Fiscal Luis Landa refirió que Daniel Urresti en reiteradas declaraciones a la prensa descalificó testimonio de viuda de Bustíos y agravió a testigo del Ministerio Público. Por ello los magistrados prohibieron que se sigan emitiendo calificativos contra los testigos del Juicio Oral del Caso Bustíos.
Fotografia de ExpresoEl fiscal Luis Landa Burgos deploró en la audiencia de este jueves 24 las declaraciones brindadas a la prensa por el acusado Daniel Urresti Elera quien, esta semana, realizó graves acusaciones contra Isabel Rodríguez Chipana, testigo del Ministerio Público (MP). Además, Urresti intentó desvirtuar el testimonio de Margarita Patiño Vda. de Bustíos. Landa Burgos recordó que Urresti se refirió a Rodríguez Chipana, afirmando: “El fiscal está trayendo a una terrorista arrepentida […] que el año 88 […] andaba con los mandos terroristas, […] posiblemente haya matado gente”. Respecto a Margarita Patiño, señaló que el acusado dijo: “Acá por gusto [el fiscal] está haciendo esto de traer a la pobre señora a sufrir más”, intentando desmerecer el testimonio de la viuda de Bustíos. Considerando esta situación, el representante del MP solicitó a la Sala Penal Nacional (SPN): “Quiero que se le exhorte una vez más al acusado a cumplir lo dispuesto (en cuanto a reglas de conducta de las partes en el proceso) […], y se tenga en consideración […] lo dicho contra la testigo Rodríguez (Chipana), que a todas luces es una amenaza, pretendiendo atemorizarla”.
En consecuencia, el Colegiado B de la SPN resolvió que desde ahora quedan prohibidas las descalificaciones a los testigos del Juicio Oral del Caso Bustíos. Pero pese a esta advertencia, el acusado Urresti volvió a expresar a la prensa las mismas expresiones denigrantes contra la testigo Rodríguez Chipana.
CULMINÓ INTERROGATORIO A VIUDA
En esta audiencia culminó la participación de Margarita Patiño como testigo. En respuesta a las preguntas de su abogado, el Dr. Hernán Barrenechea – de la Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH – , y del abogado del acusado, ratificó que su esposo nunca fue colaborador ni informante del Ejército. Asimismo, que no tiene duda que una patrulla militar del Cuartel de Castropampa cometió el asesinato, y no miembros de Sendero Luminoso. Además, reveló que las cámaras fotográficas de Bustíos fueron encontradas sin sus rollos, luego de cometido el crimen. Respecto al contexto del conflicto armado interno en el que Margarita Patiño y su familia vivían en 1988 en Huanta, Ayacucho, ella afirmó que los militares realizaban patrullajes en la ciudad de Huanta, y que el Ejército era la máxima autoridad en aquel momento. Incluso indicó que autoridades como el subprefecto y la Policía estaban subordinadas a los militares. “Teníamos que pedirles permiso hasta para fiestas de cumpleaños”, recordó Patiño.
SIGUIENTE SESIÓN, EL PRÓXIMO VIERNES
La SPN programó la siguiente audiencia para el próximo viernes 2 de octubre a las 9:45 a.m. Se contará con las declaraciones de las testigos Hilda Aguilar Gálvez e Isabel Rodríguez Chipana. Lima, 24 de setiembre del 2015
Comisión de Derechos Humanos COMISEDH
CONTACTO:
Kevin Esqueche (Área de Prensa de COMISEDH): 996216571 (RPC)
Para este jueves 24, a las 10:30 a.m., está previsto que Margarita Patiño viuda de Bustíos culmine sus declaraciones ante la Sala Penal Nacional en el juicio oral contra Daniel Urresti Elera, acusado de ser “autor mediato” del asesinato del Corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos Saavedra.
En la sesión del lunes 21 de septiembre, la viuda de Bustíos fue bastante contundente al afirmar que fue una patrulla del Ejército que asesinó a su esposo y narró en detalle lo que sucedió aquel 24 de noviembre de 1988, desde la última vez que lo vio con vida hasta el momento que le tocó buscar su cuerpo que yacía muerto en Erapata, lugar donde fue emboscado junto a su colega Eduardo Rojas Arce, quien sobrevivió milagrosamente.
