Familiares de desaparecidos durante el conflicto armado en Perú durante los años 80 y 2000 denuncian que aún no obtienen justicia. Según organismos de derechos humanos, miles de juicios han sido archivados mientras resta por encontrar e identificar unos 12 mil cuerpos. teleSUR
Publicado por Telesur TV el 9 de abril de 2015
Por Jorge Frisancho
Violencia y autoritarismo en el Perú. Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, el libro de Jo-Marie Burt co-publicado en 2009 por el Instituto de Estudios Peruanos y Servicios Educativos Rurales (SER), es un libro clave para entender los procesos políticos y sociales del Perú de los últimos 30 años. Y ahora se puede descargar gratuitamente, colocado por su autora en el portal Academia.edu.
Jo-Marie Burt es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Columbia, docente en George Mason University (Virginia, Estados Unidos) e investigadora principal en WOLA, la Washington Office for Latin America. En Violencia y autoritarismo en el Perú, Burt se enfoca en los nexos, puntos de contacto y espacios de confrontación entre el Estado peruano y la sociedad civil, en particular las que denomina “zonas grises” generadas por la histórica debilidad del aparato estatal y que permitieron el crecimiento de Sendero Luminoso, todo ello en el contexto de la violencia política de los años 80 y 90.
Ahora que las formas autoritarias de hacer política vuelven a ser cosa de todos los días en el Perú, la lectura de este libro es obligada para quienes quieran tener una perspectiva sobre los riesgos que implican y las consecuencias que traen, y que ya han traído, para la vida colectiva de los peruanos. Imperdible.
Publicado en La Mula, el 21 de marzo de 2015
Por María Elena Castillo y Elías Navarro
Una cifra alarmante. A mediados de agosto último las fiscalías de derechos humanos y terrorismo de Ayacucho enviaron sus estadísticas de casos a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de esa localidad. Los datos reflejan que se archivaron 1,335 casos y solo en 103 se formalizaron denuncias penales.
asesinados durante la violencia política reclaman justicia.
No cesarán hasta alcanzarla“Esta es una situación altamente preocupante, que muestra una tendencia hacia la impunidad”, advirtió la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
En el caso de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, las estadísticas revelan que de las 3,088 denuncias recibidas desde el 2000, 411 tienen archivo definitivo y 246 provisional y apenas 81 casos pasaron al Poder Judicial.
Algo similar ocurre en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial. Allí se cerraron definitivamente 213 expedientes y 233 de forma provisional. Solo se denunció en 21 casos.
Mientras que en la Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica y Ayacucho, 128 se archivaron de manera definitiva y 104 de forma temporal. Solamente en 11 se formalizó una denuncia.
“Solicitamos la información oficial a la Junta de Fiscales de Ayacucho porque teníamos indicios de este problema. Las cifras han superado lo que esperábamos encontrar”, sostuvo
Agregó que fuentes vinculadas al sector les han alertado sobre la intención de archivar de forma definitiva todos los expedientes cerrados provisionalmente. Explicó que en el primer caso simplemente no se constató que el delito se haya producido, mientras que en el segundo, se comprobó el hecho pero no se puede individualizar al responsable.
“Si hacen eso afectarán el derecho a la justicia de más de mil 500 víctimas, pues muchas de las denuncias se refieren a la desaparición o muerte de más de una persona”, manifestó la abogada.
Uno de esos casos es el del registrador municipal Teófilo Ramos Gamboa, quien fue secuestrado el 18 de mayo de 1986 por una patrulla militar y llevado al Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, encontrándose hasta ahora en calidad de desaparecido.
Hace dos meses, su esposa, Felícita Delgadillo, fue notificada de que el caso se archivó provisionalmente, a pesar de los testimonios que dieron los testigos de la desaparición.
“He pasado 27 años exigiendo justicia. Por todos lados pregunté por mi esposo, lo busqué en los cerros, donde aparecían los muertos, por todos lados hemos caminado, junto a otras mujeres que preguntaban por sus esposos, por sus hijos. La justicia me han negado”, dijo con desesperanza.
El caso fue denunciado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió un pronunciamiento para que se investigue la desaparición de Ramos Gamboa.
