- Esta provincia ayacuchana es una de las que mayor número de muertos y desaparecidos registra, producto de la violencia política que azotó el país entre 1980 y el 2000. Pese al paso de los años, los familiares de las víctimas aún no hallan justicia. Se sienten olvidados y reclaman más atención del Estado.
Por María Elena Castillo Hijar
En Huanta todos han sido, de alguna u otra manera, afectados por la violencia política. Algunos son víctimas directas, otros tienen un familiar o conocido que ha sido torturado, desaparecido o asesinado en medio de la guerra interna. El terror llegó a tal punto, que miles dejaron sus tierras con el fin de escapar de la muerte; otros se quedaron y sobrevivieron como pudieron.
huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se
llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue
desaparecido.
(Foto: Virgilio Grajeda)Ahora, todos comparten la imperiosa necesidad de curar esas heridas.
Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 47.4% de víctimas de la guerra interna que asoló a nuestro país vivían en Ayacucho. Las provincias con mayor incidencia fueron Huanta y La Mar. Juntas reportaron 5,186 muertos y desaparecidos, lo que significa la mitad de todas las víctimas de Ayacucho.
Santa Isabel Llantoy Gutiérrez es una de ellas. En 1987 sus padres fueron asesinados en las alturas de Santillana.
A su padre lo mataron en la comunidad de Llajuas “unos hombres vestidos de militar”.
“Papá salió en vigilancia y lo llevaron a una casa. Había bastante gente, muchos varones. Uno por uno sacaban, preguntaban, golpeaban y mataban. A algunos ahorcaron, a otros metieron cuchillo”, relata Santa con tristeza.
Poco después huyó junto a su madre y sus cinco hermanitos a la comunidad de Chacca, donde el horror los volvió a alcanzar. Cuando apenas tenía 11 años vio que una noche los terroristas entraron y mataron a su madre y a otros pobladores.
“Hemos quedado solos, sin educación; hemos crecido en diferentes familias”, dice en su quechua natal. A su lado está la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Torturados de Huanta, Herminia Oré, quien traduce cada una de sus palabras.
La vida tiene precio
Santa Isabel y sus hermanos sólo han recibido S/. 1,500 cada uno como reparación por el crimen de su padre. “Por su madre no les reconocieron nada. Igual que ellos, tenemos 35 miembros con múltiple afectación, que perdieron a más de un familiar”, refiere, doña Herminia, cuyo esposo fue torturado en 1984 por efectivos de la Marina acantonados en el estadio de Huanta. “A otros les han dado menos”, agrega indignada.
Recuerda que en el 2011, cuando era candidato, el presidente Ollanta Humala fue a Huamanga y las recibió en la Casa del Maestro para escuchar sus necesidades. “Nos prometió incrementar las reparaciones a 10 UIT, pero hasta ahora no se cumple”, lamenta.
Además, remarca que a pesar de que tienen derecho a la atención de salud, cuando van al hospital solo les dan pastillas para el dolor, pero si quieren que les hagan análisis, tienen que pagar porque eso no cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).
“También está pendiente el tema de educación. Por los años que han pasado, muchas víctimas somos mayores, ya no podemos estudiar. Por eso hemos pedido que pase a nuestros hijos a través de la sucesión de derechos”, demanda.
Doña Herminia indica que en el 2013 fueron en marcha a Lima para presentar sus demandas, tras lo cual autoridades de varias instituciones se comprometieron a modificar la norma para que sus hijos accedan a becas de estudios, pero hasta ahora no han cumplido.
“En diciembre he vuelto a presentar el pedido al Ministerio de Justicia y a la CMAN, a ver si nos atienden”, comenta bastante incrédula.
Con las manos levantadas, los demás integrantes de la asociación de víctimas y familiares respaldan la demanda. Es el caso de Olimpia Gavilán Barboza, cuyo esposo fue asesinado en 1984 por militares en la zona de Llochegua; pocos meses después también mataron a su mamá, y hasta ahora no se sabe quién fue el responsable.
