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News Reports on Transitional Justice in Peru

Sala Penal Nacional considera que no hay tortura en caso de Gerson Falla. Condenó solo a un policía por el delito de lesiones graves

La sentencia emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Gerson Falla puede terminar significando un nefasto precedente en la justicia nacional para los casos de tortura. Después de varios años de proceso judicial, el tribunal absolvió a cuatro de los cinco acusados y condenó a ocho años de pena privativa de la libertad a Diopoldo Aguilar Camacho por el delito de lesiones graves. Cabe señalar que la fiscalía había solicitado 15 años para los acusados.

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La sentencia desconoce la múltiple evidencia incorporada en el proceso judicial y determina que la muerte de Gerson Falla no fue consecuencia de los golpes y maltratos físicos sufridos en el interior de la comisaría de San Borja, sino más bien, establece que fue causa de una supuesta intoxicación por el consumo de cocaína y alcohol ingerido antes de su muerte. La Sala Penal Nacional sin explicación alguna, desconoce el certificado médico legal y considera, en cambio, un certificado emitido por la misma Policía Nacional que carece de rigor técnico y científico.

El dictamen señala también que no está demostrado que los maltratos físicos contra Gerson Falla fueron perpetrados con la finalidad de castigarlo por la resistencia que este había tomado desde el momento de la intervención.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) considera que el tribunal se ha inclinado por otorgar validez a las versiones de los policías y no ha considerado las diversas pruebas ofrecidas por la fiscalía y la parte civil como el certificado médico legal que establece que la causa de la muerte de Gerson Falla son los múltiples golpes corroborados además con los informes emitidos por los médicos del hospital Arzobispo Loayza y Casimiro Ulloa.

De igual forma, el tribunal no valora las versiones de diversos testigos quienes han detallado las lesiones sufridas por Gerson Falla desde su intervención policial hasta su permanencia en la comisaría. Tampoco considera las versiones de los policías que refieren que los acusados Diopoldo Aguilar Camacho, Alfredo Huaman Álvarez golpearon a Gerson Falla en varias oportunidades, lo que se demuestra en los diversos videos que difundieron los medios de comunicación

Por otro lado, el tribunal no se pronuncia ni valora la versión del propio agraviado quien antes de morir expresa que los que le ocasionaron los golpes en su cuerpo fueron los efectivos policiales de la comisaría de San Borja.

Finalmente, sobre las absoluciones de los policías Julio Obeso Milla, Cristian Sánchez Méndez, Grover Rojas Quispe y Pablo Oyola Castillo, el tribunal establece que no existen pruebas que acrediten los delitos de complicidad en el delito de tortura, encubrimiento personal y omisión de denuncia, haciendo una escasa valoración del tipo penal y lo que es más grave señala que el Capitán Oyola Castillo (comisario encargado) cumplió con el protocolo policial, sin señalar que Gerson falla estuvo retenido cuatro horas en la comisaría con muestra de evidentes lesiones producto de las torturas que fueron propinadas por los policías y que estaban bajo sus responsabilidad y custodia.

Publicado por IDL, el 5 de febrero de 2015

Galería de Fotos de Miguel Gutiérrez (Chemi) – www.enclarooscuro.wordpress.com:

 © Miguel Gutiérrez (Chemi)  © Miguel Gutiérrez (Chemi)  © Miguel Gutiérrez (Chemi)  © Miguel Gutiérrez (Chemi)

© Miguel Gutiérrez (Chemi)   © Miguel Gutiérrez (Chemi)  © Miguel Gutiérrez (Chemi)   © Miguel Gutiérrez (Chemi)

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Antropólogo Jaime Urrutia reconoce a uno de los militares implicados en el Caso Cabitos

La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, informó que en la audiencia de hoy, realizada en la Sala Penal Nacional, el reconocido antropólogo, historiador, Jaime Urrutia, sobreviviente de torturas y testigo en el juicio por el Caso cabitos, reconoció a uno de los militares que lo interrogó en el año 1983 en Ayacucho. Se trata del acusado Pedro Paz Avendaño, quien fue el jefe del destacamento de inteligencia de Huamanga, acantonado en la Casa Rosada. Por su parte, Paz Avendaño no negó los hechos, solo atinó a decir que no recordaba.

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Los CabitosEn 1983, Jaime Urrutia era profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y miembro del Instituto Arguedas, así como colaborador del Diario De Marka. Urrutia fue detenido arbitrariamente por militares encapuchados que irrumpieron en su casa y lo ingresaron al Cuartel los Cabitos.