Y pese a ello la fiscalía archivó el caso. La resolución señala que no se tiene evidencias suficientes para verificar la “verosimilitud” de los testimonios de los familiares y testigos de la detención, ni de la “posible participación en los hechos investigados por parte de efectivos militares que habrían prestado servicios en la Segunda División de Infantería de Ayacucho en el año 1986”.
Felícita fue testigo directo de la detención. Recordó que esa noche dormían en la casa de su suegra cuando los militares entraron violentamente. Cuando ella pidió explicaciones de por qué se llevaban a su esposo le gritaron: “¡Cállate, terruca; si gritas te disparo!”.
“Lo sacaron de la casa, amarraron sus manos hacia atrás y se lo llevaron en un carro portatropas. Había un civil con una lista en sus manos”, relató con detalle, pues a pesar del tiempo transcurrido, recuerda muy bien lo que sucedió, pues esa noche cambió su vida.
“Hasta ahora no encuentro los restos de mi esposo para poder enterrarlo y rezar oraciones en su memoria. Eso me daría tranquilidad. No estoy conforme con la decisión del fiscal. He pasado años buscando respuestas y hasta ahora no encuentro la verdad ni justicia. Voy a luchar hasta alcanzarlas”, expresó.
Otro caso archivado, que también cuenta con recomendación de la CIDH, es el del profesor Virgilio Fortunato Huarancca Araujo, asesinado en 1983 en el distrito Paras, provincia de Cangallo.
Su esposa, Felicitas Morales Aronés, contó que el 10 de abril de ese año Huarancca fue detenido y ejecutado por una patrulla de Sinchis.
A pesar de que los testigos que vieron la detención testificaron, el caso se archivó de manera definitiva, también porque el fiscal concluyó que no existen documentos ni indicios suficientes para individualizar a los presuntos autores, ya que el Ministerio del Interior no respondió a sus requerimientos.
El mismo problema tiene el caso de once pobladores de Accomarca, ejecutados extrajudicialmente el 3 de setiembre de 1983 por efectivos militares.
Primitivo Quispe Pulido refirió que en esa operación mataron a su hermano, José Cupertino, a su esposa, Maura Baldeón Gamboa, y sus hijos, José y Janeth Quispe Baldeón, de 2 y 4 años de edad respectivamente.
El fiscal archivó el caso provisionalmente porque el Ministerio de Defensa (Mindef) no brindó información sobre los militares que prestaron servicio en el destacamento militar de Vilcashuamán en esa fecha, afirmando que no tienen esa información registrada.
Feliciana Valencia Nanaq pasa por el mismo calvario, por el archivo de la investigación por el asesinato de su padre, Zenón Valencia Navarro, cometido el 24 de junio de 1989, en el distrito de Ayahuanco.
Varios testigos vieron cuando una patrulla Militar de Pampas (Tayacaja), al mando del capitán “Águila”, llegó al centro poblado de Pampa Coris y asesinó a 30 campesinos. Sin embargo, el Mindef tampoco ha respondido a la solicitud de identificación de la fiscalía.
En su último reporte sobre los avances en justicia y reparación a las víctimas de la violencia política, la Defensoría del Pueblo advirtió que el proceso de judicialización ha sido muy lento y ha tenido muchas limitaciones.
La comisionada para la adjuntía de Derechos Humanos, Marlene Román, refirió que uno de los problemas que han motivado el archivo de un gran número de investigaciones fiscales es que el Ministerio de Defensa no entrega los informes para identificar a los presuntos responsables de las violaciones a derechos humanos.
Agregó que el subsistema de derechos humanos no cuenta con una estrategia para encarar el desafío de investigar un número tan elevado de denuncias y de tanta complejidad, y que falta capacitación de jueces y fiscales, los que ahora también ven denuncias de terrorismo y narcotráfico.
Publicado en La República el 29 de setiembre de 2013
Lima, mar. 29 (ANDINA) – La Sala Penal Nacional del Poder Judicial notificó a la defensa de los deudos de las víctimas de la matanza de El Frontón sobre la acusación fiscal realizada contra 33 miembros de la Marina por el delito de homicidio calificado, informó el abogado Carlos Rivera.
El FrontónLuego de este tramite, la mencionada instancia judicial “estará generando una fecha de inicio del juicio”, a través de la correspondiente acta de enjuiciamiento, dijo el letrado a la Agencia Andina.
“Esto permitirá que después de muchos años finalmente se esclarezcan los hechos y establezcan responsabilidades”, manifestó.
