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News Reports on Transitional Justice in Peru

Un entierro digno para las víctimas de Parcco y Pomatambo

Rightsperu, 18 de octubre de 2013

El 22 de octubre se cumplen 27 años de la ejecución extrajudicial de doce pobladores de las localidades de Parcco y Pomatambo(1). El día de hoy se realizó la ceremonia de restitución de los restos de cuatro de ellas, que fueron identificadas por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). La ceremonia se realizó en las instalaciones de CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) y contó con la presencia de miembros de esta organización, Comisedh (encargado de la representación legal de los deudos), la Cruz Roja Internacional, Aprodeh y otras instituciones del Estado (MINJUS, CMAN, Defensoría del Pueblo y MINSA).

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Un entierro digno para las víctimas de Parcco y Pomatambo
Un entierro digno para las víctimas de Parcco y Pomatambo
En presencia de los cuatro ataúdes blancos que llevaban los restos, se reconoció que esta ceremonia era el inicio de un entierro digno que las víctimas y sus familiares habían esperado por tantos años. Pero también se recordó que aún no se había logrado identificar los restos de ocho de las víctimas, puesto que luego de ser asesinados por miembros del Ejército peruano, sus restos fueron incinerados por los mismos efectivos militares para no dejar evidencias del crimen.

Miguel Huertas de Comisedh recordó una de las sentencias que absolvió a los autores mediatos del crimen de Parcco y Pomatambo, “una sentencia que debe pasar a la historia como una aberración jurídica”, pues en ella se indicó que si bien había “calidad probatoria”, ésta no era suficiente para lograr una sanción. “¿Qué más pruebas se necesitan para que los familiares accedan a justicia?”, se preguntó.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, también manifestó sus condolencias a los familiares y reconoció el largo camino transitado, lleno de frustraciones y obstáculos, y la respuesta poco eficaz del Estado, especialmente en lo relacionado a justicia y reparación. Por otro lado, el Viceministro de Derechos Humanos, José Avila, pidió disculpas públicas a los deudos.

Al finalizar la paraliturgia, los restos de las víctimas de Parcco y Pomatambo fueron paseados por la Av. Salaverry hasta las carrozas fúnebres, junto al acompañamiento musical de huaynos brindado por el grupo cultural Yuyachkani. Luego, se dirigieron a la Iglesia La Recoleta en Plaza Francia, donde los restos serán velados hoy hasta las 7.30 de la noche y también mañana sábado.

La siguiente semana se realizarán diversas ceremonias en Ayacucho y el traslado de los restos a las localidades de Parcco y Pomatambo para enterrar dignamente y en su tierra natal a las víctimas de esta cruel matanza.

A continuación les dejamos las palabras de Yrene Ramírez Buitrón y Clotilde Najarro Remón, deudos de las víctimas de Parcco y Pomatambo.

Yrene Ramírez Buitrón (Parcco)

Muy buenos días a todas y todos los presentes, yo soy la hija de la pareja de ancianos y la tía de los dos niños que fueron asesinados en la comunidad de Parcco, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, el 23 de octubre de 1986. Bueno, estos días, son muy importantes para las familias de doce víctimas de la matanza de Parcco y Pomatambo. Hemos esperado 27 años para que se haga justicia, sin embargo, todavía no llega, pero tenemos la esperanza de lograr alcanzarla, ya que nuestro caso ha pasado a nivel internacional, se encuentra en la Comisión Internacional de DDHH.

El camino ha sido largo, llegamos con fatiga. Y hemos derramado muchas lágrimas por la incomprensión e indiferencia de muchas autoridades del Estado y una parte de la sociedad. Sin embargo, nunca perdimos la fe y esperanza de continuar y poder encontrar a nuestros seres queridos, y darles una cristiana sepultura. Podemos decir que luego de 27 años nuestros seres queridos podrán por fin descansar en Paz.

De Pomatambo: Antonio Najarro Soto, José Fernandez Bellido, Jacinto Gutierrez Gomez, Eusebio Najarro Alarcón, Timoteo Bautista Bellido, Manuel , Luis Teodoro Castillo Garcia.

De Parcco: Reynaldo Ramírez Buitrón, Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez, Eugenia Ramírez Castillo, Mario Ramírez Castillo.

Recordemos siempre sus cualidades, sus virtudes y anécdotas de nuestros seres queridos, que nos enseñaron en vida. Como la cualidad de mi padre Donato, que era un hombre perdonador. Él decía hay que perdonar a las personas, que eran graves o leves. Por eso, yo como hija de una persona que supo perdonar, no guardo deseo de venganza, sino de perdón, aunque los responsables nunca hayan pedido perdón, pero es un perdón que exige justicia, para que esta historia de violencia nunca más se repita y podamos vivir tranquilos y en paz.

