Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

25 años de cárcel para un grupo de militares por la matanza en Lucmahuayco

El fiscal superior penal Luis Landa Burgos pidió 25 años de cárcel para un grupo de militares y policías retirados por la matanza en Lucmahuayco (Cusco) y les imputó los delitos de asesinato y desaparición forzada.

.

Foto archivo
Foto archivo
Los acusados son el general del Ejército (r) Juan Gil Jara (exjefe del Comando Político Militar de Andahuaylas), el teniente coronel (r) Roque Salaverry Pereyra (quien fue jefe del operativo militar), Leoncio Cáceres Ballón (exjefe de la 44° Comandancia de la exguardia Civil de Quillabamba) y el coronel de la Policía retirado Víctor Salas Lozano (exjefe del operativo policial).

También hay 26 acusados del delito de asesinato y desaparición forzada de Juan Ccorahua Aspur y de otros 27 pobladores, en 1984, en la localidad cusqueña de Lucmahuayco. El colegiado “b” de la Sala Penal Nacional dictará sentencia en los próximos días.

Publicado en La Primera el 5 de diciembre de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Fiscalía acusa a militares y policías por matanza en Lucmahuayco

La Sala Penal Nacional (SPN) inició, el 9 de marzo de 2012, el juicio oral contra el General EP ® Juan Antonio Gil Jara (jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas), el Teniente Coronel ® Roque Augusto Salaverry Pereyra (jefe del operativo militar, Leoncio Cáceres Ballón y jefe de la 44° Comandancia de la ex Guardia Civil de Quillabamba), el Coronel ® PNP Víctor Salas Lozano (jefe del operativo policial), y otros 26 acusados del delito de asesinato y desaparición forzada de Juan Ccorahua Aspur y de otros 27 pobladores, en el año 1984, en la localidad de Lucmahuayco en el Cuzco.

.

IDEELE
IDEELE
La Fiscalía Superior ha solicitado se les imponga a los acusados la pena de 25 años de pena privativa de la libertad como autores del delito de asesinato y desaparición forzada. El colegiado “b” de la SPN dictará sentencia en los próximos días.

Cabe señalar que hoy, 4 de diciembre, el Fiscal Landa Burgos presentará oralmente la acusación contra los procesados.

Durante el juicio oral se ha demostrado que los pobladores asesinados no tenían ninguna vinculación con la subversión. Por ello, tanto la Fiscalía Superior Penal a cargo del Fiscal Superior Luis Antonio Landa Burgos y los abogados de la parte civil consideran que las evidencias aportadas en el juicio demuestran la responsabilidad de los acusados.

Como se recuerda, en setiembre y noviembre de 1984, se realizaron operaciones contrasubversivas en el distrito de Vilcabamba en el Cuzco, precisamente en la localidad de Lucmahuayco, y que dio como resultado, el asesinato de 28 pobladores de la zona acusados de subversivos.

Varios años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió el testimonio de los familiares de las víctimas y luego de identificar a los presuntos responsables, denunció el caso ante el Ministerio Público. En el 2004 el Poder Judicial abrió un proceso penal que ahora está culminando ante la Sala Penal Nacional.

Prensa y Difusión – IDL
RPC 997527771 / 997574718

Publicado originalmente en IDL el 4 de diciembre de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

CNDDHH cuestiona absolución de ex Jefe Político Militar de Ayacucho por el delito de tortura

Grupo de Trabajo contra la Tortura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su preocupación y cuestiona la absolución de ex Jefe Político Militar de Ayacucho en Caso Navarrete y Yaranga.

El Grupo de Trabajo contra la Tortura de la CNDDHH, conformado y organizado por instituciones que integran nuestro colectivo, cuyo objetivo es contribuir a la erradicación de la práctica de la tortura en el país, expresa su preocupación y rechazo a la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal Nacional a favor del ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de La Marina, el entonces Capitán de Corbeta AP Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de tortura en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga, pobladores ayacuchanos que fueron detenidos y sometidos a torturas en el contexto de la violencia política que sufrió Ayacucho y todo el país.

