Pedido de su abogado es un imposible jurídico, aseguran
14:44. Lima, abr. 22. El pedido de revisión de la sentencia a 25 años de cárcel para Alberto Fujimori es un absurdo jurídico ya que no existe una prueba nueva que justifique la demanda, afirmó hoy la asesora principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (Wola), Jo-Marie Burt.
“Su planteamiento es completamente absurdo, no hay ninguna razón para pensar que no podría haber más de un autor mediato, sobre todo en un crimen tan complejo como lo fueron La Cantuta y Barrios Altos”, indicó.
Comentó que para pedir la revisión de una sentencia en el Poder Judicial es necesario una prueba nueva, es decir, algo que no haya sido considerado durante el juicio oral, lo que, en este caso, “no existe”.
“El abogado de Fujimori no está presentando ninguna prueba nueva, ninguna evidencia nueva que pueda ser considerado, entonces no existe una base jurídica para que hubiese una revisión de la sentencia”, aclaró.
Burt explicó que tanto Fujimori, como Montesinos y Hermoza Ríos, gobernaron el Perú en conjunto y crearon “un sistema que utilizaba la represión” para controlar a sus opositores y eliminar a sospechosos por terrorismo y personas que no les convenían.
“Es un despropósito total, ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. Para que la Corte Suprema revise una sentencia hay reglas claras sobre lo que tiene que pasar”, precisó.
El abogado de Alberto Fujimori, William Paco Castillo, presentó ayer ante el Poder Judicial un pedido para revisar la sentencia de su patrocinado; demanda que fue rechazada por razones de procedimiento. Esta mañana volvió a presentar su pedido.
16:57. Lima, feb. 24. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresaron hoy su preocupación por el pedido de la defensa de Alberto Fujimori de revisar la sentencia aplicada al exmandatario.
Foto:ANDINA/archivoFoto:ANDINA/archivoAmbos organismos especializados en la defensa de los derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto donde recuerdan que la condena a Fujimori expedida por la Corte Suprema, si bien apeló al tema de la lesa humanidad, se basó en los delitos por los que su similar chilena autorizó la extradición correspondiente.
El argumento del abogado de Fujimori para pedir la revisión del fallo es que el exmandatario no ha sido sentenciado por la justicia peruana por los ilícitos por los que se le extraditó desde Chile, en 2007.
Al respecto, la directora del Cejil, Viviana Krsticevic dijo que este proceso fue considerado “ejemplar” por la comunidad internacional al haberse llevado a cabo “de manera justa imparcial y con pleno respecto al debido proceso y los derechos del acusado”.
La condena judicial a Fujimori ha sido materia de pronunciamientos desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerda el comunicado de Wola y Cejil.
En tal sentido, Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, pidió que “cualquier recurso judicial que cuestione la condena contra Fujimori sea considerado en el marco de las obligaciones internacionales de Perú y en apego a los principios de imparcialidad y debido proceso para todas las partes”.
Ambas entidades también hacen referencia en el documento a declaraciones de Javier Villa Stein, presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema; ente que vería el anunciado pedido de revisión.
Se recuerda que el mencionado magistrado ha señalado a una radio local que “da la razón” al argumento de que Fujimori no fue extraditado por el delito expreso de lesa humanidad.
Modificaciones al Código Penal del Perú podría incrementar el uso de la violencia
Washington, D.C.- El 13 de enero de 2014 el Presidente del Perú, Ollanta Humala, promulgó la Ley 30151, que modifica el Código Penal del Perú y exime de responsabilidad penal a policías y militares que al hacer uso de la fuerza letal produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber. El resultado de estas modificaciones podría ser un incremento en el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad. La norma también vulnera un principio básico de la democracia: el derecho a la igualdad— al eximir a los policías y militares de ser procesados si matan o hieren a civiles.
“Tomando en cuenta el alto nivel de conflictividad social en el Perú, este tipo de medida genera gran preocupación. Parece que esta ley tiene la intención de garantizar la impunidad cuando se abuse el uso de la fuerza”, asegura Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA y experta en la política peruana.
La referida norma vulnera derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.Desde el fallo Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, emitida en 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados tienen el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derecho humanos, mientras ha reconocido en varios otros fallos el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener verdad y justicia.
