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La memoria de Oronqoy

El equipo forense que investiga restos de víctimas de los años de violencia interna instaló por primera vez un laboratorio fuera de la ciudad de Huamanga. En octubre, el poblado de Oronqoy albergó a los peritos del Ministerio Público que tomaron muestras para identificar a sus familiares.

Por: Max Cabello

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaCae la noche en Oronqoy. El aire helado de la cordillera ayacuchana, a 3,700 m.s.n.m., se cuela por las ventanas sin vidrio de la futura posta del pueblo. Las paredes de adobe son lo más parecido al revestimiento de una congeladora para los cinco forenses que ahora mismo trabajan en este lugar. Analizan. Reconstruyen osamentas. Ordenan vértebras, las arman y las desarman. Toman un cráneo. Sujetan parte de una pelvis. Trabajan en un ambiente amplio, deshabitado, sobre tres mesas blancas. Van vestidos con batas de plástico celeste, con guantes y máscaras. Llevan nueve días sin parar y tienen otros dos días de trabajo por delante.

Los miembros del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público llegaron hasta Oronqoy el 20 de octubre. Su misión era identificar los restos de las víctimas de una matanza ocurrida en el anexo conocido como Estacayoc. Era la primera vez que dejaban el laboratorio que tienen instalado en Huamanga. La histórica primera vez que las pericias a restos de víctimas de la violencia interna se desarrollaban en el propio escenario de los hechos.

En agosto, los pobladores de la comunidad se opusieron a que los restos de sus familiares se trasladaran hasta la capital ayacuchana, posteriormente firmaron un acuerdo con el Ministerio Público. No era un simple capricho. Son doce horas las que separan a Oronqoy de Huamanga. Se empieza a pie, durante unas cinco horas, por un camino serpenteante y de bajada. Luego se continúa en las tolvas de camionetas station wagon, del puente Kutinachaka hasta Andahuaylas (Apurímac) y de allí a Huamanga.

Esta descripción, claro, es cablegráfica. Apenas detalla la odisea que significa trasladar los restos de seres humanos durante ocho horas, cerro abajo. Y el regreso a Oronqoy es todavía más duro.

El Puente Kutinachaka (1,250 m.s.n.m.) cruza el caudoloso río Pampas, que sirve de límite natural entre Apurímac y Ayacucho. Frente a él se ubica una pared rocosa sobre la que se ha trazado un caprichoso camino de herradura que tiene más de cien curvas y al que se conoce como Dientes de Tiburón.

El sol aparece a las nueve de la mañana en este lugar. A las diez el calor es tan intenso que cada paso resulta agotador. Hasta las tres de la tarde, la temperatura del ambiente es de 28 grados. Incluso los más preparados le temen a este camino. Los lugareños siempre cuentan la historia de un oficial del ejército que se llenó de ampollas en los pies, cayó al río Pampas y tuvo que ser rescatado. Una vez repuesto, el militar, fuera de sí, tomó su arma y descargó todas las balas que tenía en la cacerina. “Cerro maldito, me has sacado la mierda”, repetía ante los ojos incrédulos de los comuneros.

Desde que los peritos llegaron, una casa ubicada en la placita de Oronqoy sirve provisionalmente de almacén para las almas. Antes de partir, el fiscal Juan Manuel Borjas, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho y Huancavelica, pidió a los deudos y vecinos que no la abrieran. Por si acaso, puso un candado. No era necesario: para la población de Oronqoy lo importante es la celeridad en los análisis e identificación de los restos de las víctimas.

El horror de los 80

Oronqoy está ubicado en el extremo este del distrito de Chungui, provincia de La Mar, en la zona conocida como Oreja de perro. La CVR ha detallado en su informe final que este lugar fue uno de los principales escenarios del fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden. Todo empezó en 1980, cuando profesores subversivos empezaron a adoctrinar a los estudiantes de todos los anexos de Oreja de Perro. En 1981, la policía y los ronderos se instalaron por unos meses en Oronqoy. En 1982, la Guardia Republicana torturó y asesinó al estudiante Valerio Flores. Un año después, Sendero asesinó a cuatro comuneros. En el 84, las fuerzas del orden mataron a 29 comuneros acusados de subversivos. Y en el 86, 31 pobladores de Oronqoy y Chillihua, refugiados en la zona de Chaupimayo, fueron asesinados por militares de la base de Pallqas.

Toda esta historia ha generado temor y recelo entre los pobladores de Oronqoy. No quieren, por ejemplo, que se les asocie con Chungui. Ellos dicen que desde este lugar venían los militares a matar a sus familiares. Por eso viven a espaldas de la capital de su distrito, son la periferia, se sienten parte de ella.

Tampoco recuerdan cuándo ocurrieron las matanzas de las que fueron víctimas sus parientes. Pero Estacayoc es algo que no olvidan. Está a dos horas del pueblo, es una pequeña planicie que albergó una estancia y una casucha en la que se refugiaron unas cuarenta personas.

Rosilda Orihuela Huamán (52) tenía 17 años cuando pasó todo. Era el verano de 1985, los sinchis (agentes de la Guardia Civil) irrumpieron en la celebración del carnaval e hicieron disparos. Empezó entonces lo que se conoce como una “retirada”: Dos mandos senderistas obligaron a “escapar” a parte de la población hasta Estacayoc. Se quedaron allí un año entero. Comían calabazas y raíces. Cuando los senderistas se enteraron que los sinchis los estaban cercando, huyeron y ordenaron a las mujeres y niños que no se movieran de la estancia, que la policía no los atacaría. Pero se equivocaron. Rosilda sobrevivió porque el día del ataque dejó el campamento para pastear unos animales. Perdió a cinco hermanos y a su madre. Hoy, a sus 52 años, le cuesta caminar. Las rodillas le duelen. “Es por mis penas, señor”, me responde. Ella no se acercó a la exhumación de los cuerpos de Estacayoc. No quería volver a sentir tanta tristeza.

Máximo Lima vio a lo lejos la masacre de Estacayoc, desde Tastabamba un centro poblado vecino. Recuerda que se veía una bengala y luego el fuego que consumió la casa. Al día siguiente, Máximo encontró la casa quemada y los cuerpos ardiendo. “Habían niños muertos, hombres con las manos atadas, como Justiniano Azpuro, la señora Isabel Velásquez (…) Los que llegaron de curiosos derrumbaron las paredes para cubrir los cuerpos. Volvieron una semana después y se dieron cuenta que pumas y zorros se estaban comiendo los cuerpos”.

