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News Reports on Transitional Justice in Peru

EN DEFENSA DE LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA HOMENAJE A LAS AUTORIDADES LOCALES ASESINADAS POR EL TERROR

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Post date August 28, 2015

Michel Azcueta

28 Agosto 2015, en “El Ojo que Llora”

Amigas y amigos:

Con cuánta emoción nos reunimos una vez más en torno a estas piedras con nombres concretos de peruanas y peruanos cuyas vidas fueron arrebatadas por el terror…! Con cuánto amor recordamos a aquellos que conocimos personalmente llenos de vida e ilusiones…! Con cuánto respeto guardamos en nuestro corazón a aquellos que no conocimos pero que sabemos amaban la vida y amaban el Perú. Y nos gustaría que todo el Perú, que la mayoría de peruanos sintiera lo mismo que nosotros…

© Michel AzcuetaSin embargo, vemos que la sociedad peruana se niega, hablando en general, a reconocer lo que se vivió hace unas décadas, se niega a aprender de tan terrible experiencia, siendo el único país de América Latina donde se calla la verdad, por no decir que se oculta…el único país donde no se valora una Comisión de la Verdad, el único país donde se denigra a los defensores de los Derechos Humanos, el único país donde casi es imposible tener un monumento a los que nos permitieron vivir en paz, donde es casi imposible tener un Lugar de la Memoria donde tiene que llegar el Presidente de Alemania para que se abra…Una sociedad donde el control de los medios de comunicación aleja a la mayoría del conocimiento de la realidad nacional, de la reflexión colectiva, del aporte de nuevas iniciativas individuales y sociales y, sobre todo, nos aleja de un compromiso por la verdad, por la solidaridad, por la unión entre peruanos.

Por todo ello, con emoción con amor y con respeto estamos aquí reunidos. Recordamos a cerca de 70,000 compatriotas asesinados en diferentes lugares y circunstancias, la mayoría de sectores populares, campesinos, trabajadores, policías, soldados, dirigentes de zonas pobres del Perú. Les recordamos a todos sin excepción. Pero, en esta ocasión, los organizadores de este acto tan especial, decidieron recordar, de manera especial a las carca de 500 autoridades locales, alcaldes y regidores asesinados por Sendero Luminoso en los años de terror.

Por experiencia propia en Villa El Salvador puedo decirles lo difícil que era ser autoridad local durante esos años, muchas veces sin apoyo alguno o, lo que era mucho peor, entre dos fuegos, como muchos recordarán, simplemente por ser consecuentes con una elección de tus propios vecinos y ciudadanos. Les puedo asegurar que estuvimos muy solos y había que dar la cara. En otras ocasiones, simplemente dinamitaban la municipalidad, asesinaban a alcaldes y regidores de distritos muy pobres andinos, amazónicos y, también, de zonas urbano populares, sin ninguna justificación, delante de su esposa y de sus hijos, como a Juan Linasco Tinoco, alcalde de Quillcaccasa (Apurímac), como los 47 alcaldes asesinados en Ayacucho, los 39 alcaldes asesinados en Junín, los 29 de Huánuco, los 21 de Puno. Y así hasta cerca de 500 alcaldes y regidores de todo el Perú.

Si me permiten, quiero hacer mención especial a dos alcaldes ‘provinciales de Huamanga, Ayacucho, a quienes conocí y traté personalmente: Leonor Zamora, a quien las Fuerzas Armadas no dejaron siquiera que entregara al Papa Juan Pablo II las llaves de la ciudad de Huamanga junto con un mensaje de defensa de los derechos humanos en Ayacucho tan pisoteados por los terroristas como por miembros de las Fuerzas Armadas, vilmente asesinada posteriormente por Sendero Luminoso. A Fermín Azparrent, valiente alcalde, gran defensor de su pueblo, abandonado por las fuerzas de seguridad a pesar de tener amenazas comprobadas asesinado a la puerta de su casa una mañana temprano. Ambos defendieron a su pueblo levantando el honor y la imagen de todos los ayacuchanos que, recordemos, eran, todo, sindicados como terroristas.

Y ya en Villa El Salvador, recordamos, prácticamente todos los días, a María Elena Moyano…cuánto nos gustaría que estuviera con nosotros ahora animándonos con su fuerza, su alegría, su valentía, su gran capacidad de comunicación y organización tan necesarias hoy en el Perú. Y también al regidor Rolando Galindo, sucesor de María Elena como teniente alcalde de Villa El Salvador, también asesinado por Sendero Luminoso meses después.

Todos ellos, alcaldes y regidores, murieron por defender la vida, por defender la paz, por defender la democracia en el Perú. Decíamos desde las gestiones municipales que nadie tiene derecho a matar, que la violencia no es solución, que no se debe derramar la sangre de un solo peruano, civil o militar, que no sobra nadie en el Perú, que la vida es lo más sagrado que tenemos; murieron por defender la paz con justicia social, base firme de unas relaciones entre todos los peruanos. La paz que no es la paz de los cementerios sino la alegría del trabajo, de la amistad, del reconocimiento de diversidades, de culturas, de tolerancia; murieron por defender la democracia, como autoridades locales elegidas por sus pueblos, representándolos con dignidad y valentía, en un Estado de derecho, defendiendo un modelo democrático de desarrollo.

Por todo ello, nuestro homenaje sincero. No les olvidemos ni a ellos ni a ninguno de los que dieron su vida por nosotros. No olvidemos aquello que defendieron. No tengamos temor a decirlo en voz alta, precisamente para que no se repita el terror, la muerte. Por el bien del Perú. Viva la vida. Viva la Paz. Viva la Democracia.

Tags cvr, María Elena Moyano, Michel Azcueta, Sendero Luminoso, violencia política

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Huanta, un pueblo que busca cerrar sus heridas

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Post date February 9, 2015

Eugenia Quispe Araujo llora junto a su hijo. Tuvieron que huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue desaparecido. (Foto: Virgilio Grajeda)

Esta provincia ayacuchana es una de las que mayor número de muertos y desaparecidos registra, producto de la violencia política que azotó el país entre 1980 y el 2000. Pese al paso de los años, los familiares de las víctimas aún no hallan justicia. Se sienten olvidados y reclaman más atención del Estado.

Por María Elena Castillo Hijar

En Huanta todos han sido, de alguna u otra manera, afectados por la violencia política. Algunos son víctimas directas, otros tienen un familiar o conocido que ha sido torturado, desaparecido o asesinado en medio de la guerra interna. El terror llegó a tal punto, que miles dejaron sus tierras con el fin de escapar de la muerte; otros se quedaron y sobrevivieron como pudieron.

Eugenia Quispe Araujo llora junto a su hijo. Tuvieron que
huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se
llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue
desaparecido.
(Foto: Virgilio Grajeda)Ahora, todos comparten la imperiosa necesidad de curar esas heridas.

Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 47.4% de víctimas de la guerra interna que asoló a nuestro país vivían en Ayacucho. Las provincias con mayor incidencia fueron Huanta y La Mar. Juntas reportaron 5,186 muertos y desaparecidos, lo que significa la mitad de todas las víctimas de Ayacucho.

Santa Isabel Llantoy Gutiérrez es una de ellas. En 1987 sus padres fueron asesinados en las alturas de Santillana.

A su padre lo mataron en la comunidad de Llajuas “unos hombres vestidos de militar”.

“Papá salió en vigilancia y lo llevaron a una casa. Había bastante gente, muchos varones. Uno por uno sacaban, preguntaban, golpeaban y mataban. A algunos ahorcaron, a otros metieron cuchillo”, relata Santa con tristeza.

Poco después huyó junto a su madre y sus cinco hermanitos a la comunidad de Chacca, donde el horror los volvió a alcanzar. Cuando apenas tenía 11 años vio que una noche los terroristas entraron y mataron a su madre y a otros pobladores.

“Hemos quedado solos, sin educación; hemos crecido en diferentes familias”, dice en su quechua natal. A su lado está la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Torturados de Huanta, Herminia Oré, quien traduce cada una de sus palabras.

La vida tiene precio

Santa Isabel y sus hermanos sólo han recibido S/. 1,500 cada uno como reparación por el crimen de su padre. “Por su madre no les reconocieron nada. Igual que ellos, tenemos 35 miembros con múltiple afectación, que perdieron a más de un familiar”, refiere, doña Herminia, cuyo esposo fue torturado en 1984 por efectivos de la Marina acantonados en el estadio de Huanta. “A otros les han dado menos”, agrega indignada.

Recuerda que en el 2011, cuando era candidato, el presidente Ollanta Humala fue a Huamanga y las recibió en la Casa del Maestro para escuchar sus necesidades. “Nos prometió incrementar las reparaciones a 10 UIT, pero hasta ahora no se cumple”, lamenta.

Además, remarca que a pesar de que tienen derecho a la atención de salud, cuando van al hospital solo les dan pastillas para el dolor, pero si quieren que les hagan análisis, tienen que pagar porque eso no cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

“También está pendiente el tema de educación. Por los años que han pasado, muchas víctimas somos mayores, ya no podemos estudiar. Por eso hemos pedido que pase a nuestros hijos a través de la sucesión de derechos”, demanda.

Doña Herminia indica que en el 2013 fueron en marcha a Lima para presentar sus demandas, tras lo cual autoridades de varias instituciones se comprometieron a modificar la norma para que sus hijos accedan a becas de estudios, pero hasta ahora no han cumplido.

“En diciembre he vuelto a presentar el pedido al Ministerio de Justicia y a la CMAN, a ver si nos atienden”, comenta bastante incrédula.

