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“Bajo amenaza nos hicieron participar en las esterilizaciones de mujeres”

Por: Melissa Goytizolo de La República

Política de Estado. El testimonio del enfermero Rafael Delgado Zumaeta, quien intervino en las campañas de control de natalidad del gobierno de Alberto Fujimori en Sión, en la selva del Huallaga, confirma que se hicieron captaciones masivas de mujeres para operarlas bajo engaños o con violencia.

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaVarias de las mujeres que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas en la localidad de Sión durante el gobierno de Alberto Fujimori reconocieron al enfermero Rafael Delgado Zumaeta como una de las personas que participaron en los violentos programas de captación e intervención quirúrgica.

Sin embargo, Delgado aclaró que fue parte de los programas de esterilización masiva porque recibió presiones de sus superiores del Ministerio de Salud, quienes lo amenazaban con sancionarlo o despedirlo si no cumplía con las “cuotas” de mujeres esterilizadas.

El enfermero reconoció que intervino en las jornadas de esterilizaciones entre fines de 1995 y 1997, periodo en el que en distintas localidades del país, en particular en áreas donde residían los pobladores más pobres, se ejecutó simultáneamente el plan fujimorista de control de la natalidad.

“Por medio de una resolución del Ministerio de Salud que llegó para el cumplimiento de esta campaña llamaron a los trabajadores de salud del Estado de distintas zonas del departamento de San Martín para una reunión técnica en el hospital de Juanjuí. Eso fue entre enero y marzo de 1996”, recordó Rafael Delgado Zumaeta. Es uno de los pocos profesionales de la salud que decidieron contar su testimonio sobre lo sucedido en esa época. Cuando la candidata presidencial Keiko Fujimori se presentó en la Universidad de Harvard atribuyó la responsabilidad de las esterilizaciones forzadas al personal del Ministerio de Salud, negando cualquier tipo de exceso de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. Lo que manifestó Rafael Delgado contradice lo expresado por Keiko Fujimori. Al personal médico el Ministerio de Salud le ordenó la esterilización masiva de mujeres.

En aquella reunión le explicaron a Rafael Delgado que tenían que cumplir con altas metas de captación de mujeres para alcanzar los objetivos de las políticas gubernamentales de planificación familiar, sobre todo con respecto al programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).

“En esta reunión estábamos todos los responsables de los establecimientos de salud que corresponden a la Red Mariscal Cáceres, que son como 36 establecimientos. Si el centro de salud era grande tenían que asistir los médicos y la obstetra. Si era más pequeño, entonces todo el personal técnico, como era mi caso. A esa reunión asistieron como unas cien personas”, señaló Delgado.

El enfermero relató que las campañas de esterilización empezaron en el hospital de Juanjuí y en el Centro de Salud de Campanilla, localidades donde operaron masivamente a las mujeres, como ellas mismas testificaron a La República.

“La reunión la dirigió el director de la Red Mariscal Cáceres, Julio Arabayza, si mal no recuerdo, y en aquellos tiempos la coordinadora del área mujer era la obstetra Elena Mori Díaz”, apuntó Rafael Delgado.

Bajo amenaza

“En el mes de abril de 1996 yo no reporté ni un solo caso de señoras para ligarse, entonces, como a otros, las autoridades de salud nos llamaron y nos dijeron que no estábamos cumpliendo (con el programa), que no estamos captando (mujeres para ser esterilizadas)”, recuerda Rafael.

“Yo no estaba de acuerdo con este sistema de metas tan elevadas (‘cuotas’ de mujeres esterilizadas), siempre se lo decía a los colegas de Shumanza, Campanilla y Jaén. No estaba conforme. Nos decían que a las personas que no cumplíamos con las metas nos entregarían un memorando de llamada de atención. Es decir, un documento de advertencia. Si se continuaba desobedeciendo ya te daban una resolución que se iba a tu legajo. Era un castigo, porque una resolución de ese tipo en tu legado te baja cinco puntos cuando te evalúan. Entonces, resultaba más difícil pedir destaque a otra localidad, tener otros trabajos. Afectaba las condiciones laborales”, explicó el enfermero.

Bajo esa forma de presión –y otras que a continuación se describirán–, los profesionales de salud del Estado como Rafael Delgado eran obligados a cumplir con las “cuotas” de mujeres esterilizadas.

El testimonio del enfermero Rafael Delgado coincide con las declaraciones y documentos que La República recogió en Piura por parte de médicos que fueron forzados a cumplir con las campañas masivas de esterilizaciones. Lo que queda claro es que los profesionales estatales de salud no actuaban por su cuenta sino por mandato del gobierno de Fujimori.

“En el mes de mayo de 1996 empezó a formalizarse el asunto. Establecieron una red de captadores (de mujeres), que eran trabajadores de salud del hospital de Juanjuí. Una de ellos era la enfermera Elena Saldaña”, dijo. Ella es identificada por varias mujeres entrevistadas por La República en Sión.

“Nosotros, los enfermeros, sentíamos varias veces disconformidad con este programa (de esterilizaciones compulsivas). Tal vez nosotros por desconocimiento hemos aceptado lo de las ‘cuotas rápidas’ (número de mujeres esterilizadas). Nosotros teníamos que continuar con el trabajo por temor a que la alta gerencia se nos viniera encima. Nosotros por cuidar nuestro trabajo tuvimos que participar de alguna manera en este programa. Nos hicieron participar en las esterilizaciones bajo amenaza”, apuntó el enfermero.

Retrato de familia

Entre otras razones, Rafael Delgado Zumaeta aceptó relatar su participación en los programas de esterilizaciones porque una de las víctimas fue Verónica Vásquez Vela, una mujer muda, sin hijos, operada contra su voluntad. Verónica Vásquez es miembro de la familia del enfermero.

El mismo día que esterilizaron a Verónica Vásquez, también lo hicieron con Patricia Arévalo Ríos. La República pudo corroborar con Verónica Vásquez, por intermedio de Patricia Arévalo –con quien se comunica mediante señas–, la versión de Rafael Delgado.

