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Amnistía Internacional pide a candidatos garantizar reparaciones a víctimas de esterilización

La representante de Amnistía Internacional en Perú pidió que se implemente un Plan Nacional de Derechos Humanos para resarcir a las víctimas del periodo de violencia.

aministia intl. reparaciones esterilizacion forzadaLa RepublicaLa organización Amnistía Internacional pidió a los candidatos presidenciales incluir propuestas sobre la búsqueda de desaparecidos durante el periodo de violencia (1980-2000) así como el pago de reparaciones civiles para las víctimas de esterilizaciones forzadas.

La representante de esta organización en el Perú, Marina Navarro, explicó que estos aspectos forman parte de las seis medidas que proponen para implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Navarró pidió una política integral de reparaciones para las víctimas y de investigación de la Fiscalía para hacer efectivo el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).

En cuanto a las medidas para erradicar la impunidad y resarcir a las víctimas, sostuvo que plantean implementar una ley de búsqueda de personas desaparecidas, dar prioridad a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y establecer un plan de acción con claras responsabilidades.

“No es posible que en el Perú haya personas que llevan 30 años buscando a sus familiares sin que el Estado haya hecho absolutamente nada para resolverlo. No hay una ley de búsqueda de desaparecidos”, señaló.

Señaló, en otro momento, que la siguiente gestión debe comprometerse a respetar el derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, a fin de que las comunidades puedan ejercer “un consentimiento previo, libre e informado” sobre temas que les afectan.

Por otro lado, declaró que se deben adoptar medidas claras y no discriminatorias que faculten el libre acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, así como el acceso a todos los métodos anticonceptivos para toda la población, incluyendo los jóvenes.

Por último, manifestó que el próximo presidente deberá cumplir con todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. (Con información de Andina)

Publicado por: La Republica

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“Vamos a buscar, a cada uno de los 15 mil desaparecidos”

Verónika Mendoza llegó a Ayacucho donde anunció que en su gobierno se efectuarán las acciones necesarias para la búsqueda de las más de 15 mil personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000.

Vero.pevero.peLa candidata del Frente Amplio se reunió con las madres de la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (Anfasep).

“No estarán más solas. Los vamos a buscar, a cada uno de los más de 15 mil desaparecidos”, prometió Verónika Mendoza quien se dirigió a La Hoyada donde sostuvo que garantizará la construcción del Santuario de la Memoria. Como se recuerda en la zona funcionaba el cuartel ‘’Los Cabitos’’, principal centro de detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

‘’Gracias a las mamás de la Asociación de familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos (ANFASEP) por su valentía y perseverancia para encontrar justicia, reparaciones y los cuerpos de sus familiares para sanar la herida aún abierta’’, sostuvo en emotivo mensaje.

‘’¡Cómo es posible que el Estado peruano no esté buscando a nuestros desaparecidos! Implementaremos una política de búsqueda de desaparecidos con  presupuesto y cronograma. Esas 15 mil personas nos hacen falta’’, señaló la candidata del Frente Amplio.

Verónika Mendoza también anunció el fortalecimiento de la política de reparaciones integrales para las víctimas del conflicto armado interno con más presupuesto y facilidad de acceso a programas de salud, educación, entre otros.

Asimismo, apoyo legal para mujeres víctimas de la violencia sexual en ese periodo, pues existen más de 4000 casos registrados y ninguna sentencia.

En ese sentido, Verónika Mendoza hizo un llamado a los demás candidatos a la Presidencia para que firmen un ‘Compromiso por la Memoria’, con el objetivo de que no queden impunes los casos de violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la época de violencia interna y se restituya a los deudos los restos de sus familiares desaparecidos.

Publicado por: vero.pe

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La memoria de Oronqoy

El equipo forense que investiga restos de víctimas de los años de violencia interna instaló por primera vez un laboratorio fuera de la ciudad de Huamanga. En octubre, el poblado de Oronqoy albergó a los peritos del Ministerio Público que tomaron muestras para identificar a sus familiares.

Por: Max Cabello

Imagen La RepúblicaImagen La RepúblicaCae la noche en Oronqoy. El aire helado de la cordillera ayacuchana, a 3,700 m.s.n.m., se cuela por las ventanas sin vidrio de la futura posta del pueblo. Las paredes de adobe son lo más parecido al revestimiento de una congeladora para los cinco forenses que ahora mismo trabajan en este lugar. Analizan. Reconstruyen osamentas. Ordenan vértebras, las arman y las desarman. Toman un cráneo. Sujetan parte de una pelvis. Trabajan en un ambiente amplio, deshabitado, sobre tres mesas blancas. Van vestidos con batas de plástico celeste, con guantes y máscaras. Llevan nueve días sin parar y tienen otros dos días de trabajo por delante.

Los miembros del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público llegaron hasta Oronqoy el 20 de octubre. Su misión era identificar los restos de las víctimas de una matanza ocurrida en el anexo conocido como Estacayoc. Era la primera vez que dejaban el laboratorio que tienen instalado en Huamanga. La histórica primera vez que las pericias a restos de víctimas de la violencia interna se desarrollaban en el propio escenario de los hechos.

En agosto, los pobladores de la comunidad se opusieron a que los restos de sus familiares se trasladaran hasta la capital ayacuchana, posteriormente firmaron un acuerdo con el Ministerio Público. No era un simple capricho. Son doce horas las que separan a Oronqoy de Huamanga. Se empieza a pie, durante unas cinco horas, por un camino serpenteante y de bajada. Luego se continúa en las tolvas de camionetas station wagon, del puente Kutinachaka hasta Andahuaylas (Apurímac) y de allí a Huamanga.

Esta descripción, claro, es cablegráfica. Apenas detalla la odisea que significa trasladar los restos de seres humanos durante ocho horas, cerro abajo. Y el regreso a Oronqoy es todavía más duro.

El Puente Kutinachaka (1,250 m.s.n.m.) cruza el caudoloso río Pampas, que sirve de límite natural entre Apurímac y Ayacucho. Frente a él se ubica una pared rocosa sobre la que se ha trazado un caprichoso camino de herradura que tiene más de cien curvas y al que se conoce como Dientes de Tiburón.

