Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez
7 de marzo 2013
Una audiencia está programagada en el sede de la Sala Penal Nacional para el 26 de marzo en la cual se dictará la tercera sentencia por el caso de desaparición forzada de 4 campesinos, Severino Quispe, Albino Quino, Tineo Pérez y Martín Escriba, en la comunidad de Matero, Ayacucho, entre el 26 y 30 de julio de 1986. Las dos sentencias anteriores fueron emitidas en los años 2008 y 2010, y ambas fueron anuladas por la Corte Suprema.
Familiares caso MateroEn agosto del 2008 la Sala Penal absolvió a los 5 imputados, tres policías y dos militares: Capitán de la PIP Silvio Hugo Sartor Espinoza, Mayor de la PIP Teodoro Maraví Gómez, y el miembro de la Policía Javier Augusto Culquicondor Díaz; así como el Teniente Coronel del Ejército Carlos Armando Bardales Angulo y Teniente del Ejército Marino Nemesio Ambia Vivanco. La absolución fue basada en la desestimación de la evidencia vertida por la Fiscalía y la parte civil —el testimonio de familiares de las víctimas, que fueron testigos presenciales de la detención— con el argumento que dichas personas tenían “un interés directo en el resultado, y con una carga de subjetividad, que se advierte se sus propios declaraciones….” (Sentencia del 8 de agosto del 2008, Sala Penal Nacional).
Tanto el Ministerio Público como los familiares y sus abogados criticaron duramente la sentencia, que luego fue anulada por la Corte Suprema, por lo menos con respecto a 3 de los imputados, y se ordenó la apertura de un nuevo juicio oral.
Sin embargo, en el nuevo juicio oral, la Sala Penal volvió a absolver a los tres imputados en abril de 2010: los ex militares Carlos Bardales, Marino Ambia y el policía Javier Culquicóndor. Mientras la Sala confirmó la detención y desaparición forzada de los agraviados, argumentó que no hubo órdenes ni evidencia de que los tres imputados sean los responsables. Para ello, exigieron una prueba directa —una orden escrita— que casi nunca se dan en casos de desaparición forzada, que de hecho es una práctica clandestina e ilegal. Nuevamente la Fiscalía y los abogados de las víctimas apelaron, y La Corte Suprema volvió a anular la sentencia
En este tercer juicio para el caso Matero, el único acusado es el oficial EP Marino Nemesio Ambía Vivanco (a) “Rubén” o “Robin”, jefe de la patrulla que efectuó las detenciones, y que ha sido reconocido por los familiares y pobladores de la zona.
Este caso pone en evidencia la tendencia de la Sala Penal Nacional a absolver a los altos mandos (el capitán, teniente coronel y mayor) mientras que la responsabilidad recae en los ejecutores directos. Ello contradice la jurisprudencia del mismo Poder Judicial peruano —por ejemplo, la sentencia a Fujimori, que responsabiliza a los autores intelectuales o mediatos y establece la cadena de mando— así como jurisprudencia internacional al respecto.
Les alcanzamos algunas notas periodísticas sobre este caso tan complejo.
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Deslindes, Materio espera justicia
Por Gloria Cano (Abogada de Aprodeh)
Matero es una localidad anexa del distrito de Cangallo, ubicada en la provincia del mismo nombre, en Ayacucho. Matero fue una zona, como tantas otras en nuestro país, duramente golpeada por la violencia que azotó desde inicios de los años 80. En 1986, las fuerzas de seguridad encargadas de hacer frente a la subversión estaban acantonadas en una base militar en la capital de la provincia, Cangallo. Desde ahí salían frecuentes patrullas militares a rondar la zona. En esos años, los integrantes de Sendero asesinaban a todo aquel que se oponía a sus objetivos o se negaba a darle a ayuda. La respuesta del Estado no fue menos violenta: sospechaban que todos eran senderistas o posibles aliados de la subversión. Es así como en esos años ocurrieron masacres como las de Pucayacu, Accomarca, Umaru-Bellavista, Pujas y Pomatambo y Parcco Alto. Para esa época, la base militar de Cabitos se había convertido ya en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución y desaparición de todo el departamento.