Para APRODEH, representante de 39 familiares de víctimas, este reconocimiento es de suma importancia, ya que confirma la participación de Paz Avendaño en los interrogatorios y del trabajo que realizaba inteligencia en esa época, al interior del cuartel.

Cabe recordar que la Fiscalía pidió 30 años de cárcel para Avendaño Paz y otros ex militares, quienes afrontan un juicio por las desapariciones y torturas a decenas de personas en el cuartel Ayacuchano en el año 83.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), El Cuartel Los Cabitos fue la sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato entre los años 1983 y 1990. También, la denominada Casa Rosada funcionó como un anexo al cuartel y como un centro de torturas y aniquilamiento.

La doctora Gloria Cano, directora de APRODEH, señaló que hasta la fecha no se conoce el número exacto de cuántos seres humanos fueron llevados a Los Cabitos, torturados y asesinados, sin ningún proceso judicial y cuyos cuerpos fueron quemados en el horno que existe todavía en La Hoyada al lado del cuartel. Los forenses han probado los huesos de 109 personas, pero esto no es un número exacto. Sé teme que sean más.

Publicado en Noticias SER el 12 de junio de 2013

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Dra. Cano analiza sentencia absolutoria en caso de torturas Huanta

La Dra. Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), comenta sobre la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal Nacional en el caso de torturas en el Estadio de Huanta el pasado viernes, el 01 de marzo de 2013. La sentencia ha sido duramente criticada pues reconoce la detención y tortura a los agraviados, así como la autoría mediata del imputado, pero lo absuelve aduciendo que no se probó lesiones permanentes a los agraviados. La entrevista fue realizado por el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lo Justo.

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Más sobre el caso Navarrete aquí.

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Sentencia absolutoria en el caso Navarrete severamente cuestionada

Por Jo-Marie Burt & María Rodríguez

RightsPeru, 2 de marzo de 2013 – La El Estadio de Huanta era utilizado como centro de detención y tortura por los militares durante la época de la violencia en el PerúEl Estadio de Huanta era utilizado como centro de detención y tortura por los militares durante la época de la violencia en el Perúlectura de sentencia en el caso de torturas en el Estadio de Huanta en 1984 fue originalmente convocado para el día jueves 28 de febrero, pero se suspendió hasta el día viernes por razones no explicadas.

El día viernes, la Sala Penal Nacional dio a conocer su sentencia: absolvió al único imputado en el caso, el ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.

En la lectura de sentencia, los magistrados reconocieron que Navarrete y Yaranga habían sido detenidos, llevados al Estado de Huanta, que sirvía en ese momento como base militar de la Marina, y sometidos a crueles torturas. Reconocieron que no fue un episodio aislado, sino una práctica sistemática que por tanto se constituye en crímen de lesa humanidad. También reconocían que SIlva Santisteban era el jefe de la base y por tanto el autor mediato del crímen. Pero —utilizando una lógica poca entendible— los magistrados aducen que al no haber signos visibles de lesiones graves en las víctimas ahora —29 años después de los hechos— tenían que absolver al imputado.

La Dra. Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODEH y abogada de las víctimas, cuestionó severamente a la La Sala, pues con esa sentencia “penaliza a las víctimas por haberse curado sus heridas.

La sentencia representa una larga lista de absoluciones que va emitiendo la Sala Penal Nacional que es de suma preocupación para los defensores de los derechos humanos.

Los dejamos con una nota elaborada por APRODEH, institución de derechos humanos que representa a las víctimas en el caso.

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Nota publicada por APRODEH el 01 de marzo de 2013

La Sala Penal Nacional absolvió al ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.

Esta controversial absolución se dio pese a que la Sala reconoció que los agraviados fueron detenidos por los miembros de la marina, ingresados al Estadio Municipal de Huanta (donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra), interrogados y sometidos a torturas por parte de sus captores, probando de esta manera, que el acusado tenía responsabilidad sobre las acciones que se realizaban dentro de dicha base, pero que no existe evidencia suficiente que corrobore la lesión física o daño psíquico como secuela de dicha tortura.

Para la doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y representante de los agraviados, “esta sentencia es contradictoria porque la Sala reconoció que estos hechos ocurrieron, no solo por los testimonios de los agraviados, sino también por los innumerables relatos que se presentaron en el juicio, los recortes periodísticos sobre detenciones y desapariciones en Huanta y la declaración del propio acusado.

