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ORONQOY La larga lucha por la justicia en los pueblos alejados del Perú

Una recua de mulas con los pequeños ataúdes amarrados a sus lomos. Un abogado, un antropólogo y un representante de la CMAN de Apurimac, como los tres reyes magos, pero sin regalos para nacimientos sino llevando apenas lo mínimo para un entierro digno.

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La MulaMASACRE EN ORONQOY. DIBUJO DE EDILBERTO JIMENEZ.Un camino que empieza en la quebrada de los cerros, en el puente peatonal de Cutinachaca, hasta donde llegan los carros y camionetas desde Abancay. No, no hay conexión entre la capital, Chungui, y su centro poblado de Oronqoy: ni carretera ni pista ni camino afirmado; aunque si se quiere tomar esa vía son tres días de caminata a paso firme y buenas piernas por las laderas de los cerros. Esta vez, desde Cutinachaca hasta Oronqoy, a este grupo les esperan 10 horas andando cuesta arriba, entre cerros secos, sin un solo árbol que les pueda dar sombra.  la mulaMulas subiendo a Oronqoy con los osarios sobre el lomo.

Todo ese esfuerzo tiene un objetivo: entregar a los comuneros los restos de sus vecinos y familiares que fueron masacrados por los sinchis en 1983 y dejados a su suerte en una fosa común durmiendo el sueño de los justos. Los peritos del Instituto de Medicina Legal los esperan arriba, junto a las cajas lacradas con los restos de comuneros exhumados hace apenas tres meses. Los oronqoínos se negaron a que el Ministerio Público lleve los restos a la ciudad de Huamanga porque, como ha sucedido otras veces, los entregarían allá y volverlos a traer exigía un esfuerzo, no solo físico, sino también económico imposible.

Felizmente el abogado y activista de derechos humanos Yuber Alarcón, el funcionario de la CMAN José Carlos Alca Huamaní —quien llevó los osarios desde Abancay— y el extraordinario retablista ayacuchano y antropólogo, Edilberto Jiménez, uno de los nexos fuertes entre Huamanga y los chunguinos, caminaron todo ese trote para poder hacer presente al Estado y al movimiento de derechos humanos, apoyado por la cooperación alemana GIZ, a ese remoto lugar de nuestro país.

Los oronqoínos se negaron a que el Ministerio Público lleve los restos a la ciudad de Huamanga porque, como ha sucedido otras veces, los entregarían allá y volverlos a traer exigía un esfuerzo…

Los acompañaron los comuneros que bajaron con las mulas y la única técnica de enfermería que se atreve a andar por esas comarcas, para asistir a los lugareños, en el Centro de Salud de Oronqoy. El centro poblado tiene también una pequeña escuela multigrado, adonde comisionan a aquellos maestros “que se portaron mal” como castigo. Un cuadrilátero de tierra y pasto seco es la Plaza de Armas, adonde los hombre de Apoyo para la Paz (GIZ) llegaron con varias bolsas de ropa cedidas, entre otros, por el Centro Loyola y el grupo de “Jóvenes forjadores de Paz”. Apenas unas pocas cosas que, de alguna manera, hacen presencia del Estado en la zona.

Las masacres de Oreja de Perro

¿Qué sucedió en esa zona? Entre 1982 y 1987 el poblado estuvo tomado por Sendero Luminoso que lo convirtió en “zona liberada”, rebautizándolo como Puka LLacta. Los pobladores fueron obligados a escapar en “retiradas” y los niños adiestrados en la versión senderista de la historia del Perú en la escuela, donde cantaban himnos al “presidente Gonzalo” y aprendían a dibujar la hoz y el martillo. Es preciso dejar constancia que toda la zona había sido visitada múltiples veces, durante la década del 70 y previamente a lo que los senderistas llamaron el Inicio de la Lucha Armada (ILA), tanto por docentes como por estudiantes de la Universidad de Huamanga; incluso se recuerda que Abimael Guzmán llegó a Ongoy el año 1975 para dictar charlas a los jóvenes. Posteriormente la penetración de Sendero Luminoso en toda la zona del distrito de Chungui fue una estrategia muy bien pensada para exigir la “adhesión” de la población. En un testimonio recogido en el libro de Edilberto Jiménez llamado Chungui un poblador recuerda que:

En 1983, en el mes de diciembre, llegaron a Chungui 30 desconocidos armados, entre mujeres y varones, quienes revisaron todo el pueblo. Entraron a la escuela conversaron con los profesores y después nos explicaron que los ricos se tenían que terminar y nos hicieron cantar sus canciones. Después reunieron en la plaza a todos los pobladores y les dijeron que iban a botar al gobierno […] Luego dijeron que las autoridades debían renunciar y nombraron a los responsables de su confianza. Al día siguiente se fueron en dirección a Chapi, retornaron después de casi 15 días y asesinaron al presidente de la comunidad Leonidas Roca y al señor Raúl Juárez.

En el caso de Oronqoy sucedió algo similar y el pueblo entero fue secuestrado porque, al igual que otros, quedaba demasiado “lejos del Perú”. Pero cuando llegó el Estado y se instaló la base de Mollebamba, las injusticias no cesaron. Los sinchis rebautizaron la zona como “Oreja de Perro” y presumieron que si los pobladores no habían presentado resistencia contra los “cumpas” entonces se habían convertido en terroristas ellos mismos. Es así que muchos de los pobladores fueron considerados como terroristas sin más, perseguidos por los sinchis y muchas veces asesinados. Como sostiene el Informe Final de la CVR : “Aparentemente por las informaciones recogidas tanto en Oronqoy como en Chunguió la reacción de la población no fue rebelarse. Sin embargo, esto no es indicador de plena adhesión, ya que hubo pobladores que se refugiaron en sus hatos y migraron hacia las ciudad por temor a las incursiones subversivas, que hacia el 84 se tornaban más violentas…” (p 90).

En 1985 se establece una base militar en Mollebamba que coordina con los recientemente creados comités de Defensa Civil, que depende de Apurimac. Son los mollebambinos en coordinación con los militares quienes en la incursiones a las zonas despobladas, como el propio Oronqoy, roban desde cabezas de ganado hasta pequeñas pertenencias. Si se encontraban con pobladores que se escapaban de las “retiradas” senderistas, los mataban. Como sostiene el Informe Final de la CVR: “Algunos de los antiguos subversivos se pasaron del lado de los militares, especialmente en Mollebamba. En una de sus incursiones, tanto la defensa civil como el EP de Andahuaylas ingresaron a Oronqoy; ahí solo encontraron un pueblo abandonado con animales esparcidos en las pampas. Aprovechando la ausencia de la población tanto la Defensa Civil de Mollebamba como el EP saquearon, quemaron las casas y se llevaron los bienes que la gente había dejado, así también algunos empezaron a llevarse animales que encontraban en su camino…” (p. 109).

la mulaYuber Alarcón en la Plaza de Oronqoy.

Como sostiene el antropólogo Edilberto Jiménez, en toda la zona, los pobladores organizados alrededor de Defensa Civil fueron entrenados directamente por los militares: “Lamentablemente existió una base militar por mucho tiempo, con esta visión de Moyebamba, donde han adoctrinado a comités de autodefensa por el ejército. Entonces ellos han ido en una cacería para atrapar a los demás comuneros, los militares entraron para arrasar los ganados y luego venderlos”.

Tanto los militares de Mollebamba, así como los ronderos de Defensa Civil, fueron despiadados en muchos casos contra la población que, años antes, habían sido cooptados por Sendero Luminoso: “Manifiesta un informante (Testimonio 201316, Chungui (La Mar), 24 de junio del 2002) que en Sillapata, a orillas del rio Pampas, fuerzas represivas encontraron 60 señoras que fueron asesinadas a mansalva formándolas en columnas. Igualmente éste mismo informante denuncia que arrojaron al vacío a 120 mujeres que se habían escondido en la puna, desde Sonqo María. Finalmente reporta que en Oronqoy, en un sector llamado Tayaccata, encerraron a 120 personas entre varones, mujeres y niños en una casa para quemarlos vivos” (p.110).

La MulaRetablista y antropólogo Edilberto Jimenez entrevistando a doña Marcelina: fue abusada durante dos años en Mollebamba

 

Esclavas sexuales

Decenas de mujeres fueron obligadas a dar “servicios” gratuitos de limpieza, cocina y por las noches, las convirtieron a la fuerza en “mujeres de confort” —eufemismo que utilizaron los japoneses durante la guerra—, es decir, mujeres que se las ofrecían a la tropa y a los oficiales para satisfacer sus deseos sexuales. Violadas sistemáticamente estas mujeres pudieron sobrevivir y algunas de ellas tuvieron embarazos producto de esta situación. Muchas campesinas, tanto niñas y hasta ancianas, fueron convertidas en esclavas sexuales por las mismas fuerzas del orden en las que confiaban para que los liberen de los terroristas.

“Los varones valían, las mujeres nada; los varones se quedaban con la mujer que les gustaba y la mujer solo tenía que aceptar, los militares las entregaban sin pena, como si no tuvieran sentimientos […] yo tenía esposo, pero los militares me entregaron a la fuerza a mi actual esposo de Defensa Civil, yo no lo conocía pero tenía que aceptarlo, por mis hijos [a mi primer esposo] lo mataron como a un perro colgándolo de un árbol en la plaza de Chungui. Mi vida es triste…” manifiesta la señora M. a Edilberto Jimenez, en un testimonio que ha consignado en su libro, publicado por el IEP.

Exhumaciones

La MulaEquipo de forenses del Instituto de Medicina Legal

En 1987 en la base de Chapi, Chungui, se nombró al Mayor Miguel Seminario, apodado Ayacuchano, quien cambió la lógica de matanzas y enfrentamientos por otra de apoyo y protección a la población. De esta manera las fuerzas del orden se ganan a la población y SL empieza a retirarse de la zona. Cuando esto sucede, la base militar de Mollebamba y Chapi se desactivan, volviendo los militares a la zona de Abancay y desde 1992 se plantea un programa de repoblamiento tanto de Oronqoy como de los centros poblados aledaños. Durante esos cruentos años murieron en toda la zona de Chungui, según algunos reportes primeros de la CVR, el 17% de la población.

