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Por: Melissa Goytizolo de La República

Política de Estado. El testimonio del enfermero Rafael Delgado Zumaeta, quien intervino en las campañas de control de natalidad del gobierno de Alberto Fujimori en Sión, en la selva del Huallaga, confirma que se hicieron captaciones masivas de mujeres para operarlas bajo engaños o con violencia.

Imagen La RepúblicaVarias de las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas en la localidad de Sión durante el gobierno de Alberto Fujimori reconocieron al enfermero Rafael Delgado Zumaeta como una de las personas que participaron en los violentos programas de captación e intervención quirúrgica.

Sin embargo, Delgado aclaró que fue parte de los programas de esterilización masiva porque recibió presiones de sus superiores del Ministerio de Salud, quienes lo amenazaban con sancionarlo o despedirlo si no cumplía con las “cuotas” de mujeres esterilizadas.

El enfermero reconoció que intervino en las jornadas de esterilizaciones entre fines de 1995 y 1997, periodo en el que en distintas localidades del país, en particular en áreas donde residían los pobladores más pobres, se ejecutó simultáneamente el plan fujimorista de control de la natalidad.

“Por medio de una resolución del Ministerio de Salud que llegó para el cumplimiento de esta campaña llamaron a los trabajadores de salud del Estado de distintas zonas del departamento de San Martín para una reunión técnica en el hospital de Juanjuí. Eso fue entre enero y marzo de 1996”, recordó Rafael Delgado Zumaeta. Es uno de los pocos profesionales de la salud que decidieron contar su testimonio sobre lo sucedido en esa época. Cuando la candidata presidencial Keiko Fujimori se presentó en la Universidad de Harvard atribuyó la responsabilidad de las esterilizaciones forzadas al personal del Ministerio de Salud, negando cualquier tipo de exceso de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. Lo que manifestó Rafael Delgado contradice lo expresado por Keiko Fujimori. Al personal médico el Ministerio de Salud le ordenó la esterilización masiva de mujeres.

En aquella reunión le explicaron a Rafael Delgado que tenían que cumplir con altas metas de captación de mujeres para alcanzar los objetivos de las políticas gubernamentales de planificación familiar, sobre todo con respecto al programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

“En esta reunión estábamos todos los responsables de los establecimientos de salud que corresponden a la Red Mariscal Cáceres, que son como 36 establecimientos. Si el centro de salud era grande tenían que asistir los médicos y la obstetra. Si era más pequeño, entonces todo el personal técnico, como era mi caso. A esa reunión asistieron como unas cien personas”, señaló Delgado.

El enfermero relató que las campañas de esterilización empezaron en el hospital de Juanjuí y en el Centro de Salud de Campanilla, localidades donde operaron masivamente a las mujeres, como ellas mismas testificaron a La República.

“La reunión la dirigió el director de la Red Mariscal Cáceres, Julio Arabayza, si mal no recuerdo, y en aquellos tiempos la coordinadora del área mujer era la obstetra Elena Mori Díaz”, apuntó Rafael Delgado.

Bajo amenaza

“En el mes de abril de 1996 yo no reporté ni un solo caso de señoras para ligarse, entonces, como a otros, las autoridades de salud nos llamaron y nos dijeron que no estábamos cumpliendo (con el programa), que no estamos captando (mujeres para ser esterilizadas)”, recuerda Rafael.

“Yo no estaba de acuerdo con este sistema de metas tan elevadas (‘cuotas’ de mujeres esterilizadas), siempre se lo decía a los colegas de Shumanza, Campanilla y Jaén. No estaba conforme. Nos decían que a las personas que no cumplíamos con las metas nos entregarían un memorando de llamada de atención. Es decir, un documento de advertencia. Si se continuaba desobedeciendo ya te daban una resolución que se iba a tu legajo. Era un castigo, porque una resolución de ese tipo en tu legado te baja cinco puntos cuando te evalúan. Entonces, resultaba más difícil pedir destaque a otra localidad, tener otros trabajos. Afectaba las condiciones laborales”, explicó el enfermero.

Bajo esa forma de presión –y otras que a continuación se describirán–, los profesionales de salud del Estado como Rafael Delgado eran obligados a cumplir con las “cuotas” de mujeres esterilizadas.