El sol aparece a las nueve de la mañana en este lugar. A las diez el calor es tan intenso que cada paso resulta agotador. Hasta las tres de la tarde, la temperatura del ambiente es de 28 grados. Incluso los más preparados le temen a este camino. Los lugareños siempre cuentan la historia de un oficial del ejército que se llenó de ampollas en los pies, cayó al río Pampas y tuvo que ser rescatado. Una vez repuesto, el militar, fuera de sí, tomó su arma y descargó todas las balas que tenía en la cacerina. “Cerro maldito, me has sacado la mierda”, repetía ante los ojos incrédulos de los comuneros.

Desde que los peritos llegaron, una casa ubicada en la placita de Oronqoy sirve provisionalmente de almacén para las almas. Antes de partir, el fiscal Juan Manuel Borjas, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho y Huancavelica, pidió a los deudos y vecinos que no la abrieran. Por si acaso, puso un candado. No era necesario: para la población de Oronqoy lo importante es la celeridad en los análisis e identificación de los restos de las víctimas.

El horror de los 80

Oronqoy está ubicado en el extremo este del distrito de Chungui, provincia de La Mar, en la zona conocida como Oreja de perro. La CVR ha detallado en su informe final que este lugar fue uno de los principales escenarios del fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden. Todo empezó en 1980, cuando profesores subversivos empezaron a adoctrinar a los estudiantes de todos los anexos de Oreja de Perro. En 1981, la policía y los ronderos se instalaron por unos meses en Oronqoy. En 1982, la Guardia Republicana torturó y asesinó al estudiante Valerio Flores. Un año después, Sendero asesinó a cuatro comuneros. En el 84, las fuerzas del orden mataron a 29 comuneros acusados de subversivos. Y en el 86, 31 pobladores de Oronqoy y Chillihua, refugiados en la zona de Chaupimayo, fueron asesinados por militares de la base de Pallqas.

Toda esta historia ha generado temor y recelo entre los pobladores de Oronqoy. No quieren, por ejemplo, que se les asocie con Chungui. Ellos dicen que desde este lugar venían los militares a matar a sus familiares. Por eso viven a espaldas de la capital de su distrito, son la periferia, se sienten parte de ella.

Tampoco recuerdan cuándo ocurrieron las matanzas de las que fueron víctimas sus parientes. Pero Estacayoc es algo que no olvidan. Está a dos horas del pueblo, es una pequeña planicie que albergó una estancia y una casucha en la que se refugiaron unas cuarenta personas.

Rosilda Orihuela Huamán (52) tenía 17 años cuando pasó todo. Era el verano de 1985, los sinchis (agentes de la Guardia Civil) irrumpieron en la celebración del carnaval e hicieron disparos. Empezó entonces lo que se conoce como una “retirada”: Dos mandos senderistas obligaron a “escapar” a parte de la población hasta Estacayoc. Se quedaron allí un año entero. Comían calabazas y raíces. Cuando los senderistas se enteraron que los sinchis los estaban cercando, huyeron y ordenaron a las mujeres y niños que no se movieran de la estancia, que la policía no los atacaría. Pero se equivocaron. Rosilda sobrevivió porque el día del ataque dejó el campamento para pastear unos animales. Perdió a cinco hermanos y a su madre. Hoy, a sus 52 años, le cuesta caminar. Las rodillas le duelen. “Es por mis penas, señor”, me responde. Ella no se acercó a la exhumación de los cuerpos de Estacayoc. No quería volver a sentir tanta tristeza.

Máximo Lima vio a lo lejos la masacre de Estacayoc, desde Tastabamba un centro poblado vecino. Recuerda que se veía una bengala y luego el fuego que consumió la casa. Al día siguiente, Máximo encontró la casa quemada y los cuerpos ardiendo. “Habían niños muertos, hombres con las manos atadas, como Justiniano Azpuro, la señora Isabel Velásquez (…) Los que llegaron de curiosos derrumbaron las paredes para cubrir los cuerpos. Volvieron una semana después y se dieron cuenta que pumas y zorros se estaban comiendo los cuerpos”.

La búsqueda por sobrevivientes continuó. Máximo recuerda un hallazgo milagroso. Cerca de un punto de agua, a 300 metros de la estancia encontraron el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Teodosia Orihuela. Tenía una bala a la altura del abdomen. Su hijo de cuatro años dormía entre sus brazos. Había sobrevivido comiendo tallos de oca. Un pariente de Máximo lo recogió. El niño se llamaba Rommel. Según el testigo, ahora vive fuera del país, con otra identidad.

A las demás víctimas las enterraron como pudieron, las cubrieron con un poco de tierra y huyeron. Convivían con el temor.

Por todo esto, Braulio Orihuela, alcalde de Oronqoy, no quiere que los restos de sus familiares estén perdidos, desperdigados en los rincones, entre los cerros.

“Queremos que estén en un solo lugar. Acá, en Oronqoy. Si los llevan hasta Huamanga cómo los recuperaríamos. A veces no hay plata ni para los cajones, cómo los traeríamos desde allí”.

La población piensa igual que Orihuela. Por eso exigieron que se instalara el laboratorio del Ministerio Público en su comunidad ni bien concluyeron las exhumaciones en Estacayoc (el 26 de agosto), donde se habrían recuperado 39 cuerpos.

Son respetuosos de sus muertos. Apenas se acercan al laboratorio que por ahora permanece cerrado. Esperan resultados. Esperan la verdad.

Publicado originalmente en La República, el 06 de diciembre de 2015, ver aquí.

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Hualla duerme sobre huesos

El luto no termina en este pueblo ayacuchano, decenas de familias aún buscan a los que desaparecieron en el conflicto armado de los ochenta. Las viudas y los huérfanos conviven con exsenderistas y exmilitares en un pacto de silencio.

La RepublicaLa RepublicaUnos niños juegan entre las cruces del cementerio de Hualla, en Ayacucho. Juegan a la guerra. El niño vestido con un disfraz de soldado le apunta a la niña con un fusil de madera: ¡Bang, bang! Metros más allá, como en comparsa, un grupo de hombres y mujeres caminan llevando flores en las manos. Deambulan entre las cruces plantadas en la pampa sin detenerse en ninguna, pues no tienen tumba. Tienen muertos –o presumen que los tienen–, pero no tienen dónde dejarles las flores.
Son los familiares de los desaparecidos del conflicto armado interno, almas en pena que lloran a sus difuntos, que en el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas perdieron algún pariente de la forma más cruel: un día el papá, la hermana, el tío estaba, al día siguiente ya no, se lo habían llevado a rastras, como a un animal, quién sabe a dónde.