Con las manos levantadas, los demás integrantes de la asociación de víctimas y familiares respaldan la demanda. Es el caso de Olimpia Gavilán Barboza, cuyo esposo fue asesinado en 1984 por militares en la zona de Llochegua; pocos meses después también mataron a su mamá, y hasta ahora no se sabe quién fue el responsable.

“No quiero acordarme de eso”, dice angustiada, mostrando los estragos que el terror dejó en ella. “Mi cabeza me duele, me olvido las cosas. Todo lo que quiero es que mis hijos salgan adelante”, sostiene.

Como pudo sacó fuerzas para criarlos: vendía comida, tejía ropas, iba a la selva huantina a cosechar. “Yo ya no puedo estudiar, pero mis hijos sí”, señala.

Difícil de olvidar

Prudencia Taipe Quispe tenía 17 años cuando perdió a sus padres y tres hermanos. En 1991 una columna terrorista atacó la comunidad Sector Mantaro Río Apurímac. A su padre lo mataron, junto a una veintena de miembros de autodefensa que trataron de repeler el ataque. Ella, su madre y sus hermanitos fueron llevados como “prisioneros de guerra”.

“Como a 50 nos llevaron. Nos hicieron caminar por cerros, lejos, varios días, y nos tuvieron secuestrados. Primero murieron dos de mis hermanitos, después mi mamá, que le agarró desnutrición. Mi otro hermanito hasta ahora no sé dónde está. Después de siete meses me pude escapar”, intenta resumir el horror que le tocó vivir.

Tras su huida pudo reencontrarse con dos hermanitas a las que no llegaron a secuestrar. Cada una han recibido S/. 1,250 como reparación por la muerte de su padre. No les dieron más porque en el registro figuran también su abuelita y su madre como beneficiarios, a pesar de que ellas también han fallecido, trámite que está pendiente de aclararse.

“Con todo lo que me pasó no he podido estudiar y ahora tengo siete hijos. Yo quisiera que les den los estudios a ellos, para que tengan más oportunidad que yo”, indica.

Viviendas dignas

La violencia política hizo crecer demográficamente a Huanta. Tal como ocurrió en Lima, un gran número de desplazados comenzaron a poblar la periferia de la ciudad y empezaron a organizarse para levantar sus viviendas y acceder a servicios básicos.

Así nació la Asociación de Huérfanos y víctimas de la comunidad de San Juan de Parccora residentes en Huanta, que se instalaron en el Barrio San Miguel y actualmente acoge a familias de otros anexos. Allí encontramos a Eugenia Quispe Araujo, pobladora de Culluchaca, cuyo esposo fue desaparecido en 1984 por efectivos de la Marina; después los senderistas mataron a su madre y sus hermanos.

“Mi hijo me cuida ahora. No ha podido estudiar, yo no le he podido dar nada por falta de economía y ahora tiene sus hijitos, que como sea tiene que sacar adelante. Yo pido que le den la beca a mis nietos y una casita donde vivir”, solicita con lágrimas en los ojos.

El dirigente de esta organización, Jesús Quispe Farfán, explica que todos tienen el mismo pedido. Él quedó huérfano de padre y madre a los 8 años, porque los terroristas los mataron.

“Aquí nos hemos agrupado desde el 2007 para tener donde vivir. Después de siete años de gestiones hemos logrado siquiera agua potable, pero todavía no tenemos desagüe. Necesitamos que nos capaciten en proyectos productivos, para tener trabajo y vivienda digna”, argumenta.

A 15 minutos están los miembros de la Asociación Pro Vivienda Chaccas-Santillana, en la zona conocida como Ulluyauycco. Ellos tienen similares problemas. Su dirigente, Javier Quispe Lonasco, nos muestra las rústicas viviendas que están levantando solos.

“Nosotros también necesitamos apoyo. Queremos curar las heridas y en pensar en el futuro. Pedimos que no nos sigan discriminando”, demanda en nombre de todos.

Huanta en cifras

2,313 muertos y desaparecidos fueron reportados a la CVR.
39% de víctimas son de la región.
1,402 fueron asesinados o secuestrados por Sendero Luminoso.
761 fueron por agentes del Estado.

Publicado por La república, el 9 de enero de 2015

Tags cvr, Desaparición forzada, Huanta, reparacion

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Huérfanos de la guerra buscan a sus familiares entre las fosas desenterradas

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Post date December 5, 2013

Encuentro. Robin y su esposa Mercedes cargan los restos de su padre

Según el informe de la CVR, entre 1983 y 1994, los añosde mayor violencia en el distrito de Chungui, 1,384 civiles fueron víctimados por Sendero Luminoso, ronderos y fuerzas de seguridad. La exhumación reciente de 56 restos de comuneros por un equipo forense convocó a hombres y mujeres que cuando niños fueron testigos de la violenta muerte de sus parientes.

Encuentro. Robin y su esposa Mercedes
cargan los restos de su padreLos persistentes golpes que imprime Félix Pacheco Casafranca en el alcantilado apenas se escuchan. El eco del pico metálico que usa para perforar la montaña se disuelve en el viento fuerte, que se desplaza por el cañón del río Apurímac. Cuando el Equipo Forense Especializado (EFE) llegó a mediados de noviembre a Huallhua, una aldea de Chungui, Félix Pacheco tenía ya 48 horas buscando entre las rocas los restos de su padre, asesinado en 1984.

“Mis papás habían salido temprano a buscar agua al monte cuando escuchamos disparos, solo recién al caer la noche mi mamá regresó. Ella me contó que los ronderos y militares de la base de Mollebamba mataron a mi papá”, afirma Félix, mientras hace descansar la punta de acero de su herramienta en el hombro. Félix cuenta que el cuerpo de su padre fue enterrado aquella vez por su tío en el desfiladero llamado Artesonpata, pero ahora, transcurridos 29 años, no ubica sus restos. El plan trazado por el EFE no tiene registrada oficialmente esta fosa.

La violencia atrapó a las comunidades y caseríos de Chungui a partir de 1983 cuando Sendero Luminoso instaló allí su bastión para enfrentar a los militares y policías, según el antropólogo Edilberto Jiménez, uno de los investigadores de la CVR.

“Muchos comuneros fueron obligados por Sendero a dejar sus pueblos y vivir en la montaña, en grupos de 30 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres jóvenes, eran la masa. Los pequeños eran los pioneros, pero a los 12 años pasaban a formar la milicia. Los jóvenes eran la fuerza principal, pero ellos no tenían armas como los militares, por eso no había un enfrentamiento directo”, afirma Jiménez.

NIÑOS QUE FUERON

El viento sopla favorable en Pinto, otro sector de las montañas de Chungui. Allí Robin Quispe Días, de 52 años, busca desde hace tres días la tumba de su padre Sebastián Quispe, asesinado en 1987. Robin Quispe cree que una señal divina se ha materializado para concluir su búsqueda. “Hace 10 años quise cazar un venado y cuando lo seguía, encontré la fosa. Ayer, otro venado me trajo aquí”, comenta Sabino Castro, cuñado de Robin.

Alex Curi, arqueólogo del EFE, escarba la tierra, y el rostro de Robin expresa un gesto doloroso. No solo se ha abierto la tierra, sino la herida que conserva este hombre. Reconoce la cruz que antes lucía en el pecho de su padre y que ahora está adherida a la camisa que cubre las costillas de la osamenta.

Felix Pacheco, pico en mano, explica al Equipo Forense
Especializado (EFE) donde estaría la fosa que conserva
los restos de su padre asesinado hace 30 años“Un mes después de que los senderistas nos obligaron a estar en el monte, llegaron los militares. Huíamos por todas partes, pero la explosión de una granada lanzada por ellos mató a mi padre; solo mi esposa mi hija y yo logramos escapar”, recuerda Robin. Al escalar por los cerros para evitar morir asesinada, su esposa Mercedes Castro perdió al bebé que llevaba en su vientre.

Ahora, Mercedes, de 51 años extrae de su manta seis tamales, un bloque de queso una gran bolsa de maíz sancochado, y los comparte con otros mientras la exhumación de su suegro continúa.

Con el aliento recuperado, el arqueólogo coloca el tórax y la pelvis del difunto en una caja, y las extremidades con el cráneo en otra. Robin coloca lo primero en su manta y Mercedes envuelve la caja en la suya. Ambos ascienden hasta el pueblo de Huallhua cargando sobre sus espaldas lo desenterrado.

Otro episodio violento en Chungui lo vivió Valentín Casa Quispe en 1986. Era un niño de 9 años cuando encontró los cuerpos inertes de su madre, hermana y sobrina en un paraje denominado Suyrurupampa. Dos semanas después sería testigo del asesinato de su padre.

“Después de enterrar a mi madre, huimos con mi papá por el monte cuando nos topamos con los ronderos. Yo corrí de la mano de mi papá pero a él lo agarraron. Yo logré saltar hacia un acantilado, y escondido entre la hierba vi a mi padre arrodillado atado de manos, y cómo un rondero le corta de un machetazo la nariz y luego el cuello”, cuenta Valentín.

Sacrificio. La exhumación requiere de fortaleza
física de los forensesCuando los asesinos partieron, el pequeño Valentín corrió y abrazó el cuerpo aún con vida. “Papay, papay grité llorando, y cuando sus ojos se pusieron blancos se cayó todo”, recuerda.

Comuneros de Huallhua sepultaron a Porfirio Casa Berrocal en un sector llamado Chaquiccmayo. El EFE exhumó los restos óseos de la mamá de Valentín hace dos semanas y exhumarán al de su padre el presente mes.

Valentín apoyó las exhumaciones que el EFE desarrolló en Chungui. Sobre el lomo de sus 10 acémilas se transportaron las osamentas recuperadas a través de las montañas de esta zona, llamada Oreja de Perro.