Damos gracias a Dios, a las instituciones de DDHH, que nos apoyaron y nos siguen apoyando por tantos años. Como CEAS y Comisedh y otros. Asimismo, al Epaf, Centro Loyola de Ayacucho y a las hermanas dominicanas de Ayacucho. Para el entierro digno se han sumado otras instituciones como CMAN, Cruz Roja Internacional, Municipalidad de Vilcashuamán, el Ministerio de Salud, Diresa de Ayacucho y otros.

Muchas gracias por acompañarnos esta fecha tan importante y ojalá puedan acompañarnos al entierro digno que se realizará el 23 de octubre en nuestras comunidades de Parcco y Pomatambo. Muchas gracias por escucharme.

Clotilde Najarro (Pomatambo)

Buenos días con todas y todas. Ante todo, doy agracias a Dios por este día tan importante para nosotros. Y doy gracias a mi querido pueblo de Pomatambo y Parcco. Y transmito nuestras instituciones que nos han acompañado en la lucha por la justicia y en la exhumación, que nos sigan acompañando porque nos queda más días y mucho dolor para nosotros los familiares. Y que también encontremos a los ocho familiares que faltan, porque es triste que los siete de Pomatambo y los cinco de Parcco, que solo se halla encontrado a cuatro.

Ojalá que nos sigan apoyando. Y también quiero agradecer a quien ha luchado y caminado, que es la tía Yrene. Estoy muy orgullosa de ella, también me ha enseñado a seguir caminando.

  1. Para más información del caso ver El largo camino a la justicia y reparación (^^^)

Palabras de Yrene Ramírez Buitrón, deudo de la masacre de Parcco y Pomatambo
Palabras de Yrene Ramírez Buitrón, deudo de la masacre de Parcco y Pomatambo
Palabras de Yrene Ramírez Buitrón, deudo de la masacre de Parcco y Pomatambo

Terminada la ceremonia en CEAS, los familiares cargaron los restos de sus seres queridos por la Av. Salaverry
Terminada la ceremonia en CEAS, los familiares cargaron los restos de sus seres queridos por la Av. Salaverry

Terminada la ceremonia en CEAS, los familiares cargaron los restos de sus seres queridos por la Av. Salaverry
Terminada la ceremonia en CEAS, los familiares cargaron los restos de sus seres queridos por la Av. Salaverry
Terminada la ceremonia en CEAS, los familiares cargaron los restos de sus seres queridos
por la Av. Salaverry

Rumbo al velatorio en la Iglesia La Recoleta, Plaza Francia
Rumbo al velatorio en la Iglesia La Recoleta, Plaza Francia
Rumbo al velatorio en la Iglesia La Recoleta, Plaza Francia

El Grupo Cultural Yuyachkani brindó un hermoso acompañamiento musical de huaynos a las víctimas y sus familiares
El Grupo Cultural Yuyachkani brindó un hermoso acompañamiento musical de huaynos a las víctimas y sus familiares
El Grupo Cultural Yuyachkani brindó un hermoso acompañamiento musical de huaynos
a las víctimas y sus familiares

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Aprueban abrirle otro proceso a Fujimori por homicidio calificado

  • El Estado peruano enviará a Chile pedido de ampliación de la extradición a expresidente por el caso de la matanza de seis pobladores en Pativilca

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), con intensa labor de la Procuraduría Pública, consiguió la aprobación del Poder Judicial para un nuevo pedido de ampliación de la extradición del sentenciado expresidente Alberto Fujimori por el caso Pativilca, en el que se le acusa de tener responsabilidad en la ejecución extrajudicial de seis pobladores de los anexos de Pampa San José y Carequeño, en Pativilca, perpetrada por el grupo Colina en enero de 1992.

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Alberto Fujimori
Alberto Fujimori
Alberto FujimoriEl MINJUS deberá ahora elaborar un informe para el pedido de ampliación de la extradición y elevarlo a instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Una vez que la PCM apruebe el documento, el Estado peruano podrá formular formalmente el pedido de ampliación de la extradición de Fujimori a la Corte Suprema de Justicia chilena.

El trámite, según el exprocurador Ronald Gamarra, demorará algunos meses, con lo cual el juicio al exmandatario por el caso Pativilca se iniciará, aproximadamente, a fines del próximo año. Siempre que la Corte Suprema de Justicia de Chile acepte la extradición.

