Impunidad. Aprodeh advierte que de esa manera pedirán identificar a los autores directos; pero hubo una estrategia de detenciones y desapariciones.
Por María Elena Castillo y Elías Navarro
La desaparición de más de medio centenar de personas detenidas en 1984 por efectivos del cuartel del Ejército Los Cabitos, en Ayacucho, quedaría impune si la Fiscalía denuncia solo el crimen de Bruno Pérez Melgar y Edy Sulca Gómez, cuyos cuerpos fueron exhumados en las fosas halladas junto a la instalación militar.
“Han pasado once años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su informe y ahora quieren desarticular el caso patrón. Si lo hacen se pedirá identificar a los autores directos, cuando hubo una estrategia contrasubversiva que incluía detenciones, ejecuciones y desapariciones”, señaló.
Remarcó que, además, si la Fiscalía denuncia solo por los dos casos, los familiares de alrededor de 50 desaparecidos no podrán encontrar justicia.
Cano recordó que ya se hizo una primera división y actualmente hay un proceso judicial por la desaparición forzada y las torturas de 56 personas cometidas por personal de Los Cabitos en 1983; los casos de 1984 siguen pendientes.
Piden justicia
Los familiares de las víctimas mostraron su más profunda preocupación ante la posibilidad de que se judicialice el caso solo por los dos jóvenes cuyos cuerpos fueron identificados y se excluya a los que continúan como desaparecidos.
Roberto Sulca y Lucía Gómez esperaron 29 años para hallar a su hijo Edy, detenido el 10 de julio de 1984. Tenía 17 años y estudiaba en el quinto de secundaria. El año pasado, tras realizar la prueba de ADN, se lo devolvieron y ahora descansa en el cementerio, a las afueras de Huamanga.
Ambos continúan exigiendo justicia, pero no están de acuerdo en que la Fiscalía separe su caso de los demás.
“A Edy lo detuvieron en una batida cuando bajaba a la plaza de armas a tramitar su libreta militar. Los vecinos nos contaron que los militares se lo llevaron con otras personas. Lo buscamos en la Policía de Investigaciones, en la comisaría, en la Guardia Republicana, en el cuartel, y en todos nos negaron la detención. Su caso no es el único, hay otros muchos otros más”, dijo don Roberto.
A su lado, Natividad Barzola Prado, reclama por su hijo, Eloy Barrón, de 19 años, quien también estudiaba en el colegio. Una patrulla militar lo sacó de su casa en la madrugada del 27 de julio de 1984. Aún recuerda que antes de que se lo lleven, Eloy le dijo: “Mamá, no llores, soy inocente”.
“No es justo que la Fiscalía excluya a mi hijo ni a tantos desaparecidos. Han pasado tantos años y las madres estamos ancianas y enfermas, algunas han fallecido esperando justicia. ¿Lo mismo me va a pasar a mí?”, refirió indignada.
El mismo sentimiento tiene Esteban Canchari Cacñahuaray. Su hijo Gregorio Canchari Ayala fue detenido el 12 de marzo de 1984, cuando salía del colegio, después de rendir su examen de subsanación. Un vecino que estuvo en la “casa rosada” le dijo que lo vio allí, que lo torturaron como a él.
“Sigo buscando a mi hijo y pidiendo justicia. Si el fiscal no lo incluye con los demás desaparecidos, tendremos que acudir a la justicia internacional. No nos cansaremos”, dijo.
Pocos casos a nivel judicial
El coordinador del área jurídica del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló que la mayor parte de los casos que han llegado al Poder Judicial tienen allí entre cinco y siete años.
“El Ministerio Público no está presentando nuevos casos pese a que tienen varios cientos en investigación preliminar”, indicó.
Explicó que ello se debe a varias causas, como la falta de fiscales, pero también porque el Ministerio de Defensa no entrega la información que les solicitan para identificar a los responsables.