La búsqueda por sobrevivientes continuó. Máximo recuerda un hallazgo milagroso. Cerca de un punto de agua, a 300 metros de la estancia encontraron el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Teodosia Orihuela. Tenía una bala a la altura del abdomen. Su hijo de cuatro años dormía entre sus brazos. Había sobrevivido comiendo tallos de oca. Un pariente de Máximo lo recogió. El niño se llamaba Rommel. Según el testigo, ahora vive fuera del país, con otra identidad.

A las demás víctimas las enterraron como pudieron, las cubrieron con un poco de tierra y huyeron. Convivían con el temor.

Por todo esto, Braulio Orihuela, alcalde de Oronqoy, no quiere que los restos de sus familiares estén perdidos, desperdigados en los rincones, entre los cerros.

“Queremos que estén en un solo lugar. Acá, en Oronqoy. Si los llevan hasta Huamanga cómo los recuperaríamos. A veces no hay plata ni para los cajones, cómo los traeríamos desde allí”.

La población piensa igual que Orihuela. Por eso exigieron que se instalara el laboratorio del Ministerio Público en su comunidad ni bien concluyeron las exhumaciones en Estacayoc (el 26 de agosto), donde se habrían recuperado 39 cuerpos.

Son respetuosos de sus muertos. Apenas se acercan al laboratorio que por ahora permanece cerrado. Esperan resultados. Esperan la verdad.

Publicado originalmente en La República, el 06 de diciembre de 2015, ver aquí.

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Paz y Esperanza denuncia a Abimael Guzmán y cúpula de Sendero Luminoso por matanza de Putis

  • Henry Mercado, integrante de la Asociación Paz y Esperanza, dijo que estos son responsables de la desaparición de 96 personas, distribuidas en 34 fosas clandestinas.

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La denuncia incluye a Abimael Guzmán y otros

Foto CNDDHHFoto CNDDHH

Ideeleradio.- Hemos denunciado ante la Fiscalía a todo el Comité Central de la organización terrorista Sendero Luminoso por la matanza de 96 personas en Putis, reveló el representante del Área Legal de la Asociación Paz y Esperanza, Henry Mercado, tras precisar que han denunciado también a integrantes de la Segunda Región Militar de Ayacucho por la desaparición de otras 123 personas en dicha localidad.

“Este año, Paz y Esperanza ha realizado dos denuncias, asociados a los perpetradores de la matanza de Putis, es decir, a los militares y a la cúpula de Sendero Luminoso. Hay 123 personas asesinadas que están distribuidas en 24 fosas en toda la zona de Putis, todas estas cometidas por militares. Y lo otro que hemos denunciado es la desaparición de 96 personas, también distribuidas en 34 fosas clandestinas, cometidas por Sendero Luminoso”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esta denuncia contra Sendero Luminoso es nueva, es la que presentamos el mes pasado. En las denuncias están involucrados las cúpulas de Sendero Luminoso, incluye a Abimael Guzmán y otros. Respecto a los militares, la denuncia cae sobre los jefes de la Segunda Región Militar de Ayacucho, general EP Adrián Huamán Centeno y el general de Brigada EP Mori Orzo”, precisó.

En ese sentido, Henry Mercado especificó que se han hecho estas denuncias al haberse encontrado elementos suficientes que vinculan a la cúpula de la organización criminal Sendero Luminoso con esta execrable matanza.

“Estas denuncias se han puesto porque se han encontrado elementos e indicios que los vinculan a esta matanza y se ha evidenciado que existía un sistema con políticas dirigidas desde arriba para ocasionar estos hechos”, detalló.

Hay respuestas pendientes

Finalmente, recalcó que existe una preocupación muy fuerte de la sociedad civil de Ayacucho de que casos de graves violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad.

“Estos casos sé que se llevan a las fiscalías interprovinciales, quedan con respuestas pendientes por parte del laboratorio de Lima [y las pericias que se hacen] a través del Ministerio Público. Existen muchas muestras que se han derivado a la capital y hasta ahora no hay respuesta. Eso es por la existencia de algunos juzgados que no tienen capacidad de resolver los casos, entonces todo eso solo genera impunidad”, concluyó.

Publicado originalmente en Ideele Radio, el 02 de octubre de 2015

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Caso Matero: habrían creado red para ayudar a militar en juicio

“Javier Bendezú” y la jueza identificada como “Mimi” habrían constituido una red de jueces y fiscales, al interior de la Sala Penal Nacional, para lograr que el general EP Marino Ambía Vivanco sea absuelto en el juicio del caso Matero, realizado entre marzo del 2007 y agosto del 2008.

Por Vilma Huertas y César Romero (Diario La República)

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La Jueza de la ImpunidadComo hemos informado, toda esta historia aparece descrita en una serie de mensajes intercambiados entre las cuentas mirthabendezu040955@yahoo.es, bendezu_fiscalia@hotmail.com y marinoambia40@hotmail.com, a los que ha tenido acceso La República.

Así, en un correo enviado por “Javier Bendezú” al general Ambía, a las 9:46 de la noche, del 29 de diciembre del 2007, se describe la construcción de dicha red. En la primera etapa, la idea se llegará con presentes a todos los magistrados que van a intervenir en el caso Matero, para en la segunda etapa disponer de toda la información del accionar de los agraviados, fiscales y jueces, de tal manera que en la tercer etapa se logre la sentencia absolutoria.

Para ello, como se lee en un correo del 20 de diciembre del 2007, se pide a Ambía dinero para entregar regalos a una serie de magistrados, cuyos nombres se remiten desde la cuenta mirthabendezu040955@yahoo.es a bendezu_fiscalia@hotmail.com.

“Por favor, te agradeceré que coordines a fin de poder ver con cuánto contamos, te recuerdo que estas personas son de un nivel alto para los presentes y regalos”, dice “Mimi”. Javier reenvía el mensaje a la cuenta de Marino Ambía.

Como informamos en la edición del sábado último, a través de una tercera persona el general Ambía nos ha hecho saber que él no accedió a los pedidos de dinero. Sin embargo, la solicitud llegó a su correo electrónico, por lo que solo una investigación de la OCMA y la fiscalía permitirá aclarar quién o quiénes estuvieron detrás de estos mensajes.

Se debe señalar que en un correo copiado en word, el general Ambía describió su fastidio por los pedidos de dinero. 

“No estoy dispuesto a seguir atendiendo la presión de este señor”, y dice que está dispuesto a confrontarse con el testigo Luis Tinco Cuya y tener una reunión con la magistrada Mirta Bendezú. 

En otros correos también le piden dinero y pasajes aéreos para Tinco Cuya. Los jueces y fiscales que aparecen en la lista de beneficiarios de los regalos también niegan haber recibido presentes durante la Navidad del 2007. 

