Solo quedan para el recuerdo unas imágenes macabramente poéticas de las bandadas de piqueros que se posan sobre muros derruidos, o que chillando de manera alaracosa alzan vuelo sobre el mar. Son impresiones que es mejor no desenterrar. Pero los agujeros de bala en los muros son rebeldes y no se han cubierto de musgo marino. Sus contornos evocan las memorias de una masacre desproporcionada de la cual fueron testigos las olas y unos cuantos sobrevivientes.
Resulta irónico que en este momento el ex presidente García esté siendo castigado en las encuestas electorales por el caso de los narcoindultos, cuando ese es tan solo una rayita más al tigre frente al rayón que significó El Frontón en su trayectoria.
Foto: Gladys AlvaradoPor fortuna quedan rastros en Internet. Imágenes y relatos filmados. Algunos reconstruyen el operativo; otros presentan a personajes que han decidido hablar. Se puede encontrar un video realizado el 2008 que, utilizando solo imágenes de archivo y una voz en off, arma la historia, hora por hora. El tictac de un reloj indica el paso del tiempo.
El año 2009 fue colgado en YouTube un reportaje de César Hildebrandt (hijo) en el que entrevistó al fiscal Ismael Gutiérrez, que estuvo en El Frontón el jueves 18 de junio de 1986. Él velaba por la suerte de los rehenes de la Guardia Republicana y trató de convencer a Agustín Mantilla de que persistiera en el diálogo con los presos amotinados. Gutiérrez afirmó que Mantilla le dijo que “eran órdenes del gobierno”. Unos días después, este fiscal abrió una investigación sobre el caso, pero no pudo concluirla. Ni bien pasaron cuatro meses, el Fiscal de la Nación, César Elejalde, lo trasladó a la Fiscalía Antinarcóticos.
Ese mismo año, también en YouTube, apareció un reportaje rescatado de los archivos de Canal 4, que fue realizado varios años antes por el recordado reportero Bruno de Olazábal. Lo tituló “Pedazos de guerra”, y en él entrevistó a dos sobrevivientes de El Frontón que dieron la cara y contaron su versión como protagonistas de los hechos.
El año 2010 el programa “Día D” de ATV colgó en YouTube el testimonio de un infante de marina en retiro, Carlos Eduardo Castillo, quien, junto con otros 33 marinos, fue denunciado por la fiscalía luego de casi 30 años. El cargo: homicidio con ferocidad. Lo irónico es que se trata del mismo que ocho años antes se había acercado a la Comisión de la Verdad para dar su testimonio. Era un testigo protegido. Uno de tantos involucrados en algún caso sonado que por propia iniciativa decidió contar lo que vivió, a cambio de aliviar su conciencia y de obtener algunos beneficios procesales.
Castillo sostuvo que integró uno de los pelotones que llegaron a la isla. Relató que aproximadamente a las 3 de la tarde del día 19, los presos se rindieron. Justo en ese momento ingresó un nuevo pelotón de comandos que teníala orden de ejecutar a los rendidos. Entre los sobrevivientes reconoció a su amigo de la infancia, Armando Tulich, que avanzaba hacia ellos. Los marinos dispararon contra los rendidos y pudo ver cómo el cuerpo de Tulich se abría. Según contó, entró en shock y escapó.
Además, queda la memoria impresa. La investigación de la comisión congresal, presidida por Rolando Ames, es un buen aporte. Se titula: “Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales”. El libro del poeta Juan Cristóbal “¿Todos murieron?” reúne todos los artículos que salieron en las prensa luego de la matanza. Otro documento importante es el capítulo sobre los sucesos de los penales del Informe Final de la Comisión de la Verdad.
I. ¿30 años no es nada?
En junio se cumplen 30 años del operativo y el caso se ha abierto, archivado y reabierto sin concluir jamás. “El proceso” de Kafka es un litigio para un centro de conciliación si se le compara con lo que ha ocurrido en el sistema de justicia. El siguiente es el lamentable recuento de la actuación de jueces, fiscales, juzgados y fiscalías:
La situación legal de los presos el 18 de junio de 1986 era absolutamente irregular. El 95% estaba en calidad de inculpado y solo el 5% ya estaba sentenciado.