Las víctimas del caso Pativilca fueron los campesinos César Rodríguez Esquivel y Felandro Castillo Manrique, el estudiante Jhon Calderón Ríos, el profesor Ernesto Arias Velásquez y el chofer Pedro Agüero Rivera.

NO MENOS DE 15 AÑOS DE PRISIÓN

En el sistema penal peruano se aplica la norma vigente al momento de la realización de los crímenes. Es así que, según explican fuentes de la Procuraduría, el delito por el que el exmandatario Alberto Fujimori será procesado responde a una pena privativa de la libertad no menor a 15 años, en caso de ser encontrado culpable.

VILLA STEIN LE DIJO NO AL PEDIDO

El 5 de setiembre pasado, la Corte Suprema, por encargo del presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, le envió al secretario general del MINJUS, Ignacio Vallejos, la copia del oficio Nº273-2013-P-SPPCS, mediante el cual se informaba que la Sala Penal Permanente del PJ, que preside el vocal supremo Javier Villa Stein, declaró procedente la solicitud de ampliación del pedido de extradición.

No obstante, la sala liderada por Villa Stein tuvo que acudir a un magistrado dirimente para decidir la aprobación del pedido de ampliación de extradición. La juez suprema Janet Tello Gilardi fue convocada para tal tarea y con su voto –que fue decidido el 3 de setiembre pasado– se declaró procedente la ampliación de la extradición del exjefe de Estado Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de prisión por los crímenes La Cantuta y Barrios Altos, calificados como de lesa humanidad y ejecutados por el grupo Colina.

Los jueces que apoyaron el pedido de extradición fueron Jorge Luis Salas Arenas, Hugo Príncipe Trujillo y Elvia Barrios Alvarado. Mientras que el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, se pronunció en contra, siendo secundado en su decisión por el juez supremo Josué Pariona Pastrana.

La Sala Penal Permanente, bajo la dirección de Villa Stein, fue la misma que aprobó la polémica reducción de la pena de los miembros del grupo Colina por la matanza de Barrios Altos, además les retiró la calificación de delito de lesa humanidad a los crímenes cometidos por el grupo paramilitar. Con dicho fallo se beneficiaba no solo a los miembros del grupo Colina, sino también al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y al expresidente Alberto Fujimori. Luego del escándalo internacional, el Poder Judicial tuvo que anular el fallo de Villa Stein por pedido expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las condenas de Fujimori

  • Fines de 2007. Fue condenado a seis años de prisión por el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra y Vladimiro Montesinos.
  • 7 de abril de 2009. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso una sentencia de 25 años de prisión por los asesinatos de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta, y de 15 personas, incluyendo un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, en abril de 1992.
  • 20 de julio de 2009. La Sala Penal Especial Suprema lo condenó a siete años y seis meses de cárcel por los delitos de peculado, contra la fe pública y falsedad ideológica, por pagarle 15 millones de dólares a Montesinos, por concepto de CTS, en setiembre del año 2000.
  • 30 de setiembre de 2009. Fujimori evadió a la Fiscalía y las palabras de los testigos al aceptar su responsabilidad penal en el espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas tránsfugas. Lo condenaron a seis años de cárcel y a pagar una reparación civil de 24 millones 60 mil 216 nuevos soles, y 3 millones para cada víctima de chuponeo.

Publicado en Diario 16 el 24 de setiembre de 2013

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Trial Reports

Los huesos hablan: Identifican los restos de tres personas desaparecidas en Los Cabitos

Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez (*)

Se sabe que, a lo largo de los años del conflicto armado interno, la base militar Los Cabitos —sede del Comando Político-Militar de Ayacucho— fue utilizada como centro de detención, tortura, ejecución y desaparición forzada.

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Puerta de entrada del cuartel Los CabitosPuerta de entrada del cuartel Los CabitosEstá el testimonio del ex agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, publicado en el libroMuerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, en el cual da cuenta que él mismo desenterró a unos 300 cuerpos de personas que habían sido ejecutadas en Los Cabitos y los incineró, ordenado por sus superiores para destruir las evidencias de las prácticas siniestras de las Fuerzas del Orden.

Está el Informe de la CVR, que da cuenta de testimonios de 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas, o asesinadas por las Fuerzas del Orden entre 1983 y 1984 en Los Cabitos.

