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NOTA DE PRENSA: CASO PEDRO HUILCA-SE INICIARON LAS AUDIENCIAS CONTRA VLADIMIRIO MONTESINOS Y EXMIEMBROS DEL GRUPO COLINA

Defensa de jefes del SIN y de la DINTE durante el gobierno de Alberto Fujimori efectuaron cuestionamientos a acusación fiscal del Caso Pedro Huilca. Estas observaciones se basaron en aspectos de fondo que se deben debatir en el Juicio Oral, más no en la audiencia de este lunes 25 de enero que sólo buscaba verificar aspectos formales. Sala Penal Nacional resolverá si solicita al Ministerio Público corregir su acusación o si dispone el inicio del Juicio Oral de este proceso.

COMISEDHCOMISEDHEste lunes 25 de enero se desarrolló la audiencia de Control de Acusación de la denuncia por el asesinato de Pedro Huilca Tecse, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que fue victimado por el Grupo Colina el 18 de diciembre de 1992. Por este crimen han sido acusados Vladimiro Montesinos Torres y exmiembros de este grupo paramilitar.

Como se recuerda, la audiencia de Control de Acusación tiene como objetivo verificar que los aspectos formales de la acusación fiscal estén en regla. Sin embargo, los abogados de los acusados Julio Salazar Monroe –entonces Jefe de Inteligencia Nacional (SIN)– y Juan Rivero Lazo –entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), no la realizaron.

Por ejemplo, ambos letrados se empeñaron en asegurar que sus patrocinados son inocentes y que no hay elementos para acusarlos como autores mediatos del asesinato de Pedro Huilca Tecse. La defensa de Salazar Monroe aseguró que no se han señalado las normas donde se precisan las funciones del SIN, mientras que la defensa de Rivero Lazo se adelantó en asegurar que su patrocinado no era jefe de la DINTE en la fecha del asesinato de Huilca.

El Dr. Hernán Barrenechea, abogado de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, institución a cargo de la defensa de los familiares de Pedro Huilca, absolvió estos cuestionamientos aclarando que lo observado por la defensa de los acusados son “temas de fondo” que se irán resolviendo durante el desarrollo del Juicio Oral “con la actuación de los medios de prueba”.

Los jueces de la Sala Penal Nacional dejaron al voto estos cuestionamientos de los abogados de los exmiembros del Grupo Colina, por lo que resolverán si estos no tienen ningún sustento y programen el inicio del Juicio Oral, o, caso contrario, soliciten al Ministerio Público que corrija su acusación.

LOS HECHOS

Una de las últimas apariciones públicas de Pedro Huilca Tecse fue a inicios de diciembre de 1992 en la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE, donde aprovechó este foro para desaprobar las medidas en materia de derechos de los trabajadores del entonces presidente Alberto Fujimori. Pocos días después, el 18 de diciembre de 1992, fue acribillado frente a la puerta de su casa por miembros del Grupo Colina.

El caso, al no alcanzar su esclarecimiento y sanción en la justicia peruana, llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 3 de marzo de 2005, la Corte de San José reconoció la falta de justicia y el profundo impacto que tuvo el asesinato de Pedro Huilca en el movimiento sindical peruano, por lo que ordenó al Estado peruano investigar estos lamentables sucesos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de esta ejecución extrajudicial.

Lima, 25 de enero del 2016

Publicado por: Comisión de Derechos Humanos- COMISEDH

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HOY: Audiencia del Caso Pedro Huilca a las 8:30 a.m. en la Sala Penal Nacional

Se les comunica que este lunes 24 de enero a las 8:30 a.m. se realizará la Audiencia de Control de Acusación del caso del asesinato de Pedro Huilca, exsecretario general de la CGTP, en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay 145, Cercado de Lima). El Ministerio Público ha acusado a fines del año pasado a Vladimiro Montesinos Torres y exmiembros del Grupo Colina como autores de este crimen.

Pedro HuilcaPedro HuilcaLOS HECHOS

Como se recuerda, el 18 de diciembre de 1992, el sindicalista Pedro Huilca Tecse, entonces secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), fue asesinado en la puerta de su casa por miembros del Grupo Colina. Días antes, Huilca Tecse había realizado duras críticas a las medidas contra los derechos de los trabajadores del entonces presidente Alberto Fujimori.

SOBRE LA AUDIENCIA

El Control de Acusación es una audiencia en la que los abogados de los acusados formularán observaciones a la acusación del Ministerio Público frente a la Sala Penal Nacional.

Para mayor información pueden comunicarse con Kevin Esqueche, del Área de Prensa de COMISEDH (institución a cargo de la defensa de los familiares de Pedro Huilca), al 996216571.

Agradecemos su asistencia.

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Los huérfanos del fujimorato

Por Ernesto Chávez Alvarez

Por qué ocultan su cadáver? reclaman hijas del periodista Pedro Yauri al ex dictador mientras Ricarda Ventocilla exige esclarecer la verdad.

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© ANP© ANPHan pasado más de diecisiete años buscando la tumba de su padre, el periodista huachano Pedro Yauri, pero los verdugos del ex dictador, Alberto Fujimori, y Vladimiro Montesinos, guardan silencio sin conmoverse ante la angustia de las hijas que desean dar cristiana sepultura a los restos del ser que les dio la vida.

Es el otro drama que atraviesan también los hijos de los miembros de la familia Ventocilla que fueron torturados y asesinados a escasas horas del asesinato de Yauri, en una de los capítulos más horrorosos protagonizados por el grupo Colina y el ex presidente , quien ahora debe responder por sus crímenes ante la justicia.

El domingo 24 de junio de 1992, Pedro Yauri pasó la tarde con sus hijas, viendo televisión y comiendo frutas. En la noche se despidió de ellas con un “nos vemos luego”. Iba al pequeño local que había alquilado en la calle Sáenz Peña, al costado del Casino de Huacho y donde guardaba el equipo radial que utilizaba en sus emisiones diarias. Allí lo esperaba su padre, don Anastasio, que lo ayudaba con la vigilancia.

Los huérfanos del fujimoratoA las 2 de la madrugada las hijas se despertaron por los golpes a la puerta de don Anastasio que tenía las manos amarradas y la desesperación en el rostro. Con voz quebrada les dijo que siete sujetos vestidos como comandos ingresaron al local “armados y alterados”. Luego de golpearlo y atarlo le cubrieron la cabeza con una frazada. Después se llevaron al periodista.

A la mañana siguiente, los cadáveres de seis miembros de la familia Ventocilla fueron encontrados en el caserío de Balconcillo, a 8 kilómetros de la carretera Huaura-Sayán. Pero el cadáver de Yauri nunca apareció.

¿Dónde está mi padre?

Después de diecisiete largos años , Jacqueline y Jessica Yauri siguen acudiendo a la playa Hornillos, donde el Grupo Colina asesinó a su padre, para rezar por su alma y sin perder la esperanza de hallar los restos mortales darles sepultura.

