Familiares de desaparecidos durante el conflicto armado en Perú durante los años 80 y 2000 denuncian que aún no obtienen justicia. Según organismos de derechos humanos, miles de juicios han sido archivados mientras resta por encontrar e identificar unos 12 mil cuerpos. teleSUR
Publicado por Telesur TV el 9 de abril de 2015
Archivos negados y autorías. La información militar que permitiría individualizar a los responsables de la matanza de Putis se encuentra en los archivos permanentes del Ejército, pero Defensa la sigue negando. Un tribunal penal ha señalado ya en primera instancia a los oficiales que actuaron de función y muy cerca de los hechos. Y aun así continúa la dilación.
Por Edmundo Cruz
Camposanto 29 de agosto del 2009. Recién después de
25 años, Putis pudo dar cristiana sepultura a 92 cuerpos
exhumados. De ellos, solo 28 han sido identificados
© La RepúblicaLa matanza de Putis se produjo el 13 de diciembre de 1984, pero de ella se supo 17 años después. En noviembre de 2001, La República localizó en Huanta, Ayacucho (a 3,600 msnm), una fosa de 10 metros por 7. Debajo se hallaría enterrado un centenar de pobladores de los 9 anexos de la comunidad arrasada por el operativo militar. Deudos orando al pie del entierro y testimonios de sobrevivientes recogidos en la zona honraron el hallazgo periodístico.
Vendría luego la investigación confirmatoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Pero la excavación de las fosas tardó 7 años. En agosto del 2008, con el apoyo del Equipo Peruano de Antropología Forense y la ONG Paz y Esperanza, se exhumaron 92 cuerpos, solo 28 identificados, 48% menores de 18 años.
Recién a fines del 2011, después de 10 años de investigación preliminar, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formalizó la denuncia. Y el 14 agosto del 2012, un presto Tercer Juzgado Penal Nacional, a cargo del juez Miguel Loyola Florián, abrió proceso penal a cuatro jefes militares.
Por razones de función están procesados Wilfredo Mori Orzo, quien era general de brigada y jefe político militar de Ayacucho en ese entonces. Juan Briones Dávila, jefe de Estado Mayor Administrativo de la Segunda División de Infantería a cargo de la zona. Carlos Soto Mesinas, jefe de inteligencia. Y el capitán Luis Grados Bailetti, jefe de la Compañía “Lince”, que junto con la Base EP Putis serían las unidades ejecutoras del operativo.
En noviembre del 2014, un nuevo plazo ampliatorio de 60 días fue solicitado por la Primera Fiscalía Superior Penal. Pide que el Tercer Juzgado Penal realice 14 diligencias repetitivas y nada especificas. Si el plazo se concede y contadas las vacaciones judiciales (febrero y marzo) el caso “se patearía para adelante” más de 3 meses.
Desde el 2002, la Fiscalía Mixta de Huanta pidió al Ministerio de Defensa la identidad del personal destacado en la Base Militar de Putis y la lista de bases militares de la época.
La respuesta fue negativa. Detrás de tal postura asoma una táctica orientada a obstaculizar la individualización de los actores del delito (y no solo identificación), que exige el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para abrir instrucción.
Se trataría de impedir que prospere el proceso abierto en primera instancia por el Tercer Juzgado Penal, opinaron expertos consultados.
La información negada existe. La historia de cada miembro del Ejército está registrada en el Legajo Personal del Oficial (LPO) y tiene dos versiones. Una que acompaña al oficial por todas las unidades donde es destacado. Y otra que es llevada por el Comando de Personal en Lima. Al concluir la carrera del oficial, los dos LPO se juntan y se guardan en el Archivo del Cuartel General del Ejército.
Es uno de los lugares donde está la información pedida.
La Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en su obra “En honor a la verdad” (más conocida como “Libro Blanco”, página 65), al referirse a la gestión del general Mori Orzo en Ayacucho anota que los jefes de base y de patrulla “tenían que entregar obligatoriamente un informe de patrulla, el cual era recabado por el oficial de operaciones y servía para preparar resúmenes de inteligencia e informes diarios de operaciones”.
Se trata de los documentos denominados IDO (Informe Diario de Operaciones) e IDI (Informe Diario de Inteligencia), que las grandes unidades reportan cotidianamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus respectivos comandos institucionales.
Allí se condensan las ocurrencias más importantes de las zonas bajo el mando de cada gran unidad, recogidas a la vez de los niveles inferiores. El IDO y el IDI no se archivan únicamente en las unidades sino que en el día se trasmiten al nivel más alto. Copias de estos informes se guardan en los archivos del Comando Conjunto y del Cuartel General del Ejército.
Toda repartición del Ejército Peruano lleva tres clases de archivos: Activo (del año en curso), Pasivo (de los 5 años anteriores al año en curso) y Permanente.
Este último incluye los “documentos que por su importancia puedan tener empleo ulterior en lo administrativo, estadístico o histórico” (capítulo 2, sección I, párrafo 6 del “Sistema de Archivos del Ejército”, Código CE 345-1).
El párrafo 11 del mismo documento, al enumerar las normas de depuración de los archivos, define claramente dos formas de destrucción de los documentos: “Por incineración” y “Por fraccionamiento”. Y en su inciso “h” dice inequívocamente lo siguiente: “Del archivo permanente no se destruirán los documentos”.
Es lógico. Y si no, ¿cómo se escribiría la historia de la Guerra del Perú con Chile o con Ecuador o contra Sendero Luminoso?
De ahí que sea también discutible la nobleza del “Acta de incineración” remitida por el Ministerio de Defensa a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho negándole la información relacionada con Putis.
O sea, existe información para que la Fiscalía identifique e individualice a los culpables.
“Tengo 54 años y nací en Putis. Sobreviví a la matanza del 13 de diciembre de 1984, pero seis de mis familiares: mi madre Ambrosia Solier Cusiche, mi hermano Ernesto Limancca Solier, mi cuñada Pastora Potosino Centeno y mis dos sobrinos Elfio y Uriol Limancca Potosino, no tuvieron la misma suerte. El año pasado el Poder Judicial nos notificó para ampliar las declaraciones que dimos hace varios años . Fui a pie hasta Huamanga porque, por razones de salud, no puedo viajar en carro. Bajé y subí 80 kilómetros. Once horas de ida y once horas de vuelta”.
“Llevé un vestido para cambiarme el día que iba a declarar ante el juez. Para el camino llevé una botella con mate que se me agotó a las pocas horas. Recorrí lugares donde años atrás había visto cadáveres regados. Iba pensando en las personas extrañas de terno y corbata que me iban a interrogar. Declaré durante una hora a través de un intérprete, y ese mismo día volví a Putis. No tenía donde quedarme ni dinero para comer en Huamanga”.
Publicado en La República, el 4 de enero de 2015
Cumplidos 10 años desde la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que determinó más de 73 casos de graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) entre los años 1980 y 2000, las principales organizaciones de defensa de los familiares de las víctimas denuncian que instancias gubernamentales como el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Defensa han tomado una actitud que parece destinada a dejar impunes los casos de desapariciones forzadas y demás atrocidades perpetrados, sobre todo, por el propio Estado.
a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas
en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori.La investigación de la CVR no fue poca cosa. Finalizada la década de dictadura fujimontesinista, y a lo largo de 2 años, se recogió para la investigación el testimonio de 16 mil 985 personas, y se organizaron 21 audiencias a las que asistieron más de 9500 familiares y víctimas de la violencia, así como entrevistas a los implicados y testigos.
De los 73 casos registrados –muchos de los cuales eran tan complejos que implicarían más de un juicio adicional–, la CVR recomendó en su informe final la judicialización de 47 de ellos, recomendando justicia, reparaciones a las víctimas y la aplicación de reformas de Estado para evitar que esa tragedia vivida se volviera a repetir.
La otra cara de la moneda es cómo se han llevado hasta hoy esos juicios, sobre todo en la controvertida Sala Penal Nacional, que ha llevado 37 casos, 22 de ellos con fallo absolutorio.
Otra muestra de que la impunidad se está convirtiendo en moneda corriente en los juicios por esos crímenes es el trabajo de la investigadora de Human Rights, Jo-Marie Burt, que apunta que de 49 casos abiertos en el PJ –que implican a 211 víctimas–, se han emitido 28 fallos absolutorios.
Asimismo, se dieron 15 veredictos mixtos –considerando que algunos implicados eran culpables, otros inocentes y algunos no habidos– y, a pesar de las pruebas recogidas por la CVR y por los propios abogados de las víctimas y sus familias, solo 5 fallos condenatorios.
Si bien cabe acotar que muchas de ellas han sido apeladas, y otras se encuentran en segunda o tercera instancia, para el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), estas alarmantes cifras solo tendrían una explicación.
“No ha sido solo el número de sentencias condenatorias y absolutorias, pese a que la mayoría hasta ahora pertenece a este último grupo. Al reparar en el contenido de los veredictos se descubre que son una suerte de alegatos a favor de la impunidad”, afirma.
“Ante esta realidad, solo podemos dar una explicación política al asunto. Por el lado jurídico, ya no se puede”, agrega.
A las organizaciones a favor de los Derechos Humanos no les falta razón en sus reclamos. Revisando la lista de los 49 procesos llevados hasta ahora en el PJ –que aparece en el informe de Jo-Marie Burt– diario 16 descubrió que de los 28 casos que tuvieron veredictos absolutorios 16 pertenecen a crímenes cometidos en el gobierno de Fujimori (1990-2000), y 11 al primer gobierno de Alan García (1985-1990).
En los fallos mixtos, tampoco les fue mal a las gestiones de Fujimori y García. De los 15 que se emitieron, el período fujimorista obtuvo 12 sentencias de ese tipo, mientras que el primer gobierno aprista, 3.
“La segunda llegada de Alan García al poder significó un cambio en el criterio de valoración de los casos que se llevaban en el PJ. Él abogó por los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, hizo que el Ministerio de Defensa pagara los abogados de militares acusados de crímenes, e incluso lamentó que haya una ‘persecución’ contra ellos”, explica Rivera al respecto.
Y es cierto. En setiembre del 2010, Alan García emite el Decreto Legislativo Nº 1097, que señalaba que los delitos de lesa humanidad sólo podían ser considerados como tales desde 2003, cuando el Perú suscribió acuerdos internacionales en la materia.
Este decreto, finalmente derogado por presiones de instituciones de defensa de los Derechos Humanos y por el Congreso, en la práctica permitía que los crímenes cometidos por militares y policías antes de esa fecha gozaran del beneficio de la prescripción, entre ellos quienes actualmente luchan por que prescriban sus crímenes: el Comando Rodrigo Franco y su fundador, el exministro del interior de García, Agustín Mantilla.
“Además, cuando en el segundo gobierno aprista se acusa a los jueces de ser ‘subsidiados por las ONG’, estos se sensibilizaron y empezaron a actuar en consecuencia”, agrega Rivera, dando paso, en el tema judicial, a la abogada Gloria Cano, de Aprodeh.
Publicado en Diario 16 el 1 de junio de 2013
RightsPeru, 9 de marzo de 2013
La directora del proyecto Human Rights Trials in Peru, Jo-Marie Burt, fue invitada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Apoyo para la Paz a participar en una mesa verde sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el Perú. La Dra. Burt fue acompañada por Lorena Balardini, socióloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien expuso sobre el proceso de justicia en Argentina. El evento, presidido por el coordinador del proyecto Apoyo para la Paz, Jaime Urrutia, tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012 en la Casa Matteo Ricci en Huamanga, Ayacucho.
Aquí compartimos un link donde puede encontrar las grabaciones de las presentaciones, gracias al equipo de Apoyo para la Paz.
Jaime Urrutia y Jo-Marie Burt
Lorena Balardini, Jaime Urrutia y Jo-Marie Burt
Lorena Balardini
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tomó una decisión política al archivar la investigación que se le siguió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Javier Villa Stein, que dispuso la reducción de las penas para los miembros del grupo Colina, sostuvo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.
“El propio presidente del CNM no sabe explicar al país cuál es el contenido y por qué razón han tomado esa decisión, es impresionante que una persona que se ha paseado por todos los organismo públicos, hay jueces como el señor [Pablo] Talavera que han resuelto casos de violaciones a los derechos humanos y aquí todo indica que hay, desde nuestro punto de vista, una decisión política de librar de toda responsabilidad a los miembros de la Corte Suprema y permitir una suerte de impunidad solapada en este tipo de procedimiento”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Ahora entendemos la razón por la cual los demoraron excesivamente, siendo este un procedimiento que debió de terminar a los dos meses y que está terminando a los seis meses, creo que todo tiene sentido, y es evidente que el CNM jugó un rol político, que espero que pase el tiempo para lanzar una resolución que ni ellos mismos saben explicar”, indicó
El coordinador del Área Legal del IDL calificó la decisión del CNM como una burla a la acción de la justicia, a la decisión de los órganos internacionales y a los familiares de las propias víctimas. Remarcó que el pronunciamiento del Consejo contradice las decisiones que tomó la Corte Suprema al anular el fallo que favoreció al grupo Colina y que consagra un mecanismo de impunidad asolapado.
“Hay un hecho claro sobre el cual hay que confrontar esta situación, la resolución de la Corte Suprema del 27 de setiembre del año pasado, con la cual se anula la sentencia de Javier Villa Stein. Digamos si desde el punto de vista de los señores del CNM no hay nada irregular, entonces ¿Por qué razón la Corte Suprema anuló la sentencia de Villa Stein? Esa es una pregunta elemental que hay que hacer”, declaró.
“¿Cuál es la razón o el motivo por el cual la propia Corte Suprema decide anular una sentencia? Y meses después el CNM dice que en esa sentencia anulada no hay nada irregular, es bastante contradictoria sinceramente y me parece que lo único que expresa es una decisión política que no saben fundamentar, que no saben explicar por qué; justamente me parece arbitraria e ilegal la decisión del CNM y que, simplemente, ha terminado de consagrar un mecanismo de impunidad asolapado a favor de quienes emitieron esta resolución abiertamente ilegal”, acotó.
Publicado el 25 de enero de 2013 por IDL Radio
En las “Sentencias mixtas” por lo menos un imputado ha sido condenado y por lo menos un imputado ha sido absuelto.
Datos producidos por el Human Rights Trials in Peru Project.
Datos actualizados al 2 de setiembre de 2012.
Datos producidos por el Human Rights Trials in Peru Project.
Datos actualizados al 2 de setiembre de 2012.
Datos producidos por el Human Rights Trials in Peru Project.
Datos actualizados al 2 de setiembre de 2012.
El proyecto HUMAN RIGHTS TRIALS IN PERU ha ido recopilando información sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que han sido judicializados o están bajo investigación. La información proviene de una serie de fuentes, principalmente los organismos de derechos humanos, los expedientes judiciales, y la prensa, entre otros. El registro de casos está organizado según etapa judicial (con un link para un resumen de cada caso en inglés y español según disponabilidad), seguido por una lista de los casos en órden alfabético.
The HUMAN RIGHTS TRIALS IN PERU project has collected data about cases of grave violations of human rights committed during Peru’s internal armed conflict that are or have been to trial, are under investigation by legal authorities. The data used to compile this registry draws from a number of sources, including human rights organizations, legal case files, the media, among others. The registry is organized first according to procedural status (with a link to click to a brief summary of each case in English and Spanish, as available), followed by a list of cases in alphabetic order.
Datos actualizados al 15 de setiembre de 2012 | Last Updated: 15 September 2012
Eladio Mancilla Calle (ENG/ESP)
Zulema Tarazona (ENG/ESP)
Ernesto Castillo Páez (ENG/ESP)
Hugo Bustíos (ENG/ESP)
Desaparición Autoridades de Acocro (ENG/ESP)
Pedro Haro (2 sentencias) (ENG/ESP)
Delta Pichanaki (ENG/ESP)
Adrián Medina (ENG/ESP)
Barrios Altos, La Cantuta, and Sótanos SIE (Gorriti y Dyer) (ENG/ESP)
Chuschi 1 (ENG/ESP)
Cantuta 1 (EXP N° 003-2003) (ENG/ESP)
Cantuta 2 (09-2008) (ENG/ESP)
Pomatambo and Parcco Alto (ENG/ESP)
Barrios Altos (ENG/ESP) , Pedro Yauri (ENG/ESP) y Campesinos del Santa (ENG/ESP)
Felipe Huamán Palomino (ENG/ESP)
Moisés Carbajal Quispe (ENG/ESP)
Chilliutira (ENG/ESP)
Benito Céspedes and others (2 sentencias) (ENG/ESP)
Bernabé Baldeon García (ENG/ESP)
Jeremías Osorio (ENG/ESP)
Constantino Saavedra (ENG/ESP)
Marco Barrantes
Santa Barbara 1 (ENG/ESP)
Pucayacu 2 (ENG/ESP)
Walter Castillo Cisneros (ENG/ESP)
Jorge Gutiérrez Quintero (ENG/ESP)
Gualberto Chipana Wayra
Alcides, Julio César y Abraham Sandoval Flores
Jessica Chávez Ruíz
Matero (2 sentencias) (ENG/ESP)
Los Laureles (1 sentencia) (ENG/ESP)
Indalecio Pomatanta (1 sentencia) (ENG/ESP)
Chavín de Huantar 2 (ENG/ESP)
Accomarca 1 (ENG/ESP)
José Navarrete Cabrera y otro (ENG/ESP)
Los Cabitos 1983 (ENG/ESP)
Agente Carrión (ENG/ESP)
Fortunato Gómez (ENG/ESP)
Sótanos del SIE 2 (ENG/ESP)
UNCP 1 (1 sentencia) (ENG/ESP)
Lucmahuaycco (ENG/ESP)
Chuschi 2 (ENG/ESP)
CIDH Aucayacu
Operativo Paraíso (ENG/ESP)
Luis Manrique
Pomatambo and Parcco Alto 2 (ENG/ESP)
Marcelino Valencia and Zacarías Pasca (1 sentencia) (ENG/ESP)
Pucará (1 sentencia) (ENG/ESP)
Lucio Lozano Huayta (ENG/ESP)
Ccarpaccasa y Sillaccasa (ENG/ESP) – Sancaypata (ENG/ESP)
Candidatos Huancapi (ENG/ESP)
Callqui (ENG/ESP)
El Frontón (ENG/ESP)
Llusita 1 (ENG/ESP)
Mariela Barreto (ENG/ESP)
Castro Castro (ENG/ESP)
Curgos Huamachuco (ENG/ESP)
Pedro Huilca Tecse (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Madre Mía (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Cayara (ENG/ESP)
UNCP 2 (ENG/ESP)
Cantuta 3 (Exp. 62-2007) (ENG/ESP)
Cantuta 4 (Exp. 58-2009) (ENG/ESP)
Saúl Cantoral and others (ENG/ESP)
Familia Ventocilla (ENG/ESP)
Jaime Alarcón
Santa Barbara 2 (ENG/ESP)
Pichari (ENG/ESP)
Hilario Ayuque (ENG/ESP)
Chumbivilcas (Cassahui) (ENG/ESP)
Manta y Vilca (ENG/ESP)
Magdalena Monteza (ENG/ESP)
Santiago Antezana Cueto (Caso Manyac) (ENG/ESP)
Rafael Salgado (1 sentencia) (ENG/ESP)
Pedro Huilca Tecse 2 (Anticorrupción) (ENG/ESP)
Patron Huanta 1984 (ENG/ESP)
Putis (ENG/ESP)
Wiksumachay (ENG/ESP)
Juan Carlos Calero Martel (ENG/ESP)
Sobres Bomba (ENG/ESP)
Caraqueño (ENG/ESP)
Capaya y Santa Rosa (ENG/ESP)
Gustavo Gorriti Ellenbogen
Marcial Flores Sulca (ENG/ESP)
William León Laurente (ENG/ESP)
Reyna Cervantes Romani (ENG/ESP)
Amancio Delgadillo Arce and others (ENG/ESP)
Cirilo Quiquin Casaico (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Víctor Tineo Sandoval and others (ENG/ESP)
Teodoro Pillaca Tinco (ENG/ESP)
Felicitas Auqui Tenorio (ENG/ESP)
Melitón Auqui Tenorio (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Patrocinio Quichca Espinoza and others (ENG/ESP)
Pelayo Arotoma Cccñahuaray (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Amadeo Ircañaupa and others (ENG/ESP)
Florentino Mendoza Huaman (ENG/ESP)
Nemesio Ccenta Aquino and others (ENG/ESP)
Walter Valer Munaylla (ENG/ESP)
Lidia Quispe Silva (ENG/ESP)
Alfonso Aguirre Escalante (ENG/ESP)
Teófilo Carrión Jaulis (ENG/ESP)
Los Cabitos 1984 (ENG/ESP)
Marino Vega Perez (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Juan Hugo Calle Rodríguez and others (ENG/ESP)
Ricardo Baldeón Ninahuanca (ENG/ESP)
Filomeno Cruzatt Caroy (ENG/ESP)
Eladio Mancilla Calle (ENG/ESP)
Claudio Sayas Delgado and others (ENG/ESP)
Zenón Valencia Navarro (ENG/ESP)
Base Militar de Totos (ENG/ESP)
Violacion Sexual Base Militar de Totos (ENG/ESP)
Marcela Valdez De La Cruz (ENG/ESP)
Vinchos (ENG/ESP)
Patrón Huancasancos (ENG/ESP)
Sonqo I (ENG/ESP)
Hermanos Mancilla (ENG/ESP)
Moyocc (ENG/ESP)
Huarapite (ENG/ESP)
Concepción (ENG/ESP)
Toribio Galindo Casavilca (ENG/ESP)
Huamanquiquia (ENG/ESP)
Roca Huaytalla (ENG/ESP)
Putka (ENG/ESP)
Cucho Quesera (ENG/ESP)
Raymundo Berrocal (ENG/ESP)
Armando Guamantingo V. and others (ENG/ESP)
Saturnino Castillo Peralta (ENG/ESP)
Evaristo Morales Portillo (ENG/ESP)
Ismael Pimentel Dávalos (ENG/ESP)
Basilio Chirhuana Carajal and others (ENG/ESP)
José Olivares Pérez (ENG/ESP)
Santos Rojas Quispe (ENG/ESP)
Concepción Ccaya Barrientos and others (ENG/ESP)
Familia Huerta Figueroa (Villarica) (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Jorge Parraga (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Eduardo Condor (ENG/ESP)
Apolín (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Arrasamiento Venenillo and others (ENG/ESP)
Shallahuita (ENG/ESP)
San Pedro (ENG/ESP)
Molinos (ENG/ESP)
Meneses (ENG/ESP)
Humaya Chambara (ENG/ESP)
Edith Galván (ENG/ESP)
Familia Rodríguez Paucar (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Abel Malpartida and others (ENG/ESP)
Estiles Ruiz Dávila (ENG/ESP)
Tercero Lava and others (ENG/ESP)
Tabalosos (ENG/ESP)
Fabriciano Chujandama and others (ENG/ESP)
Maximo Quispe (ENG/ESP)
César Cueto (ENG/ESP)
Domingo Cisneros (ENG/ESP)
Julia de la Cruz (ENG/ESP)
Filiberto Condori (ENG/ESP)
Octavio Jerí Quispe (ENG/ESP)
Marcelo Soto (ENG/ESP)
Valentín Bautísta Chipana, Pelayo Bautista, Luis Chumbe (ENG/ESP)
Avelino de la Cruz Tenorio (ENG/ESP)
Felix Cletona (ENG/ESP)
Marino Cletona (ENG/ESP)
Guillermo Huamaní (ENG/ESP)
Alejandro Peña (ENG/ESP)
Telesforo Salvatierra and others (ENG/ESP)
Remigio Viacava (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Amador Maldonado (ENG/ESP)
Alejandro Anaya (ENG/ESP)
Pedro Peralta (ENG/ESP)
Guillermo Mendoza (ENG/ESP)
Felix Mendoza (ENG/ESP)
Armando Vizcarra (ENG/ESP)
Familia Hinostroza Sulca (ENG/ESP)
Chilcahuayco (ENG/ESP)
Guadalupe Ccallocunto (ENG/ESP)
Hospital de Huamanga (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Amador Ccorahua (ARCHIVADO) (ENG/ESP)
Ángel Escobar (ENG/ESP)
Lucio Bautista (ENG/ESP)
Operativo Cuchara (ENG/ESP)
Operativo Aries (ENG/ESP)
Rodríguez Illatopa (ENG/ESP)
Fernando Mejía (ENG/ESP)
Vladimir Urbay (ENG/ESP)
Ciprian Palacios (ENG/ESP)
Moisés Carbajal Quispe (ENG/ESP)
Julian Hinostroza
Pelayo Bautista (ENG/ESP)
Luis Chumbe y otros (ENG/ESP)
Marcelino Calle y otros
Alejandro Quispe
Sebastían Huaya
Alejandro Peña (ENG/ESP)
Fabian Tito
Emilio Vargas
Julia Pozo y otros
Quintiliano Rodríguez
Cirilo López Ore
Agustín Toledo
Teofilo Ccallacunto
Jorge Martínez Zea y otro
Chilcahuayco y Paltarumi
Ejecución Chalco
Parqocucho
Yovana Vera
Río Blanco
Rio Chari
Julia Curilla
Alipio Sulca y otro
R.M.V.D.M
Moisés Carbajal Quispe 2 (ENG/ESP)
L.Q. I
Q.