Esto es lo que relató Patricia Arévalo:

Verónica no sabía ni hablar ni expresarse, no tenía ni un solo hijo. Era muda. Se aprovecharon de su condición. A mí, relata Patricia, me esterilizaron con engaños en agosto de 1997, cuando tenía 22 años. Llegaron a mi casa unos médicos de Juanjuí que me dijeron que tenía que hacerme la ligadura sí o sí. Les dije que no y se fueron. Regresaron e insistieron en lo mismo. Me dijeron que el gobierno había ordenado que las mujeres solo podíamos tener dos hijos. Tampoco acepté. Retornaron una vez más y en esta ocasión me dijeron que me llevarían a Juanjuí para que me hicieran a mí y a mis dos hijos un análisis para prevenir la malaria y el dengue porque había un brote por la zona. Además, me prometieron entregar víveres. Les dije que el problema era que yo no tenía dinero para los pasajes, Por tratarse de esas enfermedades cargué a mis hijos y me llevaron gratis en un latón por el río.

Estaban conmigo Verónica Vásquez, Delfiria, Elcira, Rosa Tapoima y otras. Al llegar al hospital de Juanjuí me separaron de mis hijos, y nos gritaban ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro!”. Al escuchar a las mujeres que lloraban de dolor, Elcira y yo nos asustamos y planeamos fugarnos. Llegó una enfermera que me amenazó: “Si te vas, no te voy a dar el pasaje de regreso a tu casa”. Yo dije que ya no quería nada, pero la enfermera insistía en que solo era un análisis de sangre para saber si tenía malaria y otras cosas. Me sacaron sangre, luego me hicieron sentar en la camilla y me pusieron una ampolla en la cintura. Y me dormí. Nunca firmé ningún documento de nada. Al despertar sentí fuertes dolores en las piernas. Levanté la cabeza y vi a muchas mujeres echadas que gritaban de dolor. Pasó una enfermera y le pregunté: “¿Qué me han hecho?”. Y me dijo: “Nada, nada, simplemente te hicimos un pequeño cortecito para que ya no tengas hijos”. Me puse a llorar porque solo tenía 22 años, una vida por delante. Lo peor vino después. Mi esposo se separó porque no podía tener hijos, dejé de trabajar en el campo debido a los intensos dolores de la operación, mis ingresos económicos se redujeron, mi vida sexual nunca más fue la misma. Yo gritaba de dolor y las enfermeras nos trataban como animales, nos decían gritándonos fuerte: “¡Ya, ya, ya! ¡Levántense, levántense, levántense! ¡Váyanse a bañar!”. Para el dolor, solo nos dieron tres pastillas de Paracetamol. La herida se infectó, para nada me sirvieron esas pastillas.

Rogelia Sanancino Satalaya identificó a Rafael Delgado como uno de los captadores de las mujeres que fueron esterilizadas. Esto es lo que contó:

Me llevaron a la posta de Campanilla con engaños. Me dijeron que me llevaban para hacerme un análisis contra la malaria. En el bote éramos cinco señoras. Entre ellas Felipa y Nila. También estaba Rafael Delgado Zumaeta. Ni bien llegamos a la posta y de frente nos metieron en un cuarto. Yo había dejado en mi casa a mi niño de tres meses. Nunca me hicieron firmar nada en la posta, ni antes ni después. Me pusieron anestesia mientras me preguntaban cuántos hijos tenía y así me quedé dormida. Cuando desperté la cabeza me daba vueltas. Las enfermeras nos gritaban para que nos levantáramos. Yo le decía a la enfermera que me daba vueltas la cabeza y ella solo sonreía. Luego me dijo: “Te hemos ligado, señora, para que no tengas más hijos”. Yo protesté porque me engañaron. Yo no quería que me operaran. Yo quería tener más hijos. Y la enfermera Elena me dijo: “No, nunca más vas a volver a tener hijos” y me abrazó porque me vio llorar. Me malograron la vida porque yo vendía anticuchos. Me iba muy bien. Pero ya no pude trabajar más en mi negocio. Mi pareja se alcoholizó afectado por lo que me hicieron y un día apareció ahogado en el río. Fue una desgracia. Todos los males se vinieron encima con esa maldita operación.

El fujimorismo defiende hasta hoy el programa de control natal, con el argumento de que las esterilizaciones forzadas fueron casos aislados. Los testimonios de las víctimas desmienten a los negacionistas de esta práctica que continúa impune.

“Había colas de 50 o 60 mujeres para operarlas”

Contra Nila Gutiérrez Doñe aplicaron violencia para esterilizarla. Esto es lo que contó:

Nos metieron a toditas al centro de salud de Campanilla. Nos hicieron formar una larga cola, como de 50 ó 60 personas. A ambos lados de la cola estaban resguardando varios enfermeros para que nadie se escape, vestían de celeste. Al notar que estaban operando a todas, me quise escapar.

Me tuvieron que atar con unas vendas blancas en la cama para que no me fugara. Cuando desperté no paraba de vomitar. Hasta que me di cuenta de que tenía una herida en el vientre. Grité por qué me habían operado sin que me consultaran, me habían engañado.

Una enfermera se acercó, me puso una ampolla y me dijo que estaría bien. Era mentira. Comencé a sangrar mucho por la vagina. Nunca volví a ser igual, yo he podido tener más hijos, yo nunca quise que esta desgracia ocurriera. Me malograron la vida.

Publicado originalmente en La República, el 06 de marzo de 2016. Ver enlace aquí.

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“Me ataron las muñecas en la camilla para esterilizarme a la fuerza”

Por: Melissa Goytizolo de La República

Nuevos casos. Con la misma modalidad que se practicó en la Costa y en la Sierra, en localidades selváticas de la región San Martín numerosas mujeres fueron víctimas de intervenciones quirúrgicas forzadas en cumplimiento de la política del régimen de Alberto Fujimori. Ellas hablan por primera vez.

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaLa República encontró en las localidades de Sion, Shumanza y Juanjuí, en las profundidades del valle del Huallaga, en la región San Martín, varios testimonios de mujeres esterilizadas violentamente como parte del programa del gobierno de Alberto Fujimori, aplicado con los mismos métodos que en Piura y el Cusco, donde este diario también entrevistó a víctimas que sufrieron operaciones quirúrgicas contra su voluntad.

