo estuvo al mando del militar Juan Tello Delgado, en el 2009 la Sala Penal Nacional lo absolvió porque su culpabilidad no pudo ser establecida más allá de toda duda razonable. La sentencia fue apelada.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Jorge Gutiérrez Quintero

On January 25, 1990, soldiers arrested Jorge Gutiérrez Quintero at his home in the town of Huanta. He was then transported to the Castropampa Barracks and disappeared. Military authorities deny his arrest. The case was initially extended for 20 days, which expired in August 2009.

Source(s):1


Jorge Gutiérrez Quintero

El 25 de enero de 1990, varios soldados detuvieron a Jorge Gutiérrez Quintero, en su domicilio en la localidad de Huanta. Los soldados lo trasladaron al cuartel de Castropampa y lo desaparecieron. Las autoridades militares niegan su detención. El caso fue extendido por 20 días que se venció en agosto de 2009.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Jorge Parraga

On October 24, 1989, members of a Peruvian Army base in Huancavelica reached the community of Atcas and entered the home of Tito Roque Huaman Lazo. The soldiers threatened to kill them but due to pleas from the family, arrested them instead. The victims were identified as Tito Roque Huaman Lazo, Guzmán Castillo Roque, Jorge Párraga Castillo, Guzmán Estrada, Incías Estrada Pascual, Herberth Estrada Pascual, Alinio Torrealba, Herberth Santos, Andrés Estrada and Ciriaco Castilla Mendoza. Ciriaco Castillo and Guzmán Estrada reappeared alive, but the other eight victims remain disappeared.

Source(s):1 (Pg. 149)


Jorge Parraga

El 24 de octubre de 1989, miembros del Ejército Peruano de una base de Huancavelica llegaron a la comunidad de Atcas e ingresaron al domicilio de Tito Roque Huaman Lazo. Los militares amenazaron con matarlos en el mismo lugar pero ante suplicas de los familiares los detuvieron. Las víctimas fueron identificadas como Tito Roque Huaman Lazo, Guzmán Castillo Roque, Jorge Párraga Castillo, Guzmán Estrada, Incías Estrada Pascual, Herberth Estrada Pascual, Alinio Torrealba, Herberth Santos, Andrés Estrada y Ciriaco Castilla Mendoza. Ciriaco Castillo y Guzmán Estrada reaparecieron con vida, pero los otros ocho detenidos continúan en condición de desaparecidos.

Fuente(s):1 (pg. 149)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


José Navarrete Cabrera

On the morning of February 3, 1984, José Navarrete Cabrera was arrested at his home in the city of Huanta, by members of the Navy, and subjected to various forms of torture in order to force out alleged subversive information. Navarrete Cabrera was released after several days and forced to leave the city under the threat of being disappeared. In 2007, the Juzgado Supraprovincial of Ayacucho opened an investigation in order to begin the legal process to reach the trial stage.

Source(s):1, 2


José Navarrete Cabrera

En la madrugada del 3 de febrero de 1984, José Navarrete Cabrera fue detenido en su domicilio en la ciudad de Huanta, por miembros de la Marina, y sometido a diversas formas de tortura a fin de que señale nombres de presuntos elementos subversivos. Navarrete Cabrera fue liberado después de varios días y obligado a retirarse de la ciudad, bajo amenaza de ser desaparecido. En el 2007, el Juzgado Supra provincial de Ayacucho abrió instrucción para iniciar el proceso judicial para llegar a la etapa de juicio oral.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


José Olivares Pérez

On August 17, 1988, José Pérez Olivares, leader of the United Left, was arrested by police forces in the province of Andahuaylas. His whereabouts are unknown.

Source(s):1


José Olivares Pérez

El 17 de agosto de 1988, José Pérez Olivares, Dirigente de Izquierda Unida, fue detenido por efectivos de las fuerzas policiales en la provincia de Andahuaylas. Se desconoce su paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Juan Carlos Calero Martel

On April 10, 1988, in the neighborhood of San Sebastián, in the district of Huánuco, policemen arrested Juan Carlos Calero Martel and took him to the local police station. His whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 11)


Juan Carlos Calero Martel

El 10 de abril de 1988, en el barrio de San Sebastián, distrito de Huánuco, miembros de las Fuerzas Policiales detuvieron a Juan Carlos Calero Martel y lo conducieron al puesto policial de la ciudad. Se desconoce su paradero.

Fuente(s):1 (pg. 11)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Juan Hugo Calle Rodríguez and others

On October 24, 1984, members of the police force in Ayacucho detained Juan Hugo Calle Rodríguez, 18 years old. On November 23, 1984, his corpse was found in a clandestine grave at Tambillo, 23 kilometers from Ayacucho.

Source(s):1


Juan Hugo Calle Rodríguez y otros

El 24 de octubre de 1984, Juan Hugo Calle Rodríguez, de 18 años de edad, fue detenido por Fuerzas Policiales en Ayacucho. El 23 de noviembre de 1984, su cadáver fue hallado en una fosa clandestina en Tambillo, a 23 kilómetros de Ayacucho.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Julia de la Cruz

El 22 de septiembre de 1983, soldados de las bases de Asquipata y Cangallo ingresaron en el anexo de Chichucancha. El esposo de Julia De la Cruz, el professor Víctor Ayala Ogosi, junto a otros comuneros huyó y se escondió por los alrededores. Los soldados entraron a su casa por que su nombre y el de su esposa estaban en una lista, acusado por unos vecinos convencidos de que Ayala pertenecía al PCP-SL. Los soldados detuvieron a Julia de la Cruz, desde entonces está desaparecida.

Fuente(s):1 (pg. 250)

ONG Responsable: ANFASEP


Julia de la Cruz

On September 22, 1983, soldiers from the bases of Asquipata and Cangallo entered the annex of Chichucancha. The husband of Julia de la Cruz, the professor Victor Ayala Ogosi, along with other villagers fled and hid nearby. The soldiers entered his home because his name and the name of his wife were on a list, since neighbors that were convinced that Ayala belonged to the PCP-SL had accused him. The soldiers detained Julia de la Cruz, whose whereabouts are since unknown.

Source(s):1 (Pg. 250)


Lidia Quispe Silva

On December 15, 1983, the Civil Guard in Ayacucho, Huamanga, arrested Lidia Quispe Silva, 19 years old. On December 16, 1983, a report was made to the Ayacucho ad hoc provincial Attorney General. In July 1984, her corpse was found inside a sewer at kilometer 384 of the Los Libertadores road.

Source(s):1


Lidia Quispe Silva

El 15 de diciembre de 1983, Lidia Quispe Silva, de 19 años de edad, fue detenida en Ayacucho, Huamanga, por la Guardia Civil. El 16 de diciembre de 1983 se interpuso denuncia ante el Fiscal provincial ad hoc de Ayacucho. En julio de 1984 su cadáver fue hallado en el interior de una alcantarilla en el kilómetro 384 de la vía Los Libertadores.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Llusita

On April 14, 1983, members of the army from the military bases of Cangallo and Huancapi, entered the community of Llusita and detained 14 people, and took them to the Cangallo military base. On April 15, the military detained 4 more people and also took them to Cangallo. On April 25, soldiers, in retaliation for the Shining Path massacre that had occurred the previous day, executed the prisoners. The remains of the 18 victims were buried, and in April 2005 the remains of the victims were exhumed.

Source(s):1, 2


Llusita

El 14 de abril de 1983, miembros del Ejército procedentes de la bases militares de Cangallo y Huancapi ingresaron en la comunidad de Llusita y detuvieron a 14 personas y las condujeron a la base militar de Cangallo. El 15 de abril los militares detuvieron a 4 personas más y también los llevaron a la base militar de Cangallo. Como represalia a la masacre senderista en Llusita ocurrida el día anterior miembros del ejército ejecutaron extrajudicialmente a los detenidos. Los restos de las 18 personas fueron sepultados clandestinamente; en abril del 2005 se realizó la exhumación de los restos.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH


Los Cabitos 1984

On July 24, 1984, members of the army and police arrested Juan Darío Cuya Layme. On July 30, 1984, his mother visited him at the Quicapata barracks, at which time he presented visible signs of torture. He was later transferred to the Los Cabitos military barracks, and his whereabouts are unknown. Aside from the case of Juan Darío Cuya Layme, the truth and Reconciliation Commission has registered an additional 108 people whose disappearance occurred at Los Cabitos.

Source(s):1, 2


Los Cabitos 1984

El 24 de julio de 1984, Juan Darío Cuya Layme fue detenido por miembros del ejército y de la policía. El 30 de julio de 1984, su madre lo visitó en los cuarteles de Quicapata y el presentaba visibles señales de tortura. Juan Darío Cuya Layme fue trasladado al cuartel militar “Los Cabitos,” y se desconoce su paradero. Aparte de Juan Darío Cuya Layme, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha registrado 108 más casos de personas secuestradas y desaparecidas.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH, ANFASEP


Los Laureles

En la provincia huanuqueña de Leoncio Prado, la acción antisubversiva fue asumida por la autoridad militar del Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María, cuya base fue el cuartel Los Laureles. Esaú Cajas Julca fue detenido y transportado al BCS EP 313 de Tingo María y luego fue desaparecido. Samuel Reynaldo Diego y Jesús Liceti Mego fueron detenidos y también desaparecidos. Entre 1989 y 1993, el número de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en esta base ascendió en modo bastante importante. En el 2009, la Sala Penal Nacional absolvió a los acusados, pero en el caso de Samuel Reynaldo Diego y Jesús Liceti Mego, la Sala Penal Transitoria anuló la sentencia y dispuso nuevo juicio oral.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: IDL


Los Laureles

In the huanuco province of Leoncio Prado, the counter subversive Battalion 313 of Tingo María, whose base was at the Los Laureles barracks, led the counter-insurgency action. Esaú Cajas Julca was arrested and transported to the BCS EP 313 of Tingo María and then disappeared. Samuel Reynaldo Diego and Jesús Liceti Mego were also arrested and disappeared. Between 1989 and 1993, the number of victims of human rights violations committed near the base amounted in a significant manner. In 2009, the Sala Penal Nacional acquitted the accused, but in the case of Samuel Reynaldo Diego and Jesús Liceti Mego, the Sala Penal Transitoria overturned the sentence and a new trial was ordered.

Source(s):1, 2


Lucio Bautista

On April 7, 1990, members of the Peruvian Army arrested Lucio Casiano Bautista Tacusi and Modesto Bautista Tacusi, in the district of Tinta, accusing them of being terrorists. Days later the body of Lucio Bautista was found in the morgue.

Source(s):1 (Pg. 25)


Lucio Bautista

El 7 de abril de 1990, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Lucio Casiano Bautista Tacusi y Modesto Bautista Tacusi, en el distrito de Tinta, acusándolos de ser terroristas. Dias después el cuerpo de Lucio Bautista fue encontrado en la morgue.

Fuente(s):1 (pg. 25)

ONG Responsable: Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani


Lucio Lozano Huayta

Lucio Lozano Huayta was 39 years old when he was arrested on November 15, 1983 at 3 p.m. in Ayacucho, Huanta, by forces of the PIP (Peruvian Investigative Police). Huayta Lozano was taken to the local PIP base and executed. His corpse was found on December 30, 1983, in Rashuillca on the path towards Huanta. Since 2007, the case has been in the Primera Sala Penal of Ayacucho.

Source(s):1, 2, 3


Lucio Lozano Huayta

Lucio Lozano Huayta, de 39 años de edad, fue detenido el día 15 de noviembre de 1983 a las 3 p.m., en Ayacucho, Huanta, por las fuerzas de la PIP (Policía de Investigaciones del Perú). Lozano Huayta fue conducido al local de la PIP y luego ejecutado. Su cadáver fue hallado el 30 de diciembre de 1983, en Rashuillca, camino a la laguna, Huanta. Desde el 2007, el caso está en la Primera Sala Penal de Ayacucho.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Lucmahuaycco

On November 26, 1984, a patrol made up of Civil Guard troops went to Lucmahuaycco with the goal of ending the actions of the PCP-SL that were allegedly operating in that area. The rural community fell victim to the crossfire between the PCP-SL and the military. A military patrol upon reaching Lucmahuaycco killed 34 of its inhabitants. The trial began on January 30, 2004.

Source(s): 1, 2, 3


Lucmahuaycco

El 26 de noviembre de 1984, una patrulla conformada por efectivos de la Guardia Civil, irrumpió en Lucmahuaycco con el objetivo de acabar con una columna del PCP-SL (Partido Comuista del Perú Sendero Luminoso) que supuestamente operaba en el lugar. Una comunidad campesina cayó víctima del cruce de fuego entre el PCP-SL y las fuerzas militares. Una patrulla de policías militares llegó hasta Lucmahuaycco y asesinó a 34 de sus habitantes. El juicio empezó el 30 de enero de 2004.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APORVIDAH, IDL


Valentín Bautísta Chipana, Pelayo Bautista, and Luis Chumbe

On April 14, 1983, in the community of Llusita, in the district of Huancaraylla, members of the Peruvian Army arrested 26 people. Several of the detainees were totured; all of them were cut off from any form of communication and were not fed for several days. On May 19, 1983, a few of the detainees were released, but 19 people remained imprisoned and were eventually disappeared. Some time later, several bodies were found in a communal grave along the Cachimayo River, but only two of the bodies could be identified.

Source(s):1 (Pg. 920)


Valentín Bautísta Chipana, Pelayo Bautista, Luis Chumbe

El 14 de abril de 1983, en la comunidad de Llusita, distrito de Huancaraylla, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 26 personas. Varios detenidos fueron torturados, y todos estuvieron incomunicadas y no se les alimentó por varios días. El 19 de mayo de 1983, algunos detenidos fueron liberados, pero 19 personas continuaron presos y eventualmente desaparecidos. Un tiempo después fueron ubicadas fosas con cadavers al borde del río Cachimayo, pero de estos cuerpos solo se pudo identificar dos personas.

Fuente(s):1 (pg. 920)

ONG Responsable: ANFASEP


Madre Mía

In 1992, former captain Ollanta Humala Tasso was the Military Chief of the “Madre Mía,” counterinsurgency base in the province of Tocache. Ollanta Humala has been accussed of crimes and human rights violations that occurred in that year.

Source(s):1, 2


Madre Mía

En el año 1992, el ex capitán Ollanta Humala Tasso fue Jefe Militar de la Base Contrasubversiva “Madre Mía” ubicada en la provincia de Tocache.Ollanta Humala a sido acusado de delitos de violación de derechos humanos en ese año.

Fuente(s):1

ONG Responsable: CNDDHH


Magdalena Monteza

On October 30, 1992, María Magdalena Monteza Benavides was arrested by members of the Army Special Forces because of her alleged participation in the PCP-SL. Magdalena Monteza was raped and tortured before being released.

Source(s):1, 2


Magdalena Monteza

El 30 de octubre de 1992, María Magdalena Monteza Benavides fue detenida por miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército debido a su presunta participación en actividades del PCP-SL. Magdalena Monteza fue violada y torturada antes de ser liberada.

Fuente(s):1

ONG Responsable: IDL


Manta y Vilca

On March 21, 1984, in response to an increase in subversive activities, military bases were created in the districts of Vilca and Manta. During the time period in which the military bases were in operation, the local population became the victims of various human rights violations conducted by the military, including detention, robbery, and torture. The local women became victims of sexual violence, and there were numerous cases of unwanted pregnancies and children born as a result of rape. The TRC (Truth and Reconciliation Commission) recorded 24 cases of rape committed in the communities of Vilca and Manta. In March 2004, a preliminary investigation was initiated against eight agents of the Peruvian Army. On April 24, 2009, the Fourth Criminal Court opened an investigation against 10 soldiers of the Peruvian Army.

