Una resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano oficializó el retiro de la jueza Mirta Bendezú del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, y fue remplazada por el juez Omar Pimentel Calle.
De hecho, las activistas Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime señalaron en LaMula.pe que, desde el 2008, Bendezú participó como miembro de la Sala Penal Nacional en procesos referidos a casos de graves violaciones a los en 12 de ellos, las sentencias fueron absolutorias. Y en las tres sentencias condenatorias, emitió un voto singular como parte del colegiado para absolver a los procesados.
“Javier Bendezú” y la jueza identificada como “Mimi” habrían constituido una red de jueces y fiscales, al interior de la Sala Penal Nacional, para lograr que el general EP Marino Ambía Vivanco sea absuelto en el juicio del caso Matero, realizado entre marzo del 2007 y agosto del 2008.
Por Vilma Huertas y César Romero (Diario La República)
Así, en un correo enviado por “Javier Bendezú” al general Ambía, a las 9:46 de la noche, del 29 de diciembre del 2007, se describe la construcción de dicha red. En la primera etapa, la idea se llegará con presentes a todos los magistrados que van a intervenir en el caso Matero, para en la segunda etapa disponer de toda la información del accionar de los agraviados, fiscales y jueces, de tal manera que en la tercer etapa se logre la sentencia absolutoria.
Para ello, como se lee en un correo del 20 de diciembre del 2007, se pide a Ambía dinero para entregar regalos a una serie de magistrados, cuyos nombres se remiten desde la cuenta mirthabendezu040955@yahoo.es a bendezu_fiscalia@hotmail.com.
“Por favor, te agradeceré que coordines a fin de poder ver con cuánto contamos, te recuerdo que estas personas son de un nivel alto para los presentes y regalos”, dice “Mimi”. Javier reenvía el mensaje a la cuenta de Marino Ambía.
Como informamos en la edición del sábado último, a través de una tercera persona el general Ambía nos ha hecho saber que él no accedió a los pedidos de dinero. Sin embargo, la solicitud llegó a su correo electrónico, por lo que solo una investigación de la OCMA y la fiscalía permitirá aclarar quién o quiénes estuvieron detrás de estos mensajes.
Se debe señalar que en un correo copiado en word, el general Ambía describió su fastidio por los pedidos de dinero.
“No estoy dispuesto a seguir atendiendo la presión de este señor”, y dice que está dispuesto a confrontarse con el testigo Luis Tinco Cuya y tener una reunión con la magistrada Mirta Bendezú.
En otros correos también le piden dinero y pasajes aéreos para Tinco Cuya. Los jueces y fiscales que aparecen en la lista de beneficiarios de los regalos también niegan haber recibido presentes durante la Navidad del 2007.
Pero en un correo del 23 de octubre del 2007, que Ambía remite a Javier se dice: “Hola Javier, para comunicarte que ayer se regularizaron las cuentas de los dos teléfonos, por favor te agradeceré que le digas a tu hermana que efectúe el cambio de número y propiedad, un abrazo y las gracias de siempre”.
¿A qué teléfonos se refiere? La historia la encontramos en un archivo del 5 de julio del 2007, allí se indica que cuando se dirigía a una reunión para ver el caso Matero, la juezaMaría Vidal sufrió el robo de su celular, por lo que aprovechan para regalarle uno y supuestamente captarla para la absolución.
“Ella (Mimi) me dijo que era la oportunidad de hacerle llegar un presente (…) el teléfono que le fue robado era un MOTOROLA V3i de Telefónica del Perú”.
El V3i era de los más lujosos equipos telefónicos en la época en la que se enviaron los correos. A Ambía le piden dos equipos. Uno para devolver a Vidal y otro para “Mimi” o Mirta Bendezú.