Pero en un correo del 23 de octubre del 2007, que Ambía remite a Javier se dice: “Hola Javier, para comunicarte que ayer se regularizaron las cuentas de los dos teléfonos, por favor te agradeceré que le digas a tu hermana que efectúe el cambio de número y propiedad, un abrazo y las gracias de siempre”.

© La República¿A qué teléfonos se refiere? La historia la encontramos en un archivo del 5 de julio del 2007, allí se indica que cuando se dirigía a una reunión para ver el caso Matero, la juezaMaría Vidal sufrió el robo de su celular, por lo que aprovechan para regalarle uno y supuestamente captarla para la absolución.

“Ella (Mimi) me dijo que era la oportunidad de hacerle llegar un presente (…) el teléfono que le fue robado era un MOTOROLA V3i de Telefónica del Perú”.

El V3i era de los más lujosos equipos telefónicos en la época en la que se enviaron los correos. A Ambía le piden dos equipos. Uno para devolver a Vidal y otro para “Mimi” o Mirta Bendezú.

Luego, en un correo del 6 de julio del 2007, se le envía a Ambía los nombres y documentos de identidad, para la compra de los celulares. El 17 de octubre, se informa que al recibir los equipos Mirta Bendezú efectuó el cambio de nombre, pero Vidal no, y tiene problemas para realizar los pagos, los cuales se regularizan el día 23.

¿La historia que describen los correos puede ser falsa? Es posible, pero sería difícil de creer por los muchos datos relevantes que contienen. Una serie de diligencias, entre ellas levantar el secreto bancario y de las comunicaciones, permitirá aclarar este embrollo y recuperar la confianza en la Sala Penal Nacional.

Jueza pide que se levante su secreto bancario

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió separar a la jueza superior Mirta Bendezú de la presidencia del colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, lo que provocó su alejamiento de varios juicios, donde empezó a ser reemplazada por el juez Omar Pimentel Calle.

Bendezú Gómez solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y al Ministerio Público que la investiguen para el esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción en el desarrollo del juicio del caso Matero, entre el 2007 y el 2008. Bendezú anotó que esos hechos mancillan su honorabilidad y afectan la imagen del PJ. 

La magistrada también pidió que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones, se realice una auditoría y pericia a su equipo de cómputo y se ejecuten otras pesquisas que permitan identificar y sancionar a los verdaderos responsables de los presuntos hechos irregulares en el caso Matero.

La jueza enfatizó que en los más de 30 años de trayectoria  en el PJ no recibió ninguna sanción de la OCMA y en los últimos procesos de ratificación recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pubilicado en La República, el 15 de julio de 2015

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Putis: 13 años de investigación, 92 cuerpos exhumados y no abren juicio oral

  • En el 30° aniversario de la matanza

Archivos negados y autorías. La información militar que permitiría individualizar a los responsables de la matanza de Putis se encuentra en los archivos permanentes del Ejército, pero Defensa la sigue negando. Un tribunal penal ha señalado ya en primera instancia a los oficiales que actuaron de función y muy cerca de los hechos. Y aun así continúa la dilación.

Por Edmundo Cruz

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Camposanto 29 de agosto del 2009. Recién después de 25 años, Putis pudo dar cristiana sepultura a 92 cuerpos exhumados. De ellos, solo 28 han sido identificados © La RepúblicaCamposanto 29 de agosto del 2009. Recién después de
25 años, Putis pudo dar cristiana sepultura a 92 cuerpos
exhumados. De ellos, solo 28 han sido identificados
© La República
La matanza de Putis se produjo el 13 de diciembre de 1984, pero de ella se supo 17 años después. En noviembre de 2001, La República localizó en Huanta, Ayacucho (a 3,600 msnm), una fosa de 10 metros por 7. Debajo se hallaría enterrado un centenar de pobladores de los 9 anexos de la comunidad arrasada por el operativo militar. Deudos orando al pie del entierro y testimonios de sobrevivientes recogidos en la zona honraron el hallazgo periodístico.

Vendría luego la investigación confirmatoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Pero la excavación de las fosas tardó 7 años. En agosto del 2008, con el apoyo del Equipo Peruano de Antropología Forense y la ONG Paz y Esperanza, se exhumaron 92 cuerpos, solo 28 identificados, 48% menores de 18 años.

Recién a fines del 2011, después de 10 años de investigación preliminar, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formalizó la denuncia. Y el 14 agosto del 2012, un presto Tercer Juzgado Penal Nacional, a cargo del juez Miguel Loyola Florián, abrió proceso penal a cuatro jefes militares.

Por razones de función están procesados Wilfredo Mori Orzo, quien era general de brigada y jefe político militar de Ayacucho en ese entonces. Juan Briones Dávila, jefe de Estado Mayor Administrativo de la Segunda División de Infantería a cargo de la zona. Carlos Soto Mesinas, jefe de inteligencia. Y el capitán Luis Grados Bailetti, jefe de la Compañía “Lince”, que junto con la Base EP Putis serían las unidades ejecutoras del operativo.

En noviembre del 2014, un nuevo plazo ampliatorio de 60 días fue solicitado por la Primera Fiscalía Superior Penal. Pide que el Tercer Juzgado Penal realice 14 diligencias repetitivas y nada especificas. Si el plazo se concede y contadas las vacaciones judiciales (febrero y marzo) el caso “se patearía para adelante” más de 3 meses.

La información sí existe

Desde el 2002, la Fiscalía Mixta de Huanta pidió al Ministerio de Defensa la identidad del personal destacado en la Base Militar de Putis y la lista de bases militares de la época.

La respuesta fue negativa. Detrás de tal postura asoma una táctica orientada a obstaculizar la individualización de los actores del delito (y no solo identificación), que exige el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para abrir instrucción.

Se trataría de impedir que prospere el proceso abierto en primera instancia por el Tercer Juzgado Penal, opinaron expertos consultados.

La información negada existe. La historia de cada miembro del Ejército está registrada en el Legajo Personal del Oficial (LPO) y tiene dos versiones. Una que acompaña al oficial por todas las unidades donde es destacado. Y otra que es llevada por el Comando de Personal en Lima. Al concluir la carrera del oficial, los dos LPO se juntan y se guardan en el Archivo del Cuartel General del Ejército.

Es uno de los lugares donde está la información pedida.

La Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en su obra “En honor a la verdad” (más conocida como “Libro Blanco”, página 65), al referirse a la gestión del general Mori Orzo en Ayacucho anota que los jefes de base y de patrulla “tenían que entregar obligatoriamente un informe de patrulla, el cual era recabado por el oficial de operaciones y servía para preparar resúmenes de inteligencia e informes diarios de operaciones”.