La violencia dejó en Chungui decenas de niños huérfanos que siguieron huyendo como Félix, Robin y Valentín. Otros como Eugenia Quispe Alarcón fueron ofrecidos a los comuneros de la comunidad de Mollebamba.

Eugenia tenía 7 años cuando ejecutaron a sus hermanas en el caserío de Chaupimayo y a su padre en la base militar de Mollebamba en 1984. Tras esta desgracia, la niña pasó dos años en el monte comiendo hierbas sancochadas y maíz crudo. “Seguía a hombres y mujeres que estaban con sus hijos. Cuando los militares me capturan y me llevan a Mollebamba yo había cumplido 9 “.

Pérdida. Representación de la muerte del padre de
Valentín Casa, realizada por Edilberto Jiménez en su libro
“Chungui, dolor sin lágrimas”Los militares la entregaron a la campesina Lorenza Hurtado Alarcón, quien la obligó a pastar su ganado y servir en su casa. “A mí la señora me maltrataba, me gritaba y siempre comentaba en la comunidad que había recogido a una terruquita”. Un año después, su tío Antonio Quispe Nieve la rescató y la llevó a Andahuaylas.

RAZONES DE LA VIOLENCIA

La antropóloga e investigadora de la universidad inglesa de Cambridge, Nathalie Koc-Menard, quien ha estudiado a profundidad la zona, considera que pocos entienden lo que pasó en Chungui en los años ochenta.

“Al inicio, el proyecto de Sendero caló en varias zonas, porque tras la reforma agraria se crea desigualdades en esta zona. Unos comienzan a tener más ganado y poder en la comunidad, y otros no. Surgen envidias y peleas internas entre los comuneros”, afirma Koc-Menard.

Entre comunidades también se crearon rencillas por los linderos y las tierras, lo que ocasionó disputas, las cuales se manifestaron cuando los militares deciden acabar con la presencia senderista.

“Los ronderos dicen: a mí me matan si no sigo las órdenes del mayor del Ejército. Y la política militar era: estoy con ellos o contra ellos. Ahora, entre militares y ronderos se culpan. No fue una guerra entre dos países, fue una guerra que cruza todo lo que podemos creer de convenciones internacionales”, afirma la antropóloga.

Fosa. Mujeres y niños fueron hallados con signos
de haber sido fusiladosEl tiempo transcurrió desde entonces y la vida de la población de Chungui sigue tan precaria como cuando llegó Sendero con su discurso. Más del 50% de sus habitantes son pobres extremos, no hay carreteras, y solo algunas comunidades tienen suerte de tener un profesor y un colegio, además no tienen luz ni señal telefónica. El Estado y las ONG de derechos humanos han olvidado esta castigada zona. Por ahora, sus pobladores solo piensan en curar las heridas, enterrando con dignidad a sus familiares asesinados.

CLAVES

En las diligencias realizadas por el EFE en Chungui, entre noviembre de 2005 y junio de 2013, se recuperaron 166 restos humanos, de los cuales se identificaron 102 y fueron entregados a sus familiares cien cuerpos.
A mediados de 2014, el EFE hará entrega de estos restos a sus familiares en la capital del distrito de Chungui. La última expedición forense se realizó entre el 5 y 20 de noviembre último; y se exhumaron 19 fosas, encontrando 56 osamentas, en su mayoría mujeres acompañadas de niños o niñas.
En abril de 2011, la ONG Comisión de Derechos Humanos denunció al ex mayor de Infantería del Ejército Pedro Baca Doig, ex jefe militar de Chungui en los ochenta. A inicios de 2013 la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho lo ha citado para que declare por la masacre en el distrito.

Señal. El trazo en las vértebras del cuello indica que víctimas fueron degolladas

Publicado originalmente en La República, el 5 de diciembre de 2013

Tags Chungui, cvr, exhumaciones, Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso

Trial Reports

El silencio de los ausentes

Post author By Jo-Marie Burt
Post date September 2, 2012

No olvidar. Actividad organizada por familiares de desaparecidos. Muchos se conforman con recuperar los restos y ya no buscan otro tipo de reparación

Por Ramiro Escobar / IDEHPUCP

Gregoria Gastelú está sentada en un murito de la puerta de su casa, ubicada en una avenida algo polvorienta de Huamanga, durante un día cálido pero que, en su mirada, adquiere un destello nebuloso. Cuando pronuncia el nombre de Cesáreo, su hijo ausente, un torrente de palabras en quechua, tristemente tiernas, fluyen de manera incontenible…

-En mi sueño, él aparece y me dice “ya, mamita, no llores, quédate tranquila”-relata, envuelta en llanto.

No olvidar. Actividad organizada por familiares de desaparecidos. Muchos se conforman con recuperar los restos y ya no buscan otro tipo de reparaciónAl muchacho, un devoto del fútbol, se lo llevaron un 10 de julio de 1984, alrededor de las dos de la mañana, cuando varios individuos de aspecto militar, y cubiertos con un pasamontañas negro, ingresaron a la casa trepando por una pared de la vivienda vecina. Empujaron al resto de la familia a la sala y fueron al cuarto de Cesáreo para sacarlo.

Al día siguiente lo buscaron en el cuartel Los Cabitos, en la comisaría, en la Fiscalía. Pero Cesáreo, el estudiante de la Universidad San Cristóbal, el hincha de la “U”, el hijo cariñoso, no apareció más. Su padre también lo buscó en el ‘Infiernillo’, un barranco cercano a Huamanga donde arrojaban cadáveres, pero igualmente naufragó en el dolor.

Gregoria fue a Lima y se embarcó a la isla El Frontón, cuando todavía albergaba inocentes y presos subversivos. Caminó llorando y preguntando por los pasillos del penal, sin resultado alguno. Volvió a Huamanga, siguió buscando, mientras su aura de tristeza crecía. Solo ha vuelto a ver a Cesáreo en sus dolientes y reiterados sueños…

Números macabros

Se estima que en el Perú, durante el conflicto armado interno (1980-2000), desaparecieron entre 13.000 y 15.000 personas. Inicialmente, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sostuvo que recibió “testimonios que dan cuenta de 4.414 casos de desaparición forzada de personas atribuidas a agentes del Estado” (2003).

Al año siguiente, la Defensoría del Pueblo presentó –recogiendo cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones– el informe “Los Peruanos que faltan”, que eleva el número de desapariciones a la alarmante y escandalosa cifra de 8.588 personas.

Posteriormente, la CNDDHH lanzó la campaña “Construyendo una esperanza”. Con ella, logró recopilar 3.301 testimonios más, que aumentaron la curva a 12.859 personas, hasta el año 2005. Según un documento del Centro Andino de Investigaciones Antropológico-Forenses (CENIA), “este número es, aparentemente, el más cercano a la realidad”.

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), en su libro Desaparición Forzada en el Perú informa que, entre el 2006 y el 2007, consolidó los listados de la CVR y diferentes instituciones, por lo que el número de desaparecidos aumentó a 13.721. A ello, según José Pablo Baraybar, director de la entidad, deben agregarse 1.452 casos más reportados por la Defensoría.

Toda la sumatoria da la espeluznante cantidad de 15.173 personas que desaparecieron durante el conflicto armado interno, bajo distintas modalidades. El número es, por ejemplo, muy superior al dado por la Comisión Rettig en Chile, que reportó 2.279 muertos o detenidos-desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El Instituto de Medicina Legal (IML), la instancia estatal que asume el tema, se maneja con la cifra de entre 15.000 y 16.000, y trabaja bajo este parámetro. Pero la relativa nebulosidad de los números parece ser lo que impide que se ponga en marcha, y en serio, el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses (PNIAF) propuesto por la CVR.

O una Oficina para Personas Desaparecidas (OPD), como plantea el EPAF. A noviembre del 2011, se habrían exhumado solo 1.921 cuerpos, 881 habrían sido identificados y 761 entregados a sus familias. En los 4.644 sitios de entierro existentes en el Perú yacen todavía miles de peruanas y peruanos. Desaparecidos como si fueran un irrelevante numerito.

De cómo morir no oficialmente

Fosas. A noviembre de 2011 se habrían exhumado solo 1.921 cuerpos en el Perú“Yo nunca me he separado de mi padre”, afirma, con un gesto de calidez andina, Mardonio Nalvarte (34), un agricultor de la comunidad de Canayre, centro poblado del distrito de Llochegua, en la provincia de Huanta, parado junto al ataúd blanco donde yacen los restos de su padre, Modesto, asesinado el 27 de febrero de 1989.

En el recinto del local huamanguino de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) hay siete ataúdes más, con flores encima, con velas, con niños que revolotean entre ellos. Mardonio lleva su memoria 23 años atrás, cuando alrededor de la una de la tarde escuchó el motor de unos botes que llegaban, surcando el río Mantaro, a su localidad.

Se trataba de senderistas disfrazados de policías que, primero, procedieron a victimar a las autoridades a pedradas. Luego, tras preguntar a los jóvenes “si estaban dispuestos a formar una patrulla para ir en busca de subversivos”, degollaron a los que respondieron que sí ante el engaño. Modesto, el padre de Mardonio, estaba entre ellos.

Él, desde su desprotegida pequeñez, alcanzó a ver la escena al auparse en una ventana. Cuando la tarde ya entraba, la matanza había concluido. Los sobrevivientes, aterrorizados, huyeron al campo, pero volvieron al día siguiente y encontraron 40 muertos, regados por el pueblo, a los que enterraron en una fosa común.

