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News Reports on Transitional Justice in Peru

Denunciarán a ex jefe militar por desaparición de Ángel Escobar

  • Activista fue desaparecido en 1990 luego de denunciar 56 casos de violencia en la lucha contrasubversiva.

El fiscal supraprovincial de Huancavelica, Juan Borjas, denunciaría al general en retiro Luiz Paz Cárdenas por la desaparición del activista de derechos humanos Ángel Escobar Jurado en 1990, informó el abogado de IDL, Carlos Rivera.

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Ángel Paz - 27 de Febrero de 1990Paz Cárdenas se desempeñaba como jefe del Comando Político Militar de Huancavelica cuando militares vestidos de civil detuvieron a Escobar Jurado al salir de las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Huancavelica.

El caso Escobar Jurado está incluido en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado en reiteradas oportunidades al Perú a esclarecer su paradero y sancionar a los responsables de su desaparición.

Escobar Jurado, dirigente campesino y activista de derechos humanos, solía denunciar los abusos que cometían tanto Sendero Luminoso como el Ejército en Huancavelica.

En noviembre de 1989, dos meses antes de desaparecer, Escobar había reportado 56 hechos de violencia en esa zona del país.

Por ello mismo, los mandos militares tenían recelo de su función y era blanco de amenazas de muerte e investigaciones por terrorismo, aunque nunca se le encontró nada.

Hasta que el 27 de febrero de 1990 fue detenido y desde entonces nada se sabe de él. En su recuerdo, los organismos de derechos humanos instituyeron el premio nacional Ángel Escobar Jurado.

Publicado en La República el 29 de marzo de 2013

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Cambios en Sala Penal Nacional generan recelos entre los magistrados

Por César Romero C.

Desconcierto, preocupación y temor. Esto es lo que ha generado entre los jueces, los cambios de magistrados de la Sala Penal Nacional que viene promoviendo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

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© El Comercio© El ComercioEstos cambios no han sido coordinados ni puestos en conocimiento de la coordinadora de la Sala, la doctora Inés Villa Bonilla. Ella ha sido la última en enterarse, lo que pone en peligro todo este sistema.

La Sala Penal Nacional fue creada para atender los casos de criminalidad organizada: narcotráfico, lavado de activos, violación de DD.HH, terrorismo, mineria ilegal, crimenes contra periodistas, tráfico de armas, corrupción de alcance nacional, y otros.

Cuando se creó la Sala Penal Nacional, los jueces eran propuestos por el coordinador de este tribunal, entre los mejores y más experimentados de la Corte de Lima, para ser nombrados por el CEPJ.

Hoy, el que elige y nombra es el que CEPJ. De tal manera, que los nuevos magistrados son ex presidentes de Cortes Superiores, que son los que eligen a los consejeros. Otros son ex jueces de la Ocma, que tras la salida de Enrique Mendoza de ese cargo deberían regresar a provincias.

Pero, en medio de este desconcierto es poco claro quién o quiénes promueven estos cambios. El presidente del PJ y del CEPJ, Enrique Mendoza, guarda silencio y se dice que él no le encuentra sentido a este subsistema judicial.

Solo Interés político

Así, para la mayoría de jueces, los cambios serían por intereses políticos. Para otros, son movidas generadas por los miembros del Consejo Ejecutivo.

En el terreno político se habla de la cercanía del doctor Mendoza con el partido aprista y, en especial, con el ex secretario presidencial Luis Nava Gibert.

¿Cuál es el interés del Apra en estos cambios? Los jueces responden: está por resolverse el caso del comando Rodrigo Franco, que tiene entre los principales acusados al ex ministro Agustín Mantilla.

Pero, ¿Son los apristas los únicos interesados y con posibilidades de promover estos cambios? Los mismos jueces, son claros, en decir que no.

Un caso que también se ve afectado por estos cambios es el proceso contra la familia Sánchez Paredes por lavado de activos. Un proceso que promovió el ex presidente Alan García.

El jueves último, el Consejo Ejecutivo habría tomado la decisión de cambiar a la presidenta del colegiado “D”, que ve el caso Sánchez Paredes, la ex juez anticorrupción Victoria Sánchez Espinoza.

Ella sería reemplazada por la ex juez de la Ocma, Jacqueline Yalán y como segundo tendrá el ex presidente de la Corte de Piura, Luis Cevallos Vega.

Ex presidentes

Los jueces de la Sala Penal Nacional, incluyendo su actual coordinadora, Inés Villa, estarían evaluando una renuncia en bloque, si no son escuchados por el CEPJ ni por su presidente, Enrique Mendoza.

Entre los nuevos jueces de la SPN están los ex presidentes de Cortes de Ayacucho, César Prado, de Junin, Pablo Ilave, de Puno, Rómulo Carcauto y Piura, Luis Cevallos.

Publicado en La Republica el 23 de febrero de 2013

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CNM a punto de iniciar proceso a jueces que redujeron sentencia a Grupo Colina

El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidirá en tres semanas si abre o no proceso a los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que dispusieron reducir las penas a los integrantes del Grupo Colina y retirarles el delito de lesa humanidad.

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El titular de este organismo, Gastón Soto Vallenas, explicó hoy que al ampliarse el plazo establecido por una nueva denuncia contra la sala presidida por Javier Villa Stein, la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios del CNM se tomará un tiempo prudencial para realizar el informe preliminar.

Agregó que ese informe preliminar será elevado ante el pleno del CNM, el cual adoptará la decisión final. “Si es necesario se considerarán más pruebas, luego se hará la evaluación y posteriormente, en unas tres semanas, el pleno adoptará una decisión final si es que procede abrir proceso o no”, señaló.

Precisó que la comisión de procesos disciplinarios determinará si existió alguna inconducta funcional en los jueces o no. “Lo que hay que confirmar en ese fallo en uno y otro sentido es que los magistrados, por ejemplo, no actuaron bajo presiones externas”, indicó.

El fallo de la sala Villa Stein disminuyó las penas a los integrantes del grupo paramilitar por las matanzas de civiles en Barrios Altos y de campesinos en El Santa, así como la desaparición del periodista Pedro Yauri, durante el régimen de Alberto Fujimori, y determinó que no cometieron delito de lesa humanidad.

El caso de Barrios Altos, ocurrido el 3 de noviembre de 1991, fue uno de los cargos por el que fueron procesados y condenados los miembros de Colina, y permitió la extradición de Fujimori para ser juzgado en el país.

 

Publicado por La Primera el Lunes 10 de setiembre del 2012

 

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WOLA se pronuncia sobre la audiencia del Perú ante la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humos (CIDH) se encuentra revisando el controversial fallo de la Corte Suprema del Perú, el cual, podría erosionar las bases de los avances de la justicia contra crímenes de Derechos Humanos (DD.HH.). El pasado 20 de julio, la Corte Suprema redujo la sentencia a conocidos criminales, incluyendo a Vladimiro Montesino, contraviniendo los mandatos previos del Poder Judicial peruano y de la CIDH.