La mayor parte de denuncias por desaparición y tortura en el departamento de Ayacucho data de 1983 y 1984, sin embargo, solo las concernientes al primero de esos años han avanzado lo suficiente como para llegar a la etapa de juicio oral. A continuación presentamos los testimonios que dieron los sobrevivientes y los familiares de los ausentes ante la Sala Penal Nacional, instancia que dentro de tres a cuatro meses debe dictar sentencia.
Su declaración ante la Sala Penal Nacional, así como la de muchos otros familiares y víctimas, se recogen en el libro “Cuartel Los Cabitos: Lugar de horror y muerte”, editado por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que reúne los testimonios brindados en el proceso judicial iniciado en el 2005 y que se espera culmine dentro de tres o cuatro meses.
“Los militares sacaron a mi hijo y hasta el día de hoy está desaparecido, no es encontrado… Él tenía 19 años, había terminado el colegio y quería ingresar a la universidad”, relató en quechua doña Angélica, con la misma indignación con la que 31 años atrás denunció el secuestro de Arquímides.
“Sacaban a mi hijo de la casa. Lo cogí del cuerpo con toda mi fuerza. Los militares nos golpearon para que lo suelte y comenzaron a pisarme en el suelo, y a mi hijo lo subían a un carro del Ejército. Pero yo les pregunté adónde llevaban a mi hijo. Dijeron que a tomarle su manifestación al cuartel”, narró.
“Mañana vienes a la puerta del cuartel, te lo voy a entregar”, afirma que le dijeron. Pero le mintieron, pues nunca más lo volvió a ver.
Como prueba, “Mamá Angélica” mostró a los jueces un pedazo de papel que les entregó un soldado, a quien identificó como Rosalino Pujaico Quispe. En él, Arquímides suplicaba que lo saquen del establecimiento militar: “Mamá, por favor conseguir abogado y hacer el modo para que me pasen al juzgado, porque mi situación está bien complicado”, imploraba el joven en el mensaje.
“Quiero alcanzar la justicia. Quiero saber si mi hijo está vivo o muerto”, dijo ella al finalizar su declaración. Sobre su pecho, llevaba la fotografía y el nombre de su hijo desaparecido.
“NOS COLGARON”
El 5 de octubre, también de 1983, Armando Prado Chuchón dormía en la casa de unos compañeros de estudios, que en la madrugada fue allanada por un grupo de soldados. Lo cubrieron con una frazada y se lo llevaron junto con su amigo Jaime Gamarra, a quien quería como a un hermano. Supo que estaba en el cuartel Los Cabitos cuando escuchó el aterrizaje de aviones y el toque de cornetas militares. El 21 de junio del 2012 brindó detalles a la Sala sobre todos los horrores que sufrió.
“Nos llevaron directamente al baño, nos pegaron, nos maltrataron, no teníamos sentido de cómo estábamos –relató–. A los tres nos han pegado. En esa oportunidad nos separaron de mi hermano Jaime Gamarra. Nos decían: “¿Dónde están los terrucos que ustedes conocen?” y ¿a cuántos había matado? En el baño nos amarraron las manos y nos colgaron, nos pasaron electricidad por el dedo.
“Después de eso me entró una tembladera. Quedé semimuerto. Me pegaron, estaba lleno de sangre y hasta ahora permanece la lesión que me han hecho y por ese motivo no puedo trabajar actualmente. No volví a ver a Jaime”.
La Sala dejó constancia de que Armando presenta una lesión entre el abdomen y el diafragma, que consiste en una hinchazón, una cicatriz de tres centímetros en la cabeza, sobre la frente, y otra, de seis centímetros en el antebrazo, así como signos de haberse dislocado el codo.
“TE VAN A TOTURAR”
El 8 de noviembre de ese mismo 1983, un contingente militar ingresó a la casa de María Lourdes Noa Baldeón. Ella tenía entonces 17 años y estudiaba en el colegio Luis Carranza, de Huamanga. Poco importó eso. Igual la detuvieron y trasladaron a Los Cabitos, donde la sometieron a torturas y vejaciones sexuales.