ZONA ROJA
San Pedro de Hualla es un pueblo enclavado en la puna del sur de Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo. De día no hay mucho movimiento, la gente se va a trabajar a sus chacras a las cuatro de la mañana y regresa al atardecer. Por la noche, lo único que da vida al pueblo es la televisión por cable y los cantos en las iglesias evangélicas (más de la mitad de la población que era católica antes del conflicto ha cambiado de fe).

El paisaje de ahora es muy diferente al de los años ochenta. En esa época Hualla era considerada “zona roja”. Como otras tantas comunidades de esta parte del país, fue tomada por Sendero Luminoso. Todos debían colaborar con los subversivos, si no los mataban. Al propio alcalde lo ejecutaron de un tiro en la cabeza bajo el campanario de la iglesia. En 1983 llegaron los militares para dar el contragolpe. Se instalaron varias bases contrasubersivas. Hualla quedó sitiada y se inició una guerra sin cuartel en la que se esfumaron para siempre decenas de huallinos.

MAPA MACABRO
Han pasado más de tres décadas y, salvo en las borracheras o en la intimidad del hogar, en el pueblo no se habla del tema. Sin embargo, nadie puede desligarse de los fantasmas del pasado, sobre todo los familiares de los desaparecidos que con el devenir del tiempo se han resignado a la idea de que nunca los volverán a ver con vida.

Hualla es uno de los lugares del Perú donde hay más gente que espera que le devuelvan el cuerpo de sus parientes o lo que quedó de ellos. Aquí conviven 74 familias de desaparecidos, las viudas y los huérfanos que no pueden cerrar el duelo, que siguen buscando respuestas.

Édgar Choccña vio a los 9 años cómo se llevaban a su padre Rufino Choccña en un camión lleno de detenidos a la Base Militar de Canaria (a una hora de Hualla), un domingo 13 de mayo de 1983. Nunca más lo volvió a ver. Hoy el terreno de la base ha sido lotizado para construir conjuntos habitacionales: “He ido y he preguntado –dice el profesor Édgar–, los pobladores dicen que ahí hay entierros, incluso a las chicas les fastidian diciéndoles que si escarban van a encontrar huesitos de las manos de los muertos. Posiblemente a mi papá lo hayan enterrado ahí, aunque otros cuentan que lo aniquilaron en una iglesia abandonada en el poblado de Taca y que llevaron el cadáver en varios viajes a los socavones de una mina”. Según el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), 58 huallinos desaparecieron en Canaria entre 1983 y 1984.

Al igual que Choccña, otros deudos han trazado el mapa macabro de los posibles lugares donde podrían estar enterrados los restos de sus familiares. Los pobladores están convencidos de que Hualla duerme sobre fosas comunes.

VIVIR SOBRE FOSAS
Al pie del poblado, en una pampa que hoy rebosa de verde, se ve lo que quedó de la Base Militar de Chimpampa. Son paredes de techo alto. “Aquí había un horno y allá una capilla. Aquí había una torre alta de centinelas, allá los militares construyeron un calabozo subterráneo que llenaban de agua y era donde metían a los detenidos para torturarlos”, cuenta el agricultor Marino Oré a modo de tour macabro. Hoy Chimpampa es un apacible vivero municipal. Marino dice que veía todo lo que hacían los militares con los detenidos desde su casa que quedaba al frente de la base.

Al igual que en Canaria, los militares traían aquí a todo el que consideraban sospechoso. Dieciséis huallinos cruzaron el portón del cuartel. No se les vio más. Uno de ellos fue el esposo de Juana Crisante, Fortunato Méndez. La viuda sostiene una fotografía de él mientras camina sobre la ex base militar y escucha desconcertada la narración de Oré: “Aquí había una pampita donde los militares hacían sus prácticas de tiro, después la convirtieron en fosas. Sí, de día aparecían los montoncitos de tierra”. Si lo que dice Oré es cierto, posiblemente Juana esté parada sobre los restos de su marido.

El anciano Darío Inca es uno de los pocos que sobrevivió a Chimpampa. Néstor Valenzuela, familiar de otro desaparecido, lo oye hablar en quechua y traduce: “Cuenta que los militares lo sacaron de su casa una noche, lo llevaron a la base con otros diez, le vendaron los ojos y lo metieron al pozo lleno de agua hasta las axilas, al rato lo sacaron y lo golpearon. A los ocho días lo soltaron porque su esposa les llevó a los militares dos cabras de regalo”.

A Inca le tiembla la mitad del cuerpo. Para caminar debe sostenerse de un bastón. Su cojera es producto de la golpiza que le dieron los militares mientras estuvo secuestrado. Hoy, que hubo un desfile escolar en Hualla, la municipalidad le regaló una silla de ruedas. Es la única indemnización que ha recibido.

EL CHOFER
“En todo el país hay un total de seis mil fosas clandestinas, solo en Ayacucho hay cuatro mil, y el Ministerio Público solo tiene 20 forenses para cumplir con las exhumaciones. Haciendo cálculos y siendo optimistas, en 60 años posiblemente podremos ubicar a los desaparecidos”, dice Percy Rojas, antropólogo del EPAF. En ese interín lo más probable es que los deudos mueran antes de poder enterrar a sus familiares. “El Estado no tiene una política de búsqueda de desaparecidos”, dice la abogada Gisela Ortiz. “Ni siquiera los busca, el deudo es el que debe investigar en qué fosa, en qué quebrada, en qué cuenca podría estar enterrado su familiar”.

En Hualla, dicen los familiares de los desaparecidos, probablemente haya un hombre que sepa a dónde se llevaron los militares a sus familiares. Se llama Teodomiro Benítez, es un huancaíno y se quedó a vivir en el pueblo luego de la guerra. Él manejaba el camión de la tropa militar de Chimpampa. “Sí, había calabozos subterráneos donde metían a los de Sendero. No sé si los torturaban. Eran tiempos de guerra sucia. Todas las calles estaban pintadas con la hoz y el martillo. No se podía confiar en nadie, toda la gente era roja. Hasta te daban cancha y queso envenenado, cuántos militares murieron así, cuántas bombas me pusieron a mí. Pero sobre los desaparecidos no sé nada, la Fiscalía ha venido varias veces a interrogarme, yo no sé nada, no tengo por qué defender a nadie”, asegura Benítez. Cuando le pregunto cómo lo miran los huallinos, dice: “Yo me llevo bien con todos, hasta a los terroristas los conozco. Algunos tienen sus buenas tiendas en plena plaza”.