Este año 2015 el Ministerio Público tomó la decisión de exhumar cinco fosas que se encuentran en la zona de Estaca Parada, a tres horas del poblado de Oronqoy, en donde se han hallado aproximadamente 40 cadáveres que deben de ser identificados en el transcurso de estos meses. La masacre, según testimonios de la población, fue producida por los sinchis en el año 1984 y desde esa fecha no se había hecho un reconocimiento, ni de los restos humanos, ni de la zona. Según nos comenta Edilberto Jiménez es muy difícil que se puedan identificar todos los restos, básicamente porque esa zona quedó completamente despoblada

… es probable que pocos sean identificados pues en esas zonas han muerto todos los miembros de una familia o, en todo caso, quienes se salvaron y huyeron y no regresaron nunca más.

Debido a las condiciones de la zona, los forenses decidieron aceptar las exigencias de la población, que les pidieron que no trasladen los restos a Huamanga, Ayacucho, sino que ahí mismo los identifiquen. Por eso, los restos fueron guardados en cajas lacradas, que quedaron depositadas en la misma comunidad. Hasta la fecha solo se han reconocido cuatro cadáveres, el resto tendrán que pasar por pruebas de ADN. Sin embargo, es probable que pocos sean identificados pues en esas zonas han muerto todos los miembros de una familia o, en todo caso, quienes se salvaron y huyeron y no regresaron nunca más. Es decir, no se tiene con quién comparar las muestras, por lo tanto, le queda al Instituto de Medicina Legal pero sobre todo al propio Fiscal Supraprovincial que está viendo el caso, Juan Borjas Rosa, tomar la decisión sobre los restos de nuestros compatriotas.

La MulaLas próximas generaciones: ¿tendrán justicia?

Coda

Oronqoy no significa Oreja de Perro; se usa en quechua para designar a los escarabajos o a los abejorros. El mismo José María Arguedas, en su famoso legado de El zorro de arriba, el zorro de abajo, habló de esos “moscones negrísimos [con la piel] azulada de puro negra, como la crin de los potros verdaderamente negros…” embistiendo los lirios blancos del valle de Puquio. Lejos, al otro lado del departamento de Ayacucho, en la zona de Oronqoy, la maldad negrísima de esos peruanos que solo pensaron en la violencia como respuesta a las necesidades y angustias de la población, abatieron a los lirios blancos, a las florcitas amarillas, a lo más vulnerable de nuestra sociedad: los invisibles, los ninguneados, los insignificantes.

Hoy, después de años de varias masacres en la zona, tanto de senderistas como de las fuerzas del orden, Oronqoy significa vergüenza.

por Rocío Silva Santisteban

Fotos Edilberto Jiménez

Publicado por La Mula

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Urresti podría ser nuevamente llevado al banquillo de los acusados

Por PILAR SÁNCHEZ O.
@pilar_sanchezo

  • Mañana se inicia juicio por intento de asesinato de Sonia Muñoz en 1988

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© EXITOSA Diario
© EXITOSA Diario
© EXITOSA DiarioSu pasado lo persi­gue. El exministro del Interior y una de las cartas princi­pales del nacionalismo de cara a las elecciones pre­sidenciales de 2016, Da­niel Urresti, podría estar envuelto en otro juicio por delitos de lesa humanidad.

Mañana, durante el ini­cio del proceso por el in­tento de asesinato y tor­tura contra la ayacuchana Sonia Muñoz, aconteci­do en 1988, el titular de la Tercera Fiscalía Superior, Luis Landa, no solo sus­tentará su acusación de 25 años de prisión contra Víctor La Vera Hernán­dez, jefe de la Base Militar de Castropampa, también solicitará al Poder Judicial citar para dicho proceso a decenas de testigo don­de figura Urresti Elera que encabeza la lista.

El letrado explicó a dia­rio Exitosa que su pedido se basa en que el exminis­tro integró la Base Militar de Castropampa donde se desempaña como jefe de Inteligencia (S2) en la mis­ma fecha donde la joven fue torturada.

“El 18 de mayo de 1988, Muñoz fue secuestrada por efectivos del Ejército, quie­nes la llevaron primero a la base de Churcampa, en Huancavelica, donde la tor­turaron, luego la condujeron a Castropampa. Es por ello que estamos citando a todos los estuvieron presentes en dicho lugar, en los que se en­cuentra el señor Urresti”, de­talló el magistrado.

PODRÍAN ACUSARLO

En sus declaraciones, la víctima reveló que en las dos bases a las llegó fue torturada. “Me aga­rraban a correazos, me tiraban puñetes, después me metieron en un cilin­dros quería que confe­sará que colaboraba con Sendero Luminoso,”, dijo en su descargo.

“Es imposible que solo La Vera Hernández, en su ca­lidad de jefe de la base de Castropampa, esté en cali­dad de procesado, cuando la señora ha revelado que participaron más militares, incluso podría estar el pro­pio Urresti, debemos inves­tigar”, declaró.

Landa anunció que evalúa solicitar una vez que conclu­ya el juicio oral que se amplíe el plazo de indagación para que el exministro responda como procesado.

INICIARÍAN JUICIO ORAL

La Sala Penal Nacional programará para fines de abril una nueva audiencia donde evaluará el pedido del fiscal Luis Landa para llevar a juicio oral y condenar a 25 años de prisión a Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos acontecido en 1988.

Publicado por Exitosa Diario el 13 de abril de 2015

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Pesadilla en Castropampa

  • Justicia Testimonio de torturada en base donde trabajó Daniel Urresti termina en juicio.

En 1988, Sonia Muñoz tenía 34 años. Se dedicaba a su pequeño negocio de venta de abarrotes y al correo, es decir, era la encargada de llevar y traer cartas a todos en la localidad de Churcampa, en Huanta.

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El caso extremo de una mujer a la que militares dispararon tres veces y dieron por muerta. En cuanto a Urresti, Sonia Muñoz señala que “si el ex ministro ha estado trabajando en Huanta, debió saber quién estaba en ese rato (en el cuartel). Si era del servicio de inteligencia, debe estar enterado. No creo que me torturen en el cuartel y nadie sepa ahí”.El caso extremo de una mujer a la que militares
dispararon tres veces y dieron por muerta. En cuanto
a Urresti, Sonia Muñoz señala que “si el ex ministro ha
estado trabajando en Huanta, debió saber quién
estaba en ese rato (en el cuartel). Si era del servicio
de inteligencia, debe estar enterado. No creo que me
torturen en el cuartel y nadie sepa ahí”.
Enviudó muy joven y sacó adelante a sus cuatro pequeños, por entonces de entre 6 y 11 años.

A las dos de la mañana del 18 de mayo, cinco hombres con pasamontañas irrumpieron en su casa.

Uno de los hombres, el más alto, le dio un golpe con la cacha del revólver. Le amarraron las manos, le taparon la boca y la cubrieron con el mantel de su mesa. “Me sacaron a empujones. Mis hijitos se quedaron llorando”.

Destruyeron su humilde tienda y buscaron alguna evidencia de lo que presuntamente se le acusaba: ser mensajera de Sendero Luminoso.

La sacaron a punta de golpes. En el cuartel de Churcampa, un enfermero al que conocía se acercó a curarle las heridas.

Luego de un par de horas, los soldados que no lograban que se autoinculpe la llevaron al cuartel de Castropampa, en Huanta. A su llegada fue trasladada a un cuarto donde la interrogaron y acusaron de llevar correspondencia de terroristas.

Daniel Urresti, conocido como “Capitán Arturo”, se desempeñaba como jefe de inteligencia en el cuartel de Castropampa bajo el mando de Víctor La Vera, el mismo que se encargaba de planear las acciones subversivas contra Sendero Luminoso. Seis meses después sería asesinado Hugo Bustíos, corresponsal de CARETAS en la zona.

Se trata del mismo 1988, año en el que Urresti fue destacado allí y durante el que se produjeron 69 denuncias de desapariciones en la zona de influencia de la base de Castropampa (CARETAS 2376 – Círculo Militar).

RECUERDOS DEL INFIERNO

“Me ataron como a Túpac Amaru”, dice Muñoz, todavía espantada casi 30 años más tarde. “El que identificaban como capitán comenzó a pegarme y patearme. Lucía como un hombre de 1.70”, mencionó.

Sonia no se cansaba de replicar que ella solo enviaba cartas, pero no las leía.

“Escuchaba que el capitán salió a tener reuniones en la subprefectura para la ronda campesina”. Ordenó que la hicieran hablar sobre a quiénes conocía en Huanta. Frente a su negativa, a su regreso el capitán ordenó que sufra descargas eléctricas. Luego de más golpes, y para que no queden rastros de moretones, la metieron dentro de un cilindro con agua fría.

Había perdido la esperanza y rezaba por sus hijos quienes se habían quedado solos en casa. Cuando de pronto escuchó: “Devuelvan a esa mujer, que se vaya y luego toman su Inka Kola”.

Pensó que se habían dado cuenta de su error y la regresarían a su casa.

La suben al carro y al llegar a la curva de la laguna de Paqcha, la bajan y le ordenan que se ponga en cuclillas. Siente un impacto en la cabeza. “Yo en el fondo pensaba que me estaban golpeando”, dice.

Había sido tanto el sufrimiento y dolor infringido a esta mujer que no se percató que el golpe era una bala alojada en el cráneo.

“Cuando miro parecía una candela saltando por mi cabeza”.

Le dispararon por segunda vez, en la nuca. Uno de ellos avisó que “todavía no muere”. El que llamaban sargento ordenó que “hay que darle vuelta, dispárale en el corazón”. Se suponía que el tercer balazo sería el mortal, pues traspasó su pecho.

Fingió su muerte y permaneció sin respirar por varios minutos. Con el “cadáver” de Sonia en el suelo, los soldados comenzaron a atarle los pies y las manos con una soga. Finalmente colocan un papel rojo, encima de él una piedra, con un típico mensaje senderista: Así mueren los soplones.

Llega a un pueblo. Sus vecinos se ponen de acuerdo y financian su viaje a Lima. Viaja luego de casi cuatro días, en la madrugada.