Dio su declaración ante la Sala Penal Nacional el 22 de agosto del 2012 y fue uno de los más conmovedores.
“Eran militares, estaban encapuchados, tenían casacas, esos sacos verdes claros largos y con botas eran, y tenían sus armas también, armas grandes”, afirmó ante los magistrados, agregando que sus captores le increpaban. “Usted es terruca, terruca ya avísame qué camarada eres, avísame, a tres personas nomás hazme conocer, ahorita hazme conocer su casa y le voy a soltar, entonces, terruca”, le dijeron.
María Lourdes recordó que se desmayó, y al despertar le preguntó a otra joven que estaba detenida junto a ella, en qué lugar estaban.
-Cállate, cállate, no hables–, le respondió la muchacha que estaba encapuchada.
-¿Dónde estoy?-, insistió.
-En el cuartel.
-¿Y a qué hora me van a soltar?, preguntó María Lourdes con inocencia.
-¿Y por qué te han traído?, le preguntó la encapuchada.
-No sé, señorita, de mi casa me han sacado, no sé cuándo, me han dicho así. ¿Y a qué hora me va a soltar?, consulta nuevamente.
-No te van a soltar, te van a torturar, oyó por respuesta.
Precisamente eso ocurrió. Y así lo contó la joven a los jueces que conducían el proceso.
“Casi diez de la noche me sacó llamándome de mi nombre. Me llevó lejos para abajo, así para abajo lejos me ha llevado. De ahí me dice: “ya, desnúdate”. Me saqué todita mi ropa, me han hecho sacar todo, y me amarró así para atrás con soga. Bien, bien me amarró y me ha colgado para arriba.
Después de colgarme me jalaba de mi pie para abajo: “concha su madre, habla terruca, terruca habla, ¿qué camarada eres?”. Y esas fechas creo que hubo enfrentamiento por acá por Chamanapata dicen, un control más antes había pasado y me dice: “tú has participado en Chamanapata, en el asalto, a cuántos guardias has matado, terruca de mierda, habla, habla para bajarte”, relató.
“METIÓ BALA”
A inicios de noviembre de 1983, Sergio Cabezas Javier fue detenido por policías que realizaron un operativo tras un atentado cerca de su domilicio y trasladado luego al cuartel Los Cabitos. Entonces tenía 15 años, pero la experiencia fue tan terrible que no pudo contener las lágrimas cuando en agosto del 2012 declaró ante la Sala Penal.
“Pasando el arco de Los Cabitos, adentro, y ahí, a la mano izquierda, entramos a una casuchita… Habrá sido a las once de la noche, nos han sacado, así nombre por nombre y de ahí no sé a dónde nos llevaría de noche, como estábamos con capucha todo. … Me sacan los polos, me sacan los pantalones y primero me metieron electricidad: “…dame cuarenta nombres, veinte nombres, dame nombres”. Yo solo lloraba y lloraba y gritaba”, contó.
“Vi con mis ojos a una niña que lo ha traído… Le preguntaban a la niña: “¿cuántos años tienes?”; “tengo catorce, quince”, dijo la niña. “Ya de acá a una hora vas a tener dieciocho años”. Vi que lo han violado”, declaró Cabezas a los jueces.
“Nos llevan a un sitio que se llama Infiernillo. Nos sacaron en un carro, ese que lleva tropas color verde, a uno sobre otro, así como a papas, habremos sido más o menos siquiera unos veinte… Ahí nos ponen en fila, primero sin preguntar nada metió bala y uno de esos a la vista se ha caído, ¡pum! se ha caído al suelo. “Vas a hablar o no vas a hablar”. Y no hablaba nadie y ¡pum! ¡pum! así mataban”, dijo.