En pocas partes del país se ve lo que en Hualla. Aquí conviven viudas y huérfanos, exmilitares y exsenderistas, víctimas y posibles asesinos. En todo el pueblo no hay un solo policía. La armonía la sostiene el silencio. Nadie habla de lo ocurrido.

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EXCLUSIVO: Conceden libertad condicional a culpable de desaparición de Ernesto Castillo Páez

Por Víctor Liza (La Mula)

Beneficio fue otorgado pese a que no es aplicable en estos casos, y que ninguno de los responsables ha informado del paradero del desaparecido estudiante.

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Imagen de La MulaImagen de La MulaPese a que la libertad condicional no se aplica a condenados por desaparición forzada, el Poder Judicial otorgó este beneficio al comandante de la Policía Juan Carlos Mejía León, quien desde marzo del 2006 cumplía una condena de 16 años de cárcel por la desaparición y muerte del estudiante de la Ponticia Universidad Católica del Perú (PUCP), Ernesto Castillo Páez, cuyo paradero se desconoce desde el 21 de octubre de 1990.

El padre de Ernesto, Cronwell Castillo, dijo a Lamula.pe que la liberación de Mejía León se produjo “entre gallos y medianoche”, luego de que este último hiciera un tercer pedido para acceder a este beneficio.

“Nunca supe de esto porque no había un documento en ese sentido en el expediente, y este señor sale de pronto, sin decir dónde está mi hijo. No comprendo dónde está la cabeza de estos jueces”, agregó.

Castillo indicó que cuando se dieron los dos anteriores pedidos, tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL) como la Defensoría del Pueblo intervinieron para evitarlo, aparándose en que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso establecía que el Estado peruano tiene la obligación de encontrar los restos de Ernesto.

Esto deja de ser posible con la liberación de Mejía León, junto a las de los otros condenados, los suboficiales de la Policía Juan Aragón Guivobich, Carlos De Paz Briones y Manuel Arotuma Valdivia, quienes ya gozan de este beneficio. Ninguno de ellos ha revelado dónde dejaron a Ernesto.

DETALLES DEL CASO

El 21 de octubre de 1990, Ernesto, que era estudiante de sociología de la PUCP, había acudido a Villa El Salvador a realizar sus prácticas de investigación. Poco después, la Policía llegó a este distrito para realizar un operativo, con el fin de contrarrestar una movilización supuestamente impulsada por Sendero Luminoso.

Ernesto caminaba por una calle lejana a la movilización, cuando fue intervenido por un patrullero, en el que estaban estos cuatro policías, quienes lo registraron, le quitaron los lentes y lo obligaron a meterse en la maletera. Partieron con dirección desconocida.

Esta versión fue corroborada por varios testigos que observaron la detención de Castillo Páez. Durante mucho tiempo los cuatro policías negaron el hecho; sin embargo, al final lo reconocieron. Fueron condenados el 20 de marzo del 2006. Aragón, De Paz y Arotuma fueron sentenciados a 15 años de prisión y Mejía León a 16.

Sin embargo, de a pocos fueron obtenido el beneficio de la semilibertad. Arotuma lo obtuvo en febrero del 2012; Aragón en julio de ese mismo año y De Paz en abril del 2013.

Con la liberación de Mejía León, ya no hay ninguna posibilidad que los cuatro responsables de la desaparición de Ernesto revelen dónde están sus restos. Con esto, el Estado incumple la sentencia de la CIDH, pero lo más grave es que sus familiares no podrán cerrar este ciclo doloroso.

Publicado originalmente en La Mula, el 17 de noviembre de 2015. Ver aquí

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Suprema anula sentencia del caso de la desaparición de Javier Tineo de la Cruz

Por: Carlos Rivera Paz (IDL)

La noche del 1º de mayo de 1987 la tragedia tocó la vida del profesor Javier Tineo de la Cruz. El profesor vivía en el Anexo de Ccochapata ubicado en el distrito y provincia de Cangallo (Ayacucho). Aquella noche un grupo un numeroso de elementos militares ingresaron violentamente a su casa –donde se encontraba durmiendo junto con su familia- y a viva fuerza lo sacaron y lo condujeron hasta la base contrasubversiva de Pampa Cangallo.

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Imagen de Justicia VivaImagen de Justicia VivaPara ese año la base de Pampa Cangallo, bajo la jefatura de un comandante apodado “Butler”, ya se había hecho de una terrible fama por la cantidad de personas detenidas que habían sido internadas en sus instalaciones y que jamás salieron vivas. Javier Tineo de la Cruz fue uno de ellos.

La denuncia del caso

Durante muchos días su esposa, hijos y otros familiares tocaron mil veces la puerta de la base militar, porque sabían que aquella noche allí habían introducido al profesor Tineo. La respuesta fue siempre la misma “aquí no está” y, claro, sumando a ello amenazas de todo calibre. Inclusive fueron al Ministerio Público de Huamanga a sentar la denuncia y luego el fiscal comenzó a solicitar al Comandante de la base que explique e informe el paradero del detenido. Pero la respuesta siempre fue la misma. Ninguna. Era Ayacucho de los ochentas en plena guerra sucia.

De esa manera el profesor Javier Tineo de la Cruz pasó a engrosar la larga lista de las personas desaparecidas.

La reapertura del caso y el juicio oral

Tuvieron que pasar casi veinte años –el año 2007- para que el caso sea reabierto por el Ministerio Público de Ayacucho y para que finalmente presente denuncia contra el Comandante EP ® Florencio Abdón Eguía Dávalos, al que en 1987 solo se conocía como “Butler”. El Poder Judicial aceptó la denuncia y abrió el proceso penal que correspondía abrir hace dos décadas atrás.

