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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Matero: habrían creado red para ayudar a militar en juicio

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Post date July 15, 2015

“Javier Bendezú” y la jueza identificada como “Mimi” habrían constituido una red de jueces y fiscales, al interior de la Sala Penal Nacional, para lograr que el general EP Marino Ambía Vivanco sea absuelto en el juicio del caso Matero, realizado entre marzo del 2007 y agosto del 2008.

Por Vilma Huertas y César Romero (Diario La República)

Como hemos informado, toda esta historia aparece descrita en una serie de mensajes intercambiados entre las cuentas mirthabendezu040955@yahoo.es, bendezu_fiscalia@hotmail.com y marinoambia40@hotmail.com, a los que ha tenido acceso La República.

Así, en un correo enviado por “Javier Bendezú” al general Ambía, a las 9:46 de la noche, del 29 de diciembre del 2007, se describe la construcción de dicha red. En la primera etapa, la idea se llegará con presentes a todos los magistrados que van a intervenir en el caso Matero, para en la segunda etapa disponer de toda la información del accionar de los agraviados, fiscales y jueces, de tal manera que en la tercer etapa se logre la sentencia absolutoria.

Para ello, como se lee en un correo del 20 de diciembre del 2007, se pide a Ambía dinero para entregar regalos a una serie de magistrados, cuyos nombres se remiten desde la cuenta mirthabendezu040955@yahoo.es a bendezu_fiscalia@hotmail.com.

“Por favor, te agradeceré que coordines a fin de poder ver con cuánto contamos, te recuerdo que estas personas son de un nivel alto para los presentes y regalos”, dice “Mimi”. Javier reenvía el mensaje a la cuenta de Marino Ambía.

Como informamos en la edición del sábado último, a través de una tercera persona el general Ambía nos ha hecho saber que él no accedió a los pedidos de dinero. Sin embargo, la solicitud llegó a su correo electrónico, por lo que solo una investigación de la OCMA y la fiscalía permitirá aclarar quién o quiénes estuvieron detrás de estos mensajes.

Se debe señalar que en un correo copiado en word, el general Ambía describió su fastidio por los pedidos de dinero.

“No estoy dispuesto a seguir atendiendo la presión de este señor”, y dice que está dispuesto a confrontarse con el testigo Luis Tinco Cuya y tener una reunión con la magistrada Mirta Bendezú.

En otros correos también le piden dinero y pasajes aéreos para Tinco Cuya. Los jueces y fiscales que aparecen en la lista de beneficiarios de los regalos también niegan haber recibido presentes durante la Navidad del 2007.

Pero en un correo del 23 de octubre del 2007, que Ambía remite a Javier se dice: “Hola Javier, para comunicarte que ayer se regularizaron las cuentas de los dos teléfonos, por favor te agradeceré que le digas a tu hermana que efectúe el cambio de número y propiedad, un abrazo y las gracias de siempre”.

¿A qué teléfonos se refiere? La historia la encontramos en un archivo del 5 de julio del 2007, allí se indica que cuando se dirigía a una reunión para ver el caso Matero, la juezaMaría Vidal sufrió el robo de su celular, por lo que aprovechan para regalarle uno y supuestamente captarla para la absolución.

“Ella (Mimi) me dijo que era la oportunidad de hacerle llegar un presente (…) el teléfono que le fue robado era un MOTOROLA V3i de Telefónica del Perú”.

El V3i era de los más lujosos equipos telefónicos en la época en la que se enviaron los correos. A Ambía le piden dos equipos. Uno para devolver a Vidal y otro para “Mimi” o Mirta Bendezú.

Luego, en un correo del 6 de julio del 2007, se le envía a Ambía los nombres y documentos de identidad, para la compra de los celulares. El 17 de octubre, se informa que al recibir los equipos Mirta Bendezú efectuó el cambio de nombre, pero Vidal no, y tiene problemas para realizar los pagos, los cuales se regularizan el día 23.

¿La historia que describen los correos puede ser falsa? Es posible, pero sería difícil de creer por los muchos datos relevantes que contienen. Una serie de diligencias, entre ellas levantar el secreto bancario y de las comunicaciones, permitirá aclarar este embrollo y recuperar la confianza en la Sala Penal Nacional.

Jueza pide que se levante su secreto bancario

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió separar a la jueza superior Mirta Bendezú de la presidencia del colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, lo que provocó su alejamiento de varios juicios, donde empezó a ser reemplazada por el juez Omar Pimentel Calle.

Bendezú Gómez solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y al Ministerio Público que la investiguen para el esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción en el desarrollo del juicio del caso Matero, entre el 2007 y el 2008. Bendezú anotó que esos hechos mancillan su honorabilidad y afectan la imagen del PJ.

La magistrada también pidió que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones, se realice una auditoría y pericia a su equipo de cómputo y se ejecuten otras pesquisas que permitan identificar y sancionar a los verdaderos responsables de los presuntos hechos irregulares en el caso Matero.

La jueza enfatizó que en los más de 30 años de trayectoria en el PJ no recibió ninguna sanción de la OCMA y en los últimos procesos de ratificación recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pubilicado en La República, el 15 de julio de 2015

Tags 1986, Ayacucho, corrupción, impunidad, Marino Ambía, Matero, Mirta Bendezú

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19 fosas conservan los restos de 56 civiles en las alturas de Chungui

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Post date December 3, 2013

El arqueólogo Dannal Aramburú limpia restos óseos de lo que aparenta ser una mujer y su niña. Los análisis confirman que a las dos les cortaron el cuello © La República

Texto y fotos de Miguel Mejía Castro

Lo primero que encuentran los forenses es el casquillo de un proyectil que lleva grabado en la superficie “FAME 77” (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército). Tres horas después, descubren bajo 15 centímetros de tierra, el esqueleto de un menor próximo a los 3 años. La osamenta aún conserva la chompa roja que vestía su cuerpo cuando respiró por última vez en 1986, año que los sobrevivientes afirman ocurrió la matanza en este paisaje conocido como Suyrurupampa. Otras cuatro fosas son ubicadas en el mismo lugar por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público (EFE). Toda el área tiene el tamaño de una cancha de vóley y lo escrutado aquí es espantoso: trece menores entre 2 y 16 años; y dos mujeres entre 25 y 40 años, probablemente fusilados y desmembrados, según observan los especialistas en las lesiones de los huesos. Otro casquillo de fusil de guerra calibre 77 aparece.

El arqueólogo Dannal Aramburú limpia restos óseos de lo
que aparenta ser una mujer y su niña. Los análisis
confirman que a las dos les cortaron el cuello
© La RepúblicaLa exhumación se desarrolla en Chungui, un distrito de la provincia de La Mar en la región Ayacucho donde murieron 1.384 personas entre 1983-1994, todos victimados por Sendero Luminoso, Comités de Autodefensa y Fuerzas del Orden o Policiales, según los cálculos del Ministerio Público. Es la expedición forense más ambiciosa que se emprende en el Perú y que ahora revela, en Chungui, el rostro más horrendo de la violencia política.