“No quiero acordarme de eso”, dice angustiada, mostrando los estragos que el terror dejó en ella. “Mi cabeza me duele, me olvido las cosas. Todo lo que quiero es que mis hijos salgan adelante”, sostiene.
Como pudo sacó fuerzas para criarlos: vendía comida, tejía ropas, iba a la selva huantina a cosechar. “Yo ya no puedo estudiar, pero mis hijos sí”, señala.
Difícil de olvidar
Prudencia Taipe Quispe tenía 17 años cuando perdió a sus padres y tres hermanos. En 1991 una columna terrorista atacó la comunidad Sector Mantaro Río Apurímac. A su padre lo mataron, junto a una veintena de miembros de autodefensa que trataron de repeler el ataque. Ella, su madre y sus hermanitos fueron llevados como “prisioneros de guerra”.
“Como a 50 nos llevaron. Nos hicieron caminar por cerros, lejos, varios días, y nos tuvieron secuestrados. Primero murieron dos de mis hermanitos, después mi mamá, que le agarró desnutrición. Mi otro hermanito hasta ahora no sé dónde está. Después de siete meses me pude escapar”, intenta resumir el horror que le tocó vivir.
Tras su huida pudo reencontrarse con dos hermanitas a las que no llegaron a secuestrar. Cada una han recibido S/. 1,250 como reparación por la muerte de su padre. No les dieron más porque en el registro figuran también su abuelita y su madre como beneficiarios, a pesar de que ellas también han fallecido, trámite que está pendiente de aclararse.
“Con todo lo que me pasó no he podido estudiar y ahora tengo siete hijos. Yo quisiera que les den los estudios a ellos, para que tengan más oportunidad que yo”, indica.
Viviendas dignas
La violencia política hizo crecer demográficamente a Huanta. Tal como ocurrió en Lima, un gran número de desplazados comenzaron a poblar la periferia de la ciudad y empezaron a organizarse para levantar sus viviendas y acceder a servicios básicos.
Así nació la Asociación de Huérfanos y víctimas de la comunidad de San Juan de Parccora residentes en Huanta, que se instalaron en el Barrio San Miguel y actualmente acoge a familias de otros anexos. Allí encontramos a Eugenia Quispe Araujo, pobladora de Culluchaca, cuyo esposo fue desaparecido en 1984 por efectivos de la Marina; después los senderistas mataron a su madre y sus hermanos.
“Mi hijo me cuida ahora. No ha podido estudiar, yo no le he podido dar nada por falta de economía y ahora tiene sus hijitos, que como sea tiene que sacar adelante. Yo pido que le den la beca a mis nietos y una casita donde vivir”, solicita con lágrimas en los ojos.
El dirigente de esta organización, Jesús Quispe Farfán, explica que todos tienen el mismo pedido. Él quedó huérfano de padre y madre a los 8 años, porque los terroristas los mataron.
“Aquí nos hemos agrupado desde el 2007 para tener donde vivir. Después de siete años de gestiones hemos logrado siquiera agua potable, pero todavía no tenemos desagüe. Necesitamos que nos capaciten en proyectos productivos, para tener trabajo y vivienda digna”, argumenta.
A 15 minutos están los miembros de la Asociación Pro Vivienda Chaccas-Santillana, en la zona conocida como Ulluyauycco. Ellos tienen similares problemas. Su dirigente, Javier Quispe Lonasco, nos muestra las rústicas viviendas que están levantando solos.
“Nosotros también necesitamos apoyo. Queremos curar las heridas y en pensar en el futuro. Pedimos que no nos sigan discriminando”, demanda en nombre de todos.
Huanta en cifras
- 2,313 muertos y desaparecidos fueron reportados a la CVR.
- 39% de víctimas son de la región.
- 1,402 fueron asesinados o secuestrados por Sendero Luminoso.
- 761 fueron por agentes del Estado.
Publicado por La república, el 9 de enero de 2015