El dolor que significó perder a su esposo de la manera más cruel hizo que reviviera entre lágrimas muchos de esos detalles. “Nos destrozaron la vida”, afirmó Margarita Patiño, quien quedó viuda a los 36 años con cuatro hijos. Desde entonces su clamor de justicia no ha cesado. “Cerraré mis heridas cuando haya encontrado justicia”, afirmó en declaraciones a la prensa.
Mayores detalles de su declaración -la cual fue dada en presencia del ex ministro del interior, Daniel Urresti Elera- en la nota de prensa de Comisedh →http://goo.gl/aGpTG6
El colegiado “B” de la Sala Penal Nacional (SPN), absolvió de la acusación fiscal al ex jefe de la Base Militar de Castropampa (Huanta, Ayacucho), Alberto Barrantes Limo, por el delito de desaparición forzada de Jorge Gutiérrez Quinteros, hecho ocurrido hace más de 25 años. No obstante, la Sala Penal dispuso que el Estado –en calidad de tercero civil responsable- indemnice a los familiares del agraviado, quien fue detenido por efectivos del Ejército del Perú y posteriormente desaparecido en 1990.
Jorge Gutierrez Quintero, joven poblador de la localidad de Huanta, dormía en su casa junto a su familia cuando la noche del 25 de enero de 1990, efectivos militares de la Base Militar de Castropampa, en la provincia de Huanta, Ayacucho, ingresaron de forma violenta, lo detuvieron y sacaron, pese a los gritos de auxilio y reclamos de su pareja.
Al día siguiente, la familia no fue recibida en dicha base militar, ni tuvo noticias del detenido, por lo que presentaron denuncia al fiscal de ese entonces Gilberto Berrocal Flores, quien recibió una comunicación del Jefe de la Base Militar de Castropampa, Barrantes Limo, indicando que Jorge Gutierrez Quintero sería liberado en poco tiempo. Sin embargo, esto nunca se hizo y, por el contrario, permanece desaparecido desde entonces.
La Sala Penal Nacional señaló en su sentencia que no encontró evidencia de su responsabilidad en este caso, aunque se ha demostrado que Jorge Gutierrez Quintero fue detenido por efectivos de la Base Militar de Castropampa y permaneció allí, hasta que dispusieron de su vida y ocultaron información, de manera tal, que esta responsabilidad recaería en el antecesor de Barrantes Limo. Según la sala Limo llegó a Castropampa el día 4 de febrero de 1990, y Jorge Gutierrez Quinteros habría sido desaparecido el 1° de febrero del mismo año. La existencia de documentos suscritos por Barrantes Limo da cuenta de todo lo contrario, como es el informe de relevo suscrito con su antecesor de fecha 31 de enero de 1990.
Así también, el Oficio de fecha 9 de febrero de aquel año, suscrito por el acusado Barrantes Limo y dirigido al fiscal de Huanta, donde señala: “Luego de haber efectuado las investigaciones correspondientes y haber determinado su participación con “SL” este Comando puso en libertad al mencionado ciudadano en perfectas condiciones físicas y mentales”; y adjunta una supuesta papeleta de libertad.
Pese a esta evidencia, la Sala Penal Nacional señala en su sentencia que estos documentos se suscribieron como mera formalidad, pero que en realidad Barrantes Limo no conocía de la detención ni paradero del ciudadano Gutierrez Quinteros.