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Más allá de la notoria reducción de sentencia, la parte civil de los casos de violación a los DD.HH. critican la sentencia por argumentar que el asesinato de 15 personas en el Caso Barrios Altos, la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri y la desaparición y asesinato de 9 líderes campesino en El Santa. Los abogados de la parte civil han demostrado que ninguna de las víctimas de estos casos pertenecían a los grupos subversivos; más aún, si las víctimas estuvieran involucradas en actos delictivos, esta no sería razón suficiente para violar sus derechos –debemos recordar que todas y todas estamos protegidos por la legislación internacional que salvaguarda nuestros DD.HH.-.

La Corte Suprema del Perú ha puesto en duda la propia legislación internacional, en espacial, en lo que refiere al concepto de “autoría mediata”, el cual sostiene que los líderes de cualquier organización comparten la culpabilidad de los crímenes perpetrados por sus subordinados. Si bien en el 2009, la Corte Suprema había utilizado dicho concepto en el proceso que se le siguió al exPresidente Alberto Fujimori por crímenes de DD.HH., la actual sentencia abre la posibilidad de que Alberto Fujimori pida una revisión de su condena.

La CIDH se encuentra supervisando la sentencia, pues si bien no tiene mecanismos que fuercen a los Estados miembros, si tiene la capacidad de anular los dictaminado por la Corte Suprema si esta va en contra de los compromisos del Perú con la CIDH aceptados en la sentencia de la corte en el Caso Barrios Altos en marzo del 2001. WOLA y sus aliados en el Perú han propuesto a la CIDH la anulación de la sentencia y, de esta manera, dejar un alto precedente el proceso de justicia contra la impunidad en el país.

“Las víctimas de la violencia política en el Perú han luchado largo y tendido contra la impunidad institucionalizada en su país” afirma la Investigadora de WOLA Jo-Marie Burt, además agrega que: “Han sido muchos los obstáculos que han surgido en los últimos años, frustrando los esfuerzos por la justicia en casos de DD.HH.”.

Para leer el comunicado original en inglés puedes hacer click aquí (enlace en nuestro sitio), y para leer el pronunciamiento de APRODEH puedes hacer click aquí (enlace en nuestro sitio).

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CASO BARRIOS ALTOS: Entregan a CNM pruebas contra la Sala de Villa Stein

  • Abogados de organismos de DDHH y familiares de víctimas de Colina entregaron documentos y videos que sugieren faltas en su conducta como vocal supremo.

por María Elena Castillo

La destitución de los miembros de la Sala Penal Permanente, cuyo reciente fallo favoreció al grupo paramilitar Colina, solicitaron organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras entregar documentos y videos que prueban que incurrieron en faltas graves.

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© Rightsperu.net© Rightsperu.netEl abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, expuso que estas pruebas son irrefutables, pues se trata de documentos que figuran en el expediente y que los magistrados decidieron ignorar.

“Entregamos documentos del 2000, 2001 y 2002, que prueban que la Fiscalía y la parte civil denunciamos los casos como crímenes de lesa humanidad desde un inicio. Al decir lo contrario, la Sala afirma un hecho técnicamente falso, incurriendo en una falta grave”, sostuvo.

Expresó que otra irregularidad es que el tribunal redujo las penas sin ningún atenuante, como podría ser el arrepentimiento de los condenados, incurriendo en un acto ilegal.

También presentaron videos que muestran la parcialidad de Javier Villa Stein, como la entrevista televisiva en que acusa a las ONG de derechos humanos de iniciar una persecución contra los militares, y otro de la audiencia del 13 de junio, en que dicho magistrado aconsejó a varios miembros del Grupo Colina como si fuera su abogado defensor.

“Los jueces supremos deben hacer sus descargos y explicar por qué niegan documentos que hay en el expediente y reducen penas sin que haya atenuantes”, exhortó.

El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, señaló que la resolución de la Sala que preside Villa Stein comete faltas graves al no respetar decisiones previas del Tribunal Constitucional, fallos de la Corte Suprema y no motivar adecuadamente su sentencia.

“Los documentos que presentamos fundamentarán la investigación que ya inició el CNM y que debe culminar en la destitución de la Sala”, dijo Soberón.

La denuncia presentada ante el CNM fue suscrita, además de ambos organismos, por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), así como por los familiares de los campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri.

CLAVES

Jaqueline Yauri, hija del periodista Pedro Yauri, desaparecido por el Grupo Colina, pidió la destitución de la Sala Villa Stein y la modificación del fallo que dieron, pues significa una burla al dolor de los familiares.

Rosa Rojas, madre del niño de 8 años asesinado en Barrios Altos, dijo indignada que dicho fallo coloca nuevas dudas sobre las víctimas “¿Cómo va a decir que mi hijito era terrorista?”, refirió.

Maribet Barrientos, hermana de dos campesinos desaparecidos del Santa, cuestionó la reducción de penas a pesar de la crudeza de los crímenes y la confesión de los condenados.

Publicado por La República el 09 de agosto de 2012

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Grave Retroceso en los Esfuerzos por Alcanzar la Verdad y la Justicia en el Perú

Por Jo-Marie Burt, Asesora Principal, WOLA

25 de julio de 2012, Lima – El 20 de julio, la Corte Suprema del Perú emitió una sentencia altamente polémica en un caso que involucra a integrantes del escuadrón de aniquilamiento conocido como el Grupo Colina. Según defensores de los derechos humanos y víctimas de los casos en cuestión, la sentencia constituye un considerable retroceso en la tortuosa búsqueda de la verdad y la justicia en el Perú, en casos de atroces violaciones a los derechos humanos. Desde hace muchos años, WOLA viene apoyando los esfuerzos desplegados por la comunidad de derechos humanos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos para alcanzar la verdad y la justicia en el Perú y, por lo tanto, condenamos enérgicamente este paso atrás en la lucha por acabar con la impunidad en el país.

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La sentencia está enfocada en tres crímenes cometidos por el tristemente célebre Grupo Colina, unidad militar responsable por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1991 y 1992: la masacre de Barrios Altos en 1991, en la cual fueron asesinadas 15 personas, incluyendo un menor de ocho años de edad, y otras cuatro resultaron gravemente heridas; la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri en 1992; y la desaparición de nueve dirigentes campesinos de la comunidad de Santa.

El veredicto de la Corte Suprema no sólo reduce las sentencias de reconocidos criminales, incluyendo al ex-Jefe de Inteligencia Vladimiro Montesinos, sino que también supone un revés respecto a la jurisprudencia establecida por dictámenes previos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional Peruano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor (recientemente nombrado Primer Ministro), criticó la decisión, calificándola como “vergonzosa”. El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, declaró que el veredicto representaba un “grave retroceso” en relación a los esfuerzos realizados en el Perú para llevar ante la justicia a los responsables por serias violaciones a los derechos humanos, e hizo un llamado por una rectificación de la sentencia. También el Presidente Ollanta Humala hizo notar su sorpresa ante el veredicto. Grupos de derechos humanos han criticado la sentencia y han declarado que entablarán acciones legales para impugnar la decisión, dentro del país y a nivel internacional.

Antecedentes

La investigación inicial de la masacre de Barrios Altos fue cerrada en 1995, luego que el gobierno de Fujimori promulgase dos leyes de amnistía que otorgaban impunidad a agentes del Estado acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-1995). Las víctimas y sus representantes legales llevaron el caso ante el sistema Interamericano y, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un veredicto en el caso, determinando la responsabilidad del Estado peruano por la masacre y ordenando una investigación, procesamiento y castigo para quienes resultasen responsables. El mismo dictamen determinó que las leyes de amnistía de 1995 violaban el derecho internacional y carecían de efecto legal.

