Por Omar Rosel
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, son más de 300 mil las mujeres de escasos recursos económicos que fueron esterilizadas contra su voluntad en el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Tras 18 años, estas víctimas aún no encuentran justicia, porque se ha intentado archivar este caso hasta en tres oportunidades, a pesar de las contundentes evidencias que existen. Noticias SER conversó con Ana María Vidal, integrante del Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas, GREF, sobre la nueva investigación fiscal que se viene realizando en torno a este tema y la poca voluntad que muestra el gobierno para reconocer y atender a las víctimas de tan penosos hechos.
¿Por qué se ha intentado archivar el caso de las esterilizaciones forzadas hasta en tres oportunidades a nivel de la Fiscalía?
© NoticiasSER.peHay distintas motivaciones, hay distintas etapas. En este último caso en concreto, si bien se ha reconocido que hubo violaciones de derechos humanos, se ha intentado librar de toda responsabilidad a Alberto Fujimori, en ese tiempo presidente, así como a sus ministros, y solo han quedado las responsabilidades de los médicos. Siempre ha habido un intento de que los más altos niveles de decisión del gobierno no se asuman la responsabilidad, porque fue una política de Estado, desde el presidente de la República y sus ministros de aquel momento.
La fiscal Marcela Gutiérrez ha iniciado una nueva investigación sobre el tema. ¿Qué garantía existe de que ahora este caso pueda avanzar y no termine siendo archivado nuevamente?
Falta que el mismo Ministerio Publico otorgue las garantías para la investigación fiscal. No sé si haya más garantías que antes, porque antes no las hemos tenido, y lo que sí se deja ver es que hay una falta de interés desde el Poder Ejecutivo para saber qué es lo que paso.
¿Son contundentes las pruebas que existen sobre este delito cometido durante el gobierno de Fujimori?
Al modo de ver de los abogados que están llevando el caso, tanto en DEMUS como en el IDL, sí hay pruebas contundentes para decir que hubo un crimen de lesa humanidad, que fue una política pública que se trabajó y conoció desde el más alto nivel. No fue algo creado por los médicos que implementaron la política pública, sino que las órdenes habrían provenido de altos niveles de decisión, tal como se muestra en los documentos presentados en el dossier de Diario 16.
Durante su campaña, Ollanta Humala usó como bandera el tema de las esterilizaciones forzadas para ganarle la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori. ¿Por qué cree, entonces, que no es agenda del gobierno la reparación a las víctimas?
No sabemos, porque lo claro es que el gobierno no quiere hacerse cargo de aquello que le toca. Si bien corresponde primero al Ministerio Publico hacer la investigación pertinente para que el caso pueda pasar al Poder Judicial, esta hasta ahora no ha sido iniciada. El tema no está ni siquiera judicializado. Se ha quedado solo en el Ministerio Público. No sabríamos decir cuál es la motivación para que la verdad y la reparación no sean tomadas como partes importantes de las políticas de este gobierno, ya que fue un motivo de campaña y una promesa electoral. El actual presidente dijo claramente, cuando estaba en campaña electoral, que se haría respetar los derechos de las mujeres y a estas mujeres que fueron violentadas. Si bien la justicia que se busca está fuera de la competencia del Poder Ejecutivo, también se busca la verdad y la reparación.
¿Qué acciones debió emprender el gobierno en este caso?
El gobierno hasta ahora no ha hecho nada por investigar. El ministerio de Salud, por ejemplo, debería saber quiénes fueron las mujeres esterilizadas, cuántas fueron, dónde están sus historias clínicas, pero a la fecha no hay ningún interés por tener un registro al respecto y tampoco hay un interés del gobierno por reconocer que sucedieron las esterilizaciones forzadas. El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas
¿Se podría decir que el tema sólo es utilizado políticamente por los actores políticos?
Sí pues. Es utilizado para atacar al fujimorismo, porque fue en el gobierno de Fujimori cuando se perpetró ésta política pública. Al parecer, ahora habría indicios de que esta política fue planeada desde el primer gobierno de Alan García, según lo que sale en la denuncia periodística, pero lo cierto es que ningún mandatario ha hecho algo por la verdad y la reparación. Cada vez que algún gobierno o el Ejecutivo menciona este tema, es para atacar al fujimorismo, pero no se dan cuenta de que están contribuyendo con la impunidad en estos casos.
Publicado por NoticiasSER.pe, el 15 de julio de 2015