“Siento que mi padre no está tranquilo, quiere que lo encontremos y demos cristiana sepultura”, declara Jessica en una entrevista a la revista Caretas.

Cuando se perpetró el salvaje asesinato ella y su hermana Jacqueline tenían 12 y 9 años, respectivamente y recién se enteraron de lo que ocurrió con el inicio del megajuicio oral al Grupo Colina y luego de oír los testimonios que brindaron ex agentes y colaboradores eficaces de ese mismo destacamento en el proceso a Fujimori.

-Nunca me voy a sentir satisfecha así los condenen de por vida (a Martin Rivas y a Colina) porque nadie me va a devolver a mi padre.Sólo queremos que nos digan dónde está su cuerpo- le dijo Jessica a la periodista Patricia Caycho.

Lo buscamos pero nada

“Hemos buscado en Andahuasi, Atahuampa, Ingenio; así como en Pacchotingo, Humaya, y el Malecón de Huacho… pero nada. Los Colina saben dónde lo han enterrado, pero hasta ahora no dicen dónde. Por lo menos deben darme ese anhelo que tenemos de encontrarlo”, sostuvo su progenitor, Anastasio Yauri Leandro, entre sollozos.

Los huérfanos del fujimoratoDesde entonces han transcurrido muchos años pero la búsqueda no cesa para los deudos que, en su dolor irreparable, ansían encontrar el cadáver del periodista asesinado para darle cristiana sepultura.

Después de tantos silencios y maniobras dilatorias, los deudos no pierden la esperanza de ubicar los restos de Pedro Yauri.

Esperan que en el proceso al ex dictador, Alberto Fujimori, y su perverso asesor, Vladimiro Montesinos, encuentren indicios sobre la tumba del periodista.

En su Informe N° 56/99, del 13 de abril de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó entre otros casos, la desaparición de Pedro Yauri recomendando al Estado peruano iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva, con el objeto de establecer su paradero, así como dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de cualquier otra naturaleza que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de su detención y desaparición.

Recomendó también otorgar una indemnización a los familiares de la víctima, incluyendo una reparación compensatoria por el sufrimiento derivado de no haberse conocido su destino.

Fujimori, el que se alucina héroe de su “pacificación nacional” guardó silencio. Los asesinos siguieron su ejemplo, con la esperanza imposible de volver a ser amnistiados..

Que se sepa la verdad

Ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Ricarda Ventocilla prestó un dramático testimonio que revela el otro drama de los deudos. A continuación reproducimos textualmente algunos párrafos de su extensa declaración:

Mi padre se llamó Rafael Ventocilla Rojas, mi hermano mayor Alejandro Ventocilla Castillo, mi otro hermano Simón Ventocilla Castillo, mi otro hermano Paulino Ventocilla Castillo, mi tío Mario Ventocilla Rojas, mi sobrino menor de edad de diecisiete años, estudiante del Colegio Técnico Agropecuario # 15, también fue sacados de mi casa, asesinados.

Los huérfanos del fujimoratoMis dos hermanos profesores, que eran miembros del sindicato del Sutep.

Yo, la verdad pido que se esclarezca y que los culpables tengan una sanción, porque yo sé que la vida de ellos no los voy a, a retomar nuevamente o me lo van a entregar vivos, porque ellos están muertos, señores. La verdad que yo pido es eso, justicia más que nada.

La verdad, ¿cómo hemos quedado nosotros?, ¿cuántos huérfanos?, más que nada, sin estudios, sin educación para sacarlos adelante. Mi madre enferma.

Lo que yo pido señores es que me hagan justicia más que nada y que paguen los culpables o que tengan una sanción para ellos.

Y yo quisiera saber ¿por qué les mataron?, ¿qué culpa tenían ellos para quedar cuántos huérfanos que hemos quedado?, no sólo yo, mis sobrinos, señor.

Lo que pido es justicia. Lo que yo pido es que se exija más que nada ¿no?, que se sepa la verdad señores, ¿por qué?, ahora yo sé por el caso de mi familia, agradezco a la Comisión Interamericana, gracias a ellos se está reabriendo este caso de la familia Ventocilla. Porque fuimos a denunciar nosotros, nuevamente que se sepa la verdad, yo pido eso, justicia señores.

Publicado por ANP, el 26 de junio de 2015

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Por fin Montesinos y los colinas enfrentarán juicio por descuartizamiento de Mariela Barreto

  • ¡Fiscalía exige que se les aplique la cadena perpetua!

Por Henry Campos

La macabra muerte en 1997 de la agente Mariela Lucy Barreto Riofano no podía caer en el olvido y no puede quedar impune. Así, el juicio oral por ese asesinato a manos del grupo Colina bajo órdenes del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos empezará en breve. La Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo de Luis Landa Burgos, se pronunciará en los próximos días sobre ese caso, tras corregir el dictamen acusatorio de ese caso contra los asesinos de Barreto, quien ayudó a desenmascarar al referido grupo paramilitar que operaba en la dictadura de Alberto Fujimori.

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Vladimiro Montesinos © Diario16
Vladimiro Montesinos © Diario16
Vladimiro Montesinos
© Diario16
En este proceso, el Ministerio Público ha solicitado la cadena perpetua, por los delitos contra la libertad personal-secuestro agravado, contra la humanidad, desaparición forzada de personas y tortura y contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, para Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza, exjefe de las Fuerzas Armadas, así como para los exmiembros del grupo Colina, entre ellos, Santiago Enrique Martin Rivas, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola, José Concepción Alarcón Gonzáles, Juan Yanqui Cervantes, Carlos Edmundo Sánchez Noriega y José Rafael Domingo Salinas Zuzunaga. Asimismo, el pago como reparación civil de 900 mil soles para los procesados.

Barreto fue asesinada cuando tenía 28 años por sus propios compañeros de Colina, por revelar información a los medios de comunicación sobre los crímenes, entre ellos el de La Cantuta, que cometió este comando paramilitar y el chuponeo a los opositores a Fujimori en los años noventa. Su cuerpo descuartizado y sin cabeza fue hallado, el 24 de marzo de 1997, en tres costales abandonados en el distrito de Carabayllo. Solo pudo ser reconocida por unas cicatrices.

Por ese abominable crimen, Montesinos, Hermoza Ríos, Yanqui Cervantes, Sánchez Noriega, Salinas Zuzunaga son sindicados como autores mediatos mientras que Martin Rivas (pareja sentimental de Barreto y con quien tuvo una hija), Sosa Saavedra, Yarleque Ordinola y Alarcón Gonzales como coautores.

El fiscal superior Landa recibió el pasado 20 de marzo de la Sala Penal Nacional el dictamen de la fiscal Delia Espinoza, de marzo del 2013, para especificar dos puntos del trabajo de esta: la motivación de la sanción requerida para cada uno de los imputados, así como la argumentación sobre la calificación del asesinato de Barreto como crimen de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma.