El testimonio del enfermero Rafael Delgado coincide con las declaraciones y documentos que La República recogió en Piura por parte de médicos que fueron forzados a cumplir con las campañas masivas de esterilizaciones. Lo que queda claro es que los profesionales estatales de salud no actuaban por su cuenta sino por mandato del gobierno de Fujimori.

“En el mes de mayo de 1996 empezó a formalizarse el asunto. Establecieron una red de captadores (de mujeres), que eran trabajadores de salud del hospital de Juanjuí. Una de ellos era la enfermera Elena Saldaña”, dijo. Ella es identificada por varias mujeres entrevistadas por La República en Sión.

“Nosotros, los enfermeros, sentíamos varias veces disconformidad con este programa (de esterilizaciones compulsivas). Tal vez nosotros por desconocimiento hemos aceptado lo de las ‘cuotas rápidas’ (número de mujeres esterilizadas). Nosotros teníamos que continuar con el trabajo por temor a que la alta gerencia se nos viniera encima. Nosotros por cuidar nuestro trabajo tuvimos que participar de alguna manera en este programa. Nos hicieron participar en las esterilizaciones bajo amenaza”, apuntó el enfermero.

Retrato de familia

Entre otras razones, Rafael Delgado Zumaeta aceptó relatar su participación en los programas de esterilizaciones porque una de las víctimas fue Verónica Vásquez Vela, una mujer muda, sin hijos, operada contra su voluntad. Verónica Vásquez es miembro de la familia del enfermero.

El mismo día que esterilizaron a Verónica Vásquez, también lo hicieron con Patricia Arévalo Ríos. La República pudo corroborar con Verónica Vásquez, por intermedio de Patricia Arévalo –con quien se comunica mediante señas–, la versión de Rafael Delgado.

Esto es lo que relató Patricia Arévalo:

Verónica no sabía ni hablar ni expresarse, no tenía ni un solo hijo. Era muda. Se aprovecharon de su condición. A mí, relata Patricia, me esterilizaron con engaños en agosto de 1997, cuando tenía 22 años. Llegaron a mi casa unos médicos de Juanjuí que me dijeron que tenía que hacerme la ligadura sí o sí. Les dije que no y se fueron. Regresaron e insistieron en lo mismo. Me dijeron que el gobierno había ordenado que las mujeres solo podíamos tener dos hijos. Tampoco acepté. Retornaron una vez más y en esta ocasión me dijeron que me llevarían a Juanjuí para que me hicieran a mí y a mis dos hijos un análisis para prevenir la malaria y el dengue porque había un brote por la zona. Además, me prometieron entregar víveres. Les dije que el problema era que yo no tenía dinero para los pasajes, Por tratarse de esas enfermedades cargué a mis hijos y me llevaron gratis en un latón por el río.

Estaban conmigo Verónica Vásquez, Delfiria, Elcira, Rosa Tapoima y otras. Al llegar al hospital de Juanjuí me separaron de mis hijos, y nos gritaban ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro!”. Al escuchar a las mujeres que lloraban de dolor, Elcira y yo nos asustamos y planeamos fugarnos. Llegó una enfermera que me amenazó: “Si te vas, no te voy a dar el pasaje de regreso a tu casa”. Yo dije que ya no quería nada, pero la enfermera insistía en que solo era un análisis de sangre para saber si tenía malaria y otras cosas. Me sacaron sangre, luego me hicieron sentar en la camilla y me pusieron una ampolla en la cintura. Y me dormí. Nunca firmé ningún documento de nada. Al despertar sentí fuertes dolores en las piernas. Levanté la cabeza y vi a muchas mujeres echadas que gritaban de dolor. Pasó una enfermera y le pregunté: “¿Qué me han hecho?”. Y me dijo: “Nada, nada, simplemente te hicimos un pequeño cortecito para que ya no tengas hijos”. Me puse a llorar porque solo tenía 22 años, una vida por delante. Lo peor vino después. Mi esposo se separó porque no podía tener hijos, dejé de trabajar en el campo debido a los intensos dolores de la operación, mis ingresos económicos se redujeron, mi vida sexual nunca más fue la misma. Yo gritaba de dolor y las enfermeras nos trataban como animales, nos decían gritándonos fuerte: “¡Ya, ya, ya! ¡Levántense, levántense, levántense! ¡Váyanse a bañar!”. Para el dolor, solo nos dieron tres pastillas de Paracetamol. La herida se infectó, para nada me sirvieron esas pastillas.

