Por Jo-Marie Burt y Kristel Best Urday*
Las calles alrededor del penal Castro Castro, ubicado en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho en las afueras de Lima, son de tierra y polvo. Ni la lejanía ni la aridez merman la voluntad de los familiares del caso Accomarca. Ahí están, durante todas las audiencias del juicio, en el cual se juzgan a 29 militares por la masacre de 69 campesinos, cometida el 14 de agosto de 1985. En la entrada del penal, están parados los familiares, desplegando carteles en donde figuran todos los nombres de las víctimas, así como sus exigencias de verdad y justicia, postergadas desde hace 26 años.
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El juicio, iniciado en noviembre de 2010, no ha llamado tanto la atención de los medios de comunicación, pero en las últimas semanas ha estado en primera plana por las declaraciones de Telmo Hurtado, ex oficial del Ejército considerado como el principal responsable material de la masacre, que ha reconocido su participación en el operativo militar que dio muerte a 69 campesinos, entre ellos más de 20 menores de edad.
La declaración de responsabilidad de Hurtado no es novedad. Hace años, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso, la admitió. Su caso fue trasladado al fuero militar, donde fue sancionado a 6 años, no por homicidio sino por el delito de ‘abuso de autoridad’. A pesar de la condena, Hurtado no cumplió los 6 años, además fue ascendido e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la Ley de Amnistía, y permaneció en servicio activo del Ejército. En 2001, luego de la anulación de esta ley por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hurtado huyó a Estados Unidos. El 2007 fue detenido, y luego de varios años, fue extraditado al Perú e incorporado al juicio ya en curso el 22 de julio de 2011.
Lo que es nuevo en su testimonio fue que reconociera el papel de sus superiores tanto, en el diseño del Plan Huanccayoc, como en la transmisión de las órdenes del operativo militar; así como el reconocimiento de las órdenes que habría recibido de sus superiores para encubrir los hechos. De este modo, el testimonio de Hurtado cuestiona no sólo el argumento de los altos mandos militares imputados en esta causa, sino también el argumento de la institución militar sobre la lucha contrasubversiva en general, que dice que no hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sino tan sólo ‘excesos’ cometidos por algunos ‘malos elementos’ de las Fuerzas Armadas. Según esta argumentación, la responsabilidad de los abusos cometidos no caería sobre los altos mandos sino sobre los soldados y oficiales de rango menor que actuaron en las zonas de emergencia.
Habla el “Carnicero de los Andes”
Mientras daba su testimonio, Hurtado mantuvo una postura firme y habló mirando de frente. No dialogó con ninguno de los otros acusados que estaban a sus espaldas. Se limitó a describir las órdenes y sus ejecuciones en términos castrenses “bajas”, “eliminación”, “limpieza”, detallando fechas, horarios y nombres. No hizo apreciaciones subjetivas, morales ni humanitarias.
Tras el vidrio, el público, conformado en su mayoría por los familiares, podía observar a los acusados de espaldas. Algunos tomaban nota mientras escuchaban las declaraciones, otros se encorvaban irremediablemente, otros murmuraban.
El fiscal Luis Landa inició su interrogatorio con la pregunta sobre su estado de salud mental hace 27 años y en la actualidad. El General José Cabrejos Samamé afirma en su libro La verdad sobre Accomarca que Hurtado habría sufrido de “psicosis de guerra” y que, por ello, torturó y asesinó con saña a los pobladores. Ésta, vale anotar, también es la tesis principal de los abogados defensores de los altos mandos militares imputados en esta causa, entre ellos el Gral. Wilfredo Mori Orzo (uno de los miembros del Estado Mayor en aquel momento) y el Gral. José Daniel Williams Zapata (en ese momento Mayor de Infantería y Jefe de la Campaña Lince y, en 2005, Jefe del Comando Conjunto).
En una de las audiencias iniciales, el abogado de esos militares, César Nakasaki —conocido por defender, y perder, las causas por violación de derechos humanos y corrupción del ex presidente Fujimori— sostuvo precisamente esta tesis. Sus defendidos, advirtió, no sabían nada ni tenían responsabilidad. Sostuvo que Hurtado habría enloquecido luego de tanto tiempo en las zonas de emergencia, por lo tanto la masacre sería producto de un “exceso” individual y no de un plan enmarcado en la lucha contrasubversiva.
En aquel momento Hurtado estaba en Miami esperando la extradición. Tal vez imaginaron que no sería extraditado. O que llegaría después de este juicio. Pero ahora, se encuentra en el mismo banquillo de los acusados.
Al contrario de la tesis de Cabrejos y Nakasaki, Hurtado declaró que no sufría de “locura” ni en aquel momento ni en el presente. Ante dicha teoría, respondió claramente que a un oficial lo preparan para estas situaciones, para cumplir órdenes, por eso se les denomina “profesionales de la guerra”.