D.C
Esposos Moran Puca
Benigno Tecsi
Esterilizaciones Forzadas
Raccaya Umasi
Jesús Ovando Ipure y otros
Pascual Chipana Huayhua y otros
Teófilo Ramos Gamboa
Ampliación Cabitos 83-II (ENG/ESP)
Esteban Muñoz Mucha y otros
Hugo Bustios 2 (ENG/ESP)
Pucayacu 1 (ENG/ESP)
G.G.G.
Fortunata García Gamboa
Llusita 2 (ENG/ESP)
Sonqo II (ENG/ESP)
Hermanos Yangali
Santa Rosa de Anta
Accomarca 2 (ENG/ESP)
Huamanmarca
San Antonio de Cochas
Sayacc(180-2006 )
Huaylla
Rumichaka
Moyoorco (6ª Fosa PUTIS) (ENG/ESP)
… … … … … …
On July 26, 1989, in Sol de in Oro, in the district of San Martín de Porres, members of the National Police arrested Abel Malpartida Paéz and Luis Alberto Alvarez Aguilar, after they participated in a confrontation between members of the PCP-SL and a police patrol unit. The next day their bodies were found near San Bartolo.
El 26 de julio de 1989, en Sol de Oro, en el distrito de San Martín de Porres, Abel Malpartida Paéz y Luis Alberto Alvarez Aguilar fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional, después de participar en un enfrentamiento entre integrantes del PCP-SL y una patrulla de esa unidad policial. Al día siguiente sus cuerpos fueron encontrados en los alrededores de San Bartolo.
ONG Responsable: NS
On August 14, 1985, an army patrol that belonged to the “Lince” company of Huamanga, under the command of Lieutenant Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, killed about 69 people including women, elderly, and children, all of whom were inhabitants of the Accomarca district of Ayacucho. The victims were separated into single file lines, with men on one side, women on the other, and the young girls taken to a separate area to be raped. The massacre was part of the “Plan Operativo Huancayoc,” to take action against subversives. The trial began on November 4, 2010 and 25 years imprisonment was called for according to the charges against the defendants. In 2011, Telmo Hurtado was extradited from the United States to join the rest of the defendants in the trial.
El 14 de agosto de 1985, una patrulla del Ejército que pertenecían a la compañía “Lince” de Huamanga, al mando del subteniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, asesinó aproximadamente a 69 personas habitantes del distrito Accomarca, Ayacucho, entre las víctimas se encontraban mujeres, ancianos, y niños,. Las víctimas fueron separadas en filas, hombres a un lado, mujeres al otro, y las más jóvenes fueron violadas. La matanza fue parte del “Plan Operativo Huancayoc”, una acción antisubversiva de la subzona seguridad nacional 5. El juicio oral se inició el 4 de noviembre de 2010. En la acusación fiscal, se solicitó 25 años de prisión para los procesados. En el 2011, Telmo Hurtado fue extraditado de los Estados Unidos, para unirse al resto de los procesados en el juicio oral.
ONG Responsable: ADEHR, APRODEH, IDL
On July 8, 1992, two men of the armed forces linked to the National Counter Terrorism directive, DINCOTE, kidnapped Adrián Medina Puma, Secretary General of the Union of Military Transport Equipment (ETRAMSA), along with his three-year-old son Resendo and Eudes Najarro Gamboa, Resendo was later abandoned near the home of his grandmother. The body of Adrián was found the next day in a field in the district of Comas. Najarro Eudes was later discovered to be an agent of the Army Intelligence Service, who had infiltrated ETRAMSA with the mission of turning Adrián Medina over to the “Colina” group. In 2010, the defendants were acquitted.
El 8 de julio de 1992, Adrián Medina Puma, Secretario General del Sindicato de la Empresa de Equipo de Transportes Militares (ETRAMSA) fue secuestrado por dos hombres de las Fuerzas Armadas vinculados a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo DINCOTE, junto a su hijo Resendo de tres años y de Eudes Najarro Gamboa. Resendo fue abandonado cerca de la casa de su abuela. El cadáver de Adrián fue encontrado al día siguiente en un descampado en el distrito de Comas. Eudes Najarro fue descubierto como un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, infiltrado en ETRAMSA con la misión de entregar a Adrián Medina al Grupo “Colina”. En el 2010, los procecados fueron absueltos.
ONG Responsable: APRODEH
In October 2001, agent of the Army Intelligence Service (SIE), Fabio Javier Urquizo Ayma, was captured for his involvement in the bombing of the channel 13 station of Puno. In home of Urquizo, police found his diary, which was written in third person, where Urquizo speaks of himself as “Agent Carrión.” The diary contains information about his operations for the SIE between July and December of 1991. In the diary, “Agent Carrión,” tells of the murder of 16 people, including the journalist Luis Morales Ortega, the Solier family, and the former mayor of Huamanga, Leonor Zamora. On September 16, 2008, the Second Criminal Court of Ayacucho opened proceedings against five members of the Peruvian Army.
En octubre del 2001, el agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Fabio Javier Urquizo Ayma fue capturado por su participación en el atentado dinamitero contra el Canal 13 de Puno. En el domicilio de Urquizo, la policía encontró su diario personal, en el cual escribía sobre él en tercera persona, Urquizo habla de sí mismo como “El agente Carrión.” El diario contiene información sobre sus operaciones de seguimiento y ejecución desde julio hasta diciembre del año 1991. En el referido informe, el “agente Carrión” cuenta del asesinato de 16 personas, incluyendo al periodista Luis Morales Ortega, la familia Solier, y la ex alcaldesa de Huamanga Leonor Zamora. El 16 de septiembre del 2008, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Ayacucho abrió instrucción contra 5 miembros del Ejército Peruano, El caso se encuentra en etapa intermedia en la Sala Penal Nacional.
ONG Responsable: COMISEDH
On September 15, 1984, members of the PCP-SL raided San Pedro, in the district of Santa Rosa. Due to this, the villagers of Huanchí sent about 20 people to investigate what had happened, but when they arrived in Santa Rosa they were mistaken for members of the PCP-SL. They were shot and killed with an axe. Their bodies were picked up that night by residents of Huanchí, who buried them.
Source(s):1 (Pg. 684)
El 15 de septiembre de 1984 miembros del PCP-SL incursionaron en San Pedro, distrito de Santa Rosa. Debido a esto, los pobladores de Huanchi mandaron a 20 comuneros a ver lo que había pasado, pero cuando llegaron a Santa Rosa fueron confundidos con miembros del PCP-SL. Los asesinaron con disparos y golpes de hacha. Sus cuerpos fueron recogidos esa noche por pobladores de Huanchí, quienes los enterraron.
Fuente(s):1 (pg. 684)
ONG Responsable: ANFASEP
In 1983, in the district of Huanta, province of Huanta, members of the PCP-SL assassainted the deputy governor, Alonso Tello, and the villager Alejandro Peña, along with three other unidentified people.
Source(s):1 (Pg. 337)
En 1983, en el distrito de Huanta, provincia de Huanta, miembros del PCP-SL asesinaron al teniente gobernador Alonso Tello, al comunero Alejandro Peña, y a tres menores no identificados.
Fuente(s):1 (pg. 337)
ONG Responsable: ANFASEP
On February 8, 1990, a heavily armed group of military personnel broke into the home of the Aguirre Garcia family and arrested Alfonso Aguirre Escalante. He was dragged from his bedroom, while still in his nightclothes and without his identification papers, and taken to Los Cabitos BIM 51 military barracks. He was later transferred to the Quicapata barracks, and lastly transferred to the Cangallo barracks. The family of the victim made numerous measures before local and national authorities to try and obtain his release, but Alfonso Aguirre Escalante was never seen again. The case is under investigation in the First Prosecutor’s Office of Ayacucho.
El 8 de febrero de 1990, un grupo de efectivos militares fuertemente armados, irrumpió en el domicilio de la familia Aguirre García y procedió a llevarse detenido a Alfonso Aguirre Escalante. Los efectivos lo sacaron de su dormitorio, en traje de dormir y sin sus documentos personales, y lo llevaron al Cuartel BIM 51 Los Cabitos. Luego, Alfonso Aguirre Escalante fue trasladado al Cuartel de Quicapata, y de allí fue trasladado al Cuartel de Cangallo. Los familiares de la víctima efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales, pero Alfonso Aguirre Escalante nunca apareció. La investigación se encuentra a nivel fiscal, en la Primera Fiscalía de Ayacucho.
ONG Responsable: APRODEH
In 1992, Amadeo Ircañaupa and others were extrajudicialy exected by members of the military.
Source(s): 1
En el 1992, Amadeo Ircañaupa y otros fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas armadas.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On November 24, 1988, in the community of Simpapata, in the district of San José de Ticllas, members of the PCP-SL assassinated Marcelina Janampa Gonzales, Saturnino Aguirre Quispe, Fortunato Aguirre Ccorahua, and Amador Ccorahua Cáceres.
Source(s):1 (Pg. 124)
El 24 de noviembre de 1988, en la comunidad de Simpapata, distrito de San José de Ticllas, miembros del PCP-SL asesinaron a Marcelina Janampa Gonzales, Saturnino Aguirre Quispe, Fortunato Aguirre Ccorahua y Amador Ccorahua Cáceres.
Fuente(s):1 (pg. 124)
ONG Responsable: ANFASEP
On May 15, 1983, members of the Peruvian Army arrested 18 people, in the district of Huaya, and took them to the district headquarters in Canaria. There they tortured the victims in order to force them to incriminate themselves as terrorists. Only two women were released after being raped. Among the victims identified are: Boris Rodríguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, and Filomeno Cruzat Caroy. To the date the whereabouts of the victims are unknown.
Source(s):1 (Pg. 925)
El 15 de mayo de 1983 miembros del Ejército Peruano detuvieron a 18 personas en el distrito de Huaya, y los llevaron al cuartel del distrito de Canaria. Allí los torturaron para que se autoinculpen como terroristas. Sólo dos mujeres fueron puestas en libertad después de haber sido violadas. Entre las víctimas identificadas se encuentran: Boris Rodriguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, y Filomeno Cruzat Caroy. Hasta la fecha se desconoce el paradero de las víctimas.
Fuente(s):1 (pg. 925)
ONG Responsable: ANFASEP
Amancio Delgadillo Arce and others
On September 23rd, 1986, in the locality of Canagari, Jorge Herminio Mina was detained in his home at 2 a.m. by combined forces of the army and the police. Rudencio Sánchez Valdés and Amancio Degadillo, who were neighbors of Herminio Mina, were also detained and the three of them were taken to the Castro Pampa barracks. Since that date, their whereabouts are unknown.
Amancio Delgadillo Arce y otros
El 23 de septiembre de 1986 en la localidad de Canagari, Jorge Herminio Mina fue detenido en su domicilio a las 2 de la mañana por fuerzas combinadas del ejército y la policía. Rudencio Sánchez Valdés y Amancio Degadillo, vecinos de Herminio Mina, también fueron detenidos y los tres fueron llevados a las barracas de Castro Pampa. Desde esa fecha se encuentran desaparecidos.
ONG Responsable: APRODEH
Due to the struggle against the Shining Path, between 1983 and 1984, the Military Headquarters “Los Cabitos” became the largest clandestine center of torture, interrogations and executions. There were about 136 victims who were detained in “Los Cabitos”. Through torture, some victims were forced to confess that they were members of the Shining Path and others were forced to sign documents without knowing their content. Many of those arrested could not stand the torture and died while others were assassinated. The bodies of the victims were often left on roads, or buried in unmarked graves. On February 11, 2009 the Superior National Criminal Court called for 30 years imprisonment for 7 of the tried defendants for the crimes of forced disappearance, torture and murder. On October 13, 2009 the National Criminal Court returned the case to the prosecutors to revise the offenses to fit the standards that were in place in 1983. The trial began on May 26, 2011 and on June 2, 2011 the indictment was read against the seven defendants. The events that occurred in 1984 are in the preliminary stage of investigation in the Primera Fiscalía Supraprovincial of Ayacucho. In December 2010, the investigation was extended by 120 days.
El 24 de julio de 1984, Juan Darío Cuya Layme fue detenido por miembros del ejército y de la policía. El 30 de julio de 1984, su madre lo visitó en los cuarteles de Quicapata y el presentaba visibles señales de tortura. Juan Darío Cuya Layme fue trasladado al cuartel militar “Los Cabitos,” y se desconoce su paradero. Aparte de Juan Darío Cuya Layme, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha registrado 108 más casos de personas secuestradas y desaparecidas.
ONG Responsable: ADEHR, APRODEH, ANFASEP
On February 27, 1990, Ángel Escobar Jurado was arrested by five individuals, presumably members of the armed forces, in the town of Huancavelica. On February 28, 1990, the family of Ángel Escobar made complaints at the police headquarters, and intelligence centers but in all locations they were told that he had not been arrested. Since then his whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 27 de febrero de 1990, Ángel Escobar Jurado fue detenido por cinco individuos vestidos de civil, presuntamente miembros de las Fuerzas Armadas, en la localidad de Huancavelica. El 28 de febrero de 1990, la familia de Ángel Escobar realizaron denuncias y búsquedas en la comisaría, la sede de la Policia de Investigaciones, y los centros de Inteligencia, pero en todos lugares le indicaron que no se encontraba detenido. Desde entonces se desconoce su paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: CNDH
On August 10, 1996, patrol from the Counterinsurgency Military Base Coronel B. Aguirre Number 314, entered the home of Luis Beltrán Apolín. The soldiers took Luis Apolín out of his home and executed him with two shots to the head. His body was taken to Huánco where it was left at the morgue.
El 10 de agosto de 1996, una patrulla del Ejército de la Base Contrasubversiva Coronel B. Aguirre N° 314, ingresaron al domicilio de Luis Beltrán Apolín. Los militares sacaron a Luis Apolín de su casa y lo ejecutaron de dos disparos en la cabeza. Su cuerpo fue llevado a Huánco donde lo dejaron en la morgue.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
Armando Guamantingo V. and others
On January 14, 1988, members of the Peruvian Army arrested Armando Guanmantingo Villanueva, Juan Pablo Carbajal Ayvar, Maria Zavala Cayllahua, Manuel de Guzman Ayvar, Leandro Pareja Tapia, and Simiona Perez Tapia. In communiqués from the Political Military Command, the victims are listed as having died in combat with the Army.
Armando Guamantingo V. y otros
El 14 de enero de 1988, Armando Guanmantingo Villanueva, Juan Pablo Carbajal Ayvar, Maria Zavala Cayllahua, Manuel de Guzman Ayvar, Leandro Pareja Tapia, y Simiona Perez Tapia fueron detenidos por miembros del Ejército Peruano. En comunicados del Comando Político Militar, las víctimas son indicadas como muertas en combate con el ejército.
ONG Responsable: APRODEH
On April 11, 1985, members of community patrols from different communites kidnapped seven people from Allpachaca. Two of the victims returned after a month, but the whereabouts of the others since that day is unknown.
Source(s):1 (Pg. 98)
El 11 de abril de 1985, miembros de las rondas campesinas de distintas comunidades secuestraron a siete pobladores en Allpachaca. Dos de las víctimas volvieron después de un mes, pero el paradero de los demás desde ese día es desconocido.
Fuente(s):1 (pg. 98)
ONG Responsable: ANFASEP
Arrasamiento Venenillo and others
In June 1989, in the area of Veneillo, district of José Crespo and Castillo, approximately 300 people were killed following a conflict between the military and subversive forces. Captain Marcos Arangurí Medina and six of his troops were killed in the fight, and for this reason the remaining troops extrajudicially executed people they found in the surrounding area. Many of those killed were civilians who had no involvement in the conflict. The bodies of the victims were burned and thrown in a river.
Source(s):1 (Pg. 694)
Arrasamiento Venenillo y otros
En junio de 1989, en el caserío de Veneillo, distrito José Crespo y Castillo, aproximadamente 300 personas fueron asesinadas a raíz de un enfrentamiento entre elementos subversivos y efectivos militares. En el enfrentamiento armado falleció el capitán Marcos Arangurí Medina y seis integrantes de la tropa, por esta razón los efectivos militares ejecutaron extrajudicialmente a las personas que encontraron en los alrededores del caserío de Veneillo. Muchos de los muertos eran civiles que no habían tenido ninguna participación en el enfrentamiento. Los cuerpos de las víctimas fueron quemados y tirados en un río.
Fuente(s):1 (pg. 694)
ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza
Between May and October 1983, a group of soldiers came to Munaypata, in the district of Los Morochucos, and arrested Avelino De la Cruz as well as Humberto Hinostroza. The soldiers then took the detainees to Satica, where they arrested León Tenorio and Candelario Arango. The four detainees were taken to Pillococasa and shot inside of a home, which the soldiers proceeded to burn. Their relatives later buried their charred bodies.
Source(s):1 (Pg. 240)
Entre mayo y octubre de 1983, un grupo de militares llegaron a Munaypata, distrito de Los Morochucos, y detuvieron a Avelino De la Cruz y a Humberto Hinostroza. Después los militares se dirigieron con ellos al anexo de Satica, donde detuvieron a León Tenorio y Candelario Arango. Los cuatro detenidos fueron conducidos al anexo de Pillococasa y en una vivienda, les dispararon y luego incendiando la casa. Los cuerpos quemados fueron sepultados por sus familiares.
Fuente(s):1 (pg. 240)
ONG Responsable: ANFASEP
On November 3, 1991, a celebration was occurring in Jirón Huanta No. 840, in Barrios Altos, to raise funds for the purpose of making repairs to the farm. The Colina Paramilitary Group entered the premises and forced people to lie on the floor, and then fired indiscriminately, killing fifteen people and seriously inuring four others. The case is on trial since August 15, 2005, and is yet to be resolved.
El 3 de noviembre de 1991se realizaba una pollada en el Jirón Huanta No. 840, Barrios Altos, para recaudar fondos con el objetivo de hacer reparaciones en la quinta. El Grupo Colina llegó y obligaron a las personas a arrojarse al suelo. Luego, dispararon indiscriminadamente, matando a quince personas. Cuatro personas fueron heridas gravemente. El caso está en juicio oral desde el 15 de agosto de 2005 y está pendiente de ser resuelto.
ONG Responsable: COMISEDH
Pedro Yauri was a journalist and was in charge of the radio show “Punto Final”, at Radio Universal in the city of Huanca. His radio program often had reports of the abuses carried out by some of the authorities of the Fujimori government. One of the cases he reported on his program was that of Rafael Ventocila Rojas and his children, who were detained and tortured at the military base of Atahuampa. On June 24, 1992, at 2:00am, six soldiers broke into Yauri’s home, in the district and province of Huacho. The soldiers tied Anastacio Yauri Leandro, the father of victim, and proceeded to cover his head while beating him with their weapons. Pedro Yauri was bound, blindfolded and taken away in a military truck to an unknown location. That same day, a few miles north of Huacho, six members of the Ventocilla family were kidnapped. Their bodies appeared the next day with signs of torture. Pedro Yauri never appeared. The case was sentenced in 2010, and the accused were found guilty.
Pedro Yauri era un periodista que estaba a cargo del programa “Punto Final”, en Radio Universal en la ciudad de Huanco. En su espacio radial realizaba denuncias sobre abusos cometidos por algunas autoridades del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Uno de los casos denunciados en su programa fue el de Rafael Ventocilla Rojas y sus hijos, que fueron detenidos y torturados en la base militar de Atahuampa. El 24 de junio de 1992 a las 2:00 a.m., seis militares entraron violentamente al domicilio del Yauri, en el distrito y provincia de Huacho. Los militares amarraron al señor Anastacio Yauri Leandro, padre de la víctima, y procedieron a taparle la cabeza mientras lo golpeaban con sus armas. Pedro Yauri fue atado, vendado y conducido hasta la camioneta de los militares. Seguidamente, el vehículo partió con rumbo desconocido. Ese mismo día, también en la madrugada, unos kilómetros al norte de Huacho, fueron secuestrados seis integrantes de la familia Ventocilla. Sus cadáveres aparecieron al día siguiente con huellas de tortura, cortados y abaleados. En cambio Pedro Yauri nunca apareció. El caso fue sentenciado en 2010, condenando a los procesados.
ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, IDL
On the morning of May 2, 1992, members of the Colina Paramilitary group entered various houses in the district of Santa in the department of Ancash. The Colina group kidnapped and disappeared ten farmers. The case is in trial since 2005.
En la madrugada del 2 de mayo de 1992, miembros del Grupo Colina, incursionaron en diferentes viviendas en el distrito del Santa, departamento de Ancash. El Grupo Colina secuestró y desapareció a diez campesinos. El caso está en juicio oral desde el 2005.
ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, IDL
Barrios Altos, La Cantuta and Sótanos SIE
On the night of November 3, 1991, in the Barrios Altos neighborhood of Lima, fifteen people were killed and four were wounded by attackers that could be identified as members of the Grupo Colina, a death squad created by the National Intelligence Service (SIN). On July 18, 1991, soldiers of the Grupo Colina invated the Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, and kidnapped a professor along with nine students. No one knows the whereabouts of the victims, but ten bodies were found in graves in a ravine in Chavilca, and two of the bodies were identified. The basement of the Army Intelligence Service was used as a clandestine detention center for punishment, torture, and executions during the government of Alberto Fujimori. The Peruvian government used the Barrios Altos, La Cantuta, and Basement of the SIE cases in order to establish their request for the extradition of Fujimori to the government of Japan in 2003, as well as to the government of Chile. In 2009, Fujimori was convicted.
Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del SIE
La noche del 3 de noviembre de 1991, en los Barrios Altos, un barrio de Lima, quince personas murieron y cuatro fueron heridos por atacantes que fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El 18 de julio de 1992, efectivos militares del Grupo Colina, invadieron la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y secuestraron a un profesor universitario y nueve estudiantes. No se conoce el paradero de las víctimas, pero diez cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en la quebrada de Chavilca, y dos de los cuerpos fueron identificados. Los sótanos del SIE fueron usados como un centro de detención clandestina para los castigos, torturas, y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial durante el gobierno de Alberto Fujimori. Barrios Altos, la Cantuta, y los Sótanos del SIE fueron casos que el gobierno peruano estableció en su pedido de extradición de Fujimori frente el gobierno de Japón en el 2003, y también frente al gobierno de Chile. En el 2009, Fujimori fue condenado
ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, FEDEPAZ, IDL
In June 1983, members of the military base at Totos, arbitrarily arrested, tortured, disappeared and executed members of the rural community of Quispillacta as part of actions taken by the military base to fight against the Shining Path.
Source(s):1
En junio de 1983, miembros de la Base Militar de Totos realizaron detenciones arbitraries, torturas, desapariciones, y ejecuciones de un grupo de pobladores de la comunidad campesina de Quispillacta como parte de acciones desarrolladas por la Base Militar de Totos para combatir a las columnas de Sendero Luminoso.
Fuente(s):1
ONG Responsable: CEAS
Basilio Chirhuana Carajal and others
On November 11, 1988, the Peruvian military arrested and disappeared Basilio Chirhuana Carbajal, Bethy Bazán Huamán, Pedro Carbahal Roldán, Rosa Velásquez Marca, Matilde Ni O. Guzmán Ayvar, Rosa Ni O. de Guzmán Ayvar, Luisa Guzmán de Guzmán Ayvar, Celio Carbajal Ayvar, José Ayvar Cavero, Fermín González, Jorge Ayvar Huamani and Julián Salines, in the province of Aymaraes, department of Apurimac. They were arrested at their homes, which the Army also raided and forced their relatives to feed them.
Source(s):1
Basilio Chirhuana Carajal y otros
El 11 de noviembre de 1988, miembros del Ejército Peruano detuvieron y desaparecieron a Basilio Chirhuana Carbajal, Bethy Bazán Huamán, Pedro Carbahal Roldán, Rosa Velásquez Marca, Matilde Ni O. Guzmán Ayvar, Rosa Ni O. de Guzmán Ayvar, Luisa Guzmán de Guzmán Ayvar, Celio Carbajal Ayvar, José Ayvar Cavero, Fermín González, Jorge Ayvar Huamani y Julián Salines, en la provincia de Ayamaraes, departamento de Apurímac. Las víctimas fueron detenidas en su domicilio que el ejército además saqueó y obligaron a sus familiares a alimentarlos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On March 19, 1991 a squad of soldiers from the military base of Llata detained various persons. Fifteen days later, the victims were found dead with signs of torture and bullet wounds. In 2006, the Sala Penal Nacional declared Enrique de la Cruz Salcedo innocent due to the fact that the weapon used did not belong to the military.
Source(s):1
El 19 de marzo de 1991, varias personas fueron detenidas por una patrulla de efectivos militares de la Base Militar de Llata. Quince días después de la detención, las víctimas fueron halladas muertas con señales de tortura e impactos de bala. En el 2006, la Sala Penal Nacional declaró la inocencia del oficial Enrique de la Cruz Salcedo porque el arma utilizada no le pertenecía a las Fuerzas Armadas.
Fuente(s):1
ONG Responsable: Paz y Esperanza
Bernabé Baldeón García was 68-years-old and lived with his family in the district of Accomarca in Ayacucho. On September 25, 1990, military personnel arrived in Accomarca as part of a counter-insurgent operation and detained three people, including Bernabé Baldeón. Baldeón was brought to the church in Pacchahuallhua, tied up with wires, hanged by his feet, and dunked into cylinders filled with water. He died as a result of the torture.
Bernabé Baldeón García tenía 68 años y vivía junto a su familia en el distrito de Accomarca, en Ayacucho. El 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente, efectivos militares llegaron a Accomarca y detuvieron a tres personas, entre ellas Baldeón. Los militares lo llevaron a la Iglesia de Pacchahuallhua, donde fue amarrado con alambres y colgado boca abajo de la viga de la iglesia. Luego fue azotado y sumergido en cilindros de agua. Baldeón García falleció como consecuencia de tales torturas.