Según la Defensoría del Pueblo, hay más de 200 conflictos sociales latentes, muchos de ellos sobre la minería, y en los últimos dos años y medio se ha reportado 34 muertos y más de 500 civiles heridos en contextos de conflictividad social. En la actualidad existen diversos casos de efetivos policiales y militares denunciados por haber provocado la muerte o lesions de personas que participaban en manifestaciones o protestas sociales.
“Nuestra preocupación va más allá de esta norma, puesto que desde hace un año el Estado del Perú ha implementado una serie de normas sobre el accionar de las fuerzas armadas que consideramos incongruentes con el estado de derecho”, afirma la Dra. Burt.
En diciembre de 2012, por ejemplo, el Estado promulgó una ley que califica de secreta toda la información sobre la defensa y la seguridad nacional y considera un delito su difusión. En enero de 2013, el Estado promulgó otra norma que permite a las fuerzas armadas realizar el levantamiento de cadáveres en zonas de emergencia sin la presencia de un fiscal. “Este conjunto de normas parecen direccionadas a limitar la transparencia, debilitar los controles de la sociedad sobre el actuar del Estado, y asegurar la impunidad para los agentes del Estado”, asegura la Dra. Burt.
WOLA reconoce que existe el en Perú una gran preocupación social por los altos niveles de criminalidad y violencia social. Consideramos que la mejor forma de enfrentar la inseguridad ciudadana es dotando a las fuerzas policiales reglamentos claros que regulen, de acuerdo a la Constitución y el derecho internacional, el uso de la fuerza, y fortaleciendo la institucionalidad democrática, especialmente las fuerzas policiales, para poder cumplir cabalmente su labor dentro del marco de la ley y las normas democráticas.
“En un estado democrático es imperativo que está debidamente regulado el uso de la fuerza por parte de los agentes del estado”, concluye la Dra. Burt. Los reglamentos deben asegurar que la fuerza sea utilizado sólo en casos necesarios para proteger el bien común y de manera proporcional, evitando al máximo la posibilidad de que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes. Al suprimir este requerimiento, y establecer que quedan exentos de responsabilidad penal, la Ley 30151 deja a los ciudadanos indefensos frente a cualquier abuso.
Contacto:
Jessamine Bartley-Matthews Asistente de Comunicaciones de WOLA Tel: +1 (202) 797-2171 press@wola.org
Como parte de una clara maniobra mediática para promover su indulto, Alberto Fujimori envió un audio a través de RPP Noticias, aduciendo que su salud es de “pronóstico reservado” y que su encierro se trata de un “(…) cuasi aislamiento celular y con régimen de silencio obligado”. Sin embargo, el INPE ha demostrado que entre noviembre de 2012 y enero de 2013 Fujimori ha recibido a 80 congresistas en la DIROES, lo cual estaría contradiciendo lo vertido sobre su supuesto aislamiento.
fujimori28091202El audio ha generado el rechazo de sectores del gobierno y la sociedad civil, tales como el Ministro de Interior Wilfredo Pedraza, el ex Fiscal Supremo Avelino Guillén y la ong Aprodeh.
Al respecto, les alcanzamos las declaraciones de Jo-Marie Burt, Directora del Proyecto Juicios por Derechos Humanos en Perú y Asesora Principal de WOLA, recogidas hace 2 semanas por diversos diarios locales, donde indica que Fujimori no reúne los requisitos suficientes para ser beneficiario del indulto humanitario.
… … …
WOLA: Las condiciones para un indulto a Alberto Fujimori no están dadas
Jo-Marie Burt pidió a los seguidores fujimoristas y a su familia dejar de presionar por esta gracia presidencial y reflexionar sobre el pedir perdón a las víctimas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) refirió que no existen elementos que justifiquen realmente el otorgamiento del indulto humanitario solicitado por la familia de Alberto Fujimori a favor del sentenciado expresidente.
La asesora principal de este organismo, Jo-Marie Burt, precisó que un indulto solo se otorga a los presos que están en un estado de salud grave y que sus condiciones de encarcelación no son las adecuadas para seguir con el tratamiento médico. En el caso de Fujimori, estos requerimientos no se cumplen.