Mientras los esqueletos de Suyrurupampa son limpiados en las fosas por los arqueólogos, van aflorando ganchos de aluminio para cabello, ojotas de niña hechas de caucho, sujetadores para trenzas, un plato y una olla de metal. Además las osamentas aún visten sus chompas, faldas y cintas multicolores. Pero lo que mejor se conserva es el color cobre de los casquillos de bala.

Aquí se llega después de viajar quince horas en camioneta desde Andahuaylas hasta el pueblo de Amaybamba en la región Cusco. En este pueblo espera Valentín Casa Quispe, un joven arriero de 36 años que carga en sus 10 acémilas todo el equipaje y herramientas para las exhumaciones. Él tiene un interés adicional en apoyar las labores del equipo fiscal, porque cree que en una de las fosas se encuentran los restos de su madre asesinada en 1986, cuando era un niño de 9 años.

Con Valentín se emprende una extenuante caminata de catorce horas por un sendero de herradura que desciende zigzagueando una pared del cañón del río Apurímac. Luego de cruzar el torrente por el puente Pumaccasa se penetra en Chungui, hasta ascender al pueblo de Huallhua, sobre los 2.284 msnm. El equipo de EFE fija una improvisada oficina donde se delinean los últimos detalles. Es necesario caminar cinco horas más al sur, para llegar a Suyrurupampa, donde se empiezan a explorar las primeras fosas.

Al caer la tarde en este paraje, se explora la cuarta fosa y dos anillos aparecen entre una osamenta. Valentín asegura a los especialistas que ella fue su madre. Él recuerda que vio por última vez las oxidadas alhajas en los dedos su progenitora Elena Quispe Alarcón, que fue ejecutada junto a su hermana Juana y la hija de esta. Parado frente a la fosa, Valentín mira cómo dos falanges desnudas cruzan las sortijas, pero no derrama ni una lágrima. “He llorado casi toda mi vida, aquí las enterramos mi padre y yo, dos días después de que la asesinaron los ronderos y una patrulla del ejército de Mollebamba”, comenta.

El campamento que albergó al equipo por 4 días, a 80 metros de las fosas, es desmantelado, y regresa a Huallhua con el cargamento sobre el lomo de ocho acémilas. En una de las aulas de la única escuela primaria se guardan las osamentas en cajas de cartón. En el mismo salón duermen doce de los veinticinco miembros del EFE, compuesto por antropólogos, arqueólogos, odontólogos, biólogos y dos fiscales de Ayacucho.

CHAUPIMAYO

Al día siguiente la mitad del grupo se desplaza a Chaupimayo, un paraje de vegetación enmarañada, clavado en medio de una montaña a cinco horas de Huallhua. Un frondoso árbol de mango cubre con su sombra la denominada Fosa 2. El arqueólogo Dannal Aramburú lleva cinco horas delineando con su navaja, brocha y badilejo la escena del crimen. No es fácil desprender de la tierra las osamentas de lo que parece una mujer y su pequeña. Las raíces se han alimentado de ellas durante 29 años, penetrando las fibras de su vestimenta, los resquicios de sus articulaciones y las fisuras de sus cráneos, hasta encadenarlas al subsuelo.

Antes de terminar y guardar los restos en bolsas clasificadas, el arqueólogo levanta un hueso del cuello, luego dos más, los desempolva con un pincel y comenta: “Fiscal, las incisiones en las vértebras indican posible muerte por degollamiento”. La niña tiene alrededor de seis años y la mujer más de 25. “Las edades se precisarán en el laboratorio”, añade. La fiscal Gloria Pareja Quispe, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, anota en su cuaderno.

Eugenia Quispe Sánchez (35) se presentó en el lugar y recordó el horror de esta masacre. “Tenía 7 años en 1984 y me escondí en el monte cuando vi cómo los militares mataron a mi hermana Juana Quipe Sánchez (16) y aquí, cerca del río me contaron que igual pasó con variaspersonas y mi medio hermana Julia Montes Sánchez (25) que murió con su bebé de dos años”.

La mujer señala que los cuerpos de las dos últimas cayeron por una quebrada, a las aguas del río Antaccacca. Un viejo comunero que prefiere que su nombre no sea publicado corrobora el testimonio, añadiendo que los militares actuaron junto a los ronderos de la comunidad de Mollebamba, que dista a 24 horas de camino.

Las Fosas 3 y 4 se encuentran en el mismo paraje; aquí se exhuman los restos de dos mujeres, un hombre y partes de un cuerpo adulto de sexo no determinado. Las incisiones en las vértebras confirman que el método de asesinato fue el degollamiento. Al día siguiente se devela la Fosa 1, que bajo dos metros de tierra esconde los cuerpos de 6 niños o niñas y 4 mujeres. Un proyectil de fusil es encontrado entre los pies desmembrados de una de las víctimas. El último cuerpo que se levanta es el de un menor de menos de un metro de alto, el cual lleva un sombrerito blanco y un pequeño bolso de lana roja que combina con su chompa del mismo color.

Cuando la sombra de las montañas cubre nuestro campamento, la fiscal cree que el testimonio de Eugenia Quispe puede conducir al equipo a una posible quinta fosa. El arqueólogo Dannal Aramburú desciende 50 metros hasta la ribera del río Antaccacca sujetando una soga y empieza una búsqueda metodológica. En veintinueve años la maleza y los derrumbes han cambiado el panorama. El experto observa el cascajo que cubre la tierra, el deterioro de las paredes del acantilado, y descarta posibles lugares en el suelo. Dos comuneros siguen sus órdenes: levantan grandes piedras y realizan huecos con picos en lugares específicos.

En pocos minutos una herramienta desentierra un pedazo de ropa. El hallazgo corrobora la versión de Eugenia: los restos de una mujer joven y de una niña con edad promedio de dos o tres años son encontrados junto a la osamenta de una adolescente. Otra vez las vértebras del cuello están grabadas con los cortes de un filudo metal.

Caída la noche retornamos otra vez a Huallhua, con lo rescatado sobre las acémilas. El filo de las montañas reluce con la luna llena también nuestro trayecto. Ellos retornarán. Otro grupo del EFE tuvo una labor similar en los sectores de Cclastopata, Yaconhuaicco, Huarihuaico, Chaquiccmayo y el cementerio de Huallhua. Las fosas exhumadas fueron 19, donde se hallaron 56 víctimas: 26 menores, 18 mujeres, 6 hombres y 6 adultos de sexo indeterminado.

“Culpar a una persona de autoría inmediata es muy difícil; no existen testigos en todos los eventos y podría prevalecer la presunción de inocencia contra el señalamiento. En el proceso la responsabilidad de las ejecuciones recae en los mandos militares que ordenaron estas ejecuciones que sí figuran con nombre propio en el registro del Ejercito”, afirma la fiscal Gloría Pareja.