Source(s):1, 2, 3, 4


Manta y Vilca

El 21 de marzo de 1984, como respuesta al incremento de las acciones subversivas, se instalaron bases militares en los distritos de Vilca y Manta. Durante el tiempo en que funcionaron las bases militares, la población local fue víctima de violaciones a sus derechos por los militares, incluyendo detenciones arbitrarias, robos, y torturas. Las mujeres de la zona fueron víctimas de violación sexual, y hubo numerosos casos de embarazos no deseados y de niños nacidos a consecuencia de violaciones sexuales. La CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) registró 24 casos de violación sexual cometidos en la comunidad de Manta y Vilca. La investigación preliminar fue iniciada en marzo del 2004 contra 8 agentes del Ejército Peruano. El 24 de abril del 2009 el Cuarto Juzgado Penal Supra provincial abrió instrucción a 10 militares del Ejército Peruano.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: DEMUS, IDL


Marcela Valdez De La Cruz

On May 17, 1991, a member of the National Police arrested Marcela Valdez De La Cruz in the district of Ayacucho, in the Huamanga province, between Ramón Castilla Street and the plaza of Magdalena. Marcela Valdez De La Cruz was taken in a police car to the police station of the district. She was then taken to Peruvian Army barracks “Los Cabitos,” where she was tortured and interrogated. Marcela Valdez De La Cruz remains disappeared.

Source(s):1 (Pg. 181)


Marcela Valdez De La Cruz

El 17 de Mayo de 1991, un efectivo de la Policía Nacional detuvo a Marcela Valdez De La Cruz en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, entre la calle Ramón Castilla y la plaza de la Magdalena. Marcela Valdez De La Cruz fue conducida en un carro policial y llevada a la dependencia policial del distrito. Luego fue llevada al cuartél del Ejército Peruano “Los Cabitos” donde fue torturada e interrogada. Marcela Valdez De La Cruz se encuentra desaparecida.

Fuente(s):1 (pg. 181)

ONG Responsable: COMISEDH


Marcelino Valencia and Zacarías Pasca

On the afternoon of September 24, 1990, two students named Marcelino Valencia and Zacarías Pasca Huamaní were assassinated in the police station of Santo Tomás- Chumbivilcas, by the police. In 2009, the Sala Mixta Itinerante of Canchis declared those implicated in the assassination as innocent.

Source(s):1, 2


Marcelino Valencia y Zacarías Pasca

En la tarde del 24 de septiembre del año 1990, los estudiantes Marcelino Valencia y Zacarías Pasca Huamaní fueron asesinados en la comisaría de Santo Tomás- Chumbivilcas, por efectivos policiales. En el 2009, la Sala Mixta Itinerante de Canchis declaró inocente a los efectivos involucrados en el asesinato.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani


Marcelo Soto

On January 15, 1985, in the community of Tincu, in the district of Tambo, members of the armed forces arrested Marcelo Soto Guillén when they entered his home. Figueroa Humareda and gregorio Martínez were also arrested. Marcelo Soto was taken to a house where he was beaten and taken away on a truck heading towards Tambo. The detainees remain disappeared.

Source(s):1 (Pg. 716)


Marcelo Soto

El 15 de enero de 1985, en la comunidad de Tincu, distrito de Tambo, Marcelo Soto Guillén fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas cuando ingresaron en su domicilio. Figueroa Humareda y Gregorio Martínez también fueron detenidos. Marcelo Soto fue conducido a la casa communal donde lo golpearon y se lo llevaron en un camion particular con destino a Tambo. Los detenidos se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1 (pg. 716)

ONG Responsable: ANFASEP


Marcial Flores Sulca

On October 19th, 1983, Marcial Flores Sulca was arrested by the Marine Infantry in the locality of Paso Espíritu, Ayacucho, Huanta. According to signed testimony, his arrest was witnessed by his parents. On October 21st, 1983, his corpse was found in the Huanta hospital morgue.

Source(s):1


Marcial Flores Sulca

El 19 de octubre de 1983, Marcial Flores Sulca fue detenido en Ayacuho, Huanta, en la localidad de “Paso Espíritu,” por la Infantería de la Marina. Según testimonios firmados, sus padres fueron testigos de la detención. El 21 de octubre de 1983, se encontró el cadáver de Marcial Flores Sulca en la morgue del hospital de Huanta.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Mariela Barreto

On March 22, 1997, Mariela Barreto, a Military Intelligence Service agent, was kidnapped and murdered by fellow agents, on the suspicion of having provided information to the press about the Colina group. The next day her body was found on kilometer 25.5 on the road to Canta, Punchauca. On March 25, 1997, her father, Orlando Barreto, recognized her remains.

Source(s):1, 2, 3, 4


Mariela Barreto

El 22 de marzo de 1997, Mariela Barreto, agente del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), fue secuestrada y asesinada por sus propios colegas ante la sospecha de haber entregado información a la prensa sobre el grupo Colina. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el kilometro 25.5 de la carretera a Canta, en la zona Punchauca. El 25 de marzo de 1997, sus restos fueron reconocidos por su padre, Orlando Barreto.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: APRODEH


Marino Cletona

El 5 de abril de 1985, en la ciudad de Ayacucho, efectivos del Ejército Peruano detuvieron a Néstor Marino Cletona Escalante y a un amigo suyo y los llevaron al cuartel de Ayacucho. Desde esa fecha se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1 (pg. 97)

ONG Responsable: ANFASEP


Marino Cletona

On April 5, 1985, in the city of Ayacucho, Peruvian army troops arrested Nestor Marino Cletona Escalante along with a friend of his, and took them to the barracks of Ayacucho. Since that date, their whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 97)


Marino Vega Perez

On April 5, 1983, in San Miguel, in the district of Vilcanchos, patrolmen from Lucanamarca arrested thirteen people among who were Deputy Governor Marino Vega Perez and the municipal agent Teodoro Prado. The detianees were interrogated and taken towards Vilcanchos. Antonio Vega Gonzales and Teodoro Prado were murdered while Teodoro Ramos. Modesto Román, Domingo Román and Encarnación Araujo were liberated. The wherabouts of José Sullar Vega and Marino Vega Perez are unknown.

Source(s):1 (Pg. 917)


Marino Vega Perez

El 5 de abril de 1983, en San Miguel, distrito de Vilcanchos, ronderos de Lucanamarca detuvieron a trece pobladores entre quienes se encontraban el teniente gobernador Marino Vega Perez y el agente municipal Teodoro Prado. Los detenidos fueron interrogados y llevados con dirección a Vilcanchos. Antonio Vega Gonzales y Teodoro Prado fueron asesinados mientras que Teodoro Ramos, Modesto Román, Domingo Román y Encarnación Araujo fueron liberados. José Sullar Vega y Marino Vega Perez permanecen desaparecidos.

Fuente(s):1 (pg. 79)

ONG Responsable: APRODEH


Matero

On July 25, 1986, approximately thirty members of the Army, under the command of Lieutenant “Rubén”, entered the locale of Matero, where four people were detained and their whereabouts are unknown to this day. The National Criminal Court absolved five of the implicated, but the Second Criminal Chamber of the Supreme Court nullified the acquittal of three of the implicated. In 2010, the three implicated were once again acquitted due to lack of evidence. The sentence was appealed.

Source(s):1, 2


Matero

El 25 de julio de 1986, aproximadamente treinta miembros del Ejército, al mando del teniente “Rubén,” ingresaron a la localidad de Matero donde detuvieron 4 personas, sin conocerse su paradero hasta hoy día. La Sala Penal Nacional absolvió a 5 procesados, pero la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la absolución de tres de los cinco procesados. En el 2010, los tres procesados fueron absueltos por segunda vez por falta de pruebas. La sentencia fue apelada.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: ADEHR, APRODEH


Maximo Quispe

On June 4, 1985, members of the Peruvian Army arrested Máximo Quispe Yaranga, a person with the surname Borda, and another unidentified person, while they were on their way to San Antonio de Anteccara. The detainees were taken to the military base of Chinquitrica. The person with surname of Borda was released, but Máximo Quispe remains missing to this date.

Source(s):1 (Pg. 725)


Maximo Quispe

El 4 de junio de 1985, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Máximo Quispe Yaranga, una persona apellidada Borda, y otra no identificada cuando se dirigían a San Antonio de Anteccara. Los capturados fueron llevados a la base militar de Chinquitirca. La persona apellidada Borda fue liberada, pero Máximo Quispe hasta la fecha se encuentra desaparecido.

Fuente(s):1 (pg. 725)

ONG Responsable: ANFASEP


Melitón Auqui Tenorio

The Auqui Tenorio family was accused of participating in a crime that occurred on June 15, 1983. On May 20, 1985, Melitón Auqui Tenorio was accused of being a terrorist, and arrested by the Satica Community’s Self-defense Committee. He was taken to the Army barracks at Casi Cancha. His whereabouts are unknown.

Source(s):1, 2, 3, 4


Melitón Auqui Tenorio

La familia Auqui Tenorio fue acusada de participar en un hecho de muerte ocurrido el 15 de junio de 1983. El 20 de mayo de 1985, Melitón Auqui Tenorio fue acusado de ser terrorista y fue detenido en la comunidad de Satica por miembros del Comité de Autodefensa. Melitón Auqui Tenorio fue conducido al Cuartel de Casi Cancha. Se encuentra en condición de desaparecido.

Fuente(s):1, 2, 3, 4

ONG Responsable: APRODEH


Meneses

On May 20, 1991, in the district of Huancayo, members of the National Police arrested Manuel Meneses Sotacuro. The police acused him of carrying weapons, beat him, searched his room, and took him away in a patrol car to an unknown destination. His whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 50)


Meneses

El 20 de mayo de 1991, en el distrito de Huancayo, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Manuel Meneses Sotacuro. Los policías lo acusaron de portar armas, lo golpearon, revisaron su habitación, y se lo llevaron en un patrullero con rumbo desconocido. Se desconoce su paradero.

Fuente(s):1 (pg. 50)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Moisés Carbajal Quispe

On October 21, 1989, a transport vehicle was stopped by a patrol of the Peruvian Army. Moisés Carbajal Quispe was arrested because his name was found on a list that the military possessed. He was taken to the military base of Abancay where he was tortured. He was murdered and his body was found on October 29, 1989, in the morgue of Abancay.

Source(s):1 (Pg. 134)


Moisés Carbajal Quispe

El 21 de octubre de 1989, un vehículo de transporte fue detenido por una patrulla del Ejército Peruano. Los militares tenían listas de nombres entre las que se encontraba Moisés Carbajal Quispe, a quien detuvieron. Lo conducieron a la base militar de Abancay donde lo torturaron. Moisés Carbajal fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en la morgue central de Abancay el 29 de octubre de 1989.

Fuente(s):1 (pg. 134)

ONG Responsable: APRODEH


Molinos

On April 28, 1989, due to a confrontation in the province Juaja, in the deparment of Junín, between the members of the army and members of the MRTA, the army forces carried out an operation in the districts of Huertas and Los Molinos. The military arrested several villagers and took them to Fuerte Cáceres and the 9 de Diciembre barracks, where some were executed and others were disappeared.

Source(s):1


Molinos

El 28 de abril de 1989, un enfrentamiento en la provincia de Juaja, departmento Junín, entre miembros del Ejército y una columna del MRTA, las fuerzas del orden efectuaron una operación de rastrillaje en los distritos de Huertas y los Molinos. Los militares detenieron a various pobladores de la zona y los llevaron al Fuerte Cáceres y al Cuartel 9 de Diciembre donde los ejecutaron a algunos y otros se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: CEAS


Moyocc

Between July 14 and 16, 1984, members of the Peruvian Army arrested and tortured 10 farmers from the town of Concepción in Ayacucho. The victims were taken to Moyocc and forced to dig their own graves afterwards they were executed.

Source(s):1, 2


Moyocc

Entre el 14 y 16 de julio de 1984 miembros del Ejército Peruano detuvieron y torturaron a 10 campesinos de la localidad de Concepción en Ayacucho. Los llevaron al huayco denominado Moyocc donde les hicieron cavar su propia fosa, allí los ejecutaron.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH


Nemesio Ccenta Aquino and others

On July 20, 1984, a group wearing civilian clothes and riding in a military vehicle arrested Nemesio Ccenta Aquino in Tambillo, Guayacondo. On July 25, 1984, his corpse was found four kilometers from Guayacondo.

Source(s):1


Nemesio Ccenta Aquino y otros

El 20 de julio de 1984, Nemesio Ccenta Aquino fue detenido en Tambillo, Guayacondo, por un grupo sin uniforme en vehículo militar.El 25 de julio de 1984, se encontró su cadáver a cuatro kilometros de Guayacondo.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Octavio Jerí Quispe

On November 1, 1984, in the district of Tambo, members of the Navy arrested Octavio Jerí Quispe while he was playing in the street. Octavio Quispe and his brother had been accused of involvement in the murder of a professor that had been committed by the Shining Path. A year later, Octavio was spotted with members of the navy, carrying their equipment. Since then, it is unknown what became of Octavio Jerí Quispe.

Source(s):1 (Pg. 694)


Octavio Jerí Quispe

El 1 de noviembre de 1984, en el distrito de Tambo, el niño Octavio Jerí Quispe fue detenido por efectivos de la Marina de Guerra, mientras jugaba en la calle. Octavio Quispe y su hermano habían sido acusados de participación en el asesinato de un profesor que había sido cometido por el Sendero Luminoso. Después de un año, Octavio fue visto con una columna de marinos sirviéndoles de cargador. Desde esa fecha no se tienen noticias de Octavio.

Fuente(s):1 (pg. 694)

ONG Responsable: ANFASEP


Operativo Aries

On April 23, 1994, General Rodríguez Riveros admitted before the Commission on Human Rights and Peace of the Democratic Constituent Congress (CCD), that since April 5 a counterinsurgency operation named “Aries” was being conducted in Moyuna, Moena, Salvador, Bijao, and Blanquillo and other villages. The human rights violations that occurred included torture, extrajudicial executions committed by soldiers against several villagers, and indiscriminate bombing of several villages.

Source(s):1 (Pg. 701)


Operativo Aries

El 23 de abril de 1994, el General Rodríguez Riveros admitió ante la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso Constituyente Democrático (CCD,) que desde el 5 de abril se estaba realizando la operación antisubversiva denominada “Aries” en Moyuna, Moena, Salvador, Bijao, y Blanquillo entre otros caseríos. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos del Ejército contra varios pobladores, y “bombardeos” indiscriminados sobre varias localidades.

Fuente(s):1 (pg. 701)

ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza


Operativo Cuchara

In March 1992, troops of the counterinsurgency military base number 313, reinforced by Battalion Number 19 of the Division of Special Forces (DIFE), conducted “Operation Cuchara,” in the areas known as “Bolsón Cuchara” and “Bolsón Primavera.” In total there were about 900 men who participated in the operation. The objectives of the operation were to create a psychological war against the villagers in order to prevent them from supporting the Shining Path. Two former recruits who were part of a military patrol that participated in the operation confirmed these facts, helicopters first bombed the area, houses were burned, and no survivors were left.

Source(s):1 (Pg. 695)


Operativo Cuchara

En marzo de 1992, efectivos del Ejército de la Base Contrasubversiva Numero 313, reforzados con un contingente del Batallón de Comandos Numero 19, que era parte de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), llevaron a cabo el “Operativo Cuchara,” en las zonas conocidas como “Bolsón Cuchara” y “Bolsón Primavera”. En total eran como 900 hombres que participaron en el operativo. Los objetivos de la operación eran hacer una guerra psicológica para que los pobladores no apoyen al Sendero Luminoso y para que dejen de ser terroristas. Estos hechos fueron confirmados por dos ex reclutas que formaron parte de una patrulla militar que ingresó en la zona, que primero bombardearon la zona con helicópteros, quemaron las casas, y no dejaron ningún sobreviviente.

Fuente(s):1 (pg. 695)

ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza


Operativo Paraíso

On March 29 and 31, 1994, at least six residents of Cayumba Chico, in the district of Dámaso Beraún, province of Leoncio Prado, were assassinated by a military patrol. The bodies were later found by a group of representatives from human rights organizations.

Source(s):1 (Pg. 698)


Operativo Paraíso

El 29 y el 31 de marzo de 1994 por lo menos 6 pobladores del Caserío de Cayumba Chico, distrito Dámaso Beraún, provincia Leoncio Prado, fueron asesinados por una patrulla militar. Los cuerpos fueron posteriormente encontrados por una comisión de representantes de organismos de derechos humanos.

Fuente(s):1 (pg. 698)

ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza


Patrocinio Quichca Espinoza and others

On April 10, 1983, a group of police officers detained a group of farms from the locality of Paras in Ayacucho, while they were celebrating a traditional festival. The detained were taken out of the town and assassinated on the bank of a river. Between August 15 and 18, 2011, the bodies of the victims, identified as Patrocinio Quichca Espinoza, Virgilio Huarancca and Estilo Ayala Huarancaa, were exhumed. The case is in the preliminary stages of investigation.