Las investigaciones judiciales determinaron la existencia de múltiples y sólidas evidencias de la responsabilidad criminal de Eguía Davalos y, por ello, la Fiscalía Superior Penal Nacional formuló acusación sustancial el año 2013, solicitando que el caso sea llevado a juicio oral, el cual comenzó en noviembre de ese año ante la Sala Penal Nacional.

Durante los 11 meses que duró el juicio oral se logró acreditar no solo la comisión del delito de desaparición forzada en agravio del profesor Tineo de la Cruz, fundamentalmente por los sólidos testimonios de sus familiares que estuvieron presentes en el momento mismo de la detención y por lo tanto pudieron observar la intervención del personal militar de la base de Pampa Cangallo y la introducción del detenido en dicha base.

También se acreditó que en aquella fecha se había producido hechos de la misma naturaleza en los anexos San Antonio de Cuchucancha y Pampa Puquio en los que también elementos militares de la base de Pampa Cangallo en horas de la noche habían ingresado al domicilio de por lo menos 13 pobladores, los cuales también habían sido detenidos y a la fecha también tenían la condición de desaparecidos.

De igual manera se logró acreditar que en aquel año 1987 el batallón contrasubversivo con sede en Pampa Cangallo tenía bajo su jurisdicción 15 Bases Militares a través de las cuales controlaba el territorio de muchas comunidades entre las que se encontraba el Anexo de Ccochapata, en donde vivía el profesor Javier Tineo de la Cruz y se acreditó también que los oficiales jefes de tales bases remitían información de inteligencia al G-2 (sección de inteligencia) del Batallón de Pampa Cangallo.

Pero en el juicio no solo se acreditó la existencia de un contexto de violaciones de derechos humanos en contra de la población, sino que también se demostró que el autor mediato de este hecho criminal era el Comandante del Batallón Contrasubversivo Florencio Abdón Eguía Dávalos. Se acreditó que éste tenía el control militar absoluto de la zona y que fue él quien dispuso la intervención del agraviado, pues sus subordinados no podían realizar ninguna intervención de ciudadanos sin su autorización y/o conocimiento. Por todo ello la sentencia dictada por la Sala Penal Nacional el 17 de octubre de 2014 declara que “…el colegiado arriba a la certeza, que el acusado Florencio Eguía Dávalos como Teniente Coronel, Comandante y Jefe del BIM 34 de Pampa Cangallo en el año 1987, dispuso se ejecute la detención del agraviado Javier Tineo de la Cruz, intervención que a su vez fue parte de un operativo que se llevó a cabo en diversas localidades aledañas a Ccochapata…” agregando que “…la detención y posterior desaparición de Javier Tineo de la Cruz no fue un hecho aislado, sino que estuvo enmarcado dentro de un hecho sistemático, por la forma y modo en que se desarrolló el evento.”

La condena a “Butler”

Dicha sentencia, luego de concluir que el acusado Eguía Dávalos omitió dar información sobre el paradero del agraviado, concluye que es responsable del delito y por ello lo condenó a 15 años de pena privativa de libertad. El acusado, a pesar de la gravedad de los hechos, jamás había estado detenido, desde el momento en que se dictó la sentencia fue internado en un establecimiento penal.

La anulación de la condena

Más de un año después la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha decidido anular la sentencia condenatoria y ordenar un nuevo juicio oral, bajo el argumento de que el tribunal de la Sala Penal Nacional realizó una deficiente valoración de las pruebas.

Muy a pesar de que la sentencia de la Sala Penal Nacional fue bastante acuciosa en la valoración de los elementos de información que ratificaron la posición de dominio y control de los hechos por parte de Eguía Dávalos, la sentencia de la Corte Suprema insiste en señalar que se ha hecho una deficiente e inadecuada valoración, aunque no precisar -como correspondería- cuál es el extremo deficiente o inadecuado de la valoración de las declaraciones testimoniales escuchadas en juicio.

Por otro lado la Suprema exige que deben ser citados muchos más testigos de los que asistieron a declarar. Es importante tener en consideración que la defensa del acusado a inicio del juicio oral no presentó ningún testigo ni ninguna otra prueba nueva. En cambio la parte civil ofreció 34 testigos de los cuales se presentaron a juicio 24 y la Fiscalía Superior presentó 9 de los 5 se presentaron a la audiencia siendo varios de ellos oficiales del Ejército que ofrecieron valiosa información sobre el nivel de control de Eguía Dávalos y el contexto de violencia en la zona de Cangallo, pero aun así la Suprema sin mayor criterio argumentativo ordena que se deben citar a más testigos. Si nos resulta extraño que la Suprema tenga tanto interés que la mayoría de ellos sean los elementos militares –entre oficiales y subalternos- que estaban bajo las órdenes de Eguía Dávalos el año en que ocurrieron los hechos. En realidad pareciera que la Sala Penal Permanente, y de manera especial el magistrado supremo Pariona Pastrana, están interesados en preparar y garantizar una mejor defensa al procesado.

Por otro lado la sentencia de la Suprema presenta como cuestionamiento contra la condena el siguiente: dice que existe una contradicción entre lo que sostienen las autoridades de la Comunidad Campesina de Pantín que señalaron que el agraviado había desaparecido a las 8 de la noche y la declaración de la esposa del agraviado quien había declarado que la desaparición se produjo a las 9 de la noche. No es broma.

¿Es posible que un tribunal supremo considere como una contradicción insalvable que dos fuentes de información difieran en 1 hora sobre un hecho ocurrido hace 28 años en una comunidad ayacuchana en horas de la noche en un contexto de violencia y en una zona bajo control militar?

Suprema pide que aplique un instrumento de impunidad

De igual manera la Sala Penal Permanente insiste en favorecer al acusado Eguía Dávalos al interpretar el delito de desaparición forzada como un delito que solo puede ser perseguible penalmente si se ha cometido luego de abril de 1991, fecha en la que se tipificó tal delito en el Código Penal de ese año. La Suprema sutilmente sugiere al nuevo tribunal que juzgará el caso que se verifique la fecha del retiro del oficial Eguía Dávalos “…para determinar si tenía la calidad de funcionario y/o servidor público al momento en que entró en vigencia el Código Penal de 1991…”

Ciertamente el Acuerdo Plenario N° 09-2009/CJ-116, publicado en noviembre de 2009 consideró que solo debía considerarse como autor del delito de desaparición forzada a aquella persona que tenía la condición de funcionario público al momento de la tipificación del delito –es decir, abril de 1991- con lo cual algunos oficiales del Ejército –como Oswaldo Hanke Velasco- que estaban acusados de haber cometido tal delito y que para esa fecha habían pasado a la condición militar de retiro no podían ser acusados y menos sancionados. A partir de ese momento se le llamó la “doctrina Hanke”.