El Ministerio Público guardaba los expedientes y no emitía los dictámenes. El Poder Judicial no podía juzgarlos sin una acusación de la fiscalía y la mayoría de los acusados ya tenía cinco años preso.
El 18 de junio, el juzgado del Callao declara fundada la acción de amparo presentada por los presos, quienes sostenían que el gobierno de Alan García preparaba un genocidio en los penales. El juez Ricardo Chumbez tomó una lancha particular y, por su cuenta y riesgo, llegó a El Frontón. Verificó que estaba en un campo de guerra. Se entrevistó con Agustín Mantilla, que había asumido el mando del operativo, desplazando a la Guardia Republicana. Este juez declaró fundado el pedido de hábeas corpus, pero el huracán era imparable.
El mismo 18 de junio, a las 10 y 30 de la mañana, llegaron a la isla el juez de ejecución penal, Juan de Dios Jiménez, y el titular de la Tercera Fiscalía del Callao, Ismael Gutiérrez. A las 3 y 45 de la tarde, ambos se entrevistaron con los presos. Éstos les entregaron un pliego de 25 puntos con sus demandas. A las 4 y 30 de la tarde, el director del penal, Manuel Aquézolo, acompañado del fiscal y del juez, levantaron un acta en la que daban fe de que Aquézolo no había autorizado la presencia de los infantes de marina en el penal.
A las 6 de la tarde, el juez y el fiscal trataron sin éxito de convencer a Mantilla para que vuelva a dialogar con los amotinados y que liberen a los rehenes. Cuatro infantes de marina con el rostro embetunado les apuntaron con sus bayonetas y los obligaron a retirarse. Subieron a un bote y en altamar escucharon dos explosiones seguidas de ráfagas de ametralladoras.
La investigación trunca del fiscal Gutiérrez es destacable porque fue la primera que incluyó a los que todas las pruebas señalan como los autores mediatos: Alan García, Agustín Mantilla y Luis Giampietri.
Se iniciaron cuatro años catatónicos, de parálisis total. Un tiempo en el que las denuncias de derechos humanos no llegaban a la justicia ordinaria sino que eran juzgadas en el fuero militar.
Las investigaciones preliminares del caso empezaron en el año 2000. Ese fue un año de destapes. Comenzó un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los hermanos Neira Alegría y el caso Durand Ugarte. La sentencia fue favorable de los demandantes.
En ese momento salió a la luz un secreto militar bien guardado: entre 1986 y 1989, a puerta cerrada y en completo hermetismo, se había llevado a cabo un proceso en el fuero militar. En el veredicto se determinó que el caso de El Frontón se archivaba por falta de pruebas.
Reabre
El fuero común reabrió el caso en el año 2001, después de las dos sentencias de la Corte Interamericana. Soplaban nuevos vientos. Estaba funcionando nuevamente la Fiscalía de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales. Ese año se ejecutó la sentencia internacional y se acordó que el Ministerio Público inicie una investigación.
Tres años después, en noviembre de 2004, el Ministerio Público formuló una denuncia penal por el delito de homicidio calificado en contra de 11 efectivos de la Marina, en agravio de Nolberto Durand Ugarte, Gabriel Ugarte Rivera y otros.
Archiva
Según las evidencias obtenidas durante la investigación fiscal, tanto García, Giampietri y Agustín Mantilla, fueron los que dieron las órdenes para el debelamiento del motín y del plan de ocultamiento y desaparición de los cuerpos de los presos ejecutados. Pero en el dictamen fiscal se resolvió archivar definitivamente las investigaciones de los altos mandos y del presidente Alan García. ¿Cuál es el motivo de este giro imprevisto? ¿Por qué esta flagrante contradicción entre evidencias y la conclusión final?