Consideró que un eventual indulto humanitario propiciaría una condena moral a nivel nacional e internacional, sin embargo, mostró su confianza en que esta gracia presidencial no será dada.
“Vemos que el Gobierno peruano tiene claro que las condiciones para un indulto no están dadas”, manifestó a la Agencia Andina.
Al ser consultada por el internamiento de urgencia del exgobernante en una clínica local por un cuadro de gastritis, afirmó que no se trata de una enfermedad grave y que puede ser tratada médicamente sin poner en riesgo su salud.
Explicó que existe una fuerte presión por parte de la familia y los seguidores fujimoristas para que se otorgue este indulto. Asimismo, les exhortó que acepten la condena que pesa sobre él, porque no está por encima de la ley.
“Lo que tendrían que hacer es pensar por qué él está donde está, revisar lo que hizo y reflexionar, pedir perdón a las víctimas. […] También deberían aceptar la condena como cualquier persona, pero siguen creyendo que Fujimori no debe responder a la ley, que está por encima de la ley, y eso no es verdad”, concluyó.
Recuerdan que los indultos solo son para casos graves
El ex mandatario Alberto Fujimori no reúne las condiciones necesarias que justifiquen la viabilidad de un indulto humanitario, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“El indulto solo se otorga a reos en grave estado de salud y cuando las condiciones carcelarias no son adecuadas para su tratamiento médico. No ha sido el caso hasta ahora del señor Fujimori”, aclaró Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, quien agregó que de otorgar la gracia presidencial al líder fujimorista se podría generar una condena moral a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, Burt agregó que confía en que el gobierno peruano no concederá el indulto para el encarcelado ex presidente, debido a que está claro que no están dadas las condiciones como para otorgarle un beneficio de esa magnitud.
Cabe recordar que Alberto Fujimori fue dado de alta ayer luego de permanecer internado en una clínica local por habérsele presentado un cuadro de gastritis aguda, lo cual para el WOLA no es considerado como una enfermedad que ponga en riesgo la salud.
Por otro lado, Jo-Marie Burt criticó el hecho de que la familia y los seguidores de Alberto Fujimori ejerzan una fuerte presión para que este sea beneficiado con la gracia presidencial.
“Lo que tendrían que hacer es pensar por qué él está donde está, revisar lo que hizo y reflexionar, pedir perdón a las víctimas”, sentenció la autoridad del WOLA.
WOLA: no hay ningún elemento que justifique otorgar indulto a Fujimori
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideró hoy que hasta la fecha no existen elementos que justifiquen realmente el otorgamiento del indulto al sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, dijo que “el indulto solo se otorga a los reos en grave estado de salud y cuando las condiciones carcelarias no son las adecuadas para su tratamiento médico. No ha sido el caso hasta ahora del señor Fujimori”.
En su opinión, un eventual indulto humanitario propiciaría una condena moral a nivel nacional e internacional, pero expresó su confianza en que esta gracia presidencial no se dará.
“Vemos que el gobierno peruano tiene claro que las condiciones para un indulto no están dadas”, estimó.
Respecto a la depresión atribuida al exmandatario -quien fue internado esta semana por un cuadro de gastritis- consideró que no se trata de una enfermedad grave y que puede ser tratada médicamente sin poner en riesgo su salud.
Consideró que existe una fuerte presión de la familia y los seguidores de Fujimori para que este reciba la gracia presidencial.
“Lo que tendrían que hacer es pensar por qué él está donde está, revisar lo que hizo y reflexionar, pedir perdón a las víctimas”, indicó.
“También deberían aceptar la condena como cualquier persona, pero siguen creyendo que Fujimori no debe responder a la ley, que está por encima de la ley, y eso no es verdad”, añadió.
La asesora de WOLA recordó que la condena de 25 años de prisión por corrupción y delitos de lesa humanidad que pesa sobre el expresidente se dio en un juicio donde se probó su culpabilidad.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideró que, a la fecha, no existen elementos que justifiquen realmente el otorgamiento del indulto al sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS”
Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, recalcó que “el indulto solo se otorga a los reos en grave estado de salud y cuando las condiciones carcelarias no son las adecuadas para su tratamiento médico.
No ha sido el caso hasta ahora del señor Fujimori”.