Source(s):1, 2, 3


Patrocinio Quichca Espinoza y otros

El 10 de abril de 1983, un grupo de policías detuvo a un grupo de campesinos de la localidad de Paras en Ayacucho, mientras se celebraba una feria tradicional. Los detenidos fueron llevados fuera del pueblo y a la orilla de un río fueron asesinados. Desde el 15 al 18 de agosto de 2011, los cuerpos de las víctimas identificadas como Patrocinio Quichca Espinoza, Virgilio Huarancca y Estilo Ayala Huarancca fueron exhumados. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Patrón Huancasancos

Between February and Marcy 1983, 31 people were disappeared and executed by members of the armed forces and the police in Huanca Sancos, in the district of Ayacucho. Between October 2007 and August 2008, the remains of 28 of the 31 victims were exhumed.

Source(s):1, 2


Patrón Huancasancos

Entre febrero y marzo de 1983, 31 personas fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las fuerzas armadas y policiales, en Huanca Sancos, en el distrito de Ayacucho. Entre octubre de 2007 y agosto de 2008, los restos de 28 de las 31 víctimas fueron exhumados.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH


Patron Huanta

Between January 1, 1983, and August 23, 1984, there were 302 arrests and disappearances in the province of Huanta. Huanta became a center of abuse and terror due to the activities of the Shining Path and also due to the activities of the Marine Corps, who on January 21, 1983, established a headquarters in the province.

The Truth and Reconciliation Commission (TRC), has presented three cases in which they have sufficient evidence to place responsibility on the Marine Corps for crimes committed.

On August 1, 1984, a patrol of Marines, whose headquarters was located in Huanta, arbitrarily executed six people in the communities of Callqui and Nisperosniyocc, while the victims were inside the Evangelical Presbyterian Church in Callqui. In this case, the prosecution is pending trial.

On August 22, 1984, four mass graves were discovered in Pucayacu, in the department of Huancavelica, with 50 corpses. Many of the bodies were found with their hands tied and most had gunshot wounds, some of the bodies showed signs of torture. Members of the Navy carried out the arrests, torture, forced disappearance and execution of the fifty people found in the graves. They also carried out the arrest and disappearance of 57 other people.

On August 2, 1984, around 10 a.m., Jaime Boris Ayala Sulca, a newspaper correspondent for La República in Ayacucho, went to the headquarters of the Marine Corps located in Huanta. Several witnesses saw him enter the barracks, but no one saw him leave. The next day, Jaime Ayala Sulca’s wife filed a complaint before the Provincial Prosecutor of Huanta for the disappearance of her husband.

The cases of Pucayacu and Jaime Ayala are pending trial.

Source(s):1, 2


Patron Huanta

Entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984, se registraron 302 detenciones y desapariciones en la provincia de Huanta. Huanta se convirtió en un centro de abuso y terror por las actividades del PCP-Sendero Luminoso, y también por las actividades de la Infantería Marina que el 21 de enero de 1983, estableció su cuartel general en la provincia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), presenta tres casos donde tienen evidencia suficiente para afirmar responsabilidad por parte de agentes de la Infantería Marina. El 1 de agosto de 1984, una patrulla de la Marina de Guerra cuyo Cuartel General se ubicaba, ejecutó arbitrariamente a seis pobladores de las comunidades de Callqui y Nisperosniyocc, cuando las víctimas estaban en la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui. En el caso de Callqui, se formuló la acusación fiscal y se encuentra pendiente de juicio oral. El 22 de agosto de 1984 se descubrieron cuatro fosas en la zona de Pucayacu, departamento de Huancavelica, con 50 cadáveres. Muchos de los cuerpos se encontraban con las manos atadas y la mayoría mostraban heridas de bala y en algunos huellas de tortura. Miembros de la Marina de Guerra del Perú realizaron la detención, tortura, desaparición forzada y ejecución de las cincuenta personas. También realizaron la detención – desaparición de otros 57 pobladores. El 2 de agosto de 1984, alrededor de las 10 de la mañana, Jaime Boris Ayala Sulca, corresponsal del diario La República en Ayacucho, fue al cuartel de la Infantería de la Marina de Guerra de la provincia de Huanta. Varios testigos lo vieron entrar al cuartel, pero no lo vieron retirarse. Al día siguiente, la esposa de Jaime Ayala Sulca, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huanta por la desaparición de su esposo. El caso de Pucayacu y el caso de Jaime Ayala se encuentran pendiente de juicio oral.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: ADEHR, APRODEH


Pedro Haro

On April 29, 1989, eight members of the National Police stopped Cesar Augusto Mautino Camones and Pedro Eduardo Haro Cruz while they were traveling by bike on the Huaraz-Pativilca road. The police covered the heads of both of the men, and placed them inside an orange truck that belonged to the CORDE-Ancash organization. The truck had been borrowed by the Fifth Command of the PNP of Huaraz between April 28 and May 2 1989. The whereabouts of the victims are unknown. The Sala Penal Nacional gave its sentence on September 11 2008, admitting the occurrence of the crime, but absolving the five people implicated. In 2009, the Supreme Court confirmed the sentence, and those implicated remained absolved.

Source(s):1


Pedro Haro

El 29 de abril de 1989, ocho miembros de la Policía Nacional detuvieron a Cesar Augusto Mautino Camones y Pedro Eduardo Haro Cruz, en la carretera Huaraz-Pativilca. Les taparon la cabeza a los dos, y los llevaron en una camioneta color naranja, que pertenecía a la organización CORDE-Ancash. La camioneta había sida prestada a la Quinta Comandancia de la PNP de Huaraz del 28 de abril al 2 de mayo de 1989. No se conoce el paradero de las víctimas. La Sala Penal Nacional dio su sentencia el 11 de septiembre de 2008, indicando la existencia del delito, pero absolvió a los cinco procesados. En el año 2009, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, y los cinco procesados quedaron absueltos.

Fuente(s):1

ONG Responsable: IDL


Pedro Huilca Tecse

On December 18, 1992, several individuals with firearms killed Pedro Huilca Tecse, the then secretary general of the General Confederation of Workers of Peru. The Commission of Truth and Reconciliation failed to ascertain the perpetrator of the crime, and it has been attributed to the Shining Path as well as the Colina Paramilitary Group. The judicial proceedings in this case have come to the hypothesis that the Colina Paramilitary Group committed the murder.

Source(s):1, 2, 3


Pedro Huilca Tecse

El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse, el entonces secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú, fue asesinado por varios individuos con armas de fuego. La Comisión de la Verdad y Reconciliación no logró formarse convicción sobre la autoría del crimen, atribuido tanto a Sendero Luminoso como al destacamento Colina. Los procesos judiciales seguidos por este caso asumen como teoría que el asesinato de Huilca Tecse fue cometido por miembros del destacamento Colina. El proceso del caso se encuentra en etapa de instrucción.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: COMISEDH


Pedro Peralta

Between August and September 1984, members of the Arme Forces from the district of Acocro, arrived at the home of José Casas Taco, in the district of Acos Vinchos, looking for his son Vicente Casas Palomino. When they were unable to find him, they arrested Jose Casas Taco, but on the way Vicente Casas was found and his father was liberated. Vicente Casas was taken to the barracks at Acocro, along with Pedro Peralta Chilingano and Valerio Quispe Durand, who were arrested the same day. Since that day the whereabouts of the victims are unknown.

Source(s):1 (Pg. 79)


Pedro Peralta

Entre agosto y septiembre de 1984, miembros de las Fuerzas Armadas del distrito de Acocro llegaron a la casa de José Casas Taco en el distrito de Acos Vinchos, y preguntaron por su hijo Vicente Casas Palomino. Cuando no lo encontraron, los militares se llevaron detenido a José Casas Taco, pero en el camino hallaron a Vicente Casas y liberaron al padre. Luego, Vicente Casas fue llevado al cuartel de Acocro, desde entonces se encuentra desaparecido, al igual que los comuneros Pedro Peralta Chilingano y Valerio Quispe Durand, quienes también fueron apresados ese día.

Fuente(s):1 (pg. 79)

ONG Responsable: ANFASEP


Pelayo Arotoma Cccñahuaray

On January 16, 1987, Pelayo Arotoma Cccñahuaray was detained by troops of the District of Huancaraylla, Province of Victor Fajardo. His whereabouts are unknown.

Source(s):1


Pelayo Arotoma Cccñahuaray

El 16 de enero de 1987, Pelayo Arotoma Cccñahuaray fue detenido por tropas del Distrito de Huancaraylla, Provincia de Víctor Fajardo. Se desconoce su paradero.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Pichari

On November 5, 1983, members of the Shining Path ambushed a military patrol, during the ambush Captain Juan Davelois Salzar was killed, and Corporal Manual Torres Delgadillo was wounded. In response to these events, members of the Peruvian Army detained about 300 civilians, between them men, women, children, and the elderly, from Pichari and Sivia. Approximately 70 men were selected and taken to the Pichari military base. Near this location, the 70 men were executed and buried in several mass graves. Of the victims, 48 have been identified.

Source(s):1, 2


Pichari

El 5 de noviembre de 1983, una patrulla militar fue emboscada por una columna de Sendero Luminoso donde falleció el Capitán EP Juan Davelois Salazar y quedo herido el cabo Manuel Torres Delgadillo. Como respuesta al asesinato y emboscada, un contingente del ejército peruano detuvo cerca de 300 pobladores de Pichari y Sivia, entre varones, mujeres, niños y ancianos. Luego, seleccionaron a aproximadamente 70 varones y los condujeron a la base militar de Pichari. Cerca de ahí, fueron ejecutados y enterrados en varias fosas. De las víctimas, 48 han sido identificadas.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH, Paz y Esperanza


Pomatambo and Parcco Alto

Between October 22 and 23, 1986, members of the Peruvian Army committed the crimes of kidnapping, murder, serious injury, and concealment. These crimes were committed against twelve citizens of the communities of Pomatambo and Parcco Alto, Ayacucho. The Sala Penal Nacional acquitted those involved that were present at the trial due to lack of evidence, and reserved sentencing for those accused that were absent. In 2010, the Sala Penal Nacional established that the victims had indeed been executed by members of the Peruvian Army, but determined that those accused were not responsible for the crimes. Arrangements were made for other members of squads to be investigated. The public prosecutor’s office appealed the sentence.

Source(s): 1, 2


Pomatambo y Parcco Alto

Entre el 22 y 23 de octubre de 1986, miembros del Ejército cometieron los delitos de Secuestro, Lesiones Graves, Homicidio Calificado y Encubrimiento Real, contra doce ciudadanos de las comunidades de Pomatambo y Parcco Alto, Ayacucho. En el 2010, la Sala Penal Nacional dictó sentencia y absolvieron a los implicados que estaban presentes por falta de pruebas y reservó el proceso para los acusados ausentes. La Sala estableció que las víctimas fueron ejecutadas por miembros del Ejército Peruano, pero no determinaron que los responsables eran los acusados. También se dispuso que otros miembros de las patrullas fueran investigados. El Ministerio Público apeló la sentencia.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: CEAS, COMISEDH


Pucará

On November 4, 1989, a group formed by two army patrols entered the district of Pucará, posing as members of the guerrilla group MRTA, and executed 8 people. On June 8, 2010, the Sala Penal Nacional convicted two, and acquitted seventeen of the implicated. Those convicted appealed the sentence.

Source(s):1, 2


Pucará

El 4 de noviembre de 1989, un grupo conformado por dos patrullas del Ejército, incursionó en el distrito de Pucará, haciéndose pasar por miembros del grupo subversivo MRTA, y ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas. El 8 de junio del 2010, la Sala Penal Nacional condenó a 2 y absolvió a 17. Los condenados apelaron la sentencia.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: IDL


Pucayacu

On August 7, 1985, seven people were killed by soldiers from the army base of Castro Pampa, in Pucayacu, in the department of Ayacucho. The victims were arrested between July 31 and August 4, and taken to the Military Base Castro Pampa, where they were beaten and tortured, without an apparent cause. On August 7, the victims were taken to Pucayacu, under the command of Lieutenant Enrique De la Cruz Salcedo, and once at the location seven soliders dug a pit. Then Sergeant Jose Guiterrez Herrada, executed the victims, and they were buried in the mass grave.

Source(s):1, 2, 3


Pucayacu

El 7 de agosto de 1985, 7 personas fueron asesinadas por efectivos del Ejército de la Base de Castropampa, en la localidad de Pucayacu, en el departamento de Ayacucho. Las víctimas fueron detenidas entre el 31 de julio y 4 de agosto, en la Base Militar de Castro Pampa, donde fueron golpeados y torturados, sin causa aparente. El 7 de agosto, las víctimas fueron llevadas as Pucayacu, al mando del Teniente EP Enrique De la Cruz Salcedo, donde 7 soldados cavaron una fosa. El Suboficial de Tercera EP Jose Gutiérrez Herrada, ejecutó a las víctimas, y los enterraron en la fosa.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: ADEHR


Putis

In December 1984, no less than 123 people including men, women and children, from Putis, Ayacucho, sought refuge at a nearby military base for protection against the Shining Path insurgency. The military promised them protection, and deceived them into digging a pit. The victims were later shot by the soldiers and thrown into the pits. In May 2003, the Primera Fiscalía Penal Supraprovincial of Ayacucho began a preliminary investigation. On December 14, 2006 the case was referred to the Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial of Ayacucho. The preliminary investigation has concluded, but is awaiting sentencing.

Source(s):1, 2, 3


Putis

En diciembre de 1984, no menos de ciento veintitrés personas, hombres, mujeres, y niños, de Putis, Ayacucho, buscarón protección en una base militar contra el Sendero Luminoso. Los militares prometieron darles protección, y con engaños fueron obligados a cavar una fosa. Las víctimas fueron acribilladas por los militares y echados en las fosas. En mayo del 2003, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho desarrolló la etapa de investigación preliminar. El 14 de diciembre del 2006 el caso fue derivado a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. La investigación preliminar ha concluido, pero se espera la emisión del pronunciamiento fiscal.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Putka

On December 25, 1984, members of the Civil Defense Committee of Ccanis, Ccacas and Pampacancha, along with members of the Navy, entered Pago de Putka in search of the Shining Path. The armed forces kidnapped more than 30 people, among children, youth and eldery who they then slaughtered at knifepoint in a cave near the community. A few people managed to escape and they began the search for their relatives. In August 2010, the bodies of the victims were exhumed.

Source(s):1, 2


Putka

El 25 de diciembre de 1984, miembros del Comité de Defensa Civil de Ccanis, Ccacas, y Pampacancha, junto a elementos de la Marina, ingresaron a Pago de Putka, en búsqueda de senderistas. Los grupos armados se llevaron a más de 30 personas entre niños, jóvenes, y ancianos que luego los masacraron a punta de cuchillo en una cueva cercana a la comunidad. Pocos lograron escapar y ellos iniciaron la búsqueda de sus familiares. En agosto del 2010 se realizó la exhumación de los cuerpos de las víctimas.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Rafael Salgado

On April 17, 1993, members of the PNP that were operating under operation “Oriente,” given in order to capture the kidnappers of businessman Antonio Furukawa Obara, detained Rafael Salgado Castillo and Gladis Carol Espinoza Gonzales. Salgado attempted to escape but was stopped by Lieutenant Pareja Alva with the help of Official Carlos Romero Muñoz. The detained were then taken to the building “15 de septiembre”. There is sufficient evidence to determine that Salgado was tortured and due to this torture died in the offices of the DIVISE. In 2005, the defendants were acquitted, but the sentence was overturned in order to incorporate testimonies which had not been previously included during the trial.