El dictamen será devuelto al Poder Judicial en los próximos días. Así, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional que preside la jueza superior Mirtha Bendezú Gómez, y lo integran también Marco Cerna Bazán y Miluska Cano López, solo tendría que fijar el inicio de ese juicio que sería, según fuentes de diario16, en julio próximo.

Landa convocará para el juicio a un total de 27 testigos. Entre ellos se encuentran los familiares de la desaparecida Barreto. Está prevista también la intervención del periodista Edmundo Cruz, quien recibió la información de Barreto sobre las fosas de los acribillados estudiantes de la Cantuta.

FUJIMORI

El expresidente Alberto Fujimori, a pesar que fue condenado como autor mediato por los crímenes de los Colina en los hechos de La Cantuta y Barrios, no ha sido considerado en este proceso ni siquiera como testigo. Sin embargo, podría ser incluido como acusado, dependiendo cómo se desarrolle el juicio.

Publicado por Diario16 el 1º de mayo de 2015

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El asesinato de Pedro Huilca o por qué debemos recordar a este hombre al menos con un monumento

Contexto del huaqueo: Entre los años 1991 y 1992, Alberto Fujimori había emitido una serie de leyes y decretos legislativos que modificaban drásticamente las condiciones laborales en el país. Pedro Huilca, entonces secretario general de la CGTP, se manifestó abiertamente contra estas normas que, entre otras cosas, creaban las services. Por ello, había promovido y participado en diversas marchas contra el fujimorismo. Esto lo había convertido en un enemigo notorio del régimen. Aún así, Huilca tampoco era del agrado de Sendero Luminoso, ya que gracias a su capacidad dialogadora, el dirigente sindical podía coordinar conversaciones con gremios empresariales como la Confiep y participar de la CADE. Por lo que también fue declarado enemigo del senderismo. Esta es la historia de un hombre que buscaba justicia para los trabajadores y que en su camino encontró la muerte en la puerta de su casa, frente a sus hijos. Esta es la historia de un hombre que hace dos años había alcanzado reconocimiento público gracias a un busto, pero que ahora lo ha perdido.
[Del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lima, 2003] Las letras y títulos en negrita son culpa del huaqueador.

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LA HISTORIA DE PEDRO HUILCA

Busto de Pedro Huilca que acaba de ser retirado por el alcalde Castañeda debido a las obras de su by-pass.Busto de Pedro Huilca que acaba de ser retirado por el
alcalde Castañeda debido a las obras de
su by-pass.
Pedro Huilca Tecse nació en Cusco, el 4 de diciembre de 1949. Apenas egresado del colegio, debió afrontar la responsabilidad de contribuir en el sostenimiento de su modesto hogar y empezó a trabajar como obrero de construcción civil.

Desde 1981 ocupó diversos cargos dirigenciales en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), hasta que en su décimo Congreso Nacional, realizado en marzo de 1992, fue elegido Secretario General de dicha agrupación.

Uno de sus rasgos distintivos fue su gran apertura al diálogo. Esta conducta le permitió mantener un diálogo fluido con los directivos de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), de la Confederación de Instituciones de la Empresa Privada (CONFIEP) y con diversas autoridades gubernamentales. Esta disposición no fue bien vista por Sendero Luminoso, que debido a ello calificó al dirigente como “revisionista”.

EL ASESINATO DE PEDRO HUILCA

El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse se levantó muy temprano y tras desayunar con su familia salió a la cochera en busca del auto que le había asignado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Regresó a su casa para recoger a su hija, Flor de María Huilca Gutiérrez y al hijo de su pareja, Julio César Flores Escobar, y juntos salieron de la vivienda sin ningún mal presagio. Los tres se dirigieron al vehículo, y ni bien entraron en él, se escucharon los disparos que acabaron con la vida del dirigente sindical:

“(…) salimos y yo me senté al lado derecho de mi papá, y en ese momento(…) escuché sonidos como cohetecillos, yo pensé que eran cohetecillos porque era diciembre (…) cuando levanté la mirada vi gente rodeando el carro hacia el lado en que estaba sentado mi papá, todos varones”.

Martha Flores Gutiérrez, pareja de Huilca Tecse, presenció el crimen desde la puerta de su casa, pues había salido a despedirlo:

(…) Cuando estaba en la puerta de la casa, esperando que mi esposo encienda el vehículo, veo a un hombre, de tamaño mediano, con camisa celeste y un chaleco oscuro y se acerca y saca un arma que parecía ser una metralleta de mediano tamaño, como la que usan los soldados, y le disparó (…) el sujeto que le disparó huyó rápidamente. Luego aparecieron entre 08 y 10 hombres con armas y dispararon en la puerta de mi casa.

Pedro Huilca era visto como un potencial líder políticoPedro Huilca era visto como un potencial líder políticoMientras tanto, la hija del secretario general de la CGTP salió del vehículo e intentó en vano pedir ayuda. Al tratar de regresar a su vivienda se cruzó con una mujer que tenía una pistola apuntando al vehículo en el que estaba su padre.

Me bajé del carro y quise entrar a mi casa, y al llegar al jardín estaba parada una mujer con el arma en la mano, era joven de unos 30 años, de tez cobriza, delgada, era una pistola y estaba rodeada de varios hombres (…) corrí a mi casa y sentí que empezaron a disparar a la puerta que estaba abierta y hacia las ventanas. Yo estaba con mis hermanos y marqué el 105 pero no me contestaban. Antes de entrar vi que en jardín junto a esa mujer había varias personas paradas.

Todo sucedió muy rápido, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Recién entonces, Flor de María Huilca y Martha Flores, pudieron acercarse al vehículo, constataron que tanto Pedro Huilca Tecse y Julio Cesar Escobar habían sido alcanzados por las balas. Con la ayuda de un vecino, Flor de María logró trasladar a su padre, herido de muerte, al Hospital Cayetano Heredia, donde llegó cadáver.

LOS RESPONSABLES

Luego del asesinato de Pedro Huilca, se han planteado dos hipótesis respecto a la autoría de tan condenable hecho. De un lado, se atribuye la autoría a Sendero Luminoso; y, de otro al grupo Colina.

En su edición N° 625, correspondiente a diciembre 1992 – enero 1993, el vocero senderista El Diario, reconoció de inmediato la acción como obra del grupo subversivo. En su portada, señala:

“Duro Golpe a la Reacción: Huilca!”, y en el interior del Diario, en la página cuyo título lleva ¡Contundente golpe al revisionismo y la reacción!, en su sétimo párrafo desarrolla: La ejecución del vendeobreros Huilca –realizado por un contingente del Ejercito Popular de Liberación del Partido Comunista del Perú, que jefatura el querido y respetado Presidente Gonzalo– cumplió las exigencias y demandas de la clase obrera, en especial de las bases de Construcción Civil, quienes han sufrido en carne propia las traiciones de este verdugo revisionista”.