Cada cuerpo fue puesto con una separación de tres metros. En 1991, la base militar de Canayre fue reactivada y la fosa quedó dentro. Tuvieron entonces que sacar algunos de los cadáveres y trasladarlos a un cementerio formado en el pueblo. Unos 15 cuerpos fueron llevados allí, entre ellos el de Modesto, aunque, como antes, informalmente.

No tenía aún certificado de defunción, algo que afectó la vida de Mardonio. Durante años, tuvo que dedicarse a exhumarlo, a trasladarlo y a velarlo. Por fin, en esta fría noche del 2012, su padre descansa en paz. “Acá estoy, a su lado”, sentencia, ahora con cierto viento de tristeza, junto al cajón blanco, y seguro de que su padre ya no es, finalmente, un desaparecido.

Entresijos del alma

¿Qué se anuda en los surcos interiores del familiar de un desaparecido? Como ha escrito Federico Andreu, jurista que participó en la redacción de la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, promovida por la ONU, se trata de un crimen que “transforma al ser en un no-ser”.

Pena. Gregoria Castelú y Máxio Cueto aún mantienen la esperanza de recuperar el cuerpo de Cesáreo, su hijo desaparecidoSegún Rosalía Chauca, de la Red por la Infancia y la Familia (Red INFA), algo que se suele perder de vista es que, con frecuencia, el familiar de un desaparecido es una víctima múltiple. “Además de perder a alguien, sin que le den una explicación –precisa–, puede haber sido torturado o incluso haber sufrido violencia sexual”. Una ruma de desgracias.

Raúl Calderón, quien trabaja con ella, y que ha visto de cerca varios casos en Ayacucho, describe una suerte de itinerario tenebroso de la víctima. “Primero –explica– viene un periodo de no aceptación, de creer que, en realidad, no ha pasado nada grave y que el ser querido está en un cuartel o en una comisaría. Y que un abogado será la solución”.

Pero la ausencia que aparece después apaga esa ilusión. Viene entonces la etapa de búsqueda desesperada, agotadora, que puede dejar exhausta el alma y hasta el cuerpo de la persona. “La persona –explica Rosalía– repara en detalles, en pequeños datos de alguien que pudo haber dicho o visto algo”. No hay un familiar que no sea minucioso.

Si la búsqueda se torna inútil, es posible que baje el esfuerzo pero nunca, nunca, decae. El familiar siempre está atento a una pista, un rumor, alguna leve noticia. La angustia se instala entonces en la vida y, a veces, sobreviene la soledad porque, en su entorno, no entienden esa persistencia o le recomiendan el olvido.

Eso no parece posible, al menos para la mayoría de familiares, porque el hueco en el alma permanece. Y solo se alivia parcialmente cuando el cuerpo aparece. En el mundo andino, como apunta Rosalía, “el ritual de despedida” es paradójicamente vital. Eso se sentía, como un vaho espiritual colectivo, en el velorio de las víctimas de Canayre.

Hay, sin embargo, un trance que es particularmente desolador. Se da cuando, como le ocurre ahora a Gregoria, la víctima ha reconocido, tras una exhumación, una prenda o algo que la convence de que ese es su hijo, su esposo, su hermano. Pero la ciencia forense no lo confirma todavía. “Ese es uno de los peores momentos”, observa Rosalía.

Es un tiempo de angustia mayor, de llanto, de estallidos desgarradores. Y es que el hallazgo de un cuerpo suele ser más importante que la búsqueda de justicia penal. Maritza Guzmán, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de Ayacucho, comenta que esa es la mayor reparación que buscan los deudos. Les interesa más cerrar el círculo del dolor que ir a un tribunal.

Selva de espanto

Final. Huamanga, julio 2012, ocho de los cuerpos de la masacre de Canayre, centro poblado de Llochegua, Huanta“Acá hay cerca de 650 desaparecidos”, afirma Luzmila Chiricente, dirigente asháninka de 58 años, en el local del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) de Satipo. Afuera, un calor tórrido parece traer una brisa terrible del pasado, cuando por estas selvas SL se ensañó, de manera mortal y despiadada, con su pueblo.

De acuerdo a la CVR, unos 10.000 asháninkas fueron desplazados en los valles de los ríos Ene, Tambo y Perené. Más de 5.000 habrían permanecido cautivos del movimiento maoísta, que andaba por este monte en busca de huestes forzadas. En ese curso de espanto, al menos 6.000 asháninkas sucumbieron a las balas, el hambre, los maltratos.

Decenas de ellos se perdieron, no se sabe bien cómo, tal como aconteció con Beto Juan, el hijo de 15 años de Luzmila, en 1988. Desde Cushiviani, su comunidad de origen, había sido enviado a estudiar al colegio Atahualpa de Satipo, para lo cual le alquilaron un pequeño cuarto. Normalmente, iba y venía de la casa familiar, pero un día desapareció.

Fue en septiembre de ese año. Luzmila se dio cuenta cuando fue a visitarlo y encontró su espacio vacío, sin que el dueño del predio le diera razón. Lo más probable era que SL, que merodeaba por la zona, se lo había llevado. Sumida en una honda tristeza, lo buscó por todo el pueblo, puso avisos en las radios, preguntó a vecinos y autoridades.

Pagó para que le dieran datos, se endeudó. Pero nada. Nunca más volvió a saber de Beto Juan, hasta hoy, 24 años después, cuando rememora con dolor paciente lo ocurrido. “Él era un chico cariñoso”, cuenta, mientras rebusca en otros recuerdos de espanto, como la vez en que una columna senderista entró a su aldea y casi la mata.

La crueldad se desató en el monte e incluyó, según testimonios recogidos por el Instituto de Defensa Legal (IDL) entre las mujeres asháninkas, masacres, asesinatos de niños y hasta crucifixiones. Luzmila, sin embargo, no retrocedió en su lucha, llevando encima, además, el recuerdo de Beto Juan en su corazón selvático.

La Ley y la ausencia

De acuerdo a Dafne Martos, del CICR, lo que define la condición de “desaparecido” es “la ausencia”. Rafael Barrantes, de la misma organización, explica más el concepto y afirma que “una persona puede desaparecer debido a que fue víctima de desaparición forzada, pero también por haber caído en acción, o como producto de una masacre”.

Asimismo, por un asesinato extrajudicial. Cualquiera de esas situaciones puede causar la desaparición de una persona, de modo que un asunto a precisar es que, en el arco de los presuntamente 16.000 desaparecidos que hay en el Perú, no todos se han debido a secuestros como el que sufrió Cesáreo Cueto Gastelú, el hijo de Gregoria.

Es difícil, incluso, saber cuántos casos corresponden a esta práctica infame, perpetrada por agentes del Estado y muy generalizada en la América Latina de las últimas décadas. Además de Chile, se ha presentado en Argentina, Brasil, Uruguay y Guatemala, país que tendría el mayor número de desaparecidos en la región (serían unos 45.000).

Pero lo esencial es que, durante los tiempos de la violencia política, perdimos a miles de peruanos, de distintas maneras, y no aparecieron más. El caso de los asháninkas, por ejemplo, corresponde a desapariciones en el contexto de la guerra, provocadas por la acción criminal de SL. En el caso de Canayre, se trata de muertos no reconocidos por la Ley.

Todo esto marca esa “megatragedia” que vivimos y que ha sido encarada, desde distintos ángulos, por instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) así como los ya mencionados COMISEDH, EPAF, CENIA y la CICR, que realiza esta labor humanitaria en todo el mundo.

Desde el punto de vista legal, existe la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada recientemente por el Congreso de la República; falta que el Ejecutivo emita el Decreto Supremo respectivo para que sea ratificada por el Perú.

Según el jurista Miguel Huerta, de COMISEDH, ello ayudaría a enfrentar este gravísimo problema, a poner en marcha un Plan de Búsqueda y a incentivar la actuación de la Fiscalía de la Nación. Se trata de un crimen de lesa humanidad que ha sido masivo en el Perú, que no prescribe y que debe implicar medidas legislativas de parte del Estado inmediatamente.

Un llanto interminable

Gregoria saca las fotos de Cesáreo en ropa deportiva. Lo mira, lo acaricia, le toca el rostro, como si fuera real. Saca luego un pantalón de color beige que le pertenecía y enseña la basta, dice que siempre la hacía así. Suelta por tercera vez sus lágrimas, mientras se vuelve a acordar de cada detalle, de cada fecha, de cada episodio.

Dice que ya tiene 80 años y que lo único que le interesa, antes de morir, es “encontrar a su hijo”. Vuelve a relatar un sueño en el cual él le dice que ya no llore y que tranquilice a su papito. Insiste en que las prendas que le mostraron hace poco, tras la exhumación de unos cuerpos en una zona vecina al cuartel Los Cabitos, eran de él. Y llora otra vez.

Cuenta que solo le tocaron 1.000 soles de reparación. Pero eso no importa. Le importa encontrar el cuerpo de su hijo, ya no en sueños, sino en la realidad. Porque ella lo quería mucho, porque era bueno, porque, en sus palabras tan tristes, se empoza todo el dolor de un tiempo de espanto, que no debería desaparecer jamás de nuestra memoria…

Fuente: Revista MEMORIA/ Publicado en La República 2 de setiembre de 2012

Tags CIDH, cvr, IML

Trial Reports

La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano

Post author By Jo-Marie Burt
Post date August 15, 2011

por Jo-Marie Burt

“Accomarca fue el My Lai peruano.” (1) Así describió el embajador interino de Estados Unidos en el Perú, Charles Brayshaw, la peor masacre de la época de la violencia política peruana, el asesinato de 69 campesinos de la comunidad Ayacuchana de Accomarca, en un documento oficial desclasificado.