La mañana del 25 de julio, una patrulla militar al mando del teniente EP Marino Nemesio Ambía Vivanco, de apelativo “Rubén” o “Robin”, se dirigió desde la Base Militar BIM 34 de Cangallo hacia Putica. Una vez ahí, reclutó a un colaborador –quien previamente había tenido una rencilla con la población de Matero– para que acompañara a la patrulla y ayudara a identificar a las personas que aparecían en una lista. La misión en Matero era detener a cuatro ciudadanos de dicha localidad.
Los efectivos ingresaron con violencia a la casa de Seferino Quispe Pillaca (19), estudiante y obrero, y con la misma violencia lo arrancaron de su hogar sin que su madre Agripina Pillaca pudiera evitarlo. El domicilio de Albino Quino también fue incursionado de forma violenta, pero al no encontrarlo, los efectivos militares detuvieron a su esposa Francisca y sus dos menores hijos. Luego todos fueron llevados a la plaza de armas de la localidad. Los efectivos al mando de “Rubén” o “Robin” le dieron un mensaje a doña Francisca: la dejarían en libertad si su esposo se presentaba ante la Base Militar, acompañado de otros miembros de la comunidad.
Así, Melchor Tineo Pérez, Martín Escriba Pillaca y Albino Quino Sulca llegaron a Cangallo acompañados de autoridades y pobladores de Matero donde solicitaron ver al jefe del Puesto Policial, el mayor Javier Augusto Culquicóndor Díaz, cuyo sobrenombre era “Jerónimo”. La respuesta que les dieron fue que regresaran el día 30 a las oficinas de la PIP. Es en este lugar y en presencia de los pobladores que personal del ejército detuvo a Quino, Tineo y Escriba. Luego los internarían en la Base Militar BIM 34, en ese momento bajo el mando del teniente coronel EP Carlos Armando Bardales Angulo, alias “Tigre”.
Francisca y sus menores hijos fueron puestos en libertad poco después. Asimismo, el teniente gobernador de Matero, Baltazar de la Cruz Sulca, lograría entrevistarse con Martín Escriba, quien le entregó un dinero para su familia. Desde entonces no se tuvo más noticias sobre los detenidos. La PNP y el ejército negaron reiteradamente la detención de los comuneros.
La madre de Seferino Quispe, Agripina Pillaca; la esposa y los siete hijos del agricultor Martín Escriba; Carlota, esposa del campesino Melchor Tineo Pérez, así como sus cinco hijos; al igual que Francisca y sus hijas, familiares de Albino Quino, esperan, desde hace 22 años, no solo la sanción para quienes les arrebataron a sus seres queridos, sino respuestas a cada una de las preguntas que se han repetido: ¿por qué los llevaron? ¿Quién dio la orden de desaparecerlos? ¿Dónde están sus restos?
Los primeros días de agosto, la Sala Penal Nacional tendrá la responsabilidad de dar respuesta a estas interrogantes. Tras un proceso que puso en evidencia abundantes pruebas que demuestran la responsabilidad de los acusados, la justicia tiene nuevamente la oportunidad de vencer la impunidad y devolverles la dignidad arrebatada, hace 22 años, a los deudos de Seferino, Martín, Melchor y Albino.
Publicado en La Republica el 29 de julio de 2008
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APRODEH: Indignante sentencia en caso Matero
Indignación. Ese es el sentir de los familiares de Martín Escriba Pillaca, Melchor Tineo Pérez, Seferino Quispe Pillaca y Albino Quino Sulca, pobladores de la comunidad de Matero, provincia de Cangallo, Ayacucho, quienes en julio del año 1986 fueron detenidos y posteriormente desaparecidos.
Hoy, la Sala Penal Nacional, integrada por las vocales Clotilde Cavero, Emma Benavides y Jimena Cayo, absolvió a los efectivos militares Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambía Vivanco y al efectivo policial Javier Augusto Culquicóndor Díaz, sindicados como presuntos responsables de la detención y desaparición forzada de las cuatro víctimas.
“Nos parece inaudito que la Sala, pese a reconocer el delito de detención y posterior desaparición, no haya resuelto y determinado la responsabilidad de Ambía y Bardales”, señaló Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien patrocina a tres de las víctimas.