Pasa un mes para que, con la ayuda de su familia y la Cruz Roja, sea intervenida quirúrgicamente. El prestigioso doctor Esteban Rocca le extrae las tres balas en la Clínica Italiana.

“Desde que llegué a Lima, no quería saber nada”, afirma. Viajó a Bolivia pero apenas volvió, tres años más tarde, la tragedia volvió a tocar su puerta.

Su hermano, el profesor universitario Hugo Muñoz, fue asesinado por el grupo Colina en La Cantuta. El posterior juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión determinó que Hugo Muñoz no tenía ningún vínculo con subversivos.

En cuanto a Urresti, Sonia Muñoz señala que “si el exministro ha estado trabajando en Huanta, debió saber quién estaba en ese rato (en el cuartel). Si era del servicio de inteligencia, debe estar enterado. No creo que me torturen en el cuartel y nadie sepa ahí”.

Después de todo este tiempo, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, dirigida por Luis Landa, ha dado la autorización para que la Sala Penal Nacional abra por este caso un juicio oral contra Víctor La Vera, jefe de Urresti. “Puse la denuncia el 7 de junio del 88 y no se sabe cuándo va a terminar el caso”, solloza indignada.

Landa es también quien pidió 25 años de prisión contra Urresti por el asesinato de Bustíos.

Los daños no solo quedaron perpetuados en la memoria de Sonia Muñoz. Las placas que le sacaron reflejan los restos que quedaron de la bala alojada en su cabeza y la situación se agrava por su edad. Operarla ahora es riesgoso y los médicos le advirtieron que esas partículas, con el tiempo, pueden causar la paralización de una de sus extremidades.

Por mandato judicial, Sonia volvió a su viejo hogar en Huanta hace dos años. “Mi casa se quedó abandonada y deshecha”, dice con amargura. “Prácticamente me botaron sin nada. Han arruinado mi vida”. (Xiomara Rayo)

Publicado en Caretas, el 30 de marzo de 2015

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Deudos de Uchuraccay exigen justicia a las autoridades

Por Francesca García D.

Pese a las promesas de ayuda que recibieron desde el asesinato de los ocho periodistas el 26 de enero de 1983 en el poblado ayacuchano de Uchuraccay, los deudos de los mártires sostienen que 32 años después de la tragedia no solo no se concretó ningún ofrecimiento, sino que continúan en peregrinaje para hallar la verdad.

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“Siento una impotencia terrible porque son 32 años de lucha sin conseguir justicia para mi hijo y sus compañeros, quienes murieron cumpliendo su deber”, refiere Gloria Trelles de Mendívil, madre de Jorge Luis Mendívil, el menor de los periodistas asesinados.

A seis días de recordarse la tragedia, los testimonios de Óscar Retto, padre de Willy Retto; Alcira Velásquez, viuda de Jorge Sedano, ex reportero gráfico de este diario; y Eudocia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, giraron en torno a resaltar el sacrificio de los hombres de prensa y a exhortar al Estado para que añada este hecho en el currículum escolar, de modo que los estudiantes conozcan qué ocurrió.

Eudocia Reynoso subrayó que los familiares esperan que prospere la demanda admitida el 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que buscan reorientar las responsabilidades de las muertes de los campesinos (como lo determinó el Estado peruano) hacia los agentes de las fuerzas del orden.

A su turno, Emiliano Rojas, alcalde de Uchuraccay, recordó la diáspora y el proceso de desplazamiento que vivió el pueblo tras el asesinato de los periodistas y los asesinatos de 135 pobladores atribuidos a Sendero Luminoso y a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros también buscamos justicia para los campesinos que fueron asesinados y para un pueblo que ha sido completamente olvidado. El Estado tiene una deuda con nuestro pueblo y queremos llevar la reconciliación a todos los familiares”, resaltó.

Eduardo Vega, Defensor del Pueblo (e), opinó que el mensaje que se debe resaltar de los testimonios es que no puede existir impunidad en casos de violación de derechos humanos.

“Las autoridades tenemos la obligación de honrar la memoria y evitar que estos hechos ocurran nuevamente”, dijo.

tercera caminata

Junto a los deudos, las autoridades de Uchuraccay y de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informaron que se realizará por tercer año la reconstrucción de la ruta que hicieron los ocho periodistas y su guía, que partirá el próximo lunes 26 desde el Hostal Santa Rosa en Huamanga hasta Uchuraccay, pasando por las alturas de Toccto en la provincia de La Mar.

Ese mismo día, a partir de la 1:45 pm, habrá una ceremonia en el Santuario de la Paz y la Reconciliación Nacional, alzado en honor a los periodistas en el viejo pueblo de Uchuraccay, lugar donde hallaron los cuerpos de los periodistas, y en la plaza principal del pueblo.

El congresista José Urquizo resaltó el inicio del proceso de distritalización de Uchuraccay e informó que dicho centro poblado ha sido nombrado capital histórica.

clave

El 26 de enero de 1983 fueron asesinados ocho periodistas y su guía en la comunidad de Uchuraccay. Ellos son: Jorge Sedano (La República); Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán (Diario de Marka); Willy Retto y Jorge Luis Mendívil (El Observador), Amador García (Oiga), Octavio Infante (Noticias de Ayacucho) y Juan Argumedo.

Publicado en La República, el 21 de enero de 2014

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Y ¿CÓMO ES LA JUSTICIA? Los sinsabores de un juicio contra violadores de derechos humanos

RightsPeru, 1 de abril de 2013 – Hace poco se dio inicio a un nuevo proceso penal para el caso de la desaparición forzada de nuevo estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Gisela Ortíz Perea, familiar de Enrique Ortíz, uno de los nueve estudiantes, y representante de los familiares del caso La Cantuta, participó en las primeras audiencias y nos ofrece esta reflexión.*

Por Gisela Ortíz Perea

El día jueves 21 de marzo se realizó la segunda audiencia de un nuevo proceso en el caso La Cantuta[1], en las salas habilitadas del Penal Castro Castro en San Juan de Lurigancho. El colegiado de la Sala Penal Nacional es presidido por David Loli Bonilla e integrado por el Dr. Carcausto y Dra. María Vidal La Rosa, quien hace de Directora de Debates.

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Gisela Ortíz PereaGisela Ortíz PereaPese a la distancia, asistí como familiar del caso para acompañar este nuevo proceso contra cuatro miembros del grupo Colina, tres de ellos presentes —Juan Vargas Ochochoque, Ángel Arturo Pino Diaz, y Cesar Alvarado Salinas— uno, Pedro Santillán Galdós, ausente, y otro, Albert Velásquez Asensio, con orden de captura. Las partes del proceso: Fiscal Superior 3ª Fiscalía Superior Nacional, el Dr. Jesús Prado León; abogada de la parte civil, Gisela Astocondor de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quienes nos representan; abogados de la Defensa y el Procurador del Ministerio de Defensa. Ese día presentaron nuevos elementos de prueba que pudieran demostrar la participación y/o responsabilidad de los acusados en el crimen cometido el 18 de julio de 1992 contra nuestros familiares, un profesor y 9 estudiantes de la universidad conocida como La Cantuta.

Siendo el Estado tercero civilmente responsable, es parte del proceso el procurador del Ministerio de Defensa, abogado Francisco Coria. En la audiencia, solicitó que la Sala oficie a la DIRCOTE pidiéndole información sobre la vinculación de las víctimas con algún grupo alzado en armas o terroristas, porque si ellos fueron parte beligerante en la guerra de los 1980 al 2000, se justifica el accionar de los agentes del Estado (agentes de inteligencia, miembros del grupo Colina) para lograr la pacificación.

Escuchar a un representante del Estado, a quien todos los peruanos le pagamos su sueldo con nuestros impuestos, incluyendo los familiares, buscar “nuevas pruebas” de la vinculación de nuestros familiares con Sendero o el MRTA, sólo para “justificar” los crímenes cometidos por estos agentes de inteligencia, me revuelve el estómago de la pura preocupación.

¿Cómo es posible, que dentro del Estado, haya funcionarios que siguen culpando a las víctimas de Cantuta por su muerte? ¿Cómo puede ser permitido que sigan buscando respuestas no en la actitud criminal de estos malos agentes liderados por Santiago Martin Rivas o en un servicio de inteligencia que estuvo atento a los deseos de Fujimori y Montesinos sino en lo que hicieron o dejaron de hacer nuestros familiares?

El Estado peruano reconoció su responsabilidad en el crimen de Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de setiembre del 2006 durante el gobierno de Alan García cuando el embajador, presente en la Audiencia, leyó la siguiente nota enviada por el entonces Presidente de la República:

El Estado Peruano lamenta profundamente la suerte que corrieron este grupo de peruanos, nueve estudiantes y un profesor, y, al reiterar su pesar por el dolor causado a sus familias, también desea ratificar su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales.

El Estado peruano reconoció su responsabilidad en este crimen cuando en el acto público de reconocimiento de responsabilidad ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana, el 25 de octubre del 2007, la entonces Ministra de Justicia María Zavala, pidió “disculpas por los crímenes cometidos”. En ese mismo acto, el secretario general del Ministerio de Defensa, Renzo Chiri, también pidió disculpas.

¿Por qué 20 años después, el ahora procurador del Ministerio de Defensa piensa que defender al estado es echar barro sobre las víctimas, olvidándose de la responsabilidad que tiene el estado?[2]

La Sala, después de consultar su opinión al Fiscal quien se opuso a este pedido así como la abogada de los familiares, negó este pedido vergonzoso del procurador.

Para no dejarle con la duda al procurador Francisco Coria, le recuerdo que en el juicio seguido en la Primera Sala Penal Especial en la Base Naval del Callao contra algunos de los miembros del Grupo Colina, entre el 2003 y el 2008, ya presentaron documentos de la DINCOTE, ninguno de los cuales vinculan a nuestros familiares con grupo subversivo alguno, y que demuestran que ninguno tenía antecedentes. En el mismo juicio, asistieron al juicio oral en calidad de testigos los ex jefes de la DINCOTE, Coronel Benedicto Jiménez, Héctor Jhon Caro y Marco Miyashiro, y tampoco ofrecieron prueba alguna que vincule nuestros familiares con grupos subversivos.