ONG Responsable: APRODEH
On August 1, 1984, marines from the Navy base in Huanta, entered the Evangelical Presbyterian Church of Callqui and executed six people. The TRC (Truth and Reconciliation Commission) considers these events to be part of the forced disappearances that occurred during that time period in the province of Huanta, Ayacucho. The case is pending trial.
El 1 de agosto de 1984, integrantes del destacamento de Infantería de Marina de Huanta, ingresaron a la Iglesia Evangélica Presbiteriana de la Comunidad de Callqui y ejecutaron a seis pobladores. La CVR ( Comisión de la Verdad y de la Reconciliación) considera que estos hechos son parte de las desapariciones forzadas y ejecuciones existente en esa época en la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho. El caso se encuentra pendiente de juicio oral.
ONG Responsable: Paz y Esperanza Lima
On April 19, 1991, Zenón Huamani Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamani Quispe, Luis Amaru Quispe and Julio Arotoma Cacñahuaray were registered as candidates for the municipal elections as United Left Socialists. Members of the army base at Huancapi arrested the candidates, who were inhabitants of the province of Fajardo, Ayacucho, and disappeared them. The case is pending trial in the Sala Penal Nacional because the defendants are missing. Since 2010, the defendants have still not been found.
El 19 de abril de 1991, Zenón Huamani Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamani Quispe, Luis Amaru Quispe y Julio Arotoma Cacñahuaray fueron inscritos como candidatos a las elecciones complementarias municipales por la lista de Izquierda Unida Socialista. Miembros del Ejército de la base de Huancapi, detuvieron a los candidatos, que eran habitantes de la provincia de Fajardo, Ayacucho, y los desaparecieron. El caso se encuentra pendiente del juicio oral en la Sala Penal Nacional debido a que los acusados se encuentran ausentes. Desde el 2010 se sigue buscando a los procesados.
ONG Responsable: APRODEH, Paz y Esperanza
On the morning of July 18, 1992 in La Cantuta, members of the Army Intelligence Service and the Army Intelligence Directorate, burst into the homes of students and professors of the University of Enrique Guzmán y Valle. The military forced all students to leave their bedrooms and arrested 9 of the students. They also arrested the professor Muñoz Sánchez. The cadavers of the victims were buried in clandestine graves. The case involves 5 processes. The first is against Alberto Fujimori, who was sentenced to 25 years imprisonment and the sentence is being carried out. In the case against Julio Salazar Monroe and former members of the Colina Group, Salazar Monroe was sentenced to 35 years imprisonment and three of the Colina members were sentenced to 15 years imprisonment. The other members were acquitted, and the sentence was appealed. On appeal, the convictions were confirmed, but Salazar Monroe’s sentence was reduced to 25 years. The sentence is being carried out. Against Alberto Pinto Cárdenas and Wilmer Yarlequé, they were both sentenced to 20 years imprisonment. The Supreme Court upheld the sentence in the case of Yarlequé, but ordered a new trial for Pinto Cárdenas who was acquitted due to lack of evidence.
En la madrugada del 18 de julio de 1992 en La Cantuta, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), irrumpieron en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Los militares obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios, y detuvieron a 9 de los estudiantes. También se llevaron al profesor Muñoz Sánchez. Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente en fosas. El caso La Cantuta involucra 5 procesos. El primero en contra de Alberto Fujimori. El acusado fue sentenciado a 25 años de prisión y la sentencia se viene ejecutando. En el caso contra Julio Salazar Monroe y ex integrantes del Destacamento Colina, Salazar Monroe fue condenado a 35 años de prisión, y 3 miembros del destacamento fueron condenados a 15 años. Los otros integrantes fueron absueltos, y la sentencia ha sido apelada. En la apelación, las condenas fueron confirmadas, pero la sentencia a Salazar Monroe fue rebajada a 25 años de prisión. Esta sentencia está en ejecución. En el caso contra Alberto Pinto Cárdenas y Wilmer Yarlequé, ambos fueron condenados a 20 años de prisión. La Corte Suprema ratificó la sentencia a Yarlequé, y ordenó un nuevo juicio oral a Pinto Cárdenas donde fue absuelto por falta de pruebas.
ONG Responsable: APRODEH
During the years 1987, 1988, and 1989, members of the military base in Capaya, Apurímac, committed serious human rights violations against the inhabitants of the area as well as against those who were detained in the base. In 1988, members of the Peruvian Army from the military base in Santa Rosa, Apurimac, committed serious human rights violations against 17 villagers in the communities of Checcasa, Sallalli, Amoca and Ihuayllo. The villages were arrested and disappeared.
Source(s):1
Durante los años 1987, 1988 y 1989, miembros de la base militar de Capaya, en Apurímac, cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra los pobladores de la zona, así como de las personas que permanecían detenidas en esa base. En el año 1988, miembros del Ejército Peruano de la base militar de Santa Rosa, Apurímac, cometieron graves violaciones de los derechos humanos contra 17 pobladores de las comunidades de Checcasa, Sallalli, Amoca e Ihuayllo. Los pobladores fueron detenidos y desaparecidos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On January 29, 1992, a group of about twenty people entered the homes of Jhon Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Árias Velásquez, and César Rodríguez Esquivel, who were arrested and killed. Their bodies were found the next day near the town of Pativilca.
Source(s):1
El 29 de enero de 1992, un grupo de aproximadamente veinte personas, ingresaron a los domicilios de Jhon Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Árias Velásquez, y César Rodríguez Esquivel, los cuales fueron detenidos y asesinados. Sus cadáveres fueron encontrados al día siguiente en cañaverales cercanos a la localidad de Pativilca.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
Between May 6th and 9th, 1992, 42 inmates of the maximum security prison Miguel Castro Castro, were extra judicially executed by government agents during a military operation to transfer inmates. During the operation, hundreds of prisoners were also injured. Since July 2, 2010, the case has been pending ruling in the First National Criminal Prosecutor’s Office.
Entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, 42 internos del establecimiento penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado durante una operación militar de traslado de internos. Durante la operación centenares de reclusos también fueron heridos. Desde el 2 de julio de 2010, el caso continúa pendiente de pronunciamiento en la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional.
ONG Responsable: APRODEH
On May 14, 1988, patrols that were part of the Plan “Persecution” raided the village of Cayara during the celebration of the Virgin of Fátima. The patrols thought that the celebration that was occurring was due to the Shining Path ambush of the day before, and proceeded to arrest the villagers. In the afternoon, the patrols went to the town of Ccehua and gathered about 80 villagers including men, women, and children. The villagers were accused of having perpetrated the terrorist attack in Erusco. They then selected men, from youth to adult, proceeding to torture and murder them in the presence of the women and children. 20 villagers were killed. In the weeks and months that followed, any witnesses were systematically murdered. On August 6, 2010, the Primera Fiscalía Superior Penal Nacional asked for an extension, and on August 11, 2010, the Sala Penal Nacional returned the case to the Primera Fiscalía Superior Penal to issue charges.
El 14 de mayo de 1988, las patrullas designadas en el Plan “Persecución” incursionaron en el pueblo de Cayara, y en aquellos días, el pueblo celebraba las festividades de la Virgen de Fátima. Los militares creían que estaban celebrando la emboscada senderista del día anterior, y procedieron a detener a los comuneros. Por la tarde, los militares se dirigieron a la localidad de Ccehua, y reunieron aproximadamente 80 campesinos, entre hombres, mujeres, y niños. Los pobladores fueron acusados de haber perpetrado el ataque terrorista en Erusco. Seleccionaron a los varones, jóvenes y adultos y los torturaron y asesinaron en la presencia de las mujeres y niños. Murieron 20 comuneros. En las semanas y meses siguientes, los testigos fueron sistemáticamente asesinados. El 06 de agosto de 2010, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional emitió dictamen, solicitando la prolongación del plazo de detención. La Sala Penal Nacional devolvió los actuados a la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional con fecha 11 de agosto de 2010, para que emita acusación.
ONG Responsable: APRODEH
In April of 1983, members of the army arrested and executed a group of residents of the village of Totos in Cangallo, Ayacucho. The bodies were buried in a grave at Ccarpaccasa. In May of 1983, members of the army arrested and executed a group of residents of the rural community of Quispillacta. The bodies were buried in a grave in Sillaccasa. On September 29, 2003, the case was opened and since September 10, 2008 the case is awaiting trial in the Sala Penal Nacional because the defendant is missing and an international arrest warrant has been issued.
En el mes de abril de 1983, miembros del Ejército detuvieron y ejecutaron un grupo de pobladores de la localidad de Totos en Cangallo, Ayacucho. Los cuerpos fueron llevados a Ccarpaccasa y enterrados en una fosa. El mes de mayo de 1983, miembros del Ejército detuvieron y ejecutaron un grupo de pobladores de la comunidad campesina de Quispillacta. Los cuerpos fueron llevados a Sillaccasa y enterados en una fosa. El 29 de septiembre de 2003, se dictó la apertura de instrucción. Desde el 10 de septiembre del 2008, el proceso está en relatoría de la Sala Penal Nacional, pendiente de juicio oral. La Sala ha solicitado la orden de captura internacional del procesado.
ONG Responsable: CEAS, Paz y Esperanza
Between May 18 and 31, 1983, members of the Peruvian Army arrested 15 people from various districts of Quispillaqta. They were taken to the military base at Totos, and then to Sancaypata where they were forced to dig a pit. The villagers were executed and buried in the pit, while a witness managed to escape. On September 16, 2010, the charges were issued and the case is currently awaiting trial.
Entre el 18 y 31 de mayo de 1983, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 15 pobladores de diversos Barrios del anexo de Quispillaqta, y fueron llevados a la Base Militar de Totos, y luego al paraje de Sancaypata donde fueron obligados a cavar una fosa. Los pobladores fueron ejecutados y enterrados en la fosa, y un testigo pudo escapar. El 16 de septiembre de 2010 se emitió acusación fiscal y se encuentra pendiente el señalamiento de juicio oral.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On April 19, 1990, in Ayacucho, the Peruvian Army entered into the home of Julio César Cueto Huamancusi and forcibly removed him. The soldiers then executed César Cueto outside of his home with a bullet to the neck.
Source(s):1 (Pg. 162)
El 19 de abril de 1990, en Ayacucho, miembros del Ejército Peruano entraron en el domicilio de Julio César Cueto Huamancusi y lo sacaron a la fuerza. Los miembros del Ejército Peruano ejecutaron a César Cueto en la esquina de su casa de un balazo en la nuca.
Fuente(s):1 (pg. 162)
ONG Responsable: ANFASEP
Operation Chavín de Huántar took place on April 22, 1997, with the objective of liberating 72 hostages that had been held captive for 126 days by fourteen members of the Túpac Amaru Revolutionary Movement (MRTA), in the residency of the Japanese ambassador. The rescue group was comprised of 140 troops under the command of General José Williams. The official version says that the terrorists were killed during combat, but there is reason to believe that several of them were executed. Some of the cadavers of the MRTA members had been shot in the head and according to the Peruvian Forensic Anthropology team that handled the case; the victims had little to no mobility when they were shot. On June 1, 2011, a new trial began.
El 22 de abril de 1997, se realizó la operación Chavín de Huántar, con el objetivo de liberar a 72 rehenes que estaban secuestrados durante 126 días en la residencia del embajador japonés, por catorce miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El grupo de rescate fue conformado por 140 efectivos al mando del general EP José Williams. La versión oficial afirma que los terroristas cayeron abatidos durante el combate, pero hay razones para presumir que varios de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente. Algunos cadáveres de los emerretistas presentaban disparos en la cabeza y según el Equipo Peruano de Antropología Forense, las víctimas estaban en un estado de movilidad nula o casi nula en el momento del disparo. El 1 de junio de 2011 se inició un nuevo juicio oral.
ONG Responsable: APRODEH
On September 21 and 22, 1990, 23 peasants were extrajudicially executed by a military patrol from the base of Castropampa. The soldiers entered the areas of Santiago de Pischa and San Jose de Ticllas, removed people from their homes, tortured and mistreated them. They then led away the group of 23 peasants that they murdered.
Source(s):1
El 21 y 22 de septiembre de 1990, 23 campesinos fueron ejecutados extrajudicialmente por una patrulla military de la Base de Castropampa, en Huanta. Los militares ingresaron a varios anexos de Santiago de Pischa y San Jose de Ticllas, sacaron de sus casas a los pobladores, los torturaron y maltrataron. Luego, se llevaron el grupo de 23 personas que asesinaron.
Fuente(s):1
ONG Responsable: ANFASEP
On May 19, 1991, Shining Path members entered the community of Puncupata in the region of Puno and forcibly recruited 4 villagers. They were taken to the community of Chilliutira were villagers killed two members of the Shining Path and captured the 4 villagers from Puncupata. An army patrol arrived to transport the corpses and the 4 villagers to Ayaviri. On the way to Avaviri, the soldiers removed the corpses from the vehicle and murdered the 4 villagers. Officials claim that the villagers tried to escape and that this was the reason why they shot them. On September 23, 2011, the Sala Penal Nacional issued a ruling against Colonel Manuel Delgado Contreras and Lieutenant Colonel José Loayza Gutiérrez and found them guilty of the murders of the 4 villagers. They were sentenced to 13 years imprisonment as well as the payment of 50 thousand soles in damages to the families of each of the victims.
El 19 de mayo de 1991, miembros del Sendero Luminoso incursionaron en la comunidad de Puncupata, en la region de Puno, y reclutaron por fuerza a 4 pobladores. Los llevaron a la comunidad de Chiliutira, donde los comuneros mataron a dos de los miembros del Sendero Luminoso y capturaron a los 4 pobladores de Puncupata. Una patrulla del ejército llego a trasladar a los muertos y los 4 detenidos a Ayaviri. Antes de llegar a Ayaviri, los militares bajaron a los muertos y mataron a los 4 detenidos. Los oficiales dicen que los detenidos intentaron fugarse y por eso les dispararon. El 23 de septiembre de 2011, la Sala Penal Nacional emitió sentencia en contra del Coronel EP Manuel Delgado Contreras y el Teniente Coronel EP José Loayza Gutiérrez y los hallaron culpables de los asesinatos de los 4 pobladores. Los sentenciaron a 13 años de y el pago de 50 mil nuevos soles de reparación civil a favor de los familiares de cada uno de los pobladores.
ONG Responsable: COMISEDH, Derechos Humanos y Medio Ambiente (Puno)
Between April 19th and 30th, 1990, an army patrol from the Antabamba military base in the department of Apurímac, under the command of Lieutenant “Negro,” tortured and murdered 13 people from the province of Chumbivilcas, department of Cusco. The army patrol also detained 8 other people who are still considered missing persons. In addition to these 8 people, 4 more were detained and suffered injuries, and 3 females were raped while detained. In February 2004, the case was referred to the Provincial Prosecutor’s Office of Chumbivilcas for investigation. The case is pending indictment before the Second National Criminal Prosecutor’s Office.
Desde el 19 hasta el 30 de abril de 1990, una patrulla del Ejército procedente de la Base de Antabamba del departamento de Apurímac al mando del Teniente EP apodado “Negro” torturaron y asesinaron a 13 campesinos de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco. La patrulla también detuvo otros 8, campesinos quienes se mantienen en situación de desaparecidos. Además de estas 8 personas, detuvieron a otros pobladores, 4 de los cuales fueron víctimas de lesiones, y 3 mujeres fueron violadas mientras estaban detenidas. En febrero de 2004, el caso fue derivado a la Fiscalía Provincial de Chumbivilcas para su investigación. El caso está pendiente de acusación fiscal ante la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional.
ONG Responsable: APRODEH, Vicaría de Solidaridad-Prelatura de Sicuani
On March 14, 1991, a patrol unit of the Army counterinsurgency base in Pampa Cangallo, arrested Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno, who were all Chuschi district authorities, and Isaías Huamán Vilca. The arrested were taken to the base at Pampa Cangallo, and since then have been missing. In 2007, a court ruling was issued that acquitted four of the defendants, and convicted two of them. The Permanent Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice upheld the sentence for those convicted, and ordered the opening of the trial against Domingo Morales Ampudia because his acquittal had omissions. The case is pending trial.
Source(s):1
El 14 de marzo de 1991, una patrulla del Ejército proveniente de la base contrasubversiva de Pampa Cangallo, detuvo a Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno, autoridades del distrito de Chuschi, y a Isaías Huamán Vilca. Los detenidos fueron conducidos a la base de Pampa Cangallo, y desde entonces tienen la condición de desaparecidos. La sentencia de primera instancia fue dictada en el 2007, se absolvió a 4 procesados y se condenó a 2 de ellos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia para los condenados, y ordenó la apertura del juicio oral a Domingo Morales Ampudia, porque su absolución tuvo omisiones. El caso está pendiente de juicio oral.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On May 16, 1986, in the district of Accomarca, soldiers of the Peruvian army extrajudicially executed Ciprian Palacios Quispe. In June 2008, the remains of Palacios Quispe were exhumed and on January 28, 2009, his remains were turned to his family.
El 16 de mayo de 1986, en el distrito de Accomarca, Ciprian Palacios Quispe fue ejecutado extrajudicialmente por efectivos del Ejército. En junio de 2008 se realizó la exhumación de los restos de Palacios Quispe y el 28 de enero de 2009 sus restos fueron entregados a sus familiares.
ONG Responable: ADERH
On October 9th, 1986, Cirilo Quiquín Casaico was detained by army troops in Quinrapa in the province of Huanta, and was taken to the Castro Pampa barracks. His whereabouts are still unknown.
Source(s):1
El 9 de octubre de 1986, Cirilo Quiquín Casaico, fue detenido por fuerzas del ejército en Quinrapa, en la provincia de Huanta, y fue llevado a las barracas de Castro Pampa. Aun se desconoce su paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
Claudio Sayas Delgado and others
On August 27, 1984, 15 members of the armed forces arrested Claudio Sayas Delgado and his son Herminio, in the community of Pacchancca, in the district of Huamanguilla. They were taken to the headquarters of the Marines in Huanta, and were later transferred to the Los Cabiltos barracks, in the province of Huamanga. The victims’ whereabouts are unknown.
El 27 de agosto de 1984, 15 integrantes de las Fuerzas Armadas detuvieron a Claudio Sayas Delgado y a su hijo Herminio, en la comunidad de Pacchancca, en el distrito de Huamanguilla. Se los llevaron al cuartel de infantes de la marina en Huanta, luego fueron trasladadas al cuartel Los Cabiltos, en la provincia de Huamanga. Hasta la fecha las víctimas se encuentran en la condición de desaparecidos.
ONG Responsable: APRODEH
Between July 13 and 14, 1984, after a terrorist attack, the army and police surrounded the town of Concepción and ordered that the villagers gather in the main square, where they selected a group of them and took them to the local police station in which they were tortured. Three of the detainees fled the police station, and upon discovering this, the military began to massacre the victims, the first of which was Víctor Gutiérrez Medina. The murders continued the next morning, and the rest of the victims were taken to Moyocc where they were executed.
Source(s):1
Entre el 13 y 14 de julio de 1984, después de un ataque terrorista, miembros del ejército y de la policía cercaron la localidad de Concepción. Luego ordenaron a los pobladores reunirse en la plaza principal donde seleccionaron a un grupo de ellos y los llevaron al puesto policial del pueblo donde fueron torturados. Tres de las personas detenidas huyeron del puesto policial, y al descubrirse la huida los militares empezaron a asesinar a los pobladores, el primero que asesinaron fue Víctor Gutiérrez Medina. Los asesinatos continuaron la próxima mañana y el resto de los detenidos fueron llevados Moyocc donde fueron ejecutados.
Fuente(s):1
ONG Responsable: COMISEDH
Concepción Ccaya Barrientos and others
On October 4, 1989, members of the Peruvian Army arrived in Ccochapucro, in the district of Umamarca, department of Apurímac, where they arrested many villagers and murdered Maximiliana Sotaya. Donato Morán and Emilian Puga were also murdered. The soldiers also arrested Concepción Ccaya Barrientos, whose wherabouts are unknown since that date.
Source(s):1
Concepción Ccaya Barrientos y otros
El 3 de octubre de 1989, miembros del Ejército Peruano llegaron al caserío de Ccochapucro, en el distrito de Umamarca, departamento de Apurímac, donde detuvieron a numerosos comuneros y asesinaro a Maximiliana Sotaya. Donato Morán y Emiliana Puga también fueron asesinados. Los militares también detuvieron a Concepción Ccaya Barrientos, quien desde esa fecha se encuentra desaparecido.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On the morning of October 1, 1990, Constantino Saavedra Muñoz, the former deputy mayor of the district of Quina, Huamanga province, along with Gilberto Aparicio and Plácido Juscamayta, were all intercepted by soldiers of army intelligence and taken to the barracks BIM 51 “Los Cabitos.” Once inside the barracks the soldiers began to interrogate, torture, and pressure them to declare themselves as terrorists. Constantino Saavedra was asked specifically if he knew Francisco Pácuar. On October 2, 1990, Gilberto Aparicio and Plácido Juscamayta were liberated, however Saavedra remained detained and afterward never appeared. The case was tried with the crime of kidnapping and in 2009 those implicated were acquitted. In February 2011, the Supreme Court annulled the sentence, and in March 2011 a new trial began in the National Criminal Court.
En la mañana del 1 de octubre de 1990, Constantino Saavedra Muñoz, ex-teniente alcalde del distrito de Quina, provincia de Huamanga, fue interceptado por miembros del Ejército, junto a los señores Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta. Fueron llevados al Cuartel BIM 51 “Los Cabitos” donde los militares empezaron a interrogarlos, a torturarlos, y a presionarlos para que se declararan terroristas. A Constantino Saavedra le preguntaban, específicamente, si conocía a Francisco Páucar. Al día siguiente 2 de octubre de 1990, Gilberto Aparicio y Plácido Juscamayta fueron liberados, pero Saavedra quedó detenido y nunca más se supo de él. El caso fue juzgado con el delito de secuestro y en el 2009 los implicados fueron absueltos. En febrero del 2011, la Corte Suprema anuló la sentencia absolutoria y en marzo del 2011 la Sala Penal Nacional dio inicio a un nuevo juicio oral.
ONG Responsable: APRODEH
Between January 1, 1983, and May 27, 1983, in Kuchoquesera in the district of Chuschi, members of the PCP-SL recruited Valerio Conde, Aniceto Moreno Cayllahua, Victor Quispe Mendieta and Cirilo Quispe Rojas. Since that date their whereabouts are unknown.
Source(s): 1 (Pg. 228)
Entre del 1 de enero de 1983 y el 27 de mayo de 1983, en Kuchoquesera, distrito de Chuschi, miembros del PCP-SL reclutaron a Valerio Conde, Aniceto Moreno Cayllahua, Victor Quispe Mendieta y a Cirilo Quispe Rojas. Desde entonces están desaparecidos.
Fuente(s):1 (pg. 228)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On July 22, 1983, in the district of Curgos, agents of the Civil Guard and of the PIP entered the home of Marcelino Sandoval in search of suspected members of the PCP-SL. The agents arrested eight men and two women, of which seven have been identified. On the way to the police station, the detainees were tortured. The two women were raped and one of them bled to death, while four others were killed. The other four victims were sent to different prisons, and only one was acquitted. The status of the other three detainees is unknown.
Source(s):1 (Pg. 17-18), 2 (Pg. 10)
El 22 de julio de 1983 en el distrito de Curgos, agentes de la Guardia Civil y de la PIP entraron al domicilio de Marcelino Sandoval, en búsqueda de presuntos miembros del PCP-SL. Los agentes detuvieron a ocho hombres y dos mujeres, de cuales siete han sido identificados. En el camino a la dependencia de la PIP, los detenidos fueron torturados. Las dos mujeres fueron violadas y una de ellas murió desangrada, mientras otras cuatro personas fueron asesinados. Las otras cuatro víctimas fueron enviadas a diferentes penales, y una de ellas fue absuelta. Se desconoce la situación de los otros tres detenidos.
Fuente(s):1 (pg. 17-18), 2 (pg. 10)
ONG Responsable: APRODEH
On September 11, 1993, a group of patrolmen of the Local Committee of the San Fernando Annex of Meritori, raided the Delta Annex, in the district of Pichanaki, in the province of La Merced, in the department of Junín, assassinating 10 of the local settlers, ranging from young to old, and leaving two wounded. The victims were assassinated for refusing to form a self-defense organization, dependent on the armed forces. In 2005, the Second Chamber of Junín sentenced 3 in the case and 1 is still at large.
Source(s):1
El 11 de Septiembre de 1993, un grupo de Ronderos del Comité Local del Anexo San Fernando de Meritori incursionaron en el Anexo Delta, distrito de Pichanaki, provincia de La Merced, departamento de Junín, asesinando a 10 colonos del lugar, entre jóvenes y adultos, dejando heridos a otros dos. Las víctimas fueron asesinadas por negarse a conformar una organización de autodefensa dependiente de las fuerzas armadas. En el 2005 la Segunda Sala Superior de Junín condenó a 3 en el caso, y 1 se encuentra prófugo.
Fuente(s):1
ONG Responsable: COMISEDH
Desaparición Autoridades de Acocro
Between July 19th and 21st of 1990, members of the Defense Committee, kidnapped and disappeared several victims in the district of Acocro. The whereabouts of the victims are unknown to this day. In 2009, of the implicated, one was convicted, and three were absolved.