El Colegiado, a su vez, al considerar que está plenamente acreditada la comisión del delito de desaparición forzada, y al haber ocurrido en las instalaciones del Ejército del Perú, dispuso que el Estado otorgue una reparación civil de 200 mil nuevos soles a favor de la familia del agraviado; además la propia SPN pidió disculpas públicas por la atención tardía del caso, al vulnerarse el derecho al oportuno acceso a la justicia, y como medida de satisfacción ordenó que el Ministerio Público continúe con la búsqueda y la identificación de los restos de Jorge Gutierrez Quintero. Asimismo, dispuso oficiar copias del expediente al Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal del anterior jefe de la Base Militar de Castropampa, Carlos Romero Bartezaghi, así como de quienes resulten responsables.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien patrocina a los familiares de la víctima, presentará el recurso de nulidad en base a los argumentos descritos líneas arriba en el extremo de la absolución del procesado; no obstante, resalta el hecho de que la SPN, si bien dicta una sentencia absolutoria, reconoce la responsabilidad civil del Estado y ordena la justa reparación a los familiares de Jorge Gutierrez Quintero, a quienes también considera como víctimas del delito cometido, en base al principio pro víctima y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Debido a la cantidad de pruebas con las que cuenta el Caso Bustíos, jueces lo declararon como “complejo” a solicitud del fiscal. Representante del Ministerio Público culminó su interrogatorio al acusado Daniel Urresti y en siguiente audiencia del viernes 18 harán lo propio, el abogado de COMISEDH –en representación de la familia de Hugo Bustíos– y la defensa del exministro desde las 9 a.m.
Imagen de La RepúblicaEn la tarde de ayer lunes 14 de setiembre, la Sala Penal Nacional (SPN) declaró como “caso complejo” el proceso judicial que se desarrolla por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra en 1988, donde se encuentra acusado el Gral. (r) Daniel Urresti Elera como autor mediato del homicidio. La solicitud fue realizada por el fiscal Luis Landa Burgos en la sesión anterior (3 de setiembre) de este Juicio Oral ante los jueces del Colegiado B de la SPN y que fue aceptada la tarde de ayer.
El representante del Ministerio Público hizo este pedido debido a las abundantes pruebas que han sido aceptadas para este juicio, las cuales incluyen un gran número de testigos y de documentos, así como el viaje previsto por los jueces al lugar de los hechos (Huanta, Ayacucho) para la denominada “inspección judicial”.
Según el Dr. Hernán Barrenechea, abogado de COMISEDH (institución a cargo de la defensa de la familia Bustíos-Patiño), con esta decisión de la Sala Penal Nacional, los jueces programarán las siguientes sesiones con un intervalo máximo de 12 días entre sesión y sesión.
ABOGADO DE COMISEDH INTERROGARÁ A URRESTI
En esta última sesión, además, el fiscal Landa Burgos concluyó con su interrogatorio (“examen del acusado”) a Urresti Elera. En la siguiente audiencia, programada para este viernes 18 de setiembre de 9 a.m. a 1 p.m., continuará el interrogatorio al acusado el Dr. Hernán Barrenechea, abogado de los deudos del periodista Hugo Bustíos (“parte civil”). Posteriormente, lo realizará el abogado de Urresti, el Dr. Carlos García Asenjo (“la defensa”).
Magistrados adelantaron, además, que, si lo consideran necesario, también formularán preguntas a Urresti Elera, culminados los interrogatorios que realicen Barrenechea y García.
Lima, 15 de setiembre del 2015
Comisión de Derechos Humanos
COMISEDH
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Kevin Esqueche (Área de Prensa de COMISEDH): 996216571
Esta provincia ayacuchana es una de las que mayor número de muertos y desaparecidos registra, producto de la violencia política que azotó el país entre 1980 y el 2000. Pese al paso de los años, los familiares de las víctimas aún no hallan justicia. Se sienten olvidados y reclaman más atención del Estado.
Por María Elena Castillo Hijar
En Huanta todos han sido, de alguna u otra manera, afectados por la violencia política. Algunos son víctimas directas, otros tienen un familiar o conocido que ha sido torturado, desaparecido o asesinado en medio de la guerra interna. El terror llegó a tal punto, que miles dejaron sus tierras con el fin de escapar de la muerte; otros se quedaron y sobrevivieron como pudieron.
Eugenia Quispe Araujo llora junto a su hijo. Tuvieron que huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue desaparecido. (Foto: Virgilio Grajeda)Eugenia Quispe Araujo llora junto a su hijo. Tuvieron que huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue desaparecido. (Foto: Virgilio Grajeda)Ahora, todos comparten la imperiosa necesidad de curar esas heridas.
Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 47.4% de víctimas de la guerra interna que asoló a nuestro país vivían en Ayacucho. Las provincias con mayor incidencia fueron Huanta y La Mar. Juntas reportaron 5,186 muertos y desaparecidos, lo que significa la mitad de todas las víctimas de Ayacucho.