Luego, en un correo del 6 de julio del 2007, se le envía a Ambía los nombres y documentos de identidad, para la compra de los celulares. El 17 de octubre, se informa que al recibir los equipos Mirta Bendezú efectuó el cambio de nombre, pero Vidal no, y tiene problemas para realizar los pagos, los cuales se regularizan el día 23.
¿La historia que describen los correos puede ser falsa? Es posible, pero sería difícil de creer por los muchos datos relevantes que contienen. Una serie de diligencias, entre ellas levantar el secreto bancario y de las comunicaciones, permitirá aclarar este embrollo y recuperar la confianza en la Sala Penal Nacional.
Jueza pide que se levante su secreto bancario
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió separar a la jueza superior Mirta Bendezú de la presidencia del colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, lo que provocó su alejamiento de varios juicios, donde empezó a ser reemplazada por el juez Omar Pimentel Calle.
Bendezú Gómez solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y al Ministerio Público que la investiguen para el esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción en el desarrollo del juicio del caso Matero, entre el 2007 y el 2008. Bendezú anotó que esos hechos mancillan su honorabilidad y afectan la imagen del PJ.
La magistrada también pidió que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones, se realice una auditoría y pericia a su equipo de cómputo y se ejecuten otras pesquisas que permitan identificar y sancionar a los verdaderos responsables de los presuntos hechos irregulares en el caso Matero.
La jueza enfatizó que en los más de 30 años de trayectoria en el PJ no recibió ninguna sanción de la OCMA y en los últimos procesos de ratificación recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de la Magistratura.
Si bien los recientes correos electrónicos publicados por el diario La República que involucrarían en actos de corrupción a la jueza de la Sala Penal Nacional, Mirta Bendezú, se refieren estrictamente al caso Matero (desaparición forzada de cuatro campesinos), es cierto que “desde hace mucho tiempo existe dudas sobre el comportamiento de la jueza en los casos de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ha fallado a favor de los imputados”. Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime, especialistas en temas de derechos humanos, comparten con LaMula.pe sus apreciaciones sobre el accionar de esta polémica abogada.
“Este proceso es delicado, tenemos una acusación fiscal de 20 años, además de testigos que sindican directamente a los presuntos autores, pero cuando cada uno realice su descargo oral es cuando ellos van a determinar su inocencia, (…) yo como encargada de los debates lo ayudaré”.
Este es uno de los correos publicados el día sábado 11 de julio por el diario La República en una investigación del periodista César Romero que revela cómo una magistrada de la Sala Penal Nacional, Mirta Bendezú, habría favorecido a un militar acusado en un caso de desaparición forzada al ayudarlo a liberarse de los cargos en su contra.1
Los autores de los correos electrónicos intercambiados entre el 2007 y el 2008 son el hoy general Marino Ambía Vivanco, acusado de la desaparición forzada de cuatro campesinos en la localidad de Matero, Ayacucho en 1986; la magistrada Mirta Bendezú Gómez, presidenta del colegiado D y directora de debates que llevó adelante el juicio contra Ambía en aquellos años; y un intermediario, “Javier”, presuntamente hermano de la jueza. Los correos dan cuenta de la disponibilidad de la jueza de “darle la mano” al general para asegurar una sentencia absolutoria.
Dicho y hecho: el 8 de agosto de 2008, el general fue absuelto de los cargos en su contra. La base de la absolución es la desestimación de los testimonios de los familiares de las víctimas, los principales testigos de la detención de sus seres queridos, quienes nunca más fueron vistas con vida. Según la sentencia firmada por Bendezú, se desestima los testimonios de los familiares pues ellos tienen “un interés directo en el resultado, y con una carga de subjetividad, que se advierte en sus propias declaraciones”.
Este argumento fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas. La modalidad de la desaparición forzada –en que las víctimas son sacados de sus casas, con frecuencia en la madrugada, suelen ser los familiares los únicos testigos de los hechos, además de ser quienes desarrollan los primeros y fundamentales actos de investigación.
