For almost a quarter-century, they have scoured the mountains of Peru’s poorest region in search of the son hauled away by soldiers in the middle of the night. During their futile search, the couple found 70 clandestine burial sites and unearthed three dozen bodies.
Foto archivoAfter Javier and two school chums were taken, they wrote the local military commander, who denied knowing anything. They wrote the Roman Catholic Church, the Congress and three successive presidents. But none answered Alejandro Crispin and his wife, Alicia.
“How is it possible that no one is in jail for ‘disappearing’ one’s child?” asked Crispin, who at 69 is equal parts exhausted, bewildered and indignant. “How is it possible that the killers of innocents remain free?”
The couple’s odyssey lays bare Peru’s failure to address the unhealed wounds of thousands of families, most of them poor, Quechua-speaking peasants, who were the principal victims of the country’s 1980-2000 conflict between Maoist Shining Path guerrillas and the government.
About 70,000 people died, more than half slain by rebels and more than a third by security forces, according to estimates by a Truth and Reconciliation Commission of respected academics.
Ten years after the commission issued its recommendations, few have been heeded: No state agency exists dedicated to finding and cataloging the bodies of the estimated 15,000 people forcibly disappeared in the conflict. Researchers blame most of the disappearances on security forces.
Few human rights abusers have been prosecuted. And fewer than 2 in 5 of the 78,000 relatives of people killed who applied for reparations received them, getting less than $4,000 each.
The truth commission was able to document 24,692 deaths – 44 percent by state security agents and 37 percent by the Shining Path, with the other killers undetermined. A relatively low percentage of deaths in the conflict occurred in actual combat, leading to complaints by rights activists of meager prosecutions of war criminals.
Only 68 state security agents have been convicted of war crimes, while 134 – mostly soldiers – have been acquitted, said Jo-Marie Burt, a George Mason University political scientist who studies the conflict.
Como parte de una clara maniobra mediática para promover su indulto, Alberto Fujimori envió un audio a través de RPP Noticias, aduciendo que su salud es de “pronóstico reservado” y que su encierro se trata de un “(…) cuasi aislamiento celular y con régimen de silencio obligado”. Sin embargo, el INPE ha demostrado que entre noviembre de 2012 y enero de 2013 Fujimori ha recibido a 80 congresistas en la DIROES, lo cual estaría contradiciendo lo vertido sobre su supuesto aislamiento.
fujimori28091202El audio ha generado el rechazo de sectores del gobierno y la sociedad civil, tales como el Ministro de Interior Wilfredo Pedraza, el ex Fiscal Supremo Avelino Guillén y la ong Aprodeh.
Al respecto, les alcanzamos las declaraciones de Jo-Marie Burt, Directora del Proyecto Juicios por Derechos Humanos en Perú y Asesora Principal de WOLA, recogidas hace 2 semanas por diversos diarios locales, donde indica que Fujimori no reúne los requisitos suficientes para ser beneficiario del indulto humanitario.
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WOLA: Las condiciones para un indulto a Alberto Fujimori no están dadas
Jo-Marie Burt pidió a los seguidores fujimoristas y a su familia dejar de presionar por esta gracia presidencial y reflexionar sobre el pedir perdón a las víctimas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) refirió que no existen elementos que justifiquen realmente el otorgamiento del indulto humanitario solicitado por la familia de Alberto Fujimori a favor del sentenciado expresidente.
La asesora principal de este organismo, Jo-Marie Burt, precisó que un indulto solo se otorga a los presos que están en un estado de salud grave y que sus condiciones de encarcelación no son las adecuadas para seguir con el tratamiento médico. En el caso de Fujimori, estos requerimientos no se cumplen.
Consideró que un eventual indulto humanitario propiciaría una condena moral a nivel nacional e internacional, sin embargo, mostró su confianza en que esta gracia presidencial no será dada.
“Vemos que el Gobierno peruano tiene claro que las condiciones para un indulto no están dadas”, manifestó a la Agencia Andina.
Al ser consultada por el internamiento de urgencia del exgobernante en una clínica local por un cuadro de gastritis, afirmó que no se trata de una enfermedad grave y que puede ser tratada médicamente sin poner en riesgo su salud.
Explicó que existe una fuerte presión por parte de la familia y los seguidores fujimoristas para que se otorgue este indulto. Asimismo, les exhortó que acepten la condena que pesa sobre él, porque no está por encima de la ley.
“Lo que tendrían que hacer es pensar por qué él está donde está, revisar lo que hizo y reflexionar, pedir perdón a las víctimas. […] También deberían aceptar la condena como cualquier persona, pero siguen creyendo que Fujimori no debe responder a la ley, que está por encima de la ley, y eso no es verdad”, concluyó.