Santa Isabel Llantoy Gutiérrez es una de ellas. En 1987 sus padres fueron asesinados en las alturas de Santillana.
A su padre lo mataron en la comunidad de Llajuas “unos hombres vestidos de militar”.
“Papá salió en vigilancia y lo llevaron a una casa. Había bastante gente, muchos varones. Uno por uno sacaban, preguntaban, golpeaban y mataban. A algunos ahorcaron, a otros metieron cuchillo”, relata Santa con tristeza.
Poco después huyó junto a su madre y sus cinco hermanitos a la comunidad de Chacca, donde el horror los volvió a alcanzar. Cuando apenas tenía 11 años vio que una noche los terroristas entraron y mataron a su madre y a otros pobladores.
“Hemos quedado solos, sin educación; hemos crecido en diferentes familias”, dice en su quechua natal. A su lado está la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Torturados de Huanta, Herminia Oré, quien traduce cada una de sus palabras.
La vida tiene precio
Santa Isabel y sus hermanos sólo han recibido S/. 1,500 cada uno como reparación por el crimen de su padre. “Por su madre no les reconocieron nada. Igual que ellos, tenemos 35 miembros con múltiple afectación, que perdieron a más de un familiar”, refiere, doña Herminia, cuyo esposo fue torturado en 1984 por efectivos de la Marina acantonados en el estadio de Huanta. “A otros les han dado menos”, agrega indignada.
Recuerda que en el 2011, cuando era candidato, el presidente Ollanta Humala fue a Huamanga y las recibió en la Casa del Maestro para escuchar sus necesidades. “Nos prometió incrementar las reparaciones a 10 UIT, pero hasta ahora no se cumple”, lamenta.
Además, remarca que a pesar de que tienen derecho a la atención de salud, cuando van al hospital solo les dan pastillas para el dolor, pero si quieren que les hagan análisis, tienen que pagar porque eso no cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).
“También está pendiente el tema de educación. Por los años que han pasado, muchas víctimas somos mayores, ya no podemos estudiar. Por eso hemos pedido que pase a nuestros hijos a través de la sucesión de derechos”, demanda.
Doña Herminia indica que en el 2013 fueron en marcha a Lima para presentar sus demandas, tras lo cual autoridades de varias instituciones se comprometieron a modificar la norma para que sus hijos accedan a becas de estudios, pero hasta ahora no han cumplido.
“En diciembre he vuelto a presentar el pedido al Ministerio de Justicia y a la CMAN, a ver si nos atienden”, comenta bastante incrédula.
Con las manos levantadas, los demás integrantes de la asociación de víctimas y familiares respaldan la demanda. Es el caso de Olimpia Gavilán Barboza, cuyo esposo fue asesinado en 1984 por militares en la zona de Llochegua; pocos meses después también mataron a su mamá, y hasta ahora no se sabe quién fue el responsable.
“No quiero acordarme de eso”, dice angustiada, mostrando los estragos que el terror dejó en ella. “Mi cabeza me duele, me olvido las cosas. Todo lo que quiero es que mis hijos salgan adelante”, sostiene.
Como pudo sacó fuerzas para criarlos: vendía comida, tejía ropas, iba a la selva huantina a cosechar. “Yo ya no puedo estudiar, pero mis hijos sí”, señala.
Difícil de olvidar
Prudencia Taipe Quispe tenía 17 años cuando perdió a sus padres y tres hermanos. En 1991 una columna terrorista atacó la comunidad Sector Mantaro Río Apurímac. A su padre lo mataron, junto a una veintena de miembros de autodefensa que trataron de repeler el ataque. Ella, su madre y sus hermanitos fueron llevados como “prisioneros de guerra”.
“Como a 50 nos llevaron. Nos hicieron caminar por cerros, lejos, varios días, y nos tuvieron secuestrados. Primero murieron dos de mis hermanitos, después mi mamá, que le agarró desnutrición. Mi otro hermanito hasta ahora no sé dónde está. Después de siete meses me pude escapar”, intenta resumir el horror que le tocó vivir.