El encargado de la investigación era el fiscal Felipe Villavicencio, que de improviso fue cambiado por Mario Gonzáles. Nada se le puede objetar al trabajo que realizó el sucesor, quien fue muy riguroso en la presentación del caso. Todo lo que se ha descubierto hasta el día de hoy es fruto de esa investigación.
Pero el resultado final de su trabajo generó suspicacias. Era sabido que Gonzáles estaba teledirigido por las altas instancias de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Gladys Echaíz. Él mismo sostenía que tenía el encargo político de no involucrar a los principales responsables y de no acusarlos penalmente. Y así lo hizo. Solo denunció a 11 oficiales de la Marina que habían participado en la operación.
Las protestas no se hicieron esperar. El Instituto de Defensa Legal presentó una queja para que se procese penalmente a los que habían dado las órdenes. Este pedido se discutió durante varios años en las instancias correspondientes sin que se obtuviera respuesta.
Reabre
El caso penal se reabrió en enero de 2005. Se les obligó a declarar en calidad de testigos a Alan García, Agustín Mantilla y Luis Giampietri. Las contradicciones brotaron como mala hierba. El expresidente sostuvo que perdió contacto con los operadores la noche del 18 de junio, cuando concluyó la reunión del Consejo de Ministros. Consta en el expediente que el exviceministro del Interior, Agustín Mantilla, declaró que se comunicaba con el presidente García. Y consta en el mismo que el entonces capitán de marina, Luis Giampietri, sostuvo que fue Mantilla quien le ordenó que disparara y que abriera los boquetes en el Pabellón Azul.
Al respecto, el subjefe de estado mayor operativo de la Fuerza Armada, Carlos Mauricio Augurto, afirmó en su declaración que existía una red de teléfonos rojos que comunicaban al comandante general de la Marina con el presidente de la república. También dijo que el presidente presionó para que la operación termine lo más rápidamente posible. (¿Alguna similitud con el Baguazo?)
Archiva
En el año 2007 el fiscal superior Chirinos Manrique, a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, archivó la investigación sobre los autores intelectuales. Solo lograron que se amplíe la denuncia contra otros veinte marinos. Había 33 acusados, pero todos ellos eran operadores materiales, no autores mediatos.
“Está comprobado que en el Frontón hubo dos sistemas de comunicación con el exterior, y que ambos tenían como destinatario final al presidente Alan García.”
Reabre
El año 2013 la fiscal Luz Ibáñez formula una nueva acusación sobre el mismo caso.
II. Todos los caminos conducen a García
Una de las principales críticas que se le hizo a la Comisión de la Verdad fue haber sido indulgente con Alan García en el caso El Frontón. El Informe Final es duro respecto a su actuación, pero no le atribuye responsabilidad penal, a diferencia de la posición que adoptó con Alberto Fujimori.
Sin embargo, durante estos treinta años, familiares, políticos y periodistas no dudan de la responsabilidad del expresidente Alan García en la matanza. ¿Existen pruebas que lo vinculan de manera directa?
Carlos Rivera, abogado de los familiares de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, desaparecidos durante la matanza, considera que sí. En junio de 1986 Alan García no solo era el Presidente de la República, sino que dirigió la sesión del Consejo de Ministros del día 18 de junio en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a las cuales se les encargó debelar el motín de los penales. Se trata de un hecho crucial porque en ese momento se estableció una cadena de mando, encabezada por el propio García, con el objetivo de desarrollar dicha operación militar.
En la Constitución de 1979, vigente en ese entonces, se establece que el Presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y que dirige el sistema de Defensa Nacional.
“Esta norma establecía, de manera muy clara, la relación de subordinación constitucional y política de las Fuerzas Armadas para con el presidente. Definitivamente no se trata de una mera formalidad legal, sino de la consagración de un esquema de relación política y jerárquica entre el presidente y los mandos militares, que se podía plasmar en órdenes dadas por el presidente a sus miembros”, señala Carlos Rivera.
Uno de los mayores misterios de la masacre de 1986 es la presencia de Agustín Mantilla. Si el operativo estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿qué hacía ahí un viceministro del interior si el papel de la Guardia Republicana había sido restringido al resguardo del exterior del penal? Las pesquisas apuntan a que era “el hombre del presidente”.