.

cnddhhAprodeh, institución miembro de la CNNDDHH que patrocina a los agraviados, indicó que la sentencia presenta serias contradicciones, pues la Sala Penal reconoció como hechos probados que los agraviados fueron detenidos por miembros de la Marina, fueron trasladados al Estadio Municipal de Huanta, lugar donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra, y adicionalmente se probó la existencia de un aparato organizado de poder del que Silva Santisteban era responsable por lo que es autor mediato de los crímenes de tortura cometidos. Sin embargo, pese a toda las pruebas señaladas el ex Jefe Político Militar fue absuelto porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida fueran de carácter permanente.

Los actos cometidos fueron probados a tal punto que la propia Sala Penal ha reconocido que las torturas no fueron realizados como hechos aislados o excesos por parte de miembros de la Marina, sino que configuran una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.

El Grupo de Trabajo, expresa su preocupación respecto de la posición contradictoria que ha tenido la Sala Penal Nacional, pues por un lado los hechos denunciados han sido probados, pero por otro lado, pese a que se ha probado la responsabilidad penal en calidad de autor mediato del ex Jefe Político Militar de Ayacucho, este ha sido absuelto porque las secuelas físicas o psíquicas de un delito cometido hace 30 años no fueron de carácter permanente.

Esta situación alarmante respecto de los casos de tortura, nos permite señalar la cuestionable actuación de los operadores de justicia, que minimizan y normalizan estos actos, exigiendo no solo gravedad sino también que los daños físicos o psíquicos sean tales que en muchos casos importe una evidente discapacidad, dejando de lado e infravalorando el daño psíquico y moral sufrido por las víctimas.

Lima, 07 de marzo de 2013

Grupo de Trabajo contra la Tortura
CNDDHH

Publicado en CNDDHH el 11 de marzo de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

CASO NAVARRETE: Hoy dictan sentencia

Por Jo Marie Burt & María Rodríguez

El 3 de febrero de 1984, José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo fueron detenidos por infantes de la Marina y llevados al Estadio de Huanta, donde fueron cruelmente torturados. Días después los pusieron en libertad y fueron obligados a salir de la ciudad.

En el año 2011 comenzó el juicio oral contra el único imputado, Alberto Silva Santisteban Larco quien fuera jefe del destacamento de Infantería de la Marina en Huanta.

El día de hoy, jueves 28 de febrero, la Sala Penal Nacional dictará sentencia por este caso.

Les dejamos dos notas periodísticas al respecto.

.

La República

Enjuician a marinos por torturar a campesinos en base militar

Por Elías Navarro. Ayacucho

Imputado Alberto Silva Santisteban Larco © La RepúblicaImputado Alberto Silva Santisteban Larco
© La República
Después de 27 años de doliente espera, recién ayer, martes, empezó en la ciudad de Ayacucho el juicio de dos casos de torturas infligidas a campesinos por miembros de la Infantería de Marina acantonada en Huanta, en 1984.

La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para Alberto Silva Santisteban Larco, entonces jefe del destacamento de Infantería de Marina en Huanta, quien es un reo libre.

El juicio se cumple en Ayacucho, hasta donde se trasladaron los miembros de la Sala Penal de Lima, a cargo del proceso.

Los agraviados son José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo, detenidos por infantes de la Marina el 3 de febrero de 1984.

Ambos fueron acusados de terrorismo y cruelmente torturados en la base de la Marina instalada en el estadio municipal de Huanta, y luego obligados a firmar documentos en los que se aseguraba que no habían sido maltratados. Ayer dieron su testimonio ante el tribunal.

Celestino Yaranga fue detenido por un marino llamado ‘Compositor’, a quien reconoció porque era comensal de su restaurante. En la audiencia no pudo evitar el llanto al recordar cómo lo torturaron.

Hoy el tribunal interrogará a los testigos, antes de inspeccionar el estadio de Huanta, donde funcionó la base de Infantería de la Marina.

Base militar fue centro de tortura

La base de infantería de la Marina era un centro de detención y tortura, aseguró José Navarrete, quien contó cómo durante su permanencia en el lugar vio a varios que habían sido torturados.

En su caso, los marinos ingresaron a su domicilio y se lo llevaron a golpes junto a su esposa Herminia Oré. Ella fue liberada 3 días después. “Me llevaron al estadio municipal de Huanta, vendaron los ojos y amarraron las manos. Luego de 2 días me torturaron colgándome 7 veces de una viga, me sumergieron boca abajo en un cilindro con agua, me pisaron el estómago una y otra vez”, dijo.