Recuerdan que los indultos solo son para casos graves
El ex mandatario Alberto Fujimori no reúne las condiciones necesarias que justifiquen la viabilidad de un indulto humanitario, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El indulto solo se otorga a reos en grave estado de salud y cuando las condiciones carcelarias no son adecuadas para su tratamiento médico. No ha sido el caso hasta ahora del señor Fujimori”, aclaró Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, quien agregó que de otorgar la gracia presidencial al líder fujimorista se podría generar una condena moral a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, Burt agregó que confía en que el gobierno peruano no concederá el indulto para el encarcelado ex presidente, debido a que está claro que no están dadas las condiciones como para otorgarle un beneficio de esa magnitud.
Cabe recordar que Alberto Fujimori fue dado de alta ayer luego de permanecer internado en una clínica local por habérsele presentado un cuadro de gastritis aguda, lo cual para el WOLA no es considerado como una enfermedad que ponga en riesgo la salud.
Por otro lado, Jo-Marie Burt criticó el hecho de que la familia y los seguidores de Alberto Fujimori ejerzan una fuerte presión para que este sea beneficiado con la gracia presidencial.
“Lo que tendrían que hacer es pensar por qué él está donde está, revisar lo que hizo y reflexionar, pedir perdón a las víctimas”, sentenció la autoridad del WOLA.
WOLA: no hay ningún elemento que justifique otorgar indulto a Fujimori
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideró hoy que hasta la fecha no existen elementos que justifiquen realmente el otorgamiento del indulto al sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, dijo que “el indulto solo se otorga a los reos en grave estado de salud y cuando las condiciones carcelarias no son las adecuadas para su tratamiento médico. No ha sido el caso hasta ahora del señor Fujimori”.
En su opinión, un eventual indulto humanitario propiciaría una condena moral a nivel nacional e internacional, pero expresó su confianza en que esta gracia presidencial no se dará.
“Vemos que el gobierno peruano tiene claro que las condiciones para un indulto no están dadas”, estimó.
Respecto a la depresión atribuida al exmandatario -quien fue internado esta semana por un cuadro de gastritis- consideró que no se trata de una enfermedad grave y que puede ser tratada médicamente sin poner en riesgo su salud.
Consideró que existe una fuerte presión de la familia y los seguidores de Fujimori para que este reciba la gracia presidencial.
“Lo que tendrían que hacer es pensar por qué él está donde está, revisar lo que hizo y reflexionar, pedir perdón a las víctimas”, indicó.
“También deberían aceptar la condena como cualquier persona, pero siguen creyendo que Fujimori no debe responder a la ley, que está por encima de la ley, y eso no es verdad”, añadió.
La asesora de WOLA recordó que la condena de 25 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad que pesa sobre el expresidente se dio en un juicio donde se probó su culpabilidad.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideró que, a la fecha, no existen elementos que justifiquen realmente el otorgamiento del indulto al sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS”
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, recalcó que “el indulto solo se otorga a los reos en grave estado de salud y cuando las condiciones carcelarias no son las adecuadas para su tratamiento médico.
No ha sido el caso hasta ahora del señor Fujimori”.
Cumplidos 10 años desde la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que determinó más de 73 casos de graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) entre los años 1980 y 2000, las principales organizaciones de defensa de los familiares de las víctimas denuncian que instancias gubernamentales como el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Defensa han tomado una actitud que parece destinada a dejar impunes los casos de desapariciones forzadas y demás atrocidades perpetrados, sobre todo, por el propio Estado.
Acusan interferencia política en juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas en los gobiernos de Alan García y Alberto FujimoriAcusan interferencia política en juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori.La investigación de la CVR no fue poca cosa. Finalizada la década de dictadura fujimontesinista, y a lo largo de 2 años, se recogió para la investigación el testimonio de 16 mil 985 personas, y se organizaron 21 audiencias a las que asistieron más de 9500 familiares y víctimas de la violencia, así como entrevistas a los implicados y testigos.
De los 73 casos registrados –muchos de los cuales eran tan complejos que implicarían más de un juicio adicional–, la CVR recomendó en su informe final la judicialización de 47 de ellos, recomendando justicia, reparaciones a las víctimas y la aplicación de reformas de Estado para evitar que esa tragedia vivida se volviera a repetir.
La otra cara de la moneda es cómo se han llevado hasta hoy esos juicios, sobre todo en la controvertida Sala Penal Nacional, que ha llevado 37 casos, 22 de ellos con fallo absolutorio.
Otra muestra de que la impunidad se está convirtiendo en moneda corriente en los juicios por esos crímenes es el trabajo de la investigadora de Human Rights, Jo-Marie Burt, que apunta que de 49 casos abiertos en el PJ –que implican a 211 víctimas–, se han emitido 28 fallos absolutorios.