Los “ido” y los “idi”

Se trata de los documentos denominados IDO (Informe Diario de Operaciones) e IDI (Informe Diario de Inteligencia), que las grandes unidades reportan cotidianamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus respectivos comandos institucionales.

Allí se condensan las ocurrencias más importantes de las zonas bajo el mando de cada gran unidad, recogidas a la vez de los niveles inferiores. El IDO y el IDI no se archivan únicamente en las unidades sino que en el día se trasmiten al nivel más alto. Copias de estos informes se guardan en los archivos del Comando Conjunto y del Cuartel General del Ejército.

Archivos permanentes

Toda repartición del Ejército Peruano lleva tres clases de archivos: Activo (del año en curso), Pasivo (de los 5 años anteriores al año en curso) y Permanente.

Este último incluye los “documentos que por su importancia puedan tener empleo ulterior en lo administrativo, estadístico o histórico” (capítulo 2, sección I, párrafo 6 del “Sistema de Archivos del Ejército”, Código CE 345-1).

El párrafo 11 del mismo documento, al enumerar las normas de depuración de los archivos, define claramente dos formas de destrucción de los documentos: “Por incineración” y “Por fraccionamiento”. Y en su inciso “h” dice inequívocamente lo siguiente: “Del archivo permanente no se destruirán los documentos”.

Es lógico. Y si no, ¿cómo se escribiría la historia de la Guerra del Perú con Chile o con Ecuador o contra Sendero Luminoso?

De ahí que sea también discutible la nobleza del “Acta de incineración” remitida por el Ministerio de Defensa a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho negándole la información relacionada con Putis.

O sea, existe información para que la Fiscalía identifique e individualice a los culpables.

Marcelina Limancca Solier y sus travesías para declarar ante el juez

“Tengo 54 años y nací en Putis. Sobreviví a la matanza del 13 de diciembre de 1984, pero seis de mis familiares: mi madre Ambrosia Solier Cusiche, mi hermano Ernesto Limancca Solier, mi cuñada Pastora Potosino Centeno y mis dos sobrinos Elfio y Uriol Limancca Potosino, no tuvieron la misma suerte. El año pasado el Poder Judicial nos notificó para ampliar las declaraciones que dimos hace varios años . Fui a pie hasta Huamanga porque, por razones de salud, no puedo viajar en carro. Bajé y subí 80 kilómetros. Once horas de ida y once horas de vuelta”.

“Llevé un vestido para cambiarme el día que iba a declarar ante el juez. Para el camino llevé una botella con mate que se me agotó a las pocas horas. Recorrí lugares donde años atrás había visto cadáveres regados. Iba pensando en las personas extrañas de terno y corbata que me iban a interrogar. Declaré durante una hora a través de un intérprete, y ese mismo día volví a Putis. No tenía donde quedarme ni dinero para comer en Huamanga”.

PROCESADOS

  • Wilfredo Mori Orzo
  • Juan Briones Dávila
  • Carlos Soto Mesinas
  • Luis Grados Bailetti

Publicado en La República, el 4 de enero de 2015

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Tantarpata: entierro digno

Por Percy Rojas y Gisela Ortiz
Equipo Peruano de Antropología Forense

Doña Elena y doña Áurea, han llegado a Huamanga el domingo 30 de noviembre, después de un largo viaje de 7 horas desde Tantarpata. Con ellas también han venido la sra. Frida y Wilber Susaya familiares de las cuatro víctimas cuyos restos se entregarán en el Ministerio Público el día lunes.

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Desde Lima han llegado algunas autoridades para presidir la ceremonia de restitución de cuerpos. “Hay que pedir perdón a los familiares por lo que ha ocurrido pero también por la larga espera y agradecerles por su paciencia” dice el fiscal Víctor Cubas Villanueva, Fiscal Superior Coordinador de las fiscalías supra provinciales que ven los casos de derechos humanos. “Lo que hemos avanzado (cerca de 3,000 exhumaciones) es casi el 20% de todo lo que nos falta. Todos quisiéramos que ésta fuera la última ceremonia de entrega de restos pero aún falta mucho por hacer y tenemos que seguir trabajando por la familias que siguen esperando”.

El Monseñor de Ayacucho, Salvador Piñeiro, comprometido con estos temas y que acompaña cada una de estas ceremonias señaló: “No hay palabra humana de consuelo […] La Iglesia despide a sus hijos agradeciendo lo bueno que han hecho pero también es ocasión para seguir comprometiéndose”.

Muy temprano, el martes 02 de diciembre, salimos hacia el distrito de Chungui, ubicado en la provincia de La Mar, al noreste de la región Ayacucho. La geografía de la zona es muy variada, cuenta con diversos pisos ecológicos que van desde los 800 msnm hasta los 4800 msnm. Tantarpata es uno de los anexos de Chungui. Fue en esta comunidad donde, en las primeras horas de la mañana del mes de abril de 1989, incursionan miembros de Sendero Luminoso, algunos de ellos vestían uniforme militar, y convocan a la población a una reunión. Una vez reunidos seleccionan a algunas personas quienes son ingresados al local comunal. Ese día asesinaron a 10 personas y dejaron un herido de bala. Las víctimas fueron enterradas por sus familiares apresuradamente.

No todas las víctimas fueron exhumadas, algunos cuerpos fueron difíciles de encontrar en el cementerio y de otros, sus familiares ya no viven en la comunidad, se desplazaron a Lima. Esta ceremonia de restitución es de víctimas que estaban enterradas en el cementerio de la comunidad y que fueron exhumadas para ratificar su identidad y entregarles el certificado de defunción que permita sanear la situación legal de las víctimas pero también de sus familiares: que las viudas o viudos puedan volver a casarse, que se tramiten herencias, que se vendan propiedades conyugales. Quizás por ello, porque los familiares siempre los tuvieron cerca, la angustia no es tan grande como en los casos de desaparición forzada, aunque el dolor siga siendo el mismo ante la muerte del esposo, del padre, del hermano y siga dejando secuelas.

Hoy en Tantarpata, hay que pedir perdón a Áurea, a Elena, a Frida, a Wilder y a los comuneros e hijos de esta comunidad por el horror que vivieron, por la insania de sendero luminoso pero también por la injusticia.