El documento continúa, haciendo referencia al entonces capitán del Ejército Telmo Hurtado, prinicipal responsable material (siendo entonces subteniente) de la masacre de Accomarca: “Hurtado confesó ser el autor de los asesinatos, pero dijo que hasta los niños de tres años eran potenciales miembros de Sendero Luminoso y entonces se justificaba su eliminación. A su vez, muchos oficiales pensaban que Hurtado sólo hacía su trabajo; hasta uno de ellos dijo al Consejero Político [de la Embajada] que su error fue no haber escondido a los cuerpos.” (2)

La justicia militar absolvió a Hurtado del delito de homicidio calificado, condenándolo tan sólo por ‘abuso de autoridad’ a 6 años de prisión. El argumento de la justicia militar: Hurtado no podía ser considerado culpable de homicidio pues tenía la misión de combatir la subversión; tan sólo se ‘excedió’ en sus funciones. A pesar de la condena, Hurtado no sirvió los 6 años: ascendió en la institución militar e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la ley de amnistía promulgado por Fujimori, y permaneció en servicio activo del Ejército. (3) En 2002, luego de que la ley de amnistia fuera anulada después de un fallo de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos y se abrió la posibilidad de un nuevo juicio por Accomarca, Hurtado huyó a Estados Unidos. Cinco años después, fue detenido en Miami, para ser finalmente extraditado en julio de 2011.

Hoy día, el 15 de agosto —26 años casi al día del aniversario del ‘My Lai peruano’— le toca a Telmo Hurtado, extraditado de Estados Unidos y ahora preso en el penal Castro Castro, responder por sus actas ante la justicia. (4)

Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011

Telmo Hurtado declara ante el tribunal

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El juicio Accomarca

El juicio por el caso Accomarca comenzó en noviembre de 2010, 25 años después de los hechos. Hurtado es uno de 29 imputados en el proceso, todos militares. Entre ellos, hay desde altos mandos militares hasta los soldados que habrían participado directamente en los hechos. El día que Hurtado fue incorporado al juicio, el 22 de julio, había —a cambio de sesiones previas— mucha prensa. La presencia del “Carnicero de los Andes” llamó la atención de los medios, que duda cabe.

Hurtado entró al salón judicial del penal Castro Castro y se paró ante los tres jueces de la Sala Penal Nacional encargados del caso. Luego de algunas instrucciones de la jueza directora de debates, el fiscal Luis Landa leyó la acusación en su contra. Se conoce bien los detalles de la masacre, una litanía terrible de abominaciones cometidas en el nombre de la lucha contra la subversión: el fiscal narró, con horror genuino, como los militares torturaron a los varones y violaron sexualmente a las mujeres de la zona; como luego los encerraron en varias viviendas, donde acusaron a todos —sin distinguir entre ancianos y niños— de ser terroristas, los balearon y luego prendieron fuego a las casas, para finalmente lanzaron granadas para destruirlas totalmente; y finalmente regresaron a la zona unas semanas después a cazar a los testigos de la masacre para matarlos también y para desaparecer a todas las pruebas. Vale notar que, según la CVR, “durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden… Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban…. [N]o se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.” (5) El fiscal pidió la pena máxima, 25 años de prisión efectiva.

Era difícil notar la reacción de Hurtado, pues estaba parado con su espalda hacia la galería. Pidió a la Sala que le de tiempo para consultar con su abogado antes de responder a los cargos, cosa que la Sala consentió. En la siguiente sesión, el 2 de agosto, Hurtado nuevamente pidió, y conseguió, más tiempo para consultar con su abogado. La jueza directora de debates fijo la siguiente sesión para el día de hoy, el 15 de agosto, exhortando a Hurtado que ese día tendría que responder sin falta a los cargos. Seguramente ni cayó en cuenta lo simbólico de la fecha, pues ayer se conmemoró 26 años de este terrible y hasta hoy impune masacre.

¿Que dirá Hurtado hoy día?

El día después de que leyeron los cargos contra él, en una breve entrevista publicada en La República, Hurtado prometió decir “su verdad”. Dijo que en el momento de la masacre de Accomarco él tenía sólo 23 años y era un subteniente, y que los suboficiales sólo responden a los órdenes de sus superiores.

Eso respresenta un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan —el famoso Plan Huancayocc— para intervenir en la zona para ‘capturar y/o destruir’ los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parliamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)

Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del ‘síndrome de Vietnam’, ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contensioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un ‘exceso’ o —como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación— la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para “limpiar” la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.

En suma, está en juego en el caso de Accomarca dos interpreteaciones distintas de lo que pasó en el Perú a mediados de los años ochenta: en una versión, si bien reconoce que hubo algunos excesos, considera que fueron hechos aislados y en todo caso el daño colateral que ocurre en toda guerra; en otra versión, la masacre de Accomarca formaba parte de un patrón de comportamiento de parte de las fuerzas de orden en el contexto de la lucha contrasubversiva de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta hoy en día, las fuerzas armadas peruanas niegan rotundamente esta última versión, a pesar de las evidencias ampliamente documentadas por la CVR y otras instancias. Ahora le toca a la justicia peruana emitir su veredicto.

La justicia tarda pero llega

Según otro documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con fecha 19 de Septiembre de 1985, la decisión de García de relevar a Jarama y Mori de sus comandos como resultado de la masacre de Accomarca despertó mucha preocupación entre oficiales militares de que habría una “caza de brujas” de parte del gobierno aprista hacia los militares por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar —a pesar del triste récord del primero gobierno de Alan García en materia de derechos humanos— que a inicios de su mandato, García había prometido establecer una nueva política de lucha contra la subversión basada en el respeto a los derechos humanos, resumido en la famosa frase: “No combatiremos la barbarie con la barbarie.” El documento asegura:

“Existe mucha preocupación sobre la posibilidad de que la administración de García podría, luego de Pucayacu [otra masacre que ocurrió unas semanas antes de Accomarca] y Accomarca, buscar investigar casos de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1983 y 1984 [de hecho los años de mayor violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las fuerzas armadas peruanas según la CVR]. Un número significativo de oficiales del Ejército han estado involucrado en EZ [zonas de emergencia] en los últimos dos años y medio y posiblemente esten comprometidos, directa o indirectamente, en operaciones antisubversivas que resultaron en muertes civiles. Sin duda los peruanos están observando la cobertura de prensa sobre hechos similares en Argentina con particular interés.” (6)

Se refiere, obviamente, al juicio a los miembros de las juntas militars que tuvo lugar durante 1985 y resultó en condenas largas para 5 de 9 de ellos.

Se demoró dos décadas y medio para llegar a este momento de la verdad. Hoy día sabremos si Telmo Hurtado ayudará a desvelar qué ocurrió aquel 14 de agosto de 1985 y durante el mes siguiente cuando se intentó encubrir los hechos negando la existencia de la masacre, y luego asesinando a testigos y desapareciendo evidencias, o si el sólo asumirá la responsabildiad del “My Lai peruano”.

Notas

(1) La masacre de My Lai ocurrió en el sur de Vietnam en 1968, cuando un batallón de Infantería del Ejército norteamericano mató a unos 400 campesinos de esa aldea. Esa masacre marcó un hito en la guerra de Vietnam, generando repudio alrededor del mundo hacia los Estados Unidos por la actuación de sus tropas y en general por su política intervenciónista en el país sudasiático (^^^)

(2) Documento desclasificado No. 1993LIM02301, fecha 26 de febrero de 1993, firmador por el Chargé d’Affaires Charles Brayshaw. Documento obtenido por el National Security Archive (^^^)

(3) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003) (^^^)

(4) Es importante notar que tanto Hurtado como otro de los principales responsables materiales de esta masacre, Juan Rivera Rondón, fueron extraditados de Estados Unidos y ahora se encuentran como procesados en este juicio. Hurtado y Rivera Rondón lideraron las patrullas Lince 6 y 7 y son sindicados como los principales autores materiales de la masacre, al igual que David Castañeda, quien aún se encuenta prófugo en Estados Unidos. Fuentes cercanas a su caso aseguran de que probablemente no será extraditado al Perú, aunque todavía podría ser expulsado de Estados Unidos (^^^)

(5) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003), p. 159 (^^^)

(6) Documento desclasificado No. 1985LIMA10721 obtenido por el National Security Archive (^^^)

Publicado originalmente en el blog de la autora, A Contracorriente, el 15 de agosto de 2011

Tags accomarca, alan garcia, Alberto Fujimori, Conflicto armado, cvr, D.D.H.H., derechos humanos, reconciliación, Telmo Hurtado

Trial Reports

Militares en juicio por el caso Los Cabitos: ¿Héroes o amnésicos?

Post author By Jo-Marie Burt
Post date July 18, 2011

por Jo-Marie Burt

El general en retiro Carlos Briceño Zevallos no se acuerda nada de lo que sucedió en 1983. Por lo menos ese es el argumento de su abogado defensor, César Nakasaki, para sustentar que su defendido debería ser apartado del juicio que actualmente enfrenta. El general (r) está siendo procesado, junto con otros seis altos mandos militares, por la desaparición forzada y tortura de 54 personas, crímenes ocurridos en el cuartel militar Los Cabitos en 1983.

En la audiencia pública del 3 de agosto, la Sala Penal Nacional rechazó unánimemente el pedido, aduciendo que el procesado no demostraba signos de sufrir problemas de salud, habiendo incluso contestado preguntas durante etapas anteriores del juicio. Por ahora, por lo menos, el general Briceño seguirá en juicio.