Como resultado de ello, el caso de la masacre de Barrios Altos fue reabierto. Se trata de un caso complejo, que involucra a 15 víctimas fatales y 31 acusados; luego, los casos de Pedro Yauri y de Santa fueron incorporados a los procedimientos legales como parte de un “mega-proceso” contra los integrantes del Grupo Colina. Ello no obstante, el proceso estuvo plagado de retrasos. La investigación demoró años antes que el juicio se iniciara en 2005; luego, debido a una serie de factores, pero especialmente como resultado de las tácticas dilatorias de los abogados defensores de los acusados, el juicio público demoró otros cinco años. Finalmente, en octubre de 2010 se emitió una sentencia, declarando culpables por los crímenes a 19 de los 31 integrantes del Grupo Colina. Las sentencias más severas, la mayor de ellas de 25 años de cárcel, estuvieron reservadas para los autores intelectuales de los crímenes—Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); General (r) Julio Salazar Monroe, jefe oficial del SIN; General (r) Nicolás Hermoza Ríos, ex-Comandante del Ejército; y General (r) Juan Rivero Lazo, ex-jefe de Inteligencia del Ejército—; así como para los jefes operativos del Grupo Colina, ex-Mayor del Ejército Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe. Los acusados apelaron la sentencia.

La Polémica Sentencia

La Corte Suprema anunció su sentencia sobre este caso el 20 de julio de 2012. Las medidas más polémicas incluyen una reducción en las sentencias para virtualmente todos los sentenciados, incluyendo a Montesinos y Hermoza Ríos. Javier Villa Stein, juez de la Corte Suprema y quien presidía el tribunal que emitió la sentencia, dijo que esta medida constituía una “compensación” por el dilatado proceso legal. Pero los defensores de los derechos humanos aducen que las medidas más cuestionables están relacionadas a una serie de argumentos legales que anulan la determinación de la sentencia original, en el sentido de que la masacre de Barrios Altos y las desapariciones forzadas de Pedro Yauri y de los campesinos de Santa constituían crímenes de lesa humanidad; de que estos crímenes fueron cometidos por un aparato organizado del Estado que constituía una asociación ilícita para delinquir; y de que Montesinos, Hermoza Ríos, Rivero Lazo y Salazar Monroe fueran responsables comoautores mediatos de este delito—el mismo concepto legal empleado para juzgar a Alberto Fujimori por la masacre de Barrios Altos, los asesinatos de La Cantuta, y dos secuestros. Según el parecer de defensores de los derechos humanos, resulta especialmente preocupante que la sentencia declare que la masacre de Barrios Altos no constituye un crimen de lesa humanidad; aunque se reconoce que los delitos cometidos por el Grupo Colina fueron parte de una política oficial del Estado, se indica que dicha política no estaba dirigida contra la población civil sino contra terroristas.

Reacciones

Grupos de derechos humanos han cuestionado cada uno de esos argumentos, punto por punto. La naturaleza sistemática de los crímenes cometidos por el Grupo Colina fue documentada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, y ha sido reconocida en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el caso de Barrios Altos como en el de La Cantuta. La sentencia emitida por la Sala Penal Especial que vio el caso Fujimori, la cual fue ratificada en diciembre de 2009 por la Corte Suprema, reconoció los casos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa la humanidad, no sólo debido a que fueron dirigidos contra civiles sino porque formaron parte de una política oficial del Estado, fueron planificados con anterioridad, y porque tuvieron lugar en un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional del Perú reconoció en 2005 que los crímenes cometidos por el Grupo Colina—incluyendo la masacre de Barrios Altos—constituían “crímenes de lesa humanidad”.

La reciente sentencia de la Corte Suprema ha recibido agudas críticas, provenientes de amplios sectores. El Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos Daniel Figallo Jiménez Mayor presentó una Acción de Amparo ante el Tribunal Constitucional, la cual es el único recurso legal en el Perú para impugnar un veredicto de la Corte Suprema. Varios congresistas han planteado la posibilidad de denunciar constitucionalmente a los jueces que emitieron la sentencia. Diversos grupos de la sociedad civil, desde organizaciones sindicales hasta grupos de derechos humanos, criticaron la sentencia en una serie de terrenos, y dijeron que solicitarían a la Corte Interamericana su anulación.

Gloria Cano, abogada y jefa de el área legal de APRODEH, una de las organizaciones que representan a las víctimas en los procesos penales, cuestionó agudamente la sentencia por los sofismas legales en que ésta incurre y por su evidente intención de favorecer no sólo a los sentenciados en este proceso legal sino, en última instancia, al ex-Presidente Alberto Fujimori Fujimori, quien en 2009 fuera sentenciado a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Sobre este aspecto, Carlos Rivera, abogado y jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal, otra ONG que representa a las víctimas en este caso, declaró: “El tribunal de Villa Stein ha brindado una magnífica herramienta política [a Alberto Fujimori] para impugnar su veredicto inculpatorio”.

Tal como WOLA ha señalado con anterioridad, la legislación internacional impide el otorgamiento de indultos para delitos de lesa humanidad. Al eliminar la condición de “crimen de lesa humanidad” en la masacre de Barrios Altos, la sentencia de Villa Stein podría proporcionar nuevos argumentos para que los partidarios de Fujimori planteen, si no una impugnación al veredicto inculpatorio, entonces un indulto para el ex-Presidente Fujimori. Sin embargo, es importante reconocer que según la legislación peruana, una persona con sentencia por secuestro agravado, como es el caso del exPresidente, tampoco puede recibir el beneficio del indulto.

También preocupante resulta la actitud asumida por el Juez de la Corte Suprema Javier Villa Stein, considerado como el arquitecto de la sentencia. A consecuencia de la ola de críticas contra la sentencia relacionada a los casos de Barrios Altos-Yauri-Santa, Villa Stein asumió un tono combativo, acusando al Ministro de Justicia Jiménez Mayor de “atizar el fuego” y de ser “un polarizador” por sus comentarios de crítica al veredicto. Villa Stein dijo que le agradaría un pedido de impugnación de su sentencia ante la Corte Interamericana, pedido que fuera anunciado por defensores de los derechos humanos. Lo que resulta más chocante, Villa Stein se ha burlado de los grupos de derechos humanos, diciendo que no deben seguir “lloriqueando” por la sentencia.

Resulta importante señalar que anteriormente APRODEH había tratado de recusar a Villa Stein de éste y otros procesos legales que involucraban casos de derechos humanos, debido a sus posturas políticas. Según APRODEH, en relación al caso de Chavín de Huántar —otro proceso legal tremendamente polémico que involucra la acusación contra Montesinos y otras personas por perpetrar al menos una ejecución extrajudicial en los hechos que sucedieron inmediatamente después de la operación de rescate de rehenes de la residencia del embajador japonés en 1997— Villa Stein aseveró que las ONG que defendían a las víctimas en casos de derechos humanos estaban motivadas por un deseo de perseguir políticamente a las Fuerzas Armadas peruanas. El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de APRODEH, aduciendo que Villa Stein tenía derecho a emitir sus puntos de vista políticos personales y que éstos no perjudicarían los procedimientos legales. Ello no obstante, a consecuencia de la sentencia, así como debido a los desdeñosos comentarios de Villa Stein, amplios sectores de la sociedad civil están haciendo un llamado por su remoción del cargo de Juez de la Corte Suprema.