De esa manera el argumento del Acuerdo Plenario se convertía en la puerta de escape y en un casi perfecto mecanismo de impunidad a favor de quienes habían perpetrado un crimen como la desaparición forzada. Pero el hecho es en los últimos años la propia Corte Suprema de Justicia ha emitido diversas sentencias en las que se aparta muy claramente y de manera expresa del contenido de ese Acuerdo Plenario. Las sentencias dictadas en los casos de los estudiantes desaparecidos en la Universidad Nacional del Centro y de manera especial la sentencia dictada en el caso de la desaparición de Marco Barrantes Torres (Expediente N° 1514-2013, Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia) del 20 de noviembre de 2013 son una muestra que la “doctrina Hanke” ha sido proscrita por la propia Corte Suprema de Justicia por ser un instrumento de impunidad. Pero los magistrados de la Sala Penal Permanente –Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Príncipe Trujillo, Neyra Flores y Loli Bonilla– parece que persisten que se aplique una interpretación contraria a los intereses de la justicia y la verdad.

En concreto se trata de una derrota de la justicia y la posibilidad de que un perpetrador de graves crímenes contra los derechos humanos se escape de ella.

Publicado orginalmente en Justicia Viva, el 12 de noviembre de 2015. Ver aquí.

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Ahora que reclamamos memoria, ¿dónde están los 15 mil desaparecidos peruanos y por qué el Estado no los busca?

En medio de la coyuntura de la liberación de Peter Cárdenas ha surgido un súbito deseo de memoria, de preguntarse si los chicos nacidos después del 2000 saben quiénes fueron los terroristas más siniestros o los políticos más corruptos.

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Chungui, madre e hija: la republicaChungui, madre e hija: la republicaSin embargo, lo que no nos preguntamos es por qué nadie busca a los 15 mil peruanos desaparecidos entre 1980 y el 2000 víctimas del conflicto armado interno, de los grupos subversivos y del Ejército. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el 44% de las muertes cometidas durante este período habría sido obra de organismos del estado y el 37% obra de la organización subersiva Sendero Luminoso

Según el Ministerio Público y el Registro Único de Víctimas, existen 6 462 fosas comunes con lo que queda de los peruanos que fueron asesinados ya sea por los terroristas o por grupos del Ejército. Estas fosas están llenas de restos humanos, de personas que esperan ser reconocidas y entregadas a sus familiares que hace 30 años se despiertan, comen y se acuestan pensando dónde estará aquel familiar suyo que desapareció hace tanto tiempo.

¿Por qué no se abren estas fosas comunes y se identifican los restos que quedan? Porque en la mayoría de casos se depende de una denuncia previa, es decir, el Estado investiga, busca y desentierra cuando hay un acusado y un proceso judicial en marcha. En muchos casos, los asesinatos fueron cometidos por militares que usaban alias o por tropas que no eran identificables.

El 85% de las denuncias por desaparición se encuentran en proceso de investigación preliminar y , treinta años después, muchos de los testigos de estas matanzas también están muriendo y se corre el riesgo de que estos cuerpos queden en el anonimato por siempre.

Solo se han encontrado 3 mil restos humanos

60 cuerpos fueron encontrados en Ayacucho en el 2006: Andina60 cuerpos fueron encontrados en Ayacucho en el 2006: Andina

De acuerdo a las cifras del Movimiento Para que no se repita, el Estado solo ha recuperado 3,202 cuerpos y solo se ha identificado a 1833 de ellos. De estos, en doce años, 1644 restos han sido entregados a sus familiares para que por fin los entierren, los lloren, para que descansen en paz. En realidad, para que muertos y familiares descansen en paz.

Para los familiares de un desaparecido, la herida es mucho mayor porque el círculo de la búsqueda jamás se cierra, porque las preguntas nunca tienen respuesta, porque queda la esperanza de que tal vez, quién sabe, a lo mejor, esa persona que desapareció aún sigue con vida. Quedan, por los menos, 12 mil familias que se hacen esa misma pregunta cada día del año.

Podrían ser hasta 18 mil desaparecidos

El grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas fue categórico respecto al trabajo que ha hecho el Estado peruano. Dijo que no se tiene una cifra exacta de los desaparecidos, no tiene un plan nacional de búsqueda de estos desaparecidos y tampoco cuenta con un mapa nacional de fosas de los muertos víctimas del conflicto armado interno entre 1980 y el 2000. Ellos también estimaron que el número de desaparecidos podría llegar hasta 18 mil.

O sea, treinta años después de un derramamiento de sangre como el que vivimos y con víctimas que aún esperan justicia, los gobiernos que hemos tenido no se han preocupado en lo absoluto por buscarlos. ¿Por qué?, quién sabe, tal vez porque la mayor cantidad de desaparecidos se encuentra en la Sierra y no en Lima. Muchas veces, cuando se quiere evidenciar lo que hizo el terrorismo en el Perú se habla solo de Tarata y, de alguna manera se olvida o posterga, la insania que se vivió los otros departamentos del Perú.

Actualmente, hay un proyecto de ley impulsado por la Defensoría del Pueblo para buscar a todos los desaparecidos.

Publicado por: La Mula

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Sala Penal Nacional absuelve a ex militar de la desaparición forzada de Jorge Gutierrez Quinteros en Huanta, Ayacucho

NOTA DE PRENSA DE APRODEH

El colegiado “B” de la Sala Penal Nacional (SPN), absolvió de la acusación fiscal al ex jefe de la Base Militar de Castropampa (Huanta, Ayacucho), Alberto Barrantes Limo, por el delito de desaparición forzada de Jorge Gutiérrez Quinteros, hecho ocurrido hace más de 25 años. No obstante, la Sala Penal dispuso que el Estado –en calidad de tercero civil responsable- indemnice a los familiares del agraviado, quien fue detenido por efectivos del Ejército del Perú y posteriormente desaparecido en 1990.