Sin embargo, Abimael Guzmán niega la autoría del asesinato

El 30 de abril del 2003, integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación entrevistaron al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, donde cumple condena. Este negó haber recibido información de miembros de su agrupación que hayan asesinado al dirigente sindical:

NM: (…) Después de la muerte de Pedro Huilca, en El Diario esto fue celebrado, así que quedaba la duda y quería plantearle si ustedes tuvieron que ver con la muerte de Pedro Huilca o no tiene nada que ver con ustedes.

AG: En lo absoluto, no tenemos nada que ver con Huilca… (…) Quiero ser lo más claro posible, hay algunas cosas en las que sí he participado y decidido, específicamente, sí las hay. (…) porque eso queda. Pero no hay, supongamos, en esta situación como el caso de Huilca (…) Bien, en la casi totalidad de los hechos por tanto a nosotros se nos informaba con informes regulares que tenían que ser presentados en tiempos posteriores, nos informaba. Y allí se nos ha dicho, tal o cual acciones porque estaban en el informe… Ahora, más allá no podríamos garantizar (…).

Todo indica al Grupo Colina

Huilca se dirige a los trabajadores. Foto: LaMula.peHuilca se dirige a los trabajadores.
Foto: LaMula.pe
Martha Flores Gutiérrez, pareja del desaparecido líder sindical, inmediatamente luego del asesinato declaró a la prensa que el gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori, tendría responsabilidad en el asesinato. El 19 de diciembre de 1992 denunció:

“No es Sendero ni el MRTA, esa no es la mano que ha matado a Pedro Huilca, es el gobierno hambreador de Fujimori que ha mandado a sus sicarios a quitarle la vida a mi esposo”, (…) Y ha sido Fujimori -agrega porque siempre pensó que Pedro era amigo de Alan García y pactó con Belaunde, cuando lo que él quería es la mejora de los obreros de construcción civil”.

Ex agente de inteligencia Mesmer Carles Talledo responsabiliza al Grupo Colina

En abril de 1997, el General EP (r) Rodolfo Robles Espinoza, hizo pública una carta en la que el ex agente de inteligencia Mesmer Carles Talledo acusaba al Grupo Colina de haber asesinado al dirigente sindical. El documento titulado “Declaratoria Abierta” fechado el 22 de abril de 1994, fue escrito en el Penal de Yanamayo (Puno) por Mesmer Talledo, quien actuó como enlace entre el Grupo Colina y los agentes infiltrados en Sendero Luminoso.

Estas afirmaciones fueron confirmadas a través de un video grabado en el Penal de Yanamayo el 23 de noviembre de 1997, por el congresista Jorge del Castillo Gálvez, a raíz de lo cual el parlamentario logró que se forme una subcomisión investigadora en el Congreso.

Seis días después, el Presidente de la República concedió el indulto especial para inocentes acusados de terrorismo y traición a la patria, a Mesmer Carles Talledo. Luego el 5 de enero de 1998, aseguró ante el Ministerio Público que él no había escrito las cartas denunciando al Grupo Colina por el asesinato de Pedro Huilca Tecse, negando incluso haber recibido la visita de Del Castillo, a pesar del video que lo prueba.

Ex agente de inteligencia Clemente Alayo Calderón responsabiliza al Grupo Colina

El 20 de noviembre del 2000, el mencionado ex agente dio a conocer su versión mediante una carta dirigida al “Pueblo Peruano, Congreso de la República, Presidente Paniagua, Comandante General del Ejercito y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armas”, que se hizo pública a través de los medios de comunicación:

“(…) el asesinato al Dirigente Sindical Pedro Huilca Tecse fue ordenado por Alberto Fujimori,(…) y los ejecutores de dicho asesinato al líder sindical fueron el Mayor EP. Luis Santiago Rivas, el Agente de Inteligencia Pedro Pretell Damaso y Mariela Barreto. Estos últimos asesinados por el Grupo Colina”.

Huilca junto a un mural de la Federación de trabajadoresHuilca junto a un mural de la
Federación de trabajadores
Alayo Calderón ratificó, en julio del 2001, sus declaraciones ante el Juez que ve el caso Barrios Altos, en el sentido que en setiembre u octubre de 1992, Santiago Martín Rivas le entregó mil dólares indicándole que debía participar en la ejecución del dirigente sindical.

(…) me dijo SMR (Santiago Martín Rivas) que me iba a poner en otro Plan y me dice que me presente en la Plaza Castilla a una determinada hora de la noche y que iba a recibir otra orden. Acudo al lugar y me hacen abordar una camioneta naranja y encuentro un chofer militar más antiguo que yo que ha trabajado en inteligencia, estaba además una mujer y SMR.

(…) me manifiesta que lo que yo iba a realizar era aniquilar a un dirigente que estaba alineado con SL y que iba a ser en SMP, le pregunté el nombre y me dijo que era Pedro Huilca Tecse, que ya había un equipo haciendo el seguimiento y que yo iba aniquilarlo, recibí 1,000 dólares de adelanto quedando en reunirnos en otra fecha que no se llegó a realiza (…).

El 10 de julio del 2003 Alayo Calderón reafirma sus denuncias ante la Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional N° 3 contra el ex presidente Alberto Fujimori por el asesinato de Pedro Huilca.

El agente de inteligencia responsabilizó al entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori de haber ordenado el crimen:

…Huilca Tecse debe ser reivindicado y el culpable es Fujimori, por versión del mismo Martín Rivas. Porque yo le digo: … ¿Cómo vamos a matar a un hombre público? Van a decir que ha sido el Servicio de Inteligencia o ha sido que el gobierno lo mató… ‘A mí no me interesan tus apreciaciones. Yo estoy cumpliendo órdenes directas de Fujimori”, así dijo él…

Testimonio reservado de un ex agente de inteligencia que integró del Grupo Colina también confirma esta versión

El 6 de febrero del 2001, un ex agente de inteligencia se presentó ante un representante del Ministerio Público, y declaró que Mesmer Talledo le había referido que el Grupo Colina fue el autor del asesinato del líder sindical, por orden del entonces jefe del Servicio de Inteligencia, Julio Salazar Monroe, y el propio presidente Fujimori:

“(…) El que ordena la muerte en el año 1992 de HUILCA TECSE (…) el General Julio Salazar Monroe, Jefe del SIN, ello lo sé porque en vista que no podía ingresar a las instalaciones militares, el hombre de enlace era Mesmer Carles Talledo, siendo este quien me dijo que los operativos de Inteligencia eran de conocimiento del Presidente Fujimori, y que este ordenaba el pago por los trabajos que realizamos(…)”.