Sin duda, él tuvo la suerte de sobrevivir para contarla.
ENFOQUE
Aún tienen Esperanza de justicia
Gloria Cano Abogada y autora del libro sobre Los Cabitos
Los familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, así como los sobrevivientes a las torturas a las que fueron sometidos en el cuartel Los Cabitos, de Ayacucho, han pasado más de 30 años buscando justicia.
Desde que ocurrieron los hechos, los denunciaron ante el Ministerio Público, e intentaron llegar al Poder Judicial pero entonces no les hicieron caso, a veces por temor y otras muchas incluso se convirtieron en instrumento de impunidad.
Recién en el 2005, tras la denuncia que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se empezaron a investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en esa base militar. Han pasado nueve años y aún no hay sentencia.
Ha sido un largo camino, en el que familiares y víctimas han transitado e insistido con gran fortaleza. Pese al tiempo transcurrido nunca dejaron de tocar las puertas de la justicia, haciéndose escuchar, exigiendo que encuentren y les entreguen a sus muertos. Hasta ahora se han recuperado poco más de un centenar de restos enterrados junto al cuartel, pero solo se identificaron seis.
Es admirable que aún conserven la esperanza de alcanzar justicia. Pero esta no debe seguir demorando, pues cerca de una decena de familiares han muerto en ese intento.
CLAVES
Investigación. La fiscal Luz del Carmen Ibáñez tuvo a su cargo la investigación a nivel superior de las violaciones a derechos humanos cometidas en el cuartel Los Cabitos durante 1983, así como determinar la responsabilidad de los autores mediatos.
Reto. En el libro “Cuartel Los Cabitos: Lugar de horror y muerte”, la magistrada indica que lo que pasó en esa instalación militar fue una ejecución sistemática de las políticas estatales de la época y las estrategias tácticas militares decididas por el alto mando militar y el comando político militar asentado ese año en Huamanga.
Legalidad. En este proceso se aplicó el derecho internacional al que Perú está vinculado jurídicamente para declarar que se trataba de delitos de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben,
Se sabe que, a lo largo de los años del conflicto armado interno, la base militar Los Cabitos —sede del Comando Político-Militar de Ayacucho— fue utilizada como centro de detención, tortura, ejecución y desaparición forzada.
Puerta de entrada del cuartel Los CabitosEstá el testimonio del ex agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, publicado en el libroMuerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, en el cual da cuenta que él mismo desenterró a unos 300 cuerpos de personas que habían sido ejecutadas en Los Cabitos y los incineró, ordenado por sus superiores para destruir las evidencias de las prácticas siniestras de las Fuerzas del Orden.
Está el Informe de la CVR, que da cuenta de testimonios de 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas, o asesinadas por las Fuerzas del Orden entre 1983 y 1984 en Los Cabitos.
Están los testimonios de los sobrevivientes y familiares que han testificado ante la Sala Penal Nacional en el proceso judicial de Los Cabitos 83, que comenzó en mayo de 2011. Unas quince personas han contado con detalle cómo fueron detenidas, llevadas a Cabitos, sometidas a varios tipos de torturas, entre ellos la violencia sexual, para luego ser liberadas cuando sus interrogadores se dieron cuenta de que “no tenían nada que ver” con Sendero Luminoso. También están los testimonios de los familiares que relataron, también ante el juzgado, como las Fuerzas del Orden llevaron a sus seres queridos a Los Cabitos y nunca más los volvieron a ver con vida.
Están las exhumaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) en Los Cabitos, en la zona llamada La Hoyada, entre 2005 y 2009, donde desenterraron más de 50 cuerpos enteros, y los restos parciales de unas 50 personas más. En la mayoría de casos, los cuerpos muestran claro signos de haber sido ejecutados a corta distancia, con balas en la cabeza, y con las manos atadas hacia la espalda. Hallaron, además, cuatro hornos —uno de ellos con restos humanos adentro— que habrían servido para la incineración de cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, así como los tubos que alimentaban los hornos de energía. Según las proyecciones del IML, podrían superar un millar las víctimas enterradas en Los Cabitos.
