Por Lilia Ramírez Varela
Casi cuatro meses estuvo detenido el proceso contra el Comando Rodrigo Franco y el ex ministro Agustín Mantilla. Recién el jueves 26 de febrero se volvió a iniciar el juicio oral de esta emblemática causa que involucra delitos de lesa humanidad cometidos durante el primer gobierno aprista.
El jueves la audiencia solo duró diez minutos, pues la abogada de las víctimas, Gloria Cano, recusó a la presidenta de la Sala, Mirtha Bendezú, por posibles vínculos con el partido de la estrella. ¿La razón? Bendezú es esposa del abogado Ricardo Chumbes Paz que es socio del estudio de Luis Edmundo Peláez Bardales, un reconocido aprista que fue abogado ad honorem de Alan García Pérez (ver: Ideeleradio, 24/01/2011).
Y los hechos que narraremos a continuación nos llevan a tener más certezas que dudas sobre el triste futuro de esta causa.
La historia
El jueves 30 de octubre de 2014 se tenía que reiniciar el juicio oral contra el Comando Rodrigo Franco y el ex ministro Agustín Mantilla, a cargo del Colegiado A de la Sala Penal Nacional. De acuerdo a ley, no pueden pasar más de doce días entre audiencias en esta etapa; si esto sucede todo tiene que volver a empezar.
El 28 de octubre ya se había suspendido la audiencia por la delicada salud de la doctora María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, quien además se desempeñaba como directora de debates del caso. La Presidenta de la Sala, Inés Villa Bonilla, buscando continuar el proceso programó para el 30 de octubre a las 10 de la mañana el reinicio de la audiencia, a fin de buscar que la doctora Vidal mejore y no se produzca la desgracia del quiebre del juicio. El plazo era límite.
Como ya se sabe la jueza Vidal no llegó en la mañana del 30 de octubre, pese a comprometerse a no dejar que el juicio caiga. Señaló que estaba con fiebre. La presidenta de la Sala, esperando ya un milagro, pospuso la audiencia para las 3 de la tarde. Sólo se necesitaba que Vidal se sentara unos minutos para evitar la anulación de la causa. Pero no llegó, pues según ella su doctor le señaló que si salía a la calle era peligroso.
A las cuatro de la tarde las dos magistradas asistentes, Inés Villa y Edita Condori, tuvieron que aplicar el artículo 267 del Código Procesal Penal y quebrar el juicio oral. La consecuencia de este hecho es que año y medio de audiencias se fueron al agua. Las declaraciones de los procesados, incluido el comprometedor testimonio del ex ministro Agustín Mantilla, quedan en nada. El interrogatorio había llegado a una situación en la cual el abogado de Mantilla pidió a la Sala que su patrocinado haga uso de su derecho a guardar silencio.
La reconocida doctora Inés Villa Bonilla, con fama de ser incorruptible, tuvo que apartarse de este caso tan importante. Pues, por ley, el nuevo juicio oral lo tiene que conocer un tribunal totalmente distinto. Ahora sabemos que es la “Sala B”, integrada por las jueces: Mirtha Bendezú (presidenta), Miluska Cano y Marco Cerna. De acuerdo a los abogados de las víctimas de violaciones de derechos humanos (Carlos Rivera y Gloria Cano), la Sala de la doctora Bendezú se ha caracterizado por absolver sistemáticamente a los procesados por estos graves delitos (Casos Matero, Caso Agente Carrión, Caso Constantino Saavedra, Caso Chipana Huauya), junto a ello está el dato adicional que la doctora Bendezú tiene como esposo al socio del abogado de Alan García y por eso la han recusado.
Sin duda fue una tragedia lo ocurrido. Una vez más el sistema judicial terminaba favoreciendo a ciertos funcionarios integrantes del partido de la estrella, derivando el caso a un tribunal del que desconfían los abogados de las víctimas.
No hay que olvidar que en la acusación fiscal Agustín Mantilla está imputado como coautor del delito de lesa humanidad por haber creado el Comando Rodrigo Franco y coordinado con éste las eliminaciones selectivas de los líderes sindicales Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García, además, de los asesinatos de Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano.
Jesús Ríos Sáenz (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yacila, Oscar Urbina Sandoval, Gino Fiori González y Walter Lauri Morales son también acusados por este caso, por presuntamente pertenecer al grupo militar. Contra ellos el fiscal ha pedido 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 200 mil soles a cada acusado.
Por esas fechas, el testigo clave, Miguel Aurelio Exebio Reyes, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio que “le parece muy raro que justo cuando, esta semana, me tocaba testimoniar y que se enfrentaran a mí [los procesados], donde les iba a acusar directamente porque yo los conozco, estuve con ellos y sé cuál es su accionar, se ha quebrado esto”.