Asimismo, se dieron 15 veredictos mixtos –considerando que algunos implicados eran culpables, otros inocentes y algunos no habidos– y, a pesar de las pruebas recogidas por la CVR y por los propios abogados de las víctimas y sus familias, solo 5 fallos condenatorios.
“IMPUNIDAD”
Si bien cabe acotar que muchas de ellas han sido apeladas, y otras se encuentran en segunda o tercera instancia, para el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), estas alarmantes cifras solo tendrían una explicación.
“No ha sido solo el número de sentencias condenatorias y absolutorias, pese a que la mayoría hasta ahora pertenece a este último grupo. Al reparar en el contenido de los veredictos se descubre que son una suerte de alegatos a favor de la impunidad”, afirma.
“Ante esta realidad, solo podemos dar una explicación política al asunto. Por el lado jurídico, ya no se puede”, agrega.
SON PERSONAS NO CIFRAS
A las organizaciones a favor de los Derechos Humanos no les falta razón en sus reclamos. Revisando la lista de los 49 procesos llevados hasta ahora en el PJ –que aparece en el informe de Jo-Marie Burt– diario 16 descubrió que de los 28 casos que tuvieron veredictos absolutorios 16 pertenecen a crímenes cometidos en el gobierno de Fujimori (1990-2000), y 11 al primer gobierno de Alan García (1985-1990).
En los fallos mixtos, tampoco les fue mal a las gestiones de Fujimori y García. De los 15 que se emitieron, el período fujimorista obtuvo 12 sentencias de ese tipo, mientras que el primer gobierno aprista, 3.
“La segunda llegada de Alan García al poder significó un cambio en el criterio de valoración de los casos que se llevaban en el PJ. Él abogó por los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, hizo que el Ministerio de Defensa pagara los abogados de militares acusados de crímenes, e incluso lamentó que haya una ‘persecución’ contra ellos”, explica Rivera al respecto.
Y es cierto. En setiembre del 2010, Alan García emite el Decreto Legislativo Nº 1097, que señalaba que los delitos de lesa humanidad sólo podían ser considerados como tales desde 2003, cuando el Perú suscribió acuerdos internacionales en la materia.
Este decreto, finalmente derogado por presiones de instituciones de defensa de los Derechos Humanos y por el Congreso, en la práctica permitía que los crímenes cometidos por militares y policías antes de esa fecha gozaran del beneficio de la prescripción, entre ellos quienes actualmente luchan por que prescriban sus crímenes: el Comando Rodrigo Franco y su fundador, el exministro del interior de García, Agustín Mantilla.
“Además, cuando en el segundo gobierno aprista se acusa a los jueces de ser ‘subsidiados por las ONG’, estos se sensibilizaron y empezaron a actuar en consecuencia”, agrega Rivera, dando paso, en el tema judicial, a la abogada Gloria Cano, de Aprodeh.
Keiko Fujimori, la hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y excandidata a la presidencia peruana, informó ayer que solicitarán al gobierno de Ollanta Humala el indulto humanitario de su padre, el exmandatario que está sentenciado a 25 años por delitos de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción. «Por pedido de sus cuatro hijos, y a pedido de muchísimas personas, incluso que van más allá del fujimorismo, se ha tomado la decisión de que en los próximos días se presentará el pedido de indulto por razones humanitarias para mi padre», expresó Keiko Fujimori en la puerta de la Clínica San Felipe de Lima, donde hoy será dado de alta el reo y ex mandatario de 74 años.
Manifestación en favor de FujimoriEn abril de 2007, Alberto Fujimori —que gobernó entre 1990 y 2000— fue condenado a 25 años por ser «autor mediato» en la creación y prohijamiento del grupo Colina, que se creó dentro del ejército y que realizó asesinatos extrajudiciales en las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta. También fue condenado por corrupción y por el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario, Samuel Dyer.
Al respecto, la investigadora del WOLA y de la Universidad George Mason, Jo-Marie Burt aseguró a ABC que «la ley peruana es clara. No se puede aplicar el indulto a quien fuera condenado por secuestro agravado, como es el caso del expresidente Fujimori». «La comunidad de derechos humanos en el Peru ha señalado que si hay evidencias claras y creíbles de enfermedad terminal, únicamente en este caso se podría aplicar el indulto humanitario. De no ser así —si se aplicara el indulto para Fuijmori por cálculo político, como parece ser el caso en la actualidad— seria rechazado a nivel internacional, no cabe la menor duda», concluyó.
Otro óbice que el presidente Ollanta Humala tomará en cuenta para otorgar el indulto al preso exmandatario es el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; quien es un defensor a ultranza de los derechos humanos y es un enemigo jurado de Alberto Fujimori, desde que realizó el «autogolpe», el 5 de abril de 1992.