Los otros juicios
Los correos publicados por La República se refieren solamente al caso Matero. Pero es cierto que desde hace mucho tiempo existe dudas sobre el comportamiento de la jueza Bendezú en los casos de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ha fallado a favor de los imputados. Desde el año 2008, Bendezú ha participado como miembro del tribunal en 15 procesos relacionados con casos de graves violaciones a los derechos humanos2; en doce de ellos, las sentencias han sido absolutorias. De las tres sentencias condenatorias en que fue parte del colegiado, ella emitió un voto singular para absolver (caso Curgos). Sin embargo, al año siguiente, la Corte Suprema anuló la condena “con el argumento de la prescripción, pese a que este beneficio no procede para graves violaciones a los derechos humanos”3. Eso quiere decir que en 7 años, Bendezú ha condenado en sólo dos casos. Los otros dos fallos condenatorios firmados por Bendezú se dieron en 2013 y 2014.
Actualmente, Bendezú es parte del tribunal en por lo menos ocho procesos de derechos humanos en curso.4 Entre ellos el emblemático caso Accomarca, donde se encuentran acusados toda la cadena de mando que habría participado en la masacre de 69 campesinos en agosto de 1985. Justamente este miércoles 15 de julio está programado el inicio de los alegatos finales, luego de casi cinco años de juicio oral. La acusación de corrupción de la jueza Bendezú pone en grave riesgo este proceso, que está por culminarse: los abogados tendrían que recusar a la jueza, lo cual podría llevar a que se quiebre (pues ya hubo un cambio de juez, que sólo se puede darse una vez en un proceso penal); o, si la jueza se queda, existe el riesgo de que también haya realizado arreglos con los imputados para garantizar su absolución.
En el caso Rodrigo Franco (luego de que María Vidal se ausentara y se produjera el quiebre del primero), Mirta Bendezú asumió la presidencia del segundo proceso. Aprodeh recusó a la jueza por sus vinculaciones con el Partido Aprista: “La jueza Mirta Bendezú está casada con Ricardo Chumbe Paz, abogado del estudio de Edmundo Peláez, quien a su vez es cercano al Apra y ha defendido a Alan García. Por decoro la jueza debió inhibirse, pero no lo ha hecho”, declaró Gloria Cano, secretaria ejecutiva de Aprodeh5. Sin embargo, la recusación fue rechazada.
Los familiares de las víctimas no han quedado de brazos cruzados. Familiares del caso Matero y Accomarca realizaron un plantón exigiendo la destitución de los jueces involucrados en los hechos de corrupción. Así también, a través de Aprodeh, el día de ayer presentaron la recusación de la jueza de los procesos en curso que ellos representan. “Le corresponde por derecho a las víctimas contar con magistrados de los cuales no se dude de su imparcialidad en los procesos”6, puntualizaron.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron que la Jueza Bendezú ha sido apartada de la Sala Penal Nacional. No está claro qué va a pasar con casos como Accomarca, donde ella es parte del tribunal de un proceso en curso y donde su separación del caso significaría un quiebre del proceso. En todo caso, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas exigen que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre la actuación de la jueza y del general Ambía, y que tomen medidas para reforzar la independencia jurídica y evitar actos de corrupción que no solo dañan a las víctimas sino también a la sociedad entera, al afectar el estado de derecho.
Estos casos son: Agente Carrión, Javier Tineo, Hilario Ayuque Zúñiga, Lumachuayco, Marco Barrantes 3, Navarrete, Aucayacu o Capitán Carlos Esparza, Curgos, Los Laureles, Gualberto Chipana Wayra, Luis Manrique Escobar, Constantino Saavedra 2, Santa Barbara 2, Matero 1 y Pedro Haro. (^^^)
Intervención de Aprodeh en caso 32-2013 (Vilcashuamán 4) (^^^)
Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2da. ed.; puede descargarse gratuitamente aquí). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net).