¿Qué le pide Usted al Estado? Le preguntamos a doña Elena: “Con tanto sacrificio, con faenas comunales hemos construido la posta médica y la escuela, hasta ahora no tenemos enfermeras y no funciona la posta. En la escuela nos faltan profesores”. Esa es la realidad que viven los peruanos de Tantarpata después de sobrevivir y enfrentar a sendero. El Estado, que somos todos y todas, tenemos una deuda con Tantarpata, porque cuando la muerte acechaba a diario no tuvieron tiempo para despedirse de sus seres queridos, no pudieron vivir su duelo ni consolarse entre ellos. Hoy se despiden de ellos, los entierran dignamente pero aún quedan pendientes obligaciones que atender.

Les pedimos perdón por el pasado que sigue siendo un presente. Por el abandono. Lo hacemos por ellos pero también por nosotros mismos.

PARA RECORDAR:

  1. Según el Ministerio Público las cifras de desaparecidos en nuestro país, producto del conflicto armado interno serían 15,000.
  2. El Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF, es una organización sin fines de lucro que fue creada el año 2003. Trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas, análisis de las víctimas e identificación; en recojo de memorias individuales y colectivas y en capacitación en temas de antropología forense.
  3. Desde su fundación ha recuperado 179 víctimas; analizado 486 individuos e identificado a 219 víctimas.
  4. Hemos recogido cerca de 4,000 Fichas Antemortem, principalmente en Ayacucho; 924 muestras de referencias de los familiares y 534 muestras óseas de las víctimas.
  5. Todo este trabajo realizado se hacen con fondos de la cooperación internacional sin que le cueste nada al Estado y que coadyuva en el derecho a saber de los familiares.
  6. El Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público desde el año 2006 hasta julio del 2014, han exhumado 2,925 cuerpos. Identificado 1,689 y entregado a sus familiares (restituido) 1,485.
  7. La Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR recogió un total de 294 testimonios de las comunidades de Chungui.

SUMILLA DE FOTOGRAFÍAS:

Familiares de Tantarpata, del distrito de Chungui, recogen los restos y documentos de sus familiares asesinados por Sendero Luminoso en el Ministerio Público de Huamanga, Ayacucho.
Familiares de Tantarpata, del distrito de Chungui, recogen los restos y documentos de sus familiares asesinados por Sendero Luminoso en el Ministerio Público de Huamanga, Ayacucho.

Foto I: Familiares de Tantarpata, del distrito de Chungui, recogen los restos y documentos de sus familiares asesinados por Sendero Luminoso en el Ministerio Público de Huamanga, Ayacucho.

Tantarpata está ubicado a 233 kilómetros de Huamanga, en la margen izquierda del río Pampas.
Tantarpata está ubicado a 233 kilómetros de Huamanga, en la margen izquierda del río Pampas.

Foto II: Tantarpata está ubicado a 233 kilómetros de Huamanga, en la margen izquierda del río Pampas.

Las señoras Elena Castro y Aurea Palomino trasladan a su familiar para ser velado en su domicilio.
Las señoras Elena Castro y Aurea Palomino trasladan a su familiar para ser velado en su domicilio.

Foto III: Las señoras Elena Castro y Aurea Palomino trasladan a su familiar para ser velado en su domicilio.

Familiares abren el ataúd para despedirse de su ser querido.
Familiares abren el ataúd para despedirse de su ser querido.

Foto IV: Familiares abren el ataúd para despedirse de su ser querido.

Preparando el lugar donde será enterrado don Rafael Ramos Salas.
Preparando el lugar donde será enterrado don Rafael Ramos Salas.

Foto V: Preparando el lugar donde será enterrado don Rafael Ramos Salas.

La señora Aurea Palomino acompaña los restos de su esposo camino al cementerio.
La señora Aurea Palomino acompaña los restos de su esposo camino al cementerio.

Foto VI: La señora Aurea Palomino acompaña los restos de su esposo camino al cementerio.

Ahora sí don Rafael Salas es enterrado dignamente despedido por su esposa y su sobrina.
Ahora sí don Rafael Salas es enterrado dignamente despedido por su esposa y su sobrina.

Foto VII: Ahora sí don Rafael Salas es enterrado dignamente despedido por su esposa y su sobrina.

Aurea Palomino recuerda que en aquella fecha no tuvieron tiempo de enterrarlo dignamente, no había gente para ayudar en el entierro. "A todas las mujeres nos rodearon los senderistas y solo había un espacio por donde logramos escapar algunas mujeres. Yo creo que Dios me ayudó a escapar. Cuando los senderistas se retiraron yo me acerqué a la casa comunal a buscar a mi esposo, él estaba muerto, le habían disparado dos veces." Nos dice.
Aurea Palomino recuerda que en aquella fecha no tuvieron tiempo de enterrarlo dignamente, no había gente para ayudar en el entierro. "A todas las mujeres nos rodearon los senderistas y solo había un espacio por donde logramos escapar algunas mujeres. Yo creo que Dios me ayudó a escapar. Cuando los senderistas se retiraron yo me acerqué a la casa comunal a buscar a mi esposo, él estaba muerto, le habían disparado dos veces." Nos dice.

Foto VIII: Aurea Palomino recuerda que en aquella fecha no tuvieron tiempo de enterrarlo dignamente, no había gente para ayudar en el entierro. “A todas las mujeres nos rodearon los senderistas y solo había un espacio por donde logramos escapar algunas mujeres. Yo creo que Dios me ayudó a escapar. Cuando los senderistas se retiraron yo me acerqué a la casa comunal a buscar a mi esposo, él estaba muerto, le habían disparado dos veces.” Nos dice.

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El duelo llega después de tres décadas

  • Entregan 28 restos óseos de víctimas del conflicto armado en Ayacucho

Por Amanda Meza
Fotos: Katherine Valenzuela

Los ataúdes en fila sobre una tarima, blancos, como la inocencia en la que se encontraban cuando fueron asesinados por terroristas o militares, son imágenes que ya comienzan a hacer constantes, pero cuyo dolor no pasa. Cada vez que los restos óseos de las víctimas se entregan a los deudos, es un nuevo dolor que aflora y en el que se juntan sensaciones de vacío, de angustia, preguntas alrededor de su vida pero también de su muerte, una muerte arrebatada.

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Ayer en Ayacucho se restituyeron los restos óseos de 28 víctimas de desaparición forzada de los distritos de Sivia, Huanta, San Miguel, Anco, Chungui y Cangallo,casos registrados hace 25, 28 y 30 años.

La Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, además de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel(CMAN),brindaron los ataúdes para los inscritos en el Registro Único de Víctimas,también el velatorio y acompañamiento a los respectivos distritos. Porque las familias llevan a sus muertos hasta el lugar donde nacieron. La tierra que los vio nacer y que otros invadieron para traerles muerte.