Rightsperu, 30 de marzo de 2013 – El día de ayer, el diario La República entrevistó a la asesora principal de Washington Office on Latin America (WOLA), Jo-Marie Burt, sobre la solicitud de un indulto humanitario para ex presidente Alberto Fujimori, quien actualmente purga 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Consideró que frente al descarte de la existencia de cáncer (es decir, de una enfermedad terminal) el estado de salud del ex presidente no amerita la gracia presidencial, así tampoco, los indicios de depresión. La entrevista fue también publicada en Andina Perú.
WOLA fue una de las organizaciones internacionales que observó el juicio a Fujimori a lo largo del proceso. En vista de la importancia del proceso para los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, WOLA considera fundamental que cualquier decisión que se pudiera tomar acerca de la situación de Fujimori se atenue a la ley y tomando en consideración la gravedad de los hechos. En tal sentido se pronunció WOLA en octubre del 2012, en el contexto de una campaña de parte de los partidarios del Fujimorismo para que el Presidente se le concede un indulto humanitario a Fujiomri, en una carta abierta al Presidente Humala. En la carta, WOLA indica que no debería otorgar el indulto humanitario al ex presidente, si las condiciones médicas no lo ameritaban, pues sería un agravio contra las víctimas y sus familiares. La carta fue publicitada en medios como La República, Andina y RPP.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) envió una carta al presidente del Congreso, Víctor Isla, luego de conocerse que la moción de interpelación del Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, presentada por la bancada fujimorista el pasado 5 de noviembre, asegura que esta organización ha catalogado a las fuerzas armadas de “genocidas a las Fuerzas del orden”.
Le saludo atentamente y le agradezco la oportunidad de dirigirme a Ud. en esta oportunidad.
He tomado conocimiento de que la moción de interpelación del Ministro de Relaciones Exteriores Rafael Roncagliolo presentada por la bancada Fujimorista el día 5 denoviembre del presente hace mención a personas de nuestra oficina y a la organización que dirijo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sussiglas en inglés).
Quiero tomar esta oportunidad para esclarecer los puntos que aparecen en el apartado 21de tal moción que se refieren a mis colegas, Coletta Youngers y Jo-Marie Burt, y a sulabor como representantes de WOLA.
1. WOLA es una organización con una larga y respetada trayectoria no sólo en América Latina y Estados Unidos, donde se concentra su labor, sino a nivel internacional. WOLA fue creada en 1974 y desde entonces trabaja para promover los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con nuestras contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.
2. Con respecto a la moción presentada por la bancada fujimorista, en ningún momento nos hemos referido a las fuerzas armadas peruanas, ni al Presidente de la República Ollanta Humala, en los términos difamatorios que la moción fujimorista alega. En concreto repudiamos rotundamente la acusación difamatoria según la cual hemos catalogado de “genocidas a las Fuerzas del orden e inclusive en contra del propio presidente Ollanta Humala”.
3. Como organización internacionalmente respetada, y como parte de nuestro labor afavor de la democracia y los derechos humanos en el Perú, hemos documentado violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad delEstado, así como hemos documentado atrocidades cometidas por los grupos alzados en armas, incluyendo Sendero Luminoso. Asimismo, hemos realizado investigaciones sobre la impunidad en el Perú, factor que consideramos socava la consolidación plena de la democracia y los derechos humanos.
4. WOLA sigue firme en su compromiso de seguir trabajando a favor de la democracia y los derechos humanos, y en contra de la impunidad, en el Perú y en toda América Latina.
Nos preocupa e incomoda que dicha moción hace referencia a representaciones de nuestra institución de manera difamatoria. Rechazamos categóricamente las alegaciones presentes en la moción, las que interpretamos como señal de una actitud antidemocrática y contraria a los derechos humanos y a la participación de la sociedad civil.
Consideramos importante que esta comunicación sea difundida en el Congreso que usted preside, a fin de que todos su integrantes conozcan nuestra reacción frente a declaraciones que nos aluden y que no son verdad.
El debate político a favor y en contra del indulto humanitario del expresidente peruano Alberto Fujimori se encarniza con el paso de los días. Los líderes fujimoristas anunciaron que este viernes pedirían formalmente la liberación de su líder, aunque finalmente el hecho no se produjo. “Los que no lo quieren, lo odian; y los que lo quieren, lo aman”, dice en una entrevista televisiva Alejandro Aguinaga, congresista y médico de cabecera del exmandatario condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad, sobre su paciente y exjefe.