Tras su huida pudo reencontrarse con dos hermanitas a las que no llegaron a secuestrar. Cada una han recibido S/. 1,250 como reparación por la muerte de su padre. No les dieron más porque en el registro figuran también su abuelita y su madre como beneficiarios, a pesar de que ellas también han fallecido, trámite que está pendiente de aclararse.
“Con todo lo que me pasó no he podido estudiar y ahora tengo siete hijos. Yo quisiera que les den los estudios a ellos, para que tengan más oportunidad que yo”, indica.
Viviendas dignas
La violencia política hizo crecer demográficamente a Huanta. Tal como ocurrió en Lima, un gran número de desplazados comenzaron a poblar la periferia de la ciudad y empezaron a organizarse para levantar sus viviendas y acceder a servicios básicos.
Así nació la Asociación de Huérfanos y víctimas de la comunidad de San Juan de Parccora residentes en Huanta, que se instalaron en el Barrio San Miguel y actualmente acoge a familias de otros anexos. Allí encontramos a Eugenia Quispe Araujo, pobladora de Culluchaca, cuyo esposo fue desaparecido en 1984 por efectivos de la Marina; después los senderistas mataron a su madre y sus hermanos.
“Mi hijo me cuida ahora. No ha podido estudiar, yo no le he podido dar nada por falta de economía y ahora tiene sus hijitos, que como sea tiene que sacar adelante. Yo pido que le den la beca a mis nietos y una casita donde vivir”, solicita con lágrimas en los ojos.
El dirigente de esta organización, Jesús Quispe Farfán, explica que todos tienen el mismo pedido. Él quedó huérfano de padre y madre a los 8 años, porque los terroristas los mataron.
“Aquí nos hemos agrupado desde el 2007 para tener donde vivir. Después de siete años de gestiones hemos logrado siquiera agua potable, pero todavía no tenemos desagüe. Necesitamos que nos capaciten en proyectos productivos, para tener trabajo y vivienda digna”, argumenta.
A 15 minutos están los miembros de la Asociación Pro Vivienda Chaccas-Santillana, en la zona conocida como Ulluyauycco. Ellos tienen similares problemas. Su dirigente, Javier Quispe Lonasco, nos muestra las rústicas viviendas que están levantando solos.
“Nosotros también necesitamos apoyo. Queremos curar las heridas y en pensar en el futuro. Pedimos que no nos sigan discriminando”, demanda en nombre de todos.
Huanta en cifras
2,313 muertos y desaparecidos fueron reportados a la CVR.
39% de víctimas son de la región.
1,402 fueron asesinados o secuestrados por Sendero Luminoso.
Grupo de Trabajo contra la Tortura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su preocupación y cuestiona la absolución de ex Jefe Político Militar de Ayacucho en Caso Navarrete y Yaranga.
El Grupo de Trabajo contra la Tortura de la CNDDHH, conformado y organizado por instituciones que integran nuestro colectivo, cuyo objetivo es contribuir a la erradicación de la práctica de la tortura en el país, expresa su preocupación y rechazo a la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal Nacional a favor del ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de La Marina, el entonces Capitán de Corbeta AP Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de tortura en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga, pobladores ayacuchanos que fueron detenidos y sometidos a torturas en el contexto de la violencia política que sufrió Ayacucho y todo el país.
Aprodeh, institución miembro de la CNNDDHH que patrocina a los agraviados, indicó que la sentencia presenta serias contradicciones, pues la Sala Penal reconoció como hechos probados que los agraviados fueron detenidos por miembros de la Marina, fueron trasladados al Estadio Municipal de Huanta, lugar donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra, y adicionalmente se probó la existencia de un aparato organizado de poder del que Silva Santisteban era responsable por lo que es autor mediato de los crímenes de tortura cometidos. Sin embargo, pese a toda las pruebas señaladas el ex Jefe Político Militar fue absuelto porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida fueran de carácter permanente.
Los actos cometidos fueron probados a tal punto que la propia Sala Penal ha reconocido que las torturas no fueron realizados como hechos aislados o excesos por parte de miembros de la Marina, sino que configuran una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.