Rogelia Sanancino Satalaya identificó a Rafael Delgado como uno de los captadores de las mujeres que fueron esterilizadas. Esto es lo que contó:

Me llevaron a la posta de Campanilla con engaños. Me dijeron que me llevaban para hacerme un análisis contra la malaria. En el bote éramos cinco señoras. Entre ellas Felipa y Nila. También estaba Rafael Delgado Zumaeta. Ni bien llegamos a la posta y de frente nos metieron en un cuarto. Yo había dejado en mi casa a mi niño de tres meses. Nunca me hicieron firmar nada en la posta, ni antes ni después. Me pusieron anestesia mientras me preguntaban cuántos hijos tenía y así me quedé dormida. Cuando desperté la cabeza me daba vueltas. Las enfermeras nos gritaban para que nos levantáramos. Yo le decía a la enfermera que me daba vueltas la cabeza y ella solo sonreía. Luego me dijo: “Te hemos ligado, señora, para que no tengas más hijos”. Yo protesté porque me engañaron. Yo no quería que me operaran. Yo quería tener más hijos. Y la enfermera Elena me dijo: “No, nunca más vas a volver a tener hijos” y me abrazó porque me vio llorar. Me malograron la vida porque yo vendía anticuchos. Me iba muy bien. Pero ya no pude trabajar más en mi negocio. Mi pareja se alcoholizó afectado por lo que me hicieron y un día apareció ahogado en el río. Fue una desgracia. Todos los males se vinieron encima con esa maldita operación.

El fujimorismo defiende hasta hoy el programa de control natal, con el argumento de que las esterilizaciones forzadas fueron casos aislados. Los testimonios de las víctimas desmienten a los negacionistas de esta práctica que continúa impune.

“Había colas de 50 o 60 mujeres para operarlas”

Contra Nila Gutiérrez Doñe aplicaron violencia para esterilizarla. Esto es lo que contó:

Nos metieron a toditas al centro de salud de Campanilla. Nos hicieron formar una larga cola, como de 50 ó 60 personas. A ambos lados de la cola estaban resguardando varios enfermeros para que nadie se escape, vestían de celeste. Al notar que estaban operando a todas, me quise escapar.

Me tuvieron que atar con unas vendas blancas en la cama para que no me fugara. Cuando desperté no paraba de vomitar. Hasta que me di cuenta de que tenía una herida en el vientre. Grité por qué me habían operado sin que me consultaran, me habían engañado.

Una enfermera se acercó, me puso una ampolla y me dijo que estaría bien. Era mentira. Comencé a sangrar mucho por la vagina. Nunca volví a ser igual, yo he podido tener más hijos, yo nunca quise que esta desgracia ocurriera. Me malograron la vida.

Publicado originalmente en La República, el 06 de marzo de 2016. Ver enlace aquí.

Por: Melissa Goytizolo de La República

Nuevos casos. Con la misma modalidad que se practicó en la Costa y en la Sierra, en localidades selváticas de la región San Martín numerosas mujeres fueron víctimas de intervenciones quirúrgicas forzadas en cumplimiento de la política del régimen de Alberto Fujimori. Ellas hablan por primera vez.

Imagen La RepúblicaLa República encontró en las localidades de Sion, Shumanza y Juanjuí, en las profundidades del valle del Huallaga, en la región San Martín, varios testimonios de mujeres esterilizadas violentamente como parte del programa del gobierno de Alberto Fujimori, aplicado con los mismos métodos que en Piura y el Cusco, donde este diario también entrevistó a víctimas que sufrieron operaciones quirúrgicas contra su voluntad.