Source(s):1
Desaparición Autoridades de Acocro
Entre el 19 y 21 de Julio de 1990 en el distrito de Acocro, miembros de los Comités de Autodefensa secuestraron a varias víctimas, y su paradero se desconoce hasta hoy día. En el 2009, de los implicados 1 fue condenado y 3 fueron absueltos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: COMISEDH
In February 1985, members of the Peruvian Army raided Viscachayocc in the district of Los Morochucos and arrested a group of people whose names they had on a list. The detainees were accused of being members of the Shining Path, had their hands tied, were beaten, and taken by foot to the military base of Cangallo. A total of 16 victims were disappeared.
Source(s):1 (Pg. 294)
En febrero de 1985, miembros del Ejército Peruano incursionaron en Viscachayocc, distrito de Los Morochucos y detuvieron a un grupo de pobladores cuyos nombres tenían en una lista. Acusaron a los pobladores de ser senderistas, les ataron las manos, los golpearon, y los llevaron a pie hasta la base de Cangallo. En total 16 víctimas se encuentran desaparecidos.
Fuente(s):1 (pg. 294)
ONG Responsable: ANFASEP
In 1989, in the district of Lima, members of the National Police arrested Edith Galván and later imprisoned her in the prison of Castro Castro. In 1990, the 12th Criminal Court of Lima acquitted her of any charges.
Source(s):1 (Pg. 28)
En el año 1989, en el distrito de Lima, miembros de la Policía Nacional detuvieron a Edith Galván, luego fue recluída en el penal de Castro Castro. En 1990, el 12vo Tribunal Correccional de Lima la absolvió de los cargos imputados.
Fuente(s):1 (pg. 28)
ONG Responsable: APRODEH
Between October and December 1985, in Ccollpa, in the district of Manta, members of the Peruvian Army entered the home of Eduardo Cóndor, interrogated him, beat him, and then took him to the military base at Manta. Since then his whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 27)
Entre octubre y diciembre de 1985, en el anexo de Ccollpa, distrito de Manta, miembros del Ejército Peruano ingresaron a la casa de Eduardo Cóndor Pallarco, lo interrogaron, golpearon y luego lo condujeron a la base militar de Manta. Desde entonces se encuentra desaparecido.
Fuente(s):1 (pg. 27)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On June 18 and 19, 1986, in the former prison San Juan Bautista, on the island El Frontón, more than two hundred inmates who were accused or convicted of being terrorists, were killed during riots. Their deaths were due to the deliberate and excessive use of force against the inmates, who once controlled, were executed by government agents.
El 18 y 19 de junio de 1986, en el ex centro penitenciario San Juan Bautista de la Isla El Frontón, más de doscientos internos fueron acusados o sentenciados por terrorismo y perdieron la vida durante los motines. Sus muertes se debieron al uso deliberado y excesivo de las fuerzas del Estado. Los reclusos una vez rendidos y controlados fueron ejecutados.
ONG Responsable: APRODEH, COMISEDH, IDL
Eladio Mancilla Calle lived in the city of Huamanga, Ayacucho and worked as a foreman. On the morning of June 6, 1990, approximately 15 Peruvian troops entered the house of Mancilla Calle and forced him out into the street. They proceeded to strike him in front of his family and neighbors. Mancilla Calle was placed in a truck and taken to the barracks BIM 51 “Los Cabitos”. Mancilla Calle was never heard from again. In 2007, the Sala Penal Nacional absolved those accused due to lack of sufficient evidence.
Eladio Mancilla Calle vivía en la ciudad de Huamanga, Ayacucho y trabajaba como maestro de obra. Por la mañana del 6 de junio de 1990, aproximadamente 15 efectivos del Ejército peruano ingresaron a la casa de Mancilla Calle, y lo sacaron a la calle. Lo golpearon en la calle delante de su familia y vecinos, y lo subieron a un camión para llevarlo al Cuartel BIM 51 “Los Cabitos”. Después de que lo llevaron al cuartel, Mancilla Calle nunca apareció. En el 2007, la Sala Penal Nacional absolvió a los acusados porque no existían suficientes pruebas.
ONG Responsable: APRODEH
On the morning of October 21, 1990, Ernesto Castillo Páez was detained by police in Villa El Salvador, during an operation to find and detain those responsible for attempted terrorism in the district. Castillo Páez was put inside the trunk of the patrol car, and his whereabouts are still unknown. In March 2006, the Sala Penal Nacional convicted 4 and acquitted 12 of those involved. The sentence was upheld in the second instance.
La mañana del 21 de octubre de 1990, Ernesto Castillo Páez fue detenido por la Policía en Villa El Salvador en un operativo para ubicar y detener a los responsables de un atentado terrorista en ese distrito. Lo metieron a Castillo Páez en la maletera de un patrullero, y hasta hoy se desconoce su paradero. En marzo de 2006, la Sala Penal Nacional condenó a 4 de los implicados, y absolvió a 12. En segunda instancia se confirmó la sentencia.
ONG Responsable: IDL
On September 23, 1989, members of the Peruvian Army detained Estiles Ruiz Dávila, in Pongo de Caynarachi, in the district of Pampa Hermosa in the department of San Martín. Ruiz Dávila was later moved to the BAS Morales No. 30, located in the district of Morales. Since that date his whereabouts are unknown.
El 23 de septiembre de 1989, en el Pongo de Caynarachi, localidad de Pampa Hermosa, departamento de San Martín, efectivos del Ejército Peruano detuverion a Estiles Ruiz Dávila. Ruiz Dávila fue trasladado al BAS Morales No. 30, en el distrito de Morales. Desde entonces se desconoce su paradero.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
In August of 1988, in the district of San Juan de Chacña, members of the armed forces entered the home of Evaristo Morales Portillo and arrested him, accusing him of being a member of the Shining Path. He was taken to the Santa Rosa military base where he was tortured. When his wife, Octavila Contreras Palomino came to visit, she was also arrested. Octavila was released, but the whereabouts of Evaristo are still unknown.
Source(s):1 (Pg. 778)
En Agosto de 1988, en el distrito de San Juan de Chacña, miembros de las Fuerzas Armadas entraron a la casa de Evaristo Morales Portillo y lo detuvieron acusándolo de senderista. Lo llevaron a la Base de Santa Rosa donde lo torturaron, y cuando se esposa Octavila Contreras Palomino fue a visitarlo, también la detuvieron. Octavila fue liberada, pero hasta hoy se desconoce el paradero de Evaristo.
Fuente(s): 1 (pg. 778)
ONG Responsable: APRODEH
Fabriciano Chujandama and others
On July 13, 1988, members of the Peruvian Army raided the settlement of Llucanayacu, in the district of Chazuta, province of San Martín, and arrested Fabriciano Chujandama Chasnamote and Mamerto Chujanda Chasnamote. On July 15, 1988, Roldan Sabota Chujandama was arrested, and the three detainees were taken to the Mariscal Caceres de Morales barracks and their whereabouts remain unknown. Edgardo Chujandama Pinedo and William Pozo were also arrested and tortured, but they were later released. They soldiers also threatened to kill the Deputy Governor, Brígido Chujandama Chasnamote.
Source(s):1
El 13 de julio de 1988, miembros del Ejército Peruano llegaron a Llucanayacú, distrito de Chazuta, Provincia de San Martín, donde detuvieron a Fabriciano Chujandama Chasnamote y Mamerto Chujandama Chasnamote. El 15 de julio de 1988 detuvieron a Roldán Sabota Chujandama. Los militares llevaron las víctimas al Cuartel de Mariscal Cáceres de Morales. El paradero de las víctimas se desconoce. Edgardo Chujandama Pinedo y William Pozo fueron torturados y luego liberados, y el Teniente Gobernador, Brígido Chujandama Chasnamote, fue amenazado de muerte.
Fuente(s):1
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On July 17, 1985, members of the Peruvian Army entered the estate of the San Cristobal National Uiversity of Huamanga and searched the house of Gregorio Hinostroza Prado, who was beaten along with his wife Pelagia Sulca Quispe, and his son Braulio Hinostroza Sulca. The three were arrested and taken to the Los Cabitos barracks along with two other unidentified persons. Gregorio was killed along with his wife and son and their bodies were never found.
Source(s):1 (Pg. 101)
El 17 de julio de 1985, miembros del Ejército Peruano ingresaron al fundo de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y registraron la casa de Gregorio Hinostroza Prado, quien fue golpeado junto a su esposa Pelagia Sulca Quispe y su hijo Braulio Hinostroza Sulca. Los tres fueron detenidos y trasladados al cuartel Los Cabitos junto a dos personas no identificadas. Gregorio fue asesinado junto a su esposa e hijo y sus cuerpos nunca fueron encontrados.
Fuente(s):1 (pg. 101)
ONG Responsable: ANFASEP
Familia Huerta Figueroa (Villarica)
On November 29, 1990, the Peruvian Army was alerted to the presence of MRTA members in the Piamote estate. The military detained relatives and employees of the owner of the estate. The estate owner was forced to dig graves where the remains of two men and a woman were buried. The owner was then arrested and later released in Oxapampa.
Source(s):1
Familia Huerta Figueroa (Villarica)
El 29 de noviembre de 1990, el Ejército Peruano fue alertado de la presencia de integrantes de la MRTA, en la propiedad de Piamote. Los militares detuvieron a familiares, operarios y propetarios de Piamote. Luego, el dueño de la propiedad fue obligado a cavar fosas donde se enterraron los restos de dos varones y una mujer. El dueño fue detenido y luego fue liberado en Oxapampa.
Fuente(s):1
ONG Responsable: COMISEDH
On January 23, 1992, in Huacho, five members of the Rodríguez Páucar family were murdered by soldiers.
Source(s):1
El 23 de enero de 1992, cinco integrantes de la familia Rodríguez Páucar, fueron asesinados en Huacho por efectivos militares.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
Rafael Ventocilla Rojas and two of his sons, Alejandro and Simón Ventocilla Castillo, had political experience, and on April 25, 1992, soliders from the Atahuampa military base arrested them. The Ventocilla’s were accused of being terrorists, and then taken to a beach where they were tortured and left partially naked. On June 24, 1992, Rafael Ventocilla Rojas, his sons Alejandro, Simón and Paulino, as well as his grandson Rubén and his brother Marino were tied up and taken to an unknown destination. The bodies of the six family members were found and on June 25, the White Cross police informed the family that had bodies had been taken to the morgue at Huacho. The investigation is currently in the specialized prosecution stage.
Rafael Ventocilla Rojas y dos de sus hijos, Alejandro y Simón Ventocilla Castillo, tenían experiencia política. El 25 de abril de 1992, fueron detenidos por efectivos del ejército de la base militar de Atahuampa. Los Ventocilla fueron acusados de ser “terroristas” y fueron conducidos a una playa donde los torturaron y dejaron semidesnudos. El 24 de junio de 1992, Rafael Ventocilla Rojas, sus hijos Alejandro, Simón y Paulino, su nieto Rubén y su hermano Marino fueron amarrados y llevados con rumbo desconocido. Los cuerpos de los seis integrantes de la familia Ventocilla fueron hallados por unos comuneros en una fosa ubicada en el caserío de Balconcillo. El 25 de junio la policía de Cruz Blanca comunicó a sus familiares que los cadáveres habían sido depositados en la Morgue de Huacho. La investigación se encuentra en la fiscalía especializada.
ONG Responsable: APRODEH
The Auqui Tenorio family was accused of participating in a crime that occurred on June 15, 1983. On July 27, 1983, members of the National Police of Pampa Cangallo detained Felicitas Auqui Tenorio. Her whereabouts are unknown.
Source(s):1
La familia Auqui Tenorio fue acusada de participar en un hecho de muerte ocurrido el 15 de junio de 1983. El 27 de julio de 1983, Felicitas Auqui Tenorio fue detenida por efectivos de la Policía Nacional de Pampa Cangallo. Se encuentra en condición de desaparecida.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On July 23, 1984, members of the so-called Republican Guard arrested Felipe Huamán Palomino in his home in Ayacucho. There is information indicating that he was taken to the Quicapata Barracks. The police deny that he was arrested, and his whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 23 de julio de 1984, Felipe Huamán Palomino fue detenido en su casa en Ayacucho por miembros de la llamada Guardia Republicana, y hay información que fue llevado al Cuartel de Quicapata. Las autoridades de policía niegan su detención y se desconoce su actual paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
En junio de 1984, en Punqui, distrito de Anco, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a Felix Cletona Escalante y lo llevaron a la base militar de Chiquintrica. Luego lo llevaron a una pampa y lo ejecutaron con arma de fuego en presencia de varias personas.
Fuente(s):1 (pg. 655)
ONG Responsable: ANFASEP
In June 1984, in Punqui in the district of Anco, members of the Armed Forces arrested Felix Cletona Escalante, and took him to the Chiquintrica military base. He was later executed with a firearm in the presence of several people.
Source(s):1 (Pg. 655)
In July 1985, the deputy governor of Huarcca, Félix Mendoza, ordered a man be punished at the request of his neighbors who had accused him of being a violent drunk. The man who was to be punished went to the military base at Anco to complain and two days later Félix Mendoza was arrested. Mendoza was tortured and later transferred to the military base at Chungui. The man who was to be punished then presented himself before the military chief and accused Félix Mendoza of being a subversive who had weapons inside his home. Nothing was heard of the victim until weeks later when local authorities contacted the family of Félix Mendoza and informed them that he had been executed and buried.
Source(s): 1 (Pg. 726)
En julio de 1985, el teniente gobernador de Huarcca, Félix Mendoza, ordenó castigar a un hombre identificado, a pedido de vecinos que lo acusaban de ser violento y borracho. El hombre castigado fue a quejarse a la base militar de Anco y dos días después Félix Mendoza fue detenido, torturado, y trasladado a la base de Chungui. Luego, el hombre castigado se presentó ante el jefe militar y dijo que Félix Mendoza era subersivo y que guardaba armas en su casa. No se supo nada más de la víctima hasta semanas después cuando autoridades locales le dijeron a los familiares de Félix Mendoza que el había sido ejecutado y enterrado.
Fuente(s):1 (pg. 726)
ONG Responsable: ANFASEP
On June 15, 1989, Fernando Mejía a lawyer, journalist, and political activist, was kidnapped from his home by six individuals dressed in military uniforms. On June 18th, the body of Aladino Melgarejo was found on the bank of the Santa Clara River, alongside it was the body of Fernando Mejía. When the trial came to court, the defendants were acquitted.
Source(s): 1
El 15 de junio de 1989, Fernando Mejía, un abogado, periodista, y activista político, fue secuestrado de su casa por seis individuos vestidos con uniformes militares. El 18 de junio de 1989, el cuerpo de Aladino Megarejo fue encontrado en la orilla del río Santa Clara, junto a él estaba el cuerpo de Fernando Mejía. Los acusados fueron absueltos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On June 27, 1983, members of the armed forces entered the home of the Condori family in Huamanguilla, and arrested Filiberto Condori Zamora, who was taken to the local military base. Fortunato De la Cruz Cuadros, Ferre De la Cruz Valdivia and Carhuaypiña Huamán were also arrested. Fortunato De la Cruz was released five days later, but Filiberto Condori was led to another base. Filiberto Condori remains disappeared.
Source(s):1 (Pg. 348)
El 27 de junio de 1983, miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron en la casa de la familia Condori en Huamanguilla y detuvieron a Filiberto Condori Zamora, quien fue llevado al destacamento de esa localidad. Fortunato De la Cruz Cuadros, Ferre De la Cruz Valdivia y Carhuaypiña Huamán también fueron detenidos. Fortunato De la Cruz fue liberado cinco días después, pero a Filiberto Condori lo condujeron a otro sitio. Filiberto Condori se encuentra en condición de desaparecido.
Fuente(s):1 (pg. 348)
ONG Responsable: ANFASEP
On May 15, 1983, members of the Peruvian Army arrested 18 people, among them men, women, and children, and took them to the military barracks of the district of Canaria. The victims were tortured, and two women were released after they were raped. The victims identified are: Boris Rodríguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, the school principal Filomeno Cruzat Caroy, and the mayor of Huaya. The whereabouts of the victims are unknown.
Source(s):1 (Pg. 925)
El 15 de mayo de 1983, un grupo del Ejército Peruano detuvo a 18 personas, entre varones, mujeres y niños, y los llevaron al cuartel del distrito de Canaria. Las víctimas fueron torturadas, y dos mujeres fueron puestas en libertad después de que las violaron. Las víctimas identificadas son: Boris Rodríguez, Augusto Torres Tinco, Amador Maldonado Alvaro, el director del colegio Filomeno Cruzat Caroy, y el alcade de Huaya. Se desconoce el paradero de las víctimas.
Fuente(s):1 (pg. 925)
ONG Responsable: APRODEH
On August 26, 1984, members of the Armed Forces Intelligence Service detained Florentino Mendoza Huaman, a municipal police officer of the Huamanga Provincial Council, on the 28 de Julio Street, in the city of Ayacucho. On November 23, 1984, his corpse was found in the Tambillos district, 25 kilometers from Ayacucho. On November 26, 1984, his wife identified his corpse.
Source(s):1
El 26 de agosto de 1984, Florentino Mendoza Huaman, policía municipal del Consejo Provincial de Huamanga, fue detenido en la calle 28 de Julio de la ciudad de Ayacucho por efectivos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Su cadáver fue hallado el 23 de noviembre de 1984, en el distrito de Tambillos a 25 kilómetros de Ayacucho. El 26 de noviembre de 1984 su cadáver fue reconocido por su esposa.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On July 9, 1992, members of the Colina Group death squad, dressed in military uniforms, forcibly entered the home of Santiago Gómez Palomino. He was forced out of his home, beaten, insulted, and taken away in a vehicle that had been waiting outside of his home. Santiago Gómez Palomino was then disappeared, and despite various efforts, his remains were never found.
El 9 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, vestidos con uniformes y botas militares, entraron forzadamente al domicilio de Santiago Gómez Palomino. Sacaron a Gómez Palomino de su casa, lo golpearon, insultaron, y se lo llevaron en un vehículo que esperaba afuera de su casa. Santiago Gómez Palomino fue desaparecido, y a pesar de varios esfuerzos, sus restos no han sido hallados.
ONG Responsable: APRODEH
On June 10, 1990, in the city of Ayacucho, three people with black colored sweaters and boots, armed and hooded entered the home of Guadalupe Ccallacunto Olano. They forcibly removed Guadalupe from his bedroom and put him in their truck. Since then his whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 164)
El 10 de junio de 1990, en la ciudad de Ayacucho, tres personas con chompas de color negro y botas, armadas, y encapuchadas ingresaron en la casa de la familia de Guadalupe Ccallacunto Olano. Sacaron a Guadalupe de su dormitorio y lo subieron en un camion petrolero. Desde entonces se desconoce su paradero.
Fuente(s):1 (pg. 164)
ONG Responsable: ADEHR
On February 23, 1985, members of the Peruvian Army arrested Guillermo Huamaní Mitma, in the city of Ayacucho, and took him to the barracks at Quicapata, and later to the Los Cabitos barracks. The whereabouts of Guillermo Huamaní remain unknown.
Source(s):1 (Pg. 94)
El 23 de febrero de 1985, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Guillermo Huamaní Mitma en la ciudad de Ayacucho y lo recluyeron en el cuartel de Quicapata, y después en el de Los Cabitos. Hasta la fecha se desconoce el paradero de Guillermo Huamaní.
Fuente(s):1 (pg. 94)
ONG Responsable: ANFASEP
On October 5, 1984, members of the police forces rounded up the residents of San Francisco, district of Ayna, in the main square of town. A group of patrolmen pointed out Guillermo Mendoza Aparicio under the suspicion that he was a terroist because he did not belong to the community. Mendoza Aparicio was originally from Ayacucho, but he was in San Francisco in order to work in the fields. He was arrested and taken to the police station in Ayna. Later he was transferred to the Los Cabitos barracks, and since then his whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 683)
El 5 de octubre de 1984, miembros de las Fuerzas Policiales reunieron a los pobladores de San Francisco, en el distrito de Ayna, en la plaza principal. Un grupo de ronderos señalaron a Guillermo Mendoza Aparicio como sospechoso de terrorismo por que el no pertenecía a la comunidad. Mendoza Aparicio era de Ayacucho y estaba en San Francisco para trabajar en el campo. El fue detenido y llevado a la comisaría de Ayna. Luego fue llevado al cuartel Los Cabitos. Desde entonces está desaparecido.
Fuente(s):1 (pg. 683)
ONG Responsable: ANFASEP
On June 28, 1989, six members of the National Police arrested José Carlos Mancilla Morales and his brother Alexander, in the district of Ayacucho. The brothers were taken to the local police station. Since that date the whereabouts of the victims are unknown.
El 28 de junio de 1989, seis efectivos de la Policía Nacional detuvieron a José Carlos Mancilla Morales y a su hermano Alexander, en el distrito de Ayacucho. Los hermanos fueron trasladados hasta el local de la policía de investigaciones. Desde esa fecha los hermanos Mancilla se encuentran desaparecidos.
ONG Responsable: COMISEDH
On September 20, 1984, 10 Republican Guard troops entered the home of Hilario Ayuque Zúñiga, leader of the Union of Municipal Workers of Huancavelica, and detained him in the premises of the ENTEL Peru. Hilario Ayuque sent three notes to his stepfather for his release from the Pampas Headquarters, but after his arrest his family never found him again.
Source(s):1
El 20 de septiembre de 1984, 10 efectivos de la Guardia Republicana ingresaron al domicilio de Hilario Ayuque Zúñiga, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Huancavelica, y lo detuvieron en el local de ENTEL Perú. Hilario Ayuque hizo llegar tres notas a su padrastro para que lo saquen del Cuartel de Pampas, pero después de su detención su familia no lo pudo encontrar.
Fuente(s):1
ONG Responsable: COMISEDH
On March 3, 1982, three men who had been accused of terrorism that were interned in the General Hospital of the Ayacucho Base were extrajudicially executed by combined police forces. Amilcar Vicente Urbay Ovalle was shot by police inside of the hospital, while Jimmy Rousell Wensjoe Mantilla and Carlos Vidal Alcántara Chávez were assassinated in the residence hall. Their bodies were dumped in an area between the hospital and residence halls.
Source(s):1
El 3 de marzo de 1982, tres procesados por terrorismo que se encontraban internados en el Hospital General Base de Ayacucho fueron asesinados extrajudicialmente por fuerzas combinadas de la Policía. Amilcar Vicente Urbay Ovalle fue baleado por la Policía en el interior del Hospital, mientras que Jimmy Rousell Wensjoe Mantilla y Carlos Vidal Alcántara Chávez fueron asesinados en las immediaciones de la residencia universitaria. Los cuerpos fueron abandonados en el tramo que comprende el hospital y la Universidad.
Fuente(s):1
ONG Responsable: ADEHR
On August 16, 1984, approximately 30 members of the military security forces raided the town of Huamanquiquia, in the district of Huamanquiquia. The soldiers separated the population into groups according to age and sex and forced them stay low on the floor while a member of the Shining Path who had been brought by the military pointed to several people to be arrested. Some of the detainees had their tongues and ears cut off. On August 17, 1984, the 28 detainees were taken to Nazaret de Uchu where they arrested five more people. They then went to Tinca and arrested 18 more people. All the detainees were taken to the town of Ccechuagua, in the district of Sarhua and six detainees managed to escape. The people of Sarhua recounted that the detainees were tortured and then killed and their bodies burned. They were buried in Sarhua and only four bodies were recovered.
Source(s):1 (Pg. 950)
El 16 de agosto de 1984, aproximadamente 30 miembros de las Fuerzas del Orden incursionaron en el centro poblado de Huamanquiquia, distrito de Huamanquiquia. Los militares separaron la población en grupos según edad y sexo y los obligaron a permanecer agachados en el piso, mientras una senderista que había sido traída por los militares señalaba a distintas personas que fueron detenidas. A algunos de ellos les cortaron la lengua y las orejas. El 17 de agosto de 1984, los 28 detenidos de Huamanquiquia fueron llevados a Nazaret de Uchu donde detuvieron a cinco personas más. Luego fueron a Tinca y detuvieron a 18 personas más. Todos los detenidos fueron llevados a la localidad de Ccechagua, distrito de Sarhua y allí lograron escapar seis detenidos. Los pobladores de Sarhua contaron que los detenidos fueron torturados y luego los mataron y los quemaron. Fueron enterrados en Sarhua y solamente cuatro cadáveres fueron recuperados.
Fuente(s):1 (pg. 950)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On April 4, 1984, members of the armed forces came to Huarapite, in the district of Chiara, searching for members of the PCP-SL that hours before had attacked one of their trucks. The soldiers went from house to house, killing indiscriminately, two people were beaten, two injured and two women were raped. In total 60 villagers were killed, and 28 of which had been identified.
El 4 de abril de 1984, miembros de las Fuerzas Armadas llegaron a Niño Jesús de Huarapite, distrito de Chiara, buscando a los responsables del PCP-SL que horas antes habían atacado uno de sus camiones. Los militares entraron casa por casa y asesinaron indiscriminadamente a 60 pobladores. Dos personas fueron golpeadas, otras dos heridas y dos mujeres fueron violadas. De los 60 pobladores se han identificado 28 personas.
