- Es uno de los casos emblemáticos ocurridos durante el primer gobierno de Alan García
Por Henry Campos
El próximo jueves 5 de marzo se iniciará el juicio oral por el caso Cayara, referido al proceso judicial contra las Fuerzas Armadas por la masacre de campesinos el 14 de mayo y días siguientes, en 1988, en la localidad del mismo nombre y en las zonas de Huancapi, Erusco, San Pedro de Hualla y Huancaralla, en Ayacucho.
© DIario16Según la denuncia fiscal, fueron 39 personas, en su mayoría campesinos, asesinadas como respuesta del Ejército a una emboscada sufrida por una patrulla militar por parte de una facción de Sendero Luminoso, ocurrida el 13 de mayo de 1988, que dejó como saldo dos cabos, un sargento y un capitán acribillados, en Erusco, ubicado a un kilómetro y medio de Cayara.
La masacre –se indica en la denuncia– fue ordenada por el general José Valdivia Dueñas y en ella habrían participado cerca de 200 soldados distribuidos en diez patrullas, quienes serían responsables de torturas y muertes.
El caso Cayara es uno de los casos emblemáticos de abuso de derechos humanos ocurridos en el primer gobierno de Alan García en que las fuerzas del orden habrían eliminado de manera selectiva a presuntos terroristas y testigos de la masacre, como Fernandina Palomino, Justiniano Tinco, Antonio García Tipe y Jovita García Suárez. Además –indican reportes periodísticos–, los militares desenterraron los cuerpos de los pobladores asesinados y luego los desaparecieron con el propósito de evitar que la Fiscalía pudiera encontrar prueba alguna para incriminarlos.
Sin embargo, a pesar de las pruebas y múltiples testimonios, que han sido recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad, el Ministerio Público resolvió acusar solo a una patrulla de soldados y no a todos los que participaron en la matanza de los campesinos y la desaparición de los cadáveres y testigos.
“La matanza de Cayara fue obra de un operativo donde todos tuvieron un rol. Pretenden ahora decir que solo hubo un abuso de una patrulla y que no fue un ataque planificado por los jefes de las patrullas, a quienes se les ha limpiado”, dijo lamentándose Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), a diario16.
El desarrollo del proceso judicial del caso Cayara estuvo plagado de amenazas a quienes investigaron esta masacre como las que sufrió el entonces fiscal especial para casos de Desaparición forzada de personas en zonas de emergencia, Carlos Escobar. Este fiscal, que terminó asilado en los Estados Unidos trabajando como operario en una fábrica de muebles y cortinas, denunció en su momento que el gobierno de Alan García se coludió con el Ejército para desaparecer pruebas que inculpaban a esta institución.
Publicado por Diario16, el 24 de febrero de 2015