En la acusación, emitida por la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo de la fiscal Luz Ibañez, se establece que hubo 133 víctimas mortales en la referida masacre, ocurrida en 1986.
Rivera señaló que en la acusación se califican estos asesinatos como “crímenes de lesa humanidad”.
Para los supuestos autores del hecho se solicitan 25 años de pena privativa de la libertad.
El documento tiene más de 500 páginas y en él se ha incluido declaraciones de los sobrevivientes, de los oficiales que participaron en el incidente, las declaraciones que elementos de la Marina prestaron bajo identidad reservada y las investigaciones que se hicieron en su momento en el fuero militar, indicó el abogado.
“La fiscalía se ha preocupado en aportar muchos elementos de prueba que acrediten que este hecho no solamente ocurrió, sino que además es posible identificar a los perpetradores materiales del crimen”, indicó.
El letrado recordó que en 2004 el Ministerio Público excluyó de este proceso a las autoridades políticas de aquel momento, entre ellos al expresidente Alan García y al vicealmirante Luis Giampietri.
Dichos personajes han sido incluidos en el expediente pero en calidad de testigos, precisó.
Asimismo, dijo que si bien el fallo lleva fecha de diciembre del año pasado, recién fue notificado por la sala judicial correspondiente a la defensa de los deudos.
(FIN) FGM/CCR
Publicado en Andina el 29 de marzo de 2013
RightsPeru, 9 de marzo de 2013
La directora del proyecto Human Rights Trials in Peru, Jo-Marie Burt, fue invitada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Apoyo para la Paz a participar en una mesa verde sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el Perú. La Dra. Burt fue acompañada por Lorena Balardini, socióloga del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien expuso sobre el proceso de justicia en Argentina. El evento, presidido por el coordinador del proyecto Apoyo para la Paz, Jaime Urrutia, tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012 en la Casa Matteo Ricci en Huamanga, Ayacucho.
Aquí compartimos un link donde puede encontrar las grabaciones de las presentaciones, gracias al equipo de Apoyo para la Paz.
Jaime Urrutia y Jo-Marie Burt
Lorena Balardini, Jaime Urrutia y Jo-Marie Burt
Lorena Balardini
© La RepúblicaPor Nelson Manrique
Luego de sucesivas marchas y contramarchas Alberto Fujimori firmó el pedido de indulto que se ha elevado al presidente Humala. Inmediatamente su abogado, César Nakazaki, se apresuró a señalar que esto no supone un pedido de perdón, lo cual fue rebatido de forma igualmente rauda por un distinguido grupo de juristas. Obviamente aquí hay algo más que un apasionado debate filológico. Lo que los fujimoristas pretenden es que Fujimori reciba la gracia presidencial sin el reconocimiento de los delitos que ha cometido. En otras palabras, torcer la justicia sacándole la vuelta a una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.
Para Nakazaki, que Fujimori haya firmado lo hace virtualmente merecedor de un indulto automático. Por supuesto, así no son las cosas. En primer lugar, un convicto que purga prisión por crímenes de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción no merece un indulto político. En segundo lugar, según el artículo 31 del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, un indulto humanitario es otorgable a “los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además de que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad”.
Va a ser difícil demostrar que es esa la situación de un reo que dispone de una vivienda de más de una hectárea de extensión (10.050 m2 para ser más exactos, y sugiero a los lectores que comparen con la dimensión de su propia casa). De acuerdo a un informe elaborado por Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, durante el gobierno de Alan García, Fujimori eligió dónde sería recluido, basándose en el mejor clima del ex fundo Barbadillo, y diseñó su remodelación. Su celda tiene asignada un área de 800 metros cuadrados, con sala de estudio, dormitorio, comedor y baños, andenes con 5 mil rosales, un policlínico con tres enfermeras, dos médicos y una ambulancia permanente, sala de visitas alfombrada, con aire acondicionado, frío bar, sillón de masajes, televisor, cabina telefónica, celulares, laptops y otros dispositivos de comunicación. Cuando se fueron los cuatro policías con los cuales compartía la reclusión, Fujimori aprovechó para agrandar sus dominios: “ha tomado posesión de toda la infraestructura contigua del Ceinpol. El comedor de policías es ahora salón para artes manuales y sesiones de canto. En la campaña electoral del 2011 esta sala sirvió para las reuniones semanales de los 300 representantes del fujimorismo… el segundo y tercer pisos de este edificio fueron utilizados como almacén de la propaganda política de su hija Keiko”.