Así mismo, en el juicio seguido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra el dictador Alberto Fujiimori, se hizo lo propio y así consta en la sentencia (2009):

Es suficiente, sin embargo, a estos efectos, y como consecuencia de la declaración de hechos probados, afirmar que no existe evidencia alguna, más allá de la insinuación –sin aval indiciario que la justifique– formulada por alguno de los participantes en los hechos, que siquiera remotamente pueda llevar a sospechar que las víctimas estarían vinculadas al PCP–SL e involucradas en determinados atentados con propósito terrorista. (p. 697).

Ambas sentencias han sido ratificadas por la Corte Suprema de nuestro país, quedando como “verdades jurídicas” si cabe el adjetivo.

Sería bueno que el Estado Peruano se ponga de acuerdo para determinar quiénes son las víctimas: si las víctimas son el profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, quienes fueron secuestrados, asesinados, enterrados clandestinamente y calcinados o si lo son los agentes del grupo Colina quienes participaron en estos delitos protegidos por el régimen corrupto de entonces. Tal vez esa confusión hace que hasta ahora, 20 años después de ocurridos los hechos y con varias sentencias a nuestro favor, el Estado siga sin reconocer las obligaciones que tiene de reparar el daño causado. Una buena manera de hacerlo, sería orientando las palabras de sus funcionarios para que aprendan a tratar con respeto a quienes convirtieron en víctimas.

También es oportuno recordarle al Estado la orden de captura pendiente para juzgarlos por homicidio calificado y desaparición forzada a: Carlos Ernesto Zegarra Ballón, Enrique Oswaldo Oliveros Pérez, y Haydeé Magda Terrazas Arroyo desde el año 2003, evidenciada en la sentencia del 2008 (p. 227). ¿Cómo es posible que después de 12 años no se pueda capturar a estos delincuentes siendo todos ellos ex agentes del Estado? ¿Quién los protege, dónde se esconden?

¿Para cuándo los jueces que tienen el proceso contra el general Juan Nolberto Rivero Lazo, coronel Federico Navarro Pérez, mayor Santiago Enrique Martin Rivas, mayor Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, técnicos Nelson Rogelio Carbajal García, Jesús Antonio Sosa Saavedra y Julio Chuqui Aguirre se animarán a continuar con el proceso, denunciándolos tal como ordena la sentencia de 2008?[3] ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué después de toda la verdad avanzada, de las responsabilidades determinadas, del papel que cada quien cumplió, no se apresuran las investigaciones? ¿Cuántos años más faltan? La sentencia contra Salazar Monroe y otros de abril de 2008 establece que la sentencia del fuero militar que los protegía carece de efectos jurídicos por la manipulación con la que fue realizada el proceso durante la época de Fujimori.[4]

¿Cuándo se dará inicio al juicio oral contra el general Luis Pérez Documet quien fuera denunciado por los familiares y APRODEH el 1°de febrero del 2001 por su responsabilidad como cómplice, pues bajo sus órdenes estaba la protección de las universidades, y él habría dado luz verde para el ingreso del Grupo Colina a La Cantuta?[5] ¿Para cuándo el juicio contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos, quienes fueron denunciados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el 17 de noviembre del 2000[6] y que fueron encubiertos por el Fuero Militar en 1994 sobreseyendo la causa en favor de estos asesinos?[7]

¿Y cómo es la justicia en nuestro país? No respeta sentencias de la Corte Interamericana en favor de las víctimas, no respeta sentencias de tribunales nacionales ratificadas por la Corte Suprema, fallos del tribunal Constitucional que “ha construido una jurisprudencia contra la impunidad en materia de violaciones de los derechos humanos”?[8]

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que algún operador de justicia, rompiendo el miedo y la inacción, busque a nuestros familiares desaparecidos, como mandó la Corte Interamericana?[9] El encubrimiento también es delito cuando no se hace nada por corregirlo “…si bien el asesinato, las lesiones graves o el secuestro cometidos en un contexto de poder (estatal) constituyen delitos (comunes) que implican graves violaciones a los derechos humanos, también lo constituyen los actos de encubrimiento personal o real cometidos por agentes del Estado, especialmente funcionarios jurisdiccionales, en contextos de poder, más aún cuando tales actos fueron considerados como parte de una práctica reiterada y sistemática…”[10]

Así estamos, 20 años después de un hecho lamentable que marcó nuestras vidas y destruyó a nuestras familias, con nuestros padres cada vez más ancianos, enfermos y cansados de tantos procesos que empezaron, por denuncia o presión, y que no terminan NUNCA.

 

* Nota de RightsPeru: Hasta la fecha, han habido diferentes procesos penales en el caso La Cantuta. Hubo dos sentencias en 2008; en una de ellas, 11 militares fueron condenados (habían tres reos ausentes), y en otra, un militar fue condenado mientras otro fue absuelto. La Corte Suprema anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio, pero fue nuevamente absuelto en 2010. En 2009, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por La Cantuta, Barrios Altos, y dos secuestros. El proceso actual comprende los cinco acusados mencionados en la nota. El Ministerio Público aún no formula acusación contra varios otros miembros del Grupo Colina que tuvieron responsabilidad el el caso La Cantuta, entre ellos Vladimiro Montesinos, el ex jefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, entre otros. (^^^)

 

  1. Expediente 36-12. (^^^)
  2. Ver numeral 51 de ‘Cuestiones Procesales’ de la Sentencia Julio Rolando Salazar Monroe y otros, Expediente 03-2003-1° SEP/CSJLI, Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, Lima, 8 de abril de 2009 [de aquí en adelante, Sentencia Caso Cantuta 2008]. (^^^)
  3. Sentencia La Cantuta 2008, Numeral 256, p. 215. (^^^)
  4. Idem. (^^^)
  5. Introducción a la causa numeral 80.69 Sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos Caso La Cantuta vs. Perú, 29 de noviembre del 2006 [de aquí en adelante Sentencia CtIDH La Cantuta]. (^^^)
  6. Introducción a la causa numeral 80.68, Sentencia CtIDH La Cantuta. (^^^)
  7. Introducción a la causa numeral 80.71, Sentencia CtIDH La Cantuta. (^^^)
  8. Huerta Guerrero, Luis, “La aplicación de jurisprudencia constitucional para el juzgamiento de violaciones de derechos humanos,” en Macedo, Francisco (coord.), Los caminos de la justicia penal y los derechos humanos (Lima: IDEHPUCP, 2007), p. 109. (^^^)
  9. Punto Resolutivo 10, Sentencia CtIDH La Cantuta. (^^^)
  10. Numeral 213, Sentencia Caso Cantuta 2008, p. 179. (^^^)
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Caso Chavín de Huántar: Defensa de Hermoza Ríos pidió que sea absuelto

En su alegato de defensa del general (r) Nicolás Hermoza Ríos, el abogado César Nakazaki aseguró que no existe ninguna prueba que sindique a su cliente como uno de los presuntos autores mediatos de las supuestas ejecuciones en la operación de rescate Chavín de Huántar. Por ello pidió su absolución.

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Nakazaki dijo al tribunal que la acusación fiscal solo se basa en las declaraciones de dos policías y del diplomático japonés Idetaka Ogura (Foto: Archivo El Comercio)Nakazaki dijo al tribunal que la acusación fiscal solo se basa en las declaraciones de dos policías y del diplomático japonés Idetaka Ogura (Foto: Archivo El Comercio)El letrado sostuvo que si en el juicio no se ha podido establecer quién mató al emerretista Eduardo Cruz Sánchez (a) ‘Tito’ menos todavía se podrá saber quién o quiénes ordenaron su supuesta ejecución.

Nakazaki dijo al tribunal que la acusación fiscal solo se basa en las declaraciones de dos policías y del diplomático japonés Idetaka Ogura. Añadió que el testimonio de este último se contradice y carece de verosimilitud.

La fiscalía pidió 18 años de cárcel para Hermoza Ríos, 20 años para Vladimiro Montesinos y 16 para Roberto Huamán Azcurra.

Publicado por El Comercio el 4 de septiembre del 2012

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Caso Los Cabitos: “Ya te fregaste, estás en el cuartel”

Juicio por el caso Los Cabitos. Crónicas de las audiencias en Ayacucho (II) *

por Jo-Marie Burt y María Rodríguez

Por segunda vez en lo que va del juicio oral del caso Los Cabitos (1983), la Sala Penal Nacional recogió las declaraciones de testigos en la ciudad de Huamanga entre el 21 y el 24 de agosto. En cuatro días de audiencias públicas, 32 testigos —entre sobrevivientes, familiares de víctimas, y testigos de los crímenes que están siendo judicializados— narraron diversos episodios de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, y tortura sufridos dentro de las instalaciones del cuartel Los Cabitos y la prolongada y casi siempre inútil búsqueda de justicia desde hace casi 30 años.

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Los testimonios fueron desgarradores e intensos. A pesar del tiempo transcurrido los testigos compartieron recuerdos detallados que han marcado sus vidas para siempre. Algunos habían dado su testimonio ante la CVR, sin embargo, para otros era la primera vez que se acercaban al Estado a contar su historia. Así, hemos logrado encontrar puntos coincidentes sobre el modo de operaciones del Ejército en cuanto a las detenciones y desapariciones forzadas ocurridas en Huamanga en el año 1983 que son una prueba más de lo que realmente significó el cuartel Los Cabitos en Ayacucho durante el Conflicto Armado Interno.

Vale la pena mencionar que el juicio en el caso Los Cabitos comenzó en mayo de 2011. Es un caso complejo. Se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares responsables de los abusos que ocurrieron en el cuartel Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho desde de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. En este juicio, enfocado sólo en el año 1983, siete oficiales militares están procesados, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada. Sólo dos de ellos estuvieron presentes en las audiencias de Huamanga: el Teniente Coronel (r) Edgar Paz Avendaño, ex-jefe de la “Casa Rosada”, y Humberto Orbegozo Talavera, ex-jefe del cuartel Los Cabitos. Cuatro de los militares implicados en este caso fueron eximidos de asistir por motivos de su avanzada edad y/o estado de salud: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, y Roberto Saldaña Vásquez. El séptimo acusado, Arturo Moreno Alcántara, se encuentra prófugo, supuestamente en Chile.