En base a estas declaraciones en su dictamen final la Subcomisión investigadora de la denuncia Constitucional Nro. 130 y otras contra el ex Presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, recomendó que se investigue dicha denuncia a profundidad, la que se formó en el 2003.

Publicado en Copypasteilustrado.utero.pe, el 1º de abril de 2015

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La lucha de los familiares del caso El Santa

  • Ceden terreno a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la construcción de un santuario de la memoria, pero no hay fondos para materializar obra.

Los familiares de las víctimas del caso ‘El Santa’ se encuentran a la espera de que el Estado los apoye en la construcción de un ‘Santuario de la memoria’ en el distrito de Guadalupito, en La Libertad.

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© EXITOSA Diario
© EXITOSA Diario
© EXITOSA DiarioLos deudos buscan revivir la memoria colectiva y honrar a los caídos durante el conflicto armado interno, pero no cuentan con el presupuesto para iniciar las gestiones pertinentes, pese a que una empresa privada les ha cedido un terreno en la zona donde fueron encontrados sus familiares.

“La construcción de un santuario es trascendental dado que nos compaginamos con toda la problemática de violencia que vivió nuestro país”, sostiene Luis Noriega Ríos, representante de la asociación de familiares del ‘El Santa’, en diálogo con Exitosa.

PASO A PASO

El 2 de mayo de 1992, nueve campesinos de la provincia de El Santa fueron detenidos, asesinados y desaparecidos por un destacamento del Grupo Colina. El 4 de agosto de 2011, fueron encontrados Huaca Corral, distrito de Guadalupito.

Es así que el 28 de octubre del mismo año, a partir del hallazgo y las exhumaciones, la Sala Penal Nacional Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima fijó la entrega de los restos mortales a sus deudos.

Los restos de Jesús Noriega Ríos, Denis Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez, Gilmar León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzales, Carlos y Roberto Barrientos Velásquez, Jorge Luis y Carlos Tarazona More, fueron entregados a sus familiares el 11 de noviembre en la sede de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú. Luego de ello, empezarían una nueva lucha.

Tras el hallazgo de los restos, los familiares de la asociación de víctimas del caso ‘El Santa’ movieron cielo y tierra para que este terreno les sea cedido para construir un santuario.

Ellos presentaron su solicitud a quienes están a cargo de la zona, Proyecto Especial Chavimochic, pero fue rechazada.

Los familiares han gestionado cerca de cuatro años ante el Proyecto Especial Chavimochic que se les conceda la zona de dos hectáreas donde hallaron a sus familiares.

En julio de 2014, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se sumó a este pedido y reforzó las bases de la iniciativa planteada por la asociación de familiares. En ese momento, la empresa decide enviar a sus representantes a inspeccionar la zona y verificar el estado del área. Los familiares habían hecho un pequeño cerco delimitando el área y, además, habían hecho un pequeño sembrado para preservar la tierra.

Este diario pudo conocer que uno de los principales problemas era que Chavimochic desconocía qué otros ejemplos se podían tomar para hacer esta cesión en uso. La CMAN, en ese sentido, fue un gran apoyo, porque acompañó a los deudos en dos ocasiones para conversar con los representantes de la empresa.

Luego de meses de trámites, Chavimochic les informa a los familiares que las gestiones habían sido positivas. La empresa decidió independizar el área y, mediante una resolución oficial se destinó una hectárea para una licitación pública que tenga como objetivo la construcción de un santuario.

EL PROBLEMA

¿Cómo empezar a construir el santuario? Lo correcto sería, según Katherine Valenzuela, representante de la CMAN, que la Municipalidad de Guadalupito realice la correspondiente solicitud a Chavimochic para hacer la implementación del lugar de la memoria.

Valenzuela dijo a Exitosa que la CMAN no cuentacon dinero para aportareconómicamente a la construcciónde un santuario,ya que su función solo conciernea las reparacionesindividuales y colectivas alas víctimas del conflictoarmado, así como orientacióny apoyo.

La CMAN asegura que si la comuna de Guadalupito no cuenta con el presupuesto suficiente, se acompañará a los deudos a realizar las gestiones para pedir apoyo a las empresas privadas.

Publicado por EXITOSA Diario

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Gisela Ortiz Perea, defensora de derechos humanos del Perú, lidera protesta latinoamericana contra desaparición en estudiantes en México

Por RightsPeru

Nota:

Desde mas de 20 años Gisela Ortiz Perea no descansa en buscar a su hermano, Luis Enrique, quien junto a 8 estudiantes mas y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, fue víctima de desaparición forzada a manos de un comando del ejército peruano conocido como el Grupo Colina. Ella fue uno de los activistas más visibles de los familiares de La Cantuta, quienes no descansaron hasta lograr la extradición, enjuiciamiento, y sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 por la justicia peruana como el responsable máximo de estos crímenes.

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Ahora, lidera una protesta latinoamericana para llamar la atención sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en México. Ha realizado plantones pidiendo justicia para los estudiantes y los demás desaparecidos frente a la Embajada de México en Lima, y prepara una serie de actividades de solidaridad con las familias de los jóvenes mexicanos. Aquí un reportaje de La Vanguardia sobre la solidaridad internacional que ha despertado la desaparición forzada de los 43 estudiantes, una práctica que se tornó una práctica común de las dictaduras latinoamericanas y lamentable persiste hoy en día, y el impacto que tiene sobre la vida de los familiares de la víctima y sobre la comunidad en general.

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Gisela Ortiz Perea: “Las desapariciones forzadas buscan sembrar el miedo en la gente”

  • Gisela Ortiz Perea lucha por encontrar a su hermano secuestrado y ejecutado por militares hace más de 20 años. Hoy narra el difícil camino que deben afrontar las familias tras sufrir desapariciones forzadas como las de México

Gisela Ortiz Perea no titubeó ni un segundo para sumarse a las protestas internacionales contra la desaparición forzada de los 45 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (México). Desde Lima, esta defensora de los Derechos Humanos exige justicia frente a la Embajada de México, y prepara una serie de actividades de solidaridad con las familias de los jóvenes mexicanos.

Ella ha vivido en carne propia la pesadilla de la desaparición forzada que recién ensombrece a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa. Y es que Gisela Ortiz perdió a su hermano Luis Enrique durante la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando un comando del ejército secuestró a un grupo de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que desaparecieron.

Este comando militar recibió órdenes del entonces presidente Alberto Fujimori, quien ha sido sentenciado a 25 años de cárcel tras comprobarse que fue autor mediato del asesinato de este grupo universitario.

Pero esta sentencia no ha significado el punto final para el viacrucis de sus familiares, quienes hasta ahora desconocen dónde fueron enterrados los cuerpos, debido a que los militares implicados procedieron a desenterrarlos de la primera fosa común, para incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas.