La salud de la jueza Vidal, en otras ocasiones, había jugado malas pasadas en las audiencias y éstas habían tenido que ser suspendidas, pero ella siempre se cuidaba de no llegar a niveles de quebrar un juicio. Además, la jueza, hasta ese momento, era conocida por su buena trayectoria en el Poder Judicial. La situación era bastante extraña, pero todos asumían que el estado de salud de la magistrada era de un nivel altamente grave.
También es cierto que desde abril el entonces Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, sin causa justificante, venía realizando cambios en las salas de derechos humanos que han llevado a dilatar injustificadamente estos procesos pendientes por más de veinticinco años (Ver: Operación Limpieza para Alan). Todo indicaba que, pese a la gravedad del hecho, no se le podía acusar a la jueza por enfermarse y quebrar un proceso.
Sin embargo, la sorpresa vino el sábado 1° de octubre, un día después de la trágica inasistencia de la doctora Vidal. La Sala Penal Nacional convocó a una audiencia en el caso de la matanza en Accomarca y a esta asistió la doctora Vidal La Rosa; que integra el tribunal junto a los jueces Ricardo Brousset (presidente) y Mirtha Bendezú. A la audiencia la jueza Vidal fue muy abrigada, comentan, pero no mostró signo alguno de padecer enfermedad grave. Las suspicacias que ya existían en torno a su inasistencia empezaron a aumentar.
Al analizar el descanso médico, a cargo del doctor Arnaldo A. Andrade Otaya, otorrinolaringólogo de la Clínica Internacional, la causa de su inasistencia no queda clara. Pero en conversación directa con éste, nos indicó como diagnóstico una laringotraqueítis, una afectación al aparato respiratorio y si bien la condición de la jueza no era necesaria para internarla en la clínica, sí ordenó descanso médico domiciliario del 28 al 31 de octubre. Nos señalaba que esta es una enfermedad distinta al cuadro de asma que es conocido sufre la magistrada.
Vidal la Rosa, compañera de carpeta de Nava y Soller
Pero lo que vino a sorprender aún más es este otro hecho que se convierte en una coincidencia de terror: la doctora Vidal la Rosa, fue doctoranda de la Universidad San Martin de Porres entre los años 2004 al 2005 y apadrinada por Alan García Pérez. Los estudios fueron consignados en la hoja de vida que presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM):
“Como lo revelan estas fotos, la doctora María Vidal La Rosa también habrìa formado parte de la promoción: Scire Ad Trascendere (saber para trascender) que apadrinó Alan García”
Como se recordará por esas fechas también estudió el mismo doctorado el juez Jesús Manuel Soller, quien integró la Primera Sala Civil de Lima, que ya tiene un voto en lo sustantivo a favor de Alan García y en contra de las investigaciones de la Megacomisión. Este magistrado tiene serios cuestionamientos por haber conocido un caso para el que está impedido, dado que tiene a la esposa y a los hermanos partidarios del APRA y el artículo 40 de la ley de carrera judicial se lo prohíbe (ver artículo):
Como lo revelan estas fotos, la doctora María Vidal La Rosa también habrìa formado parte de la promoción: Scire Ad Trascendere (saber para trascender) que apadrinó Alan García Pérez en mayo del año 2007, tal como lo señala el propio portal web de la universidad. Tres magistrados han reconocido a la doctora como participante de la foto.
Otro que también llevó el doctorado junto a estos magistrados que vienen conociendo procesos que implican al APRA, es Luis Nava Guibert, asesor personal de García Pérez, ex secretario general de la Presidencia, ex ministro de la Producción, y además profesor de la Universidad San Martín de Porres.
Sin duda este nuevo dato viene a sembrar más certezas que dudas sobre las razones por las cuáles la jueza Vidal La Rosa ocasionó que un juico emblemático como este vuelva a iniciar de cero; y va más allá, pues revela el conflicto de intereses que desde el inicio tenia esta doctora al llevar un procesos contra uno de los casos más graves en violaciones de derechos humanos que se les ataca al primer gobierno de Alan García Pérez.
De acuerdo a la información que hemos recabado. La jueza Vidal la Rosa en ningún momento del proceso que llevaba el caso Rodrigo Franco comentó que había sido apadrinada de García. Su inasistencia y todo este embrollo dió lugar a que se inicie una investigación en la OCMA contra la magistrada. IDL-Justicia Viva intentó comunicarse desde diciembre del año pasado con ella por diversos medios: visitas a su oficina, llamadas telefónicas y hasta correos electrónicos y sólo obtuvimos una negativa absoluta a dar su versión y a conversar con nosotros.
¿Cómo era el dicho?: las coincidencias no existen.
Lamentablemente todo indica que el fantasma de la impunidad ronda en esta causa.
Publicado originalmente en Ideele Revista Nº 247