Personal del Ministerio de Salud que participó en el reclutamiento y operaciones compulsivas de las mujeres de los caseríos de Sion, Shumanza y Juanjuí, confirmaron que desde Lima les impusieron una cuota de esterilizaciones bajo amenazas de sanciones si es que no cumplían con los objetivos.

Los testimonios obtenidos en San Martín confirman que los excesos cometidos durante la ejecución del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del régimen de Fujimori, no fueron hechos aislados sino que formaban parte de una política de Estado. Son las propias mujeres las que relatan cómo fueron víctimas de las intervenciones sin su consentimiento, bajo engaños o amenazas, o mediante el uso de la fuerza.

“Es orden del gobierno”

Felipa Guerra Martínez, residente en el centro poblado de Sion, en el distrito de Campanilla, en la provincia Mariscal Cáceres, recordó que tenía 31 años cuando la esterilizaron en noviembre de 1995. La escogieron porque tenía cuatro hijos. Lo recuerda muy bien porque cuando los enfermeros le dijeron que por orden del gobierno tenía que ligarse las trompas, ella contestó que estaba embarazada. Entonces le respondieron que no era problema y que las acompañara para hacerle una evaluación rutinaria. Era mentira Así lo contó:

Nos llevaron a mi y a otras mujeres de Sion en un bote por el río con dirección a la posta médica de Campanilla. Yo les dije varias veces que no, que no quería, y que estaba embarazada, pero insistieron. ‘Es orden del gobierno’, me decían. Luego me dijeron que solo me iban a sacar análisis sobre mi embarazo. Pero era un engaño. Las dos enfermeras que vinieron a mi casa me dijeron: “Señora, si estás embarazada no te vamos a tocar ni un poquito”. Cuando llegamos a la posta de Campanilla, nos encerraron en el local para que nadie saliera. En ese lugar pasamos la noche. Había mujeres de Chumanza, de Perla de Mayo y otras localidades. Había más de 100 mujeres. Dormimos unas en colchones, otras en el piso. Al segundo día nos pusieron batas. A la fuerza me hicieron subir a la camilla. Yo no quería, me jalaron del brazo diciéndome que me iban a sacar mis análisis, que si no me dejaba no iba a tener pasaje de regreso a mi casa, ni alimento, ni agua. Cuando forcejeaba, sentí la aguja de la anestesia. Al día siguiente nos obligaron a levantarnos. Todas estabámos adoloridas. No queríamos levantarnos. Yo busqué a las enfermeras que me engañaron para reclamarles porque me operaron a mí y a otras mujeres contra nuestra voluntad. No las encontré. Pero Dios hará justicia algún día. Para Dios nada es imposible.

“Me ataron las muñecas”

Bertila Cachique Tuanama, natural de Sion, contaba con 38 años y rechazó la esterilización desde el principio. Tuvieron que perseguirla y atarle las muñecas para intervenirla quirúrgicamente. Esto es lo que manifestó:

Quince días después de haber dado a luz gemelos, doctores y enfermeras con ropas celestes llegaron a mi casa en Campanilla, en 1996. “Tienes que ir al hospital de Campanilla donde te vamos a esterilizar para que no tengas más hijos, eso es lo que ha ordenado el gobierno”, me dijeron. Les dijo que no. “¡Tienes que ir!”, repitieron. Y me volví a negar. Entonces me escapé corriendo y me siguieron y me agarraron. Entre dos me metieron en la ambulancia, me llevaron a la posta con siete mujeres más, entre ellas mi hermana Juana Cachique Tuanama. En el hospital de Juanjuí me ataron las muñecas en la camilla para esterilizarme contra mi voluntad. En un mismo cuarto estábamos varias mujeres en camillas, y ahí me han puesto la anestesia en el brazo. Las señoras gritaban. Los médicos operaban a todas en el mismo cuarto. Cuando vi eso, que las cortaban a todas, también grité para que me desataran. Nos maltrataron feo. Yo gritaba “¡No quiero, no quiero ligarme! ¡Mi esposo tampoco quiere!”. No podía defenderme. Nunca me hicieron exámenes, ni análisis, ni psicólogo, ni firmar nada. Me operaron de frente, así nomás. Estaban apurados. Tuve un inmenso dolor varios meses después de la ligadura, no podía caminar, no podía trabajar, nuestra economía empeoró, nuestra vida sexual y afectiva también, nos malograron la vida.