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Jorge Gutierrez Quintero, joven poblador de la localidad de Huanta, dormía en su casa junto a su familia cuando la noche del 25 de enero de 1990, efectivos militares de la Base Militar de Castropampa, en la provincia de Huanta, Ayacucho, ingresaron de forma violenta, lo detuvieron y sacaron, pese a los gritos de auxilio y reclamos de su pareja.

Al día siguiente, la familia no fue recibida en dicha base militar, ni tuvo noticias del detenido, por lo que presentaron denuncia al fiscal de ese entonces Gilberto Berrocal Flores, quien recibió una comunicación del Jefe de la Base Militar de Castropampa, Barrantes Limo, indicando que Jorge Gutierrez Quintero sería liberado en poco tiempo. Sin embargo, esto nunca se hizo y, por el contrario, permanece desaparecido desde entonces.

La Sala Penal Nacional señaló en su sentencia que no encontró evidencia de su responsabilidad en este caso, aunque se ha demostrado que Jorge Gutierrez Quintero fue detenido por efectivos de la Base Militar de Castropampa y permaneció allí, hasta que dispusieron de su vida y ocultaron información, de manera tal, que esta responsabilidad recaería en el antecesor de Barrantes Limo. Según la sala Limo llegó a Castropampa el día 4 de febrero de 1990, y Jorge Gutierrez Quinteros habría sido desaparecido el 1° de febrero del mismo año. La existencia de documentos suscritos por Barrantes Limo da cuenta de todo lo contrario, como es el informe de relevo suscrito con su antecesor de fecha 31 de enero de 1990.

Así también, el Oficio de fecha 9 de febrero de aquel año, suscrito por el acusado Barrantes Limo y dirigido al fiscal de Huanta, donde señala: “Luego de haber efectuado las investigaciones correspondientes y haber determinado su participación con “SL” este Comando puso en libertad al mencionado ciudadano en perfectas condiciones físicas y mentales”; y adjunta una supuesta papeleta de libertad.

Pese a esta evidencia, la Sala Penal Nacional señala en su sentencia que estos documentos se suscribieron como mera formalidad, pero que en realidad Barrantes Limo no conocía de la detención ni paradero del ciudadano Gutierrez Quinteros.

El Colegiado, a su vez, al considerar que está plenamente acreditada la comisión del delito de desaparición forzada, y al haber ocurrido en las instalaciones del Ejército del Perú, dispuso que el Estado otorgue una reparación civil de 200 mil nuevos soles a favor de la familia del agraviado; además la propia SPN pidió disculpas públicas por la atención tardía del caso, al vulnerarse el derecho al oportuno acceso a la justicia, y como medida de satisfacción ordenó que el Ministerio Público continúe con la búsqueda y la identificación de los restos de Jorge Gutierrez Quintero. Asimismo, dispuso oficiar copias del expediente al Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal del anterior jefe de la Base Militar de Castropampa, Carlos Romero Bartezaghi, así como de quienes resulten responsables.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien patrocina a los familiares de la víctima, presentará el recurso de nulidad en base a los argumentos descritos líneas arriba en el extremo de la absolución del procesado; no obstante, resalta el hecho de que la SPN, si bien dicta una sentencia absolutoria, reconoce la responsabilidad civil del Estado y ordena la justa reparación a los familiares de Jorge Gutierrez Quintero, a quienes también considera como víctimas del delito cometido, en base al principio pro víctima y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 15 de setiembre de 2015.

Fuente: Prensa Aprodeh

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Piden a Presidente de la República se aprueba Ley de Desaparecidos

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS ESPERAN QUE ESTE 28 DE JULIO EL PRESIDENTE HUMALA ANUNCIE LA APROBACIÓN DE LA NORMA.

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© Paraquenoserepita.org.pe© Paraquenoserepita.org.pePQNSR, 20 de julio del 2015.- Familiares de desaparecidos durante la época de violencia de 1980 a 2000, representados en la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en unión con la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP) harán entrega de petitorio en Palacio de Gobierno solicitando al Presidente de la República aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En la actualidad, en el Perú existen aproximadamente 16.000 personas desaparecidas durante el periodo de 1980 al 2000. Según fuentes del Ministerio Público, de 2002 a 2015, solo se han recuperado 3.202 cuerpos, identificado 1.833 y entregado a sus familiares 1.644.

La ANFASEP ha reportado entre sus socias a 33 madres que fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos, esposos y demás familiares. Por su parte las viudas y familiares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han señalado que no existe un registro de sus familiares desaparecidos en combate, y en muchos casos luego de tres años se han cerrado las investigaciones y la posibilidad de recuperar sus cuerpos.

Los familiares denuncian que desde hace décadas, la única opción que tienen para recuperar los restos de sus familiares es la vía judicial. Lo cual requiere presentar testigos e inicia un largo proceso judicial. El Ministerio Público no se da abasto, ni cuenta con suficiente presupuesto.

No es la primera vez que el Ministerio de Justicia se compromete a gestionar la aprobación de la norma: en 2014, el ex ministro de Justicia, Daniel Figallo, presentó ante el Primer Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el pasado 25 de junio, el actual ministro, Gustavo Adrianzén se comprometió a gestionar la aprobación de la norma y remitirla al Congreso de La República. Los familiares esperan que este 28 de julio el presidente de La República anuncie la aprobación de la norma y acabe con los 30 años de incertidumbre y espera.

Nota: a las 9:00 a.m. los familiares se concentrarán en la Mesa de partes de Palacio de Gobierno; luego acudirán a los medios de prensa y al Ministerio de Justicia para hallar respuesta a su pedido.

Información a la prensa:

Comunicaciones, PQNRSR: comunica@paraquenoserepita.org.pe

Celular: 944263337/ 988570014

Teléfonos: (511) 4716051 – 4723410

Publicado por Paraquenoserepita.org.pe, el 20 de julio de 2015

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Inaudito: ex general del Ejército en libertad pese a tener sentencia de 20 años

Por Juan José Quispe Capacyachi

En el marco del juicio seguido por el colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, presidida por Mirtha Bendezú Gómez y conformada por Miluska Cano López y Marco Cerna Bazán por la matanza de 16 miembros de una familia ocurrido el 27 de marzo de 1990 en el distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, departamento de Junín en donde el ex general del Ejército, Manuel Jesús Delgado Rojas es testigo, es que tomamos conocimiento de manera circunstancial que éste, sentenciado por graves violaciones de derechos humanos y otrora hombre poderoso del ejército, actualmente se encuentra libre y lo más seguro es que muy pero muy lejos del Perú. Ante esta lamentable situación cabe preguntarse razonablemente, ¿fue un error administrativo de la Sala Penal Nacional o alguien le dio una manito salvadora? Hay alguna sanción a los responsables? Veamos.