Personal del Ministerio de Salud que participó en el reclutamiento y operaciones compulsivas de las mujeres de los caseríos de Sion, Shumanza y Juanjuí, confirmaron que desde Lima les impusieron una cuota de esterilizaciones bajo amenazas de sanciones si es que no cumplían con los objetivos.

Los testimonios obtenidos en San Martín confirman que los excesos cometidos durante la ejecución del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del régimen de Fujimori, no fueron hechos aislados sino que formaban parte de una política de Estado. Son las propias mujeres las que relatan cómo fueron víctimas de las intervenciones sin su consentimiento, bajo engaños o amenazas, o mediante el uso de la fuerza.

“Es orden del gobierno”

Felipa Guerra Martínez, residente en el centro poblado de Sion, en el distrito de Campanilla, en la provincia Mariscal Cáceres, recordó que tenía 31 años cuando la esterilizaron en noviembre de 1995. La escogieron porque tenía cuatro hijos. Lo recuerda muy bien porque cuando los enfermeros le dijeron que por orden del gobierno tenía que ligarse las trompas, ella contestó que estaba embarazada. Entonces le respondieron que no era problema y que las acompañara para hacerle una evaluación rutinaria. Era mentira Así lo contó:

Nos llevaron a mi y a otras mujeres de Sion en un bote por el río con dirección a la posta médica de Campanilla. Yo les dije varias veces que no, que no quería, y que estaba embarazada, pero insistieron. ‘Es orden del gobierno’, me decían. Luego me dijeron que solo me iban a sacar análisis sobre mi embarazo. Pero era un engaño. Las dos enfermeras que vinieron a mi casa me dijeron: “Señora, si estás embarazada no te vamos a tocar ni un poquito”. Cuando llegamos a la posta de Campanilla, nos encerraron en el local para que nadie saliera. En ese lugar pasamos la noche. Había mujeres de Chumanza, de Perla de Mayo y otras localidades. Había más de 100 mujeres. Dormimos unas en colchones, otras en el piso. Al segundo día nos pusieron batas. A la fuerza me hicieron subir a la camilla. Yo no quería, me jalaron del brazo diciéndome que me iban a sacar mis análisis, que si no me dejaba no iba a tener pasaje de regreso a mi casa, ni alimento, ni agua. Cuando forcejeaba, sentí la aguja de la anestesia. Al día siguiente nos obligaron a levantarnos. Todas estabámos adoloridas. No queríamos levantarnos. Yo busqué a las enfermeras que me engañaron para reclamarles porque me operaron a mí y a otras mujeres contra nuestra voluntad. No las encontré. Pero Dios hará justicia algún día. Para Dios nada es imposible.

“Me ataron las muñecas”

Bertila Cachique Tuanama, natural de Sion, contaba con 38 años y rechazó la esterilización desde el principio. Tuvieron que perseguirla y atarle las muñecas para intervenirla quirúrgicamente. Esto es lo que manifestó:

Quince días después de haber dado a luz gemelos, doctores y enfermeras con ropas celestes llegaron a mi casa en Campanilla, en 1996. “Tienes que ir al hospital de Campanilla donde te vamos a esterilizar para que no tengas más hijos, eso es lo que ha ordenado el gobierno”, me dijeron. Les dijo que no. “¡Tienes que ir!”, repitieron. Y me volví a negar. Entonces me escapé corriendo y me siguieron y me agarraron. Entre dos me metieron en la ambulancia, me llevaron a la posta con siete mujeres más, entre ellas mi hermana Juana Cachique Tuanama. En el hospital de Juanjuí me ataron las muñecas en la camilla para esterilizarme contra mi voluntad. En un mismo cuarto estábamos varias mujeres en camillas, y ahí me han puesto la anestesia en el brazo. Las señoras gritaban. Los médicos operaban a todas en el mismo cuarto. Cuando vi eso, que las cortaban a todas, también grité para que me desataran. Nos maltrataron feo. Yo gritaba “¡No quiero, no quiero ligarme! ¡Mi esposo tampoco quiere!”. No podía defenderme. Nunca me hicieron exámenes, ni análisis, ni psicólogo, ni firmar nada. Me operaron de frente, así nomás. Estaban apurados. Tuve un inmenso dolor varios meses después de la ligadura, no podía caminar, no podía trabajar, nuestra economía empeoró, nuestra vida sexual y afectiva también, nos malograron la vida.

A Lady Dávila Montenegro, del poblado de Sion, la sometieron a la esterilización cuando había cumplido 30 años. Al igual que las demás, a pesar de su tenaz renuencia a la intervención quirúrgica, fue sometida con engaños y violencia. El mismo patrón que La República descubrió en Piura y en Cusco. En Costa, Sierra y Selva, se aplicó la misma política del régimen de Fujimori. La imposición consistía en que médicos, enfermeros y técnicos de salud tenían que cumplir con cuotas semanales de mujeres esterilizadas bajo pena de sanción o despido por incumplimiento.

Los hechos lo confirman.

“Nos malograron la vida”

Las mujeres afectadas, por sus pobres condiciones económicas, no tuvieron la oportunidad de demandar a los que les causaron dolor. Por eso decidieron hablar, para que al menos quede el testimonio de lo que sufrieron, sufren y sufrirán.

Esto es lo que narró Lady Dávila Montenegro:

Un día de agosto de 1997, un par de enfermeros llegaron a mi casa para decirme que estaban buscando mujeres de 25 a 35 años para llevarlas a hacerse exámenes de todo tipo al hospital de Juanjuí. Así que agarré mi ropa y a mi bebé y me fui con ellos en un latón (bote). Conmigo había cinco mujeres. Pero en el hospital de Juanjuí mucho más. Lloraban, se quejaban, entonces me quise escapar. Con otra compañera nos quisimos salir por la puerta, pero cuatro enfermeros nos atraparon y nos devolvieron a la fuerza. Nos dijeron: “¡Si ustedes tratan de escapar van a pagar todos los gastos! ¡Ustedes no van a salir de aquí!”. Nos atemorizaron. Directo no llevaron a la sala de operación con otras cinco mujeres. Ahí nomás nos anestesiaron.