El Grupo de Trabajo, expresa su preocupación respecto de la posición contradictoria que ha tenido la Sala Penal Nacional, pues por un lado los hechos denunciados han sido probados, pero por otro lado, pese a que se ha probado la responsabilidad penal en calidad de autor mediato del ex Jefe Político Militar de Ayacucho, este ha sido absuelto porque las secuelas físicas o psíquicas de un delito cometido hace 30 años no fueron de carácter permanente.
Esta situación alarmante respecto de los casos de tortura, nos permite señalar la cuestionable actuación de los operadores de justicia, que minimizan y normalizan estos actos, exigiendo no solo gravedad sino también que los daños físicos o psíquicos sean tales que en muchos casos importe una evidente discapacidad, dejando de lado e infravalorando el daño psíquico y moral sufrido por las víctimas.
RightsPeru, 2 de marzo de 2013 – La El Estadio de Huanta era utilizado como centro de detención y tortura por los militares durante la época de la violencia en el Perúlectura de sentencia en el caso de torturas en el Estadio de Huanta en 1984 fue originalmente convocado para el día jueves 28 de febrero, pero se suspendió hasta el día viernes por razones no explicadas.
El día viernes, la Sala Penal Nacional dio a conocer su sentencia: absolvió al único imputado en el caso, el ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.
En la lectura de sentencia, los magistrados reconocieron que Navarrete y Yaranga habían sido detenidos, llevados al Estado de Huanta, que sirvía en ese momento como base militar de la Marina, y sometidos a crueles torturas. Reconocieron que no fue un episodio aislado, sino una práctica sistemática que por tanto se constituye en crímen de lesa humanidad. También reconocían que SIlva Santisteban era el jefe de la base y por tanto el autor mediato del crímen. Pero —utilizando una lógica poca entendible— los magistrados aducen que al no haber signos visibles de lesiones graves en las víctimas ahora —29 años después de los hechos— tenían que absolver al imputado.
La Dra. Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODEH y abogada de las víctimas, cuestionó severamente a la La Sala, pues con esa sentencia “penaliza a las víctimas por haberse curado sus heridas.
La sentencia representa una larga lista de absoluciones que va emitiendo la Sala Penal Nacional que es de suma preocupación para los defensores de los derechos humanos.
Los dejamos con una nota elaborada por APRODEH, institución de derechos humanos que representa a las víctimas en el caso.
La Sala Penal Nacional absolvió al ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.
Esta controversial absolución se dio pese a que la Sala reconoció que los agraviados fueron detenidos por los miembros de la marina, ingresados al Estadio Municipal de Huanta (donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra), interrogados y sometidos a torturas por parte de sus captores, probando de esta manera, que el acusado tenía responsabilidad sobre las acciones que se realizaban dentro de dicha base, pero que no existe evidencia suficiente que corrobore la lesión física o daño psíquico como secuela de dicha tortura.
Para la doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y representante de los agraviados, “esta sentencia es contradictoria porque la Sala reconoció que estos hechos ocurrieron, no solo por los testimonios de los agraviados, sino también por los innumerables relatos que se presentaron en el juicio, los recortes periodísticos sobre detenciones y desapariciones en Huanta y la declaración del propio acusado.
Asimismo, se probó la existencia de un aparato organizado de poder donde Silva Santisteban es el autor mediato y pese a esto, lo absuelven porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida, fueran de carácter permanente”.
Asimismo, por toda la documentación existente, la Sala reconoció que estos hechos no fueron aislados, sino una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.
Pese a la absolución, y tomando como ciertos los innumerables testimonios y documentos que se encuentran en el expediente, la sala dispuso la remisión en copias certificadas de los mismos a la fiscalía de Ayacucho para que ésta investigue la presunta comisión de delitos sucedidos en esos años en Huanta por los miembros de la Marina.
La fiscalía expresó su total rechazo a la absolución, por lo cual, inmediatamente terminada audiencia, impugnó la sentencia por considerar que si está acreditada la comisión del delito.
La Dra. Cano informó que APRODEH en representación de las víctimas presentará recurso de nulidad y va a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión tomada por el poder judicial.