Los Cabitos fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó judicializar y Briceño es uno de los siete altos mandos militares encausados por la justicia peruana. Según la CVR, el Cuartel Los Cabitos fue el principal centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas del orden, especialmente durante 1983, 1984 y 1985. A 28 años de los hechos; y a más de cinco años del inicio de la investigación fiscal, comenzó el juicio oral este 26 de mayo.

Durante la investigación del caso, se llegó a desenterrar unos 110 cuerpos de los alrededores de la base militar, muchos de ellos con signos de tortura y de haber sido ejecutados con proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, muchos de los cuerpos habrían sido incinerados a partir de 1985, bajo el orden del General Wilfredo Mori Orzo (actualmente procesado por la masacre de Accomarca), precisamente para borrar toda evidencia de los crímenes ahí cometidos durante los años 1983, 1984 y 1985.

Este juico abarca solamente los hechos ocurridos en Los Cabitos durante 1983. Como los jefes de los Comandos Políticos-Militares eran relevados cada año los crímenes ocurridos en el cuartel en 1984 y 1985 son materia de otros dos procesos.

En la causa se ve la desaparición de Arquímedes Ascarza Mendoza, el hijo de Angélica Mendoza de Ascarza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). El joven Ascarza Mendoza estuvo detenido en Los Cabitos, según un testigo ocular que hizo llegar a su madre una nota diciendo donde estaba. Luego desapareció y hasta ahora no se conoce su paradero. La señora Mendoza, como tantas otras madres y familiares, ha buscado incansablemente a su hijo desde entonces.

El caso judicial

Los altos mandos militares ante la justicia por el caso Los Cabitos, Lima 3 de agosto de 2011 – Foto de la autoraLa Fiscal Superior, Luz del Carmen Ibáñez, es la encargada de la causa ante la Sala Penal. Ella formalizó su denuncia en 2009; la Sala devolvió el expediente varias veces hasta finalmente dictaminar el comienzo del juicio oral en mayo. Cabe recordar que la Fiscal Ibáñez fue quien llevó el caso contra la cabecilla de la organización subversiva Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien fue sentenciado a condena perpetua por ser considerado el autor mediato de una serie de crímenes contra los derechos humanos. El presidente de la Sala Penal Nacional, el magistrado Ricardo Brousset, preside el tribunal.

Los Cabitos es un caso complejo: se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares encargados del Cuartel Militar Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho a partir de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. Los siete militares actualmente procesados en este caso, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada, son: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, Roberto Saldaña Vasquez, Edgar Paz Avendaño, Humberto Orbegozo Talavera (quien había sido reo ausente y, ante la inminencia de una orden de repatriación decidió regresar al Perú voluntariamente e incorporarse al juicio) y Arturo Moreno Alcantara[1].

Como explica Aprodeh, institución que representa a las víctimas en este caso, “los acusados se desempeñaban como Comandante general de las fuerzas armadas, Comandante de la 2da zona de infantería, integrantes del estado mayor de la jefatura político militar de Ayacucho, así como miembros del destacamento de inteligencia y Jefe de la base militar asentada en el cuartel conocido como ‘Cabitos’.”[2]

Según el Informe Final de la CVR, Los Cabitos tenía “una estructura jerarquizada rígida por su condición militar” y que el Comando Político-Militar tenía a su cargo tanto el planeamiento como la ejecución de las operaciones militares que se realizaban en la zona. El despacho del Jefe del CPM estuvo dentro de esa instalación militar. “[R]esulta evidente,” según la CVR, “que los altos mandos de la citada instalación militar han tenido el dominio y control de los actos violatorios a los derechos humanos.”[3] Eso sería la base de la denuncia fiscal: los altos mandos militares son los principales responsables de los crímenes cometidos en el cuartel militar Los Cabitos, y que deberían ser castigos por ello según manda la ley.

Justicia, a paso de tortuga

A pesar de llevar tres meses de juicio oral, no comienza aún el interrogatorio de los encausados, ni tampoco de los testigos. Se realizan los juicios solamente por unas horas, una vez por semana o cada 10 o 12 días, lo cual hace demorar el proceso innecesariamente.

La razón es que la Sala Penal Nacional, instancia que juzga los casos de violaciones de derechos humanos, tiene una carga procesal muy grande. Sin embargo, la mayoría de los procesos no son por violación de de derechos humanos —a pesar que la Sala Penal Nacional, siguiendo las recomendaciones de la CVR, había sido designada como la instancia especializada para procesar esta tipo de causas, precisamente para acelerarlas—. En los últimos años el mandato de la Sala ha sido ampliado para incorporar otros tipos de delitos, entre ellos el lavado de activos, narcotráfico, y similares. Como resultado, los jueces de la Sala Penal Nacional no pueden dedicarse a los casos de derechos humanos que urgen ser resueltos, pues tanto los imputados como las víctimas sobrevivientes y los familiares tienen edades muy avanzadas, y porque las víctimas han esperado tantos años para ver su derecho a la justicia materializarse.

Briceño, el amnésico

En el último juicio oral del proceso, el 18 de agosto, Nakasaki insistió en su argumento de que el General Briceño sufre de amnesia por lo que debe ser removido de la causa. Incluso llegó a solicitar una evaluación psiquiátrica para demostrar la incapacidad mental de su defendido.

Otros imputados han utilizado argumentos similares para escaparse de la justicia; siendo el más famoso el del General Augusto Pinochet, quien se salvó de ser juzgado en España argumentando incapacidad mental.

En este caso, según la abogada de las víctimas, Gloria Cano de Aprodeh, el argumento de Nakasaki no sólo carece de sustento sino “representa una línea de defensa para lograr la impunidad.” Tal como en el caso del General Pinochet. Esperemos que no tenga el mismo final y que la justicia peruana contribuya a que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas conozcan la verdad y alcancen justicia.

Notas:

[1] Originalmente eran diez imputados, pero tres de ellos, incluido el General Clemente Noel, el primer Jefe del CPM en Ayacucho en 1982 y 1983, fallecieron. (^^^)

[2] APRODEH, “Sala Penal Nacional iniciará juicio oral contra militares por caso Los Cabitos,” 20 de mayo de 2011 (^^^)

[3] CVR, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.9, “Desapariciones, Torturas y Ejecuciones Extrajudiciales en la Base Militar de Los Cabitos (1983-1985) (^^^)

Orignalmente publicado en el portal de Justicia Viva, el 18 de julio de 2011 y en el blog de la autora, A Contracorriente, en La Mula

Tags ANFASEP, Angélica Mendoza Ascarza, Ayacucho, Caso Cabitos, cvr, justicia

Trial Reports

La justicia denegada, otra vez

Post author By Jo-Marie Burt
Post date December 1, 2010

Por Jo-Marie Burt

Hace mes y medio, el movimiento de derechos humanos celebró un importante triunfo. Frente al Decreto Ley 1097 impuesto por el gobierno de Alan García, que no fue otra cosa que una ley de amnistía encubierta para consagrar—nuevamente—la impunidad en el Perú, la sociedad civil, así como la comunidad internacional, se movilizó en rechazo de dicha medida. Su movilización y la razonada denuncia del Decreto Ley que levantó la sociedad civil captó la atención de Mario Vargas Llosa. En una carta al Presidente García, en la cual anunció su resignación como presidente de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, hizo eco a esas denuncias: el Decreto Ley constituía “una triquiñuela jurídica”, decía, cuya propósito era abrir “la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana”. Pocas horas después de la publicación de la carta del novelista, García revocó el Decreto Ley 1097.

El movimiento de derechos humanos aplaudió la revocación de la ley, y supuestamente la búsqueda de verdad y justicia seguía su curso. ¡Victoria! Pero, a mes y medio de haber derrotado este último intento de imponer el olvido, tenemos la sentencia por el caso Parcco- Pomatambo, una ejecución extrajudicial cometido en 1986 contra 12 autoridades y pobladores civiles, incluyendo ancianos y ninõs. La sentencia, emitida el lunes de la semana pasada, absuelve a cuatro de los imputados, incluyendo Carlos Bardales Angulo, quien, como explica Gloria Cano, ya sido exculpado por la misma Sala en dos otros procesos (1). La Sala mantuvo en reserva la sentencia contra dos otros imputados, que actualmente se encuentran fugitivos; uno, el teniente Dante Rematal Guerra, quien dirigió la patrulla que cometió la masacre y quien es sindicado como el principal responsable de la matanza, estaría en

Estados Unidos; otro estaría escondido en la sierra del Perú. Lo que llama la atención es que, más allá de la comunidad de derechos humanos, no ha recibido mayor comentario la sentencia. La invisibilidad de los juicios que comentamos en esta columna hace unos meses atrás sigue en pie.

Estuve en la sala el día de la lectura de sentencia. La sala estaba llena, muchas personas tuvimos que estar paradas durante las dos horas que duró la lectura de la sentencia (después de haber esperado más de una hora para que comenzara). Estaban presente familiares del caso, quienes han estado siguiendo el juicio desde cerca desde que inició hace más de un año atrás. Estaban presente también varias señoras de la asociación más antigua de familiares en el Perú, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (ANFASEP), incluyendo Angélica Mendoza, mas conocida como la Mamá Angélica, quienes viajaron a Lima desde Ayacucho y estuvieron en la audiencia para mostrar su solidaridad con los familiares de Parcco-Pomatambo. Y había familiares de los militares procesados, junto con algunos militares que asistieron al juicio para demostrar su solidaridad con sus compañeros en armas. Finalmente habían también varios observadores interesados, cómo yo, en saber cual sería el resultado final de este juicio.