CLAVES

Al comparar los censos de 1981 y 1993 en el distrito de Chungui, se constata un descenso de cerca de 47.5% de la población total (de 8,257 habitantes en 1981 a 4,338 en 1993). (CVR).
La CVR contabilizó 300 fosas solo en el distrito de Chungui; también calificó la violencia en la zona como la más “devastadora” de todo el país.
El contexto económico es tan precario como en el periodo de violencia; el 78% de la población es pobre, y hay 51% de pobres extremos, según cifras del MIDIS.
El EFE tiene planeado exhumar un total de 48 fosas entre noviembre y diciembre, donde se exhumarán al menos 202 cuerpos, cuyas muertes se habían producido entre 1984-1989.
Los análisis de laboratorio realizados el último viernes confirman que las personas ejecutadas en Suyrurupampa fueron fusiladas con armamento de guerra.

Publicado en La República el 3 de diciembre de 2013

Tags 1986, Ayacucho, Chungui, exhumaciones

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Un entierro digno para las víctimas de Parcco y Pomatambo

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Post date October 18, 2013

Rightsperu, 18 de octubre de 2013

El 22 de octubre se cumplen 27 años de la ejecución extrajudicial de doce pobladores de las localidades de Parcco y Pomatambo⁽¹⁾. El día de hoy se realizó la ceremonia de restitución de los restos de cuatro de ellas, que fueron identificadas por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). La ceremonia se realizó en las instalaciones de CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) y contó con la presencia de miembros de esta organización, Comisedh (encargado de la representación legal de los deudos), la Cruz Roja Internacional, Aprodeh y otras instituciones del Estado (MINJUS, CMAN, Defensoría del Pueblo y MINSA).

En presencia de los cuatro ataúdes blancos que llevaban los restos, se reconoció que esta ceremonia era el inicio de un entierro digno que las víctimas y sus familiares habían esperado por tantos años. Pero también se recordó que aún no se había logrado identificar los restos de ocho de las víctimas, puesto que luego de ser asesinados por miembros del Ejército peruano, sus restos fueron incinerados por los mismos efectivos militares para no dejar evidencias del crimen.

Miguel Huertas de Comisedh recordó una de las sentencias que absolvió a los autores mediatos del crimen de Parcco y Pomatambo, “una sentencia que debe pasar a la historia como una aberración jurídica”, pues en ella se indicó que si bien había “calidad probatoria”, ésta no era suficiente para lograr una sanción. “¿Qué más pruebas se necesitan para que los familiares accedan a justicia?”, se preguntó.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, también manifestó sus condolencias a los familiares y reconoció el largo camino transitado, lleno de frustraciones y obstáculos, y la respuesta poco eficaz del Estado, especialmente en lo relacionado a justicia y reparación. Por otro lado, el Viceministro de Derechos Humanos, José Avila, pidió disculpas públicas a los deudos.

Al finalizar la paraliturgia, los restos de las víctimas de Parcco y Pomatambo fueron paseados por la Av. Salaverry hasta las carrozas fúnebres, junto al acompañamiento musical de huaynos brindado por el grupo cultural Yuyachkani. Luego, se dirigieron a la Iglesia La Recoleta en Plaza Francia, donde los restos serán velados hoy hasta las 7.30 de la noche y también mañana sábado.

La siguiente semana se realizarán diversas ceremonias en Ayacucho y el traslado de los restos a las localidades de Parcco y Pomatambo para enterrar dignamente y en su tierra natal a las víctimas de esta cruel matanza.

A continuación les dejamos las palabras de Yrene Ramírez Buitrón y Clotilde Najarro Remón, deudos de las víctimas de Parcco y Pomatambo.

Yrene Ramírez Buitrón (Parcco)

Muy buenos días a todas y todos los presentes, yo soy la hija de la pareja de ancianos y la tía de los dos niños que fueron asesinados en la comunidad de Parcco, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, el 23 de octubre de 1986. Bueno, estos días, son muy importantes para las familias de doce víctimas de la matanza de Parcco y Pomatambo. Hemos esperado 27 años para que se haga justicia, sin embargo, todavía no llega, pero tenemos la esperanza de lograr alcanzarla, ya que nuestro caso ha pasado a nivel internacional, se encuentra en la Comisión Internacional de DDHH.

El camino ha sido largo, llegamos con fatiga. Y hemos derramado muchas lágrimas por la incomprensión e indiferencia de muchas autoridades del Estado y una parte de la sociedad. Sin embargo, nunca perdimos la fe y esperanza de continuar y poder encontrar a nuestros seres queridos, y darles una cristiana sepultura. Podemos decir que luego de 27 años nuestros seres queridos podrán por fin descansar en Paz.

De Pomatambo: Antonio Najarro Soto, José Fernandez Bellido, Jacinto Gutierrez Gomez, Eusebio Najarro Alarcón, Timoteo Bautista Bellido, Manuel , Luis Teodoro Castillo Garcia.

De Parcco: Reynaldo Ramírez Buitrón, Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez, Eugenia Ramírez Castillo, Mario Ramírez Castillo.

Recordemos siempre sus cualidades, sus virtudes y anécdotas de nuestros seres queridos, que nos enseñaron en vida. Como la cualidad de mi padre Donato, que era un hombre perdonador. Él decía hay que perdonar a las personas, que eran graves o leves. Por eso, yo como hija de una persona que supo perdonar, no guardo deseo de venganza, sino de perdón, aunque los responsables nunca hayan pedido perdón, pero es un perdón que exige justicia, para que esta historia de violencia nunca más se repita y podamos vivir tranquilos y en paz.

Damos gracias a Dios, a las instituciones de DDHH, que nos apoyaron y nos siguen apoyando por tantos años. Como CEAS y Comisedh y otros. Asimismo, al Epaf, Centro Loyola de Ayacucho y a las hermanas dominicanas de Ayacucho. Para el entierro digno se han sumado otras instituciones como CMAN, Cruz Roja Internacional, Municipalidad de Vilcashuamán, el Ministerio de Salud, Diresa de Ayacucho y otros.

Muchas gracias por acompañarnos esta fecha tan importante y ojalá puedan acompañarnos al entierro digno que se realizará el 23 de octubre en nuestras comunidades de Parcco y Pomatambo. Muchas gracias por escucharme.

Clotilde Najarro (Pomatambo)

Buenos días con todas y todas. Ante todo, doy agracias a Dios por este día tan importante para nosotros. Y doy gracias a mi querido pueblo de Pomatambo y Parcco. Y transmito nuestras instituciones que nos han acompañado en la lucha por la justicia y en la exhumación, que nos sigan acompañando porque nos queda más días y mucho dolor para nosotros los familiares. Y que también encontremos a los ocho familiares que faltan, porque es triste que los siete de Pomatambo y los cinco de Parcco, que solo se halla encontrado a cuatro.

Ojalá que nos sigan apoyando. Y también quiero agradecer a quien ha luchado y caminado, que es la tía Yrene. Estoy muy orgullosa de ella, también me ha enseñado a seguir caminando.

