Hualla – Peru Human Rights Trials

El luto no termina en este pueblo ayacuchano, decenas de familias aún buscan a los que desaparecieron en el conflicto armado de los ochenta. Las viudas y los huérfanos conviven con exsenderistas y exmilitares en un pacto de silencio.

La RepublicaUnos niños juegan entre las cruces del cementerio de Hualla, en Ayacucho. Juegan a la guerra. El niño vestido con un disfraz de soldado le apunta a la niña con un fusil de madera: ¡Bang, bang! Metros más allá, como en comparsa, un grupo de hombres y mujeres caminan llevando flores en las manos. Deambulan entre las cruces plantadas en la pampa sin detenerse en ninguna, pues no tienen tumba. Tienen muertos –o presumen que los tienen–, pero no tienen dónde dejarles las flores.
Son los familiares de los desaparecidos del conflicto armado interno, almas en pena que lloran a sus difuntos, que en el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas perdieron algún pariente de la forma más cruel: un día el papá, la hermana, el tío estaba, al día siguiente ya no, se lo habían llevado a rastras, como a un animal, quién sabe a dónde.

ZONA ROJA
San Pedro de Hualla es un pueblo enclavado en la puna del sur de Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo. De día no hay mucho movimiento, la gente se va a trabajar a sus chacras a las cuatro de la mañana y regresa al atardecer. Por la noche, lo único que da vida al pueblo es la televisión por cable y los cantos en las iglesias evangélicas (más de la mitad de la población que era católica antes del conflicto ha cambiado de fe).

El paisaje de ahora es muy diferente al de los años ochenta. En esa época Hualla era considerada “zona roja”. Como otras tantas comunidades de esta parte del país, fue tomada por Sendero Luminoso. Todos debían colaborar con los subversivos, si no los mataban. Al propio alcalde lo ejecutaron de un tiro en la cabeza bajo el campanario de la iglesia. En 1983 llegaron los militares para dar el contragolpe. Se instalaron varias bases contrasubersivas. Hualla quedó sitiada y se inició una guerra sin cuartel en la que se esfumaron para siempre decenas de huallinos.

MAPA MACABRO
Han pasado más de tres décadas y, salvo en las borracheras o en la intimidad del hogar, en el pueblo no se habla del tema. Sin embargo, nadie puede desligarse de los fantasmas del pasado, sobre todo los familiares de los desaparecidos que con el devenir del tiempo se han resignado a la idea de que nunca los volverán a ver con vida.

Hualla es uno de los lugares del Perú donde hay más gente que espera que le devuelvan el cuerpo de sus parientes o lo que quedó de ellos. Aquí conviven 74 familias de desaparecidos, las viudas y los huérfanos que no pueden cerrar el duelo, que siguen buscando respuestas.

Édgar Choccña vio a los 9 años cómo se llevaban a su padre Rufino Choccña en un camión lleno de detenidos a la Base Militar de Canaria (a una hora de Hualla), un domingo 13 de mayo de 1983. Nunca más lo volvió a ver. Hoy el terreno de la base ha sido lotizado para construir conjuntos habitacionales: “He ido y he preguntado –dice el profesor Édgar–, los pobladores dicen que ahí hay entierros, incluso a las chicas les fastidian diciéndoles que si escarban van a encontrar huesitos de las manos de los muertos. Posiblemente a mi papá lo hayan enterrado ahí, aunque otros cuentan que lo aniquilaron en una iglesia abandonada en el poblado de Taca y que llevaron el cadáver en varios viajes a los socavones de una mina”. Según el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), 58 huallinos desaparecieron en Canaria entre 1983 y 1984.

Al igual que Choccña, otros deudos han trazado el mapa macabro de los posibles lugares donde podrían estar enterrados los restos de sus familiares. Los pobladores están convencidos de que Hualla duerme sobre fosas comunes.