María Rodríguez es historiadora egresada de la UNMSM. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos; y actualmente se encuentra cursando la maestría en Gerencia Social en la PUCP. Es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria y asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru.
Desde el inicio del conflicto armado interno en 1980, el Perú se sumó casi 70 mil muertos y desaparecidos, además de quienes fueron sometidos a torturas, violaciones o desplazamiento forzado por el conflicto interno. A pesar de que Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, la mayoría de los crímenes estatales siguen en la impunidad. Organizaciones no gubernamentales acusan falta de voluntad política del gobierno para resolver el problema.
Una cifra alarmante. A mediados de agosto último las fiscalías de derechos humanos y terrorismo de Ayacucho enviaron sus estadísticas de casos a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de esa localidad. Los datos reflejan que se archivaron 1,335 casos y solo en 103 se formalizaron denuncias penales.
Heridas abiertas. Familiares de desaparecidos y asesinados durante la violencia política reclaman justicia. No cesarán hasta alcanzarlaHeridas abiertas. Familiares de desaparecidos y asesinados durante la violencia política reclaman justicia. No cesarán hasta alcanzarla“Esta es una situación altamente preocupante, que muestra una tendencia hacia la impunidad”, advirtió la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
En el caso de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, las estadísticas revelan que de las 3,088 denuncias recibidas desde el 2000, 411 tienen archivo definitivo y 246 provisional y apenas 81 casos pasaron al Poder Judicial.
Algo similar ocurre en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial. Allí se cerraron definitivamente 213 expedientes y 233 de forma provisional. Solo se denunció en 21 casos.
Mientras que en la Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica y Ayacucho, 128 se archivaron de manera definitiva y 104 de forma temporal. Solamente en 11 se formalizó una denuncia.
“Solicitamos la información oficial a la Junta de Fiscales de Ayacucho porque teníamos indicios de este problema. Las cifras han superado lo que esperábamos encontrar”, sostuvo
Agregó que fuentes vinculadas al sector les han alertado sobre la intención de archivar de forma definitiva todos los expedientes cerrados provisionalmente. Explicó que en el primer caso simplemente no se constató que el delito se haya producido, mientras que en el segundo, se comprobó el hecho pero no se puede individualizar al responsable.
“Si hacen eso afectarán el derecho a la justicia de más de mil 500 víctimas, pues muchas de las denuncias se refieren a la desaparición o muerte de más de una persona”, manifestó la abogada.
POR FALTA DE DATOS
Uno de esos casos es el del registrador municipal Teófilo Ramos Gamboa, quien fue secuestrado el 18 de mayo de 1986 por una patrulla militar y llevado al Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, encontrándose hasta ahora en calidad de desaparecido.
Hace dos meses, su esposa, Felícita Delgadillo, fue notificada de que el caso se archivó provisionalmente, a pesar de los testimonios que dieron los testigos de la desaparición.
“He pasado 27 años exigiendo justicia. Por todos lados pregunté por mi esposo, lo busqué en los cerros, donde aparecían los muertos, por todos lados hemos caminado, junto a otras mujeres que preguntaban por sus esposos, por sus hijos. La justicia me han negado”, dijo con desesperanza.
El caso fue denunciado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió un pronunciamiento para que se investigue la desaparición de Ramos Gamboa.
Y pese a ello la fiscalía archivó el caso. La resolución señala que no se tiene evidencias suficientes para verificar la “verosimilitud” de los testimonios de los familiares y testigos de la detención, ni de la “posible participación en los hechos investigados por parte de efectivos militares que habrían prestado servicios en la Segunda División de Infantería de Ayacucho en el año 1986”.
Felícita fue testigo directo de la detención. Recordó que esa noche dormían en la casa de su suegra cuando los militares entraron violentamente. Cuando ella pidió explicaciones de por qué se llevaban a su esposo le gritaron: “¡Cállate, terruca; si gritas te disparo!”.