Al final de la lectura de la sentencia muchos quedaron sorprendidos por la absolución de los cuatro imputados a pesar de que la Sala dijo que quedó demostrado de que las fuerzas del orden habían cometido la masacre de Parcco-Pomatambo. “Claro,” escuché decir un hombre de unos 45 años, “nos quieren hacer creer que se mataron solos”. También varios comentaron con azoramiento que la Sala hiciera referencia a la masacre de Parcco-Pomatambo como “un exceso”. Efectivamente, la sentencia exhorta al Ministerio Público a ampliar su investigación para encontrar los nombres de todos los miembros de la patrulla que participó en la masacre de Parcco-Pomatambo para así encontrar y luego procesar a los autores materiales.

Hay un pequeño problema con eso. Se sabe desde hace mucho tiempo que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa rehúsan entregar información al Ministerio Público para poder identificar los efectivos militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la época de la violencia política. ¿Por qué no ir directamente al grano, y exhortar al Ejecutivo, o al Ministerio de Defensa, de entregar de inmediato tal información, para poder esclarecer la situación?

Hay un segundo problema: Al no considerar el contexto más amplio, en donde este tipo de operativo frecuentemente terminaba en masacres indiscriminadas contra la población civil, la mirada de los magistrados enfoca exclusivamente en los autores materiales. Desde los tiempos de Nuremberg el derecho internacional ha ido evolucionando para poder enfrentar crímenes complejos cómo este para responsabilizar no sólo a los autores materiales, quienes muchas veces no tienen poder de decisión alguna, sino también a los autores intelectuales. Si los jueces de la Sala Penal Especial dirigido por el magistrado César San Martin hubiesen tenido el mismo enfoque, entonces hoy en día Alberto Fujimori no estaría preso por su rol como autor mediato de los crímenes cometidos por el Grupo Colina. Asimismo, la Primera Sala Penal Especial presidida por la magistrada Inés Villa Bonilla no hubiera condenado el mes pasado ni a Vladimiro Montesinos ni a Nicolás Bari Hermoza por la masacre de Barrios Altos y las desapariciones de Santa y Pedro Yauri. A lo más hubieran condenado a Santiago Martin Rivas y Jesús Saavedra Sosa cómo autores materiales.

Al considerar la masacre de Parcco-Pomatambo como un mero exceso, los jueces pierden de vista el contexto mayor en el cual actuaba las fuerzas del orden en el marco de la estrategia antisubversiva. Vale la pena recordar lo dicho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre el caso Parcco-Pomatambo, uno de los 48 casos que recomendó para ser judicializado:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación, concluye que las violaciones de los derechos humanos antes reseñadas, fueron llevadas a cabo a través de una aparato organizado de poder estructurado sobre la organización militar del puesto de comando de Cangallo. Vale decir que se implementó una estrategia antisubversiva al margen de la ley.”

Para que queda claro, la CVR afirma que la masacre de Parcco-Pomatambo no fue meramente un “exceso” causado por un soldado demente. Según la CVR, nuevamente:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente que integrantes de las fuerzas del orden hayan violado flagrantemente los derechos de los ciudadanos de Pomatambo y Parcco Alto, desdeñando su función de proteger a la sociedad y el Estado. Además, lamenta corroborar que tales delitos y violaciones de los derechos humanos fueron realizados siguiendo un patrón de conducta diseñado para combatir, de forma ilegal e inconstitucional, la subversión”.

Y, para que no nos olvidemos que la impunidad no es ni puede ser nunca obra únicamente de las Fuerzas Armadas sino de otros poderes del Estado que encubren los delitos y buscan formas de consagrar la impunidad:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación también expresa su malestar por la errática actuación del Congreso de la República, la Justicia común y la militar, la cual permitió que los perpetradores de los crímenes quedaran en la impunidad” (2).

Vale la pena preguntarnos hoy qué está pasando con las resoluciones judiciales en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Mirando solamente a la Sala Penal Nacional — entidad creada después de la emisión del Informe Final de la CVR para ver casos de violaciones a los derechos humanos— podemos identificar tendencias preocupantes. Desde que la Sala Penal Nacional va emitiendo sentencias en casos de violaciones de derechos humanos, en 2005, encontramos que de un total de 19 sentencias por casos de violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, sólo en 7 casos hay por lo menos un agente del Estado condenado, mientras en 11 todos los imputados han sido absueltos. En términos de los procesados, de un total de 87 procesados, la Sala Penal Nacional ha encontrado a sólo 15 culpables y 66 han sido absueltos (6 son reos ausentes). Si estudiamos con mayor detenimiento las tendencias, encontramos que durante 2005 y 2007, la Sala Penal Nacional encontró culpable a 10 agentes del Estado, mientras durante 2008 y 2010, sólo han encontrado culpable a 5. A cambio, durante 2005 y 2007 la Sala absolvió a 24 agentes del Estado, mientras absolvió a 42 durante 2008 y 2010. La tendencia está clara: entre 2008 y 2010, la Sala ha absuelto ocho veces más personas que ha condenado. (3) Si incorporáramos las sentencias de otras salas (incluyendo las salas que condenaron a Fujimori y a miembros del Grupo Colina), la tendencia varía un poco, pero igual sigue siendo favorable a la absolución: De 2005 a 2010, se ha emitido 23 sentencias por casos de violación a los derechos humanos, en las cuales se ha condenado un total de 40 agentes del Estado, mientras 84 han sido absueltos. Entre 2008 a 2010, se ha condenado a 30 (25 de ellos del Grupo Colina y uno de ellos Fujimori) y absuelto a 60. Si bien la proporción cambia (se absuelven dos veces mas personas que se condenan), la tendencia sigue siendo muy favorable a la absolución de los agentes del Estado acusados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Claro está, un estudio de mayor profundidad es necesario para entender mejor las razones por las tendencias observadas. Podría ser, como aducen los jueces, que el Ministerio Público simplemente no ha demostrado la responsabilidad penal de los procesados en estos casos. Sería entonces un déficit de la capacidad de los fiscales, o la misma complejidad de casos cómo estos, que explicaría la tendencia a absolver. Si bien este último punto es cierto, tal vez un dato comparativo podría ayudarnos a ver que no tendría porque ser determinante. Si miramos la experiencia de un país vecino, Argentina, donde también se está procesando a agentes del Estado por su rol en graves violaciones a los derechos humanos, observamos una tendencia absolutamente distinta: desde que el proceso de judicialización volvió a comenzar en Argentina en 2005, luego de que la Corte Suprema declaró las leyes de amnistía inconstitucionales, han sido condenados 100 agentes del Estado; sólo 8 han sido absueltos.

En el Perú estamos frente a una encrucijada con respecto a la judicialización. Si bien el Decreto Ley 1097 fue derrotado, existe otros mecanismos que están logrando el mismo fin: la impunidad.

Notas:

(1) Gloria Cano, “Asesinando la verdad” (23 de noviembre) (^^^)

(2) Todas las citas provienen del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2, “Los casos investigados por la CVR,” (2.23), p. 254 (^^^)

(3) Datos provienen de una investigación en curso dirigida por la autora. Los datos provienen de diversas fuentes, incluyendo fallos judiciales, informantes calificados involucrados en los procesos judiciales, y prensa (^^^)

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 1 diciembre 2010

Tags ANFASEP, cvr, impunidad, Parcco Pomatambo

Trial Reports

El largo camino a la justicia y reparación

Post author By Jo-Marie Burt
Post date August 25, 2010

Por Jo-Marie Burt

Pensé escribir esta columna sobre los terribles reveses que ha sufrido el proceso pos-CVR. Pensé escribir sobre la rearticulación de un sector muy conservador, quasi fascista, que rehúsa reconocer el rol de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos, que insiste en repetir el discurso oficial asentado en la época de Alberto Fujimori de que Sendero Luminoso y el MRTA son responsables de todos los muertos durante la época de la violencia política. Pensé escribir sobre cómo el proceso de judicialización sigue estancado y que las exhumaciones no avanzan, que el Concejo de Reparaciones, a pesar de haber registrado a casi 77.000 víctimas, no ha entregado hasta el momento ninguna reparación individual.

Es verdad que hay sectores de poder que no quieren aceptar el Informe Final de la CVR, y que acusan a ésta de haber sido copado por sectores de la izquierda “caviar”, incluso hay algunos que dicen que la CVR fue creación de Sendero Luminoso. Es verdad que hay sectores que sólo reconocen los delitos cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA, que rehúsan aceptar de que las fuerzas del orden cometieron también graves violaciones a los derechos humanos, que a lo más aceptan que hubieron ciertos “excesos” y que, claro, en toda guerra se cometen excesos, ¿no es cierto?

Pero también es verdad que a pesar de ello, a pesar de la fuerza de las tesis negacionistas, a pesar de las trabas en la búsqueda de verdad y justicia, ahí están los sobrevivientes de la violencia, los familiares de las víctimas, personas y organizaciones desde la sociedad civil e incluso desde ciertos sectores del Estado que se sienten comprometidos con esta búsqueda. Todos ellos están ahí, día tras día, mes tras mes, año tras año, caminando juntos. No con rencor y odio. Sino con esperanza en la posibilidad de alcanzar, a pesar de los años, la verdad y la justicia para sus seres queridos. No con un sentido de venganza. Sino con la convicción de que como ciudadanos les corresponde el derecho a la verdad, el derecho de la justicia, el derecho que sean reparados por el grave daño cometido a ellos y a sus seres queridos.