En esta lucha de dos décadas ha estado firme Gisela Ortiz en primera fila, convirtiéndose en una de las defensoras más activas en América latina. Ortiz analiza el difícil camino contra la impunidad que desde el pasado 26 de septiembre han sido obligadas a emprender las familias de los 45 estudiantes en México.

– Frente al Caso Iguala, ¿Qué lectura hace de este tipo de hechos?

El nivel de violencia que se está viviendo en México ya desborda cualquier control del Estado, siento que hay una inacción frente a las desapariciones diarias y frente a los asesinatos. La situación de violaciones a los derechos humanos se “normaliza” y hace que la impunidad vaya quedando como política de Estado y la indiferencia en la gente se vaya sembrando y no reaccione frente a los crímenes; como si fuera normal amanecer con personas asesinadas y colgadas cada día.

En el caso de la desaparición de Ayotzinapa, es responsabilidad de la policía, del gobernador, del Presidente de la República que nunca salió a pronunciarse en contra de estos hechos o manda buscar a los desaparecidos para dar respuesta a sus familiares y a toda la comunidad internacional que está preguntando ¿Dónde están?; entonces tenemos a ciudadanos desprotegidos frente al crimen organizado, las mafias o cárteles y también frente a agentes del Estado que también cometen los mismos crímenes y, lo que es peor, no sienten la presión para responder por ellos.

– ¿Qué falla para que sigan ocurriendo este tipo de violaciones?

Todo el sistema democrático debe estar cimentado en el respeto a la vida. El sistema de protección de los derechos humanos que no sólo está contemplado en la legislación mexicana sino en el sistema interamericano, del cual México es parte y el sistema universal como la ONU. Eso a nivel legal. Si el Estado o los tribunales internacionales no están condenando estos crímenes, se deja carta abierta para que se sigan cometiendo, el mensaje es: no importa que maten, que desaparezcan, acá no pasa nada.

Por último, el miedo. Son crímenes que tienen un mensaje social, el sembrar el miedo en la gente: “No te metas, no digas nada, no hagas nada”. Y ese miedo paraliza a las mayorías y nos vuelve indiferentes.

– ¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional?

En este caso en particular creo que ha sido inmediata, oportuna, de salir, denunciar, exigir respuestas al estado mexicano. Ayotzinapa puede significar un antes y un después en la reacción de la comunidad internacional frente a las desapariciones forzadas últimas que se han estado dando.

– ¿Y la del estado mexicano?

Nula. Si bien se apuraron en exhumar unas fosas que fueron denunciadas como “posibles sitios de entierro” de los estudiantes desaparecidos; en ese lugar no se encontraron a estas víctimas sino a otras, lo que es peor aún porque significa que México puede estar lleno de sitios de entierro ¿desde cuándo? ¿quiénes son esas víctimas? ¿por qué no se hizo nada antes? Y lo principal ¿dónde están los normalistas?

– Usted es una de las defensoras de derechos humanos más activas de Perú. Un camino que emprendió tras la desaparición de su hermano. ¿Qué ha implicado este hecho para usted y para su familia?

Un crimen de esta naturaleza te marca de por vida; no sólo por el daño emocional que significa la ausencia del ser querido sino porque la impunidad que persiste por meses, años, va haciendo que te dediques a esta lucha dejando de lado tus proyectos personales como estudios, trabajos, tener hijos y desgasta también la relación con la familia, que muchas veces no entiende la terquedad de la lucha. También significa cambiar totalmente de planes, yo no pensé ser activista de derechos humanos y aquí me tienes pensando y participando en las acciones por los estudiantes de Ayotzinapa.

Es que uno sabe lo que significa tener a un hermano desaparecido; el dolor de perderlo, la indignación de la injusticia, la rabia frente a la indiferencia y la complicidad de nuestros estados que no nos defienden, sino defienden a los criminales. Y después de eso no puedes quedar paralizado. Tienes que hacer algo, mucho mejor si son acciones legales utilizando todas las herramientas que te da la democracia.

– ¿Cuántos desaparecidos existen en su país?

Aunque no hay estadísticas claras sobre el número de desaparecidos que nos dejó el conflicto armado interno, se calcula que son entre 12.000 y 15.000 peruanos. La mayoría de ellos, campesinos, quechuahablantes invisibles para nuestros políticos.

– ¿Qué obstáculos existen en el Perú para que tras tantos años aún como familia vivan este largo viacrucis?

Varios. Por un lado, no hay una política de búsqueda de personas desaparecidas que plantee una estrategia para saber cuántos desaparecidos son y cómo hay que buscarlos. Por otro lado, un sistema judicial débil para encontrar información, investigar, juzgar y sancionar.

– En México exigen que se publiquen los nombres de las 22.300 personas desaparecidas en los últimos años. ¿Qué importancia tiene la memoria y la lucha activa en casos de las desapariciones?

Es importante que los desaparecidos dejen de ser cifras o estadísticas, tienen un nombre y hay que conocerlo; tienen familias y hay que saber de su dolor y de sus dramas, tienen historias y hay que compartirlas; tienen rostros y hay que mostrarlos porque son como nosotros.

La memoria es nuestra mejor herramienta en la lucha contra las desapariciones forzadas, porque habrán desaparecido físicamente a quienes amábamos pero no pueden quitarnos sus recuerdos, lo vivido y compartido. Ese es nuestro mejor tesoro y no podrán arrebatarnos.

Quienes los tenemos siempre presentes en nuestras acciones, sabemos que ellos se multiplican en cada uno de quienes se suman solidariamente, sabemos que ganamos el cariño de otros hermanos. Y ese debe ser el peor castigo para los criminales, saber que nunca podrán borrarlos como ellos quisieron.

– Usted trabaja en una de las zonas del Perú – como es Ayacucho – donde se reportaron el mayor número de desaparecidos. Y tras varias décadas ahora presencia las reparaciones, a madres que pueden enterrar a sus hijos. ¿Esto es suficiente?

Si bien se entregan los cuerpos, hasta ahora hay que buscar de qué manera otras instituciones apoyan para asumir los otros gastos: traslado de los familiares (muchos viven en comunidades o se han desplazado a ciudades de la costa y las restituciones se hacen en Ayacucho); quién apoya con los gastos de alimentación, alojamiento; quién construye los nichos para los entierros, etc.

Además de estos gastos, hay una gran afectación emocional en los familiares, que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, desde el acompañamiento necesario hasta atención más especializada. Así mismo, muchos son padres ancianos que este tipo de diligencias les terminan enfermando y tampoco reciben una atención adecuada.

– En Perú se han solidarizado con el caso mexicano. ¿Qué tipo de acciones/protestas están realizado?

