© La RepúblicaPor Nelson Manrique
Luego de sucesivas marchas y contramarchas Alberto Fujimori firmó el pedido de indulto que se ha elevado al presidente Humala. Inmediatamente su abogado, César Nakazaki, se apresuró a señalar que esto no supone un pedido de perdón, lo cual fue rebatido de forma igualmente rauda por un distinguido grupo de juristas. Obviamente aquí hay algo más que un apasionado debate filológico. Lo que los fujimoristas pretenden es que Fujimori reciba la gracia presidencial sin el reconocimiento de los delitos que ha cometido. En otras palabras, torcer la justicia sacándole la vuelta a una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.
Para Nakazaki, que Fujimori haya firmado lo hace virtualmente merecedor de un indulto automático. Por supuesto, así no son las cosas. En primer lugar, un convicto que purga prisión por crímenes de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción no merece un indulto político. En segundo lugar, según el artículo 31 del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, un indulto humanitario es otorgable a “los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además de que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad”.
Va a ser difícil demostrar que es esa la situación de un reo que dispone de una vivienda de más de una hectárea de extensión (10.050 m2 para ser más exactos, y sugiero a los lectores que comparen con la dimensión de su propia casa). De acuerdo a un informe elaborado por Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, durante el gobierno de Alan García, Fujimori eligió dónde sería recluido, basándose en el mejor clima del ex fundo Barbadillo, y diseñó su remodelación. Su celda tiene asignada un área de 800 metros cuadrados, con sala de estudio, dormitorio, comedor y baños, andenes con 5 mil rosales, un policlínico con tres enfermeras, dos médicos y una ambulancia permanente, sala de visitas alfombrada, con aire acondicionado, frío bar, sillón de masajes, televisor, cabina telefónica, celulares, laptops y otros dispositivos de comunicación. Cuando se fueron los cuatro policías con los cuales compartía la reclusión, Fujimori aprovechó para agrandar sus dominios: “ha tomado posesión de toda la infraestructura contigua del Ceinpol. El comedor de policías es ahora salón para artes manuales y sesiones de canto. En la campaña electoral del 2011 esta sala sirvió para las reuniones semanales de los 300 representantes del fujimorismo… el segundo y tercer pisos de este edificio fueron utilizados como almacén de la propaganda política de su hija Keiko”.
Keiko ha alegado que todos los penales tienen esas mismas instalaciones, lo cual es, de entrada alucinante, pero, adicionalmente, olvidó mencionar que, mientras en Lurigancho las instalaciones son compartidas por cerca de 9 mil internos, Fujimori es el único inquilino de todo el penal que ocupa, con guardias que son elegidos por él y con una privacidad que viola todas las leyes penitenciarias: “Es insólito, pero ni siquiera los representantes del Ministerio Público pueden entrar al área privada de 800 metros cuadrados de Fujimori. Para este efecto, este sale a atender a una sala administrativa. Igual si se trata de un juez” (Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, “Privilegios de Diroes descalifican indulto a Alberto Fujimori“, La República, 29/10/2012).
Antes de dictaminar sobre el pedido de indulto de Fujimori haría bien el gobierno en abrir el acceso de la prensa a su centro de reclusión y adecuar su régimen penitenciario a lo que dictan las leyes peruanas. Ni que fuera un senador japonés electo para ostentar tales privilegios.
En un programa televisivo se ha denunciado que los regidores Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas intentaron beneficiar a sus familiares en un concurso público de rutas viales en la Municipalidad de Lima y estafaron a empresarios peruanos con la venta de buses chinos, en complicidad con una supuesta representante de esa nacionalidad llamada nada menos que Susana Cuy. Es necesario que la comuna se pronuncie inmediatamente y, de ser esta acusación verdadera, imponga las más drásticas sanciones. La superioridad moral es una cuestión fundamental en la campaña que se abre contra la revocatoria.
Publicado en La República el 06 de noviembre de 2012