Están los testimonios de los sobrevivientes y familiares que han testificado ante la Sala Penal Nacional en el proceso judicial de Los Cabitos 83, que comenzó en mayo de 2011. Unas quince personas han contado con detalle cómo fueron detenidas, llevadas a Cabitos, sometidas a varios tipos de torturas, entre ellos la violencia sexual, para luego ser liberadas cuando sus interrogadores se dieron cuenta de que “no tenían nada que ver” con Sendero Luminoso. También están los testimonios de los familiares que relataron, también ante el juzgado, como las Fuerzas del Orden llevaron a sus seres queridos a Los Cabitos y nunca más los volvieron a ver con vida.

Están las exhumaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) en Los Cabitos, en la zona llamada La Hoyada, entre 2005 y 2009, donde desenterraron más de 50 cuerpos enteros, y los restos parciales de unas 50 personas más. En la mayoría de casos, los cuerpos muestran claro signos de haber sido ejecutados a corta distancia, con balas en la cabeza, y con las manos atadas hacia la espalda. Hallaron, además, cuatro hornos —uno de ellos con restos humanos adentro— que habrían servido para la incineración de cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, así como los tubos que alimentaban los hornos de energía. Según las proyecciones del IML, podrían superar un millar las víctimas enterradas en Los Cabitos.

Juicio Cabitos - Audiencia en Ayacucho 24 agosto 2012Juicio Cabitos – Audiencia en Ayacucho 24 agosto 2012Ahora tenemos un nuevo elemento para afirmar que Los Cabitos fue un centro de detención, tortura y ejecución: luego de un largo proceso de exhumación y análisis, se ha podido identificar a tres de las personas cuyos restos fueron encontrados en La Hoyada. La noticia fue revelada el miércoles durante el juicio Los Cabitos 83, en el contexto de una audiencia sobre los hallazgos de las exhumaciones realizadas en la base militar.

El tribunal leyó un informe presentado por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) dando cuenta de la identificación. Según la doctora Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva de Aprodeh que representa a la parte civil en el juicio, dos de las personas identificadas fueron desaparecidas el año 1984, mientras que la otra, en 1985. Se revelaron los nombres de las tres personas que no reproducimos aquí por respeto a la privacidad de los familiares mientras procesan la información sobre el destino de sus seres queridos.

El juicio oral en proceso sólo comprende casos de 1983, por tanto las víctimas cuyas identidades han sido recuperadas no están dentro del proceso actual. El Ministerio Público solicitó al juzgado que remita el informe al fiscal supraprovincial de Ayacucho que tiene a su cargo la investigación de Cabitos 1984-85.

Sin embargo, la identificación de tres personas desaparecidas en Los Cabitos —las primeras identificaciones de los más de cien cuerpos exhumados del cuartel militar— tiene una relevancia para el caso actual, pues aporta nuevas evidencias materiales de la práctica sistemática de la desaparición por parte de las Fuerzas del Orden, práctica que comenzó en 1983 y se continuó utilizando a lo largo de la década de los 80. Confirma además de que sí es posible identificar a los desaparecidos, a pesar de que ha trascurrido más de dos décadas desde su desaparición. Eso, sin duda, va a generar una expectativa enorme entre los familiares de los más de 15.000 desaparecidos en el Perú.

Exhumaciones en Los Cabitos

Zona de la Hoyada, donde se halló uno de los hornos.Zona de la Hoyada, donde se halló uno de los hornos.Las identificaciones de las tres personas reveladas por el informe de EPAF se realizaron por medio del contraste de las muestras de ADN que fueron recolectando de los familiares de los desaparecidos con los restos óseos exhumados en La Hoyada. El proceso ha sido largo. El IML comenzó las exhumaciones en el 2005, y se tuvo que suspender el trabajo por un tiempo por falta de recursos. De nuevo entre 2007 y 2009 se continuó con el trabajo, con el resultado mencionado arriba: se encontraron los restos completos de más de 50 personas, y restos parciales de otros 50. En total, se habrían encontrado los restos de 109 personas.

En la audiencia del día miércoles, el arqueólogo forense del Equipo Forense del IML Luis Alberto Rueda dio cuenta de estos resultados. Presentó fotografías que ilustraban el trabajo de excavación y fosas halladas en el cuartel Los Cabitos, así como impactantes imágenes de los cuerpos completos de hombres, mujeres, niños y hasta fetos, arrojados en los hoyos o fosas. Casi todos tenía muestras de que habían sido ejecutados extrajudicialmente: orificios de balas en las cabezas, las manos atadas detrás de la espalda. En todas las fosas se hallaron balas o casquillos de balas dentro de los cuerpos o a su alrededor. Según el experto, los restos encontrados pertenecían a los años de 1980 a 1986, pues los objetos asociados que encontraron —monedas de 100 soles de oro— existieron sólo hasta 1986.

