Por Omar Rosel
El 14 de mayo de 1988 y los días que le siguieron, las localidades de Erusco, Mayopampa y Cayara fueron escenario de dramáticas violaciones de derechos humanos, que, según los sobrevivientes, habrían sido parte del operativo “Persecusión”, con el que el Comando Político Militar de Ayacucho habría respondido a un previo ataque de Sendero Luminoso a un convoy militar. En la siguiente entrevista, Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), habla sobre el proceso judicial del caso Cayara. Asimismo, opina sobre los casos Accomarca, Cabitos y la denuncia fiscal contra Daniel Urresti.
En el 2005, el Cuarto Juzgado Supraprovincial inició la etapa de instrucción del caso Cayara, en el 2009 lo derivó a la Fiscalía Superior Nacional, y recién este 5 de marzo se iniciará la etapa oral. ¿Por qué ha demorado tanto este proceso?
¿Cuál es la razón para que el Ministerio Público haya resuelto acusar sólo a una patrulla y no a todos los que participaron de la matanza de los campesinos de Cayara, así como en la posterior desaparición de los cadáveres?
Creo que ahí hay una mala comprensión de lo que es un operativo militar, porque cuando hay un operativo, sale una patrulla y se tiene una división del trabajo: Unos hacen de contención, otros de rastreo y diversos tipos de tareas como parte del operativo. Entonces, no necesariamente todos acudieron al mismo Cayara. De acuerdo a la comprensión del fiscal Víctor Cubas, solamente se tenía que acusar a los que ingresaron a Cayara y no a todos los que formaron parte del operativo. Nosotros creemos que no todos los militares o soldados que participaron en esas tareas podían ser acusados, pero sí los jefes, porque formaron parte de un plan común que tenía que haber sido de conocimiento y aprobación de todos ellos, porque tenía que ver con las acciones para golpear a la población de Cayara. Este operativo habría sido aprobado desde la jefatura político militar.
¿Hay alguna explicación para que no se haya tomado en cuenta en el proceso la desaparición de los testigos, posterior a la masacre de Cayara, a pesar de las evidencias y testimonios existentes?
Ahí hay una responsabilidad del Ministerio Público al momento de la calificación y la investigación; incluso le exigido que se coloque como agraviados a los testigos que fueron desaparecidos, pero lamentablemente, desde que se hizo la denuncia, el Ministerio Público no tomó en cuenta estos hechos, porque decían que no había evidencias, salvo algunos testimonios. Vamos a seguir insistiendo, hasta el final en el juicio oral, en que estas desapariciones existieron y, que hubo alguna complicidad y encubrimiento de algunas autoridades.
¿Es posible ampliar la acusación a otros militares que actualmente no son parte del proceso, pero que tendrían alguna responsabilidad en la matanza?
Nosotros hemos presentado una apelación y esperamos que la Corte Suprema corrija esta situación. Sin embargo, eso corre por cuerdas separadas y nosotros tenemos que iniciar el juicio oral. También nosotros hemos presentado una recusación contra una de las magistradas que compone la Sala Penal donde se ventila el proceso. La magistrada Bendezú debe apartarse del caso Cayara, porque es esposa del abogado Ricardo Chumbes, que tiene una vinculación muy cercana al estudio Peláez Bardales, porque ha sido socio del mismo, y Peláez Bardales ha sido abogado de Alan García Pérez. Entonces, creemos en la posibilidad de que no haya imparcialidad. Ante estas dudas, preferimos que un juicio como el del caso Cayara, por el que han esperado tantos años los familiares, tiene que desarrollarse con total transparencia. Por ello, es necesario que Mirtha Bendezú se aparte del proceso.
¿Dicha recusación podría impedir el inicio del juicio oral?
Sí. No creo que se inicie el juicio oral este jueves, por el pedido de la recusación y veremos qué decide la sala. Pero para el juicio oral se ha citado a unos 40 testigos. Faltarían las pruebas que tiene que ofrecer el Ministerio Publico. Asimismo, ya no estará el fiscal Víctor Cubas, sino otro, y no sabemos qué tanto ha avanzado este nuevo fiscal con el estudio del caso. Hacemos un llamado al Ministerio Publico para que este nuevo fiscal tenga capacidad para trabajar un caso tan complejo.
¿Existe la posibilidad que la Sala Penal pueda trasladarse a la ciudad de Ayacucho?
Nosotros vamos a hacer el pedido, como ha sucedido en otros casos de procesos por hechos de lesa humanidad, en los que la Sala está haciendo itinerancia a los lugares donde fueron cometidos los hechos. En el caso Cayara, creemos que por su importancia, la Sala Penal tiene la obligación de hacer itinerancia en la zona.
¿Cómo va el proceso judicial de los casos Accomarca y Cabitos?
Tanto en Accomarca como en Cabitos se continúa con el juicio oral. Lo que preocupa en el caso de Cabitos es que esté tardando tanto, y varios de los acusados están muriendo. Primero fue Clemente Noel, de ahí Carlos Torres, ahora falleció Julio Carbajal. Asimismo, hay dos personas con diagnóstico de Alzheimer: Armando Briceño y Guillermo D´Estefano. También están falleciendo las madres de los desparecidos. El Poder Judicial está dilatando mucho los procesos por violación de los derechos humanos, a pesar de que tiene una deuda con todas estas personas afectadas. En el caso de Accomarca, se continúa con el juicio oral (miércoles) y se realizará lectura de piezas, y esperamos que haya rapidez en ello.
¿Qué opina respecto a la denuncia fiscal en contra de Daniel Urresti por la muerte del periodista Hugo Bustíos?
Es cierto que el fiscal señaló que realizará la denuncia, pero no sé por qué ha tardado tanto en hacer la acusación contra Urresti. Asimismo, no entiendo cómo es que podría ser autor mediato, porque, de acuerdo a lo que he leído en los medios, Urresti habría tenido una participación directa. Sin embargo, creemos que sí hay evidencias de su participación y eso tiene que ser aclarado en un proceso judicial, y que todos los responsables, sean mediatos o inmediatos, tienen que responsabilizarse y ser sancionados por sus malos actos.
Publicado por Noticias SER.pe, el 4 de marzo de 2015