La crónica siguiente se basa en estos cuatro días de audiencia presenciadas por las autoras.

Detenciones selectivas, detenciones fortuitas

La mayor cantidad de las detenciones en el año 1983 se dieron irrumpiendo de forma violenta en los hogares de Huamanga, en horas de la noche y la madrugada, sin duda aprovechando el toque de queda impuesto por el Comando Político Militar entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Los testigos describieron con detalle cómo militares, a veces en combinación con las fuerzas policiales, con uniformes de color verde claro y verde olivo, botas negras, armas largas y encapuchados, ingresaban a las viviendas y en medio de insultos, gritos y golpes, entraban a las habitaciones y se llevaban detenidos sin dar mayor razón ni explicación a las familias. Ante las preguntas de las esposas, los hijos, los padres sobre por qué los llevaban: ‘Porque son terrucos’, respondían, acompañado de algún insulto, pero nada más. Algunas veces eran detenciones selectivas, pues los militares llegaban a las casas buscando a una persona en particular, de nombre y apellido, o a veces sólo con el sobrenombre del “camarada”. En algunos casos se llevaron a varios miembros de una misma familia el mismo día o en diversas oportunidades.

Otros testigos narraron como fueron detenidos en las calles, porque pasaron cerca a un lugar donde hubo una explosión y los vieron corriendo, huyendo del atentado y sus consecuencias. Uno de los declarantes manifestó que caminaba por donde se encontraban algunos militares y cuando le pidieron sus documentos, al ver que era estudiante, fue detenido. “Tuve la mala suerte de sacar el carnet universitario que indicaba que era estudiante de educación,” dijo. “A los ojos de los militares, ser universitario era sinónimo de ser terrorista.”

También hubieron testimonios de y sobre personas que fueron detenidas siendo menores de edad, adolescentes, hombres y mujeres, entre los 14 y 17 años -algunos desaparecidos hasta ahora-, aun cuando llevaban puesto el uniforme escolar, fueron maltratados y vejados en Los Cabitos con la misma severidad e indolencia. Era un contexto donde la edad y el sexo fueron irrelevantes.

Los métodos de inteligencia

Un aspecto de la estrategia contrasubversiva en esa época que se hace evidente a luz de los testimonios es el deficiente servicio de inteligencia militar en la búsqueda de subversivos y su incapacidad de diferenciarlos de la población civil. Todos eran considerados sospechosos, más aún si eran docentes, comerciantes o estudiantes universitarios. Lo que cuentan los testimoniantes, es que la práctica común era torturar a todo sospechoso y observar su comportamiento. Quienes se quebraban fácilmente no eran considerados terroristas. Por ello en este juicio hay varias personas que pasaron por el circuito de torturas al interior del cuartel Los Cabitos pero luego fueron liberados.

En algunos casos, la detención de personas se debía a que otro detenido lo señalaba como terrorista. En las audiencias, hubo tres casos en la que el detenido fue confrontado con su sindicador dentro del cuartel Los Cabitos; en cada caso el sindicador retractó su acusación al ver a la persona. En el caso de Víctor Luis, en ese momento estudiante universitario de 23 años, el joven fue detenido y golpeado, practicaron simulacro de asesinato con él, y luego lo torturaron con la “colgadura”. Fue confrontado con su acusador, quien no pudo identificarlo. El militar encargado le increpó enérgicamente al sindicador al darse cuenta que no conocía al joven: “Por qué mientes, cómo dices que lo conoces,” le dijo el militar. “Tú estas tirando dedo a personas que no conoces, que no están involucradas”. Seguidamente golpeó y pateó al sindicador, y eventualmente soltaron al joven. Nos pareció sorprendente esta historia pues en estos años las Fuerzas del Orden operaron de la misma manera, en base a acusaciones y rumores y suposiciones, para desbaratar a las organizaciones subversivas. Todos eran considerados ‘terrucos’ hasta que se demostrara lo contrario, causando un miedo generalizado en la población.

Las torturas y los torturadores

Los testimonios comprueban que el cuartel Los Cabitos no sólo fue un centro de detención, sino que fue principalmente un centro de torturas. Si bien los testigos relataron que estuvieron la mayor parte del tiempo, encapuchados y atados de manos, ellos han logrado identificar ambientes especiales para ambas situaciones. Las detenciones duraban 15 días aproximadamente, siendo depositados en reducidas covachas con techos de calamina, donde tenían que permanecer sentados casi sin poder moverse, en medio de la pampa del cuartel; otros fueron ubicados en ambientes más amplios donde cabían mayor cantidad de personas (lo sentían por el calor humano), siempre en condiciones infrahumanas de vivienda y alimentación.

Los testigos narraron que las torturas eran sufridas en horas de la noche, a partir de las 10 u 11. Sentían que hacían cola para ser torturados y oían gemidos y gritos de hombres y mujeres. Al principio, las torturas consistían en golpes, patadas y puñetes en el estómago, la cabeza, la espalda. Algunas veces eran desnudados completamente, otras sólo el torso o quedaban en ropa interior. Luego, dependiendo quizás del nivel de sospecha o para medir la resistencia del detenido o detenida, se realizaban tres tipos de tortura: el colgamiento, el ahogamiento o submarino y la electricidad, en noches diferentes y espaciadas prudentemente para que la víctima se recuperase de las lesiones sufridas.

Durante las torturas, el interrogatorio era muchas veces impreciso: pedían a los detenidos nombres de terroristas, participantes de los atentados, dónde estaban las armas, buscaban que confiesen que eran tal o cual ‘camarada’, preguntaban quién era Edith Lagos o Abimael Guzmán. La generalidad de las preguntas hace pensar que los militares no tenían mayor claridad sobre quiénes eran ni a quiénes buscaban.

Un aspecto importante de los testimonios es la coincidencia al momento de describir a los torturadores. Por las voces, casi todos los testigos lograron identificar que eran entre tres y cuatro, con un acento costeño diferente al de “los cabitos” –como suelen describir a los soldados— que los cuidaban durante el día, quienes tenían un acento más provinciano o del oriente. En algunos casos, al momento de la tortura, los captores quitaban la capucha al detenido y en ese momento los testigos lograban ver los rostros de sus agresores, o por lo menos al que estaba más cerca. Eran de contextura gruesa y altos, dos de ellos ‘blancones’ y otro de tez trigueña con bigotes. Este último al parecer era el encargado de las torturas y a quien la mayoría de los testigos logró identificar con más claridad.

El silencio cómplice de las instituciones del Estado

La indolencia e inoperancia de las autoridades civiles y militares en este período es abrumador. Ha sido desgarrador no sólo escuchar el daño físico y sicológico que se hacía a otro ser humano, sino también el calvario de los familiares que buscaban a sus seres queridos en todas las instancias donde podían estar detenidos: la PIP (Policía de Investigaciones del Perú), la Comisaría, la Comandancia y el cuartel Los Cabitos. En todos ellos casi siempre negaron la presencia de sus familiares, fueron echados, insultados y tildados de terroristas. Eran en su mayoría mujeres, madres o hermanas que iban con sus niños en brazos, llorando desconsoladamente porque no encontraban respuesta sobre su ser querido. En algunos casos, sin embargo, los testigos relataron que algunos de los soldados se compadecieron y les hicieron llegar noticias de los detenidos. Sin embargo no necesariamente lograron encontrar a la persona identificada.

Las instituciones de justicia como la Fiscalía y el Poder Judicial también estuvieron ausentes. En algunos casos denunciaron los hechos ante estas instancias, pero casi siempre era letra muerta, pues nunca lograron que se abriera una investigación o un proceso para averiguar dónde estaban sus familiares. En otros casos no lo hicieron por las amenazas o porque se calculaba que no tendría ningún resultado. Por ejemplo, los testigos sobrevivientes de torturas contaron que al ser liberados fueron obligados a firmar cuadernos donde aseguraban que no habían sufrido ningún tipo de tortura o que se comprometían a no hablar, lo que acrecentó el temor a denunciar. Así mismo, el sentido común de muchos ex detenidos les hacía ver que la denuncia era inútil, pues “cómo se iba a denunciar a quien lo había retenido”. El temor y la desconfianza hacia el Estado en todas sus instancias, era generalizado. Había una impunidad institucionalizada, y el poder militar fue un poder autoritario y abusivo que había desarrollado niveles altísimos de deshumanización y desprecio por la vida.

La defensa militar

Es particularmente interesante analizar las intervenciones de la defensa de los militares, que busca probar que Ayacucho vivía una situación social tan convulsionada que cualquiera podía ser miembro de Sendero Luminoso. La defensa pregunta a los testigos en cuanto tiempo retomaron sus estudios y trabajos después de haber sido torturados en Cabitos, como si dicho tiempo determinara la gravedad de las torturas; hacen preguntas a las víctimas sobre si hicieron las denuncias luego de ser liberadas, como si el Poder Judicial funcionara de manera normal y no existiera un miedo generalizado en la población. Preguntan si había música a la hora de las sesiones de tortura; tal vez para argumentar que los altos mandos no escucharon los gritos humanos provenientes de las salas de torturas. Buscan banalizar los testimonios, minimizar el daño causado, justificar la reacción de las fuerzas del orden pues se vivía una época de terrorismo, bombas y atentados.

Las secuelas

Casi todos los testigos lloraron mientras narraban sus historias; algunos mostraron las cicatrices físicas y psicológicas de lo vivido. Algunos fundaron ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos) para continuar la búsqueda de sus familiares desaparecidos, mientras que los reaparecidos continuaron con sus vidas estudiando, trabajando, conviviendo con la violencia y buscando como sobreponerse al recuerdo de lo vivido.

A pesar de que el miedo es la secuela más notoria entre quienes dieron su testimonio, es destacable la valentía de estas personas, de relatar sus historias de horror frente a un juzgado en una audiencia pública y frente a los militares acusados como autores mediatos. Por ejemplo, Sergio, quien fue acusado de ser causante de una explosión de una cisterna cerca a su casa, cuando fue detenido sólo tenía 16 años. A pesar de su edad, fue torturado en Cabitos: Fue colgado por los brazos y luego duramente golpeado; otra noche lo sumergieron en un pozo de agua; finalmente le aplicaron la picana (electricidad). “¿Quiénes son los compañeros?” me preguntaron. “Das nombres y te vas a tu casa,” le dijeron, pero no sabía de que hablaban.