En otro sector se hallaron las fosas de los cuerpos incompletos, partes de manos y piernas mezcladas con piedras y cal. Estas eran fosas alteradas por el factor humano, pues en las paredes del entierro figuraban las improntas de instrumentos de labranza, utilizados para remover la tierra.

También se mostró pequeños hoyos de restos óseos expuestos al fuego. El arqueólogo manifestó que estos restos carbonizados estaban mezclados con otros objetos asociados como prótesis, fragmentos de una correa de reloj o el plástico derretido de zapatillas. En total, se registró 30 kilogramos de este material. Estos restos también se hallaron en el barranco ubicado al lado izquierdo de la trocha carrozable del penal Yanamilla, que une el cuartel Los Cabitos.

Rueda destacó el hallazgo de una fosa donde el cuerpo de la víctima yacía entre dos camas de leña, y encima una estructura de cemento. Los restos tenían evidencia de haber sido carbonizados, pero no se había logrado incinerar en su totalidad. Para el arqueólogo, fue un intento de incinerar al individuo dentro de la fosa, sin éxito. Probablemente, fue uno de los primeros intentos en la búsqueda del mejor método de desaparición de restos humanos en el cuartel.

Otra fotografía registró las cuatro estructuras de ladrillos —los hornos utilizados para incinerar los cadáveres— con ductos de tuberías de metal y un sistema eléctrico. Uno de los hornos mostró gran cantidad de cenizas y se hallaron restos humanos en estado de calcinación, aunque fue imposible determinar el número. Según Rueda, hubo evidencias del colapso intencional del horno, porque en la quebrada hallaron el arrojo de desmonte y ladrillos asociados, y en la trocha, un proceso de arrastre que los llevó a concluir que objetivo fue destruir el horno.

La urgencia de mayor investigación

Lo que hace evidente el trabajo de exhumación realizada por el IML y las identificaciones realizadas por EPAF es que se requiere mayor investigación para poder identificar a las 15,000 personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. A vísperas de los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, según EPAF, se ha podido identificar menos del 1% de los desaparecidos durante el conflicto armado interno, lo cual demuestra lo poco que se ha avanzado en esta tarea.

Falta exhumar en otras bases militares que formaron parte del circuito de represión, como los cuarteles de Totos, Churcapampa, Pampa Cangallo, entre otros. Las autoridades deberían declarar a todas las bases militares como zonas intangibles para prevenir la destrucción de evidencias, como ya ocurrió con La Casa Rosada, que fue el sede de Inteligencia Militar y el cuartel Los Cabitos, centro de reclusión, tortura y ejecución, que fue demolido y ahora hay una nueva construcción en su lugar. También se ha denunciado anteriormente que elementos desconocidos estaban promoviendo la invasión de la zona llamada La Hoyada para la construcción de viviendas. Por ello, y en vías de crear un espacio de conmemoración para las víctimas de Los Cabitos, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y el movimiento de derechos humanos han solicitado que La Hoyada sea declarada un santuario de memoria. También se requiere ampliar el trabajo de recolección y análisis de ADN de los familiares para tener un punto de contraste con los restos óseos encontrados.

La deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos

El Estado peruano tiene una deuda con los 15,000 desaparecidos que no termina de saldar. La CVR recomendó que el Estado diseñe e implemente un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos. No ha ocurrido. Las identificaciones reveladas en estos días de tres víctimas de la desaparición forzada en el cuartel militar Los Cabitos resalta la urgencia de que el Estado tome acción de manera urgente para resarcir el daño causado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y enterrar a sus seres queridos, y la sociedad tiene derecho a saber plenamente qué pasó durante los años oscuros del conflicto.

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Para más información sobre el juicio por el caso Los Cabitos 1983, vea los siguientes reportajes:

 

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro “Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori” (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011). (^^^)

* María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de un proyecto de investigación sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el Perú, están monitoreando varios juicios, entre ellos Los Cabitos 1983. Se puede acceder a información sobre el proyecto en la página web, Peru Human Rights Trials Project. (^^^)

Publicado originalmente en Noticias SER el 22 de marzo de 2013

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Trial Reports

“Olía como chicharrón”. Testigos de la muerte: La masacre de Accomarca

Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez*

“¡Reunión! ¡Asamblea!” gritaron los militares, relata Teófila Ochoa Lizarbe ante el tribunal. Sintió la voz de su madre temblar cuando vio a decenas de militares encapuchados y fuertemente armados, bajar por la ladera hacia Lloqllapampa, un poblado en el distrito de Accomarca. Entre los gritos, algunos militares dispararon al aire. Otros comenzaron a pasar casa por casa, instando a los comuneros a asistir a la supuesta reunión.

