- Impunidad. Aprodeh advierte que de esa manera pedirán identificar a los autores directos; pero hubo una estrategia de detenciones y desapariciones.
Por María Elena Castillo y Elías Navarro
La desaparición de más de medio centenar de personas detenidas en 1984 por efectivos del cuartel del Ejército Los Cabitos, en Ayacucho, quedaría impune si la Fiscalía denuncia solo el crimen de Bruno Pérez Melgar y Edy Sulca Gómez, cuyos cuerpos fueron exhumados en las fosas halladas junto a la instalación militar.
Identificado. El cuerpo de Edy Sulca descansa en
el cementerio a las afueras de Huamanga
© La RepúblicaEl fiscal supraprovincial de Huancavelica y Ayacucho, Juan Manuel Borja, le informó a la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, que así lo harán.
“Han pasado once años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su informe y ahora quieren desarticular el caso patrón. Si lo hacen se pedirá identificar a los autores directos, cuando hubo una estrategia contrasubversiva que incluía detenciones, ejecuciones y desapariciones”, señaló.
Remarcó que, además, si la Fiscalía denuncia solo por los dos casos, los familiares de alrededor de 50 desaparecidos no podrán encontrar justicia.
Cano recordó que ya se hizo una primera división y actualmente hay un proceso judicial por la desaparición forzada y las torturas de 56 personas cometidas por personal de Los Cabitos en 1983; los casos de 1984 siguen pendientes.
Piden justicia
Los familiares de las víctimas mostraron su más profunda preocupación ante la posibilidad de que se judicialice el caso solo por los dos jóvenes cuyos cuerpos fueron identificados y se excluya a los que continúan como desaparecidos.
Roberto Sulca y Lucía Gómez esperaron 29 años para hallar a su hijo Edy, detenido el 10 de julio de 1984. Tenía 17 años y estudiaba en el quinto de secundaria. El año pasado, tras realizar la prueba de ADN, se lo devolvieron y ahora descansa en el cementerio, a las afueras de Huamanga.
Ambos continúan exigiendo justicia, pero no están de acuerdo en que la Fiscalía separe su caso de los demás.
“A Edy lo detuvieron en una batida cuando bajaba a la plaza de armas a tramitar su libreta militar. Los vecinos nos contaron que los militares se lo llevaron con otras personas. Lo buscamos en la Policía de Investigaciones, en la comisaría, en la Guardia Republicana, en el cuartel, y en todos nos negaron la detención. Su caso no es el único, hay otros muchos otros más”, dijo don Roberto.
A su lado, Natividad Barzola Prado, reclama por su hijo, Eloy Barrón, de 19 años, quien también estudiaba en el colegio. Una patrulla militar lo sacó de su casa en la madrugada del 27 de julio de 1984. Aún recuerda que antes de que se lo lleven, Eloy le dijo: “Mamá, no llores, soy inocente”.
“No es justo que la Fiscalía excluya a mi hijo ni a tantos desaparecidos. Han pasado tantos años y las madres estamos ancianas y enfermas, algunas han fallecido esperando justicia. ¿Lo mismo me va a pasar a mí?”, refirió indignada.
El mismo sentimiento tiene Esteban Canchari Cacñahuaray. Su hijo Gregorio Canchari Ayala fue detenido el 12 de marzo de 1984, cuando salía del colegio, después de rendir su examen de subsanación. Un vecino que estuvo en la “casa rosada” le dijo que lo vio allí, que lo torturaron como a él.
“Sigo buscando a mi hijo y pidiendo justicia. Si el fiscal no lo incluye con los demás desaparecidos, tendremos que acudir a la justicia internacional. No nos cansaremos”, dijo.
Pocos casos a nivel judicial
El coordinador del área jurídica del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló que la mayor parte de los casos que han llegado al Poder Judicial tienen allí entre cinco y siete años.
“El Ministerio Público no está presentando nuevos casos pese a que tienen varios cientos en investigación preliminar”, indicó.
Explicó que ello se debe a varias causas, como la falta de fiscales, pero también porque el Ministerio de Defensa no entrega la información que les solicitan para identificar a los responsables.
Publicado en La República el 31 de agosto de 2014