El expresidente fue trasladado del local donde está preso a una clínica, para que evaluaran si requería una sexta cirugía en la lengua, esta vez a causa de un granuloma hemorrágico. Los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas han explicado reiteradas veces que el paciente Fujimori no tiene cáncer terminal y que cada vez que ha sufrido una lesión cancerosa en la boca, se la han extirpado.
Cuando los medios le preguntaron al presidente Ollanta Humala sobre ese posible indulto, respondió que no podía referirse a algo que no se le había solicitado.
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en mayo de 2009 por autoría mediata en homicidio calificado de 15 personas de Barrios Altos —zona residencial del centro de Lima— y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta; además, por secuestro agravado de un empresario y un periodista.
“Hasta hace poco, la familia Fujimori había dicho que no pedirían el indulto, sino que buscarían liberar al exmandatario por canales legales, pues no aceptan la culpabilidad del expresidente sobre todo en los crímenes de lesa humanidad”, explica a EL PAÍS Jo-Marie Burt, politóloga estadounidense que ha seguido e investigado los juicios posteriores a la extradición de Fujimori.
Burt es también asesora principal de Washington Office for Latin America (WOLA), institución que el miércoles entregó una carta a Ollanta Humala planteando que otorgar el indulto sin cumplir con los estándares del derecho interno e internacional, representaría un paso hacia la impunidad y la erosión del estado de derecho en Perú.
“La decisión de la Corte Suprema de Perú de acatar la resolución de la Corte Interamericana de DDHH que anulaba la sentencia Villa Stein en el caso Barrios Altos parece haber cerrado la vía legal en ese sentido. La familia Fujimori evalúa y decide que políticamente les es favorable lanzar la petición del indulto”, agrega Burt. El fallo Villa Stein —que toma el nombre del magistrado que lo dictó— de julio último sostiene que los crímenes del grupo Colina —fuerza paramilitar creada durante el Gobierno de Fujimori— no eran de lesa humanidad.
Organizaciones de derechos humanos, líderes de opinión y el partido Perú Posible —del expresidente Alejandro Toledo— sostienen que la junta médica que evalúe al presidente debe ser independiente, que Fujimori debe pagar la reparación civil de 27 millones de soles al Estado, y que debe pedir perdón por los delitos cometidos; sin embargo, Kenyi Fujimori ya anticipó que no habrá pago ni petición de disculpas.
La patata caliente del indulto incomoda al presidente Humala, pues cuando le interrogan sobre su decisión, esquiva la cuestión aduciendo que no está en agenda. “Si insisten los llevo a la punta del cerro”, respondió el jueves. El primer ministro, Juan Jiménez, también se ha quejado a los medios ante esa pregunta porque “hay muchos otros problemas” en el país.
Mientras tanto, la bancada parlamentaria fujimorista que ha sido amigable con el oficialismo en quince meses de Gobierno de Humala, ahora recoge firmas para un pedido de interpelación al ministro de Defensa, debido a la muerte no explicada de una niña durante una operación contrasubversiva en la sierra central el 8 de septiembre. Los congresistas escucharon las explicaciones insuficientes y contradictorias del titular de Defensa a mediados del pasado mes, pero no lo interpelaron aquella vez. Ahora, es una herramienta con la que empiezan a presionar a Humala, para mostrar cómo es el fujimorismo cuando quiere jugar a ser oposición.
Mediante una carta abierta dirigida al presidente Ollanta Humala, los organismos internacionales WOLA y CEJIL le solicitaron al mandatario no otorgar el indulto al sentenciado por violación a los derechos humanos, Alberto Fujimori.
“Sería un agravio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas que el Presidente de la República otorgara el indulto humanitario sin que ello se amerite por las condiciones de salud del ex mandatario”, remarcaron.
© ANDINA/Vidal TarquiEn declaraciones a la Agencia Andina, manifestó que el argumento del abogado de Fujimori quien señala que existe otra condena contra Nicolás Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos por autoría mediata, no necesariamente exculparía al expresidente.