ONG Responsable: Paz y Esperanza Ayacucho
On the November 24, 1988, Hugo Bustíos, correspondent for the Caretas magazine in Ayacuho, was traveling with the journalist Eduardo Rojas, correspondent for the Actualidad magazine, in order to investigate the assassination of two people in Erapata at the hands of the Shining Path. Bustíos asked the commander Javier Landa Dupont to permit them to visit the homes of those assassinated. On the way there, Bustíos and Rojas were attacked by a group of military personnel. Rojas was injured in his leg, and before fleeing he saw a soldier approach Bustíos and attach an explosive device to his chest, which he then detonated. In 2007, the Sala Penal Nacional convicted Victor La Vera Hernández to 17 years in prison, and Amador Vidal Sambento to 15 years in prison. In 2008, the Sala Penal Transitoria of the Supreme Court upheld the conviction.
El 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustiós, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, viajó junto con el periodista Eduardo Rojas, corresponsal de la Revista Actualidad, para investigar el asesinato de dos personas en Erapata a manos de Sendero Luminoso. Bustíos solicitó al comandante Javier Landa Dupont que la permitiera visitar la casa de las personas asesinadas. Después, en camino a Erapata, Bustíos y Rojas fueron atacados por un grupo de efectivos militares. Rojas fue herido en la pierna y antes de huir, vio a un efectivo militar acercarse a Bustíos. El efectivo militar colocó un aparato explosivo en el tórax de Bustíos y lo hizo explotar. En el 2007, la Sala Penal Nacional condenó a Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sambento a 17 y 15 años de prisión, respectivamente. En el 2008, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la condena.
ONG Responsable: COMISEDH
On May 3, 1991, gunmen dressed in army clothes entered the villages of Humaya and Chambara. They were looking for several people whose homes they raided and then killed them. In Humaya, Javier Ipanaque, Guillermo Salinas Conde and Fidel Romero Conde were murdered. In Chambara, Uriel Tafur Ayala, Victor Manuel Briceño and Eusebio Aniceto Garay Anaya were murdered. In order to make it appear as if the crimes had been committed by a terrorist organization, in both locations the murderers marked the area with graffiti. However, the graffiti used did not correspond to any terrorist organizations.
Source(s):1
El 3 de mayo de 1991, varios hombres armados vestidos con prendas del Ejército, ingresaron a las localidades de Humaya y Chambara, buscaron a varias personas, allanaron sus viviendas y los asesinaron. En Humaya asesinaron a Javier Ipanaque, Guillermo Salinas Conde y Fidel Romero Conde. En Chambara, asesinaron a Uriel Tafur Ayala, Victor Manuel Briceño García y a Eusebio Aniceto Garay Anaya. Para aparentar que los crimenes habían sido cometidos por una organización terrorista, en ambas localidades los asesinos hicieron inscripciones en las paredes, que sin embargo no correspondían a las usadas por los grupos subversivos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On April 2, 1995, members of the Navy were in the community of San Alejandro to intervene because members of terrorist organizations were creating chaos due to the general election. They entered the home of the Pomatanta family looking for the eldest son, Indalecio, who according to confidential information possessed firearms. They interrogated Indalecio and after being unable to obtain any information, members of the Navy doused his body with gasoline and set him on fire. Indalecio died a few days later after giving testimony to his family and to the local media. The Sala Penal Nacional ruled in January 2009, sentencing all the accused to 20 years in prison, except for one who remains a fugitive. The sentence was annulled, and a new trial began in May 2010.
El 2 de abril de 1995, miembros de la Marina de Guerra estaban en la comunidad San Alejandro para intervenir a miembros de organizaciones terroristas que estaban creando caos con el acontecimiento de las elecciones generales. Entraron a la casa de la familia Pomatanta buscando al hijo mayor, Indalecio, quien de acuerdo con información confidencial, tenía en su poder armas de fuego. Interrogaron a Indalecio, y al no obtener información, los miembros de la Marina mojaron su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Indalecio falleció unos días más tarde luego de haber dado su testimonio ante familiares y representantes de la prensa local. La Sala Penal Nacional dictó su sentencia en enero del 2009, condenando a 20 años de prisión a los acusados, menos a uno que era prófugo de la justicia. La sentencia fue anulada, y el nuevo juicio oral se inició en mayo de 2010.
ONG Responsable: IDL
El 24 de junio de 1989, Ismael Pimentel Dávalos, de 17 años de edad, desapareció durante una Fiesta Patronal celebrada en el anexo de Taucarpata, comunidad de Quisapata, distrito de Abancay. Días después de su desaparición, vecinos aseguraron haberlo visto detenido en el Caurtel Miguel Grau de la ciudad de Abancay. El paradero de la víctima se desconoce.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On June 24, 1989, Ismael Pimentel Dávalos, 17 years of age, disappeared during a festival held in the annex of Taucarpata, community of Quisapata, in the district of Abancay. A few days after his disappearence, neighborhood residents told of having seen him under arrest at the Miguel Grau Military Headquarters. His whereabouts remain unknown.
Source(s):1
In April of 1991, Jeremías Osorio Rivera was detained by members of the military in Cajatambo, under suspicion of terrorist activity. According to witnesses, Osorio was mistreated and tortured while being transported to the military base. Osorio was told that they wished to take his statement, but was seen leaving the military base. The military maintains that Osorio was released, but his whereabouts are still unknown. The operation was under the command of Juan Tello Delgado, and in 2009 the Sala Penal Nacional absolved him because there was not enough evidence beyond a reasonable doubt. The ruling was appealed.
En abril de 1991, Jeremías Osorio Rivera fue detenido bajo sospecha de terrorismo en Cajatambo, por miembros del Ejército. Según testigos, Osorio fue maltratado y torturado mientras lo conducían a la base militar. Le dijeron a Osorio que le tomarían declaraciones, y nunca más salió de la base. El Ejército mantiene que Osorio fue liberado, pero todavía se desconoce su paradero. El operativo estuvo al mando del militar Juan Tello Delgado, en el 2009 la Sala Penal Nacional lo absolvió porque su culpabilidad no pudo ser establecida más allá de toda duda razonable. La sentencia fue apelada.
ONG Responsable: APRODEH
On January 25, 1990, soldiers arrested Jorge Gutiérrez Quintero at his home in the town of Huanta. He was then transported to the Castropampa Barracks and disappeared. Military authorities deny his arrest. The case was initially extended for 20 days, which expired in August 2009.
Source(s):1
El 25 de enero de 1990, varios soldados detuvieron a Jorge Gutiérrez Quintero, en su domicilio en la localidad de Huanta. Los soldados lo trasladaron al cuartel de Castropampa y lo desaparecieron. Las autoridades militares niegan su detención. El caso fue extendido por 20 días que se venció en agosto de 2009.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On October 24, 1989, members of a Peruvian Army base in Huancavelica reached the community of Atcas and entered the home of Tito Roque Huaman Lazo. The soldiers threatened to kill them but due to pleas from the family, arrested them instead. The victims were identified as Tito Roque Huaman Lazo, Guzmán Castillo Roque, Jorge Párraga Castillo, Guzmán Estrada, Incías Estrada Pascual, Herberth Estrada Pascual, Alinio Torrealba, Herberth Santos, Andrés Estrada and Ciriaco Castilla Mendoza. Ciriaco Castillo and Guzmán Estrada reappeared alive, but the other eight victims remain disappeared.
Source(s):1 (Pg. 149)
El 24 de octubre de 1989, miembros del Ejército Peruano de una base de Huancavelica llegaron a la comunidad de Atcas e ingresaron al domicilio de Tito Roque Huaman Lazo. Los militares amenazaron con matarlos en el mismo lugar pero ante suplicas de los familiares los detuvieron. Las víctimas fueron identificadas como Tito Roque Huaman Lazo, Guzmán Castillo Roque, Jorge Párraga Castillo, Guzmán Estrada, Incías Estrada Pascual, Herberth Estrada Pascual, Alinio Torrealba, Herberth Santos, Andrés Estrada y Ciriaco Castilla Mendoza. Ciriaco Castillo y Guzmán Estrada reaparecieron con vida, pero los otros ocho detenidos continúan en condición de desaparecidos.
Fuente(s):1 (pg. 149)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On the morning of February 3, 1984, José Navarrete Cabrera was arrested at his home in the city of Huanta, by members of the Navy, and subjected to various forms of torture in order to force out alleged subversive information. Navarrete Cabrera was released after several days and forced to leave the city under the threat of being disappeared. In 2007, the Juzgado Supraprovincial of Ayacucho opened an investigation in order to begin the legal process to reach the trial stage.
En la madrugada del 3 de febrero de 1984, José Navarrete Cabrera fue detenido en su domicilio en la ciudad de Huanta, por miembros de la Marina, y sometido a diversas formas de tortura a fin de que señale nombres de presuntos elementos subversivos. Navarrete Cabrera fue liberado después de varios días y obligado a retirarse de la ciudad, bajo amenaza de ser desaparecido. En el 2007, el Juzgado Supra provincial de Ayacucho abrió instrucción para iniciar el proceso judicial para llegar a la etapa de juicio oral.
ONG Responsable: APRODEH
On August 17, 1988, José Pérez Olivares, leader of the United Left, was arrested by police forces in the province of Andahuaylas. His whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 17 de agosto de 1988, José Pérez Olivares, Dirigente de Izquierda Unida, fue detenido por efectivos de las fuerzas policiales en la provincia de Andahuaylas. Se desconoce su paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On April 10, 1988, in the neighborhood of San Sebastián, in the district of Huánuco, policemen arrested Juan Carlos Calero Martel and took him to the local police station. His whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 11)
El 10 de abril de 1988, en el barrio de San Sebastián, distrito de Huánuco, miembros de las Fuerzas Policiales detuvieron a Juan Carlos Calero Martel y lo conducieron al puesto policial de la ciudad. Se desconoce su paradero.
Fuente(s):1 (pg. 11)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
Juan Hugo Calle Rodríguez and others
On October 24, 1984, members of the police force in Ayacucho detained Juan Hugo Calle Rodríguez, 18 years old. On November 23, 1984, his corpse was found in a clandestine grave at Tambillo, 23 kilometers from Ayacucho.
Source(s):1
Juan Hugo Calle Rodríguez y otros
El 24 de octubre de 1984, Juan Hugo Calle Rodríguez, de 18 años de edad, fue detenido por Fuerzas Policiales en Ayacucho. El 23 de noviembre de 1984, su cadáver fue hallado en una fosa clandestina en Tambillo, a 23 kilómetros de Ayacucho.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
El 22 de septiembre de 1983, soldados de las bases de Asquipata y Cangallo ingresaron en el anexo de Chichucancha. El esposo de Julia De la Cruz, el professor Víctor Ayala Ogosi, junto a otros comuneros huyó y se escondió por los alrededores. Los soldados entraron a su casa por que su nombre y el de su esposa estaban en una lista, acusado por unos vecinos convencidos de que Ayala pertenecía al PCP-SL. Los soldados detuvieron a Julia de la Cruz, desde entonces está desaparecida.
Fuente(s):1 (pg. 250)
ONG Responsable: ANFASEP
On September 22, 1983, soldiers from the bases of Asquipata and Cangallo entered the annex of Chichucancha. The husband of Julia de la Cruz, the professor Victor Ayala Ogosi, along with other villagers fled and hid nearby. The soldiers entered his home because his name and the name of his wife were on a list, since neighbors that were convinced that Ayala belonged to the PCP-SL had accused him. The soldiers detained Julia de la Cruz, whose whereabouts are since unknown.
Source(s):1 (Pg. 250)
On December 15, 1983, the Civil Guard in Ayacucho, Huamanga, arrested Lidia Quispe Silva, 19 years old. On December 16, 1983, a report was made to the Ayacucho ad hoc provincial Attorney General. In July 1984, her corpse was found inside a sewer at kilometer 384 of the Los Libertadores road.
Source(s):1
El 15 de diciembre de 1983, Lidia Quispe Silva, de 19 años de edad, fue detenida en Ayacucho, Huamanga, por la Guardia Civil. El 16 de diciembre de 1983 se interpuso denuncia ante el Fiscal provincial ad hoc de Ayacucho. En julio de 1984 su cadáver fue hallado en el interior de una alcantarilla en el kilómetro 384 de la vía Los Libertadores.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On April 14, 1983, members of the army from the military bases of Cangallo and Huancapi, entered the community of Llusita and detained 14 people, and took them to the Cangallo military base. On April 15, the military detained 4 more people and also took them to Cangallo. On April 25, soldiers, in retaliation for the Shining Path massacre that had occurred the previous day, executed the prisoners. The remains of the 18 victims were buried, and in April 2005 the remains of the victims were exhumed.
El 14 de abril de 1983, miembros del Ejército procedentes de la bases militares de Cangallo y Huancapi ingresaron en la comunidad de Llusita y detuvieron a 14 personas y las condujeron a la base militar de Cangallo. El 15 de abril los militares detuvieron a 4 personas más y también los llevaron a la base militar de Cangallo. Como represalia a la masacre senderista en Llusita ocurrida el día anterior miembros del ejército ejecutaron extrajudicialmente a los detenidos. Los restos de las 18 personas fueron sepultados clandestinamente; en abril del 2005 se realizó la exhumación de los restos.
ONG Responsable: COMISEDH
On July 24, 1984, members of the army and police arrested Juan Darío Cuya Layme. On July 30, 1984, his mother visited him at the Quicapata barracks, at which time he presented visible signs of torture. He was later transferred to the Los Cabitos military barracks, and his whereabouts are unknown. Aside from the case of Juan Darío Cuya Layme, the truth and Reconciliation Commission has registered an additional 108 people whose disappearance occurred at Los Cabitos.
El 24 de julio de 1984, Juan Darío Cuya Layme fue detenido por miembros del ejército y de la policía. El 30 de julio de 1984, su madre lo visitó en los cuarteles de Quicapata y el presentaba visibles señales de tortura. Juan Darío Cuya Layme fue trasladado al cuartel militar “Los Cabitos,” y se desconoce su paradero. Aparte de Juan Darío Cuya Layme, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha registrado 108 más casos de personas secuestradas y desaparecidas.
ONG Responsable: APRODEH, ANFASEP
En la provincia huanuqueña de Leoncio Prado, la acción antisubversiva fue asumida por la autoridad militar del Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María, cuya base fue el cuartel Los Laureles. Esaú Cajas Julca fue detenido y transportado al BCS EP 313 de Tingo María y luego fue desaparecido. Samuel Reynaldo Diego y Jesús Liceti Mego fueron detenidos y también desaparecidos. Entre 1989 y 1993, el número de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en esta base ascendió en modo bastante importante. En el 2009, la Sala Penal Nacional absolvió a los acusados, pero en el caso de Samuel Reynaldo Diego y Jesús Liceti Mego, la Sala Penal Transitoria anuló la sentencia y dispuso nuevo juicio oral.
ONG Responsable: IDL
In the huanuco province of Leoncio Prado, the counter subversive Battalion 313 of Tingo María, whose base was at the Los Laureles barracks, led the counter-insurgency action. Esaú Cajas Julca was arrested and transported to the BCS EP 313 of Tingo María and then disappeared. Samuel Reynaldo Diego and Jesús Liceti Mego were also arrested and disappeared. Between 1989 and 1993, the number of victims of human rights violations committed near the base amounted in a significant manner. In 2009, the Sala Penal Nacional acquitted the accused, but in the case of Samuel Reynaldo Diego and Jesús Liceti Mego, the Sala Penal Transitoria overturned the sentence and a new trial was ordered.
On April 7, 1990, members of the Peruvian Army arrested Lucio Casiano Bautista Tacusi and Modesto Bautista Tacusi, in the district of Tinta, accusing them of being terrorists. Days later the body of Lucio Bautista was found in the morgue.
Source(s):1 (Pg. 25)
El 7 de abril de 1990, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Lucio Casiano Bautista Tacusi y Modesto Bautista Tacusi, en el distrito de Tinta, acusándolos de ser terroristas. Dias después el cuerpo de Lucio Bautista fue encontrado en la morgue.
Fuente(s):1 (pg. 25)
ONG Responsable: Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani
Lucio Lozano Huayta was 39 years old when he was arrested on November 15, 1983 at 3 p.m. in Ayacucho, Huanta, by forces of the PIP (Peruvian Investigative Police). Huayta Lozano was taken to the local PIP base and executed. His corpse was found on December 30, 1983, in Rashuillca on the path towards Huanta. Since 2007, the case has been in the Primera Sala Penal of Ayacucho.
Lucio Lozano Huayta, de 39 años de edad, fue detenido el día 15 de noviembre de 1983 a las 3 p.m., en Ayacucho, Huanta, por las fuerzas de la PIP (Policía de Investigaciones del Perú). Lozano Huayta fue conducido al local de la PIP y luego ejecutado. Su cadáver fue hallado el 30 de diciembre de 1983, en Rashuillca, camino a la laguna, Huanta. Desde el 2007, el caso está en la Primera Sala Penal de Ayacucho.
ONG Responsable: APRODEH
On November 26, 1984, a patrol made up of Civil Guard troops went to Lucmahuaycco with the goal of ending the actions of the PCP-SL that were allegedly operating in that area. The rural community fell victim to the crossfire between the PCP-SL and the military. A military patrol upon reaching Lucmahuaycco killed 34 of its inhabitants. The trial began on January 30, 2004.
El 26 de noviembre de 1984, una patrulla conformada por efectivos de la Guardia Civil, irrumpió en Lucmahuaycco con el objetivo de acabar con una columna del PCP-SL (Partido Comuista del Perú Sendero Luminoso) que supuestamente operaba en el lugar. Una comunidad campesina cayó víctima del cruce de fuego entre el PCP-SL y las fuerzas militares. Una patrulla de policías militares llegó hasta Lucmahuaycco y asesinó a 34 de sus habitantes. El juicio empezó el 30 de enero de 2004.
ONG Responsable: APORVIDAH, IDL
Valentín Bautísta Chipana, Pelayo Bautista, and Luis Chumbe
On April 14, 1983, in the community of Llusita, in the district of Huancaraylla, members of the Peruvian Army arrested 26 people. Several of the detainees were totured; all of them were cut off from any form of communication and were not fed for several days. On May 19, 1983, a few of the detainees were released, but 19 people remained imprisoned and were eventually disappeared. Some time later, several bodies were found in a communal grave along the Cachimayo River, but only two of the bodies could be identified.
Source(s):1 (Pg. 920)
Valentín Bautísta Chipana, Pelayo Bautista, Luis Chumbe
El 14 de abril de 1983, en la comunidad de Llusita, distrito de Huancaraylla, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 26 personas. Varios detenidos fueron torturados, y todos estuvieron incomunicadas y no se les alimentó por varios días. El 19 de mayo de 1983, algunos detenidos fueron liberados, pero 19 personas continuaron presos y eventualmente desaparecidos. Un tiempo después fueron ubicadas fosas con cadavers al borde del río Cachimayo, pero de estos cuerpos solo se pudo identificar dos personas.
Fuente(s):1 (pg. 920)
ONG Responsable: ANFASEP
In 1992, former captain Ollanta Humala Tasso was the Military Chief of the “Madre Mía,” counterinsurgency base in the province of Tocache. Ollanta Humala has been accussed of crimes and human rights violations that occurred in that year.
En el año 1992, el ex capitán Ollanta Humala Tasso fue Jefe Militar de la Base Contrasubversiva “Madre Mía” ubicada en la provincia de Tocache.Ollanta Humala a sido acusado de delitos de violación de derechos humanos en ese año.
Fuente(s):1
ONG Responsable: CNDDHH
On October 30, 1992, María Magdalena Monteza Benavides was arrested by members of the Army Special Forces because of her alleged participation in the PCP-SL. Magdalena Monteza was raped and tortured before being released.
El 30 de octubre de 1992, María Magdalena Monteza Benavides fue detenida por miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército debido a su presunta participación en actividades del PCP-SL. Magdalena Monteza fue violada y torturada antes de ser liberada.
Fuente(s):1
ONG Responsable: IDL
On March 21, 1984, in response to an increase in subversive activities, military bases were created in the districts of Vilca and Manta. During the time period in which the military bases were in operation, the local population became the victims of various human rights violations conducted by the military, including detention, robbery, and torture. The local women became victims of sexual violence, and there were numerous cases of unwanted pregnancies and children born as a result of rape. The TRC (Truth and Reconciliation Commission) recorded 24 cases of rape committed in the communities of Vilca and Manta. In March 2004, a preliminary investigation was initiated against eight agents of the Peruvian Army. On April 24, 2009, the Fourth Criminal Court opened an investigation against 10 soldiers of the Peruvian Army.
El 21 de marzo de 1984, como respuesta al incremento de las acciones subversivas, se instalaron bases militares en los distritos de Vilca y Manta. Durante el tiempo en que funcionaron las bases militares, la población local fue víctima de violaciones a sus derechos por los militares, incluyendo detenciones arbitrarias, robos, y torturas. Las mujeres de la zona fueron víctimas de violación sexual, y hubo numerosos casos de embarazos no deseados y de niños nacidos a consecuencia de violaciones sexuales. La CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) registró 24 casos de violación sexual cometidos en la comunidad de Manta y Vilca. La investigación preliminar fue iniciada en marzo del 2004 contra 8 agentes del Ejército Peruano. El 24 de abril del 2009 el Cuarto Juzgado Penal Supra provincial abrió instrucción a 10 militares del Ejército Peruano.
ONG Responsable: DEMUS, IDL
On May 17, 1991, a member of the National Police arrested Marcela Valdez De La Cruz in the district of Ayacucho, in the Huamanga province, between Ramón Castilla Street and the plaza of Magdalena. Marcela Valdez De La Cruz was taken in a police car to the police station of the district. She was then taken to Peruvian Army barracks “Los Cabitos,” where she was tortured and interrogated. Marcela Valdez De La Cruz remains disappeared.
Source(s):1 (Pg. 181)
El 17 de Mayo de 1991, un efectivo de la Policía Nacional detuvo a Marcela Valdez De La Cruz en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, entre la calle Ramón Castilla y la plaza de la Magdalena. Marcela Valdez De La Cruz fue conducida en un carro policial y llevada a la dependencia policial del distrito. Luego fue llevada al cuartél del Ejército Peruano “Los Cabitos” donde fue torturada e interrogada. Marcela Valdez De La Cruz se encuentra desaparecida.
Fuente(s):1 (pg. 181)
ONG Responsable: COMISEDH
Marcelino Valencia and Zacarías Pasca
On the afternoon of September 24, 1990, two students named Marcelino Valencia and Zacarías Pasca Huamaní were assassinated in the police station of Santo Tomás- Chumbivilcas, by the police. In 2009, the Sala Mixta Itinerante of Canchis declared those implicated in the assassination as innocent.
Marcelino Valencia y Zacarías Pasca
En la tarde del 24 de septiembre del año 1990, los estudiantes Marcelino Valencia y Zacarías Pasca Huamaní fueron asesinados en la comisaría de Santo Tomás- Chumbivilcas, por efectivos policiales. En el 2009, la Sala Mixta Itinerante de Canchis declaró inocente a los efectivos involucrados en el asesinato.
ONG Responsable: Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani
On January 15, 1985, in the community of Tincu, in the district of Tambo, members of the armed forces arrested Marcelo Soto Guillén when they entered his home. Figueroa Humareda and gregorio Martínez were also arrested. Marcelo Soto was taken to a house where he was beaten and taken away on a truck heading towards Tambo. The detainees remain disappeared.
Source(s):1 (Pg. 716)
El 15 de enero de 1985, en la comunidad de Tincu, distrito de Tambo, Marcelo Soto Guillén fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas cuando ingresaron en su domicilio. Figueroa Humareda y Gregorio Martínez también fueron detenidos. Marcelo Soto fue conducido a la casa communal donde lo golpearon y se lo llevaron en un camion particular con destino a Tambo. Los detenidos se encuentran desaparecidos.
Fuente(s):1 (pg. 716)
ONG Responsable: ANFASEP
On October 19th, 1983, Marcial Flores Sulca was arrested by the Marine Infantry in the locality of Paso Espíritu, Ayacucho, Huanta. According to signed testimony, his arrest was witnessed by his parents. On October 21st, 1983, his corpse was found in the Huanta hospital morgue.
Source(s):1
El 19 de octubre de 1983, Marcial Flores Sulca fue detenido en Ayacuho, Huanta, en la localidad de “Paso Espíritu,” por la Infantería de la Marina. Según testimonios firmados, sus padres fueron testigos de la detención. El 21 de octubre de 1983, se encontró el cadáver de Marcial Flores Sulca en la morgue del hospital de Huanta.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On March 22, 1997, Mariela Barreto, a Military Intelligence Service agent, was kidnapped and murdered by fellow agents, on the suspicion of having provided information to the press about the Colina group. The next day her body was found on kilometer 25.5 on the road to Canta, Punchauca. On March 25, 1997, her father, Orlando Barreto, recognized her remains.
El 22 de marzo de 1997, Mariela Barreto, agente del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), fue secuestrada y asesinada por sus propios colegas ante la sospecha de haber entregado información a la prensa sobre el grupo Colina. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el kilometro 25.5 de la carretera a Canta, en la zona Punchauca. El 25 de marzo de 1997, sus restos fueron reconocidos por su padre, Orlando Barreto.
ONG Responsable: APRODEH
El 5 de abril de 1985, en la ciudad de Ayacucho, efectivos del Ejército Peruano detuvieron a Néstor Marino Cletona Escalante y a un amigo suyo y los llevaron al cuartel de Ayacucho. Desde esa fecha se encuentran desaparecidos.
