Grupo de Trabajo contra la Tortura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa su preocupación y cuestiona la absolución de ex Jefe Político Militar de Ayacucho en Caso Navarrete y Yaranga.
El Grupo de Trabajo contra la Tortura de la CNDDHH, conformado y organizado por instituciones que integran nuestro colectivo, cuyo objetivo es contribuir a la erradicación de la práctica de la tortura en el país, expresa su preocupación y rechazo a la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal Nacional a favor del ex Jefe Político Militar y jefe del destacamento de La Marina, el entonces Capitán de Corbeta AP Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco, por el delito de tortura en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga, pobladores ayacuchanos que fueron detenidos y sometidos a torturas en el contexto de la violencia política que sufrió Ayacucho y todo el país.
Aprodeh, institución miembro de la CNNDDHH que patrocina a los agraviados, indicó que la sentencia presenta serias contradicciones, pues la Sala Penal reconoció como hechos probados que los agraviados fueron detenidos por miembros de la Marina, fueron trasladados al Estadio Municipal de Huanta, lugar donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra, y adicionalmente se probó la existencia de un aparato organizado de poder del que Silva Santisteban era responsable por lo que es autor mediato de los crímenes de tortura cometidos. Sin embargo, pese a toda las pruebas señaladas el ex Jefe Político Militar fue absuelto porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida fueran de carácter permanente.
Los actos cometidos fueron probados a tal punto que la propia Sala Penal ha reconocido que las torturas no fueron realizados como hechos aislados o excesos por parte de miembros de la Marina, sino que configuran una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.
El Grupo de Trabajo, expresa su preocupación respecto de la posición contradictoria que ha tenido la Sala Penal Nacional, pues por un lado los hechos denunciados han sido probados, pero por otro lado, pese a que se ha probado la responsabilidad penal en calidad de autor mediato del ex Jefe Político Militar de Ayacucho, este ha sido absuelto porque las secuelas físicas o psíquicas de un delito cometido hace 30 años no fueron de carácter permanente.
Esta situación alarmante respecto de los casos de tortura, nos permite señalar la cuestionable actuación de los operadores de justicia, que minimizan y normalizan estos actos, exigiendo no solo gravedad sino también que los daños físicos o psíquicos sean tales que en muchos casos importe una evidente discapacidad, dejando de lado e infravalorando el daño psíquico y moral sufrido por las víctimas.
Lima, 07 de marzo de 2013
Grupo de Trabajo contra la Tortura
CNDDHH
Publicado en CNDDHH el 11 de marzo de 2013