El 3 de febrero de 1984, José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo fueron detenidos por infantes de la Marina y llevados al Estadio de Huanta, donde fueron cruelmente torturados. Días después los pusieron en libertad y fueron obligados a salir de la ciudad.
En el año 2011 comenzó el juicio oral contra el único imputado, Alberto Silva Santisteban Larco quien fuera jefe del destacamento de Infantería de la Marina en Huanta.
El día de hoy, jueves 28 de febrero, la Sala Penal Nacional dictará sentencia por este caso.
La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para Alberto Silva Santisteban Larco, entonces jefe del destacamento de Infantería de Marina en Huanta, quien es un reo libre.
El juicio se cumple en Ayacucho, hasta donde se trasladaron los miembros de la Sala Penal de Lima, a cargo del proceso.
Los agraviados son José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo, detenidos por infantes de la Marina el 3 de febrero de 1984.
Ambos fueron acusados de terrorismo y cruelmente torturados en la base de la Marina instalada en el estadio municipal de Huanta, y luego obligados a firmar documentos en los que se aseguraba que no habían sido maltratados. Ayer dieron su testimonio ante el tribunal.
Celestino Yaranga fue detenido por un marino llamado ‘Compositor’, a quien reconoció porque era comensal de su restaurante. En la audiencia no pudo evitar el llanto al recordar cómo lo torturaron.
Hoy el tribunal interrogará a los testigos, antes de inspeccionar el estadio de Huanta, donde funcionó la base de Infantería de la Marina.
Base militar fue centro de tortura
La base de infantería de la Marina era un centro de detención y tortura, aseguró José Navarrete, quien contó cómo durante su permanencia en el lugar vio a varios que habían sido torturados.
En su caso, los marinos ingresaron a su domicilio y se lo llevaron a golpes junto a su esposa Herminia Oré. Ella fue liberada 3 días después. “Me llevaron al estadio municipal de Huanta, vendaron los ojos y amarraron las manos. Luego de 2 días me torturaron colgándome 7 veces de una viga, me sumergieron boca abajo en un cilindro con agua, me pisaron el estómago una y otra vez”, dijo.
Caso Navarrate-Yaranga sienta precedente en la justicia
Por Yuber Alarcón
Luego de 27 años de ocurrida la detención y tortura de José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo por infantes de la Marina de Guerra acantonados en el estadio municipal de Huanta, se inició el juicio oral contra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, jefe político militar de Huanta en 1984, para quien la Fiscalía ha solicitado ocho años de pena privativa de la libertad.
El 3 de febrero de 1984, mientras José Navarrete dormía junto a su familia, en su domicilio del Jr. Saenz Peña 317 de la ciudad de Huanta, fue detenido -siendo la una de la madrugada- por infantes de la Marina quienes incursionaron en su domicilio. También fue detenida su esposa Herminia Oré, siendo trasladados al estadio de Huanta, donde funcionaba la Base de la Marina y el Comando Político Militar a cargo del acusado Silva Santisteban Larco. La misma suerte corrió aquel día, en horas de la tarde Celestino Yaranga en circunstancias que transitaba por el parque Alameda.
Los agraviados fueron sometidos a diversas formas de tortura a fin de que señalen nombres de presuntos elementos subversivos. Fueron maniatados, colgados en vigas y sumergidos en cilindros con agua fétida, y finalmente recluidos en condiciones infrahumanas. Fueron liberados luego de varios días y obligados a retirarse de la ciudad, bajo amenaza de ser desaparecidos.
El 2007, el Juzgado Supraprovincial de Ayacucho, abrió instrucción para iniciar el proceso judicial que demoró 4 años, para llegar a la etapa de juicio oral, a cargo de la Sala Penal Nacional en Lima, esto en razón a las Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ampliaba la competencia de dicha Sala para el juzgamiento de los tipos penales referidos a los delitos contra la humanidad; contraviniendo así, preceptos constitucionales y reglas de competencia como el derecho al Juez Natural respetuoso de los principios constitucionales de igualdad, debido proceso, independencia e imparcialidad, derecho a la prueba y otros.