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© IPS Noticias© IPS NoticiasEra la mañana del día 14 de agosto de 1985. Después de ese día, la vida en Accomarca no sería la misma.

Silvestra Lizarbe, la mamá de Teófila, se puso a su hijo Edwin, de un año, en la espalda y se fue a la reunión con sus demás hijos, Víctor, Ernestina y Celestino, de8, 6 y 4 años respectivamente. Junto con su hermano Gerardo, de 11 años, Teófila, quien tenía 12, se quedó en la casa cuidando que los animales no ingresen, como le dijo su mama.

Desde allí, escondida para que los soldados no se percaten de ella, Teófila pudo observar lo que aconteció ese día: el cruel asesinato de más de 50 personas realizado por los comandos militares en el distrito de Accomarca.

Accomarca: La consecuencia de una estrategia constrasubversiva equivocada

A pesar del negacionismo del momento, ha sido ampliamente documentado que, sobre todo durante los primeros años del conflicto armado interno, las fuerzas armadas no supieron distinguir entre los militantes de los grupos subversivos y la población local, tendiendo a confundirlos. Eso llevó a una estrategia contrasubversiva que, buscando “quitarle el agua” (la población) “al pez” (los grupos subversivos), arrasaba con todo. Por ello, como registran los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, estudios académicos y el Informe Final de la CVR, el mayor número de muertos en los años tempranos del periodo de violencia, 1983 a 1985, se produjo en su mayoría por masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas armadas en un intento de erradicar los grupos subversivos. Sólo años después las mismas fuerzas armadas se darían cuenta de que esa estrategia era errada, que infundía miedo en la población, pero no necesariamente erradicaba la subversión.

Es imprescindible tener eso en cuenta, pues sino no se puede entender el horror que se vivió en Accomarca aquel día de agosto, hace 27 años, donde murieron por los menos 62 personas, 26 de ellos niños y muchas mujeres y ancianos.(1)

En 1985, Accomarca era considerada por el Ejército peruano como ‘zona roja’. Colindaba con las provincias de Fajardo y Cangallo, provincias que Sendero Luminoso consideraba como su “comité principal”. A su vez, en base a información proporcionada por un supuesto miembro de Sendero Luminoso capturado a inicios de agosto luego de un enfrentamiento, el servicio de inteligencia del Ejército peruano creía que existía una ‘Compañía Accomarca’ de Sendero Luminoso y que en la Quebrada de Huancayoc, ubicada en la parte alta de Lloqllapampa, funcionaba una Escuela Popular. De acuerdo a estas informaciones, se elaboró el Plan Operativo Huancayoc, donde se ordenaba “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la Quebrada de Huancayoc” (2). Esta operación estuvo al mando del General de Brigada EP Wilfredo Mori Orzo e incluyó al Estado Mayor Operativo de la Segunda División de Infantería del Ejército (3) y al Teniente Coronel de Infantería Ricardo Sotero Navarro como Jefe Político Militar de las provincias de Vilcashuamán, Cangallo y Víctor Fajardo. El plan fue ejecutado por cuatro patrullas del Ejército, dos de las cuales llegaron a la zona de los hechos el día 14 de agosto de 1985, las patrullas Lince 6 y Lince 7, jefaturadas por el Teniente de Artillería Juan Manuel Elías Rivera Rondón y el Subteniente Telmo Hurtado respectivamente. Todos ellos están siendo procesados por la masacre de Accomarca. (4)

Relatos del horror, desde los ojos de dos niñas

Los testigos de la masacre de Accomarca son en su mayoría personas que eran niños y niñas que lograron escapar o se escondieron de los militares, y presenciaron la matanza de sus familiares. Sin embargo no todos los que presenciaron los hechos van a testificar; para algunos, los recuerdos son muy dolorosos, otros aún tienen miedo. A pesar del miedo y el dolor, van a las audiencias, semana tras semana —el juicio comenzó hace dos años, en noviembre de 2010—. Muchos de ellos ahora viven en Lima, pues para salvar sus vidas tuvieron que huir de Ayacucho, pero no pueden huir del recuerdo de aquel día.