Source(s):1, 2


Rafael Salgado

El 17 de abril de 1993, Rafael Salgado Castilla y Gladis Carol Espinoza Gonzales fueron intervenidos por miembros de la división de investigación de secuestros de la PNP. Esto fue debido al operativo “Oriente” dado para capturar a los secuestradores del empresario Antonio Furukawa Obara. Salgado trató de escapar pero fue alcanzado por el teniente Pareja Alva y reducido con la ayuda del sub oficial Carlos Romero Muñoz. Luego, los detenidos fueron llevados al edificio “15 de septiembre”. Existen suficientes pruebas para determinar que Salgado fue torturado y que falleció debido a las torturas en la oficina de la DIVISE. En el 2005, los acusados fueron absueltos, pero la sentencia fue anulada para incorporar algunos testimonios no recabados durante el proceso.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Raymundo Berrocal

In December 1984, in Ccarhuapampa, in the district of Tambo, it was decided to elect a new president of the civil defense patrols due to the violence that had been occurring in the community. Raymundo Berrocal Argumedo aspired to hold this position but at the request of his mother, he decided to resign his candidacy and therefore did not attend the meeting to elect the new president. This brought him under suspicion and members of the civil defense patrol seized him, tied him up, and dragged him for an hour and a half to Ccarhuapampa. He was then beaten and locked in a room. They also locked up his father, Victor Berrocal Palomino, his mother Clementina Argumeo Cerrón, and his siblings Fredy and Lucila. On December 15, 1984, Raymundo Berrocal and his mother Clementia were removed from the locked room, and since then their whereabouts are unknown, though witnesses claim they saw that they were killed and buried. The rest of the family was released and forced to flee under threat of death.

Source(s):1 (Pg. 700)


Raymundo Berrocal

En diciembre de 1984, en Ccarhuapampa, distrito de Tambo, debido a la situación de violencia en la comunidad, se decidió elegir un nuevo presidente de las Rondas de Defensa Civil. Raymundo Berrocal Argumedo aspiraba ocupar dicho cargo pero por petición de su madre, decidió renunciar su candidatura y por eso no asistió a la asamblea para elegir al presidente de la ronda. Esto hizo que sospecharan de él, y los miembros de la ronda lo apresaron, lo amarraron y lo arrastraron por una hora y media hasta Ccarhuapampa. Luego lo golpearon y lo encerraron en una habitación. También encerraron a su padre, Victor Berrocal Palomino, a su madre Clementina Argumedo Cerrón y sus hermanos Fredy y Lucila. El 15 de diciembre de 1984, sacaron de la habitación a Raymundo Berrocal y a su madre Clementina. Desde entonces se encuentran desaparecidos, aunque testigos aseguaran haber visto cómo fueron asesinados y enterrados. El resto de la familia fue liberada y obligada a huir bajo amenaza de muerte.

Fuente(s):1 (pg. 700)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Remigio Viacava

On March 28, 1990, members of the armed forced entered the home of Remigio Viacava Ccenhua, in the district of San Juan Bautista. They soldiers asked for his son Victor, who had escaped when he saw that the military had arrived. The soldiers locked away his wife, Eulogia Aguirre, and took Remigio to an unknown destination. Victor Viacava fled to Lima after these events transpired.

Source(s):1 (Pg. 159)


Remigio Viacava

El 28 de marzo de 1990, efectivos de las Fuerzas Armadas ingresaron al domicilio de Remigio Viacava Ccenhua, en el distrito de San Juan Bautista. Los efectivos preguntaron por Victor, el hijo de Remigio, quien escapó al ver que los militares llegaban. Los soldados encerraron a su esposa Eulogia Aguirre y se llevaron a Remigio Viacava con rumbo desconocido. Victor Viacava huyó a Lima después de los hechos.

Fuente(s):1 (pg. 159)

ONG Responsable: ANFASEP


Reyna Cervantes Romani

On November 7, 1983, at 10 p.m., Reyna Esperanza Cervantes Romani was detained by the Marine Infantry in Ayacucho, Huanta. Her detainment was witnessed by neighbors. On November 25, 1983, her body was found in the Imapo area, and displayed signs of torture and mutilation.

Source(s):1


Reyna Cervantes Romani

El 7 de noviembre de 1983, a las 10 p.m., Reyna Esperanza Cervantes Romani fue detenida en Ayacucho, Huanta, por la Infantería Marina. Sus vecinos fueron testigos de su detención. El 25 de noviembre de 1983, el cadáver de Reyna Esperanza Cervantes Romani fue hallado en el paraje de Impao, con señales de tortura y mutilaciones.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Ricardo Baldeón Ninahuanca

Between July 7 and 29, 1984, Ricardo Baldeón Ninahuanca was detained and tortured by members of the Navy of Huanta. Baldeón filed a complaint at the headquarters of the Armed Forces of Ayacucho, and on August 2, 1984, soldiers entered his house and took him to the military base of Huanta. Baldeón’s whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 405-406)


Ricardo Baldeón Ninahuanca

Entre el 7 y el 29 de julio de 1984, Ricardo Baldeón Ninahuanca fue detenido y torturado por miembros de la Marina de Guerra de Huanta. Baldeón denunció el hecho en el cuartel de las Fuerzas Armadas de Ayacucho, y el 2 de agosto de 1984, militares ingresaron a su casa y se lo llevaron a la base militar de Huanta. Baldeón se encuentra en condición de desaparecido.

Fuente(s):1 (pg. 405-406)

ONG Responsable: APRODEH


Roca Huaytalla

On October 12, 1983, Silvio, Esther, Julia and Raquel Roca Huaytalla were heading for the community of Seqchapampa when they were intercepted by a helicopter in a place called “Valenzuela Pampa,” and killed by firearms along with a girl that happened to be nearby. The bodies were left until the next day when the same soldiers returned to the site, collected the bodies, and buried them. The soldiers who were in the helicopter had been operating in support of a military patrol that had been in a confrontation with a group of subversives.

Source(s):1


Roca Huaytalla

El 12 de octubre de 1983 los hermanos Silvio, Esther, Julia y Raquel Roca Huaytalla, se dirigían a la comunidad de Seqchapampa cuando fueron interceptados por un helicóptero en el lugar denominado “Valenzuela Pampa”, siendo asesinados por arma de fuego junto a una niña quien casualmente se encontraba cerca. Los cuerpos fueron dejados hasta el día siguiente hasta que los mismos militares volvieron al lugar y juntaron los cuerpos y los enterraron. Los militares que estaban en el helicóptero estaban en un operativo de apoyo a una patrulla que estuvo en un enfrentamiento con una columna subversiva.

Fuente(s):1

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Rodríguez Illatopa

On February 28, 1992, in Divisoría, in the district of Padre Abad, the Peruvian Army arrested Jesús Rodríguez Illatopa, Alejandro Ubaldo Arrieta, Julio Domínguez and Eliseo Natividad, along with four other people. All were killed except for Eliseo Natividad who was able to escape. A Peruvian Army captain paid a small sum of money to a relative of one of the victims to dig a grave and bury the bodies.

Source(s):1 (Pg. 65)


Rodríguez Illatopa

El 28 de febrero de 1992, en Divisoría, distrito de Padre Abad, el Ejército Peruano detuvieron a Jesús Rodríguez Illatopa, Alejandro Ubaldo Arrieta, Julio Domínguez y Eliseo Natividad junto a otras 4 personas. Todos fueron asesinados con excepción de Eliseo Natividad. Un capitán del Ejército Peruano pagó con una pequeña suma de dinero a un familiar de las víctimas para que cave una fosa y entierre los cuerpos. Eliseo Natividad había logrado escapar.

Fuente(s):1 (pg. 65)

ONG Responsable: Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, CNDH


San Pedro

On June 1, 1991, about 100 Peruvian army troops raided the village of Pendencia Baja, in the district of Daniel Alomía Robles, due to Shining Path activity. The troops dispersed throughout the town and first entered the home of Chamber Carhua Loarte. Carhua Loarte was tortured and his partner, Ana Liz Bonifacio Daza was shot. Then the soldiers preceded to excute their three young children. Afterwards the soldiers burned the house, and Ana Liz Bonifacio, the only survivor, fled carrying the body of her son in her arms. Candelaria Loarte León, along with her niece Maribel and her nephew Jeremías Coca Carhua, were executed and their house was then burned. Juana Melchor Salvador and her four children died in a fire. Next, the soldiers assassinated María Paredes Bravo along with her husband and three children.

Source(s):1 (Pg. 260)


San Pedro

El 1 de junio de 1991, alrededor de 100 efectivos del Ejército Peruano incursionaron en el caserío de Pendencia Baja, en el distrito de Daniel Alomía Robles, debido al juicio popular que le hicieran miembros de Sendero Luminoso a un jóven no identificado. Los efectivos se dispersaron por toda la localidad, y primero ingresaron en la vivenda de Chamber Carhua Loarte. Torturaron a Carhua Loarte y le dispararon a su conviviente, Ana Liz Bonifacio Daza. Luego, los militares ejecutaron a sus tres hijos que eran menores de edad. Los militares procedieron a incendiar la casa, y Ana Liz Bonifacio, única sobreviviente, logró huir llevando el cuerpo de su hijo en sus brazos. Candelaria Loarte León, junto con sus sobrinos Maribel y Jeremías Coca Carhua, fueron ejecutados, y los militares procedieron a incendiar su casa. Juana Melchor Salvador y sus cuatro hijos muieron quemados. Nilda Noya Bravo y Jorge Arretea Laberiano junto con sus tres hijos fueron asesinados. Seguidamente, los militares asesinaron a María Paredes Bravo junto con su esposo y sus tres hijos.

Fuente(s):1 (pg. 260)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Santa Barbara

On July 4, 1991, a military squad assassinated fifteen people, among them adults and children, who had been accused of being terrorists. The assassination occurred in a mine known as “Misteriosa”. The Sala Penal Nacional sentenced Oscar Alberto Carrera Gonzales to twelve years in prison. The Supreme Court annulled the sentence, and ordered a new trial that began on July 6, 2010.

Source(s):1, 2


Santa Barbara

El 4 de julio de 1991, en una mina conocida como “Misteriosa” una patrulla del Ejército asesinó a 15 personas, entre adultos y niños, acusados de ser terroristas. Oscar Alberto Carrera Gonzales fue sentenciado a 12 años de prisión, por la Sala Penal Nacional. La Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia, ordenando un nuevo juicio oral que se inició el 6 de julio de 2010.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Santiago Antezana Cueto

In April 1984, in Manyacc in the district of Anta, Santiago Antezana Cueto and his uncle Máximo Antezana Espesa were detained by patrolmen and accussed of being subversives, and then taken to the Acobamba military base where they were tortured. Máximo Antezana was released on May 15, 1984, and that date was also the last time that Santiago Cueto Antezana was heard from. Emilio Antezana Espesa, Demetrio Chávez, and Juan Ignacio Velásquez Araujo were also detained and disappeared.

Source(s):1, 2


Santiago Antezana Cueto

En abril de 1984, en el anexo de Manyacc, distrito de Anta, Santiago Antezana Cueto y su tío Máximo Antezana Espesa fueron detenidos por ronderos y fueron acusados de ser subversivos y luego entregados a los efectivos militares de la base de Acobamba, donde fueron torturados. Máximo Antezana fue liberado el 15 de mayo de 1984, y esa fecha fue la última vez que se supo de Santiago Antezana Cueto. Emilio Antezana Espesa, Demetrio Chávez y Juan Ignacio Velásquez Araujo también fueron detenidos y figuran como desaparecidos.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH


Santos Rojas Quispe

On June 5, 1989, in the Atajara sector, in the district of Andahuayas, Santos Rojas Quispe was arrested by members of the Peruvian Army who accused him of collaborating with subversives. The arrest was witnessed by one of his children, and he was later taken to the military base at Ccapaya. His whereabouts remain unknown.

Source(s):1


Santos Rojas Quispe

El 5 de junio de 1989,en la localidad del sector Atajara, distrito de Andahuaylas, Santos Rojas Quispe fue detenido por efectivos del Ejército Peruano que los acusaron de colaborar con elementos subversivos. La detención ocurrió en presencia de uno de sus hijos, y Rojas Quispe fue llevado a la base militar de Ccapaya. Se desconoce su paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Saturnino Castillo Peralta

On March 6, 1989, in the vicinity of the Cunya bridge, between the provinces of Cusco and Abancay, soldiers of the army, the national guard, and the police arrested Saturnino Castillo Peralta, President of the community of Antilla. Since that date his whereabouts are unknown.

Source(s):1


Saturnino Castillo Peralta

El 6 de marzo de 1989, en las cercanías del Puente Cunya, situado entre las provincias de Cusco y Abancay, elementos del ejército, la guardia republicana y la policía, detuvieron a Saturnino Castillo Peralta, Presidente de la comunidad de Antilla. Desde la fecha se desconoce su paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Saúl Cantoral and others

On July 17, 1988, the Federation of Miners and Metalworkers of Peru, of which Saúl Cantoral was the secretary general, initiated its first national strike. On August 9, 1988, before the end of the strike, Cantoral was kidnapped and injected with poisonous substances in order to persuade him to abandon the strike activities. On February 6, 1989, Cantoral was threatened to withdraw from union activity, or to otherwise face deadly consequences. On February 13, 1989, at 7:30 pm, Saúl Cantoral and Consuelo García went to a meeting with the leaders of the National Federation of Miners, Metal and Steel Workers of Peru. At approximately 11:15 pm, the body of Saúl Cantoral was found in the park of Huiracocha in the district of San Juan de Lurigancho, with 6 bullets in his back and neck. The body of Consuelo García was found 12 meters away, with her skull completely shattered and also with bullet wounds.

Source(s):1, 2, 3


Saúl Cantoral y otros

El 17 de julio de 1988, la Federación de Mineros y Metalúrgicos del Perú, de la cual Saúl Cantoral era secretario general, inició la Primera Huelga Nacional Minera. El 9 de agosto de 1988, antes de que concluyera la huelga, Cantoral fue secuestrado y le inyectaron sustancias venenosas a fin de persuadirlo para que abandonara las actividades de la huelga. El 6 de febrero de 1989, Cantoral fue amenazado de retirarse de la actividad sindical, porque si no, afrontaría consecuencias mortales. Estos dos hechos fueron atribuidos al Comando Rodrigo Franco. El 13 de febrero de 1989, a las 7:30 de la noche, Saúl Cantoral y la dirigente Consuelo García fueron a una reunión con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metálicos y Siderúrgicos del Perú. Aproximadamente a las 11:15 p.m. el cadáver de Saúl Cantoral fue encontrado en el Parque Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho, con 6 impactos de bala en la espalda y en la nuca. A 12 metros de distancia, encontraron el cadáver de Consuelo García, con el cráneo completamente destrozado y con impactos de bala.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Shallahuita

On April 20, 1989, the “Grupo Escorpio” led by Santiago Martin Rivas assassinated the journalist Guillermo López Salazar, also known as “Shallahuita.” López was murdered for exposing the corruption and abuse commited by the armed forces in the area of Tingo María.

Source(s):1, 2


Shallahuita

El 20 de abril de 1989, el periodista Guillermo López Salazar, conocido como “Shallahuita,” fue asesinado por el “Grupo Escorpio” dirigido por Santiago Martin Rivas. López fue asesinado por exponer corrupción y abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Tingo María.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Sobres Bomba

De marzo a octubre de 1991, el capitán Víctor Penas Sandoval usó “sobres bomba” que eran bombas ocultas y disimuladas en simples sobres que estallaban al abrirlos para asesinar a dirigentes politicos, periodístas y luchadores por los Derechos Humanos. Los “sobres bomba” habían sido una operación secreta del SIE con autorización de los altos mandos y Montesinos. El 15 de marzo de 1991, Augusto Alejandro Zúñiga Paz, defensor de los Derechos Humanos, fue la primera víctima. Zúñiga Paz logró tirar el sobre cuando empezo a estallar pero le arrancó el brazo izquierdo. El 21 de junio de 1991, el captián Victor Penas intentó asesinar al director de la revista “Cambio,” pero se equivocó de dirección y terminó asesinado a Víctor Hugo Ruiz León. El 10 de octubre de 1991, la editora de “Cambio”, Melissa Alfaro Méndez, abrió un sobre que en realidad estaba a nombre de su jefe y murió en el acto.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Sobres Bomba

From March to October 1991, Captain Victor Penas Sandoval used “sobres bomba,” which were bombs that were hidden and concealed in evelopes that would explode when opened in order to assassinate political leaders, journalists, and other human rights advocates. The “sobres bomba” was a secret operation authorized by the SIE. On March 15, 1991, Augusto Alejandro Zúñiga Paz, a human rights defender, was the first victim. Zúñiga Paz managed to throw the envelope was it was exploding, but he lost his left arm in the process. On June 21, 1991, Captain Victor Penas attempted to assassinate the editor of the magainze “Cambio,” but he sent the envelope to the wrong address and ended up murdering Víctor Hugo Ruiz León. On October 10, 1991, the editor of the magazine “Cambio,” Melissa Alfaro Méndez, opened an envelope that was intended for her boss, and died instantly.