Keiko ha alegado que todos los penales tienen esas mismas instalaciones, lo cual es, de entrada alucinante, pero, adicionalmente, olvidó mencionar que, mientras en Lurigancho las instalaciones son compartidas por cerca de 9 mil internos, Fujimori es el único inquilino de todo el penal que ocupa, con guardias que son elegidos por él y con una privacidad que viola todas las leyes penitenciarias: “Es insólito, pero ni siquiera los representantes del Ministerio Público pueden entrar al área privada de 800 metros cuadrados de Fujimori. Para este efecto, este sale a atender a una sala administrativa. Igual si se trata de un juez” (Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, “Privilegios de Diroes descalifican indulto a Alberto Fujimori“, La República, 29/10/2012).
Antes de dictaminar sobre el pedido de indulto de Fujimori haría bien el gobierno en abrir el acceso de la prensa a su centro de reclusión y adecuar su régimen penitenciario a lo que dictan las leyes peruanas. Ni que fuera un senador japonés electo para ostentar tales privilegios.
En un programa televisivo se ha denunciado que los regidores Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas intentaron beneficiar a sus familiares en un concurso público de rutas viales en la Municipalidad de Lima y estafaron a empresarios peruanos con la venta de buses chinos, en complicidad con una supuesta representante de esa nacionalidad llamada nada menos que Susana Cuy. Es necesario que la comuna se pronuncie inmediatamente y, de ser esta acusación verdadera, imponga las más drásticas sanciones. La superioridad moral es una cuestión fundamental en la campaña que se abre contra la revocatoria.
Publicado en La República el 06 de noviembre de 2012
Por María Elena Castillo
Tras 29 años de la matanza de 41 comuneros y escolares secuestrados por Sendero Luminoso y asesinados por una patrulla militar en la comunidad de Umasi, la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho formalizó denuncia penal contra el jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos (Dicscamec), general EP Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi.
Heridas. Fiscalía aún busca a responsables de muerte de 41 campesinos en Umasi. Acusan al hoy jefe de Dicscamec
© La RepúblicaLa fiscalía lo acusó de homicidio calificado y por crímenes contra la humanidad al considerarlo autor directo, por su calidad de jefe de la Base Contrasubversiva Villa Canarias cuando ocurrieron los hechos.
Asimismo denunció como autores mediatos a los ex oficiales del Estado Mayor Operativo del Cuartel Los Cabitos, Carlos Millones Destefano y Humberto Orbegozo Talavera.
El expediente se encuentra en el despacho del juez supraprovincial especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho, Vladimiro Chuquinvalqui Maslucán, quien tiene 15 días para pronunciarse y decidir la situación jurídica de los acusados.
Familiares de las víctimas relataron ante la fiscalía que el 16 de octubre de 1983 una columna subversiva secuestró a 41 pobladores de Raccaya y se los llevaron a Umasi.
Su denuncia fue corroborada por un grupo de comuneros retenidos por los senderistas y lograron escapar aprovechando un descuido de sus captores. Tras permanecer más de dos décadas en silencio, se armaron de valor para dar detalles de lo ocurrido.
Un testimonio de excepción es el del profesor del Centro Educativo Nº 38466, de Raccaya –cuya identidad se mantiene en reserva–, quien denunció el secuestro de 25 alumnos ante el jefe de la Base de Villa Canarias.
Con base en su declaración y la de los demás testigos, el fiscal Andrés Cáceres Ortega reconstruyó lo ocurrido.
Según su investigación, una patrulla de 15 efectivos militares partió en dos convoys hasta el paraje de Chalhuamayo. Desde allí se desplazaron en dos patrullas y caminaron hasta Umasi, a donde llegaron a las 5 de la mañana del 17 de octubre.
Los militares rodearon el local donde dormían los secuestrados y los terroristas, y lanzaron granadas de guerra que dejaron varios muertos y heridos. Estos últimos fueron reunidos por los militares, separando a los hombres de las mujeres y niños.
Por orden del jefe de la base militar, a quien identificaron como el capitán “Carcovich”, les dispararon a quemarropa con ráfagas de fusil FAL.
