El fiscal superior penal Luis Landa Burgos pidió 25 años de cárcel para un grupo de militares y policías retirados por la matanza en Lucmahuayco (Cusco) y les imputó los delitos de asesinato y desaparición forzada.
Foto archivoLos acusados son el general del Ejército (r) Juan Gil Jara (exjefe del Comando Político Militar de Andahuaylas), el teniente coronel (r) Roque Salaverry Pereyra (quien fue jefe del operativo militar), Leoncio Cáceres Ballón (exjefe de la 44° Comandancia de la exguardia Civil de Quillabamba) y el coronel de la Policía retirado Víctor Salas Lozano (exjefe del operativo policial).
También hay 26 acusados del delito de asesinato y desaparición forzada de Juan Ccorahua Aspur y de otros 27 pobladores, en 1984, en la localidad cusqueña de Lucmahuayco. El colegiado “b” de la Sala Penal Nacional dictará sentencia en los próximos días.
La Sala Penal Nacional (SPN) inició, el 9 de marzo de 2012, el juicio oral contra el General EP ® Juan Antonio Gil Jara (jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas), el Teniente Coronel ® Roque Augusto Salaverry Pereyra (jefe del operativo militar, Leoncio Cáceres Ballón y jefe de la 44° Comandancia de la ex Guardia Civil de Quillabamba), el Coronel ® PNP Víctor Salas Lozano (jefe del operativo policial), y otros 26 acusados del delito de asesinato y desaparición forzada de Juan Ccorahua Aspur y de otros 27 pobladores, en el año 1984, en la localidad de Lucmahuayco en el Cuzco.
IDEELELa Fiscalía Superior ha solicitado se les imponga a los acusados la pena de 25 años de pena privativa de la libertad como autores del delito de asesinato y desaparición forzada. El colegiado “b” de la SPN dictará sentencia en los próximos días.
Cabe señalar que hoy, 4 de diciembre, el Fiscal Landa Burgos presentará oralmente la acusación contra los procesados.
Durante el juicio oral se ha demostrado que los pobladores asesinados no tenían ninguna vinculación con la subversión. Por ello, tanto la Fiscalía Superior Penal a cargo del Fiscal Superior Luis Antonio Landa Burgos y los abogados de la parte civil consideran que las evidencias aportadas en el juicio demuestran la responsabilidad de los acusados.
Como se recuerda, en setiembre y noviembre de 1984, se realizaron operaciones contrasubversivas en el distrito de Vilcabamba en el Cuzco, precisamente en la localidad de Lucmahuayco, y que dio como resultado, el asesinato de 28 pobladores de la zona acusados de subversivos.
Varios años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió el testimonio de los familiares de las víctimas y luego de identificar a los presuntos responsables, denunció el caso ante el Ministerio Público. En el 2004 el Poder Judicial abrió un proceso penal que ahora está culminando ante la Sala Penal Nacional.
Como es de público conocimiento en fecha 24 de setiembre de 1990, siendo horas 17:30 aproximadamente en la localidad de Santo Tomas- Provincia de Chumbivilcas, ZACARIAS PASCA HUAMANI, fue detenido arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional del Perú, luego fue conducido a la Comisaria de Santo Tomas y detenido, posterior a ello MARCELINO VALENCIA ALVARO (Asesor Legal de la Liga Agraria), fue a la dependencia policial a solicitar la libertad de su alumno, sin embargo esté fue detenido; durante su permanencia en la Comisaria ambos fueron sometidos a torturas, siendo ejecutados extrajudicialmente por el Alférez MIGUEL ANGEL ALVA QUIROZ en complicidad con efectivos policiales y enterrados en la fosa que les hicieron cavar. Para posteriormente el Alférez darse a la fuga con apoyo de la Policía.
Luego de 23 años, la Sala Mixta de Canchis presidida por la Dra. Miriam Pinares comunicó que el día de hoy, 01 de octubre del 2013 a horas 3.00 pm en las instalaciones del Poder Judicial se dictará sentencia en el proceso seguido contra el Alférez Miguel Ángel Alva Quiroz y cinco efectivos policiales por los delitos de homicidio calificado y secuestro en agravado de Marcelino Valencia Alvaro y Zacarias Pasca Humani, considerados como delitos de Graves Violaciones a Derechos Humanos.
Es en esta última etapa de este proceso judicial, la Sala Mixta de Canchis, determinará la responsabilidad y participación de cada uno de los efectivos policiales en este cruel homicidio e impondrá la sanción penal respectiva.
Es por ello que invocamos a la población de provincias altas que puedan solidarizarse con la familia de estos dos ciudadanos y juntos podamos exigir justicia a la Sala Mixta.
Todos esperamos que por fin se alcance justicia, se logre la verdad y este tipo de hechos nunca más se repitan.
