Por Jo-Marie Burt
Es lamentable ver la forma cómo las autoridades del Estado tratan el tema de violaciones a los derechos humanos de manera tan sesgada, reflejando un ánimo no de facilitar los procesos judiciales para su rápida conclusión sino para cerrar el paso a los procesos judiciales.
Desde ya hace buen tiempo autoridades del gobierno de Alan García vienen cuestionando los procesos judiciales contra algunos militares y policías por violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la violencia política desatada en el Perú entre 1980 y 2000. Sucesivos ministros de Defensa han acusado a los organismos de derechos humanos que defienden a las víctimas y a los sobrevivientes de tales violaciones, de promover una agenda “terrorista” y de estar propiciando una persecución política contra miembros de las fuerzas del orden. Represantes de las fuerzas del orden también se han expresado en torno al tema. Luis Giampetri, poco después de haber asumido su cargo como vice presidente de la República, dijo en un discurso en homenaje al héroe Miguel Grau en octubre de 2006: “Ingratamente muchos hombres de uniforme que cumplieron con su deber patriótico son objeto de una persecución injusta mediante procesos judiciales inducidos por intereses ajenos a los valores de la justicia.” (1)
El tema ha regresado a los titulares la última semana a raíz de una serie de sucesos, especialmente el discurso del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, el lunes pasado en el marco del 130 aniversario de la Batalla de Arica. Rey expresó su malestar sobre los procesos judiciales en curso contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es un tema del cual viene hablando desde hace tiempo, cada vez con más vehemencia. En el discurso del 7 de junio, mencionó varios casos específicos que según consideraba, reflejaban la injusticia que padecen efectivos militares y policías por el tema de los juicios. Por ejemplo, en mención al caso Cayara, dijo: “Por el caso Cayara, ocurrido en 1988, en soldado Pedro Lozada Rázuri fue detenido en el año 2006 acusado de delito de ʻlesa humanidadʼ. Además de ser absolutamente ilegal porque la imprescriptibilidad rige sólo desde noviembre del 2003, Lozada lleva 36 meses sin sentencia. (2)
Es indudable que un juicio que demora tres años es intolerable y merece una llamada de atención. Pero Rey no está buscando con su discurso alentar al Poder Judicial a acelerar los casos, ni está pidiendo al Ejecutivo mayor presupuesto para posibilitar juicios más expeditos. Está buscando colocar a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos como víctimas de una persecución política. Pero, su discurso está lleno de medias verdades y mentiras abiertas.
De hecho, Rey no explica para nada lo que pasó realmente en Cayara. No menciona las verdaderas víctimas de este deplorable suceso. No menciona que a raíz de un ataque senderista a un convoy militar, donde perdieron la vida cuatro soldados —hecho execrable y condenable— la respuesta del Comando Político Militar de Ayacucho fue un operativo que arremetió a salvajadas a la población civil de la comunidad más cercana del lugar del ataque, Cayara.
La historia oficial afirma que los muertos civiles fueron producto de un enfrentamiento, hecho que no resistió un análisis posterior, lo que reveló que hubo una masacre cometida por efectivos de las Fuerzas Armadas y que fue denunciada ante el Poder Judicial por el Fiscal Carlos Escobar. Luego de una campaña de intimidaciones y amenazas el fiscal abandonó el país; el fiscal que lo reemplazó cambió la conclusión de su investigación y aceptó la versión militar de los hechos. Ningún militar tuvo que responder ante la justicia por la masacre de Cayara.
Quince años después, una investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconstruyó la historia de dicha masacre y confirmó que decenas de pobladores fueron asesinados por efectivos de las fuerzas del orden, y luego varios testigos, incluso algunos que habían dado testimonio ante el mismo Presidente entonces Alan García sobre los acontecimientos, fueron desaparecidos o asesinados. Según la CVR, son 39 víctimas, con nombre y apellidos, que perdieron la vida en Cayara, no por un enfrentamiento sino como resultado del “Plan Persecución” elaborado y puesto en acción por el Jefe del Comando Político-Militar de la zona, General José Valdivia Dueñas. Habrían participado en ello diez unidades militares y 200 efectivos. Según la CVR, no sólo hubo una violación flagrante de los derechos humanos de los pobladores de Cayara, sino también un encubrimiento de los hechos de parte de las autoridades militares y políticos para así garantizar la impunidad de los responsables:
“La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente que integrantes de las fuerzas del orden hayan violado flagrantemente los derechos de los ciudadanos en Cayara y zonas aledañas, desdeñando su función de proteger a la sociedad y el Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora también los resultados del informe en Mayoría de la Comisión Investigadora del Senado de la República, que tuvo un claro propósito de ocultar la verdad y con ello generar impunidad. Deplora también la actuación de la justicia militar, que no investigó adecuadamente y que por el contrario, convalidó explicaciones carentes de veracidad” (3)
El caso Cayara ha permanecido en la impunidad desde hace 22 años. ¿Para quienes, entonces, no hay justicia en el Perú? No es posible que las autoridades sigan armando un discurso totalmente parcializado en defensa de militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Es hora de que el gobierno de García responda claramente a la ciudadanía del país y del mundo sobre estos casos. ¿Será un gobierno que respalde la impunidad para crímenes de lesa humanidad? Si García pudo rectificar su política económica en su segundo gobierno, ¿por qué no puede ahora reconocer los graves crímenes cometidos durante los años 80 y 90 y asumir las recomendaciones de la CVR para saldar con este pasado tan triste y indignante para la conciencia de la humanidad entera?
Notas:
(1) Luis Giampetri, citado en Gestión (22 de febrero de 2006) (^^^)
(2) Rafael Rey Rey, citado en La Razón (13 de junio de 2010) (^^^)
(3) Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.27 (4) “Las ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988)” (Lima, 2003), p. 17 (^^^)
Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 16 junio 2010