La Justicia Es Llevada a los Tribunales

Las víctimas de la violencia política en el Perú han luchado incansablemente y por largo tiempo para vencer diversas formas de impunidad institucionalizada, incluyendo dos leyes de amnistía, que les impedían conocer la suerte que habían corrido sus seres queridos, así como procesar judicialmente y castigar a los responsables por esos delitos. Al culminar su Informe Final en 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó el procesamiento penal de varios casos de graves violaciones a los derechos humanos y la creación de instancias especiales en la Fiscalía y el Poder Judicial para investigar y procesar legalmente estos crímenes, y para facilitar el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y la justicia. Se constituyó tales instancias a partir de 2004 y en 2005 se fueron emitiendo las primeras sentencias en casos de graves violaciones de derechos humanos. A pesar de que el sistema especializado de derechos humanos ha emitido fallos importantes —más allá del juicio a Fujimori— en años recientes, organizaciones de derechos humanos en el Perú han denunciado una serie de obstáculos que han surgido para socavar el trabajo de estos tribunales especiales de derechos humanos, y el proceso más amplio de búsqueda de la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el Perú. La sentencia de Villa Stein constituye un factor más que contribuye a nuevas formas de impunidad en el Perú de hoy.

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Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I)

Kristel Best Urday y Jo-Marie Burt*

  • A continuación presentamos una crónica de los dos primeros días de declaraciones de los testigos y agraviados del Caso Cabitos 1983.

18 de junio de 2012

El juicio oral del Caso Cabitos se inició el 26 de mayo de 2011 en la Sala Penal Nacional en Lima. Habiendo interrogado a los inculpados -entre ellos altos mandos militares de las fuerzas armadas- esta semana el colegiado presidido por el juez Broussett se ha trasladado a la ciudad de Huamanga para escuchar los testimonios de 32 testigos que viven en el departamento de Ayacucho.

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Las audiencias se vienen realizando en el Poder Judicial de Ayacucho, en el jirón 28 de julio, frente a la Plaza de Armas. Bajo el cielo diáfano de Ayacucho las madres de Anfasep asisten a la audiencia por el caso Cabitos; varias de ellas son testigos.

Cabitos fue un cuartel militar que sirvió de centro operativo para el las fuerzas armadas en Ayacucho a partir de fines de 1982, cuando todo el departamento fue declarado zona de emergencia. Según la imputación del Ministerio Público, el cuartel Cabitos fue un centro de detención clandestina de opositores políticos, donde se torturó a los detenidos y se desapareció a un número indeterminado de personas.

Son siete mandos militares acusados de los delitos de lesiones graves y desaparición forzada en el caso Cabitos por el año 1983. Cada año se cambiaba los mandos militares, por lo tanto, hay investigaciones por Cabitos 1984, 1985, 1986, etc.

En las audiencias en Ayacucho, sólo están presentes dos imputados: Humberto Bari Orbegoso Talavera y Pedro Edgar Paz Avendaño. La Sala Penal Nacional eximió a los otro cuatro de asistir por motivos de salud. Un acusado se encuentra prófugo de la justicia.

Desde su constitución en 1983, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recibió numerosas denuncias de casos de desaparición y tortura en el cuartel Cabitos. Desde ese momento, Aprodeh ha acompañado a Anfasep, a los familiares y agravados en la búsqueda de justicia. El caso viene siendo representado por las abogadas Gloria Cano, Gisela Astocóndor y el abogado Ernesto Ambía.

La primera testigo que declaró fue Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como Mama Angélica, fundadora de ANFASEP. Su hijo, Arquímedes Ascarza Mendoza, fue detenido en 1983 y llevado a la base militar Los Cabitos; nunca más se supo de él. La siguió su esposo Estanislao Ascarza Barrón y, finalmente, la señora Epifania Infante Rodríguez.

Mama Angélica, como 75% de las víctimas de la violencia política, según al CVR, tiene el quechua como su primer idioma. La Fiscal Superior del caso, Luz del Carmen Ibáñez, insistió en el derecho que tienen los declarantes a pronunciarse en su lengua materna. El tribunal aceptó tal derecho y asignó una traductora, lo cual permitió que Mama Angélica declarara en su lengua materna, el quechua. Hubo bastante desasosiego entre el público sobre la calidad de la traducción. Varias personas dijeron que la traductora abreviaba las declaraciones o no traducía exactamente las preguntas.

En su relato, Mama Angélica contó cómo las fuerzas combinadas de la policía y del ejército ingresaron a su casa en la madrugada del 2 de julio de 1983 y se llevaron a su hijo Arquímedes, de 19 años de edad. Relató su recorrido por la comandancia, la comisaría de la guardia republicana, por investigaciones (PIP), por el cuartel Cabitos, lugares en donde no obtuvo ninguna información sobre el paradero de su hijo. En su búsqueda por quebradas y lugares desolados halló cuerpos sin manos y pies y decapitados y las cabezas desperdigadas.

Mama Angélica mostró a la Sala la nota, escrita en un papel rasgado, que le hizo llegar Arquímedes a los 15 días de su desaparición, a través de un soldado del cuartel. En la nota Arquímedes pide a su mamá que busque un abogado. Mama Angélica no tuvo más comunicación con su hijo desde entonces.

Mama Angélica estuvo serena durante su testimonio, el cual duró alrededor de dos horas. Cuando la fiscal le preguntó si quería agregar algo más, respondió que quiere alcanzar justicia y quiere saber si su hijo está vivo o muerto.

El padre de Arquímedes, el señor Estanislao Ascarza Barrón, fue el siguiente testigo. Profesor de educación primaria, de 92 años, decidió declarar en castellano. Contó su versión con una gran lucidez y fue coherente con lo antes expuesto por su esposa.

“Toda es una verdad lo que decimos, no podemos engañar ni mentir ante ustedes los funcionarios del gobierno”, dijo el señor Estanislao. Precisó detalles sobre la desaparición de su hijo y la interminable búsqueda. Asimismo, declaró que en aquel tiempo los abogados no querían defender las denuncias por desaparición forzada por temor a sufrir represalias. Al final dijo: “Queremos que nos entreguen sus restos mortales y que los culpables sean juzgados”.

La siguiente testigo fue la señora Epifania Infante Rodríguez. Tenía 24 años cuando su madre Candelaria Rodríguez Gómez y su tía Gregoria Rodriguez Gómez fueron capturadas el 10 de junio de 1983. Sus hermanos Marcialina Ludeña y Teodoro Infante Rodríguez presenciaron la detención. Las hermanas Rodríguez Gómez fueron vistas por última vez en un camión portatropas del ejército en Juisa, localidad ayacuchana. Posteriormente los familiares fueron informados que habían sido trasladadas al cuartel Los Cabitos. Epifania señaló que su hermano Teodoro Infante Rodríguez fue detenido mientras buscaba a su madre y a su tía. Fue llevado a Los Cabitos, donde lo torturaron y luego fue liberado. A causa de la desaparición y del constante amedrentamiento, la familia se desplazó a Lima.