Durante una de las sesiones de tortura, le sacaron la capucha. “Vi con mis ojos a una niña de más o menos 16 años,” dijo. “No la conocía. Vi que violaron a la niña”. El mismo militar que lo había torturado era quien había violado a la niña. Días después, Sergio fue llevado junto con unos veinte detenidos a Infiernillo, un botadero donde los militares habrían echado a los muertos. Obligaron a todos arrodillarse al pie de la quebrada. No veía nada excepto el piso pues estaba encapuchado. “Sin preguntar metieron bala a uno y cayó a la pista. Lo pude sentir. Ahí sí preguntaron, vas a hablar! Groserías dijeron. Pero no hablaba nadie. Boom. Boom. Iban matando a las personas uno por uno. Uno a mi ladito cayó”. Aunque tuvo la venda en los ojos pude ver su cuerpo en el piso. Al final, Sergio y cuatro personas más volvieron con vida al cuartel. Cuando fue liberado, estuvo postrado en una cama por dos años recuperándose de las lesiones, pues como él mismo relató, “quedé destrozado”.

Es destacable también la historia de la familia de unos panaderos, quienes perdieron a dos de sus hermanos cuando los sinchis irrumpieron en su negocio, el 3 de setiembre y el 15 de diciembre de 1983 para secuestrar y desaparecer a sus hermanos César y Celestino. El testimonio de la hermana fue estremecedor, más aún cuando contó que años después en Rancha encontraron el buzo verde y el polo azul que Celestino llevó la madrugada que los militares lo sacaron de su habitación, mientras preguntaba “jefe, por qué a mí”. Quiso ponerse su reloj y recoger su Libreta Electoral, pero le dijeron “ya no es necesario”. Su familia veló las prendas esa noche.

Asimismo, la denuncia y testimonio de la hija, hermana y cuñada de Eladio Quispe Mendoza, desaparecido en noviembre de 1983. Los testimonios se dieron en Lima y Ayacucho, y demuestran que el terror y la impunidad prevalecieron en Ayacucho durante muchos años. Guadalupe Ccollacunto, la esposa de Eladio, quien se encargó de buscar a su esposo desaparecido y se convirtió en una importante miembro de ANFASEP, fue también desaparecida en la madrugada del 10 de junio de 1990, día de la segunda vuelta electoral entre Vargas Llosa y Fujimori, de la misma manera cobarde e impune: militares irrumpieron en su casa en horas de la madrugada, la llevaron, y nunca mas fue vista. La historia de la hija de Eladio y Guadalupe es aún más sorprendente y demuestra la valentía de las familias al momento de buscar respuestas sobre el paraderos de sus seres queridos, pues en audiencia pública en Lima, contó que cuando cumplió la mayoría de edad y asumió el caso de sus padres, descubrió que en el libro Muerte en el Pentagonito se hizo mención a su padre. Con esta información busco y logró entrevistarse varias veces con Jesús Sosa Saavedra, apodado ‘Kerosene’ y cuyo testimonio fue recogido en el libro mencionado. El admitió haber matado a su padre Eladio Quispe Mendoza, y haber destrozado su cadáver años después cuando le ordenaron desaparecer las evidencias de los años anteriores.

Después de oír los testimonios de los sobrevivientes de la tortura en Los Cabitos, después de escuchar los dolorosos testimonios de las esposas, hermanas y hermanos, padres y madres, que salieron en búsqueda de sus seres queridos y hasta ahora no encuentran respuesta, uno queda mudo por el espanto. Pero el proceso judicial obliga a narrar lo vivido, lo sufrido, obliga a contar las experiencias para encontrar y castigar a los culpables. Aún el juicio por el caso Los Cabitos tiene mucho por recorrer, faltan muchos testigos más, incluso habrá una nueva ronda de audiencias en Huamanga, probablemente antes de fin de año. En una siguiente entrega haremos otra crónica del horror que fue Los Cabitos.

 

Para ver la primera crónica sobre las audiencias en Ayacucho relacionadas con el caso Los Cabitos, haga clic aquí

 

Originalmente publicado en Noticias SER, 29 de agosto de 2012

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Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I)

Kristel Best Urday y Jo-Marie Burt*

  • A continuación presentamos una crónica de los dos primeros días de declaraciones de los testigos y agraviados del Caso Cabitos 1983.

18 de junio de 2012

El juicio oral del Caso Cabitos se inició el 26 de mayo de 2011 en la Sala Penal Nacional en Lima. Habiendo interrogado a los inculpados -entre ellos altos mandos militares de las fuerzas armadas- esta semana el colegiado presidido por el juez Broussett se ha trasladado a la ciudad de Huamanga para escuchar los testimonios de 32 testigos que viven en el departamento de Ayacucho.

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Las audiencias se vienen realizando en el Poder Judicial de Ayacucho, en el jirón 28 de julio, frente a la Plaza de Armas. Bajo el cielo diáfano de Ayacucho las madres de Anfasep asisten a la audiencia por el caso Cabitos; varias de ellas son testigos.

Cabitos fue un cuartel militar que sirvió de centro operativo para el las fuerzas armadas en Ayacucho a partir de fines de 1982, cuando todo el departamento fue declarado zona de emergencia. Según la imputación del Ministerio Público, el cuartel Cabitos fue un centro de detención clandestina de opositores políticos, donde se torturó a los detenidos y se desapareció a un número indeterminado de personas.

Son siete mandos militares acusados de los delitos de lesiones graves y desaparición forzada en el caso Cabitos por el año 1983. Cada año se cambiaba los mandos militares, por lo tanto, hay investigaciones por Cabitos 1984, 1985, 1986, etc.

En las audiencias en Ayacucho, sólo están presentes dos imputados: Humberto Bari Orbegoso Talavera y Pedro Edgar Paz Avendaño. La Sala Penal Nacional eximió a los otro cuatro de asistir por motivos de salud. Un acusado se encuentra prófugo de la justicia.

Desde su constitución en 1983, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recibió numerosas denuncias de casos de desaparición y tortura en el cuartel Cabitos. Desde ese momento, Aprodeh ha acompañado a Anfasep, a los familiares y agravados en la búsqueda de justicia. El caso viene siendo representado por las abogadas Gloria Cano, Gisela Astocóndor y el abogado Ernesto Ambía.

La primera testigo que declaró fue Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como Mama Angélica, fundadora de ANFASEP. Su hijo, Arquímedes Ascarza Mendoza, fue detenido en 1983 y llevado a la base militar Los Cabitos; nunca más se supo de él. La siguió su esposo Estanislao Ascarza Barrón y, finalmente, la señora Epifania Infante Rodríguez.

Mama Angélica, como 75% de las víctimas de la violencia política, según al CVR, tiene el quechua como su primer idioma. La Fiscal Superior del caso, Luz del Carmen Ibáñez, insistió en el derecho que tienen los declarantes a pronunciarse en su lengua materna. El tribunal aceptó tal derecho y asignó una traductora, lo cual permitió que Mama Angélica declarara en su lengua materna, el quechua. Hubo bastante desasosiego entre el público sobre la calidad de la traducción. Varias personas dijeron que la traductora abreviaba las declaraciones o no traducía exactamente las preguntas.

En su relato, Mama Angélica contó cómo las fuerzas combinadas de la policía y del ejército ingresaron a su casa en la madrugada del 2 de julio de 1983 y se llevaron a su hijo Arquímedes, de 19 años de edad. Relató su recorrido por la comandancia, la comisaría de la guardia republicana, por investigaciones (PIP), por el cuartel Cabitos, lugares en donde no obtuvo ninguna información sobre el paradero de su hijo. En su búsqueda por quebradas y lugares desolados halló cuerpos sin manos y pies y decapitados y las cabezas desperdigadas.

Mama Angélica mostró a la Sala la nota, escrita en un papel rasgado, que le hizo llegar Arquímedes a los 15 días de su desaparición, a través de un soldado del cuartel. En la nota Arquímedes pide a su mamá que busque un abogado. Mama Angélica no tuvo más comunicación con su hijo desde entonces.

Mama Angélica estuvo serena durante su testimonio, el cual duró alrededor de dos horas. Cuando la fiscal le preguntó si quería agregar algo más, respondió que quiere alcanzar justicia y quiere saber si su hijo está vivo o muerto.

El padre de Arquímedes, el señor Estanislao Ascarza Barrón, fue el siguiente testigo. Profesor de educación primaria, de 92 años, decidió declarar en castellano. Contó su versión con una gran lucidez y fue coherente con lo antes expuesto por su esposa.

“Toda es una verdad lo que decimos, no podemos engañar ni mentir ante ustedes los funcionarios del gobierno”, dijo el señor Estanislao. Precisó detalles sobre la desaparición de su hijo y la interminable búsqueda. Asimismo, declaró que en aquel tiempo los abogados no querían defender las denuncias por desaparición forzada por temor a sufrir represalias. Al final dijo: “Queremos que nos entreguen sus restos mortales y que los culpables sean juzgados”.

La siguiente testigo fue la señora Epifania Infante Rodríguez. Tenía 24 años cuando su madre Candelaria Rodríguez Gómez y su tía Gregoria Rodriguez Gómez fueron capturadas el 10 de junio de 1983. Sus hermanos Marcialina Ludeña y Teodoro Infante Rodríguez presenciaron la detención. Las hermanas Rodríguez Gómez fueron vistas por última vez en un camión portatropas del ejército en Juisa, localidad ayacuchana. Posteriormente los familiares fueron informados que habían sido trasladadas al cuartel Los Cabitos. Epifania señaló que su hermano Teodoro Infante Rodríguez fue detenido mientras buscaba a su madre y a su tía. Fue llevado a Los Cabitos, donde lo torturaron y luego fue liberado. A causa de la desaparición y del constante amedrentamiento, la familia se desplazó a Lima.

La señora Antonia Dipas de 83 años de edad también declaró sobre la desaparición de Candelaria y Gregoria Rodríguez Gómez. La señora Antonia, al igual que la señora Epifania, son analfabetas y además no dominan el castellano, por ello declararon en quechua. Los dos interrogatorios fueron muy complejos, puesto que, hubo graves falencias en el trabajo de traducción.