Un grupo de comuneros fue obligado por los militares a enterrarlos en tres fosas.
Los cuerpos fueron exhumados en el 2009 por peritos del Equipo Forense del Ministerio Público de Ayacucho. Entre ellos se hallaron niños con el uniforme escolar puesto.
Los protocolos de necropsia revelan que 11 cadáveres presentan huellas de lesiones en los brazos y piernas, por impactos de proyectiles de arma de fuego o producto de una onda explosiva.
El general Jorge Carcovich, actual jefe de Dicscamec, negó haber ordenado o participado en la masacre de los comuneros y niños en Umasi. Aseguró que en octubre de 1983 estuvo en Lima sometiéndose a chequeos médicos por una dolencia en los meniscos.
“Yo me enteré de esto hace año y medio cuando salió una publicación. La Comisión de la Verdad nunca me llamó, no hubo alguna comisión investigadora del Congreso”, dijo a La República.
Indicó que la mayor parte de 1983 estuvo en el cuartel Los Cabitos, en Huamanga, a cargo de la Compañía de Instrucción de Morteros. Agregó que asumió la jefatura de la base de Villa Canarias de forma esporádica, cuando alguno de los oficiales destacados allí viajaba a Huamanga o a Lima. Recordó que uno de ellos era el teniente Brandon Barbarán.
Afirmó que su misión fue proteger y dar seguridad a Canaria, y que como máximo hubo solo patrullajes “limitados” en los alrededores del poblado. Refirió que usó el seudónimo de Carlos Martell y no su apellido, como dijo el testigo que lo identificó.
Publicado en La República el 3 de noviembre de 2012
Mediante la Resolución del 12 de octubre de 2012, el Primer Juzgado Liquidador Transitorio resolvió que no tiene facultades para disponer investigación o impulsar la búsqueda de los restos mortales de las víctimas del Caso La Cantuta, pese a una opinión favorable del Ministerio Público y la ejecución de la Sentencia dictada por la Primera Sala Penal Anticorrupción que condeno a Julio Salazar Monroe e integrantes del Grupo Colina el 8 de abril de 2008, para que se realicen las diligencias para ubicar los restos de las víctimas de “La Cantuta”. Este pedido lo hizo la defensa legal de los familiares del Caso.
La Cantuta © Diario 16Cabe recodar que en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano a realizar la búsqueda y localización de los restos de las víctimas, Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague, Marcelino Rosales, Richard Amaro, Robert Teodoro, Heráclides Pablo, Juan Mariños y Felipe Flores.
La Dra. Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y abogada de las víctimas del caso, señaló que “A más de 20 años de la desaparición de las víctimas, el Estado peruano, a través del Poder Judicial, en reiteradas ocasiones, se negó a realizar las acciones pertinentes para ubicar los restos de las víctimas, afectándose de esta forma el derecho a la verdad de los familiares del caso”.
Anteriormente, la Primera Sala Penal Anticorrupción dispuso la exhumación de los restos que fueron ubicados en 1993. Como resultado del análisis realizado, solo se identificaron 5 de las 10 víctimas del Grupo Colina, quedando pendiente la ubicación de los otros cuerpos. Por ello los familiares de las victimas solicitaron a la Segunda Sala Penal Liquidadora quien tenía en giro uno de los proceso concernientes al caso cantuta. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2011, esta Sala señaló que la búsqueda de los cuerpos es una medida de la reparación civil por lo que no le correspondía a la Sala.
Posteriormente, se solicitó al Primer Juzgado Penal Liquidador que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia dictada por la Primera Sala Penal Especial, hoy Liquidadora, la búsqueda los cuerpos, sin embargo pese a contar con la opinión favorable del ministerio publico resuelve no realizar dicha diligencia.
Gisela Ortiz, familiar de una de las victimas señalo que “después de 20 años de ocurridos los hechos, los familiares exigimos la búsqueda y restitución de todos los cuerpos del caso. Sabemos que faltan 5, pero también faltan completar los demás.
No es posible hablar siquiera de indultos, perdones, gracias cuando no se han encontrado a nuestros familiares. Exigimos que los responsables y sus cómplices, digan donde los enterraron”.
La Dra. Cano indicó que dicha resolución será apelada y será puesta en conocimiento de la Corte Interamericana.