Mantilla era la persona que representaba de manera extraoficial al presidente García en el campo de operaciones. Por esos tiempos se hablaba de él como su “mano derecha”, debido a la cercanía y confianza que le tenía. Incluso llegó a ser su secretario personal. Mantilla se dio el lujo de dar órdenes al jefe de la operación, el capitán Luis Giampietri.
La extraña presencia de Mantilla en el operativo es el tema que más contradicciones ha generado. El ex viceministro declaró que su presencia en la isla se debió a una petición especial del presidente para que acompañe, de manera informal, a la Comisión de Paz.
Sin embargo, García en su declaración ante el Ministerio Público en octubre del 2002, señaló que “jamás comisionó a Mantilla porque de acuerdo a ley no tenía ningún papel que cumplir, pues el Comando Conjunto de la Fuerza Armada era el único encargado”. Y luego añadió: “Imagino que estuvo ahí por su propia voluntad”.
El expresidente dijo y se desdijo. En el año 2005, ante el Juzgado Supranacional de Lima, señaló que no recordaba con precisión si mandó a Mantilla para que acompañe a la Comisión de Paz.
Sin embargo, Mantilla cumplió una función que excedía a la de un simple edecán. Diversos testimonios aseveran que el difunto exministro tenía un poder excepcional: dirigía operativos, desautorizaba al director del penal y daba órdenes al mismo Giampietri, quién, en el año 2002, declaró a la fiscalía que la orden que recibió de sus superiores fue “que apoyara los requerimientos del señor Mantilla”.
También dijo que el ex viceministro solicitó la presencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina(FOES), a través de la Comandancia General de la Marina, y fue quien dio la orden de que hicieran los forados en el Pabellón Azul, después que fracasara la mediación de la Comisión de Paz.
Por supuesto, Mantilla negó los testimonios que lo señalaban como protagonista en la operación militar y señaló que solo “departía con los marinos cuando se paralizaban las acciones”.
Sin embargo, los testimonios de los testigos señalan que Agustín Mantilla usaba de manera constante la radio de la Marina para comunicarse con el exterior de la isla. ¿Con quién hablaba? No con su ministro Abel Salinas, titular del Interior, quien declaró que durante la operación no le fue posible comunicarse con su segundo, y que nunca autorizó su presencia en el interior del Penal.
El capitán FAP, Rubén de la Torre Cavero, señaló que Mantilla se comunicaba con el exterior a través de la estación de radio instalada en el helicóptero de la Fuerza Área. Alan García corroboró ese dato, al declarar que la comunicación se hacía “de manera borrosa e intermitente a través de una radio de un helicóptero”. Pero, para variar, se contradice, pues anteriormente había negado toda relación con Mantilla durante los sucesos.
Está comprobado que en el Frontón hubo dos sistemas de comunicación con el exterior, y que ambos tenían como destinatario final al presidente Alan García. El primero era “operación-Comando Conjunto- Palacio”, y el segundo era “operación-Palacio”.
Carlos Mauricio declaró ante la fiscalía que existía una red de teléfonos rojos: “Las comunicaciones se efectuaron por escalones los días 18 y 19 de junio de 1986. Los oficiales que tenían a cargo las operaciones en los establecimientos penales se comunicaban solo con sus jefes de la zona de seguridad. El Comando Conjunto se comunicaba con todos los jefes de la zona y con Palacio de Gobierno. Estas comunicaciones fueron fluidas durante los dos días”.
Para el abogado del IDL, Carlos Rivera, las cosas están claras: “Constituye un hecho irrefutable la existencia de comunicaciones permanentes e ininterrumpidas durante los días 18 y 19 de junio de 1986, que salían del lugar de las operaciones y llegaban al Presidente de la República”.
¿Cuál era el tenor de las comunicaciones con García? Los generales Guillermo Monzón (EP), Abram Caballerino (FAP) y el Vicealmirante Víctor Nicolini (AP), manifestaron ante el Congreso que el presidente García llamaba de manera reiterada para presionar y que se diera inicio a las acciones.