Desperté como en dos o tres horas. No recuerdo bien. Muchas mujeres gritaban: “¿Por qué nos han hecho esto?”. “¡Voy a morir!”. Nos regresaron a nuestras casas en el bote. Cuando mi esposo se enteró de lo que me hicieron bajo engaños, dijo que esto no se quedaba así. No denunciamos porque no sabíamos dónde y no había dinero. También nos dijeron que si denunciábamos, nos iban a perseguir, que mejor no lo hiciéramos. Nunca firmamos ningún papel. Después de la operación, tuve infección urinaria, inflamación de los riñones. Quedamos muy mal todas. Yo antes trabajaba mucho en la chacra, trabajaba como hombre, ganaba mi dinero, fumigaba, tiraba machete y hacha, cargaba mi leña, mi plátano. Ahora soy inútil. Nos malograron la vida. Tenemos cólera por eso.

Por desgracia, hay candidatos que todavía niegan que ocurrió todo esto.

Investigarán 150 días más

Después de siete meses de investigación, la fiscal encargada del caso, Marcelita Gutiérrez Vallejos, resolvió solicitar 150 días más para continuar con las diligencias.

La fiscal Gutiérrez, y personal de su despacho, han viajado por distintas partes del país para recoger el testimonio directo de las víctimas.

No obstante el mandato de la Corte de San José al Estado peruano para que identifique y sancione judicialmente a los culpables, el caso ha sido archivado hasta en cinco ocasiones.

Según el abogado de algunas de las mujeres de Sion que sufrieron esterilizaciones forzadas, Miro Toledo Gutiérrez, la fiscal del caso se desplazará al Huallaga para tomar sus manifestaciones.

Claves

Reportaje. La República recorrió las localidades de Sion, Shumanza y Juanjuí en busca de los testimonios de las víctimas de las esterilizaciones.

Cobertura. Fueron entrevistadas más de 20 mujeres que sufrieron las intervenciones.

Antecedente. Cuando fueron operadas, se dedicaban a la agricultura. Luego de las intervenciones quirúrgicas, ya no pudieron con este tipo de trabajo, lo que afectó gravemente sus ingresos.

Publicado originalmente en La República el 04 de marzo de 2016. Ver enlace aquí.

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Amnistía Internacional pide a candidatos garantizar reparaciones a víctimas de esterilización

La representante de Amnistía Internacional en Perú pidió que se implemente un Plan Nacional de Derechos Humanos para resarcir a las víctimas del periodo de violencia.

aministia intl. reparaciones esterilizacion forzadaLa RepublicaLa organización Amnistía Internacional pidió a los candidatos presidenciales incluir propuestas sobre la búsqueda de desaparecidos durante el periodo de violencia (1980-2000) así como el pago de reparaciones civiles para las víctimas de esterilizaciones forzadas.

La representante de esta organización en el Perú, Marina Navarro, explicó que estos aspectos forman parte de las seis medidas que proponen para implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Navarró pidió una política integral de reparaciones para las víctimas y de investigación de la Fiscalía para hacer efectivo el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).

En cuanto a las medidas para erradicar la impunidad y resarcir a las víctimas, sostuvo que plantean implementar una ley de búsqueda de personas desaparecidas, dar prioridad a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y establecer un plan de acción con claras responsabilidades.

“No es posible que en el Perú haya personas que llevan 30 años buscando a sus familiares sin que el Estado haya hecho absolutamente nada para resolverlo. No hay una ley de búsqueda de desaparecidos”, señaló.

Señaló, en otro momento, que la siguiente gestión debe comprometerse a respetar el derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, a fin de que las comunidades puedan ejercer “un consentimiento previo, libre e informado” sobre temas que les afectan.

Por otro lado, declaró que se deben adoptar medidas claras y no discriminatorias que faculten el libre acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, así como el acceso a todos los métodos anticonceptivos para toda la población, incluyendo los jóvenes.

Por último, manifestó que el próximo presidente deberá cumplir con todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. (Con información de Andina)

Publicado por: La Republica

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La investigación por esterilizaciones forzadas en Perú se prolonga

El resultado del proceso en contra de Alberto Fujimori se debía entregar este miércoles pero lo han prorrogado 150 días.

ONG DEMUSONG DEMUS. El Ministerio Público tenía que entregar este miércoles la investigación que se realiza al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud en relación con las esterilizaciones forzadas realizadas a mujeres indígenas durante ese Gobierno. La fiscal a cargo de la investigación ha pedido cinco meses más para formalizar su denuncia. Las víctimas y los parientes de las fallecidas realizaron un plantón y han interpuesto una queja contra la fiscal, ya que es la tercera prórroga que pide, pese a que la entidad investiga el caso hace 14 años y el expediente contiene 150 tomos de testimonios y pruebas.

En enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca archivó la investigación por delitos de lesa humanidad al exmandatario, entre 1990 y 2000, y a sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Antonio Aguinaga. Ante una queja presentada por las víctimas, el caso fue reabierto en mayo de 2015, a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez, quien pidió 150 días para nuevas diligencias.

“Han pasado 19 años de la muerte de mi hermana y es indignante que aún no encuentran responsables. En la última campaña electoral el presidente [Ollanta Humala] dijo que se iba a hacer justicia”, comentó a EL PAÍS Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, esterilizada contra su voluntad en el departamento de Piura.

La Defensoría del Pueblo contabilizó a 2.074 mujeres esterilizadas sin consentimiento informado, basándose en denuncias hechas ante el Ministerio Público; al menos 18 de ellas fallecieron por complicaciones durante o derivadas de la cirugía. En el mandato de Fujimori se realizaron alrededor de 300.000 esterilizaciones.

“Lo antes posible”

La abogada Jessenia Casani es la defensora de las víctimas de esterilización forzada. Destacó que la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente, no reconoce que se trata de delitos de lesa humanidad, sino de actos aislados cometidos por algunos médicos. Fujimori encabeza las encuestas de intención de voto con un 30%, de cara a las presidenciales del 10 de abril.