Para más información del caso ver El largo camino a la justicia y reparación (^^^)

Palabras de Yrene Ramírez Buitrón, deudo de la masacre de Parcco y Pomatambo

Terminada la ceremonia en CEAS, los familiares cargaron los restos de sus seres queridos
por la Av. Salaverry

Rumbo al velatorio en la Iglesia La Recoleta, Plaza Francia

El Grupo Cultural Yuyachkani brindó un hermoso acompañamiento musical de huaynos
a las víctimas y sus familiares

Tags 1986, ejecución extrajudicial, Parcco y Pomatambo, restitución de restos

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Caso Parcco y Pomatambo: Entregarán los restos de cuatro campesinos ejecutados por el Ejército

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Post date October 16, 2013

Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo en 1986

Los cuerpos de cuatro pobladores que hace 27 años fueron secuestrados, asesinados e incinerados por tropas militares en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo serán entregados el viernes a sus familiares, tras haber sido identificados por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron
en las comunidades ayacuchanas de Parcco
y Pomatambo en 1986Se trata de los restos de Donato Ramírez Rivera y Eugenia Ramírez Castillo, secuestrados la madrugada del 23 de octubre de 1986 en la comunidad de Parcco, por patrullas del Ejército; y de Antonio Najarro Soto y Timoteo Bautista Bellido, raptados en Pomatambo horas antes.

“Los restos fueron exhumados en el 2006 y todo se dilató por falta de fondos para los reactivos. El EPAF analizó los restos y descubrió que fueron asesinados con elementos punzocortantes y armas de fuego”, informa la abogada de la Comisión Episcopal para la Acción Social (CEAS), Gery Vásquez, que representa a los deudos en el proceso de restitución de los restos de las víctimas.

De momento la Sala Penal Nacional ha sentenciado a tres militares involucrados como coautores materiales y al teniente coronel EP (r) Carlos Armando Bardales como autor mediato. Uno de los acusados, Agustín Jorge Tuya López, fue absuelto por ser considerado simplemente testigo. Mientras que la sentencia al teniente de infantería (r) Dante Jesús Retamal Guerra aún está pendiente por demoras en el proceso de extradición desde Estados Unidos, donde se encuentra como residente.

Efraín Najarro es uno de los deudos que esperan con ansias los restos de su padre, Antonio, un humilde campesino que fue secuestrado en la localidad de Pomatambo a altas horas de la noche, mientras colaboraba en los preparativos para celebrar una fiesta local.

Tras ser detenido fue ejecutado extrajudicialmente a la mañana siguiente, acusado de pertenecer a la escuela popular de Sendero Luminoso. Luego, su cuerpo fue incinerado y escondido en un páramo aledaño a la provincia de Vilcashuamán. Con los años se probó que no tenía filiación con el grupo terrorista, agravando el crimen cometido en su contra.

Publicado el 16 de octubre de 2013 en La República

Tags 1986, Ayacucho, EPAF, Parcco y Pomatambo, restitución de restos

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IDL: ‘Bancada aprista’ del TC terminó jugando en pared y benefició a García en caso El Frontón

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Post date September 4, 2013

Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del ID

Ideeleradio.pe

Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL, advirtió que los procesados pedirán la prescripción del caso, tras este cuestionado fallo.

En pared con estrategia de abogados de procesados

La ‘bancada aprista’ del Tribunal Constitucional (TC) terminó jugando en pared con los abogados de los procesados en el caso El Frontón y benefició también a aquellos testigos que podrían ser eventualmente incluidos en un juicio, como el caso del expresidente Alan García, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

Carlos Rivera, coordinador
del Área Legal del IDFue al comentar la resolución de este organismo que declaró que no hubo crímenes de lesa humanidad en la actuación de la Marina frente al motín en el penal ‘El Frontón’, ocurrido en junio de 1986.

“[Esta sentencia] la firma [Carlos] Mesía, me parece que [Fernando] Calle; en realidad se podría decir que la ‘bancada aprista’ del TC en este momento. Es obvio y por eso digo que hay una suerte de juego en pared con la defensa de quienes están siendo investigados judicialmente por este tema”, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esta sentencia trata de jugar en pared con la estrategia legal de los abogados de los perpetradores en el caso de la matanza de El Frontón y aquellos que tienen la condición de testigos y aspiran a ser procesados, estoy hablando básicamente de [Alan] García, [Agustín] Mantilla y el señor [Luis] Giampietri probablemente”, declaró.

Procesados pedirán prescripción

Rivera Paz vaticinó, además, que gracias a este fallo, los procesados presentarán de inmediato sus excepciones de prescripción para que anulen la continuidad del proceso. El letrado cuestionó, en ese sentido, los argumentos del Tribunal Constitucional por el que se considera que se cometió un delito común y no un crimen de lesa humanidad en el caso “El Frontón”.

“Así es, efectivamente [esto podría liberar de eventual responsabilidad a García, Mantilla y Giampietri y les sirve para su defensa] ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento que está señalado en la parte resolutiva de esta resolución está en el hecho de que por enésima vez se pone en discusión de si es el caso El Frontón un crimen de lesa humanidad”, aseveró.

“En los hechos les está diciendo, ‘oigan señores acusados, les estoy facilitando esta sentencia, y mañana mismo presenten sus excepciones de prescripción para que anulen la continuidad de este proceso’. Esto le da un argumento a la defensa de los procesados y creo que es una sentencia que tiene como objetivo ‘jugar en pared’ con la estrategia legal de los acusados por la matanza, que son elementos de la Marina y algunos elementos que fueron ministros o jefes superiores de la Marina y, seguramente, el propio expresidente García”, refirió.

Publicado en Ideele Radio el 4 de setiembre de 2013

Tags 1986, alan garcia, El Frontón, judicialización, Tribunal Constitucional

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CASO MATERO: Una nueva absolución

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Post date April 8, 2013

Rigthsperu, 10 de abril de 2013 – El día viernes 5 de abril, a las 8 de la noche, es decir, doce horas después de la hora prevista, se realizó la lectura de sentencia del caso Matero, donde el militar acusado Marino Nemecio Ambía Vivanco fue absuelto del cargo de desaparición forzada contra Seferino Quispe Pillaca, Albino Quino Sulca, Melchor Tineo Pérez y Martin Escriba Pillaca, ocurrida en Matero, Ayacucho, entre el 25 y 30 de julio de 1986, cuando Ambía era subteniente.

Marino Nemesio Ambía Vivanco, único acusado en el tercer juicio del caso Matero, fue absuelto por votación en mayoría © La RepúblicaEste es el tercer juicio del caso Matero (ver nota). Y pese a los numerosos testimonios que denunciaban a “Rubén” como el militar que dirigió la detención arbitraria de estos pobladores, y que sindicaban a Marino Ambía como el teniente “Rubén”, los jueces, por votación en mayoría, indicaron que los testimonios y las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para determinar la responsabilidad de Ambía y más bien, creaban una duda razonable sobre su presencia en Matero en las fechas de las desapariciones forzadas.