Publicado en La República el 13 de abril de 2011

… … … … … …

Noticias SER

Caso Navarrate-Yaranga sienta precedente en la justicia

Por Yuber Alarcón

Luego de 27 años de ocurrida la detención y tortura de José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo por infantes de la Marina de Guerra acantonados en el estadio municipal de Huanta, se inició el juicio oral contra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, jefe político militar de Huanta en 1984, para quien la Fiscalía ha solicitado ocho años de pena privativa de la libertad.

El 3 de febrero de 1984, mientras José Navarrete dormía junto a su familia, en su domicilio del Jr. Saenz Peña 317 de la ciudad de Huanta, fue detenido -siendo la una de la madrugada- por infantes de la Marina quienes incursionaron en su domicilio. También fue detenida su esposa Herminia Oré, siendo trasladados al estadio de Huanta, donde funcionaba la Base de la Marina y el Comando Político Militar a cargo del acusado Silva Santisteban Larco. La misma suerte corrió aquel día, en horas de la tarde Celestino Yaranga en circunstancias que transitaba por el parque Alameda.

Los agraviados fueron sometidos a diversas formas de tortura a fin de que señalen nombres de presuntos elementos subversivos. Fueron maniatados, colgados en vigas y sumergidos en cilindros con agua fétida, y finalmente recluidos en condiciones infrahumanas. Fueron liberados luego de varios días y obligados a retirarse de la ciudad, bajo amenaza de ser desaparecidos.

El 2007, el Juzgado Supraprovincial de Ayacucho, abrió instrucción para iniciar el proceso judicial que demoró 4 años, para llegar a la etapa de juicio oral, a cargo de la Sala Penal Nacional en Lima, esto en razón a las Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ampliaba la competencia de dicha Sala para el juzgamiento de los tipos penales referidos a los delitos contra la humanidad; contraviniendo así, preceptos constitucionales y reglas de competencia como el derecho al Juez Natural respetuoso de los principios constitucionales de igualdad, debido proceso, independencia e imparcialidad, derecho a la prueba y otros.

Con estas resoluciones lo que se pretendía era alejar a los familiares de las víctimas del derecho que tenían de conocer la verdad y alcanzar justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos que habían sufrido. Esta situación en los últimos tiempos se ha venido revirtiendo con las decisiones de la Sala Penal Nacional de trasladarse al lugar de los hechos y desarrollar audiencias de interrogatorio a testigos, peritos y demás diligencias.

Por ello, la Sala Penal Nacional en audiencia pública celebrada en Ayacucho del 12 al 15 de abril pasado, interrogó a los agraviados José Navarrete y Celestino Yaranga, a los testigos Herminia Oré y Rosa Palomino y, a los peritos. Se llevó a cabo la inspección judicial en el estadio municipal de Huanta, con presencia de los agraviados, el acusado y sus abogados, esto con el fin de verificar los espacios en los que fueron torturados, que se ubican en los servicios higiénicos ubicados bajo la tribuna.

Los agraviados al momento de ser interrogados, recordaron los dolorosos momentos que pasaron al ser detenidos y torturados por los infantes de la Marina. Asimismo, por tener en frente suyo al presunto responsable de estos hechos, el acusado Silva Santisteban Larco, quien en todo momento trato de eludir las cámaras de los periodistas, cubriéndose el rostro con gafas oscuras y chalina.

José Navarrete Cabrera señaló: “los marinos me llevaron con dirección al estadio municipal de Huanta, donde se encontraba asentada el Cuartel de la Marina…. Estuve a la intemperie y en plena lluvia que no cesó durante la noche, con las manos atadas, con el rostro cubierto y, a lo lejos oía el quejido de dolor de muchas personas, quejidos que provenían desde distintos ambientes del estadio municipal. Al día siguiente me trasladan a los servicios higiénicos, donde soy torturado, colgado de unas vigas, con las manos atadas a la espalda, los dolores eran insoportables y veía como una especie de chispas o centellas de relámpagos. Luego me sumergían en cilindros llenos de agua mal oliente o fétida, estando a punto de ahogarme y para que reaccionara, me metían golpes en el estomago y otras partes del cuerpo dejándome por momentos inconsciente. Por todo lo sufrido exijo se haga justicia y se sancione a los responsables de mi detención y tortura.”