“Lo sacaron de la casa, amarraron sus manos hacia atrás y se lo llevaron en un carro portatropas. Había un civil con una lista en sus manos”, relató con detalle, pues a pesar del tiempo transcurrido, recuerda muy bien lo que sucedió, pues esa noche cambió su vida.
“Hasta ahora no encuentro los restos de mi esposo para poder enterrarlo y rezar oraciones en su memoria. Eso me daría tranquilidad. No estoy conforme con la decisión del fiscal. He pasado años buscando respuestas y hasta ahora no encuentro la verdad ni justicia. Voy a luchar hasta alcanzarlas”, expresó.
NO UNO SINO MUCHOS
Otro caso archivado, que también cuenta con recomendación de la CIDH, es el del profesor Virgilio Fortunato Huarancca Araujo, asesinado en 1983 en el distrito Paras, provincia de Cangallo.
Su esposa, Felicitas Morales Aronés, contó que el 10 de abril de ese año Huarancca fue detenido y ejecutado por una patrulla de Sinchis.
A pesar de que los testigos que vieron la detención testificaron, el caso se archivó de manera definitiva, también porque el fiscal concluyó que no existen documentos ni indicios suficientes para individualizar a los presuntos autores, ya que el Ministerio del Interior no respondió a sus requerimientos.
El mismo problema tiene el caso de once pobladores de Accomarca, ejecutados extrajudicialmente el 3 de setiembre de 1983 por efectivos militares.
Primitivo Quispe Pulido refirió que en esa operación mataron a su hermano, José Cupertino, a su esposa, Maura Baldeón Gamboa, y sus hijos, José y Janeth Quispe Baldeón, de 2 y 4 años de edad respectivamente.
El fiscal archivó el caso provisionalmente porque el Ministerio de Defensa (Mindef) no brindó información sobre los militares que prestaron servicio en el destacamento militar de Vilcashuamán en esa fecha, afirmando que no tienen esa información registrada.
Feliciana Valencia Nanaq pasa por el mismo calvario, por el archivo de la investigación por el asesinato de su padre, Zenón Valencia Navarro, cometido el 24 de junio de 1989, en el distrito de Ayahuanco.
Varios testigos vieron cuando una patrulla Militar de Pampas (Tayacaja), al mando del capitán “Águila”, llegó al centro poblado de Pampa Coris y asesinó a 30 campesinos. Sin embargo, el Mindef tampoco ha respondido a la solicitud de identificación de la fiscalía.
DEFENSORÍA CRITICA LENTITUD
En su último reporte sobre los avances en justicia y reparación a las víctimas de la violencia política, la Defensoría del Pueblo advirtió que el proceso de judicialización ha sido muy lento y ha tenido muchas limitaciones.
La comisionada para la adjuntía de Derechos Humanos, Marlene Román, refirió que uno de los problemas que han motivado el archivo de un gran número de investigaciones fiscales es que el Ministerio de Defensa no entrega los informes para identificar a los presuntos responsables de las violaciones a derechos humanos.
Agregó que el subsistema de derechos humanos no cuenta con una estrategia para encarar el desafío de investigar un número tan elevado de denuncias y de tanta complejidad, y que falta capacitación de jueces y fiscales, los que ahora también ven denuncias de terrorismo y narcotráfico.
Adelina García, presidenta de Anfasep, informó que victimas de 14 regiones del país arribaron a Lima para participar en las actividades por el décimo aniversario del Informe Final de la CVR.
Responsables deben ser condenados
Ideeleradio.- Adelina García Mendoza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anafsep), cuestionó que el Poder Judicial esté optando por la impunidad y el archivamiento de los casos de derechos humanos.
Fue al referirse a la situación procesal de los más de 50 casos que ya están judicializados y al exigir que se señale la responsabilidad penal de los responsables de la violencia entre 1980 y el 2000.