Pero no fueron los únicos que han atestiguado sobre las presiones de García. Desde el otro lado de la línea, Nicanor Gonzales, el exdueño de América Televisión, pudo escuchar una reveladora conversación la noche del 18 de junio, según relata Mario Miglio en su libro “Mi paso por el periodismo”. Según esa versión, González escuchó que García presionaba por teléfono para que se diera una solución rápida. En el mismo libro cuenta que el 18 recibió una llamada de Manuel Ulloa Elías, quien le comentó que el ministro Luis González Posada le había informado sobre las intenciones del gobierno de liquidar a los presos.
Cesar Rodríguez Rabanal, un reconocido psicoanalista que en ese momento era el presidente de la Comisión de Paz, declaró a la revista “Oiga” que le constaba que Alan García había autorizado la represión.
La Comisión de Paz fue la encargada de interceder entre los presos y las autoridades, pero sin éxito. Cuando se formó, a solo dos meses de iniciado el gobierno de García, su misión fue asesorar al presidente en la compresión del fenómeno subversivo a fin de usar otras estrategias que acabaran con la guerra sucia. Un año después de asumir el mando García no parecía tan interesado en cambiar de método. Todo lo contrario.
Las innumerables contradicciones han hecho que García se pierda en su laberinto. También se contradijo cuando aseguró que no pudo enterarse de lo que sucedía en la islael 19 de junio, entre las 10 y las 6 de la tarde. Según el expresidente, cuando lo supo intentó comunicarse de manera insistente con el presidente del Comando Conjunto, general Guillermo Monzón Arrunátegui, pero que éste no estaba en Lima y que recién en la noche le entregó un informe.
Esta versión no se sostiene. Si bien Monzón estuvo el 18 en el Cusco, regresó ese mismo día y reanudó sus funciones.
Las versiones de Mantilla y García también son distintas en el punto del informe. Luego de cumplir con su escabrosa jornada en la isla, Mantilla declaró que regresó a su casa y a las siete de la noche fue donde el Presidente por iniciativa propia, para informarle lo que había pasado. Pero cuando a García le preguntaron si es que le pidió a Mantilla algún informe, respondió que no. Uno de los dos ha mentido.
Las decisiones que adoptó Alan García contra el alzamiento de los presos senderistas no necesariamente fueron producto de un febril análisis atizado por las circunstancias. Hay algunos hechos que demostrarían que la idea ya le venía dando vueltas a la cabeza.
Los altos mandos de las Fuerzas Armadas sostenían, desde hacía algunos meses, que los atentados se dirigían desde las cárceles. El 13 de junio de 1986 García, preocupado por la Cumbre de la Internacional Socialista que se iba a celebrar en Lima, convocó de manera inesperada a una reunión a la que asistieron las máximas autoridades de la Policía, el Comando Conjunto y los servicios de Inteligencia. Según el general Máximo Martínez Lira, director de la Guardia Republica, Alan García sostuvo ahí que no quería más senderistas en las cárceles.
Tres días más tarde, el presidente organizó un desayuno de trabajo en Palacio de Gobierno. Estuvo presente Augusto Zimmerman Zavala, director del semanario “Kausachum”, quien luego declaró que García les dijo que no podían permitir que Sendero siga planificando crímenes desde la cárcel. Según el mismo periodista, García preguntó a continuación: “¿Qué pasaría si nos tiramos a todos los senderistas?” Y él mismo se respondió: “Nada. Absolutamente nada”.
Y nada le pasó, a pesar de que durante los días siguientes tomó decisiones tan graves como la de enterrar clandestinamente a los ejecutados que se rindieron al final del operativo.
El 19 de junio en la noche se realizó otra sesión del Consejo de Ministros, cuando ya los hechos estaban consumados. Ahí le entregaron al presidente el informe oficial de las acciones militares y sus resultados. Para ese entonces ya se sabía de la muerte de los presos en el Frontón y Lurigancho. La respuesta del presidente fue una felicitación a las Fuerzas Armadas por su eficiencia.