Juicio Cabitos – Audiencia en Ayacucho 24 agosto 2012Ahora tenemos un nuevo elemento para afirmar que Los Cabitos fue un centro de detención, tortura y ejecución: luego de un largo proceso de exhumación y análisis, se ha podido identificar a tres de las personas cuyos restos fueron encontrados en La Hoyada. La noticia fue revelada el miércoles durante el juicio Los Cabitos 83, en el contexto de una audiencia sobre los hallazgos de las exhumaciones realizadas en la base militar.
El tribunal leyó un informe presentado por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) dando cuenta de la identificación. Según la doctora Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva de Aprodeh que representa a la parte civil en el juicio, dos de las personas identificadas fueron desaparecidas el año 1984, mientras que la otra, en 1985. Se revelaron los nombres de las tres personas que no reproducimos aquí por respeto a la privacidad de los familiares mientras procesan la información sobre el destino de sus seres queridos.
El juicio oral en proceso sólo comprende casos de 1983, por tanto las víctimas cuyas identidades han sido recuperadas no están dentro del proceso actual. El Ministerio Público solicitó al juzgado que remita el informe al fiscal supraprovincial de Ayacucho que tiene a su cargo la investigación de Cabitos 1984-85.
Sin embargo, la identificación de tres personas desaparecidas en Los Cabitos —las primeras identificaciones de los más de cien cuerpos exhumados del cuartel militar— tiene una relevancia para el caso actual, pues aporta nuevas evidencias materiales de la práctica sistemática de la desaparición por parte de las Fuerzas del Orden, práctica que comenzó en 1983 y se continuó utilizando a lo largo de la década de los 80. Confirma además de que sí es posible identificar a los desaparecidos, a pesar de que ha trascurrido más de dos décadas desde su desaparición. Eso, sin duda, va a generar una expectativa enorme entre los familiares de los más de 15.000 desaparecidos en el Perú.
Exhumaciones en Los Cabitos
Zona de la Hoyada, donde se halló uno de los hornos.Las identificaciones de las tres personas reveladas por el informe de EPAF se realizaron por medio del contraste de las muestras de ADN que fueron recolectando de los familiares de los desaparecidos con los restos óseos exhumados en La Hoyada. El proceso ha sido largo. El IML comenzó las exhumaciones en el 2005, y se tuvo que suspender el trabajo por un tiempo por falta de recursos. De nuevo entre 2007 y 2009 se continuó con el trabajo, con el resultado mencionado arriba: se encontraron los restos completos de más de 50 personas, y restos parciales de otros 50. En total, se habrían encontrado los restos de 109 personas.
En la audiencia del día miércoles, el arqueólogo forense del Equipo Forense del IML Luis Alberto Rueda dio cuenta de estos resultados. Presentó fotografías que ilustraban el trabajo de excavación y fosas halladas en el cuartel Los Cabitos, así como impactantes imágenes de los cuerpos completos de hombres, mujeres, niños y hasta fetos, arrojados en los hoyos o fosas. Casi todos tenía muestras de que habían sido ejecutados extrajudicialmente: orificios de balas en las cabezas, las manos atadas detrás de la espalda. En todas las fosas se hallaron balas o casquillos de balas dentro de los cuerpos o a su alrededor. Según el experto, los restos encontrados pertenecían a los años de 1980 a 1986, pues los objetos asociados que encontraron —monedas de 100 soles de oro— existieron sólo hasta 1986.
En otro sector se hallaron las fosas de los cuerpos incompletos, partes de manos y piernas mezcladas con piedras y cal. Estas eran fosas alteradas por el factor humano, pues en las paredes del entierro figuraban las improntas de instrumentos de labranza, utilizados para remover la tierra.