El Gobierno Regional de Ayacucho concede ataúdes para no inscritos. El Comité Internacional de la Cruz Roja pone los pasajes para los deudos que llegan a la ciudad desde las localidades mencionadas, a varias horas de camino.

Algunas organizaciones de derechos humanos brindan a las familias acompañamiento psicológico. ¿Cómose ha sobrevivido con el ‘no saber’ durante tres décadas? Hay una herida que no cierra y que tenemos que admitir. Hay hermanos peruanos que aún sufren, que aún buscan y esperan. De eso no debemos olvidarnos, hay que aprender a no ser cómplices.

© Katherine Valenzuela  © Katherine Valenzuela

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Publicado en Diario16, el 2 de diciembre de 2014

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Ayacucho recuerda a sus víctimas

Por Jaqueline Fowks

En mayo de 1980, en la sierra sur del país, la organización marxista-leninista Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado peruano quemando material electoral en la víspera de los comicios del retorno a la democracia. Aquellas llamas prendieron y marcaron el inicio de 20 años de violencia que dejaron más de 69.000 víctimas mortales y casi 16.000 desaparecidos. Producto de las exhumaciones, el Ministerio Público de Perú ha identificado los restos de 1.689 personas y ha devuelto 1.485 para que sean enterrados. Sin embargo, miles no tienen todavía dónde cumplir los rituales del Día de Muertos, de modo que tres instituciones organizaron, por primera vez, un acto masivo en su honor en la Plaza de Armas de Ayacucho (en la provincia de Huamanga), el departamento más afectado por el conflicto.

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Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar. / rodrigo abd (AP)
Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar. / rodrigo abd (AP)
Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar
rodrigo abd (AP)
La ceremonia se inició con un recorrido desde el cementerio de Huamanga, abarrotado de familias, hasta la Plaza de Armas. Bajo la lluvia, una banda de músicos acompañaba el paso de los representantes de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) —la organización de víctimas de la violencia más antigua en Perú—, y personal y directivos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que portaban arreglos florales. En la Plaza de Armas, el artista Lalo Quiroz había diseñado alfombras de piedras pintadas y un camino que el grupo recorrería al llegar —en referencia a la difícil búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos—, pero la lluvia obligó al grupo a protegerse.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que indagó en 2002 y 2003 los crímenes cometidos de 1980 a 2000, Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las víctimas mortales y los agentes estatales del 37%. El porcentaje restante se debió a los comités de autodefensa. “No son 1.000, no son 2.000, son muchos más. Seguimos buscando a nuestros familiares, ¿qué ha pasado con ellos? Los sacaron de nuestras casas cuando estaban durmiendo. ¿Por qué no nos los pueden entregar para dar cristiana sepultura?”, exigió Adelina García, presidenta de ANFASEP, en el escenario levantado para la ceremonia. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, y el obispo de la Iglesia Metodista, Samuel Aguilar, destacaron la necesidad de apoyar los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos.

Medio centenar de ataúdes vacíos, de color blanco, flores y mesas con ofrendas de maíz tostado, frutas y wawas (los panes del Día de Muertos), presidían el escenario. Cuando oscureció, las socias de ANFASEP se acercaron a las mesas para encender unas velas de colores. Elena Gonzales Chinquillo prendió tres, y sujetaba hacia el pecho tres portarretratos con las fotos de quienes perdió en el tiempo de la violencia. “Martín Arcadio Gonzales, papá; Julia Chinquillo Miranda, mamá; Santiago Gonzales, mi hermano. Se los llevaron el 27 de octubre de 1983 a la base militar de Totos. No los encuentro, sigo buscando”, relató. Totos fue uno de los centros de detención ilegal y tortura, en la provincia de Cangallo. Otra de las personas que lloraba a sus seres queridos, Adelina García, recordaba que sus familiares y ella iban juntos al cementerio a realizar ofrendas como la que en esos momentos hacía. “Quizá con esta actividad de difusión podamos encontrar a nuestros seres queridos, hoy estamos recordando a todos los desaparecidos”, decía. La ceremonia se llamó Yuyariwayku (Recuérdanos, en quechua).

El presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia de Ayacucho, Felimón Salvatierra, reiteró la petición al Ministerio de Justicia para que presente al Congreso el proyecto de ley de búsqueda de desaparecidos. Su padre, ganadero y comerciante, está desaparecido desde febrero de 1983. “Dicen que los policías de investigación, que entraron encapuchados al pueblo, se lo llevaron junto con otras tres o cuatro personas. Nunca fui a poner flores o a prender una vela hasta hoy, porque mi hermana ha muerto hace pocos días. Y no solo el Día de Muertos es un día triste, sino también el cumpleaños de mi padre y el día que se lo llevaron”, expresaba emocionado.

“Con esta ceremonia, queremos ofrecer una alternativa a quienes hoy no pudieron poner flores en el cementerio. Una oportunidad para que le lleven a su padre o madre la comida preferida. Ojalá en un futuro cercano no sean necesarias estas alternativas”, expresó Carole Pittet, delegada de Protección de la Cruz Roja en Perú. En Ayacucho sí había lugar para las flores.

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El conflicto a través de la pantalla

Hasta 2010, la cinematografía peruana dedicó 15 largometrajes a los años de la violencia, pero en los dos últimos la cantidad de cortometrajes y documentales sobre el tema se ha incrementado notablemente, y algunos directores son víctimas directas, como Heeder Soto, hijo de desaparecido y autor del documental Caminantes de la Memoria.

“En Perú se han producido más de 100 obras audiovisuales referidas al conflicto armado interno y su impacto en los derechos humanos”, indica Rodrigo Portales, investigador y crítico cinematográfico. Con la asociación ImaginAcción, organiza muestras para difundir estas producciones.

“Damos a entender que la violencia ha dejado huella. Queremos que los más jóvenes sepan cómo ha sido”, añade Vanesa López, del colectivo de arte Resurgimiento Ayacucho. La semana pasada, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —la más antigua del país— se celebraron dos conferencias sobre el conflicto armado interno. Una de las moderadoras, la politóloga Carmen Ilizarbe, comentó que los más jóvenes sienten “la responsabilidad de afirmar la idea del nunca más, y de impulsar la justicia y la democracia”.