Fuente(s):1 (pg. 97)
ONG Responsable: ANFASEP
On April 5, 1985, in the city of Ayacucho, Peruvian army troops arrested Nestor Marino Cletona Escalante along with a friend of his, and took them to the barracks of Ayacucho. Since that date, their whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 97)
On April 5, 1983, in San Miguel, in the district of Vilcanchos, patrolmen from Lucanamarca arrested thirteen people among who were Deputy Governor Marino Vega Perez and the municipal agent Teodoro Prado. The detianees were interrogated and taken towards Vilcanchos. Antonio Vega Gonzales and Teodoro Prado were murdered while Teodoro Ramos. Modesto Román, Domingo Román and Encarnación Araujo were liberated. The wherabouts of José Sullar Vega and Marino Vega Perez are unknown.
Source(s):1 (Pg. 917)
El 5 de abril de 1983, en San Miguel, distrito de Vilcanchos, ronderos de Lucanamarca detuvieron a trece pobladores entre quienes se encontraban el teniente gobernador Marino Vega Perez y el agente municipal Teodoro Prado. Los detenidos fueron interrogados y llevados con dirección a Vilcanchos. Antonio Vega Gonzales y Teodoro Prado fueron asesinados mientras que Teodoro Ramos, Modesto Román, Domingo Román y Encarnación Araujo fueron liberados. José Sullar Vega y Marino Vega Perez permanecen desaparecidos.
Fuente(s):1 (pg. 79)
ONG Responsable: APRODEH
On July 25, 1986, approximately thirty members of the Army, under the command of Lieutenant “Rubén”, entered the locale of Matero, where four people were detained and their whereabouts are unknown to this day. The National Criminal Court absolved five of the implicated, but the Second Criminal Chamber of the Supreme Court nullified the acquittal of three of the implicated. In 2010, the three implicated were once again acquitted due to lack of evidence. The sentence was appealed.
El 25 de julio de 1986, aproximadamente treinta miembros del Ejército, al mando del teniente “Rubén,” ingresaron a la localidad de Matero donde detuvieron 4 personas, sin conocerse su paradero hasta hoy día. La Sala Penal Nacional absolvió a 5 procesados, pero la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la absolución de tres de los cinco procesados. En el 2010, los tres procesados fueron absueltos por segunda vez por falta de pruebas. La sentencia fue apelada.
ONG Responsable: ADEHR, APRODEH
On June 4, 1985, members of the Peruvian Army arrested Máximo Quispe Yaranga, a person with the surname Borda, and another unidentified person, while they were on their way to San Antonio de Anteccara. The detainees were taken to the military base of Chinquitrica. The person with surname of Borda was released, but Máximo Quispe remains missing to this date.
Source(s):1 (Pg. 725)
El 4 de junio de 1985, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Máximo Quispe Yaranga, una persona apellidada Borda, y otra no identificada cuando se dirigían a San Antonio de Anteccara. Los capturados fueron llevados a la base militar de Chinquitirca. La persona apellidada Borda fue liberada, pero Máximo Quispe hasta la fecha se encuentra desaparecido.
Fuente(s):1 (pg. 725)
ONG Responsable: ANFASEP
The Auqui Tenorio family was accused of participating in a crime that occurred on June 15, 1983. On May 20, 1985, Melitón Auqui Tenorio was accused of being a terrorist, and arrested by the Satica Community’s Self-defense Committee. He was taken to the Army barracks at Casi Cancha. His whereabouts are unknown.
La familia Auqui Tenorio fue acusada de participar en un hecho de muerte ocurrido el 15 de junio de 1983. El 20 de mayo de 1985, Melitón Auqui Tenorio fue acusado de ser terrorista y fue detenido en la comunidad de Satica por miembros del Comité de Autodefensa. Melitón Auqui Tenorio fue conducido al Cuartel de Casi Cancha. Se encuentra en condición de desaparecido.
ONG Responsable: APRODEH
On May 20, 1991, in the district of Huancayo, members of the National Police arrested Manuel Meneses Sotacuro. The police acused him of carrying weapons, beat him, searched his room, and took him away in a patrol car to an unknown destination. His whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 50)
El 20 de mayo de 1991, en el distrito de Huancayo, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Manuel Meneses Sotacuro. Los policías lo acusaron de portar armas, lo golpearon, revisaron su habitación, y se lo llevaron en un patrullero con rumbo desconocido. Se desconoce su paradero.
Fuente(s):1 (pg. 50)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On October 21, 1989, a transport vehicle was stopped by a patrol of the Peruvian Army. Moisés Carbajal Quispe was arrested because his name was found on a list that the military possessed. He was taken to the military base of Abancay where he was tortured. He was murdered and his body was found on October 29, 1989, in the morgue of Abancay.
Source(s):1 (Pg. 134)
El 21 de octubre de 1989, un vehículo de transporte fue detenido por una patrulla del Ejército Peruano. Los militares tenían listas de nombres entre las que se encontraba Moisés Carbajal Quispe, a quien detuvieron. Lo conducieron a la base militar de Abancay donde lo torturaron. Moisés Carbajal fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en la morgue central de Abancay el 29 de octubre de 1989.
Fuente(s):1 (pg. 134)
ONG Responsable: APRODEH
On April 28, 1989, due to a confrontation in the province Juaja, in the deparment of Junín, between the members of the army and members of the MRTA, the army forces carried out an operation in the districts of Huertas and Los Molinos. The military arrested several villagers and took them to Fuerte Cáceres and the 9 de Diciembre barracks, where some were executed and others were disappeared.
Source(s):1
El 28 de abril de 1989, un enfrentamiento en la provincia de Juaja, departmento Junín, entre miembros del Ejército y una columna del MRTA, las fuerzas del orden efectuaron una operación de rastrillaje en los distritos de Huertas y los Molinos. Los militares detenieron a various pobladores de la zona y los llevaron al Fuerte Cáceres y al Cuartel 9 de Diciembre donde los ejecutaron a algunos y otros se encuentran desaparecidos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: CEAS
Between July 14 and 16, 1984, members of the Peruvian Army arrested and tortured 10 farmers from the town of Concepción in Ayacucho. The victims were taken to Moyocc and forced to dig their own graves afterwards they were executed.
Entre el 14 y 16 de julio de 1984 miembros del Ejército Peruano detuvieron y torturaron a 10 campesinos de la localidad de Concepción en Ayacucho. Los llevaron al huayco denominado Moyocc donde les hicieron cavar su propia fosa, allí los ejecutaron.
ONG Responsable: COMISEDH
Nemesio Ccenta Aquino and others
On July 20, 1984, a group wearing civilian clothes and riding in a military vehicle arrested Nemesio Ccenta Aquino in Tambillo, Guayacondo. On July 25, 1984, his corpse was found four kilometers from Guayacondo.
Source(s):1
El 20 de julio de 1984, Nemesio Ccenta Aquino fue detenido en Tambillo, Guayacondo, por un grupo sin uniforme en vehículo militar.El 25 de julio de 1984, se encontró su cadáver a cuatro kilometros de Guayacondo.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On November 1, 1984, in the district of Tambo, members of the Navy arrested Octavio Jerí Quispe while he was playing in the street. Octavio Quispe and his brother had been accused of involvement in the murder of a professor that had been committed by the Shining Path. A year later, Octavio was spotted with members of the navy, carrying their equipment. Since then, it is unknown what became of Octavio Jerí Quispe.
Source(s):1 (Pg. 694)
El 1 de noviembre de 1984, en el distrito de Tambo, el niño Octavio Jerí Quispe fue detenido por efectivos de la Marina de Guerra, mientras jugaba en la calle. Octavio Quispe y su hermano habían sido acusados de participación en el asesinato de un profesor que había sido cometido por el Sendero Luminoso. Después de un año, Octavio fue visto con una columna de marinos sirviéndoles de cargador. Desde esa fecha no se tienen noticias de Octavio.
Fuente(s):1 (pg. 694)
ONG Responsable: ANFASEP
On April 23, 1994, General Rodríguez Riveros admitted before the Commission on Human Rights and Peace of the Democratic Constituent Congress (CCD), that since April 5 a counterinsurgency operation named “Aries” was being conducted in Moyuna, Moena, Salvador, Bijao, and Blanquillo and other villages. The human rights violations that occurred included torture, extrajudicial executions committed by soldiers against several villagers, and indiscriminate bombing of several villages.
Source(s):1 (Pg. 701)
El 23 de abril de 1994, el General Rodríguez Riveros admitió ante la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Congreso Constituyente Democrático (CCD,) que desde el 5 de abril se estaba realizando la operación antisubversiva denominada “Aries” en Moyuna, Moena, Salvador, Bijao, y Blanquillo entre otros caseríos. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos del Ejército contra varios pobladores, y “bombardeos” indiscriminados sobre varias localidades.
Fuente(s):1 (pg. 701)
ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza
In March 1992, troops of the counterinsurgency military base number 313, reinforced by Battalion Number 19 of the Division of Special Forces (DIFE), conducted “Operation Cuchara,” in the areas known as “Bolsón Cuchara” and “Bolsón Primavera.” In total there were about 900 men who participated in the operation. The objectives of the operation were to create a psychological war against the villagers in order to prevent them from supporting the Shining Path. Two former recruits who were part of a military patrol that participated in the operation confirmed these facts, helicopters first bombed the area, houses were burned, and no survivors were left.
Source(s):1 (Pg. 695)
En marzo de 1992, efectivos del Ejército de la Base Contrasubversiva Numero 313, reforzados con un contingente del Batallón de Comandos Numero 19, que era parte de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), llevaron a cabo el “Operativo Cuchara,” en las zonas conocidas como “Bolsón Cuchara” y “Bolsón Primavera”. En total eran como 900 hombres que participaron en el operativo. Los objetivos de la operación eran hacer una guerra psicológica para que los pobladores no apoyen al Sendero Luminoso y para que dejen de ser terroristas. Estos hechos fueron confirmados por dos ex reclutas que formaron parte de una patrulla militar que ingresó en la zona, que primero bombardearon la zona con helicópteros, quemaron las casas, y no dejaron ningún sobreviviente.
Fuente(s):1 (pg. 695)
ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza
On March 29 and 31, 1994, at least six residents of Cayumba Chico, in the district of Dámaso Beraún, province of Leoncio Prado, were assassinated by a military patrol. The bodies were later found by a group of representatives from human rights organizations.
Source(s):1 (Pg. 698)
El 29 y el 31 de marzo de 1994 por lo menos 6 pobladores del Caserío de Cayumba Chico, distrito Dámaso Beraún, provincia Leoncio Prado, fueron asesinados por una patrulla militar. Los cuerpos fueron posteriormente encontrados por una comisión de representantes de organismos de derechos humanos.
Fuente(s):1 (pg. 698)
ONG Responsable: Comité de Derechos Humanos del Alto Huallaga, CNDH, IDL, Paz y Esperanza
Patrocinio Quichca Espinoza and others
On April 10, 1983, a group of police officers detained a group of farms from the locality of Paras in Ayacucho, while they were celebrating a traditional festival. The detained were taken out of the town and assassinated on the bank of a river. Between August 15 and 18, 2011, the bodies of the victims, identified as Patrocinio Quichca Espinoza, Virgilio Huarancca and Estilo Ayala Huarancaa, were exhumed. The case is in the preliminary stages of investigation.
Patrocinio Quichca Espinoza y otros
El 10 de abril de 1983, un grupo de policías detuvo a un grupo de campesinos de la localidad de Paras en Ayacucho, mientras se celebraba una feria tradicional. Los detenidos fueron llevados fuera del pueblo y a la orilla de un río fueron asesinados. Desde el 15 al 18 de agosto de 2011, los cuerpos de las víctimas identificadas como Patrocinio Quichca Espinoza, Virgilio Huarancca y Estilo Ayala Huarancca fueron exhumados. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar.
ONG Responsable: APRODEH
Between February and Marcy 1983, 31 people were disappeared and executed by members of the armed forces and the police in Huanca Sancos, in the district of Ayacucho. Between October 2007 and August 2008, the remains of 28 of the 31 victims were exhumed.
Entre febrero y marzo de 1983, 31 personas fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las fuerzas armadas y policiales, en Huanca Sancos, en el distrito de Ayacucho. Entre octubre de 2007 y agosto de 2008, los restos de 28 de las 31 víctimas fueron exhumados.
ONG Responsable: COMISEDH
Between January 1, 1983, and August 23, 1984, there were 302 arrests and disappearances in the province of Huanta. Huanta became a center of abuse and terror due to the activities of the Shining Path and also due to the activities of the Marine Corps, who on January 21, 1983, established a headquarters in the province.
The Truth and Reconciliation Commission (TRC), has presented three cases in which they have sufficient evidence to place responsibility on the Marine Corps for crimes committed.
On August 1, 1984, a patrol of Marines, whose headquarters was located in Huanta, arbitrarily executed six people in the communities of Callqui and Nisperosniyocc, while the victims were inside the Evangelical Presbyterian Church in Callqui. In this case, the prosecution is pending trial.
On August 22, 1984, four mass graves were discovered in Pucayacu, in the department of Huancavelica, with 50 corpses. Many of the bodies were found with their hands tied and most had gunshot wounds, some of the bodies showed signs of torture. Members of the Navy carried out the arrests, torture, forced disappearance and execution of the fifty people found in the graves. They also carried out the arrest and disappearance of 57 other people.
On August 2, 1984, around 10 a.m., Jaime Boris Ayala Sulca, a newspaper correspondent for La República in Ayacucho, went to the headquarters of the Marine Corps located in Huanta. Several witnesses saw him enter the barracks, but no one saw him leave. The next day, Jaime Ayala Sulca’s wife filed a complaint before the Provincial Prosecutor of Huanta for the disappearance of her husband.
The cases of Pucayacu and Jaime Ayala are pending trial.
Entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de agosto de 1984, se registraron 302 detenciones y desapariciones en la provincia de Huanta. Huanta se convirtió en un centro de abuso y terror por las actividades del PCP-Sendero Luminoso, y también por las actividades de la Infantería Marina que el 21 de enero de 1983, estableció su cuartel general en la provincia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), presenta tres casos donde tienen evidencia suficiente para afirmar responsabilidad por parte de agentes de la Infantería Marina. El 1 de agosto de 1984, una patrulla de la Marina de Guerra cuyo Cuartel General se ubicaba, ejecutó arbitrariamente a seis pobladores de las comunidades de Callqui y Nisperosniyocc, cuando las víctimas estaban en la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui. En el caso de Callqui, se formuló la acusación fiscal y se encuentra pendiente de juicio oral. El 22 de agosto de 1984 se descubrieron cuatro fosas en la zona de Pucayacu, departamento de Huancavelica, con 50 cadáveres. Muchos de los cuerpos se encontraban con las manos atadas y la mayoría mostraban heridas de bala y en algunos huellas de tortura. Miembros de la Marina de Guerra del Perú realizaron la detención, tortura, desaparición forzada y ejecución de las cincuenta personas. También realizaron la detención – desaparición de otros 57 pobladores. El 2 de agosto de 1984, alrededor de las 10 de la mañana, Jaime Boris Ayala Sulca, corresponsal del diario La República en Ayacucho, fue al cuartel de la Infantería de la Marina de Guerra de la provincia de Huanta. Varios testigos lo vieron entrar al cuartel, pero no lo vieron retirarse. Al día siguiente, la esposa de Jaime Ayala Sulca, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Huanta por la desaparición de su esposo. El caso de Pucayacu y el caso de Jaime Ayala se encuentran pendiente de juicio oral.
ONG Responsable: ADEHR, APRODEH
On April 29, 1989, eight members of the National Police stopped Cesar Augusto Mautino Camones and Pedro Eduardo Haro Cruz while they were traveling by bike on the Huaraz-Pativilca road. The police covered the heads of both of the men, and placed them inside an orange truck that belonged to the CORDE-Ancash organization. The truck had been borrowed by the Fifth Command of the PNP of Huaraz between April 28 and May 2 1989. The whereabouts of the victims are unknown. The Sala Penal Nacional gave its sentence on September 11 2008, admitting the occurrence of the crime, but absolving the five people implicated. In 2009, the Supreme Court confirmed the sentence, and those implicated remained absolved.
Source(s):1
El 29 de abril de 1989, ocho miembros de la Policía Nacional detuvieron a Cesar Augusto Mautino Camones y Pedro Eduardo Haro Cruz, en la carretera Huaraz-Pativilca. Les taparon la cabeza a los dos, y los llevaron en una camioneta color naranja, que pertenecía a la organización CORDE-Ancash. La camioneta había sida prestada a la Quinta Comandancia de la PNP de Huaraz del 28 de abril al 2 de mayo de 1989. No se conoce el paradero de las víctimas. La Sala Penal Nacional dio su sentencia el 11 de septiembre de 2008, indicando la existencia del delito, pero absolvió a los cinco procesados. En el año 2009, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema, y los cinco procesados quedaron absueltos.
Fuente(s):1
ONG Responsable: IDL
On December 18, 1992, several individuals with firearms killed Pedro Huilca Tecse, the then secretary general of the General Confederation of Workers of Peru. The Commission of Truth and Reconciliation failed to ascertain the perpetrator of the crime, and it has been attributed to the Shining Path as well as the Colina Paramilitary Group. The judicial proceedings in this case have come to the hypothesis that the Colina Paramilitary Group committed the murder.
El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse, el entonces secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú, fue asesinado por varios individuos con armas de fuego. La Comisión de la Verdad y Reconciliación no logró formarse convicción sobre la autoría del crimen, atribuido tanto a Sendero Luminoso como al destacamento Colina. Los procesos judiciales seguidos por este caso asumen como teoría que el asesinato de Huilca Tecse fue cometido por miembros del destacamento Colina. El proceso del caso se encuentra en etapa de instrucción.
ONG Responsable: COMISEDH
Between August and September 1984, members of the Arme Forces from the district of Acocro, arrived at the home of José Casas Taco, in the district of Acos Vinchos, looking for his son Vicente Casas Palomino. When they were unable to find him, they arrested Jose Casas Taco, but on the way Vicente Casas was found and his father was liberated. Vicente Casas was taken to the barracks at Acocro, along with Pedro Peralta Chilingano and Valerio Quispe Durand, who were arrested the same day. Since that day the whereabouts of the victims are unknown.
Source(s):1 (Pg. 79)
Entre agosto y septiembre de 1984, miembros de las Fuerzas Armadas del distrito de Acocro llegaron a la casa de José Casas Taco en el distrito de Acos Vinchos, y preguntaron por su hijo Vicente Casas Palomino. Cuando no lo encontraron, los militares se llevaron detenido a José Casas Taco, pero en el camino hallaron a Vicente Casas y liberaron al padre. Luego, Vicente Casas fue llevado al cuartel de Acocro, desde entonces se encuentra desaparecido, al igual que los comuneros Pedro Peralta Chilingano y Valerio Quispe Durand, quienes también fueron apresados ese día.
Fuente(s):1 (pg. 79)
ONG Responsable: ANFASEP
On January 16, 1987, Pelayo Arotoma Cccñahuaray was detained by troops of the District of Huancaraylla, Province of Victor Fajardo. His whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 16 de enero de 1987, Pelayo Arotoma Cccñahuaray fue detenido por tropas del Distrito de Huancaraylla, Provincia de Víctor Fajardo. Se desconoce su paradero.
ONG Responsable: APRODEH
On November 5, 1983, members of the Shining Path ambushed a military patrol, during the ambush Captain Juan Davelois Salzar was killed, and Corporal Manual Torres Delgadillo was wounded. In response to these events, members of the Peruvian Army detained about 300 civilians, between them men, women, children, and the elderly, from Pichari and Sivia. Approximately 70 men were selected and taken to the Pichari military base. Near this location, the 70 men were executed and buried in several mass graves. Of the victims, 48 have been identified.
El 5 de noviembre de 1983, una patrulla militar fue emboscada por una columna de Sendero Luminoso donde falleció el Capitán EP Juan Davelois Salazar y quedo herido el cabo Manuel Torres Delgadillo. Como respuesta al asesinato y emboscada, un contingente del ejército peruano detuvo cerca de 300 pobladores de Pichari y Sivia, entre varones, mujeres, niños y ancianos. Luego, seleccionaron a aproximadamente 70 varones y los condujeron a la base militar de Pichari. Cerca de ahí, fueron ejecutados y enterrados en varias fosas. De las víctimas, 48 han sido identificadas.
ONG Responsable: APRODEH, Paz y Esperanza
Between October 22 and 23, 1986, members of the Peruvian Army committed the crimes of kidnapping, murder, serious injury, and concealment. These crimes were committed against twelve citizens of the communities of Pomatambo and Parcco Alto, Ayacucho. The Sala Penal Nacional acquitted those involved that were present at the trial due to lack of evidence, and reserved sentencing for those accused that were absent. In 2010, the Sala Penal Nacional established that the victims had indeed been executed by members of the Peruvian Army, but determined that those accused were not responsible for the crimes. Arrangements were made for other members of squads to be investigated. The public prosecutor’s office appealed the sentence.
Entre el 22 y 23 de octubre de 1986, miembros del Ejército cometieron los delitos de Secuestro, Lesiones Graves, Homicidio Calificado y Encubrimiento Real, contra doce ciudadanos de las comunidades de Pomatambo y Parcco Alto, Ayacucho. En el 2010, la Sala Penal Nacional dictó sentencia y absolvieron a los implicados que estaban presentes por falta de pruebas y reservó el proceso para los acusados ausentes. La Sala estableció que las víctimas fueron ejecutadas por miembros del Ejército Peruano, pero no determinaron que los responsables eran los acusados. También se dispuso que otros miembros de las patrullas fueran investigados. El Ministerio Público apeló la sentencia.
ONG Responsable: CEAS, COMISEDH
On November 4, 1989, a group formed by two army patrols entered the district of Pucará, posing as members of the guerrilla group MRTA, and executed 8 people. On June 8, 2010, the Sala Penal Nacional convicted two, and acquitted seventeen of the implicated. Those convicted appealed the sentence.
El 4 de noviembre de 1989, un grupo conformado por dos patrullas del Ejército, incursionó en el distrito de Pucará, haciéndose pasar por miembros del grupo subversivo MRTA, y ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas. El 8 de junio del 2010, la Sala Penal Nacional condenó a 2 y absolvió a 17. Los condenados apelaron la sentencia.
ONG Responsable: IDL
On August 7, 1985, seven people were killed by soldiers from the army base of Castro Pampa, in Pucayacu, in the department of Ayacucho. The victims were arrested between July 31 and August 4, and taken to the Military Base Castro Pampa, where they were beaten and tortured, without an apparent cause. On August 7, the victims were taken to Pucayacu, under the command of Lieutenant Enrique De la Cruz Salcedo, and once at the location seven soliders dug a pit. Then Sergeant Jose Guiterrez Herrada, executed the victims, and they were buried in the mass grave.
El 7 de agosto de 1985, 7 personas fueron asesinadas por efectivos del Ejército de la Base de Castropampa, en la localidad de Pucayacu, en el departamento de Ayacucho. Las víctimas fueron detenidas entre el 31 de julio y 4 de agosto, en la Base Militar de Castro Pampa, donde fueron golpeados y torturados, sin causa aparente. El 7 de agosto, las víctimas fueron llevadas as Pucayacu, al mando del Teniente EP Enrique De la Cruz Salcedo, donde 7 soldados cavaron una fosa. El Suboficial de Tercera EP Jose Gutiérrez Herrada, ejecutó a las víctimas, y los enterraron en la fosa.
ONG Responsable: ADEHR
In December 1984, no less than 123 people including men, women and children, from Putis, Ayacucho, sought refuge at a nearby military base for protection against the Shining Path insurgency. The military promised them protection, and deceived them into digging a pit. The victims were later shot by the soldiers and thrown into the pits. In May 2003, the Primera Fiscalía Penal Supraprovincial of Ayacucho began a preliminary investigation. On December 14, 2006 the case was referred to the Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial of Ayacucho. The preliminary investigation has concluded, but is awaiting sentencing.
En diciembre de 1984, no menos de ciento veintitrés personas, hombres, mujeres, y niños, de Putis, Ayacucho, buscarón protección en una base militar contra el Sendero Luminoso. Los militares prometieron darles protección, y con engaños fueron obligados a cavar una fosa. Las víctimas fueron acribilladas por los militares y echados en las fosas. En mayo del 2003, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho desarrolló la etapa de investigación preliminar. El 14 de diciembre del 2006 el caso fue derivado a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho. La investigación preliminar ha concluido, pero se espera la emisión del pronunciamiento fiscal.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On December 25, 1984, members of the Civil Defense Committee of Ccanis, Ccacas and Pampacancha, along with members of the Navy, entered Pago de Putka in search of the Shining Path. The armed forces kidnapped more than 30 people, among children, youth and eldery who they then slaughtered at knifepoint in a cave near the community. A few people managed to escape and they began the search for their relatives. In August 2010, the bodies of the victims were exhumed.
El 25 de diciembre de 1984, miembros del Comité de Defensa Civil de Ccanis, Ccacas, y Pampacancha, junto a elementos de la Marina, ingresaron a Pago de Putka, en búsqueda de senderistas. Los grupos armados se llevaron a más de 30 personas entre niños, jóvenes, y ancianos que luego los masacraron a punta de cuchillo en una cueva cercana a la comunidad. Pocos lograron escapar y ellos iniciaron la búsqueda de sus familiares. En agosto del 2010 se realizó la exhumación de los cuerpos de las víctimas.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On April 17, 1993, members of the PNP that were operating under operation “Oriente,” given in order to capture the kidnappers of businessman Antonio Furukawa Obara, detained Rafael Salgado Castillo and Gladis Carol Espinoza Gonzales. Salgado attempted to escape but was stopped by Lieutenant Pareja Alva with the help of Official Carlos Romero Muñoz. The detained were then taken to the building “15 de septiembre”. There is sufficient evidence to determine that Salgado was tortured and due to this torture died in the offices of the DIVISE. In 2005, the defendants were acquitted, but the sentence was overturned in order to incorporate testimonies which had not been previously included during the trial.