Los jueces en mayoría se plegaron a los argumentos de la defensa del acusado. Consideraron que las declaraciones de los familiares y pobladores de Matero debían ser tomados con reserva porque estaban inducidos por las dos sentencias anteriores. Lo propio manifestaron sobre el testimonio clave de Francisca Janampa, pobladora detenida y recluida en el cuartel de Cangallo con sus dos hijos menores, el cual, consideraron había sido inconsistente en las 8 veces que rindió su manifestación por el mismo caso desde 1986. Así también, indicaron que los testigos hablaron de un “Rubén” o “Robin”, lo cual, no lograron saber si “Robin” se refería a otro militar o era una interferencia lingüística (por el quechuahablante que al hablar en castellano modifica las letras U por la O, y la E por la I).

El voto dirimente fue del juez Marco Cerna Bazán, quien sustentó todo lo contrario a la votación en mayoría. A partir de la teoría del lenguaje, Cerna analizó los testimonios y los valoró desde el aspecto semántico y referencial; consideró que los jueces en mayoría estaban deslegitimando los testimonios por haber discrepancias en los detalles del testimonio, mas no en lo sustancial; así, consideró que el testimonio de Francisca Janampa había sido consistente y coherente en lo medular, en sus 8 declaraciones dadas desde 1986 y que los testimonios de los familiares de las víctimas y pobladores de Matero testigos de la detención, fortalecían dicho testimonio clave. Para Cerna, Ambía era el responsable mediato de la desaparición forzada de las 4 víctimas.

Sin embargo, el voto en mayoría generó la absolución del acusado y la protesta airada y desesperada de los familiares de las víctimas. Los familiares a expresaron su indignación gritándole a los jueces en mayoría que eran unos corruptos y a Ambía “¡asesino!, ¡solo dime dónde están los cuerpos! ¡solo quiero enterrarlo!”. Ambía fue escoltado hasta la salida por los miembros de seguridad, y los familiares, llenos de indignación, salieron de la sala entre lágrimas preguntándose cuánto tiempo más tendrán que esperar por justicia, para encontrar a sus seres queridos.

… … …

Más notas sobre la absolución:

La Republica

Absuelven a principal implicado en caso Matero

La Sala Penal Nacional absolvió al militar en actividad Marino Ambía Camacho por la desaparición de cuatro campesinos en la localidad de Matero en Cangallo en 1986.

El fallo fue en mayoría. El presidente de la sala, David Loli Bonilla y el juez superior Teófilo Salvador Neyra votaron a favor de la absolución de Ambía Camacho, mientras que Marco Cerna Bazán se opuso a dicho veredicto y su abogado anunció que apelará.

Esta es la tercera absolución del imputado en este caso. La Corte Suprema anuló las dos primeras y dispuso nuevos juicios. El abogado de IDL Juan José Quispe recordó que Ambía, extrañamente, brindó seguridad a los jueces de la Sala Penal cuando realizaron diligencias por el caso Pucará.

Ambía pertenece a la Promoción 1984 Héroes de Pucará y Marcavalle, de la que forma parte el presidente Ollanta Humala.

Publicado en La República el 8 de abril de 2013

Tags 1986, aboslución, Ayacucho, Cangallo, Caso Matero

Trial Reports

EL FRONTÓN VA A JUICIO: La Fiscalía presentó acusación

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Post date March 21, 2013

Por Carlos Rivera

Uno de los sucesos más cruentos y a la vez emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos en el Perú es el caso de la matanza de El Frontón, perpetrada los días 18 y 19 de Junio de 1986. Se trata de uno de los crímenes más violentos y con más víctimas en un país con una larga y dramática lista de crímenes con esas características; pero a la vez también es un evento que nos demuestra con particular contundencia el desprecio por la vida tanto de parte de Sendero Luminoso –que alentó el motín en los penales- como de las fuerzas de seguridad que respondieron con la más extrema violencia a la provocación senderista.

© La PrimeraA inicios de enero de este año y después de ocho años de haberse iniciado el proceso judicial por esta matanza, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional a cargo de la fiscal Luz Ibáñez Carranza, ha presentado acusación por este caso. Este hecho coloca al proceso y a los encausados en otras condiciones y determina el inminente inicio de un juicio oral que seguramente constituirá uno de los acontecimientos más relevantes de la justicia de estos tiempos. Por ello, es importante hacer una breve presentación de este documento que contiene 506 páginas y en el que se imputa a los autores graves responsabilidades por los hechos perpetrados.

Los hechos y los acusados

La acusación presenta una secuencia ordenada de los acontecimientos producidos desde la mañana del día 18 de junio de 1986 hasta la primeras semanas del años 1987 en que se terminaron se realizar los entierros clandestinos de los internos ejecutados en el develamiento. La fiscalía da cuenta que frente al motín iniciado la mañana del 18 de junio en tres establecimientos penitenciarios de Lima el Consejo de Ministros, con el Presidente de la República a la cabeza, tomó la decisión de encargar a las Fuerzas Armadas su develamiento. Esta decisión pasó a ser ejecutada de manera inmediata y en mérito a ello fue la Marina de Guerra la encargada de los sucesos en el establecimiento penal de El Frontón.

De esta manera la Guardia Republicana, en ese entonces a cargo de la seguridad en los penales, quedó fuera del control de la situación y desde las primeras horas de la tarde del 18 de junio un contingente de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina bajo el comando del Capitán de Navío Luis Giampietri Rojas quedó a cargo de las operaciones, las cuales durarían hasta la tarde del día 19 de Junio.

La intervención militar tuvo como resultado la muerte de 133 internos, los cuales fueron ejecutados en diferentes momentos de la operación militar. La Fiscalía ha identificado que los internos fueron ejecutados en tres diferentes momentos y con diferentes armas: con explosivos de alta potencia lo que originó el derrumbe del “Pabellón Azul” y la muerte por aplastamiento de varias decenas de personas; con armas de fuego por medio del fusilamiento de los internos que luego de su rendición habían sido seleccionados por los elementos militares; y con arma blanca utilizada para ejecutar un grupo de internos detrás de los escombros del “pabellón Azul”.

El día 19 de junio el Consejo de Ministros no solo felicitó a las FFAA por el cumplimiento eficaz de las órdenes impartidas y dispuso que las mismas FFAA se encarguen del entierro de los cuerpos, mientras tanto en la isla elementos de la Marina estaban incinerando los restos. Posteriormente procedieron a enterrarlos de manera clandestina en diferentes cementerios de la Lima.

La Fiscalía Superior considera que estamos frente a un evento criminal que, según las normas del Código Penal de 1924 –vigente en la fecha de los hechos- es tipificado como homicidio calificado o asesinato. Por ello ha formulado acusación contra 33 elementos de la Marina de Guerra como autores materiales o directos de la masacre en El Frontón, para los cuales ha solicitado se les imponga 25 años de pena privativa de libertad.

Las pruebas

El caso El Frontón ha sido materia de investigación durante muchos años, no solo por el Ministerio Público sino también por la prensa independiente. Todo eso ahora constituye uno de los más importantes y voluminosos acervos probatorios de los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Justamente la acusación se sustenta en los principales elementos probatorios que hasta la fecha se ha logrado incorporar al expediente judicial.