La decisión de la Sala Penal Nacional de haber trasladado a Ayacucho, esla mejor forma de llegar a la verdad y hacer justicia es escuchando a las partes, en el lugar de los hechos, utilizando su idioma materno y haciendo constataciones de manera directa, evitándoles a los familiares, gastos innecesarios de traslado, hospedaje y alimentación.

Esta audiencia sienta un precedente para que las audiencias de los próximos juicios orales a iniciarse en los casos Cabitos, Cayara, Huancapi, Morales Ortega y otros, se programen en el lugar de los hechos, es decir en Ayacucho. Es importante que se conozca la verdad y que los familiares de las víctimas sientan que la justicia aunque tarda, llega.

Artículo publicado en revista RETABLO. Nro 40-41. Mayo-Junio 2011. Ayacucho. Asociación SER

Publicado en Noticias SER del 25 de mayo 2011

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

CASO SORAS: Próxima semana se abrirá proceso contra terroristas de SL por matanza

El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, anunció que la próxima semana debe estar abriéndose un nuevo proceso contra los altos mandos terroristas de Sendero Luminoso, por el asesinato de 104 campesinos en la localidad de Soras, Ayacucho, ocurrido el 16 de julio de 1984.

.

© La Mula© La Mula“Cuando nosotros fuimos en noviembre a entregar los restos a los deudos, la fiscal provincial de la zona formuló la denuncia correspondiente ante el juzgado penal de esa localidad contra la dirigencia de Sendero Luminoso, entre ellos Abimael Guzmán y toda la cúpula y también Osmán Morote”, recordó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esa denuncia ya está en manos del Poder Judicial y tenemos conocimiento que se estaría aperturando proceso ya contra la cúpula de Sendero Luminoso por estos hechos que fueron execrables realmente, porque mataron mucha gente inocente que no tenía ninguna participación en los sucesos que protagonizó Sendero Luminoso”, acotó.

Como se recuerda, el 16 de julio 1984, un grupo senderista vestidos de policías abordaron con engaños un bus de la empresa Expreso Cabanino que realizaba su recorrido de Lima hacia el sur de Ayacucho. En el trayecto ingresaron a diversos distritos, entre ellos Soras, y aniquilaron a más de 100 personas entre hombres, mujeres y niños que fueron enterrados en fosas comunes.

Publicado en Ideele Radio el 22 de febrero de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Fiscalía formaliza denuncia contra terroristas por caso Soras

El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, informó que los terroristas que perpetraron la masacre en 1984 y que costó la vida de pobladores del distrito de Soras, provincia de Sucre, región Ayacucho, fueron denunciados ante el Poder Judicial.

.

Foto referencialFoto referencialEl anuncio lo realizó en una ceremonia pública que contó con la participación del presidente del Poder Legislativo, Víctor Isla, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello.

“El accionar terrorista no va quedar impune y los responsables de la masacre que ocurrió en contra de los habitantes de Soras recibirán la sanción que les corresponde”, subrayó Peláez Bardales.

Hace dos días, la fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Jhousy Aburto Garavito, presentó la denuncia penal ante el Poder Judicial contra los delincuentes senderistas.

Entre los denunciados, se encuentra el “camarada José”, Víctor Quispe Palomino y Abimael Guzmán Reynoso, entre otros integrantes de la cúpula senderista.

 

 

 

Publicado en RPP el 9 de noviembre de 2012

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Exhumación e identificación de cuerpos victimados por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en 1984

Fiscalía entregó 17 cuerpos de campesinos asesinados por el terrorismo en 1984

Por Elías Navarro

  • Dolor. Los sobrevivientes colaboraron con la Fiscalía en la identificación de los cadáveres.
  • Ayacucho. El primer caso es la masacre en Cabanito, distrito de Soras, provincia de Sucre. El segundo corresponde a una matanza en el distrito de Llochegua.