Source(s):1, 2


Sonqo I

On May 5, 1985, in the district of Sancos, members of the Armed Forces arrested Marcelino Eusebio Huamán Núñez and took him to the local military base, where he was tortured. Five days later, his wife went to the military base and was told that Eusebio Huamán had been transferred to Ayacucho. She continued to search for her husband and one week after his arrest she managed to locate his corpse near the village. A solider confirmed that the death of Eusebio Huamán had occurred at the hands of the military.

Source(s):1 (Pg. 314)


Sonqo I

El 5 de mayo de 1985, en el distrito de Sancos, integrantes de las Fuerzas Armadas de la base del lugar detuvieron a Marcelino Eusebio Huamán Núñez y lo llevaron a ese destacamento, donde lo torturaron y lo golpearon. Cinco días después, su esposa fue a la base y le dijeron que Eusebio Huamán había sido trasladado a Ayacucho. Ella continuó a buscar a su esposo, y logro ubicar su cadáver cerca del pueblo una semana después de su detención. Un soldado confirmo la muerte de Eusebio Huamán en manos de los militares.

Fuente(s):1 (pg. 314)

ONG Responsable: COMISEDH


Sótanos del SIE

The basements of the SIE, also known as the “Pentagonito,” were used as a clandestine detention center for punishment, torture, and executions during the government of Alberto Fujimori. Among the victims were two students from the Technical University of Callo, Javier Roca and Kenneth Anzualdo, who were disappeared in 1993, and former teacher Justiniano Najarro Rúa. These cases were discovered because of the book “Muerte en el Pentagonito” ( Death at the Pentagonito,) by Ricardo Uceda. The book is based on the testimony of former Colina group agent, Jesús Sosa, who explains how the three victims were extrajudicially executed. This case is undergoing investigation. On July 27, 1992, Samuel Edward Dyer was detained and held at the SIE basement, and on April 6, 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen was also detained at the same location. On September 21, 2007, the Supreme Court of Chile granted the extradition of Alberto Fujimori for the cases of Dyer and Gorriti.

Source(s):1, 2, 3


Sótanos del SIE

Los sótanos del SIE, conocido como “Pentagonito,” fueron usados como un centro de detención clandestina para los castigos, torturas, y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre las víctimas están dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callo, Javier Roca y Kenneth Anzualdo, que fueron desaparecidos en 1993, y el ex docente ayacuchano Justiniano Najarro Rúa. Estos casos fueron descubiertos a partir de la publicación del libro “Muerte en el Pentagonito,” de Ricardo Uceda. El libro es basado en el testimonio del ex agente del Grupo Colina, Jesús Sosa, quien explica como estas tres personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Este caso se encuentra en etapa de instrucción. El 27 de julio de 1992, Samuel Edward Dyer fue detenido en el sótano, y el 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen, también fue detenido. El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile otorgó la extradición de Alberto Fujimori por los casos de Dyer y Gorriti.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Tabalosos

On June 12, 1992, Violeta Campos Linares was arrested for unknown reasons, in the village of Las Flores, by Peruvian army troops and then taken to the Tabalosos counterinsurgency base. Her whereabouts are unknown.

Source(s):1


Tabalosos

El 12 de junio de 1992, Violeta Campos Linares fue detenida en el poblado de Las Flores, por efectivos del Ejército Peruano, en circunstancias aún no determinadas y luego fue llevada a la Base Contrasubversiva de Tabalosos. Se desconoce su paradero.

Fuente(s):1

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Telesforo Salvatierra and others

On February 20, 1985, members of the security forces entered the home of Telesforo Salvatierra, in San Juan Bautista, arrested him and stole his belongings. His whereabouts are unknown.

Source(s):1 (Pg. 94)


Telesforo Salvatierra y otros

El 20 de febrero de 1985, miembros de las Fuerzas del Orden ingresaron al domicilio de Telesforo Salvatierra, en San Juan Bautista, lo detuvieron, le robaron sus pertenencias y lo desaparecieron.

Fuente(s):1 (pg. 94)

ONG Responsable: ANFASEP


Teodoro Pillaca Tinco

On August 9, 1986, Teodoro Pillaca Tinco was detained in Incanacall, Cangallo and taken to the military base of that locality. He was reportedly held until August 14, but his detencion was denied. Pillaca Tinco has since been missing, and his detention was reported to the senior prosecutor of Ayacucho.

Source(s):1


Teodoro Pillaca Tinco

El 9 de agosto de 1986, Teodoro Pillaca Tinco fue detenido en Incanacall, Cangallo y llevado a la base militar de ese lugar. El fue reportado como aprehendido hasta el 14 de agosto, pero su detención fue negada. Pillaca Tinco no ha reaparecido, y su detención fue denunciada al Fiscal Superior Decano de Ayacucho.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Teófilo Carrión Jaulis

On August 23, 1986, Teófilo Carrión Jaulis was detained by armed forces from his home in Acuchimay, Huamanga, Ayacucho. His whereabouts are unknown.

Source(s):1


Teófilo Carrión Jaulis

El 23 de agosto de 1986, Teófilo Carrión Jaulis fue detenido por fuerzas combinadas de su domicilio ubicado en Acuchimay, Huamanga, Ayacucho. Se encuentra en condición de desaparecido.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Tercero Lava and others

On January 26, 1988, Tecero Lava Ramírez was arrested by members of the Peruvian Army in Sisa, lamas, in the department of San Martín. On January 17, 1988, Julio and Oscar Saboya Pisco were arrested in Alao, Lamas. On January 27, 1988, members of the Peruvian Army arrested Marcelino de La Cruz Manayay in San Martín, Hilario Puelles Trolles and Julio Campesino Sangama in Carachamayo, Lamas. The whereabouts of the victims are unknown.

Source(s):1


Tercero Lava y otros

El 26 de enero de 1988, Tecero Lava Ramírez fue detenido por miembros del Ejército Peruano en Sisa, Lamas, en el departamento de San Martín. El 17 de enero de 1988, Julio y Oscar Saboya Pisco fueron detenidos en Alao, Lamas. El 27 de enero de 1988, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Marcelino de La Cruz Manayay en San Martín, Hilario Puelles Trolles, y Julio Campesino Sangama en Carachamayo, Lamas. Las víctimas se encuetran desaparecidas.

Fuente(s):1

ONG Responsable: Paz y Esperanza


Toribio Galindo Casavilca

On May 21, 1983, a group of soldiers from the military base of Tots, arrived at the plaza of Quispillaccta in the district of Chuschi, and gathered the villagers and based on a list they arrested Aurelio Mendieta and Toribio Galindo Casavilca. They were taken to the police station in Chuschi, and Aurelio Mendieta managed to escape. The soldiers proceeded to arrest Lito Flores and Guillermo Espinoza, and along with Toribio Galindo Casavilca, they were taken to Catalimayoc. After two days, they were transferred to the Totos military base, where they were subjected to torture. On June 24, 1983, soldiers tied Toribio Galindo to a horse and took him to his hometown of Pupus, after ridiculing him for two hours; they brought him back to Totos. That same day the soldiers dragged him with a horse, killing him. His body was never found. Lito Flores was also never found.

Source(s):1 (Pg. 238)


Toribio Galindo Casavilca

El 21 de mayo de 1983, un grupo de militares de la base de Totos, llegaron a la plaza de Quispillaccta, distrito de Chuschi, y reunieron a los comuneros y en base a una lista se llevaron a Aurelio Mendieta y a Toribio Galindo Casavilca al puesto policial de Chuschi. Aurelio Mendieta huyó, luego los militares detuvieron a Lito Flores y Guillermo Espinoza y junto a Toribio Galindo Casavilca los llevaron a Catalimayoc. Después de dos días fueron trasladados a la base de Totos y sometidos a torturas. El 24 de junio de 1983, los militares llevaron a Toribio Galindo a su pueblo de Pupus, montado en un caballo y después de burlarse de el por dos horas, se lo llevaron nuevamente a Totos. Ese mismo día los militares lo mataron arrastrándolo del caballo. Su cuerpo nunca fue hallado. Lito Flores también se encuentra desaparecido.

Fuente(s):1 (pg. 238)

ONG Responsable: Paz y Esperanza


UNCP

The University of the Center became the scene of fierce fighting between the insurgent groups and military forces. The Shining Path killed 43 people, and in response military forces began to carry out arrests, torture, executions, and disappearances of at least 74 people. Three cases were accumulated with unidentified victims, and this case is in the preliminary stage. On June 8, 2008, the case for two identified victims went to the National Criminal Court for the start of the trial. On June 8, 2010, Manuel Jesús Delgado Rojas (unanimously) and Elías Fernando Espinosa Del Valle (majority vote) were acquitted. The prosecution appealed the sentence.

Source(s):1, 2


UNCP

La Universidad del Centro fue escenario de la cruenta lucha entre los grupos subversivos El PCP-Sl y el Movimiento Revolucionario “Túpac Amaru”, contra las fuerzas del orden. El PCP-Sl asesinó a 43 personas, y como respuesta, miembros de las fuerzas del orden llevaron a cabo detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de por lo menos 74 personas. Se acumularon 3 casos con víctimas no identificadas. Este proceso se encuentra en etapa de instrucción. El 8 de junio de 2008, el caso de dos víctimas identificadas pasó a la Sala Penal Nacional para el inicio del juicio oral. El 8 de junio de 2010 se dictó sentencia absolviendo a Manuel Jesús Delgado Rojas (por unanimidad) y Elías Fernando Espinosa Del Valle (por mayoría). El Ministerio Público apeló la sentencia.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: IDL


Víctor Tineo Sandoval and others

On July 15, 1984, Eulogio Bohorquez Tineo was detained at his home in the Santa Rosa Annez, Ayna district, La Mar province, by soldiers of the Marine Infantry, and taken to the Santa Rosa military base. On January 30, 1985, soldiers of the Marine Infantry detained Ivan Roberto Tineo Rodríguez, and took him to the La Mar military base, and he was later disappeared.On February 20, 1985, Elías Bohorquez Tineo Sandoval was detained in the Paccha Annex, La Mar province, by soldiers of the Marine Infantry and taken to the San Miguel de la Mar military base. The victim’s wife and son both reported the disappearance to the Superior Prosecutor of Ayacucho. On May 16, 1985, Víctor Tineo Sandoval and his wife, Guillermina Quispe de Tineo were detained at the request of the Pataccocha civil defense members and taken to the Santa Rosa Marine Infantry base in the La Mar province. Since that date, the detainees remain disappeared.

Source(s):1, 2


Víctor Tineo Sandoval y otros

El 15 de julio de 1984, Eulogio Bohorquez Tineo, fue detenido en su domicilio en el Anexo de Santa Rosa, distrito de Ayna, Provincia de La Mar, por efectivos de la Infantería de Marina y llevado a la base militar Santa Rosa. El 30 de enero de 1985, efectivos militares de la Infantería de Marina llevaron a Iván Roberto Tineo Rodríguez al base militar de La Mar y luego fue desaparecido. El 20 de febrero de 1985, Elías Bohorques Tineo Sandoval fue detenido en el Anexo de Paccha, provincia La Mar por miembros de la Infantería de Marina y fue llevado al cuartel de San Miguel de la Mar. Su esposa y su hijo denunciaron su desaparición ante la Fiscalía Superior Decana de Ayacucho. El 16 de mayo de 1985, Víctor Tineo Sandoval y su esposa Guillermina Quispe de Tineo, fueron detenidos por miembros de la Defensa Civil de Pataccocha y trasladados a la base de la Infantería de Marina en Santa Rosa, provincia La Mar. Desde esa fecha los detenidos se encuentran desaparecidos.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: APRODEH


Vinchos

Between June 5 and 7, 1984, 15 farmers from Vinchos, in the district of Ayacucho, were arrested and killed in a military operation because they were believed to be members of the Shining Path. During the preliminary investigation, the remains of the victims were found in a mass grave as well as in three individual graves. On December 10, 2010, the investigation was extended by 90 days.

Source(s):1


Vinchos

Entre el 5 y 7 de junio de 1984, 15 campesinos de Vinchos en el distrito de Ayacucho, fueron detenidos y asesinados en un operativo militar. Los campesinos estaban bajo la sospecha de ser miembros de Sendero Luminoso. Durante la investigación preliminar se encontraron los restos de la víctimas en una fosa colectiva y en tres fosas individuales. El 10 de diciembre de 2010 la investigación fue ampliada por 90 días.

Fuente(s):1

ONG Responsable: COMISEDH


Violacion Sexual Base Militar de Totos

Members of the Military base at Totos used sexual violation as means to achieve the cooperation of the population as well as to seize their assets. Women who came to the base looking for their relatives were detained, tortured, and raped. Afterwards, the women were released.

Source(s):1


Violacion Sexual Base Militar de Totos

La violencia sexual fue utilizada por miembros de la Base Militar de Totos como un medio de presión para lograr la colaboración de la población y para apropiarse de sus bienes. Mujeres que llegaban a la Base de Totos, buscando a sus familiares eran retenidas, torturadas, y violadas sexualmente. Luego, las mujeres eran puestas en libertad.

Fuente(s):1

ONG Responsable: CEAS


Vladimir Urbay

On November 1, 1983, members of the armed forces arrested Vladimir Urbay while he was traveling to Huanta from Macachacra, in the distrct of Iguain. Urbay and the other people in the vehicle were accused of belonging to the PCP-SL, and tortured while being trasnfered to the town of Villa Florida. The body of Vladimir Urbay was found five days later in the Las Vegas sector. A hole in the skull indicated that he had been killed from a shot in the head.

Source(s):1 (Pg. 360)


Vladimir Urbay

El 1 de noviembre de 1983, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a Vladimir Urbay cuando viajaba de regreso a Huanta desde Macachacra, en el distrito de Iguain. Urbay y otras personas fueron acusados de pertenecer al PCP-SL, y los torturaron mientras eran trasladados al pueblo de Villa Florida. El cuerpo de Vladimir Urbay fue encontrado cinco días después en el sector Las Vegas. Una perforación en el cráneo indicaba que había sido asesinado de un disparo en la cabeza.

Fuente(s):1 (pg. 360)

ONG Responsable: ADERH


Walter Castillo Cisneros

On February 13, 1987, Walter Castillo Cisneros was disappeared by members of the military, following his arrest on the premises of the Molina Transportation Agency, in the city of Ayacucho. Military officials have denied the detention of Castillo Cisneros. The Sala Penal Nacional determined to not proceed with the trial.

Source(s):1


Walter Castillo Cisneros

El 13 de febrero de 1987, Walter Castillo Cisneros fue desaparecido por miembros del ejército después de ser detenido en el local de la Agencia de Transportes Molina, en la ciudad de Ayacucho. La detención de Castillo Cisneros ha sido negada por autoridades militares. La Sala Penal Nacional determinó que no había mérito para pasar el caso a juicio oral.

Fuente(s): 1

ONG Responsable: APRODEH


Walter Valer Munaylla

On September 20, 1989, members of the Peruvian Army detained Walter Wilfredo Valer Munaylla, 20 years of age, when he went to the “Los Cabitos” barracks to obtain a document related to his military service. On October 7, 1989, his corpse was found at the door of his workplace in the Magdalena neighborhood, with signs of torture. On October 11, 1989, his sister, Marlene Rita Valer, 14 years of age, was detained by members of the Peruvian Army at the Calle Ramón Castilla in the city of Huamanga. The detention was witnessed by an eight-year-old-student.