Publicado en APRODEH, el 24 de Octubre de 2012
Por María Elena Castillo
Clemente Baldeón Tecse aún llora la muerte de su esposa Leandra Palacios Quispe y su hija Marisol, de apenas 3 meses de nacida, asesinadas por una patrulla militar en Accomarca el 14 de agosto de 1985.
Tomasa Chuchon Victim Accomarca © Catherine Meza“Les tiraban golpe a los hombres, mancornados estaban; a las mujeres, jóvenes y ancianas, violaban; los metieron a dos chozas, les tiraron balas y bombas. Cuando se fueron los militares los enterramos como pudimos. Hace cinco años las autoridades los sacaron pero no nos han entregado”, recuerda el anciano de 75 años.
Él salvó de morir asesinado porque estaba en su chacra cuando llegaron los efectivos del Ejército; al verlos decidió escapar hacia el monte. Desde allí observó la masacre que acabó con la vida de 69 personas, entre ellos 23 menores de edad.
“No tengo ni dónde llorarlas, ni dónde llevarles aunque sea una florcita. ¿Cuánto más vamos a esperar?”, se pregunta una y otra vez. Hasta ahora no obtiene respuesta.
En la misma situación está la mayor parte de los deudos de los pobladores de Accomarca, asesinados por la patrulla que lideraba el entonces teniente Telmo Hurtado.
El presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Accomarca, Celestino Baldeón, precisa que a pesar de que en el 2007 y el 2008 se exhumaron las fosas, y se individualizaron las piezas óseas de poco más de 30 personas, solo se han devuelto tres víctimas a sus familiares.
“Nos dieron unas cajas con los restos de José Chuchún Janampa, su esposa María Baldeón Resa y Juliana Baldeón García. Ellos fueron identificados porque los mataron en su casa y los enterraron al costado. Su cuerpo enterito hemos encontrado cuando los exhumaron”, dice.
Sus cuerpos permanecen en el local de la Municipalidad de Accomarca, en espera de las demás víctimas, pues los deudos quieren enterrarlos juntos a todos en un mausoleo.
Por otro lado, han entregado el cuerpo de Cipriano Palacios Quispe, quien en otra fecha fue asesinado por Sendero Luminoso.
En la masacre Celestino Baldeón perdió a su madre, Tomasa Chuchón Castillo. Él es consciente de que difícilmente podrán encontrar sus restos, pues los militares la encerraron en una de las casas a las que prendieron fuego, y es muy probable que solo queden cenizas o huesos calcinados.
“Nos han dicho que no se podrá encontrar a todos, pero hay otros que sí han sido identificados pero no se los han dado a sus familiares. Así hay muchos casos”, dice indignado Celestino Baldeón.
Un caso improbable es el de Pastor Gómez de la Cruz, un poblador de Accomarca que vivía en Lima con su hija Liberata Gómez Pulido y su yerno Anselmo Valdés Quispe, pero que regresó a Accomarca días antes de producirse la incursión militar.
“Mi suegro viajó a la comunidad para recoger algunas pertenencias que dejó allí, pero lo cogieron los militares y lo mataron”, recuerda Valdés Quispe.
Pastor fue identificado porque hallaron su cuerpo casi entero, en una tumba hecha junto a su casa, pero sigue en poder del Ministerio Público.
“Nuestro dolor es muy grande. No tenemos a nuestros muertos y tampoco nos han hecho justicia. A pesar de las pruebas y de que Telmo Hurtado ha confesado, los demás militares se niegan. ¿Hasta cuando?”, pregunta Valdés antes de subir a la combi en que los familiares de las víctimas van al penal Miguel Castro Castro, cada vez que hay una audiencia judicial, con la esperanza de que al fin se sancionen a los responsables de la matanza de Accomarca.
El Instituto de Medicina Legal de Ayacucho exhumó los restos de las víctimas de Accomarca, junto a miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), como peritos de parte.
Gran parte de las piezas óseas estaban calcinadas y no servían para identificar a las víctimas. Tras realizar la prueba de ADN a los restos de una de las fosas se determinó a quiénes pertenecen, pero no se han entregado a sus familiares. Están en custodia del Ministerio Público.
Marcela Lumbreras, del EPAF, indica que aún hay un grupo de piezas, a las que está pendiente la realización de la prueba de ADN.
Publicado en La República, el 14 de octubre de 2012