La Fiscalía de Derechos Humanos entregó a los familiares los 17 cuerpos exhumados de tres lugares en la región Ayacucho. En estos lugares las víctimas fueron sepultadas clandestinamente tras ser asesinadas brutalmente por Sendero Luminoso en 1984. Los cadáveres fueron exhumados luego de 28 años de varias fosas comunes por peritos del Equipo Forense Especializado el Ministerio Público de Ayacucho. Luego se realizó el trabajo de identificación de los cuerpos en laboratorio, con la colaboración de los familiares.

.

Imagen del Proyecto "Un día en la memoria" de Mauricio Delgado: http://www.undiaenlamemoria.blogspot.comImagen del Proyecto “Un día en la memoria” de Mauricio DelgadoDurante el acto de entrega algunos no pudieron soportar el llanto y pidieron a las autoridades mayor celeridad en las investigaciones para que los responsables de estos crímenes sean identificados y sancionados ejemplarmente.

El primer caso corresponde a la masacre ocurrida en Cabanito-Doce Corral, por los senderistas, en el distrito de Soras provincia de Sucre.

De acuerdo con la denuncia que investiga la fiscal Cristina Olazábal Ochoa, el 16 de junio de 1984 unos 40 terroristas al mando del “camarada José” abordaron un bus de la empresa de transportes Cabanino, haciendo un recorrido con paradas sucesivas con la finalidad de asesinar a pobladores, líderes locales y autoridades de 25 comunidades de la Cuenca del Río Chicha, en un acto de venganza por la organización de dichas comunidades en comités de Auto Defensa (CAD) para enfrentarse a Sendero Luminoso.

Los subversivos buscaron la mejor forma de despistar a quienes serían sus víctimas: vestidos de soldados y policías subieron al bus interprovincial de la empresa de transportes Expreso Cabanino que siempre recorría los lunes esta zona del sur de Ayacucho, procedente de Lima por la ruta de Nazca.

La matanza se perpetró en los parajes y anexos de Chalapuquio, Badopampa, Doce Corral, Chaupihuasi, Palachapampa, Rayrosapampa, la capital del Distrito de Soras y Tranca; en las provincias de Lucanas y Sucre, Ayacucho. La Comisión de Derechos Humanos-Comisedh ha asumido la defensa legal del caso denominado Cabanino.

Mientras otros asesinaban indistintamente, otro grupo reunió a los comuneros en un ambiente del centro educativo de Chaupihuasi donde asesinaron a unas ocho personas.

De este caso, los peritos lograron identificar los restos de once personas exhumados en junio del 2011. Los cadáveres fueron trasladados a la plaza de armas de la ciudad de Huamanga donde se ofreció una misa de honras en la Iglesia San Francisco de Paula, y luego llevó el velatorio en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Ayer los enterraron.

EL CASO MAYAPO

Dolor. Los sobrevivientes colaboraron con la Fiscalía en la identificación de los cadáveresDolor. Los sobrevivientes colaboraron con la Fiscalía en la identificación de los cadáveresEl segundo caso se trata de la masacre perpetrada por militares en la localidad de Mayapo, en el distrito de Llochegua, provincia ayacuchana de Huanta el 5 de julio de 1984.

De acuerdo con testigos, una patrulla de militares llegó a las 8 am al pueblo de Mayapo y luego reunieron a los pobladores, escogieron a ocho personas para llevarlas detrás de la escuela, les hicieron cavar su propia tumba y les dispararon.

“Después de 28 años pude ver los restos de mi padre Constantino Oré Barboza, quien en ese entonces era gobernador”, dijo Yevgeny Oré Lamilla.

De este caso, solo cuatro cuerpos se exhumaron. Los de Rodrigo Gutiérrez Sinchitullo, Jorge David Barboza Araujo y Víctor Velazquez Cisneros. El tercero es de Niño Yucay, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga. De este lugar se exhumaron dos cadáveres.

Algunas Víctimas

  1. Carmina Lila Cirila Huachaca Huamaní
  2. Felipe Jorge Santaria
  3. María Magdalena Pusari Ventura
  4. Froilán Florencio Santaria Huamaní
  5. Toribia Huamaní Mayo
  6. Hilario Santaria Molina
  7. Eusebio Santaria Huamaní
  8. Pablo Huamaní Canales
  9. Gabriel Francisco Sotelo Huarcaya
  10. Gregorio Huamán Basilio
  11. Ricardo Alarcón Huarcaya

Publicado en el diario La República, Domingo 10 de junio de 2012