El 17 de abril de 1993, Rafael Salgado Castilla y Gladis Carol Espinoza Gonzales fueron intervenidos por miembros de la división de investigación de secuestros de la PNP. Esto fue debido al operativo “Oriente” dado para capturar a los secuestradores del empresario Antonio Furukawa Obara. Salgado trató de escapar pero fue alcanzado por el teniente Pareja Alva y reducido con la ayuda del sub oficial Carlos Romero Muñoz. Luego, los detenidos fueron llevados al edificio “15 de septiembre”. Existen suficientes pruebas para determinar que Salgado fue torturado y que falleció debido a las torturas en la oficina de la DIVISE. En el 2005, los acusados fueron absueltos, pero la sentencia fue anulada para incorporar algunos testimonios no recabados durante el proceso.
ONG Responsable: APRODEH
In December 1984, in Ccarhuapampa, in the district of Tambo, it was decided to elect a new president of the civil defense patrols due to the violence that had been occurring in the community. Raymundo Berrocal Argumedo aspired to hold this position but at the request of his mother, he decided to resign his candidacy and therefore did not attend the meeting to elect the new president. This brought him under suspicion and members of the civil defense patrol seized him, tied him up, and dragged him for an hour and a half to Ccarhuapampa. He was then beaten and locked in a room. They also locked up his father, Victor Berrocal Palomino, his mother Clementina Argumeo Cerrón, and his siblings Fredy and Lucila. On December 15, 1984, Raymundo Berrocal and his mother Clementia were removed from the locked room, and since then their whereabouts are unknown, though witnesses claim they saw that they were killed and buried. The rest of the family was released and forced to flee under threat of death.
Source(s):1 (Pg. 700)
En diciembre de 1984, en Ccarhuapampa, distrito de Tambo, debido a la situación de violencia en la comunidad, se decidió elegir un nuevo presidente de las Rondas de Defensa Civil. Raymundo Berrocal Argumedo aspiraba ocupar dicho cargo pero por petición de su madre, decidió renunciar su candidatura y por eso no asistió a la asamblea para elegir al presidente de la ronda. Esto hizo que sospecharan de él, y los miembros de la ronda lo apresaron, lo amarraron y lo arrastraron por una hora y media hasta Ccarhuapampa. Luego lo golpearon y lo encerraron en una habitación. También encerraron a su padre, Victor Berrocal Palomino, a su madre Clementina Argumedo Cerrón y sus hermanos Fredy y Lucila. El 15 de diciembre de 1984, sacaron de la habitación a Raymundo Berrocal y a su madre Clementina. Desde entonces se encuentran desaparecidos, aunque testigos aseguaran haber visto cómo fueron asesinados y enterrados. El resto de la familia fue liberada y obligada a huir bajo amenaza de muerte.
Fuente(s):1 (pg. 700)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On March 28, 1990, members of the armed forced entered the home of Remigio Viacava Ccenhua, in the district of San Juan Bautista. They soldiers asked for his son Victor, who had escaped when he saw that the military had arrived. The soldiers locked away his wife, Eulogia Aguirre, and took Remigio to an unknown destination. Victor Viacava fled to Lima after these events transpired.
Source(s):1 (Pg. 159)
El 28 de marzo de 1990, efectivos de las Fuerzas Armadas ingresaron al domicilio de Remigio Viacava Ccenhua, en el distrito de San Juan Bautista. Los efectivos preguntaron por Victor, el hijo de Remigio, quien escapó al ver que los militares llegaban. Los soldados encerraron a su esposa Eulogia Aguirre y se llevaron a Remigio Viacava con rumbo desconocido. Victor Viacava huyó a Lima después de los hechos.
Fuente(s):1 (pg. 159)
ONG Responsable: ANFASEP
On November 7, 1983, at 10 p.m., Reyna Esperanza Cervantes Romani was detained by the Marine Infantry in Ayacucho, Huanta. Her detainment was witnessed by neighbors. On November 25, 1983, her body was found in the Imapo area, and displayed signs of torture and mutilation.
Source(s):1
El 7 de noviembre de 1983, a las 10 p.m., Reyna Esperanza Cervantes Romani fue detenida en Ayacucho, Huanta, por la Infantería Marina. Sus vecinos fueron testigos de su detención. El 25 de noviembre de 1983, el cadáver de Reyna Esperanza Cervantes Romani fue hallado en el paraje de Impao, con señales de tortura y mutilaciones.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
Between July 7 and 29, 1984, Ricardo Baldeón Ninahuanca was detained and tortured by members of the Navy of Huanta. Baldeón filed a complaint at the headquarters of the Armed Forces of Ayacucho, and on August 2, 1984, soldiers entered his house and took him to the military base of Huanta. Baldeón’s whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 405-406)
Entre el 7 y el 29 de julio de 1984, Ricardo Baldeón Ninahuanca fue detenido y torturado por miembros de la Marina de Guerra de Huanta. Baldeón denunció el hecho en el cuartel de las Fuerzas Armadas de Ayacucho, y el 2 de agosto de 1984, militares ingresaron a su casa y se lo llevaron a la base militar de Huanta. Baldeón se encuentra en condición de desaparecido.
Fuente(s):1 (pg. 405-406)
ONG Responsable: APRODEH
On October 12, 1983, Silvio, Esther, Julia and Raquel Roca Huaytalla were heading for the community of Seqchapampa when they were intercepted by a helicopter in a place called “Valenzuela Pampa,” and killed by firearms along with a girl that happened to be nearby. The bodies were left until the next day when the same soldiers returned to the site, collected the bodies, and buried them. The soldiers who were in the helicopter had been operating in support of a military patrol that had been in a confrontation with a group of subversives.
Source(s):1
El 12 de octubre de 1983 los hermanos Silvio, Esther, Julia y Raquel Roca Huaytalla, se dirigían a la comunidad de Seqchapampa cuando fueron interceptados por un helicóptero en el lugar denominado “Valenzuela Pampa”, siendo asesinados por arma de fuego junto a una niña quien casualmente se encontraba cerca. Los cuerpos fueron dejados hasta el día siguiente hasta que los mismos militares volvieron al lugar y juntaron los cuerpos y los enterraron. Los militares que estaban en el helicóptero estaban en un operativo de apoyo a una patrulla que estuvo en un enfrentamiento con una columna subversiva.
Fuente(s):1
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On February 28, 1992, in Divisoría, in the district of Padre Abad, the Peruvian Army arrested Jesús Rodríguez Illatopa, Alejandro Ubaldo Arrieta, Julio Domínguez and Eliseo Natividad, along with four other people. All were killed except for Eliseo Natividad who was able to escape. A Peruvian Army captain paid a small sum of money to a relative of one of the victims to dig a grave and bury the bodies.
Source(s):1 (Pg. 65)
El 28 de febrero de 1992, en Divisoría, distrito de Padre Abad, el Ejército Peruano detuvieron a Jesús Rodríguez Illatopa, Alejandro Ubaldo Arrieta, Julio Domínguez y Eliseo Natividad junto a otras 4 personas. Todos fueron asesinados con excepción de Eliseo Natividad. Un capitán del Ejército Peruano pagó con una pequeña suma de dinero a un familiar de las víctimas para que cave una fosa y entierre los cuerpos. Eliseo Natividad había logrado escapar.
Fuente(s):1 (pg. 65)
ONG Responsable: Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, CNDH
On June 1, 1991, about 100 Peruvian army troops raided the village of Pendencia Baja, in the district of Daniel Alomía Robles, due to Shining Path activity. The troops dispersed throughout the town and first entered the home of Chamber Carhua Loarte. Carhua Loarte was tortured and his partner, Ana Liz Bonifacio Daza was shot. Then the soldiers preceded to excute their three young children. Afterwards the soldiers burned the house, and Ana Liz Bonifacio, the only survivor, fled carrying the body of her son in her arms. Candelaria Loarte León, along with her niece Maribel and her nephew Jeremías Coca Carhua, were executed and their house was then burned. Juana Melchor Salvador and her four children died in a fire. Next, the soldiers assassinated María Paredes Bravo along with her husband and three children.
Source(s):1 (Pg. 260)
El 1 de junio de 1991, alrededor de 100 efectivos del Ejército Peruano incursionaron en el caserío de Pendencia Baja, en el distrito de Daniel Alomía Robles, debido al juicio popular que le hicieran miembros de Sendero Luminoso a un jóven no identificado. Los efectivos se dispersaron por toda la localidad, y primero ingresaron en la vivenda de Chamber Carhua Loarte. Torturaron a Carhua Loarte y le dispararon a su conviviente, Ana Liz Bonifacio Daza. Luego, los militares ejecutaron a sus tres hijos que eran menores de edad. Los militares procedieron a incendiar la casa, y Ana Liz Bonifacio, única sobreviviente, logró huir llevando el cuerpo de su hijo en sus brazos. Candelaria Loarte León, junto con sus sobrinos Maribel y Jeremías Coca Carhua, fueron ejecutados, y los militares procedieron a incendiar su casa. Juana Melchor Salvador y sus cuatro hijos muieron quemados. Nilda Noya Bravo y Jorge Arretea Laberiano junto con sus tres hijos fueron asesinados. Seguidamente, los militares asesinaron a María Paredes Bravo junto con su esposo y sus tres hijos.
Fuente(s):1 (pg. 260)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On July 4, 1991, a military squad assassinated fifteen people, among them adults and children, who had been accused of being terrorists. The assassination occurred in a mine known as “Misteriosa”. The Sala Penal Nacional sentenced Oscar Alberto Carrera Gonzales to twelve years in prison. The Supreme Court annulled the sentence, and ordered a new trial that began on July 6, 2010.
El 4 de julio de 1991, en una mina conocida como “Misteriosa” una patrulla del Ejército asesinó a 15 personas, entre adultos y niños, acusados de ser terroristas. Oscar Alberto Carrera Gonzales fue sentenciado a 12 años de prisión, por la Sala Penal Nacional. La Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia, ordenando un nuevo juicio oral que se inició el 6 de julio de 2010.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
In April 1984, in Manyacc in the district of Anta, Santiago Antezana Cueto and his uncle Máximo Antezana Espesa were detained by patrolmen and accussed of being subversives, and then taken to the Acobamba military base where they were tortured. Máximo Antezana was released on May 15, 1984, and that date was also the last time that Santiago Cueto Antezana was heard from. Emilio Antezana Espesa, Demetrio Chávez, and Juan Ignacio Velásquez Araujo were also detained and disappeared.
En abril de 1984, en el anexo de Manyacc, distrito de Anta, Santiago Antezana Cueto y su tío Máximo Antezana Espesa fueron detenidos por ronderos y fueron acusados de ser subversivos y luego entregados a los efectivos militares de la base de Acobamba, donde fueron torturados. Máximo Antezana fue liberado el 15 de mayo de 1984, y esa fecha fue la última vez que se supo de Santiago Antezana Cueto. Emilio Antezana Espesa, Demetrio Chávez y Juan Ignacio Velásquez Araujo también fueron detenidos y figuran como desaparecidos.
ONG Responsable: COMISEDH
On June 5, 1989, in the Atajara sector, in the district of Andahuayas, Santos Rojas Quispe was arrested by members of the Peruvian Army who accused him of collaborating with subversives. The arrest was witnessed by one of his children, and he was later taken to the military base at Ccapaya. His whereabouts remain unknown.
Source(s):1
El 5 de junio de 1989,en la localidad del sector Atajara, distrito de Andahuaylas, Santos Rojas Quispe fue detenido por efectivos del Ejército Peruano que los acusaron de colaborar con elementos subversivos. La detención ocurrió en presencia de uno de sus hijos, y Rojas Quispe fue llevado a la base militar de Ccapaya. Se desconoce su paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On March 6, 1989, in the vicinity of the Cunya bridge, between the provinces of Cusco and Abancay, soldiers of the army, the national guard, and the police arrested Saturnino Castillo Peralta, President of the community of Antilla. Since that date his whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 6 de marzo de 1989, en las cercanías del Puente Cunya, situado entre las provincias de Cusco y Abancay, elementos del ejército, la guardia republicana y la policía, detuvieron a Saturnino Castillo Peralta, Presidente de la comunidad de Antilla. Desde la fecha se desconoce su paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On July 17, 1988, the Federation of Miners and Metalworkers of Peru, of which Saúl Cantoral was the secretary general, initiated its first national strike. On August 9, 1988, before the end of the strike, Cantoral was kidnapped and injected with poisonous substances in order to persuade him to abandon the strike activities. On February 6, 1989, Cantoral was threatened to withdraw from union activity, or to otherwise face deadly consequences. On February 13, 1989, at 7:30 pm, Saúl Cantoral and Consuelo García went to a meeting with the leaders of the National Federation of Miners, Metal and Steel Workers of Peru. At approximately 11:15 pm, the body of Saúl Cantoral was found in the park of Huiracocha in the district of San Juan de Lurigancho, with 6 bullets in his back and neck. The body of Consuelo García was found 12 meters away, with her skull completely shattered and also with bullet wounds.
El 17 de julio de 1988, la Federación de Mineros y Metalúrgicos del Perú, de la cual Saúl Cantoral era secretario general, inició la Primera Huelga Nacional Minera. El 9 de agosto de 1988, antes de que concluyera la huelga, Cantoral fue secuestrado y le inyectaron sustancias venenosas a fin de persuadirlo para que abandonara las actividades de la huelga. El 6 de febrero de 1989, Cantoral fue amenazado de retirarse de la actividad sindical, porque si no, afrontaría consecuencias mortales. Estos dos hechos fueron atribuidos al Comando Rodrigo Franco. El 13 de febrero de 1989, a las 7:30 de la noche, Saúl Cantoral y la dirigente Consuelo García fueron a una reunión con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metálicos y Siderúrgicos del Perú. Aproximadamente a las 11:15 p.m. el cadáver de Saúl Cantoral fue encontrado en el Parque Zonal Huiracocha de San Juan de Lurigancho, con 6 impactos de bala en la espalda y en la nuca. A 12 metros de distancia, encontraron el cadáver de Consuelo García, con el cráneo completamente destrozado y con impactos de bala.
ONG Responsable: APRODEH
On April 20, 1989, the “Grupo Escorpio” led by Santiago Martin Rivas assassinated the journalist Guillermo López Salazar, also known as “Shallahuita.” López was murdered for exposing the corruption and abuse commited by the armed forces in the area of Tingo María.
El 20 de abril de 1989, el periodista Guillermo López Salazar, conocido como “Shallahuita,” fue asesinado por el “Grupo Escorpio” dirigido por Santiago Martin Rivas. López fue asesinado por exponer corrupción y abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Tingo María.
ONG Responsable: Paz y Esperanza
De marzo a octubre de 1991, el capitán Víctor Penas Sandoval usó “sobres bomba” que eran bombas ocultas y disimuladas en simples sobres que estallaban al abrirlos para asesinar a dirigentes politicos, periodístas y luchadores por los Derechos Humanos. Los “sobres bomba” habían sido una operación secreta del SIE con autorización de los altos mandos y Montesinos. El 15 de marzo de 1991, Augusto Alejandro Zúñiga Paz, defensor de los Derechos Humanos, fue la primera víctima. Zúñiga Paz logró tirar el sobre cuando empezo a estallar pero le arrancó el brazo izquierdo. El 21 de junio de 1991, el captián Victor Penas intentó asesinar al director de la revista “Cambio,” pero se equivocó de dirección y terminó asesinado a Víctor Hugo Ruiz León. El 10 de octubre de 1991, la editora de “Cambio”, Melissa Alfaro Méndez, abrió un sobre que en realidad estaba a nombre de su jefe y murió en el acto.
ONG Responsable: APRODEH
From March to October 1991, Captain Victor Penas Sandoval used “sobres bomba,” which were bombs that were hidden and concealed in evelopes that would explode when opened in order to assassinate political leaders, journalists, and other human rights advocates. The “sobres bomba” was a secret operation authorized by the SIE. On March 15, 1991, Augusto Alejandro Zúñiga Paz, a human rights defender, was the first victim. Zúñiga Paz managed to throw the envelope was it was exploding, but he lost his left arm in the process. On June 21, 1991, Captain Victor Penas attempted to assassinate the editor of the magainze “Cambio,” but he sent the envelope to the wrong address and ended up murdering Víctor Hugo Ruiz León. On October 10, 1991, the editor of the magazine “Cambio,” Melissa Alfaro Méndez, opened an envelope that was intended for her boss, and died instantly.
On May 5, 1985, in the district of Sancos, members of the Armed Forces arrested Marcelino Eusebio Huamán Núñez and took him to the local military base, where he was tortured. Five days later, his wife went to the military base and was told that Eusebio Huamán had been transferred to Ayacucho. She continued to search for her husband and one week after his arrest she managed to locate his corpse near the village. A solider confirmed that the death of Eusebio Huamán had occurred at the hands of the military.
Source(s):1 (Pg. 314)
El 5 de mayo de 1985, en el distrito de Sancos, integrantes de las Fuerzas Armadas de la base del lugar detuvieron a Marcelino Eusebio Huamán Núñez y lo llevaron a ese destacamento, donde lo torturaron y lo golpearon. Cinco días después, su esposa fue a la base y le dijeron que Eusebio Huamán había sido trasladado a Ayacucho. Ella continuó a buscar a su esposo, y logro ubicar su cadáver cerca del pueblo una semana después de su detención. Un soldado confirmo la muerte de Eusebio Huamán en manos de los militares.
Fuente(s):1 (pg. 314)
ONG Responsable: COMISEDH
The basements of the SIE, also known as the “Pentagonito,” were used as a clandestine detention center for punishment, torture, and executions during the government of Alberto Fujimori. Among the victims were two students from the Technical University of Callo, Javier Roca and Kenneth Anzualdo, who were disappeared in 1993, and former teacher Justiniano Najarro Rúa. These cases were discovered because of the book “Muerte en el Pentagonito” ( Death at the Pentagonito,) by Ricardo Uceda. The book is based on the testimony of former Colina group agent, Jesús Sosa, who explains how the three victims were extrajudicially executed. This case is undergoing investigation. On July 27, 1992, Samuel Edward Dyer was detained and held at the SIE basement, and on April 6, 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen was also detained at the same location. On September 21, 2007, the Supreme Court of Chile granted the extradition of Alberto Fujimori for the cases of Dyer and Gorriti.
Los sótanos del SIE, conocido como “Pentagonito,” fueron usados como un centro de detención clandestina para los castigos, torturas, y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre las víctimas están dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callo, Javier Roca y Kenneth Anzualdo, que fueron desaparecidos en 1993, y el ex docente ayacuchano Justiniano Najarro Rúa. Estos casos fueron descubiertos a partir de la publicación del libro “Muerte en el Pentagonito,” de Ricardo Uceda. El libro es basado en el testimonio del ex agente del Grupo Colina, Jesús Sosa, quien explica como estas tres personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Este caso se encuentra en etapa de instrucción. El 27 de julio de 1992, Samuel Edward Dyer fue detenido en el sótano, y el 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen, también fue detenido. El 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile otorgó la extradición de Alberto Fujimori por los casos de Dyer y Gorriti.
ONG Responsable: APRODEH
On June 12, 1992, Violeta Campos Linares was arrested for unknown reasons, in the village of Las Flores, by Peruvian army troops and then taken to the Tabalosos counterinsurgency base. Her whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 12 de junio de 1992, Violeta Campos Linares fue detenida en el poblado de Las Flores, por efectivos del Ejército Peruano, en circunstancias aún no determinadas y luego fue llevada a la Base Contrasubversiva de Tabalosos. Se desconoce su paradero.
Fuente(s):1
ONG Responsable: Paz y Esperanza
Telesforo Salvatierra and others
On February 20, 1985, members of the security forces entered the home of Telesforo Salvatierra, in San Juan Bautista, arrested him and stole his belongings. His whereabouts are unknown.
Source(s):1 (Pg. 94)
El 20 de febrero de 1985, miembros de las Fuerzas del Orden ingresaron al domicilio de Telesforo Salvatierra, en San Juan Bautista, lo detuvieron, le robaron sus pertenencias y lo desaparecieron.
Fuente(s):1 (pg. 94)
ONG Responsable: ANFASEP
On August 9, 1986, Teodoro Pillaca Tinco was detained in Incanacall, Cangallo and taken to the military base of that locality. He was reportedly held until August 14, but his detencion was denied. Pillaca Tinco has since been missing, and his detention was reported to the senior prosecutor of Ayacucho.
Source(s):1
El 9 de agosto de 1986, Teodoro Pillaca Tinco fue detenido en Incanacall, Cangallo y llevado a la base militar de ese lugar. El fue reportado como aprehendido hasta el 14 de agosto, pero su detención fue negada. Pillaca Tinco no ha reaparecido, y su detención fue denunciada al Fiscal Superior Decano de Ayacucho.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On August 23, 1986, Teófilo Carrión Jaulis was detained by armed forces from his home in Acuchimay, Huamanga, Ayacucho. His whereabouts are unknown.
Source(s):1
El 23 de agosto de 1986, Teófilo Carrión Jaulis fue detenido por fuerzas combinadas de su domicilio ubicado en Acuchimay, Huamanga, Ayacucho. Se encuentra en condición de desaparecido.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On January 26, 1988, Tecero Lava Ramírez was arrested by members of the Peruvian Army in Sisa, lamas, in the department of San Martín. On January 17, 1988, Julio and Oscar Saboya Pisco were arrested in Alao, Lamas. On January 27, 1988, members of the Peruvian Army arrested Marcelino de La Cruz Manayay in San Martín, Hilario Puelles Trolles and Julio Campesino Sangama in Carachamayo, Lamas. The whereabouts of the victims are unknown.
Source(s):1
El 26 de enero de 1988, Tecero Lava Ramírez fue detenido por miembros del Ejército Peruano en Sisa, Lamas, en el departamento de San Martín. El 17 de enero de 1988, Julio y Oscar Saboya Pisco fueron detenidos en Alao, Lamas. El 27 de enero de 1988, miembros del Ejército Peruano detuvieron a Marcelino de La Cruz Manayay en San Martín, Hilario Puelles Trolles, y Julio Campesino Sangama en Carachamayo, Lamas. Las víctimas se encuetran desaparecidas.
Fuente(s):1
ONG Responsable: Paz y Esperanza
On May 21, 1983, a group of soldiers from the military base of Tots, arrived at the plaza of Quispillaccta in the district of Chuschi, and gathered the villagers and based on a list they arrested Aurelio Mendieta and Toribio Galindo Casavilca. They were taken to the police station in Chuschi, and Aurelio Mendieta managed to escape. The soldiers proceeded to arrest Lito Flores and Guillermo Espinoza, and along with Toribio Galindo Casavilca, they were taken to Catalimayoc. After two days, they were transferred to the Totos military base, where they were subjected to torture. On June 24, 1983, soldiers tied Toribio Galindo to a horse and took him to his hometown of Pupus, after ridiculing him for two hours; they brought him back to Totos. That same day the soldiers dragged him with a horse, killing him. His body was never found. Lito Flores was also never found.
Source(s):1 (Pg. 238)
El 21 de mayo de 1983, un grupo de militares de la base de Totos, llegaron a la plaza de Quispillaccta, distrito de Chuschi, y reunieron a los comuneros y en base a una lista se llevaron a Aurelio Mendieta y a Toribio Galindo Casavilca al puesto policial de Chuschi. Aurelio Mendieta huyó, luego los militares detuvieron a Lito Flores y Guillermo Espinoza y junto a Toribio Galindo Casavilca los llevaron a Catalimayoc. Después de dos días fueron trasladados a la base de Totos y sometidos a torturas. El 24 de junio de 1983, los militares llevaron a Toribio Galindo a su pueblo de Pupus, montado en un caballo y después de burlarse de el por dos horas, se lo llevaron nuevamente a Totos. Ese mismo día los militares lo mataron arrastrándolo del caballo. Su cuerpo nunca fue hallado. Lito Flores también se encuentra desaparecido.
Fuente(s):1 (pg. 238)
ONG Responsable: Paz y Esperanza
The University of the Center became the scene of fierce fighting between the insurgent groups and military forces. The Shining Path killed 43 people, and in response military forces began to carry out arrests, torture, executions, and disappearances of at least 74 people. Three cases were accumulated with unidentified victims, and this case is in the preliminary stage. On June 8, 2008, the case for two identified victims went to the National Criminal Court for the start of the trial. On June 8, 2010, Manuel Jesús Delgado Rojas (unanimously) and Elías Fernando Espinosa Del Valle (majority vote) were acquitted. The prosecution appealed the sentence.
La Universidad del Centro fue escenario de la cruenta lucha entre los grupos subversivos El PCP-Sl y el Movimiento Revolucionario “Túpac Amaru”, contra las fuerzas del orden. El PCP-Sl asesinó a 43 personas, y como respuesta, miembros de las fuerzas del orden llevaron a cabo detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de por lo menos 74 personas. Se acumularon 3 casos con víctimas no identificadas. Este proceso se encuentra en etapa de instrucción. El 8 de junio de 2008, el caso de dos víctimas identificadas pasó a la Sala Penal Nacional para el inicio del juicio oral. El 8 de junio de 2010 se dictó sentencia absolviendo a Manuel Jesús Delgado Rojas (por unanimidad) y Elías Fernando Espinosa Del Valle (por mayoría). El Ministerio Público apeló la sentencia.