Source(s):1


Walter Valer Munaylla

El 20 de septiembre de 1989, Walter Wilfredo Valer Munaylla, de 20 años de edad, fue detenido por miembros del Ejército peruano, cuando fue al Cuartel Los Cabitos para obtener un documento relacionado con su servicio militar. El 7 de octubre de 1989, su cadáver fue encontrado en la puerta de su lugar de trabajo en el barrio de la Magdalena, con signos de tortura. El 11 de octubre de 1989, su hermana, Marlene Rita Valer, de 14 años de edad, fue detenida por miembros del Ejército peruano en la Calle Ramón Castilla en la ciudad de Huamanga. Un alumno de ocho años de edad fue testigo de la detención.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


Wiksumachay

On May 26, 1983, in the community of Tuco, a military patrol under the orders of Captain “Jackal” and Lieutenant “Hyena” entered the home of Alejandro Pactaype Galindo and arrested him along with Nemesio Núñez Galindo and Cirllo Nuñez Conde. Leonardo Conde Bellido and his son Pablo Conde Huamaní attempted to intervene and were also arrested. The detainees were taken to the Totos military base. On June 14, 1983, soldiers under the orders of Lieutenant “Hyena” detained and tortured Toribio Galindo Casavilca in Quispillaccta. On June 24, Galindo Casavilca was tied to a horse and dragged through the community of Tuco, and then to Wiksumachay, where he was buried.

Source(s):1, 2


Wiksumachay

El 26 de mayo de 1983 en la comunidad de Tuco una patrulla al mando del Capitán Chacal y el Teniente Hiena, ingresaron a la casa de Alejandro Pactaype Galindo y lo detuvieron junto a Nemesio Núñez Galindo y Cirllo Nuñez Conde. Leonardo Conde Bellido y su hijo Pablo Conde Huamaní al intervenir también fueron detenidos. Los detenidos fueron llevados a la base militar de Totos. El 14 de junio de 1983, soldados de Totos al mando del Teniente Hiena detuvieron y torturaron a Toribio Galindo Casavilca en Quispillaccta. El 24 de junio arrastraron a Galindo Casavilca con un caballo hasta la comunidad de Tuco, luego a Wiksumachay, donde lo enterraron. El caso se encuentra en la etapa de la investigación en la Segunda Fiscalía Penal Supra provincial de Ayacucho.

Fuente(s):1, 2

ONG Responsable: COMISEDH, Paz y Esperanza


William León Laurente

On December 21, 1989, at 1 a.m., six armed individuals broke into the home of William León Laurente. The intruders searched the house and seized the sum of 1,3500,000.oo Intis in cash as well as a Photostat copy of a voter’s registration card. William León Laurente was tied and his head covered with cloth, after which he was taken to the Castropampa military barracks, in the city of Huanta. His father, mother, and brother bore witness to these acts as they were also in the house at the time. The family of the victim approached local and national authorities numerous times in an attempt to obtain his release, but despite this William León Laurente never reappeared.

Source(s):1, 2, 3


William León Laurente

El 21 de diciembre de 1989, a la 1:00 a.m., seis sujetos armados irrumpieron en la casa de William León Laurente. Los individuos revisaron la casa y se apoderaron de 1.350.000.oo Intis en efectivo y también de una copia fotostática de una libreta electoral. William León Laurente fue atado y su cabeza fue cubierta con un trapo, y fue llevado al Cuartel Militar de Castropampa, de la ciudad de Huanta. El padre, madre, y hermano de William León Laurente fueron testigos de los hechos, porque estaban en la casa cuando se lo llevaron. Los familiares de la víctima efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales para tratar de obtener su libertad, pero William León Laurente nunca apareció.

Fuente(s):1, 2, 3

ONG Responsable: APRODEH


Zenón Valencia Navarro

On June 24, 1989, 20 members of the Armed Forces from the military bases of Pampas, Tayacaja, and Huancavelica, entered Coris Pampa, in the district of Ayahuanco. The soldiers gathered the population and locked the women in the church, separate from the men. The next day, they took about 30 of the men that they had arrested to Huarcatán and forced them into a hole. The men were executed with guns and buried at the same location. Five days later, the families of the victims went to Huarcatán to dig up the corpses.

Source(s):1 (Pg. 489-490)


Zenón Valencia Navarro

El 24 de junio de 1989, 20 miembros de las Fuerzas Armadas de la Base Militar de Pampas-Tayacaja-Huancavelica, incursionaron en Pampa Coris, distrito de Ayahuanco. Los soldados reunieron a la población y encerraron a las mujeres en la iglesia y a los hombres en el local comunal. Al día siguiente se llevaron a unos 30 varones detenidos a Huarcatán y les obligaron a entrar en un hueco. Allí los ejecutaron con armas de fuego y los enterraron. Cinco días después, los familiares de las víctimas fueron a Huarcatán a desenterrar los cadáveres.

Fuente(s):1 (pg. 498-490)

ONG Responsable: APRODEH


Zulema Tarazona

On August 9, 1994, Zulema Tarazona Arriate, Norma Teresa Pérez Chávez and Luis Alberto Bejarano Laura were returning to their respective homes located in Cosica aboard a public transportation vehicle. At approximately 8:30pm, the vehicle stopped for passengers to get off at the “La Esperanza” stop. The vehicle continued on its way, and it was then that two soldiers from the Peruvian Army attempted to stop the vehicle. The driver was unaware of this and continued on the route, so the solider Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, Sergeant Second Class, shot directly at the vehicle, which instantly killed Zulema Tarazona and Norma Teresa Pérez Chávez, while Luis Alberto Bejarano Laura was injured. The soldiers then fled the scene. In 2008, those implicated in the case were convicted.

Source(s):1


Zulema Tarazona

El 9 de agosto de 1994, Zulema Tarazona Arriate, Norma Teresa Pérez Chávez y Luis Alberto Bejarano Laura estaban regresando a sus hogares respectivos en Cosica a bordo de un vehículo de transporte público. Aproximadamente a las 8:30 pm, el vehículo se detuvo para que se bajaran pasajeros en la parada “La Esperanza”. El vehículo continuó en su camino, y dos soldados del Ejército peruano trataron de detener el vehículo. El conductor no se dio cuenta y continúo en la ruta. El soldado Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, disparó directamente al vehículo, matando a Zulema Tarazona y Norma Teresa Pérez Chávez. Luis Alberto Bejarano Laura quedo herido y los soldados huyeron. En 2008, los implicados en el caso fueron condenados.

Fuente(s):1

ONG Responsable: APRODEH


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Caso Fujimori: Indulto a Fujimori violaría la ley y la voluntad popular

Por Jo-Marie Burt

Ante la creciente oleada de presión de parte de los sectores fujimoristas para que el gobierno de Alan García aplique el beneficio del indulto a Alberto Fujimori antes de dejar el poder el 28 de julio, La República publicó los resultados de una encuesta (1) nacional realizada por la firma de opinión pública APOYO según la cual la gran mayoría —65%— de los peruanos rechazan un posible indulto para Alberto Fujimori. Esta encuesta confirma los hallazgos de una encuesta previa que encargué al Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú a fines del año pasado. Como afirmé en un artículo (2) publicado en La República hace algunos meses, dos tercios de los peruanos —63%— no están de acuerdo con un indulto para Fujimori.(3)

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En nuestra encuesta, también se preguntó a los encuestados las razones por las cuales creían que se le debería o no otorgar el beneficio del indulto al ex presidente Fujimori. Del 63.3% que dijeron no estar de acuerdo con un indulto para Fujimori, 58.8% dijeron que el principal motivo era porque “es culpable y debe cumplir su condena”, mientras 19.9% dijo porque “sería una burla con las víctimas”. El 18.3% dijeron que “sería injusto y generaría impunidad”.

De los 36.6% que dijeron estar de acuerdo con el indulto, era notable que la vasta mayoría —76.6%— considerara que se le debía otorgar ese beneficio no porque consideraban que Fujimori era inocente de los crímenes por los cuales fue condenado, sino porque “salvó el país del terrorismo” (57%) o porque “fue un buen presidente” (19.6%). Sólo el 18.7% dijo que debería ser indultado por razones humanitarias.

También es importante notar que 77.5% de los encuestados se mostraron favorables a la sentencia condenatoria a Fujimori: 53.5% dijeron que estaban plenamente de acuerdo con la sentencia, mientras un 24% afirmó estar de acuerdo con la sentencia aunque creía que el número de años debía ser menor. Sólo el 9.4% dijeron no estar de acuerdo con la sentencia porque consideraban que Fujimori era inocente, mientras el 12.8% afirmó que consideraban que Fujimori era culpable pero no debería estar en la cárcel.

Los resultados de la encuesta son notables, pues demuestran que la sentencia condenatoria a Fujimori goza de una fuerte legitimidad ante el pueblo peruano. Encuestas realizadas al final del juicio a Fujimori (4) también demostraron que la mayoría de los peruanos consideraban que el juicio había sido llevado a cabo por jueces independientes e imparciales, y que el proceso judicial respetó el debido proceso del acusado, opinión compartida por juristas nacionales e internacionales. (5)

Nuestra encuesta, así como la de APOYO, demuestra que la legitimidad del proceso judicial y la sentencia a Fujimori se han consolidado en la opinión pública peruana. Eso es un dato muy relevante sobre todo ahora, cuando los sectores fujimoristas siguen presionando (6) al gobierno actual (y de paso al presidente electo) para que indulten a Fujimori. Vale aclarar que el tema del indulto no debe decidirse ni por presiones de ciertos grupos de poder ni por la opinión pública, como he dicho en ocasiones anteriores, sino debe regir el derecho peruano e internacional, según el cual no sería permitido el beneficio del indulto. Los resultados de nuestra encuesta y la de APOYO son importantes porque demuestran que el tema de un indulto a Fujimori no divide el país, como algunos han sugerido interesadamente. Le quita el sueño sólo a los miembros del núcleo duro del fujimorismo, ya que consideran que sin su líder fuera de prisión, el futuro de su movimiento tambalea.

Un indulto para Fujimori sería ilegal e impopular

En términos legales, un indulto a Fujimori sería contrario tanto al derecho peruano como al derecho internacional. En términos del derecho peruano, en mayo de 1995, el Congreso Constituyente Democrático, controlado por la bancada fujimorita, excluyó a las personas condenadas por el delito de secuestro agravado del beneficio del indulto. Por lo tanto según el derecho peruano no sería legal un indulto para Fujimori, quien en abril de 2009 fue sentenciado (7) —entre otros graves delitos— por secuestro agravado. El 30 de diciembre de 2009 la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema y entonces legalmente es ya una sentencia firme, sin mayores posibilidades de apelación. (8)

Pero más allá del derecho nacional es el derecho internacional, que el Perú está obligado a respetar, el que impide que se beneficie con un indulto a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. En el caso de Fujimori, la sentencia de abril de 2009 dice expresamente que los crímenes por los cuales fue condenado —el homicidio calificado de 25 personas (15, entre ellos un niño de ocho años, de la masacre de Barrios Altos, y los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta); el asalto agravado de 4 personas que quedaron gravemente heridas luego de esa masacre; y el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer— constituyen crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional por tener un carácter sistemático y generalizado.

La sentencia menciona específicamente que el Grupo Colina, el temido escuadrón de la muerte que nació en el seno de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fue responsable no sólo de la masacre de Barrios Altos y la desaparición de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, sino de una serie de atrocidades, entre ellas la desaparición forzada de campesinos de Santa; la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri; el asesinato de la familia Ventocilla; entre varios otros; y que durante el gobierno de Fujimori se cometió una serie de crímenes más, incluso la desaparición forzada de miles de peruanos, que justificaba la caracterización de las violaciones de derechos humanos cometidos durante su régimen como crímenes sistemáticos y generalizados.

Indultar a Fujimori violaría el derecho internacional, y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (9) que han considerado probada en numerosas sentencias la responsabilidad del Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cometidas durante el mandato del ex Presidente Fujimori. En varias decisiones —y ante impunidad reinante en el Perú ante tales crímenes— la Corte Interamericana ha exigido la investigación, sanción y castigo de los responsables al más alto nivel.

Si bien la decisión sobre el tema del indulto debe basarse en la ley y no en la opinión pública, el hecho es que siguen habiendo fuertes presiones políticas de parte de los fujimoristas hacia el gobierno de García para que indulte a Alberto Fujimori. Igualmente, hay muchas especulaciones de que García estaría midiendo los beneficios y riesgos que tal decisión implicaría. Por ello, es importante reiterar que la opinión pública se opone a un indulto para Fujimori, como ha sido comprobado en dos encuestas nacionales. Un indulto para Fujimori no sólo violaría la ley peruana y el derecho internacional; también violaría la voluntad popular.

Notas:

1. Enlace original / En nuestro sitio (^^^

2. Enlace original / En nuestro sitio (^^^)

3. La encuesta, que se realizó a nivel nacional a 1205 personas en 19 regiones del país, fue realizada como parte de una investigación dirigida por la autora sobre el juicio a Fujimori.  (^^^)

4. Enlace original / En nuestro sitio (^^^)

5. Enlace original / En nuestro sitio (^^^)

6. Enlace original / En nuestro sitio (^^^

7. Enlace original  (^^^)

8. Enlace original  (^^^)

9. Enlace original   (^^^)

 

Publicado originalmente en Noticias SER el 22/06/2011

 

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El factor Fujimori: la estrategia continúa

Por Carlos Rivera Paz

Más allá de los resultados electorales la estrategia que pretende liberar a Alberto Fujimori persiste. Ciertamente, el hecho de haber accedido a la segunda vuelta electoral había empoderado al fujimorismo y ello –evidentemente– se había convertido en la mejor estrategia para liberar al jefe indiscutido de esa organización. Pero los resultados del 5 de junio no solo dan cuenta que el fujimorismo ha sido derrotado, sino que ya existe un nuevo escenario político en marcha.

Es a partir de este nuevo escenario que habrá que contemplar y analizar la estrategia que pretende ponerlo fuera de la DIROES.

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Desde el minuto siguiente a la emisión de la sentencia condenatoria –impuesta el 7 de abril de 2009– se inició el despliegue de una estrategia de cuestionamiento tanto a los magistrados que la emitieron como al contenido de la sentencia. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, pero algún tiempo después se conoció de la presentación de casi una veintena de acciones de Habeas Corpus a través de los cuales se cuestionaba la condena. De uno se comenzó a tener noticias que había llegado al Tribunal Constitucional. A partir de ese momento hemos sido testigos de marchas y contra marchas que el TC ha dado para resolver un asunto sencillo en términos jurídicos y procesales. El dato concreto es que, primero, el TC escuchó los informes de la defensa y una semana antes de la primera vuelta anuló esa vista de la causa y, luego, citó a una nueva fecha para los informes y ese mismo día decidió suspenderla alegando la existencia de un proceso electoral presidencial.

Más allá de que la hija del condenado era una de las candidatas a la presidencia de la república lo cierto es que los jueces jamás explicaron –procesalmente, claro está– cuál era la influencia que el proceso electoral imponía al TC, más aun si suponemos que los magistrados constitucionales también deben ser independientes e imparciales. Hoy, después de las elecciones seguramente estarán más “aliviados” de la presión política y es muy probable que muy pronto volverán a citar a que la defensa de Fujimori presente su informe oral.

Pero, cuando aun no salían siquiera los resultados oficiales que daban cuenta de la victoria de Ollanta Humala, un congresista del Partido Aprista ha lanzado un reclamo inesperado: el presidente García debería indultar al ex presidente Alberto Fujimori, porque según el congresista se trata de “un anciano que está enfermo”. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Creo que por lo menos aparecen dos bastante claros: uno, es volver a colocar el caso Fujimori como un elemento político del nuevo escenario. Dos, servir de globo de ensayo y con ello medir la reacción de la sociedad, pero sobre todo del Presidente de la República ante la propuesta. Ese congresista debe tener muy presente que la actitud del Apra frente al caso Fujimori ha sido –por lo menos– complaciente desde el mismo momento que el Estado peruano tramitaba el proceso de extradición ante la justicia chilena.

Durante el último quinquenio el objetivo fundamental del fujimorismo ha sido la libertad de Fujimori y pasadas las elecciones me parece que hemos vuelto de lleno a esa agenda y para ninguna alternativa es descartada. Es cierto que el nuevo escenario político coloca la decisión del TC en otro contexto en el pareciera difícil –nunca imposible– de que este órgano constitucional incline la balanza a favor del reo de la DIROES.

En medio de este escenario aparecieron las declaraciones del vicepresidente electo, Omar Chehade, en las que proponía que Fujimori debería ser trasladado a un establecimiento penal común. Ciertamente en los últimos meses se han conocido diversos casos y se ha publicado diversas informaciones que dan cuenta de la utilización de las instalaciones del penal ubicado en la DIROES como si se tratara de un local partidario, pero la propuesta ha sido lanzada en el momento político más inoportuno ya que el resultado que se podría obtener es que termine “victimizando” al condenado Fujimori haciéndolo objeto de reacciones indebidas de parte de aquellos que han llegado al poder. Además, consideramos que el proceso de transición no debería ser enturbiado por un elemento tan perturbador como este.