En ese sentido es importante destacar el valor de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes de la matanza. Todos ellos corroboran la acción militar cruenta de los elementos de la Marina y las ejecuciones sumarias durante la operación. De igual manera se destaca el valor de las declaraciones de algunos elementos militares que –bajo identidad reservada- reconocen la acción criminal desarrollada los días 18 y 19 de junio. Por su parte las declaraciones de los jefes militares de la Marina de Guerra –sobre todo las declaraciones realizadas durante la investigación del Fuero Militar- constituyen uno de los elementos de prueba más valiosos de la investigación.

Otros de los elementos que destacan la seriedad y objetividad de las investigaciones lo constituyen las pericias de diversa naturaleza que han sido incorporadas al proceso judicial. El mismo caso es el de los diferentes informes que han sido adjuntados como prueba.

Los testimonios de los jefes militares

Tal como hemos señalado uno de los más importantes elementos de prueba incorporados al proceso judicial lo constituye –sin duda- las declaraciones de los jefe de la Marina. Estas declaraciones ayudan a conocer e interpretar el rol del entonces Presidente de la República y del ex vice Ministro del Interior durante el desarrollo de las operaciones militares. Los testimonios dan cuenta que el ex presidente estuvo no solo informado, sino que alentó el desenlace de las operaciones.

En primer término el entonces Capitán de Navío Luis Giampietri declaró en el Fuero Militar que luego de su arribo al penal de El Frontón debía actuar de acuerdo a lo requerido por el Vice Ministro del Interior Agustín Mantilla quien requería apoyo con material de demolición. De igual forma señala que Mantilla permaneció todo el tiempo en la isla y coordinó las diversas operaciones, informando (no precisa a quien) constantemente del avance de las mismas.

En segundo término el Comandante de la Segunda Zona Naval Vicealmirante Víctor Ramírez Isola señaló que las operaciones militares desarrolladas fueron informadas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por su intermedio al Presidente de la República en Palacio de Gobierno.

En tercer término el General de la GRP Raúl Jares Gago da cuenta de que cuando el día 18 de junio de 1986 llegaron las embarcaciones de la Marina de Guerra hicieron saber al Viceministro Mantilla Campos que las órdenes de Palacio de Gobierno eran que ellos se quedaban a cargo exclusivamente de toda la zona.

La posición de García y Mantilla

Las investigaciones del caso han determinado, desde hace ya varios años atrás, que el crimen de El Frontón no fue decidido por quienes lo ejecutaron materialmente. Como en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno este tipo de eventos criminales fue decidido por personas que en su momento integraron instancias militares superiores o personajes civiles que estuvieron colocados en el vértice superior de la organización del Estado y que en razón de ello tuvieron un poder y autoridad militar como es el caso del presidente de la república.

Esas investigaciones apuntaron de manera decidida a señalar que el entonces Presidente de la República no solo había tenido un esporádico conocimiento de los acontecimientos, sino que durante el desarrollo de las operaciones estaba bastante bien informado por intermedio del Comando Conjunto de las FFAA. Pero, además, se da cuenta que existió un evidente interés para que las operaciones culminen a la mayor brevedad y por ello asumió una posición de aliento y exigencia para que estas concluyan en el menor tiempo posible.

Lo mismo ocurre en el caso de Agustín Mantilla quien asegura que estuvo en la isla porque los integrantes de la Comisión de Paz se lo solicitaron, aun cuando estos lo hayan negado. Mantilla tuvo, durante las operaciones, un rol protagónico al punto que estuvo coordinando el inicio de la intervención militar y después de culminada la misma regresó a Palacio de Gobierno para brindar un informe detallado al propio Presidente de la República.

A pesar de lo señalado el hecho es que el año 2004 el Ministerio Público decidió archivar la investigación en el extremo que comprendía a los señores Alan García, Agustín Mantilla, Luis Giampietri y otros jefes militares de la Marina de Guerra. Por esta consideración la única condición que estas personas tienen en el presente proceso judicial es la de testigos.

No hay autores mediatos, solo materiales

Esta es una de las razones por las cuales el caso El Frontón tiene una particular condición: están identificados, procesados y ahora acusados a los autores materiales del crimen, pero ninguna persona que haya dado las órdenes para la ejecución del mismo. Es decir, que en este juicio es probable que sean sancionados los autores materiales, pero ninguno de los autores mediatos.

Por ello, la Fiscal Superior Ibáñez Carranza consigna en su acusación que “…como consecuencia de disposiciones y pautas trasmitidas de manera verbal, por los jefes y subjefes que se encontraban en la cadena de mando y en posición de autoridad, el día de los hechos, muchos de los cuales no están enjuiciados en el presente proceso, algunos por haber fallecido y haberse cortado la secuela del proceso en su caso; y otros porque no han sido materia del auto apertorio de instrucción; respecto de estos últimos nos remitimos a las resultas del juicio oral del presente proceso, lo que no enerva que los homicidios calificados y crímenes internacionales contra la humanidad materia de este proceso se hayan cometido a través de aparato organizado de poder, estos es utilizando la estructura organizacional jerárquica de las Fuerzas Armadas y de la Marina de Guerra del Perú…”

El Frontón es un crimen de lesa humanidad

Para la Fiscalía Superior los hechos del 18 y 19 de Junio de 1986 en el que se perpetró el asesinato de 133 reclusos, “…sin duda calzan en la calificación de crimen de lesa humanidad, pues se trató de un homicidio masivo, cruel, feroz y alevoso, ejecutado en circunstancias que los reclusos se habían rendido, esto es habían depuesto su acto de indisciplina carcelaria…” Agrega la acusación que “…estos asesinatos masivos y feroces se dieron en el marco de prácticas generalizadas y sistemáticas de los agentes militares de ataque a la población civil, prácticas que se instalaron en los agentes estatales militares desde fines del año 1982, en que se autorizó la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo; homicidio crueles cometidos en el marco de la política y estrategia estatal para combatir la subversión”.

Siendo la matanza de El Frontón un delito internacional y un crimen de lesa humanidad, por tanto le son aplicables todas las pautas regulatorias internacionales y normas de ius cogens que le corresponden, en particular la imprescriptibilidad, la no impunidad y la jurisdicción universal.

El juicio que se viene

La presentación de la acusación coloca al caso de la matanza de El Frontón en otras condiciones procesales en las que el inicio de un juicio oral contra los acusados es un evento inminente que, sin duda debe convertirse en un importante referente de la acción de la justicia ya que finalmente después de 27 años los responsables del crimen rendirán cuentas frente a los tribunales de justicia y los familiares de las víctimas tendrá oportunidad de acceder a la justicia.

Los antecedentes del caso determinan con certeza que el juicio del caso El Frontón será muy complejo y desde el principio exigirá que los estándares de independencia judicial no sean letra muerta o un adorno inútil, en ese sentido la composición del tribunal de juzgamiento de la Sala Penal Nacional será determinante.