También se mostró pequeños hoyos de restos óseos expuestos al fuego. El arqueólogo manifestó que estos restos carbonizados estaban mezclados con otros objetos asociados como prótesis, fragmentos de una correa de reloj o el plástico derretido de zapatillas. En total, se registró 30 kilogramos de este material. Estos restos también se hallaron en el barranco ubicado al lado izquierdo de la trocha carrozable del penal Yanamilla, que une el cuartel Los Cabitos.
Rueda destacó el hallazgo de una fosa donde el cuerpo de la víctima yacía entre dos camas de leña, y encima una estructura de cemento. Los restos tenían evidencia de haber sido carbonizados, pero no se había logrado incinerar en su totalidad. Para el arqueólogo, fue un intento de incinerar al individuo dentro de la fosa, sin éxito. Probablemente, fue uno de los primeros intentos en la búsqueda del mejor método de desaparición de restos humanos en el cuartel.
Otra fotografía registró las cuatro estructuras de ladrillos —los hornos utilizados para incinerar los cadáveres— con ductos de tuberías de metal y un sistema eléctrico. Uno de los hornos mostró gran cantidad de cenizas y se hallaron restos humanos en estado de calcinación, aunque fue imposible determinar el número. Según Rueda, hubo evidencias del colapso intencional del horno, porque en la quebrada hallaron el arrojo de desmonte y ladrillos asociados, y en la trocha, un proceso de arrastre que los llevó a concluir que objetivo fue destruir el horno.
La urgencia de mayor investigación
Lo que hace evidente el trabajo de exhumación realizada por el IML y las identificaciones realizadas por EPAF es que se requiere mayor investigación para poder identificar a las 15,000 personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. A vísperas de los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, según EPAF, se ha podido identificar menos del 1% de los desaparecidos durante el conflicto armado interno, lo cual demuestra lo poco que se ha avanzado en esta tarea.
Falta exhumar en otras bases militares que formaron parte del circuito de represión, como los cuarteles de Totos, Churcapampa, Pampa Cangallo, entre otros. Las autoridades deberían declarar a todas las bases militares como zonas intangibles para prevenir la destrucción de evidencias, como ya ocurrió con La Casa Rosada, que fue el sede de Inteligencia Militar y el cuartel Los Cabitos, centro de reclusión, tortura y ejecución, que fue demolido y ahora hay una nueva construcción en su lugar. También se ha denunciado anteriormente que elementos desconocidos estaban promoviendo la invasión de la zona llamada La Hoyada para la construcción de viviendas. Por ello, y en vías de crear un espacio de conmemoración para las víctimas de Los Cabitos, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y el movimiento de derechos humanos han solicitado que La Hoyada sea declarada un santuario de memoria. También se requiere ampliar el trabajo de recolección y análisis de ADN de los familiares para tener un punto de contraste con los restos óseos encontrados.
La deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos
El Estado peruano tiene una deuda con los 15,000 desaparecidos que no termina de saldar. La CVR recomendó que el Estado diseñe e implemente un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos. No ha ocurrido. Las identificaciones reveladas en estos días de tres víctimas de la desaparición forzada en el cuartel militar Los Cabitos resalta la urgencia de que el Estado tome acción de manera urgente para resarcir el daño causado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y enterrar a sus seres queridos, y la sociedad tiene derecho a saber plenamente qué pasó durante los años oscuros del conflicto.
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Para más información sobre el juicio por el caso Los Cabitos 1983, vea los siguientes reportajes:
* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro “Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori” (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011). (^^^)
* María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de un proyecto de investigación sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el Perú, están monitoreando varios juicios, entre ellos Los Cabitos 1983. Se puede acceder a información sobre el proyecto en la página web, Peru Human Rights Trials Project. (^^^)
Identificado. El cuerpo de Edy Sulca descansa en 