¿Debe permanecer Fujimori en la sede de la DIROES? Creo que sí. Pero lo que sí se debe exigir es que simplemente se cumpla la ley, es decir, el Código y el Reglamento del Código de Ejecución Penal. Ya que en estas normas se contempla de manera muy clara y precisa el régimen de tratamiento penitenciario, el cual contiene los derechos del interno y las restricciones a las cuales está sometido. Probablemente el Director del Establecimiento Penal de Barbadillo (DIROES) no tenga conocimiento de ello y entonces una primera tarea de la nueva administración sea recordar que la ley está para cumplirse y no para hacerse de la vista gorda.

En todo caso estos elementos nos indican que el factor Fujimori seguirá estando muy presente en el escenario político, pero frente a ello lo que le corresponde hacer a las instituciones es garantizar la protección de una decisión judicial que tiene la condición de cosa juzgada y que es el resultado de un juicio en el que se respetó de manera irrestricta el debido proceso. En concreto se trata de que se garantice el Estado de derecho.

 

Publicado por primera vez en Notihome, Justicia Viva, 9 de junio 2011

 

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Elecciones Perú: ¿Ganó la memoria?

Por Jo-Marie Burt

"Sentencia a Fujimori. Está probado, sí lo está." Del proyecto Un día en la memoria de Mauricio Delgado“Sentencia a Fujimori. Está probado, sí lo está.” Del proyecto Un día en la memoria de Mauricio Delgado“La esperanza venció el miedo,” acertó un vocero de Gana Perú el día domingo [5 de junio] en la noche, luego de conocer los resultados preliminares de un proceso electoral reñida y contensiosa, en el cual Ollanta Humala derrotó a su contrincante Keiko Fujimori. Efectivamente, en la segunda vuelta electoral, más ciudadanos apostaron por la esperanza de qué con Ollanta Humala se podría lograr un Perú mejor, con más igualdad y menos injusticia, y perdió la campaña de miedo e intimidación que libró el fujimorismo, con el apoyo activo de buena parte de los medios de comunicación y algunos grupos de poder.

También se ha dicho que ganó la memoria. Sobre el miedo, también sobre la impunidad. Pero realmente ganó la memoria?

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Decir que ganó la memoria supone que hay sólo una memoria, y que su opuesto es el olvido o la negación. Pero no es así, como los grandes teóricos de la memoria, desde Paul Ricoeur hasta Elizabeth Jelin, nos enseñan. En el Perú como en todas las sociedades existen muchas memorias, y los sujetos sociales que proponen una memoria u otra compiten entre sí para que su memoria tenga más aceptación social. En este sentido se habla de batallas de la memoria.

Más bien, se podría decir que una memoria prevaleció sobre otra. Efectivamente, Ollanta Humala ganó a Keiko Fujimori gracias, en buena parte, a la movilización masiva de grupos de jóvenes, de activistas de derechos humanos, de estudiantes, sindicalistas, y mujeres que recordaron qué significó el gobierno de Alberto Fujimori—y que un gobierno de su hija significaría un regreso a un pasado de corrupción masiva, denigración de las instituciones, y violaciones a los derechos humanos, que se superó con mucho esfuerzo y a costa de sangre. Jugó un papel importante el grupo No A Keiko, por ejemplo, que empezó hace dos años a organizarse para cuestionar el proyecto fujimorista que tenía como finalidad eligir a Keiko Fujimori a la presidencia para poder liberar a su padre, condenado por violaciones a los derechos humanos, corrrupcíon, y abuso de poder, para así dar nueva vida al proyecto fujimorista.

Pero no se puede ignorar el hecho que 48% de los electores votaron libremente por Keiko Fujimori. Era sabido que el fujimorismo tenía un núcleo duro—un 20 o 22%—que lo apoyaba casi incondicionalmente. A pesar de que Fujimori fugó del país para salvar su propio pellejo mientras su gobierno se tumbaba con las revelaciones de corrupción, extorsión, y otras perlas; a pesar de que Fujimori adoptó la nacionalidad japonesa para evitar ser extraditado; a pesar de que luego fue extraditado porque la Corte Suprema de otro país—Chile—consideró que había más que suficiente evidencia que ameritaba procesarlo por varios crímenes de corrupción, abuso de poder y violaciones a los derechos humanos; a pesar que fue procesado y condenado, por un tribunal reconocido nacional e internacionalmente como imparcial, a 25 años por ser autor mediato de los crímenes más atroces; a pesar de que admitió su culpa en los casos de corrupción, incluso el pago de $15 millones a su ex asesor Vladimiro Montesinos para que no hable, la compra de los medios de comunicación, el espionaje telefónico a la oposición, etc etc; y a pesar de que se hizo evidente que Keiko Fujimori, al rodearse con los viejos socios de su padre, hizo evidente de que sería poco más que el avatar de su padre: a pesar de todo eso 48% de los peruanos y peruanas votaron por Keiko Fujimori.

"Sentencia a Fujimori. Está probado, sí lo está." Del proyecto Un día en la memoria de Mauricio Delgado“Sentencia a Fujimori. Está probado, sí lo está.” Del proyecto Un día en la memoria de Mauricio DelgadoEsa realidad obliga una reflexión sobre la memoria en el Perú. Obliga a pensar qué hace posible que un séctor tan importante de la población podría votar libremente por una opción política con una historia tan nefasta. Se podría decir que han cambiado, que han reconocido sus errores, que han pedido perdón, que han prometido respetar las instituciones. Pero cuando Martha Chávez afirma que el juez César San Martin “debe rendir cuentas de sus actos” –en referencia a la sentencia que emitió en contra del Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, que según la Chávez, en contra de la opinión masivamente mayoritaría de juristas y especialistas legales nacionales e internacionles, no fue un juicio justo— tenemos un memorex instantáneo de lo que es el fujimorismo: un movimiento que no respeta la institucionalidad democrática sino la utiliza para adquirir el poder y utilizarlo en benficio propio.

Algunos han argumentado que el 25% del voto adicional que ganó Keiko Fujimori en la segunda vuelta era solamente gente que se preocupaba por sus bolsillos, que frente a la posibilidad de un gobierno de Ollanta Humala, optaron por Keiko Fujimori pero sin mucha convicción. Puede ser. Pero me parece que eso sería negar que estas personas también tienen memoria. Para ellos, tal vez, el fujimorismo no les parece tan malo como para otros. Se me viene a la mente comentarios de algunas personas cuando el juicio a Fujimori por violaciones a los derechos humanos se realizaba. “¿Por qué están juzgando a Fujimori, si él fue el mejor presidente que tuvimos en el Perú?” una vez me preguntó una mujer de unas 35 años, de clase acomodada. Le expliqué que no estaba siendo juzgado por lo bueno que podría haber hecho sino por hechos concretos que constituían crímenes: las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por ejemplo. “Pero,” me dijo, “eran terroristas. Se tenía que matar a todos así. Si no ¿dónde estaríamos?”

Esa señora tiene una memoria sobre el fujimorismo, una memoria que recoge el sentido común que fue construido durante el fujimorismo y sobre el cual he escrito anteriormente, según el cual Fujimori derrotó el terrorismo con una política de “mano dura” y que si eso significaba matar a algunos terroristas eso se justificaba porque era la única forma de hacerlo, y porque logró constuir la paz y la estabilidad. En esencia, el fin justifica los medios. Ese sentido común, que fue resforzado constantemente por los medios de comunicación—claro está, mucho de ellos comprados por el mismo régimen fujimorista—se ha convertido en una memoria colectiva aceptada por un sector importante de la población, como se ha visto claramente en este proceso electoral. Eso, a pesar del excelente trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación; del proyectado Lugar de Memoria anteriormente liderado por Mario Vargas Llosa; y de la culminación exitosa de varios procesos judiciales que terminaron con condenas contundentes a perpetradores de violaciones a los derechos humanos, como el del mismo Fujimori, o el juicio que terminó de condenar en octubre del año pasado a 19 ex miembros de las fuerzas armadas por su participación (material e intelectual) en la masacre de Barrios Altos así como la desaparición del periodista Pedro Yauri y de los nueve campesinos de Santa.

Perdió el fujimorismo. Un sector pluralista, democrática, que trabaja a favor de los derechos humanos, y que cree en la justicia social, contribuyó a su derrota. Pero la memoria que hizo posible que Keiko Fujimori ganara 48% del voto sigue viva. Y no olvidemos, habrá un Congreso con un bloque de 37 miembros de Fuerza 2011. Puede ser que la derrota de Keiko Fujimori y por ende su plan de liberar a su verdadero líder Alberto Fujimori termine de tumbarlos como movimiento. Eso se verá. Pero sin duda, se seguirá librando más batallas de memoria en el Perú en los años que siguen.

 

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 8 de junio de 2011.

 

 

  Gracias a Mauricio Delgado por permitir el uso de los imágenes de su proyecto Un día en la memoria.

 

 

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Will Alberto Fujimori be set free?

By Jo-Marie Burt

Alberto FujimoriAlberto FujimoriOn April 7, 2009 former Peruvian president Alberto Fujimori was convicted for human rights violations in three cases: the Barrios Altos massacre, the forced disappearance of nine students and a professor from La Cantuta University, and the kidnappings of journalist Gustavo Gorriti and Samuel Dyer.

The legal proceedings against Fujimori demonstrated beyond reasonable doubt that he was the key architect of a state plan to eliminate suspected subversives and opponents of his regime. He was sentenced to the maximum penalty in Peruvian law, 25 years.

The verdict was ratified on December 30, 2009 by a tribunal comprised of five Supreme Court justices. This was the final appeal, and the ratification means that Fujimori’s sentence of 25 years is firm and not subject to further appeal.

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The Fujimori trial and sentence are regarded by Peruvian and international jurists, scholars and human rights observers as fair and impartial, and impeccable in guaranteeing and respecting the defendant’s due process rights. The Washington Office on Latin America organized several international missions to observe the trial and can attest to this directly.

Moreover, the guilty verdict against Fujimori has been hailed by international legal scholars such as Kai Ambos and Juan Mendez as a milestone in global justice efforts to end impunity and guarantee accountability for crimes against humanity such as forced disappearances, extrajudicial executions, and torture.

Fujimori did not question the impartiality of the judges nor did he impugn the proceedings against him while they were taking place. However, after the first sentence was ratified in December 2009, Fujimori and his allies launched a political and legal strategy to question the legitimacy of the verdict. This is because for the political project of fujimorismo, the release of Alberto Fujimori is an essential objective. Given the history of fujimorismo, especially its manipulation of the Judiciary and its trampling on democratic institutions to achieve its objectives, there is major concern among democracy and human rights activists that Fujimori could be freed using questionable methods.

There are two avenues by which Fujimori’s supporters have sought to have their leader released.

The first is via a presidential pardon. Since the initial verdict was handed down the question of whether or not the current president, Alan Garcia, would pardon Fujimori (presumably in exchange for a future promise of protection from prosecution for human rights violations committed during his first governmetn) or whether his daughter, should she be elected president in 2011, would pardon her father. From the day of his conviction, Keiko Fujimori repeatedly stated that her “hand would not tremble” to pardon her father.

However, there are significant problems with this avenue. Peruvian law prohibits pardons from being granted to those convicted of aggravated kidnapping, as was the case with Fujimori. International law prohibits pardons from being granted to those convicted of crimes against humanity; the judges clearly stated in their verdict that the crimes of aggravated homicide, assault and kidnapping of which they found Fujimori guilty are crimes against humanity in international law.

Moreoever, it would be costly politically to grant Fujimori a presidential pardon. The vast majority of Peruvians now believe Fujimori was guilty of these and other crimes, the Fujimori sentence is viewed positively by two-thirds of the Peruvian population. It is perhaps for this reason that Keiko Fujimori has recently pledged not to pardon her father if elected. Her change of heart may be related to her faith that a second avenue to freeing her father is still available: a legal strategy that seeks ultimately to overturn to overturn the Fujimori conviction. To this end, Fujimori’s lawyers have submitted no less than 17 writs of habeas corpus to Peru’s Constitutional Tribunal (TC).

The TC has agreed to hear at least one of these writs of habeas corpus, but has stated that it would wait until after the presidential elections to emit its ruling. This habeas corpus essentially challenges a ruling that denied Fujimori’s petition alleging that the Supreme Court judges named to review his appeal of the April 2009 verdict were not impartial and requesting their removal from the case. Human rights lawyers note that while the TC has handed down very important rulings in the years since Peru’s democratic transition in 2000-2001 that established important human rights jurisprudence in Peru, in recent years it has handed down several rulings that move away from some of this jurisprudence that represent a backsliding in efforts to combat impunity (for example in 2010 the TC ruled that crimes it had previously considered crimes against humanity, in which no statutes of limitations can apply, were in fact simple crimes and that statutes of limitation did apply).

If the TC were to accept the argument outlined in the writ of habeas corpus, it would amount to a revocation of the ratification of the original sentence, and a new trial would be held that could lead to Fujimori’s exoneration, or to a different sentence that could facilitate a presidential pardon. WOLA and its partners in Peru are deeply concerned at such a prospect, which is especially likely should Keiko Fujimori be elected president of Peru this Sunday.

Should this comes to pass, not only is it highly likely that Alberto Fujimori will be freed; it is also probable that Vladimiro Montesinos, along with other members of the Fujimori regime currently serving prison time for corruption, drug and arms trafficking, and human rights violations will also be set free, and that a general amnesty will be put in place effectively ending attempts to achieve accountability for human rights violations committed in the context of Peru’s internal armed conflict. Such an outcome clearly puts Peru’s fragile democracy at risk. It would likely generate political and social discontent and instability, which could elicit the kind of repression and authoritarian practices of the Fujimori years that Peruvians have fought so hard so overcome.

 

Originally published in Peru Elections 2011, WOLA Elections Monitor, June 3, 2011

 

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5 y 7 de abril, dos fechas para recordar

Por Jo-Marie Burt

El 6 de abril es un día interesante para escribir una columna, pues es antecedido y seguido por dos dos días representativos de tendencias opuestas y mutuamente excluyentes en la historia peruana: el 5 de abril, día en que en 1992 Alberto Fujimori declaró el autogolpe contra la institucionalidad democrática del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas y un sector importante del empresariado; y el 7 de abril, día en que, hace dos años, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión por ser el autor mediato de varios crímenes de lesa humanidad, entre ellos Barrios Altos y La Cantuta.

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El 6 de abril marca entonces la distancia entre el autoritarismo, la corrupción, la arbitrariedad, la violación sistemática de los derechos humanos, por un lado, y por otro, el imperio de la ley, los derechos fundamentales de las personas, y la apuesta por la democracia no como un régimen que pueda solucionar todos los males, pero tal cómo dijo alguna vez Winston Churchill, como el menos malo de todas las formas de gobierno pues por lo menos permite, cuando funciona bien, controlar y fiscalizar a quienes detentan el poder.

Este 6 de abril es de especial interés pues antecede por cuatro días a las elecciones generales en el Perú. Llama la atención que Keiko Fujimori —la hija de Alberto Fujimori, autor del autogolpe, de los crímenes de Barrios Altos y Cantuta, de innumerables actos de corrupción— cuente con un apoyo consistente de 18 a 20% del voto y que, por lo tanto, tenga buenas probabilidades de pasar a la segunda vuelta.

Durante el debate presidencial del domingo pasado, Keiko Fujimori hizo lo posible para evocar entre los votantes un recuerdo positivo del gobierno de su padre. Dijo que él venció la inflación y el terrorismo, y gracias a sus reformas Perú vive hoy una democracia plena y goza de buena salud económica. Cuando le preguntaron sobre su plan de seguridad ciudadana dijo: “Si nosotros vencimos el terrorismo, claro que podemos vencer la delincuencia,” y dijo, claramente, que estaba a favor de una política de “mano dura”. Los demás candidatos cuestionaron su lectura parcial del pasado, por lo menos en algunos temas. Por ejemplo Alejandro Toledo le recordó que su gobierno heredó una economía estancada gracias a las políticas económicas de su padre, y PPK le recordó a los electores las cercanas relaciones entre Fujimori y Montesinos.