Publicado el 21 de marzo de 2013 en La Mula

Tags 1986, alan garcia, Caso El Frontón, judicialización

News Reports on Transitional Justice in Peru

CASO MATERO: Lectura de sentencia

Post author By Jo-Marie Burt
Post date March 7, 2013

Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez

7 de marzo 2013

Una audiencia está programagada en el sede de la Sala Penal Nacional para el 26 de marzo en la cual se dictará la tercera sentencia por el caso de desaparición forzada de 4 campesinos, Severino Quispe, Albino Quino, Tineo Pérez y Martín Escriba, en la comunidad de Matero, Ayacucho, entre el 26 y 30 de julio de 1986. Las dos sentencias anteriores fueron emitidas en los años 2008 y 2010, y ambas fueron anuladas por la Corte Suprema.

Familiares caso MateroEn agosto del 2008 la Sala Penal absolvió a los 5 imputados, tres policías y dos militares: Capitán de la PIP Silvio Hugo Sartor Espinoza, Mayor de la PIP Teodoro Maraví Gómez, y el miembro de la Policía Javier Augusto Culquicondor Díaz; así como el Teniente Coronel del Ejército Carlos Armando Bardales Angulo y Teniente del Ejército Marino Nemesio Ambia Vivanco. La absolución fue basada en la desestimación de la evidencia vertida por la Fiscalía y la parte civil —el testimonio de familiares de las víctimas, que fueron testigos presenciales de la detención— con el argumento que dichas personas tenían “un interés directo en el resultado, y con una carga de subjetividad, que se advierte se sus propios declaraciones….” (Sentencia del 8 de agosto del 2008, Sala Penal Nacional).

Tanto el Ministerio Público como los familiares y sus abogados criticaron duramente la sentencia, que luego fue anulada por la Corte Suprema, por lo menos con respecto a 3 de los imputados, y se ordenó la apertura de un nuevo juicio oral.

Sin embargo, en el nuevo juicio oral, la Sala Penal volvió a absolver a los tres imputados en abril de 2010: los ex militares Carlos Bardales, Marino Ambia y el policía Javier Culquicóndor. Mientras la Sala confirmó la detención y desaparición forzada de los agraviados, argumentó que no hubo órdenes ni evidencia de que los tres imputados sean los responsables. Para ello, exigieron una prueba directa —una orden escrita— que casi nunca se dan en casos de desaparición forzada, que de hecho es una práctica clandestina e ilegal. Nuevamente la Fiscalía y los abogados de las víctimas apelaron, y La Corte Suprema volvió a anular la sentencia

En este tercer juicio para el caso Matero, el único acusado es el oficial EP Marino Nemesio Ambía Vivanco (a) “Rubén” o “Robin”, jefe de la patrulla que efectuó las detenciones, y que ha sido reconocido por los familiares y pobladores de la zona.

Este caso pone en evidencia la tendencia de la Sala Penal Nacional a absolver a los altos mandos (el capitán, teniente coronel y mayor) mientras que la responsabilidad recae en los ejecutores directos. Ello contradice la jurisprudencia del mismo Poder Judicial peruano —por ejemplo, la sentencia a Fujimori, que responsabiliza a los autores intelectuales o mediatos y establece la cadena de mando— así como jurisprudencia internacional al respecto.

Les alcanzamos algunas notas periodísticas sobre este caso tan complejo.

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Deslindes, Materio espera justicia

Por Gloria Cano (Abogada de Aprodeh)

Matero es una localidad anexa del distrito de Cangallo, ubicada en la provincia del mismo nombre, en Ayacucho. Matero fue una zona, como tantas otras en nuestro país, duramente golpeada por la violencia que azotó desde inicios de los años 80. En 1986, las fuerzas de seguridad encargadas de hacer frente a la subversión estaban acantonadas en una base militar en la capital de la provincia, Cangallo. Desde ahí salían frecuentes patrullas militares a rondar la zona. En esos años, los integrantes de Sendero asesinaban a todo aquel que se oponía a sus objetivos o se negaba a darle a ayuda. La respuesta del Estado no fue menos violenta: sospechaban que todos eran senderistas o posibles aliados de la subversión. Es así como en esos años ocurrieron masacres como las de Pucayacu, Accomarca, Umaru-Bellavista, Pujas y Pomatambo y Parcco Alto. Para esa época, la base militar de Cabitos se había convertido ya en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución y desaparición de todo el departamento.

La mañana del 25 de julio, una patrulla militar al mando del teniente EP Marino Nemesio Ambía Vivanco, de apelativo “Rubén” o “Robin”, se dirigió desde la Base Militar BIM 34 de Cangallo hacia Putica. Una vez ahí, reclutó a un colaborador –quien previamente había tenido una rencilla con la población de Matero– para que acompañara a la patrulla y ayudara a identificar a las personas que aparecían en una lista. La misión en Matero era detener a cuatro ciudadanos de dicha localidad.

Los efectivos ingresaron con violencia a la casa de Seferino Quispe Pillaca (19), estudiante y obrero, y con la misma violencia lo arrancaron de su hogar sin que su madre Agripina Pillaca pudiera evitarlo. El domicilio de Albino Quino también fue incursionado de forma violenta, pero al no encontrarlo, los efectivos militares detuvieron a su esposa Francisca y sus dos menores hijos. Luego todos fueron llevados a la plaza de armas de la localidad. Los efectivos al mando de “Rubén” o “Robin” le dieron un mensaje a doña Francisca: la dejarían en libertad si su esposo se presentaba ante la Base Militar, acompañado de otros miembros de la comunidad.

Así, Melchor Tineo Pérez, Martín Escriba Pillaca y Albino Quino Sulca llegaron a Cangallo acompañados de autoridades y pobladores de Matero donde solicitaron ver al jefe del Puesto Policial, el mayor Javier Augusto Culquicóndor Díaz, cuyo sobrenombre era “Jerónimo”. La respuesta que les dieron fue que regresaran el día 30 a las oficinas de la PIP. Es en este lugar y en presencia de los pobladores que personal del ejército detuvo a Quino, Tineo y Escriba. Luego los internarían en la Base Militar BIM 34, en ese momento bajo el mando del teniente coronel EP Carlos Armando Bardales Angulo, alias “Tigre”.

Francisca y sus menores hijos fueron puestos en libertad poco después. Asimismo, el teniente gobernador de Matero, Baltazar de la Cruz Sulca, lograría entrevistarse con Martín Escriba, quien le entregó un dinero para su familia. Desde entonces no se tuvo más noticias sobre los detenidos. La PNP y el ejército negaron reiteradamente la detención de los comuneros.

La madre de Seferino Quispe, Agripina Pillaca; la esposa y los siete hijos del agricultor Martín Escriba; Carlota, esposa del campesino Melchor Tineo Pérez, así como sus cinco hijos; al igual que Francisca y sus hijas, familiares de Albino Quino, esperan, desde hace 22 años, no solo la sanción para quienes les arrebataron a sus seres queridos, sino respuestas a cada una de las preguntas que se han repetido: ¿por qué los llevaron? ¿Quién dio la orden de desaparecerlos? ¿Dónde están sus restos?