El 4 de febrero, 23 miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta a Humala en la que le solicitan “hacer todo lo posible para avanzar lo antes posible hacia la debida judicialización de todos los casos”.

En la resolución del 5 de febrero que dispone la ampliación por 150 días de la investigación preliminar, la fiscal Aguirre refiere que en nueve meses ha recabado 1.626 declaraciones indagatorias de presuntas agraviadas en los departamentos de Huánuco, Huancavelica, Moquegua, Cusco, Piura, Tumbes y Lima, y que a fin de mes recogerá otras 316 en la Ciudad de Iquitos.

Publicado por: El País

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Víctimas de esterilizaciones afirman haber recibido maltrato de los fiscales

Escribe: Melissa Goytizolo y Melissa Valdivia

Controversia. Ministerio Público respondió que los fiscales Wendy Calero y Óscar Chávez que viajaron al Cusco para recoger los testimonios, se limitaron a cumplir con su función. Testigos denunciaron los hechos ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Imagen La RepúblicaPara las campesinas del distrito cusqueño de Colquepata que fueron víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori, es muy difícil hablar de un episodio traumático de sus vidas. Les ligaron las trompas bajo amenazas de prisión o de retención de sus hijos y fueron intervenidas quirúgicamente en condiciones infrahumanas. Sin embargo, cuando el Ministerio Público decidió emprender una nueva investigación sobre el caso, decidieron hablar. Varias lo harían más de veinte años después de los hechos.

La titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez Vallejos, asignó a los fiscales adjuntos Wendy Calero Espino y Óscar Chávez Ayvar para que recogieran las declaraciones de las mujeres de Colquepata, entre el 15 y 16 de diciembre último. Pocos días después, las campesinas enviaron una comunicación escrita al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para quejarse del maltrato de los fiscales Calero y Chávez.

Las campesinas alegaron que las autoridades cortaron los testimonios abruptamente, antes de que relataran los pasajes más importantes.

También dijeron que en distintas ocasiones los fiscales insinuaron que lo que motivaba a las campesinas a hablar era un interés por obtener alguna indemnización dineraria.

La República entrevistó a varias de las denunciantes en Paucartambo, Cusco, y estas confirmaron la versión que comunicaron al fiscal de la Nación.

La fiscal Marcelita Gutiérrez negó a este diario que Wendy Calero y Óscar Chávez hubieran maltratado a las campesinas de Colquepata a las que entrevistaron como parte de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas.

“Si las señoras dicen que se han vulnerado sus derechos, entonces tendrían que haber denunciado (el caso) en el (mismo) lugar donde ocurrió”, señaló la fiscal Gutiérrez, quien restó veracidad a lo dicho por las campesinas víctimas de las esterilizaciones compulsivas.

“Si a ustedes les parece que es suficiente con lo que dicen las señoras, publiquen lo que dicen. Por nuestra parte, se ha cumplido con una diligencia fiscal. No ha ocurrido lo que ellas señalan. Más no puedo decir porque se trata de una investigación reservada”, indicó la fiscal Marcelita Gutiérrez.

Fuentes relacionadas con los fiscales Wendy Calero y Óscar Chávez, los fiscales asignados para recoger las declaraciones, también negaron haber ofrecido un trato discriminatorio o amenazante a las mujeres de Colquepata.

Los testimonios

Celia Callata Paso, de 40 años, relató:

A mí me tocó el fiscal Chávez. Le conté de mi caso, que me cogieron a la fuerza para ligarme, que me desesperé y que entre cuatro me agarraron a la fuerza y me pusieron anestesia. (…) El fiscal me dijo que ahora estaba bonita. ‘Qué más quieres, hay señoras sucias, todas achacosas. Ahora estás sana’, eso me dijo. (…) Yo le respondí: ‘Cómo voy a estar sana si tengo dolores. Con las justas estoy criando a mis hijos’. Y el fiscal me dijo: ‘Su hija Keiko va a entrar a gobernar con más ganas. ¿Qué cosa van a pedir al pobre viejito? (Alberto Fujimori). Ustedes no van a lograr nada con el juicio que están haciendo. Si estás sana, de qué te quejas’, eso me dijo. Yo le respondí: ‘Parezco sana pero dentro de mi cuerpo las enfermedades están avanzando. Yo no puedo trabajar como antes’.

Gloria Amao Yapo, de 64 años, declaró:

Ambos fiscales (Calero y Chávez) no me dejaron completar mis declaraciones. Me hicieron firmar de frente una hoja con mi testimonio a medias. Yo salí con temor pensando en que estos señores estaban en mi contra y que por eso es que me trataban así. (…) Yo quise terminar (mi declaración), pero ellos reaccionaron mal diciéndome que seré denunciada si he firmado y declarado sobre mi caso en otro lado. (..) A pesar de todo, quisiera testimoniar pero frente a nuevos fiscales que traten bien a las personas. No es fácil contar lo que vivimos. Es doloroso.

Alejandrina Pacheco Huamán, de 49 años, manifestó:

Me entrevistó la fiscal (Calero), pero no me dejó declarar todo. Cortó mis declaraciones y llenó la mitad del documento donde me pidió que firmara. Pedí terminar al traductor (del quechua). Y lo comunicó a los fiscales, pero estos le dijeron que no. Que todo había terminado.

Clemencia Yanqui Illa, 50 años, expresó:

Me tocó dar mi testimonio a la fiscal (Wendy Calero). En medio de mis declaraciones, cuando todavía no había terminado, ella me dijo: ‘Estamos perdiendo el tiempo. Ustedes lo que quieren es plata del gobierno’. Y eso asustó a mis demás compañeras. Por eso, lo que pedimos es que nos vuelvan a tomar las declaraciones, sin estos abusos que he mencionado. No creo que (los fiscales que han venido) nos hayan escuchado. No hay interés. Parecía que esos fiscales estaban en contra nuestra.❧

Sigue mañana.

“Yo aquí soy la autoridad. Voy a denunciarla”

La presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas del Cusco (AMAEF), Rute Zúñiga Cáceres, afirmó que los hechos ocurrieron el 15 de diciembre.