“Igualmente en Lima se han judicializado más de 50 casos, pero esos también se están archivando. No se llega a la sentencia. Las personas que han cometido violación de derechos humanos tienen que pagar su culpa, tienen que ser sentenciados. En eso estamos preocupados como organización”, advirtió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Además, en el tema de las reparaciones simbólicas nada. De parte del Estado no da esta reparación simbólica, nosotros en Ayacucho reclamamos el santuario de la memoria en La Hoyada ni eso se preocupan las autoridades. Eso sería para nosotros una de las reparaciones simbólicas para todos los afectados”, agregó.
Finalmente, García Mendoza indicó que victimas de 14 regiones del país arribaron a la ciudad de Lima para participar en las actividades por el décimo aniversario del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde además exigirán a las autoridades cumplir con las reparaciones económicas y simbólicas.
Cumplidos 10 años desde la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que determinó más de 73 casos de graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) entre los años 1980 y 2000, las principales organizaciones de defensa de los familiares de las víctimas denuncian que instancias gubernamentales como el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Defensa han tomado una actitud que parece destinada a dejar impunes los casos de desapariciones forzadas y demás atrocidades perpetrados, sobre todo, por el propio Estado.
Acusan interferencia política en juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas en los gobiernos de Alan García y Alberto FujimoriAcusan interferencia política en juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori.La investigación de la CVR no fue poca cosa. Finalizada la década de dictadura fujimontesinista, y a lo largo de 2 años, se recogió para la investigación el testimonio de 16 mil 985 personas, y se organizaron 21 audiencias a las que asistieron más de 9500 familiares y víctimas de la violencia, así como entrevistas a los implicados y testigos.
De los 73 casos registrados –muchos de los cuales eran tan complejos que implicarían más de un juicio adicional–, la CVR recomendó en su informe final la judicialización de 47 de ellos, recomendando justicia, reparaciones a las víctimas y la aplicación de reformas de Estado para evitar que esa tragedia vivida se volviera a repetir.
La otra cara de la moneda es cómo se han llevado hasta hoy esos juicios, sobre todo en la controvertida Sala Penal Nacional, que ha llevado 37 casos, 22 de ellos con fallo absolutorio.
Otra muestra de que la impunidad se está convirtiendo en moneda corriente en los juicios por esos crímenes es el trabajo de la investigadora de Human Rights, Jo-Marie Burt, que apunta que de 49 casos abiertos en el PJ –que implican a 211 víctimas–, se han emitido 28 fallos absolutorios.
Asimismo, se dieron 15 veredictos mixtos –considerando que algunos implicados eran culpables, otros inocentes y algunos no habidos– y, a pesar de las pruebas recogidas por la CVR y por los propios abogados de las víctimas y sus familias, solo 5 fallos condenatorios.
“IMPUNIDAD”
Si bien cabe acotar que muchas de ellas han sido apeladas, y otras se encuentran en segunda o tercera instancia, para el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), estas alarmantes cifras solo tendrían una explicación.
“No ha sido solo el número de sentencias condenatorias y absolutorias, pese a que la mayoría hasta ahora pertenece a este último grupo. Al reparar en el contenido de los veredictos se descubre que son una suerte de alegatos a favor de la impunidad”, afirma.
“Ante esta realidad, solo podemos dar una explicación política al asunto. Por el lado jurídico, ya no se puede”, agrega.
SON PERSONAS NO CIFRAS
A las organizaciones a favor de los Derechos Humanos no les falta razón en sus reclamos. Revisando la lista de los 49 procesos llevados hasta ahora en el PJ –que aparece en el informe de Jo-Marie Burt– diario 16 descubrió que de los 28 casos que tuvieron veredictos absolutorios 16 pertenecen a crímenes cometidos en el gobierno de Fujimori (1990-2000), y 11 al primer gobierno de Alan García (1985-1990).