Los primeros días de agosto, la Sala Penal Nacional tendrá la responsabilidad de dar respuesta a estas interrogantes. Tras un proceso que puso en evidencia abundantes pruebas que demuestran la responsabilidad de los acusados, la justicia tiene nuevamente la oportunidad de vencer la impunidad y devolverles la dignidad arrebatada, hace 22 años, a los deudos de Seferino, Martín, Melchor y Albino.

Publicado en La Republica el 29 de julio de 2008

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APRODEH: Indignante sentencia en caso Matero

Indignación. Ese es el sentir de los familiares de Martín Escriba Pillaca, Melchor Tineo Pérez, Seferino Quispe Pillaca y Albino Quino Sulca, pobladores de la comunidad de Matero, provincia de Cangallo, Ayacucho, quienes en julio del año 1986 fueron detenidos y posteriormente desaparecidos.

Hoy, la Sala Penal Nacional, integrada por las vocales Clotilde Cavero, Emma Benavides y Jimena Cayo, absolvió a los efectivos militares Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambía Vivanco y al efectivo policial Javier Augusto Culquicóndor Díaz, sindicados como presuntos responsables de la detención y desaparición forzada de las cuatro víctimas.

“Nos parece inaudito que la Sala, pese a reconocer el delito de detención y posterior desaparición, no haya resuelto y determinado la responsabilidad de Ambía y Bardales”, señaló Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien patrocina a tres de las víctimas.

Lamentamos también que por segunda vez los testimonios de los familiares e incluso de algunos efectivos y policías no hayan sido tomados en cuenta. Por el contrario, los califican como contradictorios. “Incluso uno de los familiares reconoció físicamente al acusado Ambía Vivanco, alias “Rubén”, quien fuera jefe de la patrulla militar que detuvo a las víctimas. Pero para el Tribunal, este reconocimiento no tuvo valor; como tampoco el testimonio del Teniente Gobernador de Matero, quien logró entrevistarse con uno de los detenidos en dicha base y luego se sorprendió cuando el jefe de la misma negó que ellos hayan estado detenidos”, agregó.

“Creemos que hay un trasfondo en la direccionalidad de este fallo. Bardales Angulo era jefe militar de la Base Cangallo, lugar donde fueron llevados los detenidos para luego ser desaparecidos. Como jefe de base tenía el control de la zona y de las patrullas a su cargo, sin embargo la Sala lo ha absuelto”, señaló la doctora Cano.

A su vez, Fabio Quispe Pillaca, familiar de Seferino Quispe Pillaca, se mostró compungido ya que después de 24 años aún no encuentran justicia para sus familiares desaparecidos. “Ahora sólo esperamos encontrar sus restos y poder enterrarlos. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a lograrlo”, demandó.

Para la doctora Cano, es preocupante el retroceso que viene sufriendo la lucha contra la impunidad, emprendida por los familiares desde hace 24 años. “A pesar de que es una situación desgastante y desesperanzadora, los familiares no se darán por vencidos. Por eso, apelarán la sentencia e informarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que, como corresponde a este caso, el Estado tiene el compromiso de hacer prevalecer la justicia para las víctimas”.

Frente al fallo absolutorio, el Fiscal encargado, Isidoro Prado León de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, interpuso recurso de nulidad, actitud que los familiares saludaron.

Publicado en Coordinadora Nacional de DDHH el 26 de abril de 2010

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Matero espera justicia

Por Francisco Soberón

El pasado lunes 26, participamos en la audiencia donde se resolvería, en primera instancia, el caso de la detención y desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Matero, ubicada en la provincia de Cangallo, Ayacucho, en julio de 1986.

Sin embargo, la decisión de la Sala Penal Nacional, integrada por las vocales Clotilde Cavero, Emma Benavides y Jimena Cayo, fue absolver a los efectivos militares: Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambía Vivanco y al efectivo policial Javier Augusto Culquicóndor Díaz, sindicados como presuntos responsables de los hechos.

La indignación y desesperanza de los familiares de Martín Escriba Pillaca, Melchor Tineo Pérez, Seferino Quispe Pillaca y Albino Quino Sulca, era comprensible. Después de 24 años veían nuevamente frustrada su expectativa de alcanzar justicia y de saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos desaparecidos.

A lo largo de este tiempo, el caso ha sufrido varios reveses. En agosto de 2008, la Sala presidida por la vocal Rosa Bendezú absolvió a los efectivos implicados en el caso. Sin embargo, ante la apelación de la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso, en julio de 2009, resolviendo el inicio de un segundo juicio oral en contra de Bardales, Ambía y Culquicóndor (como reo ausente). Finalmente, el segundo juicio culminó el pasado lunes 26 de abril, con la absolución de dichos efectivos.

En ese nuevo proceso y pese a reconocer el delito de detención y posterior desaparición de las cuatro víctimas, la Sala sostiene no haber encontrado responsabilidades en los acusados. Ello, a pesar de las abundantes pruebas presentadas y los testimonios de los familiares e, incluso, de algunos efectivos y policías que fueron testigos de los hechos. Sorprende, por ejemplo, que en el caso de Bardales Angulo, no se determine su responsabilidad en este caso ya que como jefe de la Base de Cangallo, lugar a donde fueron llevados los detenidos para luego ser desaparecidos, tenía el control de la zona y de las patrullas a su cargo.

Pese a este difícil momento, los familiares de las víctimas de Matero no se darán por vencidos y continuarán en su terca búsqueda de justicia. Desde el movimiento de derechos humanos los alentamos a continuar en esta lucha, pero también invocamos a las autoridades a no hacer oídos sordos a este clamor. Esperemos que, ante la apelación interpuesta por la Fiscalía, la justicia peruana se reivindique y logre devolverles la dignidad arrebatada, hace veinticuatro años, a los deudos de Seferino, Martín, Melchor y Albino.

Publicado en CNR el 28 de abril de 2010

Más sobre el Caso Matero:

APRODEH

Tags 1986, Ayacucho, Caso Matero, Desaparición forzada, sentencia

News Reports on Transitional Justice in Peru

Entregan hoy restos de nueve víctimas de la matanza de El Frontón

Post author By Administrador
Post date November 22, 2012

Después de 26 años, por fin podrán darles cristiana sepultura. Los familiares de nueve de los presos por terrorismo muertos en la matanza de la isla penal El Frontón, el 18 y 19 de junio de 1986, recibirán hoy los restos de sus seres queridos en el auditorio de la Morgue Central de Lima.

El FrontónOcho de ellos fueron identificados por ADN y uno por procedimiento corporativo de historia clínica.

Se trata de Óscar Martín Acevedo Abad, Óscar Chuluncuy Prada, José Edwin García Vallejo, Antonio Guevara Arteaga y Tiberio Poma Sulca.

También de Julio César Taboada Camacho, Marco Antonio Nagajata Daza y Alejandrino Gutiérrez Poma, así como de Juan Carlos Aponte Silva.

La entrega de cuerpos será a las 10.30 am y la ceremonia estaría presidida por el Fiscal de la Nación José Peláez Bardales por tratarse de un logro de esa institución que coadyuva al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Publicado en La República el 22 de noviembre de 2012

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