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© LA REPÚBLICAEl 30 de abril del año pasado, Manuel Delgado Rojas y Elías Espinoza del Valle, fueron condenados a 15 años de prisión por la comisión del delito de desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro ubicada en Huancayo, Junín. La Sala Penal Nacional encontró responsabilidad en estas dos personas, por su condición de ex jefe del Comando Político Militar del Frente Mantaro y ex Jefe del Estado Mayor respectivamente. A este caso se le conoce como “Desaparecidos de la U. del Centro 1”.

También en el 2014, el 06 de octubre, la Sala Penal Nacional condenó por segunda vez a Manuel Jesús Delgado a 20 años de prisión respectivamente por la “matanza de Pucará”: el asesinato de 7 pobladores de la localidad de Pucará, Huancayo, Junín. Delgado fue sentenciado con otros integrantes del Ejército.

Sin embargo, por el primer caso de “los desparecidos de la U. del Centro”, el 17 de Diciembre del año pasado, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, presidida por César San Martín Castro en una cuestionada resolución, declaró nula la sentencia y absolvió a Manuel Jesús Delgado Rojas, disponiendo su inmediata libertad siempre que “no tenga otro mandato de detención, prisión preventiva o captura”.

Aquí viene el problema.

Recibida la orden de libertad, el Director del establecimiento penal para militares “Virgen de la Merced” oficia al INPE a efectos que le indique si Manuel Delgado tiene otro mandato de detención vigente. Dos días después el INPE envía el Oficio Nro. 4139-2014-INPE-ORL-SRP-AE mediante el cual informa que este no existe otro mandato judicial contra Manuel Delgado. ¿Qué pasó?

El tema es muy sencillo, el 06 de Octubre del año pasado, la Sala Penal Nacional al condenar por segunda vez a Manuel Delgado Rojas (20 años) debió oficiar al INPE su nueva situación jurídica, extrañamente envió los oficios de los otros condenados, menos el de Delgado.

A todo esto se suman otros hechos más extraños aún. En el expediente del caso “Pucará”, que actualmente se encuentra en la Corte Suprema con opinión del Fiscal Supremo porque se confirme la sentencia condenatoria impuesta a Manuel Delgado y otros, no existe ni un solo cargo remitido por la Sala Penal Nacional disponiendo el internamiento de los nueve condenados.

Además, ni Delgado ni su defensa se han apersonado ante la Sala Penal Suprema a pesar de que interpusieron recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria (es un requisito que las partes se apersonen a la instancia, señalen su domicilio procesal y pidan hacer uso de la palabra antes que se resuelva el caso).

De todo lo dicho, queda claro que hay cosas muy turbias que se concatenan unas con otras. ¿Acaso Manuel Delgado sabía que la Sala Penal Transitoria de la Suprema, en diciembre, lo iba a absolver y por eso consiguió que la Sala Penal Nacional “omitiera” inscribir su segunda condena?

Resulta perfectamente válido colegir que Manuel Delgado espera nuevamente salir airoso en la Corte Suprema para quedar libre de polvo y paja del proceso seguido en su contra por violaciones a los derechos humanos. Mucho ojo con esto, porque hay otro dato importante, según informa el INPE, en el mes de abril del presente año Manuel Delgado Rojas fue rehabilitado; es decir, logró rápidamente que se borren sus antecedentes judiciales

¿Qué acciones ha tomado la Sala Penal Nacional?

Por Resolución de fecha 26 de mayo del presente año (notificada en nuestra sede institucional el lunes 26 de junio) se ha dispuesto la recaptura de Manuel Delgado Rojas y ordenado su impedimento de salida del país, lo cierto es que en las cuatro páginas de la Resolución no se señala que se ha dispuesto una exhaustiva investigación administrativa para ubicar y, de ser el caso, sancionar al o los responsables de este extraño hecho. Queda pues en manos de la jueza, Inés Villa Bonilla, dar a conocer públicamente que es lo que realmente sucedió y si encontró responsabilidades administrativas y/o penales.

Resulta pertinente informar que el colegiado de derechos humanos de la Sala Penal Nacional ha esperado casi tres meses, después de conocida la Información, que Manuel Delgado Rojas no se encontraba recluido en ningún establecimiento penal del país para disponer su recaptura, así se advierte del Oficio Nro. 2875-2015-INPE/13-UK de fecha 26 de Marzo del 2015 recepcionado por Secretaría de Actas del tribunal. ¿ Hubo negligencia?

Así mismo, es por demás inexplicable que la Sala Penal haya reaccionado tarde en un segundo momento puesto que ya el 10 de junio del presente año el director del establecimiento penal “Virgen de las Merced” remitió el Oficio Nro. 079-2015-INPE-246/18-E.P.V.M-D informándole que Manuel Delgado Rojas era un ex presidiario y que había sido excarcelado el 19 de diciembre del año pasado

¿Cuál es el escenario en la Corte Suprema?

Creemos que existe una incertidumbre total por el antecedente de esta misma Sala (la Transitoria) de haberlo absuelto en el caso “Desaparecidos de la U. del centro”, a pesar de existir suficiente acervo probatorio que lo vinculan con los hechos materia de proceso.

No sería nada raro que, nuevamente, el tribunal presidido por César San Martín, apartándose de los sólidos argumentos vertidos por la Fiscalía Suprema en lo Penal que opina por que se confirme la sentencia condenatoria, resuelva por mayoría absolver a Delgado Rojas y los otros ocho militares condenados.

Si esto pasa, tendremos otro caso más de graves violaciones a los derechos humanos que quedará en la oscura y pantanosa impunidad, en donde el derecho a la verdad de las víctimas se fue al tacho simple y llanamente porque así, arbitrariamente, lo dispone la justicia nacional.

Publicado por Justicia Viva, el 25 de junio de 2015