ONG Responsable: IDL
Víctor Tineo Sandoval and others
On July 15, 1984, Eulogio Bohorquez Tineo was detained at his home in the Santa Rosa Annez, Ayna district, La Mar province, by soldiers of the Marine Infantry, and taken to the Santa Rosa military base. On January 30, 1985, soldiers of the Marine Infantry detained Ivan Roberto Tineo Rodríguez, and took him to the La Mar military base, and he was later disappeared.On February 20, 1985, Elías Bohorquez Tineo Sandoval was detained in the Paccha Annex, La Mar province, by soldiers of the Marine Infantry and taken to the San Miguel de la Mar military base. The victim’s wife and son both reported the disappearance to the Superior Prosecutor of Ayacucho. On May 16, 1985, Víctor Tineo Sandoval and his wife, Guillermina Quispe de Tineo were detained at the request of the Pataccocha civil defense members and taken to the Santa Rosa Marine Infantry base in the La Mar province. Since that date, the detainees remain disappeared.
El 15 de julio de 1984, Eulogio Bohorquez Tineo, fue detenido en su domicilio en el Anexo de Santa Rosa, distrito de Ayna, Provincia de La Mar, por efectivos de la Infantería de Marina y llevado a la base militar Santa Rosa. El 30 de enero de 1985, efectivos militares de la Infantería de Marina llevaron a Iván Roberto Tineo Rodríguez al base militar de La Mar y luego fue desaparecido. El 20 de febrero de 1985, Elías Bohorques Tineo Sandoval fue detenido en el Anexo de Paccha, provincia La Mar por miembros de la Infantería de Marina y fue llevado al cuartel de San Miguel de la Mar. Su esposa y su hijo denunciaron su desaparición ante la Fiscalía Superior Decana de Ayacucho. El 16 de mayo de 1985, Víctor Tineo Sandoval y su esposa Guillermina Quispe de Tineo, fueron detenidos por miembros de la Defensa Civil de Pataccocha y trasladados a la base de la Infantería de Marina en Santa Rosa, provincia La Mar. Desde esa fecha los detenidos se encuentran desaparecidos.
ONG Responsable: APRODEH
Between June 5 and 7, 1984, 15 farmers from Vinchos, in the district of Ayacucho, were arrested and killed in a military operation because they were believed to be members of the Shining Path. During the preliminary investigation, the remains of the victims were found in a mass grave as well as in three individual graves. On December 10, 2010, the investigation was extended by 90 days.
Source(s):1
Entre el 5 y 7 de junio de 1984, 15 campesinos de Vinchos en el distrito de Ayacucho, fueron detenidos y asesinados en un operativo militar. Los campesinos estaban bajo la sospecha de ser miembros de Sendero Luminoso. Durante la investigación preliminar se encontraron los restos de la víctimas en una fosa colectiva y en tres fosas individuales. El 10 de diciembre de 2010 la investigación fue ampliada por 90 días.
Fuente(s):1
ONG Responsable: COMISEDH
Violacion Sexual Base Militar de Totos
Members of the Military base at Totos used sexual violation as means to achieve the cooperation of the population as well as to seize their assets. Women who came to the base looking for their relatives were detained, tortured, and raped. Afterwards, the women were released.
Source(s):1
Violacion Sexual Base Militar de Totos
La violencia sexual fue utilizada por miembros de la Base Militar de Totos como un medio de presión para lograr la colaboración de la población y para apropiarse de sus bienes. Mujeres que llegaban a la Base de Totos, buscando a sus familiares eran retenidas, torturadas, y violadas sexualmente. Luego, las mujeres eran puestas en libertad.
Fuente(s):1
ONG Responsable: CEAS
On November 1, 1983, members of the armed forces arrested Vladimir Urbay while he was traveling to Huanta from Macachacra, in the distrct of Iguain. Urbay and the other people in the vehicle were accused of belonging to the PCP-SL, and tortured while being trasnfered to the town of Villa Florida. The body of Vladimir Urbay was found five days later in the Las Vegas sector. A hole in the skull indicated that he had been killed from a shot in the head.
Source(s):1 (Pg. 360)
El 1 de noviembre de 1983, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a Vladimir Urbay cuando viajaba de regreso a Huanta desde Macachacra, en el distrito de Iguain. Urbay y otras personas fueron acusados de pertenecer al PCP-SL, y los torturaron mientras eran trasladados al pueblo de Villa Florida. El cuerpo de Vladimir Urbay fue encontrado cinco días después en el sector Las Vegas. Una perforación en el cráneo indicaba que había sido asesinado de un disparo en la cabeza.
Fuente(s):1 (pg. 360)
ONG Responsable: ADERH
On February 13, 1987, Walter Castillo Cisneros was disappeared by members of the military, following his arrest on the premises of the Molina Transportation Agency, in the city of Ayacucho. Military officials have denied the detention of Castillo Cisneros. The Sala Penal Nacional determined to not proceed with the trial.
Source(s):1
El 13 de febrero de 1987, Walter Castillo Cisneros fue desaparecido por miembros del ejército después de ser detenido en el local de la Agencia de Transportes Molina, en la ciudad de Ayacucho. La detención de Castillo Cisneros ha sido negada por autoridades militares. La Sala Penal Nacional determinó que no había mérito para pasar el caso a juicio oral.
Fuente(s): 1
ONG Responsable: APRODEH
On September 20, 1989, members of the Peruvian Army detained Walter Wilfredo Valer Munaylla, 20 years of age, when he went to the “Los Cabitos” barracks to obtain a document related to his military service. On October 7, 1989, his corpse was found at the door of his workplace in the Magdalena neighborhood, with signs of torture. On October 11, 1989, his sister, Marlene Rita Valer, 14 years of age, was detained by members of the Peruvian Army at the Calle Ramón Castilla in the city of Huamanga. The detention was witnessed by an eight-year-old-student.
Source(s):1
El 20 de septiembre de 1989, Walter Wilfredo Valer Munaylla, de 20 años de edad, fue detenido por miembros del Ejército peruano, cuando fue al Cuartel Los Cabitos para obtener un documento relacionado con su servicio militar. El 7 de octubre de 1989, su cadáver fue encontrado en la puerta de su lugar de trabajo en el barrio de la Magdalena, con signos de tortura. El 11 de octubre de 1989, su hermana, Marlene Rita Valer, de 14 años de edad, fue detenida por miembros del Ejército peruano en la Calle Ramón Castilla en la ciudad de Huamanga. Un alumno de ocho años de edad fue testigo de la detención.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
On May 26, 1983, in the community of Tuco, a military patrol under the orders of Captain “Jackal” and Lieutenant “Hyena” entered the home of Alejandro Pactaype Galindo and arrested him along with Nemesio Núñez Galindo and Cirllo Nuñez Conde. Leonardo Conde Bellido and his son Pablo Conde Huamaní attempted to intervene and were also arrested. The detainees were taken to the Totos military base. On June 14, 1983, soldiers under the orders of Lieutenant “Hyena” detained and tortured Toribio Galindo Casavilca in Quispillaccta. On June 24, Galindo Casavilca was tied to a horse and dragged through the community of Tuco, and then to Wiksumachay, where he was buried.
El 26 de mayo de 1983 en la comunidad de Tuco una patrulla al mando del Capitán Chacal y el Teniente Hiena, ingresaron a la casa de Alejandro Pactaype Galindo y lo detuvieron junto a Nemesio Núñez Galindo y Cirllo Nuñez Conde. Leonardo Conde Bellido y su hijo Pablo Conde Huamaní al intervenir también fueron detenidos. Los detenidos fueron llevados a la base militar de Totos. El 14 de junio de 1983, soldados de Totos al mando del Teniente Hiena detuvieron y torturaron a Toribio Galindo Casavilca en Quispillaccta. El 24 de junio arrastraron a Galindo Casavilca con un caballo hasta la comunidad de Tuco, luego a Wiksumachay, donde lo enterraron. El caso se encuentra en la etapa de la investigación en la Segunda Fiscalía Penal Supra provincial de Ayacucho.
ONG Responsable: COMISEDH, Paz y Esperanza
On December 21, 1989, at 1 a.m., six armed individuals broke into the home of William León Laurente. The intruders searched the house and seized the sum of 1,3500,000.oo Intis in cash as well as a Photostat copy of a voter’s registration card. William León Laurente was tied and his head covered with cloth, after which he was taken to the Castropampa military barracks, in the city of Huanta. His father, mother, and brother bore witness to these acts as they were also in the house at the time. The family of the victim approached local and national authorities numerous times in an attempt to obtain his release, but despite this William León Laurente never reappeared.
El 21 de diciembre de 1989, a la 1:00 a.m., seis sujetos armados irrumpieron en la casa de William León Laurente. Los individuos revisaron la casa y se apoderaron de 1.350.000.oo Intis en efectivo y también de una copia fotostática de una libreta electoral. William León Laurente fue atado y su cabeza fue cubierta con un trapo, y fue llevado al Cuartel Militar de Castropampa, de la ciudad de Huanta. El padre, madre, y hermano de William León Laurente fueron testigos de los hechos, porque estaban en la casa cuando se lo llevaron. Los familiares de la víctima efectuaron numerosas gestiones ante autoridades locales y nacionales para tratar de obtener su libertad, pero William León Laurente nunca apareció.
ONG Responsable: APRODEH
On June 24, 1989, 20 members of the Armed Forces from the military bases of Pampas, Tayacaja, and Huancavelica, entered Coris Pampa, in the district of Ayahuanco. The soldiers gathered the population and locked the women in the church, separate from the men. The next day, they took about 30 of the men that they had arrested to Huarcatán and forced them into a hole. The men were executed with guns and buried at the same location. Five days later, the families of the victims went to Huarcatán to dig up the corpses.
Source(s):1 (Pg. 489-490)
El 24 de junio de 1989, 20 miembros de las Fuerzas Armadas de la Base Militar de Pampas-Tayacaja-Huancavelica, incursionaron en Pampa Coris, distrito de Ayahuanco. Los soldados reunieron a la población y encerraron a las mujeres en la iglesia y a los hombres en el local comunal. Al día siguiente se llevaron a unos 30 varones detenidos a Huarcatán y les obligaron a entrar en un hueco. Allí los ejecutaron con armas de fuego y los enterraron. Cinco días después, los familiares de las víctimas fueron a Huarcatán a desenterrar los cadáveres.
Fuente(s):1 (pg. 498-490)
ONG Responsable: APRODEH
On August 9, 1994, Zulema Tarazona Arriate, Norma Teresa Pérez Chávez and Luis Alberto Bejarano Laura were returning to their respective homes located in Cosica aboard a public transportation vehicle. At approximately 8:30pm, the vehicle stopped for passengers to get off at the “La Esperanza” stop. The vehicle continued on its way, and it was then that two soldiers from the Peruvian Army attempted to stop the vehicle. The driver was unaware of this and continued on the route, so the solider Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, Sergeant Second Class, shot directly at the vehicle, which instantly killed Zulema Tarazona and Norma Teresa Pérez Chávez, while Luis Alberto Bejarano Laura was injured. The soldiers then fled the scene. In 2008, those implicated in the case were convicted.
Source(s):1
El 9 de agosto de 1994, Zulema Tarazona Arriate, Norma Teresa Pérez Chávez y Luis Alberto Bejarano Laura estaban regresando a sus hogares respectivos en Cosica a bordo de un vehículo de transporte público. Aproximadamente a las 8:30 pm, el vehículo se detuvo para que se bajaran pasajeros en la parada “La Esperanza”. El vehículo continuó en su camino, y dos soldados del Ejército peruano trataron de detener el vehículo. El conductor no se dio cuenta y continúo en la ruta. El soldado Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, disparó directamente al vehículo, matando a Zulema Tarazona y Norma Teresa Pérez Chávez. Luis Alberto Bejarano Laura quedo herido y los soldados huyeron. En 2008, los implicados en el caso fueron condenados.
Fuente(s):1
ONG Responsable: APRODEH
Por Jo-Marie Burt
En términos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que involucren a agentes del Estado, la base de datos confirma que entre 2005 y 2010 han habido 25 sentencias. (1)
Si analizamos las sentencias emitidas a nivel nacional por casos de derechos humanos, podemos apreciar que hay un alto número de absueltos (85) en relación a los imputados que son encontrados culpables (58). Hay además un elevado número de reos ausentes (11). Si analizamos solamente a las sentencias de la Sala Penal Nacional —entidad creada después de la emisión del Informe Final de la CVR especialmente para ver casos de violaciones a los derechos humanos— podemos identificar tendencias preocupantes. (2)
Desde que la Sala Penal Nacional va emitiendo sentencias en casos de violaciones de derechos humanos, en 2005, encontramos que de un total de 19 sentencias por casos de violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, la Sala condenó por lo menos un agente del Estado en 9 casos, mientras en 10 casos, todos los imputados han sido absueltos. En términos de los procesados, de un total de 89 imputados, la Sala Penal Nacional ha encontrado a sólo 16 culpables y 66 han sido absueltos (7 son reos ausentes). Si estudiamos con mayor detenimiento las tendencias, encontramos que durante 2005 y 2007, la Sala Penal Nacional encontró culpable a 10 agentes del Estado, mientras durante 2008 y 2010, sólo han encontrado culpable a 6. A cambio, durante 2005 y 2007 la Sala absolvió a 24 agentes del Estado, mientras absolvió a 42 durante 2008 y 2010. La tendencia está clara: entre 2008 y 2010, la Sala ha absuelto siete veces más personas que ha condenado. (3)
Si incorporáramos las sentencias de otras salas (incluyendo las salas que condenaron a Fujimori y a miembros del Grupo Colina), la tendencia varía un poco, pero igual sigue siendo favorable a la absolución: De 2005 a 2010, el Poder Judicial ha emitido 25 sentencias por casos de violación a los derechos humanos, en las cuales se ha condenado un total de 48 agentes del Estado, mientras 85 han sido absueltos.(4) Entre 2008 a 2010, se ha condenado a 38 (19 de ellos del Grupo Colina y uno de ellos Fujimori) y absuelto a 61. Si bien la proporción cambia (en gran parte por a la sentencia de Barrios Altos), la tendencia sigue siendo muy favorable a la absolución de los agentes del Estado acusados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
(1) Un caso involucra a miembros de comités de autodefensa civil (Delta Pichanaki) que si bien estuiveron bajo el control legal de las fuerzas armadas no son agentes del Estado propiamente dicho. (^^^)
(2) La Sala Penal Nacional fue creado como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para procesar casos de violaciones a los derechos humanos.
En los últimos años, se ha ido ampliando el mandato de la Sala para incluir otros delitos, incluyendo el lavado de dinero, narcotrafico, secuestro, y libertad de expresión, lo cual ha ido diluyendo su especialización en derechos humanos. (^^^)
(3) Datos provienen de la investigación llevada acabo por el Proyecto Juicios por Derechos Humanos en el Perú, dirigida por la autora. Las fuentes de los datos son diversas, e incluyen fallos judiciales, operadores judiciales, abogados de derechos humanos, y prensa. (^^^)
(4) No incluimos los 10 campesinos pertenecientes a los comités de autodefensa civil condenados en el caso Delta Pichanaki. (^^^)
Enlace a las estadísticas sobre los juicios de derechos humanos.
By Jo-Marie Burt
In a recent article published in E-Misférica by the Hemispheric Institute of Performance and Politics the author describes the long struggle for justice by victim families who have been waiting to see the perpetrators of human rights violations stand trial.
“Waiting for justice.” The four defendants and relatives of the victims await the judges
© Emilio SalcedoOn a warm spring afternoon in Lima this past November, several people stood vigil outside the National Criminal Court in the hours before the verdict in the Parcco-Pomatambo case was to be handed down.1 At the center of the vigil was an old-fashioned scale, adorned in pink roses, with candles lit all around. Several women sat nearby, all wearing the photographs of their relatives —the victims in the Parcco-Pomatambo case— around their necks. A small sign on the ground read: “The relatives of Parcco-Pomatambo are waiting for a just verdict.”
They have been waiting 24 years.
In 1986, an army patrol on a counterinsurgency mission executed twelve members of the neighboring communities of Parcco and Pomatambo, high in the Andean mountains of Ayacucho, the epicenter of the conflict between Shining Path insurgents and the Peruvian state. According to the Peruvian Truth and Reconciliation Commission (CVR), after the massacre, the commanding officer flew by helicopter to the scene and ordered the soldiers to destroy the evidence. The bodies were dismembered, burned, and thrown into a ravine. The soldiers did not do this undercover, but in full view of several eyewitnesses. After an investigation by journalist Gustavo Gorriti and photographer Oscar Mendrano, the army admitted to the killings in a communiqué, but claimed the victims were all members of Shining Path. Among the dead were an elderly couple in their 80s and two children, ages six and twelve.
Among the relatives of the victims present at the vigil was Irene Ramírez Buitrón, who lost her elderly parents, a brother, and her niece and nephew. I first heard her speak publicly about the massacre at an event she and the relatives’ association organized last August in anticipation of the verdict. She spoke assuredly, the fear she felt over the years muted by her faith that justice was at last going to be done. She described the massacre and its aftermath, how the case had been closed by an unresponsive, perhaps complicit judicial system, how she and the other relatives spent many years feeling hopeless and isolated. The creation of the CVR in 2001, she said, had restored their hope that truth and justice might prevail, and indeed, the CVR included the Parcco-Pomatambo case as one of the 48 “emblematic” cases it recommended to be prosecuted by legal authorities. Following the presentations, members of the relatives association performed a traditional dance and staged a sort of morality play imploring their fellow citizens to empathize with their search for justice. Closing the event, six young children wearing white ponchos paraded across the stage carrying small signs. The signs read:
!Never Again
Children Orphaned
Parents Murdered!
They were the grandchildren of the victims of the Parcco-Pomatambo massacre.
Justice in the balance. A vigil before the final verdict
© Kristel Best UrdayThe calm of the candlelit vigil was interrupted when a group of army veterans, including some in wheelchairs, arrived on the scene. Just a few feet away from where the vigil was taking place, they unfurled a banner with images of several national heroes, foregrounded by the words “God” and “Country.” The banner read:
Heroes who defended the nation.
The ‘General Juan Velasco Alvarado’ Housing Association of Disabled Members of the Armed Forces of Peru demand: respect for handicapped personnel who fought for peace, democracy and the highest interests of Peru.
Kristel Best Urday, a Peruvian masters degree student at Universidad de la Plata in Argentina who is writing her thesis about the Parcco-Pomatambo case, noted that the veterans organization present at the vigil had not assisted any of the courtroom hearings that had taken place over the previous year. Yet at the vigil, their attitude was intimidating, and the intended effect was achieved. “The family members felt threatened by their presence,” Best Urday said, “but they remained calm and did not engage or respond to them in any way.” One of my colleagues, who was photographing the event, says one of the veterans approached him and a colleague. “So,” he said, with an air of disregard, “these are the family members of the terrorists.”
The hearing was scheduled to begin at 4:00 p.m. Eventually everyone made their way into the waiting room. There were more than one hundred people, a mix of relatives of the victims, human rights activists, relatives of the defendants, and the veterans, all anxious to ensure they were admitted. The courtroom guards warned that only 45 seats were available and no one would be allowed to stand. This generated a great deal of anxiety, compounded by the rarified ambiance generated by the hostile attitude of the veterans, who insisted that the handicapped veterans should be allowed to enter the gallery first otherwise it would amount to discrimination against the handicapped. The lawyer for the victims intervened, entreating the courtroom guard to allow the relatives of the victims, along with the elderly, to enter first. In the end, extra chairs were brought in, people were allowed to stand in the back of the room, and the relatives and elderly were escorted in first. Still, the tension in the room was palpable, even more so as family members of the victims came face to face with the family members of the four military officers on trial for the murder of their loved ones.
I have observed similar scenarios at other trials in Peru. The week before, I had attended the opening hearing for the Accomarca case—a case involving the massacre of 69 peasants by an army patrol in 1985. Several retired military commandos showed up to observe the trial, dressed in black and wearing the black berets that identify them as special forces members. Also present were retired generals dressed in business suits who were there to display their solidarity with other generals on trial in this case. Similarly, at the trial for the Barrios Altos massacre, in which 32 ex-army officers and personnel were being prosecuted for their involvement in the Colina Group death squad, retired generals would appear in the public gallery especially when the hearing pertained to other retired generals; soldiers of lesser rank did not usually merit the same attention and solidarity.
Since the first sentence was handed down by the National Criminal Court against a member of the Peruvian armed forces for human rights violations in 2007, there has been growing unrest within the Peruvian armed forces.2 State prosecutors and judges report having received “visits” expressing the military’s concerns over trials.3 An executive decree amounting to a “full stop”-style amnesty law was passed in September, but it was ultimately revoked due to intense domestic and international pressure. Then there are the public declarations of defense ministers, army generals, the vice president, and even on occasion President Alan García, accusing human rights organizations who represent the victims in these cases of “persecuting” the armed forces who “saved” Peru from terrorism. In December 2010, Vice-President (and retired navy admiral) Luis Giampetri accused two leading human rights groups of being front groups for terrorism. Not coincidentally, these groups represent the victims in the Frontón prison massacre, for which Giampetri could potentially be indicted in the not-too-near future. Some say this could also be the fate of Alan García once he steps down as president on 28 July 2011.
Lighting the way for justice. Irene Ramírez Buitrón, right © Kristel Best Urday
Lighting the way for justice. Irene Ramírez Buitrón, right
© Kristel Best UrdayThe judges entered the courtroom at around 5:00 p.m. The verdict was read aloud in a courtroom filled to capacity, many of us standing uncomfortably in the back of the room. The verdict was difficult to follow but by the end everyone in the room understood that the Court had acquitted all four defendants in the room. The Court urged the Public Ministry to redouble its efforts to locate the two defendants who remained at large, including Jesús Retamal Guerra, the commander of the patrol that committed the massacre, who is reportedly living in the United States. This did not allay the indignation felt by the relatives in the room. “Sure,” I heard one man mutter under his breath, “they want us to believe that they killed themselves.”
The judges noted it had been proven that the twelve victims had not been killed as the result of a confrontation, as the army had originally claimed. But they hastened to add that the killings were the “product of an excess” on the part of the armed forces. Yet the CVR specifically states that the armed forces engaged in systematic violations of human rights in certain times and in certain places. Ayacucho in 1986? Pretty safe to say that was one of those places and times.4
The Court urged the Public Ministry to identify the members of the army patrol who were the material authors of the massacre. They did not address the fact that the Defense Ministry has systematically denied providing such information in other criminal proceedings. They did not seem to consider relevant the question of command responsibility, which has proven central in many international courts to holding accountable not just the material authors of human rights crimes but also those who order them or who fail to use their power to prevent them. The verdict in the Parcco-Pomatambo case is, unfortunately, just one in a series that have been questioned by human rights activists and lawyers. An analysis of sentencing patterns of the National Criminal Court in recent years reveals a remarkable trend in favor of acquitting defendants.5
God and Country © Erick Ramos
God and Country © Erick RamosThe CVR opened political space in a way that was unimaginable in Peru a decade ago. Relatives’ associations have become especially active, demanding justice and reparations and organizing vigils and other events to evoke the memory of their missing loved ones. But as the Parcco-Pomatambo case shows, the central goals of truth, justice, and reparations remain an unfulfilled promise in post-CVR Peru. The relatives in the Parcco-Pomatambo case say they will appeal the ruling. Their thirst for justice remains strong, unquenched.
They are still waiting.
Jo-Marie Burt is Associate Professor of Political Science at George Mason University and Senior Fellow at the Washington Office on Latin America (WOLA). She is currently researching efforts to prosecute human rights violations committed in the context of Peru’s internal armed conflict, and is writing a book on the trial and conviction of former president Alberto Fujimori for human rights violations. She is author of Silencing Civil Society: Political Violence and the Authoritarian State in Peru (2007), which was published in Spanish as Violencia y Autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (2009), and is co-editor of Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform (2004).
1 The National Criminal Court is a specialized tribunal established in 2005 upon recommendation of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to prosecute cases of human rights violations. In recent years its mandate has expanded to include other types of crimes, including drug trafficking, organized crime, money laundering, and kidnapping, thus diffusing the specialized focus of the Court. (^^^)
2 The first sentence handed down in the aftermath of the Truth and Reconciliation process was in 2006 in the case of the disappearance of university student Ernesto Castillo Páez, but the defendants were members of the National Police. (^^^)
3 Interviews conducted in Lima and Ayacucho by the author. (^^^)
4 As stated by the CVR in its report on Parcco-Pomatambo: “The Truth and Reconciliation Commission concludes that the human rights violations described above were carried out by an organized power apparatus structured on the military organization of the command post of Cangallo. In other words, a counter-subversive strategy was implemented that violated the law.” Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2.23, “Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986),” (2003), 254. (^^^)
5 Since 2008, the National Criminal Court has ruled in twelve cases of human rights violations committed during Peru’s internal conflict. In only four cases the Court has found at least one defendant guilty. In total, in the past three years, only six state agents have been convicted by the National Criminal Court, while 42 have been acquitted. While more state agents were acquitted than convicted in the 2005-2007 period (10 convicted, 24 acquitted), the ratio since 2008 favoring acquittal has increased exponentially. Data on file with the author as part of research project on criminal trials for human rights violations during Peru’s internal armed conflict. See also Jo-Marie Burt, “La justicia denegada, una vez más,” NoticiasSER, December 1 2010. (^^^)
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Enlace original
A Just the Facts podcast on Peruvian society dealing with past mass atrocities featuring an interview with Latin America scholar and Peru expert, Jo-Marie Burt. [More]