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Por RightsPeru

Nota:

Desde mas de 20 años Gisela Ortiz Perea no descansa en buscar a su hermano, Luis Enrique, quien junto a 8 estudiantes mas y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, fue víctima de desaparición forzada a manos de un comando del ejército peruano conocido como el Grupo Colina. Ella fue uno de los activistas más visibles de los familiares de La Cantuta, quienes no descansaron hasta lograr la extradición, enjuiciamiento, y sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 por la justicia peruana como el responsable máximo de estos crímenes.

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Ahora, lidera una protesta latinoamericana para llamar la atención sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en México. Ha realizado plantones pidiendo justicia para los estudiantes y los demás desaparecidos frente a la Embajada de México en Lima, y prepara una serie de actividades de solidaridad con las familias de los jóvenes mexicanos. Aquí un reportaje de La Vanguardia sobre la solidaridad internacional que ha despertado la desaparición forzada de los 43 estudiantes, una práctica que se tornó una práctica común de las dictaduras latinoamericanas y lamentable persiste hoy en día, y el impacto que tiene sobre la vida de los familiares de la víctima y sobre la comunidad en general.

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Gisela Ortiz Perea: “Las desapariciones forzadas buscan sembrar el miedo en la gente”

• Gisela Ortiz Perea lucha por encontrar a su hermano secuestrado y ejecutado por militares hace más de 20 años. Hoy narra el difícil camino que deben afrontar las familias tras sufrir desapariciones forzadas como las de México

Gisela Ortiz Perea no titubeó ni un segundo para sumarse a las protestas internacionales contra la desaparición forzada de los 45 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (México). Desde Lima, esta defensora de los Derechos Humanos exige justicia frente a la Embajada de México, y prepara una serie de actividades de solidaridad con las familias de los jóvenes mexicanos.

Ella ha vivido en carne propia la pesadilla de la desaparición forzada que recién ensombrece a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa. Y es que Gisela Ortiz perdió a su hermano Luis Enrique durante la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando un comando del ejército secuestró a un grupo de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que desaparecieron.

Este comando militar recibió órdenes del entonces presidente Alberto Fujimori, quien ha sido sentenciado a 25 años de cárcel tras comprobarse que fue autor mediato del asesinato de este grupo universitario.

Pero esta sentencia no ha significado el punto final para el viacrucis de sus familiares, quienes hasta ahora desconocen dónde fueron enterrados los cuerpos, debido a que los militares implicados procedieron a desenterrarlos de la primera fosa común, para incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas.

En esta lucha de dos décadas ha estado firme Gisela Ortiz en primera fila, convirtiéndose en una de las defensoras más activas en América latina. Ortiz analiza el difícil camino contra la impunidad que desde el pasado 26 de septiembre han sido obligadas a emprender las familias de los 45 estudiantes en México.

– Frente al Caso Iguala, ¿Qué lectura hace de este tipo de hechos?

El nivel de violencia que se está viviendo en México ya desborda cualquier control del Estado, siento que hay una inacción frente a las desapariciones diarias y frente a los asesinatos. La situación de violaciones a los derechos humanos se “normaliza” y hace que la impunidad vaya quedando como política de Estado y la indiferencia en la gente se vaya sembrando y no reaccione frente a los crímenes; como si fuera normal amanecer con personas asesinadas y colgadas cada día.

En el caso de la desaparición de Ayotzinapa, es responsabilidad de la policía, del gobernador, del Presidente de la República que nunca salió a pronunciarse en contra de estos hechos o manda buscar a los desaparecidos para dar respuesta a sus familiares y a toda la comunidad internacional que está preguntando ¿Dónde están?; entonces tenemos a ciudadanos desprotegidos frente al crimen organizado, las mafias o cárteles y también frente a agentes del Estado que también cometen los mismos crímenes y, lo que es peor, no sienten la presión para responder por ellos.

– ¿Qué falla para que sigan ocurriendo este tipo de violaciones?

Todo el sistema democrático debe estar cimentado en el respeto a la vida. El sistema de protección de los derechos humanos que no sólo está contemplado en la legislación mexicana sino en el sistema interamericano, del cual México es parte y el sistema universal como la ONU. Eso a nivel legal. Si el Estado o los tribunales internacionales no están condenando estos crímenes, se deja carta abierta para que se sigan cometiendo, el mensaje es: no importa que maten, que desaparezcan, acá no pasa nada.

Por último, el miedo. Son crímenes que tienen un mensaje social, el sembrar el miedo en la gente: “No te metas, no digas nada, no hagas nada”. Y ese miedo paraliza a las mayorías y nos vuelve indiferentes.

– ¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional?

En este caso en particular creo que ha sido inmediata, oportuna, de salir, denunciar, exigir respuestas al estado mexicano. Ayotzinapa puede significar un antes y un después en la reacción de la comunidad internacional frente a las desapariciones forzadas últimas que se han estado dando.

– ¿Y la del estado mexicano?

Nula. Si bien se apuraron en exhumar unas fosas que fueron denunciadas como “posibles sitios de entierro” de los estudiantes desaparecidos; en ese lugar no se encontraron a estas víctimas sino a otras, lo que es peor aún porque significa que México puede estar lleno de sitios de entierro ¿desde cuándo? ¿quiénes son esas víctimas? ¿por qué no se hizo nada antes? Y lo principal ¿dónde están los normalistas?