La señora Antonia Dipas de 83 años de edad también declaró sobre la desaparición de Candelaria y Gregoria Rodríguez Gómez. La señora Antonia, al igual que la señora Epifania, son analfabetas y además no dominan el castellano, por ello declararon en quechua. Los dos interrogatorios fueron muy complejos, puesto que, hubo graves falencias en el trabajo de traducción.

Finalmente, declaró el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, nacido en 1937 en el distrito de Huancaraylla. El señor Esteban es uno de los pocos sobrevivientes del cuartel Los Cabitos. Su testimonio es de suma importancia porque habla desde la experiencia directa. El señor Esteban anda a muletas a raíz de un problema en la pierna que no le permite caminar;, para llegar hasta la sala del juicio oral, ubicada en el segundo piso, tuvo que ser cargado por dos jóvenes. A pesar de su avanzada edad y de las dolencias fìsicas, el señor Esteban declaró de manera precisa, detallada y lúcida.

Relató que al momento de su detención era profesor de primaria en el anexo de Yanayacu en Socos. En pleno toque de queda, a las 11:45 de la noche, un carro frenó en la esquina de su casa. Ingresaron hombres armados y se lo llevaron diciendo, “marche usted, terruco de mierda”. Fue llevado con los ojos vendados al cuartel Los Cabitos. Al ingresar al cuartel, fue registrado en un cuaderno de ingreso el cual tuvo que firmar. Se dio cuenta que el profesor Cárdenas había sido detenido junto a él. Le volvieron a colocar la venda y fue llevado a una celda. Luego lo trasladaron a la sala de torturas, en donde debido a los golpes se le cayó la venda y pudo ver los implementos de tortura que colgaban del techo: cables, cadenas, sogas. Fue torturado por tres hombres. Sus gritos no fueron oídos, pues la música sonaba a todo volumen. Durante los interrogatorios le preguntaron por otros dos profesores: Cárdenas y Ortega. También le preguntaron si conocía al presidente Gonzalo. Después fue conducido a una sala más grande en donde se encontraban los demás prisioneros torturados. Recuerda que una noche todos fueron sacados al campo para marchar. El señor Esteban estima que estuvo entre 8 o 9 días preso. Al momento de ser liberado lo amenazaron, no podía denunciar los maltratos. Por ello decidió no ir al hospital ni al médico. Se reincorporó a su labor docente en la misma comunidad.

Contó a la sala que era profesor de primaria, que en su comunidad integraba el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y había sido dirigente del partido Acción Popular.

La jornada fue larga en horas e intensa en emociones. Al finalizar la audiencia las madres de ANFASEP y el público realizaron una vigilia por la justicia en la esquina de la plaza de armas de Ayacucho.

19 de junio de 2012

En el segundo día de audiencias, entre los familiares, los abogados de la parte civil y el público acompañante se respiraba un aire más tranquilo y optimista porque las audiencias se desarrollaban correctamente y porque la posibilidad de ser escuchados ante el aparato judicial se viene haciendo realidad. Se presentaron siete testigos, tres de ellos sobrevivientes de la detención y tortura en el cuartel Los Cabitos.

Luis Alberto Canchari fue el primero en testificar. En 1983 tenía 15 años de edad cuando vio al Ejército entrar a su casa y secuestrar a su padre, el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, quien había testificado el día anterior. Luego de alrededor de 12 días de persistente búsqueda por parte de su madre, el señor Esteban volvió a su casa muy flaco y herido. Su hijo recuerda que el carácter de su padre cambió. Se alteraba y su trato se volvió más duro con sus hijos.

Luego, llegaron juntos a la audiencia la pareja Edgar Noriega Ascue y Olga Gutiérrez Quispe. En 1983, Edgar, artesano de 28 años y Olga, 20 años, con un mes de embarazo, ambos fueron secuestrados y desaparecidos en el cuartel Los Cabitos. Primero declaró Edgar. Narró minuciosamente cómo fue secuestrado y cómo fueron sus días en el cuartel. No recuerda la fecha exacta, pero sí los detalles: a la una de la mañana los militares ingresaron a su casa en el barrio San Juan Bautista, cubrieron su cuerpo con una frazada y lo condujeron a Curacuti, donde simularon fusilarlo. Luego lo llevaron al cuartel Los Cabitos —el mismo lugar donde años atrás había cumplido el servicio militar.

En el cuartel lo interrogaron. Lo acusaron de ser jefe de Sendero Luminoso en el barrio San Juan Bautista, lo cual el señor Edgar negó tajantemente. Al no aceptar la acusación, otros militares se encargaron de torturarlo: lo colgaban del pie, de los brazos, le pasaron electricidad, lo golpeaban, una vez lo colgaron desde un helicóptero, otra vez lo despertaron de madrugada, lo sacaron de su celda y le hicieron cavar una fosa diciéndole que allí iba a ser enterrado. Incluso, al momento de torturarlo le hicieron escuchar los gritos de dolor de su esposa, quien también estaba detenida en el cuartel.

Recuerda que en otro momento se le cayó la venda y pudo ver a los torturadores: hombres altos y blancones con un dejo que describió como “extranjero”, un dejo que no era ayacuchano.

Asimismo, recordó que a través de un soldado pudo hacer llegar una nota a su familia. El soldado ingresó a su celda y le dijo que era el único que no confesaba; otros hablaban con apenas un lapo. El señor Edgar le pidió agua. El soldado le llevó agua en su casco de metal y le quitó la venda. Vio a través de la ventana a un hombre que repartía gaseosas por su casa. Le pidió al soldado mandar una nota con este hombre. El soldado accedió y le llevó un trozo de papel de azúcar y un lapicero. El señor Edgar escribió una nota para su familia. El soldado la llevó al repartidor de gaseosas y éste se la entregó a la madre de Edgar. A partir de esta nota la familia tuvo certeza que Edgar estaba detenido en el cuartel y su madre empezó a realizar denuncias en diferentes instituciones.

El señor Edgar recuerda que se dio cuenta del paso del tiempo por la bulla, por los ruidos del cuartel, pues todo el tiempo permaneció con los ojos vendados. Luego de alrededor de 15 días lo trasladaron a la PIP (Policía de Investigaciones) en el jirón Lima, en donde permaneció otros 15 días aproximadamente. Desde este momento su familia se enteró de su paradero. Un fiscal fue a tomar su declaración, pero no para que declare sobre el secuestro y tortura del cual fue víctima, sino para confirmar si estaba implicado con Sendero Luminoso.

Después declaró el señor Braulio Américo Noriega Ascue, hermano menor de Edgar, quien estuvo presente al momento de la detención.