Asimismo, se probó la existencia de un aparato organizado de poder donde Silva Santisteban es el autor mediato y pese a esto, lo absuelven porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida, fueran de carácter permanente”.

Asimismo, por toda la documentación existente, la Sala reconoció que estos hechos no fueron aislados, sino una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.

Pese a la absolución, y tomando como ciertos los innumerables testimonios y documentos que se encuentran en el expediente, la sala dispuso la remisión en copias certificadas de los mismos a la fiscalía de Ayacucho para que ésta investigue la presunta comisión de delitos sucedidos en esos años en Huanta por los miembros de la Marina.

La fiscalía expresó su total rechazo a la absolución, por lo cual, inmediatamente terminada audiencia, impugnó la sentencia por considerar que si está acreditada la comisión del delito.

La Dra. Cano informó que APRODEH en representación de las víctimas presentará recurso de nulidad y va a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión tomada por el poder judicial.

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CASO NAVARRETE: Hoy dictan sentencia

Por Jo Marie Burt & María Rodríguez

El 3 de febrero de 1984, José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo fueron detenidos por infantes de la Marina y llevados al Estadio de Huanta, donde fueron cruelmente torturados. Días después los pusieron en libertad y fueron obligados a salir de la ciudad.

En el año 2011 comenzó el juicio oral contra el único imputado, Alberto Silva Santisteban Larco quien fuera jefe del destacamento de Infantería de la Marina en Huanta.

El día de hoy, jueves 28 de febrero, la Sala Penal Nacional dictará sentencia por este caso.

Les dejamos dos notas periodísticas al respecto.

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La República

Enjuician a marinos por torturar a campesinos en base militar

Por Elías Navarro. Ayacucho

Imputado Alberto Silva Santisteban Larco © La RepúblicaImputado Alberto Silva Santisteban Larco
© La República
Después de 27 años de doliente espera, recién ayer, martes, empezó en la ciudad de Ayacucho el juicio de dos casos de torturas infligidas a campesinos por miembros de la Infantería de Marina acantonada en Huanta, en 1984.

La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para Alberto Silva Santisteban Larco, entonces jefe del destacamento de Infantería de Marina en Huanta, quien es un reo libre.

El juicio se cumple en Ayacucho, hasta donde se trasladaron los miembros de la Sala Penal de Lima, a cargo del proceso.

Los agraviados son José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo, detenidos por infantes de la Marina el 3 de febrero de 1984.

Ambos fueron acusados de terrorismo y cruelmente torturados en la base de la Marina instalada en el estadio municipal de Huanta, y luego obligados a firmar documentos en los que se aseguraba que no habían sido maltratados. Ayer dieron su testimonio ante el tribunal.

Celestino Yaranga fue detenido por un marino llamado ‘Compositor’, a quien reconoció porque era comensal de su restaurante. En la audiencia no pudo evitar el llanto al recordar cómo lo torturaron.

Hoy el tribunal interrogará a los testigos, antes de inspeccionar el estadio de Huanta, donde funcionó la base de Infantería de la Marina.

Base militar fue centro de tortura

La base de infantería de la Marina era un centro de detención y tortura, aseguró José Navarrete, quien contó cómo durante su permanencia en el lugar vio a varios que habían sido torturados.

En su caso, los marinos ingresaron a su domicilio y se lo llevaron a golpes junto a su esposa Herminia Oré. Ella fue liberada 3 días después. “Me llevaron al estadio municipal de Huanta, vendaron los ojos y amarraron las manos. Luego de 2 días me torturaron colgándome 7 veces de una viga, me sumergieron boca abajo en un cilindro con agua, me pisaron el estómago una y otra vez”, dijo.

Publicado en La República el 13 de abril de 2011

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Noticias SER

Caso Navarrate-Yaranga sienta precedente en la justicia

Por Yuber Alarcón

Luego de 27 años de ocurrida la detención y tortura de José Navarrete Cabrera y Celestino Yaranga Pozo por infantes de la Marina de Guerra acantonados en el estadio municipal de Huanta, se inició el juicio oral contra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, jefe político militar de Huanta en 1984, para quien la Fiscalía ha solicitado ocho años de pena privativa de la libertad.