Eso lo sentí con mucha fuerza anoche cuando participé en una reunión organizada por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) sobre el caso de la masacre de Parcco- Pomatambo. (1) El panel contó con la participación de Irene Ramírez Buitrón, cuyo padre fue uno de las doce personas que fueron brutalmente asesinadas y sus cuerpos mutilados y calcinados por efectivos del Ejército en octubre de 1986. Antes de las presentaciones formales, los mismos familiares del caso presentaron espectáculos muy alegres de canto y baile. Seguidamente seis niños y niñas subieron al estrado. Cada niño tenía puesto un poncho blanco y cargaba un cartel que decía “Nunca más niños huérfanos, Nunca más padres asesinados.” Los niños eran los nietos y bisnietos de las víctimas de Parcco-Pomatambo. Su presencia causó gran impacto en los participantes del evento. Hacía más viva la noción de que el acto de recordar, de promover la memoria, involucra no sólo hechos del pasado sino también el futuro.

Luego comenzaron las presentaciones formales. Irene Ramírez Buitrón nos contó sobre cómo había sucedido la masacre, y luego sobre el largo camino que ella, junto con los demás familiares de las víctimas, han realizado para encontrar verdad y justicia. Nos contó cómo denunciaron los hechos a la prensa, que intentó investigar yendo al lugar de los hechos, pero su ingreso a la zona fue impedido por las Fuerzas Armadas. (2) Sin embargo la prensa reportó sobre la masacre, que causó mucha consternación tanto por cómo los mataron, como por el hecho de que entre las víctimas se encontraban ancianos y niños. Pero, como fue común en esa época, el fuero militar archivó el caso y se quedó en la impunidad por muchos años.

Como explica la señora Ramírez Buitrón, la apertura de la CVR les devolvió la esperanza a los familiares del caso de poder alcanzar verdad y justicia. La CVR investigó el caso, y recomendó su judicialización (3). Años después, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) realizó la exhumación de los cuerpos y logró determinar la identidad de cuatro de las víctimas. (4) Ahora, luego de 24 largos años, el caso está en pleno juicio oral. (5) Se espera sentencia en los próximos meses.

Sabemos que el proceso de judicialización está en crisis. Sabemos que las últimas sentencias han sido muy cuestionados por los organismos de derechos humanos por utilizar criterios lejanos del derecho penal internacional e incluso de jurisprudencia ya sentada en el Perú. Pero a pesar de las trabas y los nudos, las negaciones y las amenazas, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la violencia nos llaman a seguir acompañándoles en este camino que se está haciendo al andar, con altas y bajas, pero con la mirada fija en el objetivo de alcanzar verdad y justicia en el Perú. La búsqueda de verdad y justicia no es solamente sobre quienes murieron. Es también sobre quienes sobrevivieron, sobre las nuevas generaciones. Finalmente, es sobre qué tipo de sociedad queremos construir a futuro: ¿una sociedad basada en el olvido y la impunidad? ¿O una sociedad que asume la difícil tarea de enfrentar el pasado para crear un futuro distinto?

Como dijo Irene Ramírez Buitrón anoche, en respuesta a mi pregunta sobre por qué era importante la justicia, “Queremos que no vuelvan a matar. Por eso es nuestra lucha. Mientras no haya justicia, no haya reparación, volverá, repetirá. Queremos que no vuelva esa crueldad. Por eso buscamos justicia.”

Notas:

(1) CEAS, junto con COMISEDH, representan a los familiares del caso. (^^^)

(2) Gustavo Gorriti, “Memorias de Pomatambo,” Caretas 2130 (20 de mayo de 2010) [1] (^^^)

(3) Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.23, “Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986), (Lima; CVR, 2003) (^^^)

(4) EPAF, “Restos calcinados eran de campesinos de Parcco y Pomatambo,” 12 de junio de 2010 [2] (^^^)

(5) COMISEDH, “Sala Penal inicia juicio oral por caso Parcco-Pomatambo,” Nota de prensa, 22 de agosto de 2009 (enlace retirado del sitio original)

Enlaces:

[1] Enlace original / Enlace en nuestro sitio

[2] Enlace original / Enlace en nuestro sitio

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 25 agosto /2010

Tags ceas, cvr, irene ramirez buitron

Trial Reports

Sobre víctimas y victimarios

Post author By Jo-Marie Burt
Post date June 16, 2010

Por Jo-Marie Burt

Es lamentable ver la forma cómo las autoridades del Estado tratan el tema de violaciones a los derechos humanos de manera tan sesgada, reflejando un ánimo no de facilitar los procesos judiciales para su rápida conclusión sino para cerrar el paso a los procesos judiciales.

Desde ya hace buen tiempo autoridades del gobierno de Alan García vienen cuestionando los procesos judiciales contra algunos militares y policías por violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la violencia política desatada en el Perú entre 1980 y 2000. Sucesivos ministros de Defensa han acusado a los organismos de derechos humanos que defienden a las víctimas y a los sobrevivientes de tales violaciones, de promover una agenda “terrorista” y de estar propiciando una persecución política contra miembros de las fuerzas del orden. Represantes de las fuerzas del orden también se han expresado en torno al tema. Luis Giampetri, poco después de haber asumido su cargo como vice presidente de la República, dijo en un discurso en homenaje al héroe Miguel Grau en octubre de 2006: “Ingratamente muchos hombres de uniforme que cumplieron con su deber patriótico son objeto de una persecución injusta mediante procesos judiciales inducidos por intereses ajenos a los valores de la justicia.” (1)

El tema ha regresado a los titulares la última semana a raíz de una serie de sucesos, especialmente el discurso del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, el lunes pasado en el marco del 130 aniversario de la Batalla de Arica. Rey expresó su malestar sobre los procesos judiciales en curso contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es un tema del cual viene hablando desde hace tiempo, cada vez con más vehemencia. En el discurso del 7 de junio, mencionó varios casos específicos que según consideraba, reflejaban la injusticia que padecen efectivos militares y policías por el tema de los juicios. Por ejemplo, en mención al caso Cayara, dijo: “Por el caso Cayara, ocurrido en 1988, en soldado Pedro Lozada Rázuri fue detenido en el año 2006 acusado de delito de ʻlesa humanidadʼ. Además de ser absolutamente ilegal porque la imprescriptibilidad rige sólo desde noviembre del 2003, Lozada lleva 36 meses sin sentencia. (2)

Es indudable que un juicio que demora tres años es intolerable y merece una llamada de atención. Pero Rey no está buscando con su discurso alentar al Poder Judicial a acelerar los casos, ni está pidiendo al Ejecutivo mayor presupuesto para posibilitar juicios más expeditos. Está buscando colocar a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos como víctimas de una persecución política. Pero, su discurso está lleno de medias verdades y mentiras abiertas.

De hecho, Rey no explica para nada lo que pasó realmente en Cayara. No menciona las verdaderas víctimas de este deplorable suceso. No menciona que a raíz de un ataque senderista a un convoy militar, donde perdieron la vida cuatro soldados —hecho execrable y condenable— la respuesta del Comando Político Militar de Ayacucho fue un operativo que arremetió a salvajadas a la población civil de la comunidad más cercana del lugar del ataque, Cayara.

La historia oficial afirma que los muertos civiles fueron producto de un enfrentamiento, hecho que no resistió un análisis posterior, lo que reveló que hubo una masacre cometida por efectivos de las Fuerzas Armadas y que fue denunciada ante el Poder Judicial por el Fiscal Carlos Escobar. Luego de una campaña de intimidaciones y amenazas el fiscal abandonó el país; el fiscal que lo reemplazó cambió la conclusión de su investigación y aceptó la versión militar de los hechos. Ningún militar tuvo que responder ante la justicia por la masacre de Cayara.

Quince años después, una investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconstruyó la historia de dicha masacre y confirmó que decenas de pobladores fueron asesinados por efectivos de las fuerzas del orden, y luego varios testigos, incluso algunos que habían dado testimonio ante el mismo Presidente entonces Alan García sobre los acontecimientos, fueron desaparecidos o asesinados. Según la CVR, son 39 víctimas, con nombre y apellidos, que perdieron la vida en Cayara, no por un enfrentamiento sino como resultado del “Plan Persecución” elaborado y puesto en acción por el Jefe del Comando Político-Militar de la zona, General José Valdivia Dueñas. Habrían participado en ello diez unidades militares y 200 efectivos. Según la CVR, no sólo hubo una violación flagrante de los derechos humanos de los pobladores de Cayara, sino también un encubrimiento de los hechos de parte de las autoridades militares y políticos para así garantizar la impunidad de los responsables:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente que integrantes de las fuerzas del orden hayan violado flagrantemente los derechos de los ciudadanos en Cayara y zonas aledañas, desdeñando su función de proteger a la sociedad y el Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora también los resultados del informe en Mayoría de la Comisión Investigadora del Senado de la República, que tuvo un claro propósito de ocultar la verdad y con ello generar impunidad. Deplora también la actuación de la justicia militar, que no investigó adecuadamente y que por el contrario, convalidó explicaciones carentes de veracidad” (3)

El caso Cayara ha permanecido en la impunidad desde hace 22 años. ¿Para quienes, entonces, no hay justicia en el Perú? No es posible que las autoridades sigan armando un discurso totalmente parcializado en defensa de militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Es hora de que el gobierno de García responda claramente a la ciudadanía del país y del mundo sobre estos casos. ¿Será un gobierno que respalde la impunidad para crímenes de lesa humanidad? Si García pudo rectificar su política económica en su segundo gobierno, ¿por qué no puede ahora reconocer los graves crímenes cometidos durante los años 80 y 90 y asumir las recomendaciones de la CVR para saldar con este pasado tan triste y indignante para la conciencia de la humanidad entera?

Notas:

(1) Luis Giampetri, citado en Gestión (22 de febrero de 2006) (^^^)

(2) Rafael Rey Rey, citado en La Razón (13 de junio de 2010) (^^^)

(3) Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.27 (4) “Las ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988)” (Lima, 2003), p. 17 (^^^)

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 16 junio 2010

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