En los fallos mixtos, tampoco les fue mal a las gestiones de Fujimori y García. De los 15 que se emitieron, el período fujimorista obtuvo 12 sentencias de ese tipo, mientras que el primer gobierno aprista, 3.
“La segunda llegada de Alan García al poder significó un cambio en el criterio de valoración de los casos que se llevaban en el PJ. Él abogó por los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, hizo que el Ministerio de Defensa pagara los abogados de militares acusados de crímenes, e incluso lamentó que haya una ‘persecución’ contra ellos”, explica Rivera al respecto.
Y es cierto. En setiembre del 2010, Alan García emite el Decreto Legislativo Nº 1097, que señalaba que los delitos de lesa humanidad sólo podían ser considerados como tales desde 2003, cuando el Perú suscribió acuerdos internacionales en la materia.
Este decreto, finalmente derogado por presiones de instituciones de defensa de los Derechos Humanos y por el Congreso, en la práctica permitía que los crímenes cometidos por militares y policías antes de esa fecha gozaran del beneficio de la prescripción, entre ellos quienes actualmente luchan por que prescriban sus crímenes: el Comando Rodrigo Franco y su fundador, el exministro del interior de García, Agustín Mantilla.
“Además, cuando en el segundo gobierno aprista se acusa a los jueces de ser ‘subsidiados por las ONG’, estos se sensibilizaron y empezaron a actuar en consecuencia”, agrega Rivera, dando paso, en el tema judicial, a la abogada Gloria Cano, de Aprodeh.
Treinta y tres organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy ante la CIDH la “impunidad” en que permanecen las desapariciones forzadas en Guatemala México, Colombia y Perú, y la falta de políticas eficaces ante un fenómeno que, aseguraron, sigue produciéndose en los tres primeros países. En representación del Perú, participó José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
Izq.: José Pablo Baraybar, director de EPAF. Der.: Familiares conmemoran el día nacional de la dignificación de las victimas del conflicto armado interno en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Archivo)
José Pablo Baraybar, director de EPAFWASHINGTON.- “La práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue practicando hoy en al menos tres de los cuatro países aquí representados, y persiste la impunidad de sus autores materiales”, dijo el abogado Carlos Rodríguez Mejía, expresidente de la Comisión Colombiana de Juristas; en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
Mejía, que habló en nombre de todos los denunciantes, lamentó la “falta de eficiencia y de voluntad política para buscar a los desaparecidos”, la “tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada” y la “falta de coordinación de las entidades” en esos cuatro países.
Por ello, pidieron a la CIDH que elabore un informe con recomendaciones a los Estados para 2014, que desarrolle un “protocolo guía” para la búsqueda de los desaparecidos, que refuerce las medidas cautelares para estos casos y que “se pronuncie con urgencia sobre la grave tendencia al negacionismo de los Estados”.
Sobre México, las organizaciones indicaron que pese al gesto del Gobierno de Enrique Peña Nieto de publicar la lista de 26.121 personas desaparecidas durante el sexenio anterior, persiste una “falta de voluntad política para resolver estos casos” , en palabras de Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.
Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México (Fundem) , lamentó que el Ejecutivo de Peña Nieto “ni siquiera haya reconocido que haya desapariciones forzadas” en el listado que publicó, y que aún no hay “ningún banco de datos confiable” al respecto.
En cuanto a Colombia, el problema también “se vive aún hoy”, marcado por “mecanismos de impunidad” como “la presencia de los victimarios en la región que envían mensajes a las familias para que no denuncien” y por la “continua pérdida de expedientes en las fiscalías”, según Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FNEB).
Agregó que hay “más de 7 leyes alrededor de los derechos de estas víctimas”, pero “no se aplican ni son eficaces”, y la ampliación del fuero militar dentro del nuevo marco jurídico para la paz impulsado en Colombia “permite una amnistía encubierta para los autores de esas desapariciones”.