Esta crónica relata el testimonio de los dos primeros sobrevivientes que narraron sus historias al tribunal a cargo del caso, Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido. (5)

Cirila, al igual que Teófila, tenía 12 años en agosto de 1985. Desde su casa en Llanacuyo, ubicada en las alturas de Lloqllapampa, vio la masacre. Recuerda que era temprano, aproximadamente las siete de la mañana. Pudo ver cómo los militares rodearon la pampa, cómo entraron casa por casa gritando “¡asamblea, asamblea!”, y cómo sacaron a las mujeres con sus hijos, a los ancianos. La madre de Cirila, Fortunata Baldeón, también acudió a la reunión. Llevó con ella su hijo Edgar, de 8 meses. Cirila contó que su mamá tenía miedo, pero dijo que por ser mujer y por llevar un bebé no le harían daño.

Lo que pasó después es inimaginable para cualquiera, pero sobre todo para un niño o una niña. Teófila y Cirila relataron que vieron cómo, luego de reunir a los pobladores en la pampa, los militares comenzaron a golpearlos. Podían escuchar los ruegos de los pobladores pidiendo que no les peguen. También vieron cómo las mujeres jóvenes y las niñas eran separadas del grupo y llevadas por algunos militares hacia un árbol de molle que había en la zona. No pudieron ver que pasó, pero pudieron escucharlos gritos desgarradores de las mujeres.

De pronto, cuenta Cirila, los militares obligaron a los pobladores ingresar a la casa de adobe del señor César Gamboa y a las dos chozas que estaban a su costado. Una vez que estaban encerrados, los militares se ubicaron alrededor de las mismas en forma de una media luna y comenzaron a disparar. “La balacera sonaba como si estuvieran haciendo canchita, ¡pacpacpac!” recuerda Cirila. Luego oyó una explosión. Los militares se tiraron al suelo. Las chozas irrumpieron en llamas. El incendió comenzó a ahogar los dolorosos gritos y llantos de los pobladores, unos 50,ahí encerrados.

Otros militares volvieron a las casas para asegurar que no quedará vivo ningún poblador más. A la casa de Cirila no se acercaron, y desde su escondite pudo ver como mataron a varios comuneros, vecinos suyos. Sí entraron a la casa de Teófila. Al ver a los militares, salió huyendo junto a su hermano. Entre lágrimas, Teófila contó que su hermano corrió hacia arriba de la pampa, pero pudo ver que un soldado lo baleó y cayó muerto. Ella corrió hacia abajo y se escondió tras la roca de un huayco. Un militar la divisó, y de lejos le hizo un gesto con la mano para que se acerque. Aterrada, no se movió. El militar comenzó a dispararle, pero ella seguía escondida tras la roca. Cuando se dio cuenta que el militar se había ido, Teófila contó que quiso volver a Lloqllapampa para apagar el fuego de las casas. Al acercarse, vio que un militar asesinó a una señora que estaba tratando de apagar el fuego con un balde de agua. Era la señora Juliana Baldeón, a quien Cirila, escondida desde su casa, también vio cómo la mataron: ella relató cómo de lejos unos militares le dispararon, y al no alcanzarle las balas, uno de ellos se acercó y le disparó a quemarropa.

Al constatar que no podía volver a Lloqllapampa porque los militares seguían movilizándose por la zona, Teófila decidió esconderse en un árbol y pasar la noche allí, sola y aterrada. En la madrugada una prima suya que también había perdido a su madre en la masacre la encontró, y se fueron juntas a la casa de su abuelo en Chinchina.Cirila, aún en su escondite en su casa, vio más tardea los militares retirarse, caminando hacia Accomarca llevando animales, bultos y cargas.

Dos días después, el 16 de agosto, Cirila salió de su casa y fue con su padre al lugar de la masacre donde se encontraron con aproximadamente 18 sobrevivientes, entre ellos Teófila, quienes habían vuelto para buscar a sus seres queridos. Allí, encontraron la evidencia de lo que parecía una cruel pesadilla: los restos calcinados de sus familiares, pedazos de cabezas, piernas, brazos. Teófila dijo que encontró solo el torso de su madre.”De la cintura para abajo ya no había”, relató al tribunal, entre sollozos.

“Olía como chicharrón,” contó Cirila, “todo lleno de humo”. Los cuerpos estaban carbonizados, prácticamente irreconocibles. “De mi hermanito, algo encontramos, su cabeza y su botita reconocimos”. Cirila pudo observar en el suelo los casquillos de bala dejados por los militares al disparar las ráfagas a los comuneros encerrados en las casas. Algunos de los sobrevivientes más ancianos recogieron los casquillos y posteriormente los entregaron a la Comisión del Congreso que iría a investigar al Accomarca, después de un mes de ocurrida la masacre.