A Lady Dávila Montenegro, del poblado de Sion, la sometieron a la esterilización cuando había cumplido 30 años. Al igual que las demás, a pesar de su tenaz renuencia a la intervención quirúrgica, fue sometida con engaños y violencia. El mismo patrón que La República descubrió en Piura y en Cusco. En Costa, Sierra y Selva, se aplicó la misma política del régimen de Fujimori. La imposición consistía en que médicos, enfermeros y técnicos de salud tenían que cumplir con cuotas semanales de mujeres esterilizadas bajo pena de sanción o despido por incumplimiento.

Los hechos lo confirman.

“Nos malograron la vida”

Las mujeres afectadas, por sus pobres condiciones económicas, no tuvieron la oportunidad de demandar a los que les causaron dolor. Por eso decidieron hablar, para que al menos quede el testimonio de lo que sufrieron, sufren y sufrirán.

Esto es lo que narró Lady Dávila Montenegro:

Un día de agosto de 1997, un par de enfermeros llegaron a mi casa para decirme que estaban buscando mujeres de 25 a 35 años para llevarlas a hacerse exámenes de todo tipo al hospital de Juanjuí. Así que agarré mi ropa y a mi bebé y me fui con ellos en un latón (bote). Conmigo había cinco mujeres. Pero en el hospital de Juanjuí mucho más. Lloraban, se quejaban, entonces me quise escapar. Con otra compañera nos quisimos salir por la puerta, pero cuatro enfermeros nos atraparon y nos devolvieron a la fuerza. Nos dijeron: “¡Si ustedes tratan de escapar van a pagar todos los gastos! ¡Ustedes no van a salir de aquí!”. Nos atemorizaron. Directo no llevaron a la sala de operación con otras cinco mujeres. Ahí nomás nos anestesiaron.

Desperté como en dos o tres horas. No recuerdo bien. Muchas mujeres gritaban: “¿Por qué nos han hecho esto?”. “¡Voy a morir!”. Nos regresaron a nuestras casas en el bote. Cuando mi esposo se enteró de lo que me hicieron bajo engaños, dijo que esto no se quedaba así. No denunciamos porque no sabíamos dónde y no había dinero. También nos dijeron que si denunciábamos, nos iban a perseguir, que mejor no lo hiciéramos. Nunca firmamos ningún papel. Después de la operación, tuve infección urinaria, inflamación de los riñones. Quedamos muy mal todas. Yo antes trabajaba mucho en la chacra, trabajaba como hombre, ganaba mi dinero, fumigaba, tiraba machete y hacha, cargaba mi leña, mi plátano. Ahora soy inútil. Nos malograron la vida. Tenemos cólera por eso.

Por desgracia, hay candidatos que todavía niegan que ocurrió todo esto.

Investigarán 150 días más

Después de siete meses de investigación, la fiscal encargada del caso, Marcelita Gutiérrez Vallejos, resolvió solicitar 150 días más para continuar con las diligencias.

La fiscal Gutiérrez, y personal de su despacho, han viajado por distintas partes del país para recoger el testimonio directo de las víctimas.

No obstante el mandato de la Corte de San José al Estado peruano para que identifique y sancione judicialmente a los culpables, el caso ha sido archivado hasta en cinco ocasiones.

Según el abogado de algunas de las mujeres de Sion que sufrieron esterilizaciones forzadas, Miro Toledo Gutiérrez, la fiscal del caso se desplazará al Huallaga para tomar sus manifestaciones.

Claves

Reportaje. La República recorrió las localidades de Sion, Shumanza y Juanjuí en busca de los testimonios de las víctimas de las esterilizaciones.

Cobertura. Fueron entrevistadas más de 20 mujeres que sufrieron las intervenciones.

Antecedente. Cuando fueron operadas, se dedicaban a la agricultura. Luego de las intervenciones quirúrgicas, ya no pudieron con este tipo de trabajo, lo que afectó gravemente sus ingresos.

Publicado originalmente en La República el 04 de marzo de 2016. Ver enlace aquí.