Sin embargo ninguno cuestionó, en lo fundamental, el autoritarismo del régimen fujimorista, la violación sistemática a los derechos humanos, la gran corrupción de los medios, de las Fuerzas Armadas, y de la institucionalidad en general. De esa tarea se han encargado los peruanos de a pie, que hicieron lo suyo al recordar los aspectos negativos del fujimorismo que no se nombraron durante el debate, gracias a los nuevos medios sociales como Facebook y Twitter. En Twitter, por ejemplo, bajo el hashtag #tupapa cientos de personas recordaron el nefasto autogolpe y el daño a las instituciones perpetrado por el régimen fujimorista.

 

“Quién te pagó todos tus estudios con el dinero de los peruanos?”   #tupapa

“Quién compró los medios de comunicación?”   #tupapa

“Qué gobierno engendró asesinos y los cubrió con leyes de amnistía?”   #tupapa

“Quién manejó a su antojo el Poder Judicial y quebró la institucionalidad de nuestras FF. AA.”   #tupapa

“Quién estaba pescando en un río mientras la policía capturaba a Abimael Guzmán?”   #tupapa

“Quién esterilizaba mujeres indígenas porque no quería más pobres?”   #tupapa

“Quién renunció por fax?”   #tupapa

Muy probablemente Keiko Fujimori llegue a la segunda vuelta, lo que no nos debe sorprender. En un país con brechas sociales tan grandes como el Perú, donde el boom económico sólo ha beneficiado a algunos, y donde la educación es tan pobre, el mensaje populista de Fujimori tiene apego, como lo tenía en la época de su padre.

Tampoco debe sorprender que para algunos el mensaje de “mano dura” sea atractivo. Al perder el plebiscito en 1988 el dictador chileno Augusto Pinochet tuvo que dejar el poder, pero obtuvo el 42% del voto y hasta hoy hay chilenos que lo apoyan. Efraín Ríos Montt, golpista y genocida de Guatemala, fue elegido presidente del Congreso y de no haber prohibición constitucional que impide a los golpistas candidatear a la presidencia bien pudo haber sido elegido. En sociedades desiguales, donde el Estado no funciona igual para todos, donde la inseguridad es el pan de todos los días, la “mano dura” tiene sus adeptos. Pero no será la última palabra. El Perú es el 5 de abril, pero también es el 7 de abril. Apostemos que el día domingo, los peruanos dará un paso adelante, y no atrás.

 

Publicado por primera vez en A contracorriente, el 6 de abril 2011

 

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Caso Fujimori: Pocos quieren ese indulto

Por Jo-Marie Burt

Durante la última semana se desató una polémica en relación a la posición de los candidatos presidenciales frente a la posibilidad de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori, quien está cumpliendo una condena de 25 años por violaciones a los DDHH. Más allá de lo que opina cada candidato, es importante saber qué opinan los peruanos de la calle. Según una encuesta reciente que aplicamos a nivel nacional, podemos afirmar algo que puede interesar a los candidatos presidenciales: la gran mayoría de los peruanos rechaza de manera contundente un indulto a Fujimori.*

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Según los resultados de la encuesta, dos de cada tres peruanos (63.3%) afirman no estar de acuerdo con un posible indulto a Fujimori. De estos, 58.8% afirman que no se le debería indultar “porque es culpable y debe cumplir su condena”, o sea, mantienen una posición principista con la justicia. Se expresaron otros motivos no menos importantes: 19.9% dicen que un indulto “sería una burla a las víctimas”, mientras 18.3% afirman que “sería injusto y generaría impunidad”. Por otro lado, un número no poco significativo –36.6%–afirman que sí estarían de acuerdo con un indulto. La razón más frecuente que señalan los encuestados que se mostraron favorables a un indulto para justificar tal medida es “porque salvó el país del terrorismo” (57%); 19.6% dicen que es “porque fue un buen presidente”. Sólo 18.7% dicen que se le debe indultar “por razones humanitarias”.

Otro tema resalta de los resultados del sondeo. Encuestas realizadas inmediatamente después de la sentencia emitida contra Fujimori en abril de 2009 dieron cuenta de que dos de cada tres peruanos veían positivamente la condena. Según nuestra encuesta, a dos años del fin del proceso, la aprobación ciudadana de la sentencia se mantiene firme: 53.5% afirmaron que “estoy plenamente de acuerdo con la sentencia a Fujimori”, mientras 24% afirmaron “estoy de acuerdo con la sentencia pero el número de años debería ser menor”. Con matices, entonces, 77.5% de los peruanos aprueban la condena a Fujimori. Un número muy reducido –22.2%–afirmó estar en desacuerdo con la sentencia. De este grupo, 12.8% dijeron “a pesar que considero que [Fujimori] tiene responsabilidad no debería estar en la cárcel”, mientras que solo 9.4% dijo “no estoy de acuerdo con la sentencia porque es inocente”. Resulta muy notable que sólo uno de cada diez peruanos considera que Fujimori es inocente.

Tal vez, como varios han sugerido, los distintos candidatos creen que declarándose a favor de un indulto “humanitario” a Fujimori puedan atraer el voto fujimorista. Deberían más bien considerar las opiniones de sus conciudadanos. Según nuestra encuesta, la gran mayoría de peruanos prefiere que Fujimori cumpla su condena y que sus representantes electos hagan valer la justicia.

… … …

* Nota de la autora: La encuesta fue realizada por Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP. Se aplicó la encuesta a 1,205 personas en 19 regiones del país entre el 25 al 30 de noviembre de 2010. La encuesta es parte de una investigación en curso sobre el proceso de judicialización de las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante el conflicto armado interno que vivió Perú durante 1980 y 2000 dirigida por la autora.

Publicado originalmente en La República, 30 de enero de 2011

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Mayoría de peruanos no aprueban indulto para Alberto Fujimori

Por Jo-Marie Burt

Alberto Fujimori durante su juicio por violaciones a los derechos humanosAlberto Fujimori durante su juicio por violaciones a los derechos humanosFrente a la noticia de que hoy un congresista del APRA propone que Alan García indulte a Alberto Fujimori, me pareció relevante publicar una nota que salió en La República hace unos meses atrás. Se trata de un análisis breve que hice en base a una encuesta a nivel nacional que encargué al Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP-PUCP) a fines de noviembre de 2010.

Los resultados de la encuesta están claros: dos tercerios, o 63%, de los peruanos no están a favor de un indulto para Fujimori, quien consideran culpable de los crímenes por los cuales fue procesado y condenado a 25 años de cárcel.

Claro que la opinión pública no es razón para argumentar en favor o en contra de un indulto; debería ser en base a las normas jurídicas nacionales e internacionales. Varios juristas han explicado que en este caso Fujimori no podría ser beneficiario de un indulto pues la ley peruana no permite el indulto para quien haya sido condenado por secuestro agravado, como fue él. Por otro lado, el derecho internacional no permite el indulto para quien fuera condenado por crímenes de lesa humanidad; en el caso de Fujimori, la sentencia dice claramente que los crímenes por los cuales Fujimori fue condenado (homicidio calificado, secuestro agravado y asalto agravado) son crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Pero en la política la opinión pública sí importa.

Publico entonces esta nota porque se dice que el pedido de un indulto para Fujimori de parte del congresista (PAP) José Vargas tendrían la intención de medir la reacción pública frente a la propuesta del indulto. Pues aquí van datos concretos, de la única encuesta de la cual tengo conocimiento que mide la opinión popular sobre un posible indulto a Alberto Fujimori.

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Pocos quieren ese indulto

Por Jo-Marie Burt (*)

Durante la última semana se desató una polémica en relación a la posición de los candidatos presidenciales frente a la posibilidad de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori, quien está cumpliendo una condena de 25 años por violaciones a los DDHH. Más allá de lo que opina cada candidato, es importante saber qué opinan los peruanos de la calle. Según una encuesta reciente que aplicamos a nivel nacional, podemos afirmar algo que puede interesar a los candidatos presidenciales: la gran mayoría de los peruanos rechaza de manera contundente un indulto a Fujimori.

Según los resultados de la encuesta, dos de cada tres peruanos (63.3%) afirman no estar de acuerdo con un posible indulto a Fujimori. De estos, 58.8% afirman que no se le debería indultar “porque es culpable y debe cumplir su condena”, o sea, mantienen una posición principista con la justicia. Se expresaron otros motivos no menos importantes: 19.9% dicen que un indulto “sería una burla a las víctimas”, mientras 18.3% afirman que “sería injusto y generaría impunidad”. Por otro lado, un número no poco significativo –36.6%–afirman que sí estarían de acuerdo con un indulto. La razón más frecuente que señalan los encuestados que se mostraron favorables a un indulto para justificar tal medida es “porque salvó el país del terrorismo” (57%); 19.6% dicen que es “porque fue un buen presidente”. Sólo 18.7% dicen que se le debe indultar “por razones humanitarias”.

Otro tema resalta de los resultados del sondeo. Encuestas realizadas inmediatamente después de la sentencia emitida contra Fujimori en abril de 2009 dieron cuenta de que dos de cada tres peruanos veían positivamente la condena. Según nuestra encuesta, a dos años del fin del proceso, la aprobación ciudadana de la sentencia se mantiene firme: 53.5% afirmaron que “estoy plenamente de acuerdo con la sentencia a Fujimori”, mientras 24% afirmaron “estoy de acuerdo con la sentencia pero el número de años debería ser menor”. Con matices, entonces, 77.5% de los peruanos aprueban la condena a Fujimori. Un número muy reducido –22.2%–afirmó estar en desacuerdo con la sentencia. De este grupo, 12.8% dijeron “a pesar que considero que [Fujimori] tiene responsabilidad no debería estar en la cárcel”, mientras que solo 9.4% dijo “no estoy de acuerdo con la sentencia porque es inocente”. Resulta muy notable que sólo uno de cada diez peruanos considera que Fujimori es inocente.

Tal vez, como varios han sugerido, los distintos candidatos creen que declarándose a favor de un indulto “humanitario” a Fujimori puedan atraer el voto fujimorista. Deberían más bien considerar las opiniones de sus conciudadanos. Según nuestra encuesta, la gran mayoría de peruanos prefiere que Fujimori cumpla su condena y que sus representantes electos hagan valer la justicia.

 

 

* Nota: La encuesta fue realizada por Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP. Se aplicó la encuesta a 1,205 personas en 19 regiones del país entre el 25 al 30 de noviembre de 2010. La encuesta es parte de una investigación en curso sobre el proceso de judicialización de las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante el conflicto armado interno que vivió Perú durante 1980 y 2000 dirigida por la autora.

 

 

 

Originalmente publicado en La República, el 30 de enero de 2011

 

 

Publicado por primera vez A contracorriente, el 7 de junio 2011

 

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A un aniversario de la condena a Fujimori

Por Jo-Marie Burt

Este 7 de abril se cumple un año de la sentencia histórica contra el ex presidente Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos. Un segundo tribunal de la Corte Suprema ratificó el fallo y la sentencia de 25 años de cárcel.

El proceso judicial contra Fujimori ha sido saludado por observadores nacionales e internacionales como un caso ejemplar de impartir la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos. No sólo es la primera vez que un ex presidente peruano ha tenido que responder ante la ley por sus acciones en temas de derechos humanos, sino es también la primera vez en el mundo que un ex jefe de Estado ha sido extraditado y juzgado por delitos de esa naturaleza.

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El juicio a Fujimori representa un momento clave en la historia del Poder Judicial del Perú. No hay que olvidar que durante el conflicto armado interno, esta institución jugó un rol nefasto al no tener capacidad para investigar y asignar responsabilidades en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Cuando le llegaba una denuncia de violación a los derechos humanos, lo más común era que se archivaba o se la pasaba al fuero militar donde los inculpados tenían asegurada la impunidad. Luego, en la década de los 90, es de conocimiento común de que el Poder Judicial, lejos de actuar como el poder autónomo que en teoría es, fue sistemáticamente sometido al Poder Ejecutivo. Por ello vale la pena recordar tres momentos claves en el juicio a Fujimori, que lo establece como un momento trascendental para el Poder Judicial peruano.

El primero ocurrió el primer día del juicio. Luego de la lectura de la acusación fiscal, el juez César San Martín preguntó a Fujimori si aceptaba o rechazaba la acusación. Fujimori contestó con un largo y exaltado discurso de corte más político que legal. Apelando a la memoria de los peruanos sobre el caos económico y político en que encontró al país al asumir la presidencia, afirmó que gracias a él hoy el Perú disfrutaba de una economía sólida y una democracia estable. Al darse cuenta que estaba perdiendo control del escenario, San Martín indicó a Fujimori que respondiera si aceptaba o no los cargos. Fujimori, sin embargo, seguía con su discurso, en un estado casi de exaltación. Frente a ello, San Martin tuvo que imponerse y dijo con mucha firmeza: “Señor Fujimori, aquí en este tribunal mando yo”. Acto seguido clarificó para Fujimori y para todos los espectadores que ese era un juicio judicial y no político, y que como acusado Fujimori tenía que someterse a las reglas del proceso legal.

El segundo momento ocurrió durante la tercera sesión del juicio. El interrogatorio del Ministerio Público, que había comenzado ambiguamente con la participación del Fiscal Supremo José Peláez Bardales, continuó bajo la dirección del Fiscal Adjunto Avelino Guillen. Este comenzó clarificando el orden de las cosas: “Yo pregunto. Usted responde. ¿Me entendió?” Con autoridad, comenzó su interrogatorio de manera firme y seguro. En un momento, frente a la actitud retadora de Fujimori, evidente en su lenguaje corporal ya que se encontraba desparramado sobre su silla, Guillen le exhortó, “Siéntese bien, señor acusado. Usted está en un tribunal de justicia”. Ante tal exhortación Fujimori se desconcertó. Tal vez fue el primer momento en que se dio cuenta de su condición de acusado, de encontrarse sujeto a un sistema de leyes que lo estaba juzgando no por su gestión como presidente sino por su rol en cuatro casos muy específicos de violaciones a los derechos humanos.

Hubieron otros momentos importantes durante el juicio pero estos dos momentos en sí simbolizan un principio básico de una sociedad que se basa en el derecho: todos somos iguales ante la ley. Ese no es el sentido común sobre la justicia en el Perú, pero el proceso judicial contra Alberto Fujimori demostró que en una sociedad que aspira a basarse en leyes, se puede juzgar hasta a un ex jefe de Estado por graves faltas cometidas durante su régimen. Eso lleva al último momento en el que el juez San Martín impartió la decisión final del tribunal que tuvo a su cargo, a lo largo de 15 meses, un proceso judicial difícil y complejo.

Con una claridad excepcional, San Martin explicó cómo había procedido el tribunal y cómo, a la luz de la evidencia presentada, había llegado a la conclusión “racional y absoluta” de que Fujimori era culpable de ser el autor mediato de los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta, y los secuestros Gorriti/Dyer. La secretaria de la Sala procedió a enumerar 247 hechos que, tomados en su conjunto, llevaron al tribunal fallar a favor de la culpabilidad de Fujimori. Quienes observamos la exposición de la secretaria no podemos olvidar cómo la exposición de cada hecho comenzaba con la pregunta,”¿Está probado que…?” y terminaba con el afirmativo, “Sí, lo está” —un estilo claro y didáctico que representó un esfuerzo de la Sala de hacer comprensible para el público común un caso complejo, de enorme significancia, y ciertamente controvertido. Finalmente, San Martín explicó que, dada la gravedad de los crímenes, así como la naturaleza del acusado como jefe de Estado al momento de cometerse los mismos, el tribunal acordó de manera unánime aplicar la pena máxima permitida por la ley peruana de 25 años de cárcel.

Hoy en día, causa preocupación e indignación observar que otros casos de violaciones de derechos humanos no están siendo procesados en el Poder Judicial con el mismo rigor y estándares que fueron evidentes en el juicio a Fujimori. Hay muchas razones para ello, que examinaremos en otra oportunidad. Por ahora queremos recordar este momento de justicia impartido hace un año por un tribunal peruano y felicitar a quienes lo hicieron posible: desde los sobrevivientes y los familiares de las víctimas y el movimiento de derechos humanos, hasta el periodismo independiente, líderes de la oposición y autoridades políticas y operadores de la justicia. Su labor colectiva hizo posible que, por esta vez al menos, prevalezca la verdad y la justicia.

 

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 6 abril 2010