Con mantas los sobrevivientes envolvieron los restos que pudieron encontrar de sus familiares carbonizados y los enterraron en varias fosas de la pampa. El relato de estas escenas produjo el llanto de los familiares que acuden cada semana a la sala a participar en el juicio que han esperado —y por el cual han luchado— más de un cuarto de siglo.

Esperando justicia

Después de la masacre, Cirila no se fue inmediatamente de Accomarca, y eso casi le costó la vida. A inicios de setiembre, mientras lavaba la ropa en el camino, fue divisada por militares quienes empezaron a dispararle sin razón alguna. Luego de este hecho, su padre decidió enviarla a Lima. Por su lado, Teófila partió a Lima a las pocas semanas, porque en Ayacucho se quedó prácticamente sola. Relató que en la capital de la república sufrió mucha discriminación por ser quechua hablante y no pudo concluir sus estudios escolares.

Al finalizar su declaración, Teófila exhortó a los magistrados de que el juicio se acelere. Los sobrevivientes de la masacre han esperado 27 años para que se haga justicia, no sólo a los responsables materiales, sino también a las autoridades que tenían el deber de proteger a la población.

Teófila relató al tribunal que sigue afectada por los hechos ocurridos en Accomarca hace 27 años. Perdió su madre a una edad muy joven, y hasta el momento no ha podido enterrarla. De las 69 víctimas, el Estado ha devuelto los restos de sólo tres de ellas (6).

“Ni el oro ni la plata me van a devolver el amor de mi madre,” dijo Teófila al final de su testimonio. Los familiares que estuvieron en la audiencia ese día asintieron con la cabeza, afirmando su creencia, evidente a lo largo de su búsqueda a través de casi tres décadas, que la mejor forma de honrar a sus seres queridos es impartiendo justicia.

Notas:

 

*Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011). María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca como parte del proyecto de investigación, Peru Human Rights Trials Project.

 

1) Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Tomo VI, capítulo 1. “Patrones en la perpetración de los crimenes y de las violaciones de los derechos humanos,” y Tomo II, capítulo 1.3, “Los actores armados: Las fuerzas armadas”. Para trabajos académicos, véase: P. Mauceri, Militares, insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988, Lima, IEP, 1989; C.I. Degregori y C. Rivera Paz. Perú 1980.1993: Fuerzas Armada, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático. Lima, IEP, 1993; Las fuerzas armadas y el 5 de abril. La percepción de la amenaza subversiva como una motivivación golpista Lima, Documento de Trabajo No. 73, IEP, 1996; C. Tapia. Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, dos estrategias y un final. Lima: IEP, 1997; Rospigliosi, Fernando. Montesinos y las Fuerzas Armadas. Lima, IEP, 2000. Jo-Marie Burt, Violencia y Autoritarismo en el Perú, Capítulo 3; Lima, IEP, 2011. (^^^)

2) Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tomo VII, capítulo 2. “Las ejecuciones extrajudiciales en Accomarca (1985)”. (^^^)

3) Conformado por el Coronel de Infantería EP Nelson Gonzales Feria, el Teniente Coronel de Infantería EP César Gustavo Martínez Uribe Restrepo (G2) y el Teniente Coronel de Infantería EP Carlos Medina Delgado (G3). (^^^)

4) En total son 29 imputados, todos ellos militares, en el caso Accomarca. Sólo Telmo Hurtado está detenido; los demás militares están libres y tienen orden de comparecencia. David Castañeda, otro jefe de una de las unidades Lince, ha logrado evitar ser extraditado desde Estados Unidos. Telmo Hurtado fue extraditado en julio de 2011, y Rivera Rondón fue deportado de Estados Unidos en 2008. (^^^)

5) No es la primera vez que Teófila y Cirila asumen un rol protagónico en el caso de Accomarca. Con el apoyo legal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), una organización de litigio ubicada en San Francisco, California, el 11 de julio de 2007 Teófila interpuso ante la Corte Federal de Estados Unidos Corte del Distrito Sur de Florida una demanda contra Telmo Hurtado por asesinato extrajudicial, tortura, y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ambas participaron en el juicio oral y como bien lo plantea la CJA, las demandas interpuestas contribuyeron enormemente en la deportación de Rivera Rondón a Perú en agosto de 2008 y en la extradición de Hurtado en julio del 2011. En: http://www.cja.org/. (^^^)

6) Artículo Publicado en La República, el 14 de Octubre de 2012: “Solo restos de 3 de 69 víctimas de matanza de Accomarca han sido devueltos a sus familiares” (^^^)

 

Publicado en Noticias Ser el 14 de noviembre de 2012