La señora Olga Gutiérrez Quispe, esposa de Edgar, fue la siguiente en testificar. Luego de tres días de incertidumbre, recibieron la nota de su esposo y fue con su suegra al cuartel Los Cabitos, Los militares negaron que estuviera detenido. Después su suegra fue a la Fiscalía con la nota de Edgar para denunciar el secuestro de su hijo. Esa misma noche ingresaron a la casa de Olga militares armados, la cubrieron con una frazada y se la llevaron al cuartel. La acusaban de confeccionar banderas y estampar polos para Sendero Luminoso. Al negar la acusación, fue golpeada y quisieron abusar sexualmente de ella. Le preguntaron si tenía hijos; ella no sabía qué responder, pues tenía un mes de embarazo. Dijo que tenía dos meses para que no abusen de ella. Al final no la violaron sexualmente, pero fue agredida: la golpearon en los pechos y la obligaron a desnudarse. En otro momento la volvieron a torturar y le hicieron escuchar los gritos de su esposo. Le dijeron que él había confesado, y que él la acusó. La amenazaron diciendo que si no decía la verdad los iban a matar. Después de un día en el cuartel, la liberaron bajo la amenaza de que iba a estar vigilada.

Tanto la señora Olga como el señor Edgar señalaron que reiteradas veces los militares fueron a su casa a amedrentarlos.

Durante su testimonio la señora Olga sufrió un momento de profunda angustia. Lloraba sin poder hablar. En la sala durante estos días están asistiendo profesionales del Grupo de Acompañamiento Psicoemocional de Ayacucho, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para dar apoyo psicológico a los testigos. La sala realizó un receso y la señora Olga pudo continuar con su valiente testimonio.

El siguiente testigo fue el señor Remigio Mendoza Auca. Él fue convocado por la desaparición de su hermano Simón el 19 de setiembre de 1983. Durante su testimonio se refierió a la desaparición de otro hermano, Domingo Leonardo Mendoza Auca, hecho del cual no se ha realizado ninguna denuncia hasta el día de hoy. Por ello la fiscal solicitó que se registre la denuncia en las actas del juicio. Domingo Leonardo realizaba el servicio militar obligatorio en Pichari desde el año 1982. La familia le comunicó sobre la detención de su hermano Simón, con la esperanza de que él pudiera averiguar algo puesto que estaba en el Ejército. Domingo Leonardo pidió licencia para buscar a su hermano, luego se reincorporó al servicio, que concluyó en 1984. Ese mismo año, los militares lo sacaron de su casa, después de dos meses de su desaparición, su familia halló su cuerpo en Huatatas.

El señor Armando Prado Gutiérrez entró a la sala con su sombrero de campesino. Decidió declarar en quechua, pero sí entiende el castellano. Contó que el 5 de octubre de 1983 fue detenido en su casa junto a su primo Jaime Gamarra, actualmente desaparecido, y a su tío Vicente Canchari. Los militares ingresaron a su casa rompiendo la puerta, gritando insultos y acusaciones de que eran “terrucos”. Los cubrieron con frazadas para que no puedan ver, les hicieron caminar dos cuadras hasta un camión, al que fueron obligados a subir y los llevaron a un lugar cerca del aeropuerto, en donde se escuchaba el ruido de los aviones. En el cuartel llevaron a los tres al baño, donde les amarraron las manos, los colgaron y les pasaron corriente eléctrica. Mientras los golpeaban les decían “ustedes terrucos a cuánta gente han matado” y “dónde están los terrucos como ustedes”. Él se sentía agonizante, temblaba y perdió la conciencia. Durante la detención no les dieron comida ni agua. Luego de algunos días, que no puede precisar cuántos, fue liberado junto a su tío Vicente. Ambos fueron sacados de espaldas y soltados por la entrada del cuartel. Ahí pudieron ver el arco y supieron que estaban en el cuartel Los Cabitos. Los militares les gritaban que corran y los persiguieron con un camión.

El señor Armando tenía 20 años cuando lo secuestró el ejército. Actualmente, sufre graves secuelas por la tortura. Le rompieron la cabeza, le dislocaron el codo y tiene un bulto en el abdomen, por ello no puede trabajar bien. Mostró sus cicatrices y secuelas físicas a la fiscal y a los jueces. Fue un momento de estremecimiento entre el público. El señor Armando se mostró íntegro durante todo su testimonio. Actualmente se dedica a trabajar en su chacra.

Finalmente, se presentó la señora Dorisa Canchari Gutiérrez, hermana de Jaime Gamarra. En 1983 tenía 13 años y fue testigo de la detención de su hermano Jaime Gamarra. La señora Dorisia relató todo el recorrido de búsqueda que hicieron ella y su madre. Temiendo de que haya sido asesinado, buscaron su cuerpo en los lugares donde se hallaban cadáveres. La señora Dorisa recuerda que encontraban muertos como leñas y que algunas veces los chanchos y perros se los comían. Ellas buscaron en Curacuti, Lambrashuayco, Huatatas, Infiernillo, en donde no encontraron a su hermanos Jaime, aún desaparecido.

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2009, 2011). Kristel Best Urday estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. (^^^)

 

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La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano

por Jo-Marie Burt

“Accomarca fue el My Lai peruano.” (1) Así describió el embajador interino de Estados Unidos en el Perú, Charles Brayshaw, la peor masacre de la época de la violencia política peruana, el asesinato de 69 campesinos de la comunidad Ayacuchana de Accomarca, en un documento oficial desclasificado.

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E© rightsperu.netl documento continúa, haciendo referencia al entonces capitán del Ejército Telmo Hurtado, prinicipal responsable material (siendo entonces subteniente) de la masacre de Accomarca: “Hurtado confesó ser el autor de los asesinatos, pero dijo que hasta los niños de tres años eran potenciales miembros de Sendero Luminoso y entonces se justificaba su eliminación. A su vez, muchos oficiales pensaban que Hurtado sólo hacía su trabajo; hasta uno de ellos dijo al Consejero Político [de la Embajada] que su error fue no haber escondido a los cuerpos.” (2)

La justicia militar absolvió a Hurtado del delito de homicidio calificado, condenándolo tan sólo por ‘abuso de autoridad’ a 6 años de prisión. El argumento de la justicia militar: Hurtado no podía ser considerado culpable de homicidio pues tenía la misión de combatir la subversión; tan sólo se ‘excedió’ en sus funciones. A pesar de la condena, Hurtado no sirvió los 6 años: ascendió en la institución militar e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la ley de amnistía promulgado por Fujimori, y permaneció en servicio activo del Ejército. (3) En 2002, luego de que la ley de amnistia fuera anulada después de un fallo de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos y se abrió la posibilidad de un nuevo juicio por Accomarca, Hurtado huyó a Estados Unidos. Cinco años después, fue detenido en Miami, para ser finalmente extraditado en julio de 2011.

Hoy día, el 15 de agosto —26 años casi al día del aniversario del ‘My Lai peruano’— le toca a Telmo Hurtado, extraditado de Estados Unidos y ahora preso en el penal Castro Castro, responder por sus actas ante la justicia. (4)

Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011

Telmo Hurtado declara ante el tribunalTelmo Hurtado declara ante el tribunal

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El juicio Accomarca

El juicio por el caso Accomarca comenzó en noviembre de 2010, 25 años después de los hechos. Hurtado es uno de 29 imputados en el proceso, todos militares. Entre ellos, hay desde altos mandos militares hasta los soldados que habrían participado directamente en los hechos. El día que Hurtado fue incorporado al juicio, el 22 de julio, había —a cambio de sesiones previas— mucha prensa. La presencia del “Carnicero de los Andes” llamó la atención de los medios, que duda cabe.