El 3 de febrero de 1984, mientras José Navarrete dormía junto a su familia, en su domicilio del Jr. Saenz Peña 317 de la ciudad de Huanta, fue detenido -siendo la una de la madrugada- por infantes de la Marina quienes incursionaron en su domicilio. También fue detenida su esposa Herminia Oré, siendo trasladados al estadio de Huanta, donde funcionaba la Base de la Marina y el Comando Político Militar a cargo del acusado Silva Santisteban Larco. La misma suerte corrió aquel día, en horas de la tarde Celestino Yaranga en circunstancias que transitaba por el parque Alameda.

Los agraviados fueron sometidos a diversas formas de tortura a fin de que señalen nombres de presuntos elementos subversivos. Fueron maniatados, colgados en vigas y sumergidos en cilindros con agua fétida, y finalmente recluidos en condiciones infrahumanas. Fueron liberados luego de varios días y obligados a retirarse de la ciudad, bajo amenaza de ser desaparecidos.

El 2007, el Juzgado Supraprovincial de Ayacucho, abrió instrucción para iniciar el proceso judicial que demoró 4 años, para llegar a la etapa de juicio oral, a cargo de la Sala Penal Nacional en Lima, esto en razón a las Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ampliaba la competencia de dicha Sala para el juzgamiento de los tipos penales referidos a los delitos contra la humanidad; contraviniendo así, preceptos constitucionales y reglas de competencia como el derecho al Juez Natural respetuoso de los principios constitucionales de igualdad, debido proceso, independencia e imparcialidad, derecho a la prueba y otros.

Con estas resoluciones lo que se pretendía era alejar a los familiares de las víctimas del derecho que tenían de conocer la verdad y alcanzar justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos que habían sufrido. Esta situación en los últimos tiempos se ha venido revirtiendo con las decisiones de la Sala Penal Nacional de trasladarse al lugar de los hechos y desarrollar audiencias de interrogatorio a testigos, peritos y demás diligencias.

Por ello, la Sala Penal Nacional en audiencia pública celebrada en Ayacucho del 12 al 15 de abril pasado, interrogó a los agraviados José Navarrete y Celestino Yaranga, a los testigos Herminia Oré y Rosa Palomino y, a los peritos. Se llevó a cabo la inspección judicial en el estadio municipal de Huanta, con presencia de los agraviados, el acusado y sus abogados, esto con el fin de verificar los espacios en los que fueron torturados, que se ubican en los servicios higiénicos ubicados bajo la tribuna.

Los agraviados al momento de ser interrogados, recordaron los dolorosos momentos que pasaron al ser detenidos y torturados por los infantes de la Marina. Asimismo, por tener en frente suyo al presunto responsable de estos hechos, el acusado Silva Santisteban Larco, quien en todo momento trato de eludir las cámaras de los periodistas, cubriéndose el rostro con gafas oscuras y chalina.

José Navarrete Cabrera señaló: “los marinos me llevaron con dirección al estadio municipal de Huanta, donde se encontraba asentada el Cuartel de la Marina…. Estuve a la intemperie y en plena lluvia que no cesó durante la noche, con las manos atadas, con el rostro cubierto y, a lo lejos oía el quejido de dolor de muchas personas, quejidos que provenían desde distintos ambientes del estadio municipal. Al día siguiente me trasladan a los servicios higiénicos, donde soy torturado, colgado de unas vigas, con las manos atadas a la espalda, los dolores eran insoportables y veía como una especie de chispas o centellas de relámpagos. Luego me sumergían en cilindros llenos de agua mal oliente o fétida, estando a punto de ahogarme y para que reaccionara, me metían golpes en el estomago y otras partes del cuerpo dejándome por momentos inconsciente. Por todo lo sufrido exijo se haga justicia y se sancione a los responsables de mi detención y tortura.”

La decisión de la Sala Penal Nacional de haber trasladado a Ayacucho, esla mejor forma de llegar a la verdad y hacer justicia es escuchando a las partes, en el lugar de los hechos, utilizando su idioma materno y haciendo constataciones de manera directa, evitándoles a los familiares, gastos innecesarios de traslado, hospedaje y alimentación.

Esta audiencia sienta un precedente para que las audiencias de los próximos juicios orales a iniciarse en los casos Cabitos, Cayara, Huancapi, Morales Ortega y otros, se programen en el lugar de los hechos, es decir en Ayacucho. Es importante que se conozca la verdad y que los familiares de las víctimas sientan que la justicia aunque tarda, llega.

Artículo publicado en revista RETABLO. Nro 40-41. Mayo-Junio 2011. Ayacucho. Asociación SER

Publicado en Noticias SER del 25 de mayo 2011