Hemos realizado un plantón frente a la embajada de México en Lima, convocado por la Coordinadora contra la Impunidad, que es un colectivo de jóvenes universitarios y de algunos familiares de víctimas que trabaja en temas de derechos humanos de manera voluntaria. Nos hemos comprometido a realizar otros plantones frente a la casa del embajador porque a partir de las cinco de la tarde ya no hay nadie en la embajada, y nuestro objetivo es que nos vean y nos escuchen los representantes del Estado mexicano. Estamos convocando a federaciones de estudiantes de universidades para que hagan acciones dentro de sus propias universidades en solidaridad con los estudiantes; espero que haya capacidad para hacerlo.

– Una tarea ardua frente a estas realidades. ¿Cuál ha sido su clave para mantenerse tan firme en este largo camino?

¡La solidaridad! Esa ha sido y sigue siendo la clave. Una palabra de aliento, un abrazo, personas marchando a tu lado con la misma indignación; ver a otros jóvenes sumándose, dando de su tiempo para reclamar por personas que no conocen, que no son su familia pero que se indignan frente a la injusticia y salen; eso me llena de esperanza de que es posible seguir luchando para cambiar esta situación de injusticia e impunidad que todavía vivimos.

Publicado por La Vanguardia, el 9 de noviebre de 2014

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Juicio oral por el crimen de agente Mariela Barreto no se inicia por falta de firmas

  • Pendiente. La Corte Suprema resolvió hace casi un año que el caso sea visto por la Sala Penal Nacional, pero aún no se traslada el expediente porque los jueces no han suscrito dicho fallo.

Por María Elena Castillo

Han pasado 17 años desde que la agente Mariela Barreto, quien integró uno de los equipos del destacamento militar Colina, fue asesinada por sus mismos compañeros como parte del operativo Tigre, destinado a frenar la infiltración de información a los medios de comunicación sobre los crímenes cometidos por este grupo. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha hecho justicia.

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Impunidad. Barreto fue asesinada en marzo de 1997 © La RepúblicaImpunidad. Barreto fue asesinada en marzo de 1997
© La República
Esta demora ha permitido que varios de los implicados hayan salido en libertad y sean procesados con comparecencia, al haberse vencido los plazos que establece la ley para permanecer detenidos sin sentencia. El caso más reciente es el del ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Carlos Edmundo Sánchez Noriega.

La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) –institución que tiene a su cargo el caso–, Gloria Cano, informó que el 6 de junio de este año la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la resolución que declaraba improcedente la solicitud de variación de mandato domiciliario que tenía el oficial militar.

“Esto ha sido posible por la lentitud que hay en el caso”, explicó la abogada.

Interminable proceso

Cano detalló que al haberse acabado las instancias internas, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos, y tras llegar a una solución amistosa con el Estado peruano, se reabrió la investigación.

“Desde el 2011 estaba pendiente la acusación. La Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción la emitió recién el 1° de marzo del 2013. Nosotros nos enteramos por la prensa. No nos notificaron”, remarcó.

Agregó que, quince días después, la Cuarta Sala Penal Liquidadora, que debió ver el caso, declinó para que sea visto por la Sala Penal Nacional.

Un año sin firmas

En agosto del 2013, la Corte Suprema confirmó el traslado; sin embargo, a casi un año de ello, el juicio oral no ha empezado.

“Desde esa fecha no remiten el expediente. Y, cada vez que preguntamos, dicen que la Ejecutoria Suprema está pendiente de firma”, dice, indignada.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los responsables siguen saliendo. Si el jefe del destacamento Colina y principal implicado, Santiago Martin Rivas, no se ha beneficiado con la demora judicial en este caso es porque está condenado a 25 años por la masacre en el solar de Barrios Altos, cometido en 1991. Barreto tenía una hija con Martin Rivas, pero se separó de él tras enterarse de los crímenes.

También han sido acusados por el asesinato de Barreto el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos, entre otros.

La abogada de Aprodeh cuestiona el retraso. “No entendemos por qué la demora. No vaya a ser que luego digan que no es delito de lesa humanidad y lo prescriban, como ocurrió en un caso reciente”, advirtió.

Un asesinato de espanto

El 24 de marzo de 1997, una niña encontró un saco cerca de su casa en Carabayllo, en el que se encontraba un cuerpo seccionado y sin cabeza. Poco después, Oscar Barreto lo identificó como el de su hija Mariela, por unas cicatrices que tenía. Días antes, ella le había dicho que temía ser asesinada.

En el 2010, La República tuvo acceso a un grupo de fotografías tomadas luego de la autopsia y que estaban guardadas en el archivo de la morgue. Las imágenes muestra que los cortes son precisos y parecen haber sido hechos con material quirúrgico.

Ese mismo año se exhumaron los restos para determinar la causa de muerte. Las investigaciones revelaron que habría sido torturada y descuartizada aún con vida.

Publicado en La República el 15 de junio de 2014

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Trial Reports

Justicia que deja vacíos

Por Gisela Ortiz Perea para Rightsperu.net

El día martes 19 de noviembre, cuando recordábamos 13 años de la renuncia de Alberto Fujimori a la Presidencia del país vía fax, la sala Penal Nacional Colegiado “A” presidida por el Juez Superior David Loli Bonilla e integrada por el Dr. Carcausto y la Dra. María Vidal La Rosa, dictaba sentencia contra tres miembros del grupo Colina que no fueron procesados anteriormente y que tenía que ser esclarecida su participación y responsabilidad en la desaparición y muerte del profesor Hugo Muñoz y los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta.

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© Prensa Alternativa
© Prensa Alternativa
© Prensa AlternativaLa cita era a las 2:30 pm. Con mucha angustia y desde temprano, acudí hasta el Penal Piedras Gordas ubicado en Puente Piedra para escuchar la sentencia. Varios testigos, miembros todos ellos del Grupo Colina, once según la sentencia, habían declarado en el proceso y habían involucrado a los procesados en el crimen de La Cantuta. Uno de los procesados, Juan Vargas Ochochoque, llegó vestido de manera más informal que lo usual, con chompa, pantalón y zapatillas, tal vez presintiendo que le iban a sentenciar.

La audiencia empezó a las tres de la tarde. El procesado César Héctor Alvarado Salinas, recluido en el penal Piedras Gordas por su participación en el crimen de Barrios Altos, no era trasladado hasta la sala de audiencias por falta de personal del INPE. Mientras tanto, la sala permitió el ingreso de algunos medios de comunicación, garantizando la publicidad de los procesos.

La relatora Dra. Vidal empezó a leer la sentencia: la acusación fiscal, los hechos probados, los testimonios de los testigos, la defensa de los acusados. Todo en unos 30 minutos. Sentimientos encontrados aceleraban el palpitar de mi corazón mientras escuchaba repetir el nombre de mi hermano, Luis Enrique Ortiz Perea, una y otra vez, cuando mencionaba a las víctimas, cuando decía que sólo de dos estudiantes fueron recuperados sus cuerpos, cuando señaló que las víctimas fueron ejecutadas en estado de indefensión con tiros por la espalda. Volver a pensar en la muerte injusta, en la desesperación de ese último minuto, en la familia, en los sueños destrozados, siempre es duro.