Con estas resoluciones lo que se pretendía era alejar a los familiares de las víctimas del derecho que tenían de conocer la verdad y alcanzar justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos que habían sufrido. Esta situación en los últimos tiempos se ha venido revirtiendo con las decisiones de la Sala Penal Nacional de trasladarse al lugar de los hechos y desarrollar audiencias de interrogatorio a testigos, peritos y demás diligencias.
Por ello, la Sala Penal Nacional en audiencia pública celebrada en Ayacucho del 12 al 15 de abril pasado, interrogó a los agraviados José Navarrete y Celestino Yaranga, a los testigos Herminia Oré y Rosa Palomino y, a los peritos. Se llevó a cabo la inspección judicial en el estadio municipal de Huanta, con presencia de los agraviados, el acusado y sus abogados, esto con el fin de verificar los espacios en los que fueron torturados, que se ubican en los servicios higiénicos ubicados bajo la tribuna.
Los agraviados al momento de ser interrogados, recordaron los dolorosos momentos que pasaron al ser detenidos y torturados por los infantes de la Marina. Asimismo, por tener en frente suyo al presunto responsable de estos hechos, el acusado Silva Santisteban Larco, quien en todo momento trato de eludir las cámaras de los periodistas, cubriéndose el rostro con gafas oscuras y chalina.
José Navarrete Cabrera señaló: “los marinos me llevaron con dirección al estadio municipal de Huanta, donde se encontraba asentada el Cuartel de la Marina…. Estuve a la intemperie y en plena lluvia que no cesó durante la noche, con las manos atadas, con el rostro cubierto y, a lo lejos oía el quejido de dolor de muchas personas, quejidos que provenían desde distintos ambientes del estadio municipal. Al día siguiente me trasladan a los servicios higiénicos, donde soy torturado, colgado de unas vigas, con las manos atadas a la espalda, los dolores eran insoportables y veía como una especie de chispas o centellas de relámpagos. Luego me sumergían en cilindros llenos de agua mal oliente o fétida, estando a punto de ahogarme y para que reaccionara, me metían golpes en el estomago y otras partes del cuerpo dejándome por momentos inconsciente. Por todo lo sufrido exijo se haga justicia y se sancione a los responsables de mi detención y tortura.”
La decisión de la Sala Penal Nacional de haber trasladado a Ayacucho, esla mejor forma de llegar a la verdad y hacer justicia es escuchando a las partes, en el lugar de los hechos, utilizando su idioma materno y haciendo constataciones de manera directa, evitándoles a los familiares, gastos innecesarios de traslado, hospedaje y alimentación.
Esta audiencia sienta un precedente para que las audiencias de los próximos juicios orales a iniciarse en los casos Cabitos, Cayara, Huancapi, Morales Ortega y otros, se programen en el lugar de los hechos, es decir en Ayacucho. Es importante que se conozca la verdad y que los familiares de las víctimas sientan que la justicia aunque tarda, llega.
Artículo publicado en revista RETABLO. Nro 40-41. Mayo-Junio 2011. Ayacucho. Asociación SER
Fotografia de ExpresoEl fiscal Luis Landa Burgos deploró en la audiencia de este jueves 24 las declaraciones brindadas a la prensa por el acusado Daniel Urresti Elera quien, esta semana, realizó graves acusaciones contra Isabel Rodríguez Chipana, testigo del Ministerio Público (MP). Además, Urresti intentó desvirtuar el testimonio de Margarita Patiño Vda. de Bustíos. Landa Burgos recordó que Urresti se refirió a Rodríguez Chipana, afirmando: “El fiscal está trayendo a una terrorista arrepentida […] que el año 88 […] andaba con los mandos terroristas, […] posiblemente haya matado gente”. Respecto a Margarita Patiño, señaló que el acusado dijo: “Acá por gusto [el fiscal] está haciendo esto de traer a la pobre señora a sufrir más”, intentando desmerecer el testimonio de la viuda de Bustíos. Considerando esta situación, el representante del MP solicitó a la Sala Penal Nacional (SPN): “Quiero que se le exhorte una vez más al acusado a cumplir lo dispuesto (en cuanto a reglas de conducta de las partes en el proceso) […], y se tenga en consideración […] lo dicho contra la testigo Rodríguez (Chipana), que a todas luces es una amenaza, pretendiendo atemorizarla”.