Hurtado entró al salón judicial del penal Castro Castro y se paró ante los tres jueces de la Sala Penal Nacional encargados del caso. Luego de algunas instrucciones de la jueza directora de debates, el fiscal Luis Landa leyó la acusación en su contra. Se conoce bien los detalles de la masacre, una litanía terrible de abominaciones cometidas en el nombre de la lucha contra la subversión: el fiscal narró, con horror genuino, como los militares torturaron a los varones y violaron sexualmente a las mujeres de la zona; como luego los encerraron en varias viviendas, donde acusaron a todos —sin distinguir entre ancianos y niños— de ser terroristas, los balearon y luego prendieron fuego a las casas, para finalmente lanzaron granadas para destruirlas totalmente; y finalmente regresaron a la zona unas semanas después a cazar a los testigos de la masacre para matarlos también y para desaparecer a todas las pruebas. Vale notar que, según la CVR, “durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden… Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban…. [N]o se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.” (5) El fiscal pidió la pena máxima, 25 años de prisión efectiva.

Era difícil notar la reacción de Hurtado, pues estaba parado con su espalda hacia la galería. Pidió a la Sala que le de tiempo para consultar con su abogado antes de responder a los cargos, cosa que la Sala consentió. En la siguiente sesión, el 2 de agosto, Hurtado nuevamente pidió, y conseguió, más tiempo para consultar con su abogado. La jueza directora de debates fijo la siguiente sesión para el día de hoy, el 15 de agosto, exhortando a Hurtado que ese día tendría que responder sin falta a los cargos. Seguramente ni cayó en cuenta lo simbólico de la fecha, pues ayer se conmemoró 26 años de este terrible y hasta hoy impune masacre.

¿Que dirá Hurtado hoy día?

El día después de que leyeron los cargos contra él, en una breve entrevista publicada en La República, Hurtado prometió decir “su verdad”. Dijo que en el momento de la masacre de Accomarco él tenía sólo 23 años y era un subteniente, y que los suboficiales sólo responden a los órdenes de sus superiores.

Eso respresenta un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan —el famoso Plan Huancayocc— para intervenir en la zona para ‘capturar y/o destruir’ los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parliamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)

Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del ‘síndrome de Vietnam’, ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contensioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un ‘exceso’ o —como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación— la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para “limpiar” la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.

En suma, está en juego en el caso de Accomarca dos interpreteaciones distintas de lo que pasó en el Perú a mediados de los años ochenta: en una versión, si bien reconoce que hubo algunos excesos, considera que fueron hechos aislados y en todo caso el daño colateral que ocurre en toda guerra; en otra versión, la masacre de Accomarca formaba parte de un patrón de comportamiento de parte de las fuerzas de orden en el contexto de la lucha contrasubversiva de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta hoy en día, las fuerzas armadas peruanas niegan rotundamente esta última versión, a pesar de las evidencias ampliamente documentadas por la CVR y otras instancias. Ahora le toca a la justicia peruana emitir su veredicto.

La justicia tarda pero llega

Según otro documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con fecha 19 de Septiembre de 1985, la decisión de García de relevar a Jarama y Mori de sus comandos como resultado de la masacre de Accomarca despertó mucha preocupación entre oficiales militares de que habría una “caza de brujas” de parte del gobierno aprista hacia los militares por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar —a pesar del triste récord del primero gobierno de Alan García en materia de derechos humanos— que a inicios de su mandato, García había prometido establecer una nueva política de lucha contra la subversión basada en el respeto a los derechos humanos, resumido en la famosa frase: “No combatiremos la barbarie con la barbarie.” El documento asegura:

“Existe mucha preocupación sobre la posibilidad de que la administración de García podría, luego de Pucayacu [otra masacre que ocurrió unas semanas antes de Accomarca] y Accomarca, buscar investigar casos de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1983 y 1984 [de hecho los años de mayor violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las fuerzas armadas peruanas según la CVR]. Un número significativo de oficiales del Ejército han estado involucrado en EZ [zonas de emergencia] en los últimos dos años y medio y posiblemente esten comprometidos, directa o indirectamente, en operaciones antisubversivas que resultaron en muertes civiles. Sin duda los peruanos están observando la cobertura de prensa sobre hechos similares en Argentina con particular interés.” (6)

Se refiere, obviamente, al juicio a los miembros de las juntas militars que tuvo lugar durante 1985 y resultó en condenas largas para 5 de 9 de ellos.

Se demoró dos décadas y medio para llegar a este momento de la verdad. Hoy día sabremos si Telmo Hurtado ayudará a desvelar qué ocurrió aquel 14 de agosto de 1985 y durante el mes siguiente cuando se intentó encubrir los hechos negando la existencia de la masacre, y luego asesinando a testigos y desapareciendo evidencias, o si el sólo asumirá la responsabildiad del “My Lai peruano”.

Notas

(1) La masacre de My Lai ocurrió en el sur de Vietnam en 1968, cuando un batallón de Infantería del Ejército norteamericano mató a unos 400 campesinos de esa aldea. Esa masacre marcó un hito en la guerra de Vietnam, generando repudio alrededor del mundo hacia los Estados Unidos por la actuación de sus tropas y en general por su política intervenciónista en el país sudasiático (^^^)

(2) Documento desclasificado No. 1993LIM02301, fecha 26 de febrero de 1993, firmador por el Chargé d’Affaires Charles Brayshaw. Documento obtenido por el National Security Archive (^^^)

(3) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003) (^^^)

(4) Es importante notar que tanto Hurtado como otro de los principales responsables materiales de esta masacre, Juan Rivera Rondón, fueron extraditados de Estados Unidos y ahora se encuentran como procesados en este juicio. Hurtado y Rivera Rondón lideraron las patrullas Lince 6 y 7 y son sindicados como los principales autores materiales de la masacre, al igual que David Castañeda, quien aún se encuenta prófugo en Estados Unidos. Fuentes cercanas a su caso aseguran de que probablemente no será extraditado al Perú, aunque todavía podría ser expulsado de Estados Unidos (^^^)

(5) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003), p. 159 (^^^)

(6) Documento desclasificado No. 1985LIMA10721 obtenido por el National Security Archive (^^^)

 

Publicado originalmente en el blog de la autora, A Contracorriente, el 15 de agosto de 2011

 

 

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5 y 7 de abril, dos fechas para recordar

Por Jo-Marie Burt

El 6 de abril es un día interesante para escribir una columna, pues es antecedido y seguido por dos dos días representativos de tendencias opuestas y mutuamente excluyentes en la historia peruana: el 5 de abril, día en que en 1992 Alberto Fujimori declaró el autogolpe contra la institucionalidad democrática del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas y un sector importante del empresariado; y el 7 de abril, día en que, hace dos años, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión por ser el autor mediato de varios crímenes de lesa humanidad, entre ellos Barrios Altos y La Cantuta.

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El 6 de abril marca entonces la distancia entre el autoritarismo, la corrupción, la arbitrariedad, la violación sistemática de los derechos humanos, por un lado, y por otro, el imperio de la ley, los derechos fundamentales de las personas, y la apuesta por la democracia no como un régimen que pueda solucionar todos los males, pero tal cómo dijo alguna vez Winston Churchill, como el menos malo de todas las formas de gobierno pues por lo menos permite, cuando funciona bien, controlar y fiscalizar a quienes detentan el poder.