“Fue en la Fiscalía de Paucartambo. Tocaba tomar declaraciones a un grupo de mujeres. Yo llegué porque me llamó Anastasia García Quenaya porque había recibido maltratos por parte de los fiscales”, dijo Zúñiga.

“Ellas estaban en la puerta de la Fiscalía y me dijeron: ‘Señora, nos están agrediendo. Nos dicen que por qué no hemos denunciado antes, por qué recién ahora. Nos acusan de querer sacar plata al gobierno. Y no nos dejan declarar todo lo que nos pasó'”, indicó.

“Yo pregunté a la fiscal Calero por lo sucedido y me contestó con actitud prepotente: ‘¿Quién eres tú? ¿De qué hablas? Nadie tiene derecho a decir eso de nuestro trabajo. Yo aquí soy la autoridad. Voy a denunciar a esa señora que se ha quejado’. Eso dijo”, declaró.

Publicado originalmente en La República, el 07 de enero de 2016. Ver enlace aquí.

 

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WOLA: Es imprescindible individualizar responsabilidades por esterilizaciones y procesarlos ante la justicia

La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) destacó que Perú haya dispuesto crear un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas y consideró imprescindible individualizar responsabilidades y procesarlas en la vía penal.

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Imagen de Andina/Juan Carlos GuzmánImagen de Andina/Juan Carlos GuzmánJo-Marie Burt, investigadora de WOLA, señaló a la Agencia Andina que el registro de las víctimas, así como la atención médica que promete brindarles el Estado peruano constituyen pasos de gran importancia hacia la justicia y la reparación.

“Es una manera de reconocer la responsabilidad que tuvo el Estado en un caso de grave vulneración a los derechos reproductivos de las mujeres”, manifestó Burt.

Recordó que a consecuencia de estas esterilizaciones realizadas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, varias mujeres murieron y muchas otras siguen padeciendo secuelas tanto físicas como psicológicas o mentales.

Bajo esa premisa, consideró que el Estado debe también reconocer de manera explícita su responsabilidad y pedir perdón a las mujeres afectadas.

“A su vez es imprescindible que individualice responsabilidad y procese penalmente a quienes serían los principales responsables: las personas que diseñaron este programa”, añadió la investigadora de WOLA.

Según comentó, de acuerdo a investigaciones realizadas, los testimonios de las mujeres y de los médicos que participaron en las intervenciones, estas formaron parte de una política de estatal.

Por último señaló la necesidad de que el registro de las víctimas y la atención médica se realice de manera rápida y eficiente, dado que las afectadas han esperado justicia más de 15 años.

(FIN) VVS/FHG

Publicado orginalmente en Andina, el 15 de noviembre de 2015. Ver aquí.

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Casos de esterilizaciones forzadas son declarados de interés nacional

Mediante un Decreto Supremo publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Gobierno declaró de interés nacional la atención a las víctimas de esterilizaciones forzadas, ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori y dispuso la creación del registro de víctimas.

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CNDDHH La Republica

A través del Ministerio de Justicia, se estableció un marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, acompañamiento sicológico y atención de salud integral a las víctimas del entonces denominado programa anticoncepción voluntaria quirúrgica (AVQ).

El ministerio brindará asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas a nivel nacional, para que puedan formular sus denuncias y efectuar el seguimiento correspondiente.

Asimismo, el Gobierno dispone la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo). Con esta medida se busca identificar el universo de los afectados por este tipo de prácticas y garantizar que accedan a los mecanismos de justicia.

El Ministerio de la Mujer será el ente encargado de la atención sicológica y acompañamiento social de quienes integren el registro de víctimas.

Sobre la atención ¿de salud, se precisa que será en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud (SIS).

Los ministerio de Justicia, Mujer y Salud, tiene un plazo de 30 días para emitir las normas complementarias que sean necesarias para una implementación.

Decreto Supremo: El Peruno 06/11/2015

Decreto Supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea el registro correspondiente

DECRETO SUPREMO

Nº 006-2015-jus

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 1 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado;

Que, conforme al inciso 1 del artículo 2 y al artículo 6 de la Constitución Política del Perú que consagran el derecho al libre desarrollo de la persona así como el derecho a decidir;

Que, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política del Perú, es deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, así como promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, el literal b) del artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) señala que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, comprendiendo, entre otros, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

Que, el literal e) del numeral 1 del artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que es obligación de los Estados asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

Que, la Defensoría del Pueblo, en sus Informes Defensoriales N° 7, 27 y 69, identificó diversas irregularidades en la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996 – 2000, así como la aplicación compulsiva de ligaduras de trompas de falopio y, en menor medida, de vasectomías dentro de contextos en los que se presentaba la ausencia de garantías para la libre elección de los métodos de planificación familiar, como también la ausencia de seguimiento post-operatorio a las usuarias de las intervenciones quirúrgicas, entre otras, que han tenido especial incidencia sobre la vida, integridad y salud sexual y reproductiva de las mujeres;

Que, según información que obra en el Ministerio Público en el Expediente N° 26-2011, seguido ante la Tercera Fiscalía Supraprovincial, se encuentran identificadas 2,091 presuntas víctimas de esterilización forzada en el marco de la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, desarrollado entre 1996 y 2000 e incluso con anterioridad y posterioridad a este periodo, relacionadas con prácticas médicas en las que no se habría recabado su consentimiento ni se habría brindado la información necesaria;

Que, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley de Política Nacional de Población, aprobada por Decreto Legislativo Nº 346, señala como su objetivo promover y asegurar la decisión libre, informada y responsable de las personas y parejas sobre el número y espaciamientos de los nacimientos, proporcionando para ello los servicios educativos y de salud que contribuyan a la estabilidad y solidaridad familiar así como a la mejora de la calidad de vida;

Que, el artículo 6 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que toda persona tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los naturales;

Que, conforme al literal e) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, el Ministerio de Salud tiene como función regular los servicios públicos de su competencia;

Que, conforme a los literales b) y d) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este sector tiene competencia en la protección de los derechos de las mujeres y la prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres;