Finalmente, declaró el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, nacido en 1937 en el distrito de Huancaraylla. El señor Esteban es uno de los pocos sobrevivientes del cuartel Los Cabitos. Su testimonio es de suma importancia porque habla desde la experiencia directa. El señor Esteban anda a muletas a raíz de un problema en la pierna que no le permite caminar;, para llegar hasta la sala del juicio oral, ubicada en el segundo piso, tuvo que ser cargado por dos jóvenes. A pesar de su avanzada edad y de las dolencias fìsicas, el señor Esteban declaró de manera precisa, detallada y lúcida.

Relató que al momento de su detención era profesor de primaria en el anexo de Yanayacu en Socos. En pleno toque de queda, a las 11:45 de la noche, un carro frenó en la esquina de su casa. Ingresaron hombres armados y se lo llevaron diciendo, “marche usted, terruco de mierda”. Fue llevado con los ojos vendados al cuartel Los Cabitos. Al ingresar al cuartel, fue registrado en un cuaderno de ingreso el cual tuvo que firmar. Se dio cuenta que el profesor Cárdenas había sido detenido junto a él. Le volvieron a colocar la venda y fue llevado a una celda. Luego lo trasladaron a la sala de torturas, en donde debido a los golpes se le cayó la venda y pudo ver los implementos de tortura que colgaban del techo: cables, cadenas, sogas. Fue torturado por tres hombres. Sus gritos no fueron oídos, pues la música sonaba a todo volumen. Durante los interrogatorios le preguntaron por otros dos profesores: Cárdenas y Ortega. También le preguntaron si conocía al presidente Gonzalo. Después fue conducido a una sala más grande en donde se encontraban los demás prisioneros torturados. Recuerda que una noche todos fueron sacados al campo para marchar. El señor Esteban estima que estuvo entre 8 o 9 días preso. Al momento de ser liberado lo amenazaron, no podía denunciar los maltratos. Por ello decidió no ir al hospital ni al médico. Se reincorporó a su labor docente en la misma comunidad.

Contó a la sala que era profesor de primaria, que en su comunidad integraba el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y había sido dirigente del partido Acción Popular.

La jornada fue larga en horas e intensa en emociones. Al finalizar la audiencia las madres de ANFASEP y el público realizaron una vigilia por la justicia en la esquina de la plaza de armas de Ayacucho.

19 de junio de 2012

En el segundo día de audiencias, entre los familiares, los abogados de la parte civil y el público acompañante se respiraba un aire más tranquilo y optimista porque las audiencias se desarrollaban correctamente y porque la posibilidad de ser escuchados ante el aparato judicial se viene haciendo realidad. Se presentaron siete testigos, tres de ellos sobrevivientes de la detención y tortura en el cuartel Los Cabitos.

Luis Alberto Canchari fue el primero en testificar. En 1983 tenía 15 años de edad cuando vio al Ejército entrar a su casa y secuestrar a su padre, el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, quien había testificado el día anterior. Luego de alrededor de 12 días de persistente búsqueda por parte de su madre, el señor Esteban volvió a su casa muy flaco y herido. Su hijo recuerda que el carácter de su padre cambió. Se alteraba y su trato se volvió más duro con sus hijos.

Luego, llegaron juntos a la audiencia la pareja Edgar Noriega Ascue y Olga Gutiérrez Quispe. En 1983, Edgar, artesano de 28 años y Olga, 20 años, con un mes de embarazo, ambos fueron secuestrados y desaparecidos en el cuartel Los Cabitos. Primero declaró Edgar. Narró minuciosamente cómo fue secuestrado y cómo fueron sus días en el cuartel. No recuerda la fecha exacta, pero sí los detalles: a la una de la mañana los militares ingresaron a su casa en el barrio San Juan Bautista, cubrieron su cuerpo con una frazada y lo condujeron a Curacuti, donde simularon fusilarlo. Luego lo llevaron al cuartel Los Cabitos —el mismo lugar donde años atrás había cumplido el servicio militar.

En el cuartel lo interrogaron. Lo acusaron de ser jefe de Sendero Luminoso en el barrio San Juan Bautista, lo cual el señor Edgar negó tajantemente. Al no aceptar la acusación, otros militares se encargaron de torturarlo: lo colgaban del pie, de los brazos, le pasaron electricidad, lo golpeaban, una vez lo colgaron desde un helicóptero, otra vez lo despertaron de madrugada, lo sacaron de su celda y le hicieron cavar una fosa diciéndole que allí iba a ser enterrado. Incluso, al momento de torturarlo le hicieron escuchar los gritos de dolor de su esposa, quien también estaba detenida en el cuartel.

Recuerda que en otro momento se le cayó la venda y pudo ver a los torturadores: hombres altos y blancones con un dejo que describió como “extranjero”, un dejo que no era ayacuchano.

Asimismo, recordó que a través de un soldado pudo hacer llegar una nota a su familia. El soldado ingresó a su celda y le dijo que era el único que no confesaba; otros hablaban con apenas un lapo. El señor Edgar le pidió agua. El soldado le llevó agua en su casco de metal y le quitó la venda. Vio a través de la ventana a un hombre que repartía gaseosas por su casa. Le pidió al soldado mandar una nota con este hombre. El soldado accedió y le llevó un trozo de papel de azúcar y un lapicero. El señor Edgar escribió una nota para su familia. El soldado la llevó al repartidor de gaseosas y éste se la entregó a la madre de Edgar. A partir de esta nota la familia tuvo certeza que Edgar estaba detenido en el cuartel y su madre empezó a realizar denuncias en diferentes instituciones.

El señor Edgar recuerda que se dio cuenta del paso del tiempo por la bulla, por los ruidos del cuartel, pues todo el tiempo permaneció con los ojos vendados. Luego de alrededor de 15 días lo trasladaron a la PIP (Policía de Investigaciones) en el jirón Lima, en donde permaneció otros 15 días aproximadamente. Desde este momento su familia se enteró de su paradero. Un fiscal fue a tomar su declaración, pero no para que declare sobre el secuestro y tortura del cual fue víctima, sino para confirmar si estaba implicado con Sendero Luminoso.

Después declaró el señor Braulio Américo Noriega Ascue, hermano menor de Edgar, quien estuvo presente al momento de la detención.

La señora Olga Gutiérrez Quispe, esposa de Edgar, fue la siguiente en testificar. Luego de tres días de incertidumbre, recibieron la nota de su esposo y fue con su suegra al cuartel Los Cabitos, Los militares negaron que estuviera detenido. Después su suegra fue a la Fiscalía con la nota de Edgar para denunciar el secuestro de su hijo. Esa misma noche ingresaron a la casa de Olga militares armados, la cubrieron con una frazada y se la llevaron al cuartel. La acusaban de confeccionar banderas y estampar polos para Sendero Luminoso. Al negar la acusación, fue golpeada y quisieron abusar sexualmente de ella. Le preguntaron si tenía hijos; ella no sabía qué responder, pues tenía un mes de embarazo. Dijo que tenía dos meses para que no abusen de ella. Al final no la violaron sexualmente, pero fue agredida: la golpearon en los pechos y la obligaron a desnudarse. En otro momento la volvieron a torturar y le hicieron escuchar los gritos de su esposo. Le dijeron que él había confesado, y que él la acusó. La amenazaron diciendo que si no decía la verdad los iban a matar. Después de un día en el cuartel, la liberaron bajo la amenaza de que iba a estar vigilada.

Tanto la señora Olga como el señor Edgar señalaron que reiteradas veces los militares fueron a su casa a amedrentarlos.

Durante su testimonio la señora Olga sufrió un momento de profunda angustia. Lloraba sin poder hablar. En la sala durante estos días están asistiendo profesionales del Grupo de Acompañamiento Psicoemocional de Ayacucho, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para dar apoyo psicológico a los testigos. La sala realizó un receso y la señora Olga pudo continuar con su valiente testimonio.

El siguiente testigo fue el señor Remigio Mendoza Auca. Él fue convocado por la desaparición de su hermano Simón el 19 de setiembre de 1983. Durante su testimonio se refierió a la desaparición de otro hermano, Domingo Leonardo Mendoza Auca, hecho del cual no se ha realizado ninguna denuncia hasta el día de hoy. Por ello la fiscal solicitó que se registre la denuncia en las actas del juicio. Domingo Leonardo realizaba el servicio militar obligatorio en Pichari desde el año 1982. La familia le comunicó sobre la detención de su hermano Simón, con la esperanza de que él pudiera averiguar algo puesto que estaba en el Ejército. Domingo Leonardo pidió licencia para buscar a su hermano, luego se reincorporó al servicio, que concluyó en 1984. Ese mismo año, los militares lo sacaron de su casa, después de dos meses de su desaparición, su familia halló su cuerpo en Huatatas.

El señor Armando Prado Gutiérrez entró a la sala con su sombrero de campesino. Decidió declarar en quechua, pero sí entiende el castellano. Contó que el 5 de octubre de 1983 fue detenido en su casa junto a su primo Jaime Gamarra, actualmente desaparecido, y a su tío Vicente Canchari. Los militares ingresaron a su casa rompiendo la puerta, gritando insultos y acusaciones de que eran “terrucos”. Los cubrieron con frazadas para que no puedan ver, les hicieron caminar dos cuadras hasta un camión, al que fueron obligados a subir y los llevaron a un lugar cerca del aeropuerto, en donde se escuchaba el ruido de los aviones. En el cuartel llevaron a los tres al baño, donde les amarraron las manos, los colgaron y les pasaron corriente eléctrica. Mientras los golpeaban les decían “ustedes terrucos a cuánta gente han matado” y “dónde están los terrucos como ustedes”. Él se sentía agonizante, temblaba y perdió la conciencia. Durante la detención no les dieron comida ni agua. Luego de algunos días, que no puede precisar cuántos, fue liberado junto a su tío Vicente. Ambos fueron sacados de espaldas y soltados por la entrada del cuartel. Ahí pudieron ver el arco y supieron que estaban en el cuartel Los Cabitos. Los militares les gritaban que corran y los persiguieron con un camión.

