- En el 30° aniversario de la matanza
Archivos negados y autorías. La información militar que permitiría individualizar a los responsables de la matanza de Putis se encuentra en los archivos permanentes del Ejército, pero Defensa la sigue negando. Un tribunal penal ha señalado ya en primera instancia a los oficiales que actuaron de función y muy cerca de los hechos. Y aun así continúa la dilación.
Por Edmundo Cruz
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Camposanto 29 de agosto del 2009. Recién después de
25 años, Putis pudo dar cristiana sepultura a 92 cuerpos
exhumados. De ellos, solo 28 han sido identificados
© La RepúblicaLa matanza de Putis se produjo el 13 de diciembre de 1984, pero de ella se supo 17 años después. En noviembre de 2001, La República localizó en Huanta, Ayacucho (a 3,600 msnm), una fosa de 10 metros por 7. Debajo se hallaría enterrado un centenar de pobladores de los 9 anexos de la comunidad arrasada por el operativo militar. Deudos orando al pie del entierro y testimonios de sobrevivientes recogidos en la zona honraron el hallazgo periodístico.
Vendría luego la investigación confirmatoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Pero la excavación de las fosas tardó 7 años. En agosto del 2008, con el apoyo del Equipo Peruano de Antropología Forense y la ONG Paz y Esperanza, se exhumaron 92 cuerpos, solo 28 identificados, 48% menores de 18 años.
Recién a fines del 2011, después de 10 años de investigación preliminar, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formalizó la denuncia. Y el 14 agosto del 2012, un presto Tercer Juzgado Penal Nacional, a cargo del juez Miguel Loyola Florián, abrió proceso penal a cuatro jefes militares.
Por razones de función están procesados Wilfredo Mori Orzo, quien era general de brigada y jefe político militar de Ayacucho en ese entonces. Juan Briones Dávila, jefe de Estado Mayor Administrativo de la Segunda División de Infantería a cargo de la zona. Carlos Soto Mesinas, jefe de inteligencia. Y el capitán Luis Grados Bailetti, jefe de la Compañía “Lince”, que junto con la Base EP Putis serían las unidades ejecutoras del operativo.
En noviembre del 2014, un nuevo plazo ampliatorio de 60 días fue solicitado por la Primera Fiscalía Superior Penal. Pide que el Tercer Juzgado Penal realice 14 diligencias repetitivas y nada especificas. Si el plazo se concede y contadas las vacaciones judiciales (febrero y marzo) el caso “se patearía para adelante” más de 3 meses.
La información sí existe
Desde el 2002, la Fiscalía Mixta de Huanta pidió al Ministerio de Defensa la identidad del personal destacado en la Base Militar de Putis y la lista de bases militares de la época.
La respuesta fue negativa. Detrás de tal postura asoma una táctica orientada a obstaculizar la individualización de los actores del delito (y no solo identificación), que exige el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para abrir instrucción.
Se trataría de impedir que prospere el proceso abierto en primera instancia por el Tercer Juzgado Penal, opinaron expertos consultados.
La información negada existe. La historia de cada miembro del Ejército está registrada en el Legajo Personal del Oficial (LPO) y tiene dos versiones. Una que acompaña al oficial por todas las unidades donde es destacado. Y otra que es llevada por el Comando de Personal en Lima. Al concluir la carrera del oficial, los dos LPO se juntan y se guardan en el Archivo del Cuartel General del Ejército.
Es uno de los lugares donde está la información pedida.
La Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en su obra “En honor a la verdad” (más conocida como “Libro Blanco”, página 65), al referirse a la gestión del general Mori Orzo en Ayacucho anota que los jefes de base y de patrulla “tenían que entregar obligatoriamente un informe de patrulla, el cual era recabado por el oficial de operaciones y servía para preparar resúmenes de inteligencia e informes diarios de operaciones”.
Los “ido” y los “idi”
Se trata de los documentos denominados IDO (Informe Diario de Operaciones) e IDI (Informe Diario de Inteligencia), que las grandes unidades reportan cotidianamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus respectivos comandos institucionales.
Allí se condensan las ocurrencias más importantes de las zonas bajo el mando de cada gran unidad, recogidas a la vez de los niveles inferiores. El IDO y el IDI no se archivan únicamente en las unidades sino que en el día se trasmiten al nivel más alto. Copias de estos informes se guardan en los archivos del Comando Conjunto y del Cuartel General del Ejército.
Archivos permanentes
Toda repartición del Ejército Peruano lleva tres clases de archivos: Activo (del año en curso), Pasivo (de los 5 años anteriores al año en curso) y Permanente.
Este último incluye los “documentos que por su importancia puedan tener empleo ulterior en lo administrativo, estadístico o histórico” (capítulo 2, sección I, párrafo 6 del “Sistema de Archivos del Ejército”, Código CE 345-1).
El párrafo 11 del mismo documento, al enumerar las normas de depuración de los archivos, define claramente dos formas de destrucción de los documentos: “Por incineración” y “Por fraccionamiento”. Y en su inciso “h” dice inequívocamente lo siguiente: “Del archivo permanente no se destruirán los documentos”.
Es lógico. Y si no, ¿cómo se escribiría la historia de la Guerra del Perú con Chile o con Ecuador o contra Sendero Luminoso?
De ahí que sea también discutible la nobleza del “Acta de incineración” remitida por el Ministerio de Defensa a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho negándole la información relacionada con Putis.
O sea, existe información para que la Fiscalía identifique e individualice a los culpables.
Marcelina Limancca Solier y sus travesías para declarar ante el juez
“Tengo 54 años y nací en Putis. Sobreviví a la matanza del 13 de diciembre de 1984, pero seis de mis familiares: mi madre Ambrosia Solier Cusiche, mi hermano Ernesto Limancca Solier, mi cuñada Pastora Potosino Centeno y mis dos sobrinos Elfio y Uriol Limancca Potosino, no tuvieron la misma suerte. El año pasado el Poder Judicial nos notificó para ampliar las declaraciones que dimos hace varios años . Fui a pie hasta Huamanga porque, por razones de salud, no puedo viajar en carro. Bajé y subí 80 kilómetros. Once horas de ida y once horas de vuelta”.
“Llevé un vestido para cambiarme el día que iba a declarar ante el juez. Para el camino llevé una botella con mate que se me agotó a las pocas horas. Recorrí lugares donde años atrás había visto cadáveres regados. Iba pensando en las personas extrañas de terno y corbata que me iban a interrogar. Declaré durante una hora a través de un intérprete, y ese mismo día volví a Putis. No tenía donde quedarme ni dinero para comer en Huamanga”.
PROCESADOS
- Wilfredo Mori Orzo
- Juan Briones Dávila
- Carlos Soto Mesinas
- Luis Grados Bailetti
Publicado en La República, el 4 de enero de 2015
Foto CNDDHH