Este 6 de abril es de especial interés pues antecede por cuatro días a las elecciones generales en el Perú. Llama la atención que Keiko Fujimori —la hija de Alberto Fujimori, autor del autogolpe, de los crímenes de Barrios Altos y Cantuta, de innumerables actos de corrupción— cuente con un apoyo consistente de 18 a 20% del voto y que, por lo tanto, tenga buenas probabilidades de pasar a la segunda vuelta.

Durante el debate presidencial del domingo pasado, Keiko Fujimori hizo lo posible para evocar entre los votantes un recuerdo positivo del gobierno de su padre. Dijo que él venció la inflación y el terrorismo, y gracias a sus reformas Perú vive hoy una democracia plena y goza de buena salud económica. Cuando le preguntaron sobre su plan de seguridad ciudadana dijo: “Si nosotros vencimos el terrorismo, claro que podemos vencer la delincuencia,” y dijo, claramente, que estaba a favor de una política de “mano dura”. Los demás candidatos cuestionaron su lectura parcial del pasado, por lo menos en algunos temas. Por ejemplo Alejandro Toledo le recordó que su gobierno heredó una economía estancada gracias a las políticas económicas de su padre, y PPK le recordó a los electores las cercanas relaciones entre Fujimori y Montesinos.

Sin embargo ninguno cuestionó, en lo fundamental, el autoritarismo del régimen fujimorista, la violación sistemática a los derechos humanos, la gran corrupción de los medios, de las Fuerzas Armadas, y de la institucionalidad en general. De esa tarea se han encargado los peruanos de a pie, que hicieron lo suyo al recordar los aspectos negativos del fujimorismo que no se nombraron durante el debate, gracias a los nuevos medios sociales como Facebook y Twitter. En Twitter, por ejemplo, bajo el hashtag #tupapa cientos de personas recordaron el nefasto autogolpe y el daño a las instituciones perpetrado por el régimen fujimorista.

 

“Quién te pagó todos tus estudios con el dinero de los peruanos?”   #tupapa

“Quién compró los medios de comunicación?”   #tupapa

“Qué gobierno engendró asesinos y los cubrió con leyes de amnistía?”   #tupapa

“Quién manejó a su antojo el Poder Judicial y quebró la institucionalidad de nuestras FF. AA.”   #tupapa

“Quién estaba pescando en un río mientras la policía capturaba a Abimael Guzmán?”   #tupapa

“Quién esterilizaba mujeres indígenas porque no quería más pobres?”   #tupapa

“Quién renunció por fax?”   #tupapa

Muy probablemente Keiko Fujimori llegue a la segunda vuelta, lo que no nos debe sorprender. En un país con brechas sociales tan grandes como el Perú, donde el boom económico sólo ha beneficiado a algunos, y donde la educación es tan pobre, el mensaje populista de Fujimori tiene apego, como lo tenía en la época de su padre.

Tampoco debe sorprender que para algunos el mensaje de “mano dura” sea atractivo. Al perder el plebiscito en 1988 el dictador chileno Augusto Pinochet tuvo que dejar el poder, pero obtuvo el 42% del voto y hasta hoy hay chilenos que lo apoyan. Efraín Ríos Montt, golpista y genocida de Guatemala, fue elegido presidente del Congreso y de no haber prohibición constitucional que impide a los golpistas candidatear a la presidencia bien pudo haber sido elegido. En sociedades desiguales, donde el Estado no funciona igual para todos, donde la inseguridad es el pan de todos los días, la “mano dura” tiene sus adeptos. Pero no será la última palabra. El Perú es el 5 de abril, pero también es el 7 de abril. Apostemos que el día domingo, los peruanos dará un paso adelante, y no atrás.

 

Publicado por primera vez en A contracorriente, el 6 de abril 2011

 

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Análisis preliminar de juicios por derechos humanos en el Perú

  • Análisis de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en Juicios por Derechos Humanos en el Perú

Por Jo-Marie Burt

En términos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que involucren a agentes del Estado, la base de datos confirma que entre 2005 y 2010 han habido 25 sentencias. (1)

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Si Cuadroanalizamos las sentencias emitidas a nivel nacional por casos de derechos humanos, podemos apreciar que hay un alto número de absueltos (85) en relación a los imputados que son encontrados culpables (58). Hay además un elevado número de reos ausentes (11). Si analizamos solamente a las sentencias de la Sala Penal Nacional —entidad creada después de la emisión del Informe Final de la CVR especialmente para ver casos de violaciones a los derechos humanos— podemos identificar tendencias preocupantes. (2)

Desde que la Sala Penal Nacional va emitiendo sentencias en casos de violaciones de derechos humanos, en 2005, encontramos que de un total de 19 sentencias por casos de violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, la Sala condenó por lo menos un agente del Estado en 9 casos, mientras en 10 casos, todos los imputados han sido absueltos. En términos de los procesados, de un total de 89 imputados, la Sala Penal Nacional ha encontrado a sólo 16 culpables y 66 han sido absueltos (7 son reos ausentes). Si estudiamos con mayor detenimiento las tendencias, encontramos que durante 2005 y 2007, la Sala Penal Nacional encontró culpable a 10 agentes del Estado, mientras durante 2008 y 2010, sólo han encontrado culpable a 6. A cambio, durante 2005 y 2007 la Sala absolvió a 24 agentes del Estado, mientras absolvió a 42 durante 2008 y 2010. La tendencia está clara: entre 2008 y 2010, la Sala ha absuelto siete veces más personas que ha condenado. (3)

Si incorporáramos las sentencias de otras salas (incluyendo las salas que condenaron a Fujimori y a miembros del Grupo Colina), la tendencia varía un poco, pero igual sigue siendo favorable a la absolución: De 2005 a 2010, el Poder Judicial ha emitido 25 sentencias por casos de violación a los derechos humanos, en las cuales se ha condenado un total de 48 agentes del Estado, mientras 85 han sido absueltos.(4) Entre 2008 a 2010, se ha condenado a 38 (19 de ellos del Grupo Colina y uno de ellos Fujimori) y absuelto a 61. Si bien la proporción cambia (en gran parte por a la sentencia de Barrios Altos), la tendencia sigue siendo muy favorable a la absolución de los agentes del Estado acusados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Notas

(1) Un caso involucra a miembros de comités de autodefensa civil (Delta Pichanaki) que si bien estuiveron bajo el control legal de las fuerzas armadas no son agentes del Estado propiamente dicho. (^^^)

(2) La Sala Penal Nacional fue creado como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para procesar casos de violaciones a los derechos humanos.

En los últimos años, se ha ido ampliando el mandato de la Sala para incluir otros delitos, incluyendo el lavado de dinero, narcotrafico, secuestro, y libertad de expresión, lo cual ha ido diluyendo su especialización en derechos humanos. (^^^)

(3) Datos provienen de la investigación llevada acabo por el Proyecto Juicios por Derechos Humanos en el Perú, dirigida por la autora. Las fuentes de los datos son diversas, e incluyen fallos judiciales, operadores judiciales, abogados de derechos humanos, y prensa. (^^^)

(4) No incluimos los 10 campesinos pertenecientes a los comités de autodefensa civil condenados en el caso Delta Pichanaki. (^^^)

 

Enlace a las estadísticas sobre los juicios de derechos humanos.