El señor Armando tenía 20 años cuando lo secuestró el ejército. Actualmente, sufre graves secuelas por la tortura. Le rompieron la cabeza, le dislocaron el codo y tiene un bulto en el abdomen, por ello no puede trabajar bien. Mostró sus cicatrices y secuelas físicas a la fiscal y a los jueces. Fue un momento de estremecimiento entre el público. El señor Armando se mostró íntegro durante todo su testimonio. Actualmente se dedica a trabajar en su chacra.

Finalmente, se presentó la señora Dorisa Canchari Gutiérrez, hermana de Jaime Gamarra. En 1983 tenía 13 años y fue testigo de la detención de su hermano Jaime Gamarra. La señora Dorisia relató todo el recorrido de búsqueda que hicieron ella y su madre. Temiendo de que haya sido asesinado, buscaron su cuerpo en los lugares donde se hallaban cadáveres. La señora Dorisa recuerda que encontraban muertos como leñas y que algunas veces los chanchos y perros se los comían. Ellas buscaron en Curacuti, Lambrashuayco, Huatatas, Infiernillo, en donde no encontraron a su hermanos Jaime, aún desaparecido.

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2009, 2011). Kristel Best Urday estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. (^^^)

 

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Trial Reports

Militares en juicio por el caso Los Cabitos: ¿Héroes o amnésicos?

por Jo-Marie Burt

El general en retiro Carlos Briceño Zevallos no se acuerda nada de lo que sucedió en 1983. Por lo menos ese es el argumento de su abogado defensor, César Nakasaki, para sustentar que su defendido debería ser apartado del juicio que actualmente enfrenta. El general (r) está siendo procesado, junto con otros seis altos mandos militares, por la desaparición forzada y tortura de 54 personas, crímenes ocurridos en el cuartel militar Los Cabitos en 1983.

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CabitosEn la audiencia pública del 3 de agosto, la Sala Penal Nacional rechazó unánimemente el pedido, aduciendo que el procesado no demostraba signos de sufrir problemas de salud, habiendo incluso contestado preguntas durante etapas anteriores del juicio. Por ahora, por lo menos, el general Briceño seguirá en juicio.

Los Cabitos fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó judicializar y Briceño es uno de los siete altos mandos militares encausados por la justicia peruana. Según la CVR, el Cuartel Los Cabitos fue el principal centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas del orden, especialmente durante 1983, 1984 y 1985. A 28 años de los hechos; y a más de cinco años del inicio de la investigación fiscal, comenzó el juicio oral este 26 de mayo.

Durante la investigación del caso, se llegó a desenterrar unos 110 cuerpos de los alrededores de la base militar, muchos de ellos con signos de tortura y de haber sido ejecutados con proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, muchos de los cuerpos habrían sido incinerados a partir de 1985, bajo el orden del General Wilfredo Mori Orzo (actualmente procesado por la masacre de Accomarca), precisamente para borrar toda evidencia de los crímenes ahí cometidos durante los años 1983, 1984 y 1985.

Este juico abarca solamente los hechos ocurridos en Los Cabitos durante 1983. Como los jefes de los Comandos Políticos-Militares eran relevados cada año los crímenes ocurridos en el cuartel en 1984 y 1985 son materia de otros dos procesos.

En la causa se ve la desaparición de Arquímedes Ascarza Mendoza, el hijo de Angélica Mendoza de Ascarza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). El joven Ascarza Mendoza estuvo detenido en Los Cabitos, según un testigo ocular que hizo llegar a su madre una nota diciendo donde estaba. Luego desapareció y hasta ahora no se conoce su paradero. La señora Mendoza, como tantas otras madres y familiares, ha buscado incansablemente a su hijo desde entonces.

El caso judicial

Los altos mandos militares ante la justicia por el caso Los Cabitos, Lima 3 de agosto de 2011 - Foto de la autoraLos altos mandos militares ante la justicia por el caso Los Cabitos, Lima 3 de agosto de 2011 – Foto de la autoraLa Fiscal Superior, Luz del Carmen Ibáñez, es la encargada de la causa ante la Sala Penal. Ella formalizó su denuncia en 2009; la Sala devolvió el expediente varias veces hasta finalmente dictaminar el comienzo del juicio oral en mayo. Cabe recordar que la Fiscal Ibáñez fue quien llevó el caso contra la cabecilla de la organización subversiva Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien fue sentenciado a condena perpetua por ser considerado el autor mediato de una serie de crímenes contra los derechos humanos. El presidente de la Sala Penal Nacional, el magistrado Ricardo Brousset, preside el tribunal.

Los Cabitos es un caso complejo: se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares encargados del Cuartel Militar Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho a partir de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. Los siete militares actualmente procesados en este caso, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada, son: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, Roberto Saldaña Vasquez, Edgar Paz Avendaño, Humberto Orbegozo Talavera (quien había sido reo ausente y, ante la inminencia de una orden de repatriación decidió regresar al Perú voluntariamente e incorporarse al juicio) y Arturo Moreno Alcantara[1].

Como explica Aprodeh, institución que representa a las víctimas en este caso, “los acusados se desempeñaban como Comandante general de las fuerzas armadas, Comandante de la 2da zona de infantería, integrantes del estado mayor de la jefatura político militar de Ayacucho, así como miembros del destacamento de inteligencia y Jefe de la base militar asentada en el cuartel conocido como ‘Cabitos’.”[2]

Según el Informe Final de la CVR, Los Cabitos tenía “una estructura jerarquizada rígida por su condición militar” y que el Comando Político-Militar tenía a su cargo tanto el planeamiento como la ejecución de las operaciones militares que se realizaban en la zona. El despacho del Jefe del CPM estuvo dentro de esa instalación militar. “[R]esulta evidente,” según la CVR, “que los altos mandos de la citada instalación militar han tenido el dominio y control de los actos violatorios a los derechos humanos.”[3] Eso sería la base de la denuncia fiscal: los altos mandos militares son los principales responsables de los crímenes cometidos en el cuartel militar Los Cabitos, y que deberían ser castigos por ello según manda la ley.

Justicia, a paso de tortuga

CabitosA pesar de llevar tres meses de juicio oral, no comienza aún el interrogatorio de los encausados, ni tampoco de los testigos. Se realizan los juicios solamente por unas horas, una vez por semana o cada 10 o 12 días, lo cual hace demorar el proceso innecesariamente.

La razón es que la Sala Penal Nacional, instancia que juzga los casos de violaciones de derechos humanos, tiene una carga procesal muy grande. Sin embargo, la mayoría de los procesos no son por violación de de derechos humanos —a pesar que la Sala Penal Nacional, siguiendo las recomendaciones de la CVR, había sido designada como la instancia especializada para procesar esta tipo de causas, precisamente para acelerarlas—. En los últimos años el mandato de la Sala ha sido ampliado para incorporar otros tipos de delitos, entre ellos el lavado de activos, narcotráfico, y similares. Como resultado, los jueces de la Sala Penal Nacional no pueden dedicarse a los casos de derechos humanos que urgen ser resueltos, pues tanto los imputados como las víctimas sobrevivientes y los familiares tienen edades muy avanzadas, y porque las víctimas han esperado tantos años para ver su derecho a la justicia materializarse.

Briceño, el amnésico

En el último juicio oral del proceso, el 18 de agosto, Nakasaki insistió en su argumento de que el General Briceño sufre de amnesia por lo que debe ser removido de la causa. Incluso llegó a solicitar una evaluación psiquiátrica para demostrar la incapacidad mental de su defendido.

Otros imputados han utilizado argumentos similares para escaparse de la justicia; siendo el más famoso el del General Augusto Pinochet, quien se salvó de ser juzgado en España argumentando incapacidad mental.

En este caso, según la abogada de las víctimas, Gloria Cano de Aprodeh, el argumento de Nakasaki no sólo carece de sustento sino “representa una línea de defensa para lograr la impunidad.” Tal como en el caso del General Pinochet. Esperemos que no tenga el mismo final y que la justicia peruana contribuya a que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas conozcan la verdad y alcancen justicia.

Notas:

[1] Originalmente eran diez imputados, pero tres de ellos, incluido el General Clemente Noel, el primer Jefe del CPM en Ayacucho en 1982 y 1983, fallecieron. (^^^)

[2] APRODEH, “Sala Penal Nacional iniciará juicio oral contra militares por caso Los Cabitos,” 20 de mayo de 2011 (^^^)

[3] CVR, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.9, “Desapariciones, Torturas y Ejecuciones Extrajudiciales en la Base Militar de Los Cabitos (1983-1985) (^^^)

 

Orignalmente publicado en el portal de Justicia Viva, el 18 de julio de 2011 y en el blog de la autora, A Contracorriente, en La Mula

 

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Accomarca: Telmo Hurtado será extraditado próximamente

Por Jo-Marie Burt

Telmo HurtadoTelmo HurtadoEl día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos negó la solicitud de Telmo Hurtado para que revise la decisión de una corte distrital que ratificó la decisión de una corte inferior de aprobar su extradición al Perú. Con esa decisión, Hurtado ya no tendría más posibilidades de escaparse de la Justicia en el Perú.

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Como es de conocimiento público, Hurtado es considerado el principal responsable operativo de la masacre de 69 campesinos en Accomarca, occurrido en agosto de 1985, a poco tiempo de asumir su primera gestión como presidente Alan García.

Hurtado fue detenido en Estados Unidos en 2006 y en 2007 fue procesado penalmente en Estados Unidos por fraude, falsedad, y maluso de visa. La corte que revisó su caso ordenó su extradición, pero hasta ahora Hurtado ha evitado ser regresado al Perú aprovechándose de todas las posibilidades de apelar el orden de extradición.

Ahora que la Corte Suprema ha negado la petición de Hurtado, el próximo paso es que la Secretaria de Estado Hillary Clinton certifica la extradición; luego de ello será extraditado de inmediato.

Al llegar al Perú Hurtado tomaría su lugar junto con los otros 28 militares que actualmente están siendo procesados por el caso Accomarca.

Ayer la Corte Suprema de EE.UU. emitió este dictamen contra Telmo Hurtado. Vea la página 5.

Dictamen contra Telmo Hurtado

Publicado por primera vez A Contracorriente, el 24 de mayo 2011