Según Hurtado, el 12 de agosto de 1985 se ideó el Plan Operativo 17, que tenía como finalidad “eliminar” una Escuela Popular en la zona de Accomarca y capturar al “camarada Marco”. El Estado Mayor se reunió con los jefes de patrulla para impartir la orden de eliminar al “personal subversivo” en caso de un enfrentamiento. El 13 de agosto, el “G2” Teniente Coronel de Infantería César Martínez Uribe Restrepo, oficial de Inteligencia, le ordenó a Hurtado que elimine a todo elemento subversivo y que no retorne con ningún capturado. Hurtado explicó que la quebrada de Llocllapampa estaba categorizada como Zona Roja, por lo tanto, todos los habitantes eran considerados indefectiblemente delincuentes terroristas, en consecuencia, todos debían ser “eliminados”. Asimismo, remarcó que la contraorden que dio el “G2” Martínez Uribe no podía comunicarse ni realizarse sin el pleno conocimiento del General Mori, quien era Jefe del Estado Mayor. Enfatizó que el operativo se realizó con el conocimiento del Comando Político Militar, del Poder Ejecutivo y del Estado.
Hurtado admitió y se responsabilizó de la muerte de cinco hombres ejecutados en el camino, del camarada “Genaro” y de aproximadamente 25 personas. De las demás muertes, dijo que otros comandos tenían la responsabilidad.
Encubrimiento de los hechos
Hurtado también declaró sobre este tema. Luego de que las denuncias de la masacre llegaran a Lima, en setiembre de 1985, los altos mandos militares, comandados por el Gral. Mori, ordenaron “limpiar” la zona, es decir, borrar las huellas y asesinar a los testigos de la masacre. El 16 de setiembre, Hurtado, el Comandante Sotero Navarro, un Sub-oficial de comunicaciones y el Mayor Jurídico fueron llevados en helicóptero a la quebrada de Huancayocc. Se dirigieron al lugar caminando, pero antes de llegar, Sotero Navarro se quebró el pie, entonces emprendieron la vuelta hacia Huambalpa. Debido a ello, relató Hurtado, no participó en la “limpieza”. Pero, afirmó, otras patrullas en la zona se encargaron de la operación entre el 13 y 15 de setiembre. Recuerda que a lo lejos se veían fogatas.
Asimismo, señaló que el 17 de setiembre de 1985, el Coronel de Infantería Nelson González Feria lo ordenó a mostrarse como “loco” ante la prensa y frente a la comisión investigadora del Congreso que iba a viajar a la zona.
Con estas declaraciones, Hurtado ha quebrado el plan de encubrimiento que lleva 26 años de existencia. En algún momento reflexionó sobre su confesión: “Las lealtades cambian, las amistades se van,” dijo. Sin embargo, Hurtado no muestra signos de arrepentimiento ni de crítica a la política contrasubversiva. “¿Por qué continuó en el Ejército?”, le preguntó el abogado de Rivera Rondón, otro de los imputados. Hurtado respondió: “Mi único grado y meta era la defensa de la soberanía nacional, la pacificación del país. Amo mi institución, amo mi carrera”. Ante las preguntas “¿Usted sabía que era ilegal asesinar? ¿Sabía si era ilícito matar a personas?” Hurtado dijo que se le preguntara al Estado Mayor que estuvo a cargo.
El contrainterrogatorio de Nakasaki
César Nakasaki, el abogado que se hizo famoso representando a Alberto Fujimori en todos los casos por los cuales fue extraditado de Chile en 2007, defiende a los altos mandos militares en el caso Accomarca, como Wilfredo Mori Orzo, César Martínez Uribe Restrepo, entre otros. En su contrainterrogatorio a Hurtado, apuntó a que éste aceptara que sus declaraciones en 1985 ante la inspectoría de la II División del Ejército, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eran las que valían. En esas declaraciones, Hurtado indicó que nadie del Estado Mayor tuvo responsabilidad en los hechos de Accomarca.
Sin embargo, el militar se mantuvo firme en su posición. Afirmó que estuvo presionado a mentir en aquellas declaraciones y conminado a hacerse el loco y a guardar silencio para proteger a la institución. Cambiando de estrategia, Nakasaki repitió la pregunta que otro abogado defensor, Hugo Robles Castillo, hiciera a Hurtado en una sesión previa: “¿Usted mataría a su padre?” a lo que respondió positivamente. Esta vez, respondió de manera distinta. Dijo que Robles hizo una pregunta extrema para demostrar cómo funcionaba la obediencia debida dentro de la institución militar. Explicó que su familia se había visto muy afectada por su situación y que su padre había muerto en 1988.
En las declaraciones de Hurtado se desentraña toda una estrategia contrasubversiva dirigida desde los altos mandos militares quienes tuvieron pleno conocimiento y control sobre cada operativo. Con sus declaraciones se está corroborando la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, tesis ya establecida por la CVR en su Informe Final. Ahora, se espera que culminen los interrogatorios y de que por fin se haga justicia para los familiares de las 69 víctimas de la masacre de Accomarca.
Nota:
* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, 2009, 2011). Kristel Best Urday es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca (^^^)
Artículo publicado en la revista Retablo. Nro. 46. Junio 2012. Ayacucho. Asociación SER
© DiarioUnoEl caso se remonta al 14 de agosto de 1985, cuando patrullas comandadas por los subtenientes (EP) Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera dieron muerte a 30 niños, 27 mujeres y 12 hombres en el referido distrito ayacuchano.