– Usted es una de las defensoras de derechos humanos más activas de Perú. Un camino que emprendió tras la desaparición de su hermano. ¿Qué ha implicado este hecho para usted y para su familia?

Un crimen de esta naturaleza te marca de por vida; no sólo por el daño emocional que significa la ausencia del ser querido sino porque la impunidad que persiste por meses, años, va haciendo que te dediques a esta lucha dejando de lado tus proyectos personales como estudios, trabajos, tener hijos y desgasta también la relación con la familia, que muchas veces no entiende la terquedad de la lucha. También significa cambiar totalmente de planes, yo no pensé ser activista de derechos humanos y aquí me tienes pensando y participando en las acciones por los estudiantes de Ayotzinapa.

Es que uno sabe lo que significa tener a un hermano desaparecido; el dolor de perderlo, la indignación de la injusticia, la rabia frente a la indiferencia y la complicidad de nuestros estados que no nos defienden, sino defienden a los criminales. Y después de eso no puedes quedar paralizado. Tienes que hacer algo, mucho mejor si son acciones legales utilizando todas las herramientas que te da la democracia.

– ¿Cuántos desaparecidos existen en su país?

Aunque no hay estadísticas claras sobre el número de desaparecidos que nos dejó el conflicto armado interno, se calcula que son entre 12.000 y 15.000 peruanos. La mayoría de ellos, campesinos, quechuahablantes invisibles para nuestros políticos.

– ¿Qué obstáculos existen en el Perú para que tras tantos años aún como familia vivan este largo viacrucis?

Varios. Por un lado, no hay una política de búsqueda de personas desaparecidas que plantee una estrategia para saber cuántos desaparecidos son y cómo hay que buscarlos. Por otro lado, un sistema judicial débil para encontrar información, investigar, juzgar y sancionar.

– En México exigen que se publiquen los nombres de las 22.300 personas desaparecidas en los últimos años. ¿Qué importancia tiene la memoria y la lucha activa en casos de las desapariciones?

Es importante que los desaparecidos dejen de ser cifras o estadísticas, tienen un nombre y hay que conocerlo; tienen familias y hay que saber de su dolor y de sus dramas, tienen historias y hay que compartirlas; tienen rostros y hay que mostrarlos porque son como nosotros.

La memoria es nuestra mejor herramienta en la lucha contra las desapariciones forzadas, porque habrán desaparecido físicamente a quienes amábamos pero no pueden quitarnos sus recuerdos, lo vivido y compartido. Ese es nuestro mejor tesoro y no podrán arrebatarnos.

Quienes los tenemos siempre presentes en nuestras acciones, sabemos que ellos se multiplican en cada uno de quienes se suman solidariamente, sabemos que ganamos el cariño de otros hermanos. Y ese debe ser el peor castigo para los criminales, saber que nunca podrán borrarlos como ellos quisieron.

– Usted trabaja en una de las zonas del Perú – como es Ayacucho – donde se reportaron el mayor número de desaparecidos. Y tras varias décadas ahora presencia las reparaciones, a madres que pueden enterrar a sus hijos. ¿Esto es suficiente?

Si bien se entregan los cuerpos, hasta ahora hay que buscar de qué manera otras instituciones apoyan para asumir los otros gastos: traslado de los familiares (muchos viven en comunidades o se han desplazado a ciudades de la costa y las restituciones se hacen en Ayacucho); quién apoya con los gastos de alimentación, alojamiento; quién construye los nichos para los entierros, etc.

Además de estos gastos, hay una gran afectación emocional en los familiares, que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, desde el acompañamiento necesario hasta atención más especializada. Así mismo, muchos son padres ancianos que este tipo de diligencias les terminan enfermando y tampoco reciben una atención adecuada.

– En Perú se han solidarizado con el caso mexicano. ¿Qué tipo de acciones/protestas están realizado?

Hemos realizado un plantón frente a la embajada de México en Lima, convocado por la Coordinadora contra la Impunidad, que es un colectivo de jóvenes universitarios y de algunos familiares de víctimas que trabaja en temas de derechos humanos de manera voluntaria. Nos hemos comprometido a realizar otros plantones frente a la casa del embajador porque a partir de las cinco de la tarde ya no hay nadie en la embajada, y nuestro objetivo es que nos vean y nos escuchen los representantes del Estado mexicano. Estamos convocando a federaciones de estudiantes de universidades para que hagan acciones dentro de sus propias universidades en solidaridad con los estudiantes; espero que haya capacidad para hacerlo.

– Una tarea ardua frente a estas realidades. ¿Cuál ha sido su clave para mantenerse tan firme en este largo camino?

¡La solidaridad! Esa ha sido y sigue siendo la clave. Una palabra de aliento, un abrazo, personas marchando a tu lado con la misma indignación; ver a otros jóvenes sumándose, dando de su tiempo para reclamar por personas que no conocen, que no son su familia pero que se indignan frente a la injusticia y salen; eso me llena de esperanza de que es posible seguir luchando para cambiar esta situación de injusticia e impunidad que todavía vivimos.

Publicado por La Vanguardia, el 9 de noviebre de 2014