Pensé también en los acusados, César Alvarado Salinas, Ángel Arturo Pino Díaz, Juan Vargas Ochochoque, todos ellos agentes de inteligencia operativos AIO, miembros del destacamento Colina, partícipes del crimen de Cantuta, Barrios Altos, el Santa y cuantas otras muertes que cometió Colina. Los he visto en los juicios desde el año 2003, los he escuchado en sus defensas, hablar de sus familias, los he visto envejecer. No puedo dejar de pensar en lo difícil que debe ser para sus familiares vivir con ellos en prisión; organizar sus vidas sabiendo que el padre de familia, pasará 20 años de su vida en la cárcel; tiene que ser difícil. Me siento culpable por tener lástima por quienes NUNCA lo tuvieron con nosotros, con nuestros familiares, con mi hermano.

Vargas Ochochoque fue un agente infiltrado en la Universidad La Cantuta. Tenía 21 años entonces, la edad de mi hermano Quique, hacía seis meses había salido de la Escuela de Inteligencia. Pienso en la irresponsabilidad de poner a gente joven a hacer este trabajo, a lo vulnerables que somos cuando sé que la vida de cientos de estudiantes dependía de las versiones de estos agentes de inteligencia, de estos jóvenes como nosotros. Pienso en él, su esposa y sus dos menores hijas. Que será de ellas a partir de ahora, entenderán todo este proceso de ausencia del padre, ¿por qué tendrá que cumplir esa condena? No sé si Montesinos y particularmente Martin Rivas, hayan pensado en la responsabilidad de arrastrar a esos jóvenes en el crimen, si sentirán culpa, no digo por sus crímenes, sino por acabar con la vida de “su gente”. Tal vez no, pero yo no puedo dejar de pensar y preguntarme ¿hasta dónde nos llevó todo este odio? Y siento culpa por tener pena, por pensar en los asesinos como personas, por pensar en sus familias.

Pónganse de pie, les dice a los acusados la Directora de Debates Dra. Vidal: “…después de analizar sus casos en particular, la participación de cada uno de ustedes, su comportamiento los testimonios recibidos, la sala dicta sentencia de 22 años de cárcel….”. Siento tranquilidad nuevamente, una sentencia más ganada a la impunidad; un logro más de las abogadas de APRODEH, y de nosotros mismos que como familiares hemos luchado por verdad y justicia a lo largo de estos años. Pero seguimos sin haber escuchado perdón de los verdugos. Seguimos sin tener los cuerpos de nuestros familiares 21 años después del crimen, para enterrarlos. Seguimos esperando.

Sobre el tema de la reparación, la sala ratifica lo expresado por la Primera Sala Penal Especial que llevó en caso contra Alberto Fujimori en la sentencia del año 2008 sobre el caso Cantuta, que ya existe una reparación civil que el Estado deberá pagar a los familiares; sin embargo no dice nada sobre el incumplimiento del Estado a esta obligación desde hace seis años. Me indigna también que hasta la fecha el Estado no haya ubicado a quienes están prófugos, entre ellos Aldo Velásquez Asencio, acusado en este proceso, así como a Carlos Ernesto Zegarra Ballón, Enrique Oswaldo Oliveros Pérez, y Haydeé Magda Terrazas Arroyo, quienes tiene orden de captura desde el 2003.

Una sentencia más que demuestra el nivel de criminalidad, de la sinrazón con el que actuaba el Destacamento Colina, el nivel de impunidad garantizado por el régimen de Fujimori. ¿Servirá para que algunos negacionistas entiendan esta realidad que siguen discutiendo? ¿Servirá para entender que el profesor y los nueve estudiantes de la Cantuta fueron las víctimas y no los Colina o los fujimoristas? Quizás no, no sólo porque es gente que no quiere entender; quizás sigamos tan enfrentados como hasta ahora, quizás algunos sigan prefiriendo buscar la “culpabilidad” de nuestros familiares para justificar los crímenes de Colina. Sin embargo, esta sentencia es un logro en medio de tantas sentencias absolutorias y casos archivados que desprotegen a las víctimas, como nos han tenido acostumbrados la Salas Penales. Tengo esa sensación de justicia que me sigue dejando vacíos.

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Corte Interamericana reitera obligación de investigar crimen de sindicalista en Perú

  • Siguen sin esclarecerse los hechos relativos a la ejecución de Pedro Huilca Tecse

Washington, D.C., Lima Perú, 30 de septiembre de 2013 – La Corte Interamericana se pronunció sobre el cumplimiento de su sentencia en el caso relativo a la ejecución del líder sindicalista Pedro Huilca Tecse. A través de una resolución notificada a las partes el 25 de septiembre de 2013, la Corte determinó que a 8 años de emitida su sentencia en el caso, no se han esclarecido los hechos relativos a la ejecución por agentes del Estado del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Pedro Huilca Tecse, ocurrida el 18 de diciembre de 1992.

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Pedro Huilca
Pedro Huilca
Pedro HuilcaA pesar de existir avances importantes en la implementación de lo ordenado, la Corte llamó la atención del Estado peruano por no haber presentado información completa y actualizada referente a los dos procesos que se encuentran pendientes en relación a la ejecución del señor Pedro Huilca, y que se refieren a la participación en estos hechos de miembros del Grupo Colina y del señor Alberto Fujimori Fujimori.

La Corte consideró cumplidas las demás medidas ordenadas en su sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 3 de marzo de 2005 que se encontraban pendientes de cumplimiento. Entre ellas se encuentran: el establecimiento de un curso sobre derechos humanos y derecho laboral que se denomine “Cátedra Pedro Huilca”; recordar y exaltar en la celebración oficial del 1 de mayo de cada año la labor de Pedro Huilca a favor del movimiento sindical en Perú; erigir un busto en memoria del Pedro Huilca y brindar asistencia médica y psicológica a los familiares de la víctima.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que actuó como representantes de la víctima y sus familiares en este caso, manifestó su satisfacción por el avance en el cumplimiento de las medidas simbólicas ordenadas por la Corte para reparar el daño causado en este caso. Sin embargo indicó que “la principal razón por la que los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acuden a la Corte Interamericana es la búsqueda de justicia, por lo que la reparación a las víctimas no será integral en tanto no se procese y sancione a los responsables de estos graves hechos”.

Por su parte, Nataly Herrera, de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH indicó que “la falta de justicia es incongruente con la actuación del Estado peruano durante el proceso internacional, en el cual se allanó a los alegatos de los demandantes” y en consecuencia, le solicitó adoptar las acciones necesarias para determinar la verdad de lo ocurrido al señor Huilca Tecse y sancionar a los responsables.

Enlaces importantes: Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del caso Huilca Tecse v. Perú, 03 demarzo de 2005. Serie C No. 121.

Publicado en CEJIL el 30 de setiembre de 2013