En esa misma reunión, García dispuso el entierro ilegal de los asesinados y la prohibición del ingreso de jueces civiles al demolido penal. El presidente del Comando Conjunto, Guillermo Monzón Arrunátegui, declaró que el presidente dispuso que, de ser posible ese mismo día, durante el toque de queda, se entierre a los fallecidos en los diferentes cementerios de la capital, previa identificación y autopsia. Los plazos de la orden no daban tiempo de convocar a los familiares para que identifiquen los cuerpos.
“Cuando fue llamado como testigo yo le pregunté a García por los entierros clandestinos de los cuerpos en media docena de cementerios. Él me respondió que lo hizo por un asunto de seguridad y tranquilidad”, relata Carlos Rivera.
Tuvieron que pasar dos días para que el presidente reconozca que hubo excesos mediante el comunicado oficial del 21 de junio de 1986. Para ese entonces, ya la prensa estaba publicando las denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales.
¿Fueron decisiones individuales de dos capitanes, tal como sostiene el expresidente? Para los familiares de los presos es imposible que Alan García no haya tenido participación en acciones tan importantes, y que los capitanes de navío Luis Giampietri y Juan Carlos Vega Llona hayan actuado por su propia cuenta y riesgo.
Al igual que en el caso de Fujimori, la decisión del jefe supremo de las Fuerzas Armadas no fue sancionar a los malos oficiales (lo cual hubiera sido lógico si es que de verdad hubieran actuado a espaldas del presidente), sino que los premió.
Agustín Mantilla, quien había sido el secretario personal de Alan García antes que éste llegue a la presidencia en 1985, fue nombrado ministro de la Presidencia en marzo de 1989, y ministro del Interior en mayo de ese mismo año. El año 2006 Alan García incluyó al almirante Luis Giampietri en su plancha presidencial. El 28 julio de ese año juró como vicepresidente del Perú.
“Hubo un documento que señalaba la responsabilidad penal del exmandatario, pero se trataba de un informe preliminar aprobado por un grupo de trabajo y que debía ser corroborado por algunos de los comisionados la CVR.”
III. La hora final
Será cuestión de días (¿meses?) para que la fiscal Luz Ibáñez presente la acusación de 500 páginas sobre el caso principal, que le ha llevado tres años redactar. Según Carlos Rivera, del IDL, el relato de los hechos, la determinación de responsabilidades y la calificación del crimen como de lesa humanidad están bien hechos.
La teoría de la autoría mediata es la que se tiene que aplicar en esta etapa. Pero la fiscal Luz Ibáñez no puede incluir a ninguno de los tres responsables porque ninguno ha sido procesado, y solo han participado en el juicio en calidad de testigos.
En esta acusación escrita ella está amarrada de manos. Rivera sostiene que Ibáñez tiene la convicción de que García, Mantilla y Giampietrison autores mediatos, pero lo único que ha podido hacer es incorporar un párrafo en el que menciona a los autores mediatos sin mencionar sus nombres.
Ese párrafo clave ya provocó una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la matanza en El Frontón, dictada por el magistrado Carlos Mesía y otros de tendencia aprista. Han puesto el parche. Según Carlos Rivera, se trata de un mamarracho jurídico que dice que El Frontón no es un crimen de lesa humanidad sino un delito común, y emite reglas de prescripción que no existen en la ley peruana. Esta resolución encubridora señala que el crimen va a prescribir cuando termine el juicio oral.
La sentencia pende como una espada de Damocles sobre la justicia. Los defensores de García y compañía se pueden basar en ella para fundamentar que no pueden ser procesados.
La fiscal tiene la esperanza de que en el juicio oral ocurra lo que tendría que ocurrir: que los acusados declaren que hubo órdenes del presidente García, de su viceministro, de los altos oficiales de la Marina. Solo así podría variar la condición de estos “testigos” y que se conviertan en inculpados. Para ello el tribunal tendría que concluir que en el juicio oral se acreditó la autoría mediata. Para ello dicho tribunal debería ser políticamente impoluto. Para ello dicho tribunal debería tener una fortaleza a prueba de apristas.