Lamentamos también que por segunda vez los testimonios de los familiares e incluso de algunos efectivos y policías no hayan sido tomados en cuenta. Por el contrario, los califican como contradictorios. “Incluso uno de los familiares reconoció físicamente al acusado Ambía Vivanco, alias “Rubén”, quien fuera jefe de la patrulla militar que detuvo a las víctimas. Pero para el Tribunal, este reconocimiento no tuvo valor; como tampoco el testimonio del Teniente Gobernador de Matero, quien logró entrevistarse con uno de los detenidos en dicha base y luego se sorprendió cuando el jefe de la misma negó que ellos hayan estado detenidos”, agregó.
“Creemos que hay un trasfondo en la direccionalidad de este fallo. Bardales Angulo era jefe militar de la Base Cangallo, lugar donde fueron llevados los detenidos para luego ser desaparecidos. Como jefe de base tenía el control de la zona y de las patrullas a su cargo, sin embargo la Sala lo ha absuelto”, señaló la doctora Cano.
A su vez, Fabio Quispe Pillaca, familiar de Seferino Quispe Pillaca, se mostró compungido ya que después de 24 años aún no encuentran justicia para sus familiares desaparecidos. “Ahora sólo esperamos encontrar sus restos y poder enterrarlos. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a lograrlo”, demandó.
Para la doctora Cano, es preocupante el retroceso que viene sufriendo la lucha contra la impunidad, emprendida por los familiares desde hace 24 años. “A pesar de que es una situación desgastante y desesperanzadora, los familiares no se darán por vencidos. Por eso, apelarán la sentencia e informarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que, como corresponde a este caso, el Estado tiene el compromiso de hacer prevalecer la justicia para las víctimas”.
Frente al fallo absolutorio, el Fiscal encargado, Isidoro Prado León de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, interpuso recurso de nulidad, actitud que los familiares saludaron.
Publicado en Coordinadora Nacional de DDHH el 26 de abril de 2010
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Matero espera justicia
Por Francisco Soberón
El pasado lunes 26, participamos en la audiencia donde se resolvería, en primera instancia, el caso de la detención y desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Matero, ubicada en la provincia de Cangallo, Ayacucho, en julio de 1986.
Sin embargo, la decisión de la Sala Penal Nacional, integrada por las vocales Clotilde Cavero, Emma Benavides y Jimena Cayo, fue absolver a los efectivos militares: Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambía Vivanco y al efectivo policial Javier Augusto Culquicóndor Díaz, sindicados como presuntos responsables de los hechos.
La indignación y desesperanza de los familiares de Martín Escriba Pillaca, Melchor Tineo Pérez, Seferino Quispe Pillaca y Albino Quino Sulca, era comprensible. Después de 24 años veían nuevamente frustrada su expectativa de alcanzar justicia y de saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos desaparecidos.
A lo largo de este tiempo, el caso ha sufrido varios reveses. En agosto de 2008, la Sala presidida por la vocal Rosa Bendezú absolvió a los efectivos implicados en el caso. Sin embargo, ante la apelación de la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso, en julio de 2009, resolviendo el inicio de un segundo juicio oral en contra de Bardales, Ambía y Culquicóndor (como reo ausente). Finalmente, el segundo juicio culminó el pasado lunes 26 de abril, con la absolución de dichos efectivos.
En ese nuevo proceso y pese a reconocer el delito de detención y posterior desaparición de las cuatro víctimas, la Sala sostiene no haber encontrado responsabilidades en los acusados. Ello, a pesar de las abundantes pruebas presentadas y los testimonios de los familiares e, incluso, de algunos efectivos y policías que fueron testigos de los hechos. Sorprende, por ejemplo, que en el caso de Bardales Angulo, no se determine su responsabilidad en este caso ya que como jefe de la Base de Cangallo, lugar a donde fueron llevados los detenidos para luego ser desaparecidos, tenía el control de la zona y de las patrullas a su cargo.
Pese a este difícil momento, los familiares de las víctimas de Matero no se darán por vencidos y continuarán en su terca búsqueda de justicia. Desde el movimiento de derechos humanos los alentamos a continuar en esta lucha, pero también invocamos a las autoridades a no hacer oídos sordos a este clamor. Esperemos que, ante la apelación interpuesta por la Fiscalía, la justicia peruana se reivindique y logre devolverles la dignidad arrebatada, hace veinticuatro años, a los deudos de Seferino, Martín, Melchor y Albino.
Publicado en CNR el 28 de abril de 2010