Publicado por El País, el 3 de noviembre de 2014

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19 fosas conservan los restos de 56 civiles en las alturas de Chungui

Texto y fotos de Miguel Mejía Castro

Lo primero que encuentran los forenses es el casquillo de un proyectil que lleva grabado en la superficie “FAME 77” (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército). Tres horas después, descubren bajo 15 centímetros de tierra, el esqueleto de un menor próximo a los 3 años. La osamenta aún conserva la chompa roja que vestía su cuerpo cuando respiró por última vez en 1986, año que los sobrevivientes afirman ocurrió la matanza en este paisaje conocido como Suyrurupampa. Otras cuatro fosas son ubicadas en el mismo lugar por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público (EFE). Toda el área tiene el tamaño de una cancha de vóley y lo escrutado aquí es espantoso: trece menores entre 2 y 16 años; y dos mujeres entre 25 y 40 años, probablemente fusilados y desmembrados, según observan los especialistas en las lesiones de los huesos. Otro casquillo de fusil de guerra calibre 77 aparece.

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El arqueólogo Dannal Aramburú limpia restos óseos de lo que aparenta ser una mujer y su niña. Los análisis confirman que a las dos les cortaron el cuello © La República
El arqueólogo Dannal Aramburú limpia restos óseos de lo que aparenta ser una mujer y su niña. Los análisis confirman que a las dos les cortaron el cuello © La República
El arqueólogo Dannal Aramburú limpia restos óseos de lo
que aparenta ser una mujer y su niña. Los análisis
confirman que a las dos les cortaron el cuello
© La República
La exhumación se desarrolla en Chungui, un distrito de la provincia de La Mar en la región Ayacucho donde murieron 1.384 personas entre 1983-1994, todos victimados por Sendero Luminoso, Comités de Autodefensa y Fuerzas del Orden o Policiales, según los cálculos del Ministerio Público. Es la expedición forense más ambiciosa que se emprende en el Perú y que ahora revela, en Chungui, el rostro más horrendo de la violencia política.

Mientras los esqueletos de Suyrurupampa son limpiados en las fosas por los arqueólogos, van aflorando ganchos de aluminio para cabello, ojotas de niña hechas de caucho, sujetadores para trenzas, un plato y una olla de metal. Además las osamentas aún visten sus chompas, faldas y cintas multicolores. Pero lo que mejor se conserva es el color cobre de los casquillos de bala.

Aquí se llega después de viajar quince horas en camioneta desde Andahuaylas hasta el pueblo de Amaybamba en la región Cusco. En este pueblo espera Valentín Casa Quispe, un joven arriero de 36 años que carga en sus 10 acémilas todo el equipaje y herramientas para las exhumaciones. Él tiene un interés adicional en apoyar las labores del equipo fiscal, porque cree que en una de las fosas se encuentran los restos de su madre asesinada en 1986, cuando era un niño de 9 años.

Con Valentín se emprende una extenuante caminata de catorce horas por un sendero de herradura que desciende zigzagueando una pared del cañón del río Apurímac. Luego de cruzar el torrente por el puente Pumaccasa se penetra en Chungui, hasta ascender al pueblo de Huallhua, sobre los 2.284 msnm. El equipo de EFE fija una improvisada oficina donde se delinean los últimos detalles. Es necesario caminar cinco horas más al sur, para llegar a Suyrurupampa, donde se empiezan a explorar las primeras fosas.

Al caer la tarde en este paraje, se explora la cuarta fosa y dos anillos aparecen entre una osamenta. Valentín asegura a los especialistas que ella fue su madre. Él recuerda que vio por última vez las oxidadas alhajas en los dedos su progenitora Elena Quispe Alarcón, que fue ejecutada junto a su hermana Juana y la hija de esta. Parado frente a la fosa, Valentín mira cómo dos falanges desnudas cruzan las sortijas, pero no derrama ni una lágrima. “He llorado casi toda mi vida, aquí las enterramos mi padre y yo, dos días después de que la asesinaron los ronderos y una patrulla del ejército de Mollebamba”, comenta.

El campamento que albergó al equipo por 4 días, a 80 metros de las fosas, es desmantelado, y regresa a Huallhua con el cargamento sobre el lomo de ocho acémilas. En una de las aulas de la única escuela primaria se guardan las osamentas en cajas de cartón. En el mismo salón duermen doce de los veinticinco miembros del EFE, compuesto por antropólogos, arqueólogos, odontólogos, biólogos y dos fiscales de Ayacucho.

CHAUPIMAYO

Al día siguiente la mitad del grupo se desplaza a Chaupimayo, un paraje de vegetación enmarañada, clavado en medio de una montaña a cinco horas de Huallhua. Un frondoso árbol de mango cubre con su sombra la denominada Fosa 2. El arqueólogo Dannal Aramburú lleva cinco horas delineando con su navaja, brocha y badilejo la escena del crimen. No es fácil desprender de la tierra las osamentas de lo que parece una mujer y su pequeña. Las raíces se han alimentado de ellas durante 29 años, penetrando las fibras de su vestimenta, los resquicios de sus articulaciones y las fisuras de sus cráneos, hasta encadenarlas al subsuelo.

Antes de terminar y guardar los restos en bolsas clasificadas, el arqueólogo levanta un hueso del cuello, luego dos más, los desempolva con un pincel y comenta: “Fiscal, las incisiones en las vértebras indican posible muerte por degollamiento”. La niña tiene alrededor de seis años y la mujer más de 25. “Las edades se precisarán en el laboratorio”, añade. La fiscal Gloria Pareja Quispe, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, anota en su cuaderno.

Eugenia Quispe Sánchez (35) se presentó en el lugar y recordó el horror de esta masacre. “Tenía 7 años en 1984 y me escondí en el monte cuando vi cómo los militares mataron a mi hermana Juana Quipe Sánchez (16) y aquí, cerca del río me contaron que igual pasó con variaspersonas y mi medio hermana Julia Montes Sánchez (25) que murió con su bebé de dos años”.

La mujer señala que los cuerpos de las dos últimas cayeron por una quebrada, a las aguas del río Antaccacca. Un viejo comunero que prefiere que su nombre no sea publicado corrobora el testimonio, añadiendo que los militares actuaron junto a los ronderos de la comunidad de Mollebamba, que dista a 24 horas de camino.

Las Fosas 3 y 4 se encuentran en el mismo paraje; aquí se exhuman los restos de dos mujeres, un hombre y partes de un cuerpo adulto de sexo no determinado. Las incisiones en las vértebras confirman que el método de asesinato fue el degollamiento. Al día siguiente se devela la Fosa 1, que bajo dos metros de tierra esconde los cuerpos de 6 niños o niñas y 4 mujeres. Un proyectil de fusil es encontrado entre los pies desmembrados de una de las víctimas. El último cuerpo que se levanta es el de un menor de menos de un metro de alto, el cual lleva un sombrerito blanco y un pequeño bolso de lana roja que combina con su chompa del mismo color.