Que, de acuerdo a lo señalado en los literales a), b), c), e), f) e i) del artículo 77 y el literal b) del artículo 84 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, corresponde a este sector formular, planear, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales contra la violencia de género en el marco de las políticas de Estado y los objetivos de desarrollo nacional, encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, especialmente en el caso de las mujeres que viven en la pobreza, por ser más vulnerables a la discriminación;

Que, conforme al literal d) del artículo 7 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, corresponde a este sector formular las políticas públicas de acceso a la justicia para la inclusión de personas de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, a través de los servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita y medios alternativos de solución de conflictos;

Que, asimismo, conforme al literal a) del artículo 107 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, tiene la función específica de ejecutar las políticas de gestión para la prestación del servicio de asistencia legal a personas de escasos recursos económicos en condiciones de vulnerabilidad en materia de derecho de familia, civil, laboral y defensa de víctimas que han sufrido vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

El presente decreto supremo tiene por objeto establecer el marco jurídico para implementar, con carácter prioritario, la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001 así como la creación del registro correspondiente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 2.- Finalidad

La presente norma tiene por finalidad promover el acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, producidas durante el periodo 1995 – 2001, las cuales serán incorporadas en un Registro de ámbito nacional.

Artículo 3.- Declaración de interés nacional

Declárese de interés nacional la atención prioritaria de las acciones de promoción del acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, producidas durante el periodo 1995 – 2001.

Artículo 4.- Acceso a la justicia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de las normas que regulan los servicios de Defensa Pública de Víctimas, brinda asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas de las esterilizaciones forzadas a nivel nacional, a fin de formular las denuncias a que hubiere lugar y, de ser el caso, brindar el seguimiento y patrocinio jurídico pertinente.

Artículo 5.- Creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas

Créase el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas durante el periodo 1995 – 2001 (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el ámbito de las competencias de los servicios de Defensa Pública de Víctimas, con la finalidad de identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia.

Artículo 6.- Atención integral en salud

Las personas incluidas en el registro creado por el artículo 5 del presente decreto supremo reciben atención integral en salud, en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud – SIS.

Artículo 7.- Atención psicológica y acompañamiento social

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda la atención psicológica y el acompañamiento social correspondiente a quienes se encuentren en el registro creado por el artículo 5 del presente decreto supremo.

Los Centros de Emergencia Mujer – CEM, en el marco de la atención psicológica y acompañamiento social y dentro del ámbito de su competencia, coordinan a nivel nacional con las direcciones distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de su respectiva localidad, a fin de implementar las acciones a que se refiere el presente decreto supremo de manera eficiente, optimizando sus recursos para la mejor atención de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Artículo 8.- Financiamiento

La presente norma se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los Pliegos involucrados.

Artículo 9.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Salud, y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Normas complementarias

Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables emiten dentro de los 30 días calendarios posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto supremo, las normas complementarias que sean necesarias para su implementación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO

Presidente de la República

ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Marcela Huaita Alegre

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA

Ministro de Salud

Publicado por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Fiscalía cita a 147 posibles víctimas de Moquegua de esterilizaciones forzadas

Moquegua. Las autoridades del Ministerio Público recibirán el testimonio de 147 mujeres de esta región, presuntamente agraviadas con las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

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Para tal efecto, personal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima se trasladará a esta ciudad durante la tercera semana del presente mes.

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaLas audiencias se han programado para el martes 20 en la provincia de Mariscal Nieto y miércoles 21 en el puerto de Ilo.

Las declaraciones se recogen en varias regiones, a raíz del caso de María Mamerita Mestanza Chávez, campesina quien falleció por una esterilización forzada y mala práctica en 1998.

De acuerdo a una resolución emitida por la Fiscalía Supraprovincial son 62 mujeres las que han sido identificadas como posibles agraviadas en la provincia Mariscal Nieto, otras 62 en el puerto de Ilo y 23 en la provincia de Sánchez Cerro.

Los fiscales que han sido designados para cumplir tales diligencias, recogerán las historias clínicas de las moqueguanas.

Durante el periodo del expresidente Fujimori, al menos 200 mil mujeres de diferentes regiones del país fueron obligadas a someterse a las esterilizaciones bajo el argumento de planificación familiar.

Noticia originalmente publicada en La República, el 07 de octubre de 2015

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Reparación a víctimas de esterilizaciones forzadas no debe depender de proceso judicial

  • A propósito de unas declaraciones del Viceministro Ernesto Lechuga

Por Jairo Rivas

El domingo 6 de setiembre, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga Pino, tuvo unas desafortunadas declaraciones. El funcionario indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tenía previsto crear un registro para identificar a las víctimas de esterilizaciones forzadas, tal como lo había propuesto Amnistía Internacional hace algunas semanas. Según la nota de Andina, el Viceministro dijo lo siguiente:

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© Andina
© Andina
© AndinaTenemos que ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial para poder adoptar las medidas de política correspondientes, mientras tanto no podemos hacerlo, pero estamos atentos al desarrollo del proceso judicial que se realiza en relación con las esterilizaciones forzadas.

El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, al cual pertenezco, le ha remitido una carta al Viceministro para explicarle por qué razones un programa de reparaciones específico para las mujeres víctimas de una mala práctica estatal no puede supeditarse a una decisión judicial. El texto de la misiva dice lo siguiente:

… hemos conocido, con enorme preocupación, sus declaraciones en las que manifiesta que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene previsto por el momento crear un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas mientras espera “ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial”. Nos parece especialmente erróneo el argumento que supedita la adopción de “medidas de política” al proceso judicial pues revela una inadecuada comprensión de las diferencias entre ambos: un proceso judicial intenta establecer responsabilidades penales como base para definir sanciones y reparaciones; una política pública puede desarrollarse independientemente de una decisión judicial, basándose en el reconocimiento de una situación que requiere ser atendida adoptando decisiones y movilizando recursos con una finalidad transformadora.