En Guatemala, “no existen esfuerzos serios y comprometidos por parte del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, ni para reparación de las víctimas”, y “la impunidad y protección a autores materiales e intelectuales persiste”, denunció Carla Caxaj, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) .
Alertó que “recientes mensajes” del presidente de Guatemala, Otto Pérez Medina, de “que no existieron los delitos de desapariciones porque no están tipificados”, son un “indicador de la negación” del Estado que impide que haya una política al respecto.
Por último, el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, aseguró que en Perú no hay “una institución que esté preparada para impulsar la búsqueda de los desaparecidos” y “persiste una tendencia a ignorar las sentencias en cuanto a desaparición forzada que propician la impunidad”.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tomó una decisión política al archivar la investigación que se le siguió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Javier Villa Stein, que dispuso la reducción de las penas para los miembros del grupo Colina, sostuvo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.
“El propio presidente del CNM no sabe explicar al país cuál es el contenido y por qué razón han tomado esa decisión, es impresionante que una persona que se ha paseado por todos los organismo públicos, hay jueces como el señor [Pablo] Talavera que han resuelto casos de violaciones a los derechos humanos y aquí todo indica que hay, desde nuestro punto de vista, una decisión política de librar de toda responsabilidad a los miembros de la Corte Suprema y permitir una suerte de impunidad solapada en este tipo de procedimiento”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Ahora entendemos la razón por la cual los demoraron excesivamente, siendo este un procedimiento que debió de terminar a los dos meses y que está terminando a los seis meses, creo que todo tiene sentido, y es evidente que el CNM jugó un rol político, que espero que pase el tiempo para lanzar una resolución que ni ellos mismos saben explicar”, indicó
El coordinador del Área Legal del IDL calificó la decisión del CNM como una burla a la acción de la justicia, a la decisión de los órganos internacionales y a los familiares de las propias víctimas. Remarcó que el pronunciamiento del Consejo contradice las decisiones que tomó la Corte Suprema al anular el fallo que favoreció al grupo Colina y que consagra un mecanismo de impunidad asolapado.
“Hay un hecho claro sobre el cual hay que confrontar esta situación, la resolución de la Corte Suprema del 27 de setiembre del año pasado, con la cual se anula la sentencia de Javier Villa Stein. Digamos si desde el punto de vista de los señores del CNM no hay nada irregular, entonces ¿Por qué razón la Corte Suprema anuló la sentencia de Villa Stein? Esa es una pregunta elemental que hay que hacer”, declaró.
“¿Cuál es la razón o el motivo por el cual la propia Corte Suprema decide anular una sentencia? Y meses después el CNM dice que en esa sentencia anulada no hay nada irregular, es bastante contradictoria sinceramente y me parece que lo único que expresa es una decisión política que no saben fundamentar, que no saben explicar por qué; justamente me parece arbitraria e ilegal la decisión del CNM y que, simplemente, ha terminado de consagrar un mecanismo de impunidad asolapado a favor de quienes emitieron esta resolución abiertamente ilegal”, acotó.
Gloria Cano (Aprodeh), David Velazco (Fedepaz) y Nataly Herrera (Comisedh) se presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar sus críticas al sistema de justicia peruano, especialmente referidas a sentencias emitidas en casos de graves violaciones de derechos humanos.
El Estado peruano, representado por el procurador especializado en Materia Constitucional Luis Huerta, replicó citando la sentencia de Alberto Fujimori y el caso Los Cabitos.
Sobre el último punto, la asesora principal para Washington Office on Latin America (WOLA), Jo-Marie Burt, señaló que “el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no colaboran con la Fiscalía con la entrega de información necesaria para esclarecer el caso y poder identificar a los responsables”.
La defensa del Estado también mencionó la acción de amparo contra el fallo Villa Stein por el caso Barrios Altos. Sin embargo, las organizaciones de víctimas recordaron que este aún no ha sido admitido.
Mirta Bendezú, la Jueza de la Impunidad