Cuando la sombra de las montañas cubre nuestro campamento, la fiscal cree que el testimonio de Eugenia Quispe puede conducir al equipo a una posible quinta fosa. El arqueólogo Dannal Aramburú desciende 50 metros hasta la ribera del río Antaccacca sujetando una soga y empieza una búsqueda metodológica. En veintinueve años la maleza y los derrumbes han cambiado el panorama. El experto observa el cascajo que cubre la tierra, el deterioro de las paredes del acantilado, y descarta posibles lugares en el suelo. Dos comuneros siguen sus órdenes: levantan grandes piedras y realizan huecos con picos en lugares específicos.

En pocos minutos una herramienta desentierra un pedazo de ropa. El hallazgo corrobora la versión de Eugenia: los restos de una mujer joven y de una niña con edad promedio de dos o tres años son encontrados junto a la osamenta de una adolescente. Otra vez las vértebras del cuello están grabadas con los cortes de un filudo metal.

Caída la noche retornamos otra vez a Huallhua, con lo rescatado sobre las acémilas. El filo de las montañas reluce con la luna llena también nuestro trayecto. Ellos retornarán. Otro grupo del EFE tuvo una labor similar en los sectores de Cclastopata, Yaconhuaicco, Huarihuaico, Chaquiccmayo y el cementerio de Huallhua. Las fosas exhumadas fueron 19, donde se hallaron 56 víctimas: 26 menores, 18 mujeres, 6 hombres y 6 adultos de sexo indeterminado.

“Culpar a una persona de autoría inmediata es muy difícil; no existen testigos en todos los eventos y podría prevalecer la presunción de inocencia contra el señalamiento. En el proceso la responsabilidad de las ejecuciones recae en los mandos militares que ordenaron estas ejecuciones que sí figuran con nombre propio en el registro del Ejercito”, afirma la fiscal Gloría Pareja.

CLAVES

  • Al comparar los censos de 1981 y 1993 en el distrito de Chungui, se constata un descenso de cerca de 47.5% de la población total (de 8,257 habitantes en 1981 a 4,338 en 1993). (CVR).
  • La CVR contabilizó 300 fosas solo en el distrito de Chungui; también calificó la violencia en la zona como la más “devastadora” de todo el país.
  • El contexto económico es tan precario como en el periodo de violencia; el 78% de la población es pobre, y hay 51% de pobres extremos, según cifras del MIDIS.
  • El EFE tiene planeado exhumar un total de 48 fosas entre noviembre y diciembre, donde se exhumarán al menos 202 cuerpos, cuyas muertes se habían producido entre 1984-1989.
  • Los análisis de laboratorio realizados el último viernes confirman que las personas ejecutadas en Suyrurupampa fueron fusiladas con armamento de guerra.

Publicado en La República el 3 de diciembre de 2013

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Caso Cabitos: César Hildebrandt declarará en juicio contra ex militares

  • Sesión será el día viernes 8 de noviembre de 2013 a las 12 del medio día en la Sala Penal Nacional

El reconocido periodista César Hildebrandt, actual director del semanario “Hildebrandt en sus trece”, brindará su testimonio durante el juicio que se le sigue los varios ex militares, por las desapariciones y torturas de decenas de personas en el cuartel “Los Cabitos”, en el año 1983.

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César Hildebrandt
César Hildebrandt
César HildebrandtHildebrandt participará como testigo a solicitud de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, organización representante de 39 familiares. La audiencia se realizará el día viernes 8 de noviembre a las 12 del medio día en la Sala Penal Nacional. En el año 1983, Hildebrandt informó, a través de su programa “Visión”, hechos de detenciones y desapariciones.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), El Cuartel Los Cabitos fue la sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato entre los años 1983 y 1990. También, la denominada Casa Rosada funcionó como un anexo al cuartel y como un centro de torturas y aniquilamiento.

La doctora Gloria Cano, directora de APRODEH, señaló que hasta la fecha no se conoce el número exacto de cuántos seres humanos fueron llevados a Los Cabitos, torturados y asesinados, sin ningún proceso judicial y cuyos cuerpos fueron quemados en el horno que existe todavía en La Hoyada al lado del cuartel. Los forenses han probado los huesos de 109 personas, pero esto no es un número exacto. Sé teme que sean más.

Publicado en Prensa Aprodeh el 7 de noviembre de 2013

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Caso Parcco y Pomatambo: Entregarán los restos de cuatro campesinos ejecutados por el Ejército

Los cuerpos de cuatro pobladores que hace 27 años fueron secuestrados, asesinados e incinerados por tropas militares en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo serán entregados el viernes a sus familiares, tras haber sido identificados por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

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Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo en 1986
Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo en 1986
Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron
en las comunidades ayacuchanas de Parcco
y Pomatambo en 1986
Se trata de los restos de Donato Ramírez Rivera y Eugenia Ramírez Castillo, secuestrados la madrugada del 23 de octubre de 1986 en la comunidad de Parcco, por patrullas del Ejército; y de Antonio Najarro Soto y Timoteo Bautista Bellido, raptados en Pomatambo horas antes.

“Los restos fueron exhumados en el 2006 y todo se dilató por falta de fondos para los reactivos. El EPAF analizó los restos y descubrió que fueron asesinados con elementos punzocortantes y armas de fuego”, informa la abogada de la Comisión Episcopal para la Acción Social (CEAS), Gery Vásquez, que representa a los deudos en el proceso de restitución de los restos de las víctimas.

De momento la Sala Penal Nacional ha sentenciado a tres militares involucrados como coautores materiales y al teniente coronel EP (r) Carlos Armando Bardales como autor mediato. Uno de los acusados, Agustín Jorge Tuya López, fue absuelto por ser considerado simplemente testigo. Mientras que la sentencia al teniente de infantería (r) Dante Jesús Retamal Guerra aún está pendiente por demoras en el proceso de extradición desde Estados Unidos, donde se encuentra como residente.

Efraín Najarro es uno de los deudos que esperan con ansias los restos de su padre, Antonio, un humilde campesino que fue secuestrado en la localidad de Pomatambo a altas horas de la noche, mientras colaboraba en los preparativos para celebrar una fiesta local.

Tras ser detenido fue ejecutado extrajudicialmente a la mañana siguiente, acusado de pertenecer a la escuela popular de Sendero Luminoso. Luego, su cuerpo fue incinerado y escondido en un páramo aledaño a la provincia de Vilcashuamán. Con los años se probó que no tenía filiación con el grupo terrorista, agravando el crimen cometido en su contra.

Publicado el 16 de octubre de 2013 en La República