Las decisiones de política pública no requieren decisión judicial previa, antes bien constituyen otra forma de realizar justicia, en este caso para personas afectadas que desde hace 18 años no encuentran respuesta del sistema judicial. Hacer depender una decisión gubernamental de un mandato judicial – cuya finalidad es diferente – solo revelaría que la gestión actual no se propone adelantar iniciativa alguna para resarcir a las mujeres afectadas. Esta situación es en extremo preocupante dado que, pese al tiempo transcurrido, el Estado no sabe con exactitud el número de mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada durante la segunda mitad de los años noventa, muchas de ellas indígenas y campesinas, cuya salud se vio afectada de manera crónica como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.

Frente a la ausencia de una respuesta en el sistema judicial, lo más conveniente sería que el gobierno decida realizar una política pública para remediar esta grave situación. Por ello, le expresamos nuestra disposición a reunirnos con usted para exponer las iniciativas que desde su despacho se pueden adelantar en materia de reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas, y cuya implementación no requiere una decisión judicial, sino más bien una clara voluntad gubernamental hacia quienes en el pasado fueron afectadas por decisiones y actuaciones de servidores públicos.

He argumentado antes que es posible aplicar el mecanismo no judicial de las reparaciones en esta situación, que hacerlo ofrecería una respuesta del Estado a mujeres que solo han conocido indiferencia e impunidad a lo largo de 18 años, y que con ello se daría un mensaje poderoso sobre la inaceptabilidad de vulneraciones de este tipo.

Cuando el Viceministro Lechuga propone esperar una decisión judicial para actuar en consecuencia está enviando el mensaje contrario, uno muy doloroso: que el Ministerio encargado de velar por la justicia está renunciando a su tarea de promover el respeto de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que han sido vulnerados. No es la actitud que se espera de una autoridad, razón por la cual una rectificación rápida sería más que necesaria. La esperamos.

Actualización

Publicado por La Mula, el 7 de septiembre de 2015

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“El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas”

Por Omar Rosel

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, son más de 300 mil las mujeres de escasos recursos económicos que fueron esterilizadas contra su voluntad en el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Tras 18 años, estas víctimas aún no encuentran justicia, porque se ha intentado archivar este caso hasta en tres oportunidades, a pesar de las contundentes evidencias que existen. Noticias SER conversó con Ana María Vidal, integrante del Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas, GREF, sobre la nueva investigación fiscal que se viene realizando en torno a este tema y la poca voluntad que muestra el gobierno para reconocer y atender a las víctimas de tan penosos hechos.

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¿Por qué se ha intentado archivar el caso de las esterilizaciones forzadas hasta en tres oportunidades a nivel de la Fiscalía?

© NoticiasSER.pe© NoticiasSER.peHay distintas motivaciones, hay distintas etapas. En este último caso en concreto, si bien se ha reconocido que hubo violaciones de derechos humanos, se ha intentado librar de toda responsabilidad a Alberto Fujimori, en ese tiempo presidente, así como a sus ministros, y solo han quedado las responsabilidades de los médicos. Siempre ha habido un intento de que los más altos niveles de decisión del gobierno no se asuman la responsabilidad, porque fue una política de Estado, desde el presidente de la República y sus ministros de aquel momento.

La fiscal Marcela Gutiérrez ha iniciado una nueva investigación sobre el tema. ¿Qué garantía existe de que ahora este caso pueda avanzar y no termine siendo archivado nuevamente?

Falta que el mismo Ministerio Publico otorgue las garantías para la investigación fiscal. No sé si haya más garantías que antes, porque antes no las hemos tenido, y lo que sí se deja ver es que hay una falta de interés desde el Poder Ejecutivo para saber qué es lo que paso.

¿Son contundentes las pruebas que existen sobre este delito cometido durante el gobierno de Fujimori?

Al modo de ver de los abogados que están llevando el caso, tanto en DEMUS como en el IDL, sí hay pruebas contundentes para decir que hubo un crimen de lesa humanidad, que fue una política pública que se trabajó y conoció desde el más alto nivel. No fue algo creado por los médicos que implementaron la política pública, sino que las órdenes habrían provenido de altos niveles de decisión, tal como se muestra en los documentos presentados en el dossier de Diario 16.

Durante su campaña, Ollanta Humala usó como bandera el tema de las esterilizaciones forzadas para ganarle la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori. ¿Por qué cree, entonces, que no es agenda del gobierno la reparación a las víctimas?

No sabemos, porque lo claro es que el gobierno no quiere hacerse cargo de aquello que le toca. Si bien corresponde primero al Ministerio Publico hacer la investigación pertinente para que el caso pueda pasar al Poder Judicial, esta hasta ahora no ha sido iniciada. El tema no está ni siquiera judicializado. Se ha quedado solo en el Ministerio Público. No sabríamos decir cuál es la motivación para que la verdad y la reparación no sean tomadas como partes importantes de las políticas de este gobierno, ya que fue un motivo de campaña y una promesa electoral. El actual presidente dijo claramente, cuando estaba en campaña electoral, que se haría respetar los derechos de las mujeres y a estas mujeres que fueron violentadas. Si bien la justicia que se busca está fuera de la competencia del Poder Ejecutivo, también se busca la verdad y la reparación.

¿Qué acciones debió emprender el gobierno en este caso?

El gobierno hasta ahora no ha hecho nada por investigar. El ministerio de Salud, por ejemplo, debería saber quiénes fueron las mujeres esterilizadas, cuántas fueron, dónde están sus historias clínicas, pero a la fecha no hay ningún interés por tener un registro al respecto y tampoco hay un interés del gobierno por reconocer que sucedieron las esterilizaciones forzadas. El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas

¿Se podría decir que el tema sólo es utilizado políticamente por los actores políticos?

Sí pues. Es utilizado para atacar al fujimorismo, porque fue en el gobierno de Fujimori cuando se perpetró ésta política pública. Al parecer, ahora habría indicios de que esta política fue planeada desde el primer gobierno de Alan García, según lo que sale en la denuncia periodística, pero lo cierto es que ningún mandatario ha hecho algo por la verdad y la reparación. Cada vez que algún gobierno o el Ejecutivo menciona este tema, es para atacar al fujimorismo, pero no se dan cuenta de que están contribuyendo con la impunidad en estos casos.

Publicado por NoticiasSER.pe, el 15 de julio de 2015