Si ello ocurre, entonces por cuarta vez se deberá abrir una nueva investigación e iniciar un nuevo juicio. Desgraciadamente varios de los implicados han muerto y en el infierno no hay tribunales.
La CVR y la responsabilidad penal de García
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) generó disconformidad en un sector de la ciudadanía. Se le cuestionó el hecho de que no le atribuyera responsabilidad penal al expresidente Alan García por el caso El Frontón.
Mientras realizábamos este reportaje nos llegó la siguiente información: un excomisionado aseguraba haber dado su conformidad a un documento oficial en el que se imputaba responsabilidad penal al presidente García. ¿Existió ese documento? Y, de ser así, ¿qué pasó con él?
Cuando le comentamos esta versión al excomisionado Carlos Tapia, nos confirmó que El Frontón fue un tema polémico al interior de la CVR. Algunos fundamentaron la no implicancia penal de García, argumentando que no le encontraron responsabilidad directa, pues durante su mandato existió un contrapeso de poderes, a diferencia de lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fujimori, que concentró el poder y responsabilidad en el Ejecutivo luego del autogolpe.
Tapia prefiere no dar muchos detalles. Considera que no es pertinente ahondar en este tema. Dice que todos estuvieron de acuerdo con las conclusiones, salvo el general Luis Arias Graziani, y que en una reunión final acordaron respaldar el informe. Sin embargo, Tapia habla de un grupo de “sorprendidos”. Manifiesta: “El 28 de agosto del 2003 llevamos el texto final para presentárselo al presidente Toledo. Los que estábamos en la camioneta buscamos las páginas sobre el informe de El Frontón y solo se mencionaba la responsabilidad política de García”.
A diferencia de Tapia, el jurista Enrique Bernales, que también integró la CVR, asegura que el tema de la responsabilidad penal de García nunca se tocó en el pleno de la Comisión. “El caso de Fujimori es distinto porque había evidencias que estaban en las denuncias, pero una CVR no puede pasar por encima de la presunción de inocencia”, precisa.
Según lo que hemos averiguado, hubo un documento que señalaba la responsabilidad penal del exmandatario, pero se trataba de un informe preliminar aprobado por un grupo de trabajo y que debía ser corroborado por algunos de los comisionados, al igual que los 43 casos que presentó la CVR al Poder Judicial. Los comisionados que examinaron el informe consideraron que le faltaba solidez jurídica.
Lo contradictorio es que el insumo principal de la CVR fue el “Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales”, elaborado en 1986 tras la matanza y que sí encontró indicios de responsabilidad penal en el expresidente. En el documento se considera que las órdenes que impartió García expusieron a la muerte a presos y militares. La comisión, presidida por el senador Rolando Ames, señaló que hubo una desproporción entre el riesgo que el motín implicaba y los plazos de represión que se establecieron.
En la reconstrucción que hizo la Comisión Ames quedó claro que el presidente mantuvo un seguimiento directo del debelamiento del motín. Lograron contar con el testimonio de los jefes de las tres fuerzas militares quienes aseguraron que el Presidente los llamaba constantemente para incitar a que terminen rápidamente las acciones.
Cuando se elaboró el informe no se podía acusar al presidente porque tenía inmunidad. En el periodo siguiente, el congresista de Izquierda Socialista, Francisco Guerra García, intentó que el Congreso denuncie penalmente a Alan García, pero esta acción fue bloqueada por la alianza del Apra con el fujimorismo, en los primeros años de la década de los 90.
¿Por qué la CVR no le atribuyó responsabilidad penal a Alan García por el caso El Fronton? Por el momento sus exmiembros se muestran herméticos y prefieren no hablar del tema. Si bien el Informe Final nunca tuvo carácter vinculante (ni podía tenerlo), sí posee un gran peso político, tal como quedó demostrado durante las pesquisas en el juicio a Fujimori, un tema en el que la CVR sí fue contundente.
Publicado por: Revista Ideele