VIVIR SOBRE FOSAS
Al pie del poblado, en una pampa que hoy rebosa de verde, se ve lo que quedó de la Base Militar de Chimpampa. Son paredes de techo alto. “Aquí había un horno y allá una capilla. Aquí había una torre alta de centinelas, allá los militares construyeron un calabozo subterráneo que llenaban de agua y era donde metían a los detenidos para torturarlos”, cuenta el agricultor Marino Oré a modo de tour macabro. Hoy Chimpampa es un apacible vivero municipal. Marino dice que veía todo lo que hacían los militares con los detenidos desde su casa que quedaba al frente de la base.

Al igual que en Canaria, los militares traían aquí a todo el que consideraban sospechoso. Dieciséis huallinos cruzaron el portón del cuartel. No se les vio más. Uno de ellos fue el esposo de Juana Crisante, Fortunato Méndez. La viuda sostiene una fotografía de él mientras camina sobre la ex base militar y escucha desconcertada la narración de Oré: “Aquí había una pampita donde los militares hacían sus prácticas de tiro, después la convirtieron en fosas. Sí, de día aparecían los montoncitos de tierra”. Si lo que dice Oré es cierto, posiblemente Juana esté parada sobre los restos de su marido.

El anciano Darío Inca es uno de los pocos que sobrevivió a Chimpampa. Néstor Valenzuela, familiar de otro desaparecido, lo oye hablar en quechua y traduce: “Cuenta que los militares lo sacaron de su casa una noche, lo llevaron a la base con otros diez, le vendaron los ojos y lo metieron al pozo lleno de agua hasta las axilas, al rato lo sacaron y lo golpearon. A los ocho días lo soltaron porque su esposa les llevó a los militares dos cabras de regalo”.

A Inca le tiembla la mitad del cuerpo. Para caminar debe sostenerse de un bastón. Su cojera es producto de la golpiza que le dieron los militares mientras estuvo secuestrado. Hoy, que hubo un desfile escolar en Hualla, la municipalidad le regaló una silla de ruedas. Es la única indemnización que ha recibido.

EL CHOFER
“En todo el país hay un total de seis mil fosas clandestinas, solo en Ayacucho hay cuatro mil, y el Ministerio Público solo tiene 20 forenses para cumplir con las exhumaciones. Haciendo cálculos y siendo optimistas, en 60 años posiblemente podremos ubicar a los desaparecidos”, dice Percy Rojas, antropólogo del EPAF. En ese interín lo más probable es que los deudos mueran antes de poder enterrar a sus familiares. “El Estado no tiene una política de búsqueda de desaparecidos”, dice la abogada Gisela Ortiz. “Ni siquiera los busca, el deudo es el que debe investigar en qué fosa, en qué quebrada, en qué cuenca podría estar enterrado su familiar”.

En Hualla, dicen los familiares de los desaparecidos, probablemente haya un hombre que sepa a dónde se llevaron los militares a sus familiares. Se llama Teodomiro Benítez, es un huancaíno y se quedó a vivir en el pueblo luego de la guerra. Él manejaba el camión de la tropa militar de Chimpampa. “Sí, había calabozos subterráneos donde metían a los de Sendero. No sé si los torturaban. Eran tiempos de guerra sucia. Todas las calles estaban pintadas con la hoz y el martillo. No se podía confiar en nadie, toda la gente era roja. Hasta te daban cancha y queso envenenado, cuántos militares murieron así, cuántas bombas me pusieron a mí. Pero sobre los desaparecidos no sé nada, la Fiscalía ha venido varias veces a interrogarme, yo no sé nada, no tengo por qué defender a nadie”, asegura Benítez. Cuando le pregunto cómo lo miran los huallinos, dice: “Yo me llevo bien con todos, hasta a los terroristas los conozco. Algunos tienen sus buenas tiendas en plena plaza”.

En pocas partes del país se ve lo que en Hualla. Aquí conviven viudas y huérfanos, exmilitares y exsenderistas, víctimas y posibles asesinos. En todo el pueblo no hay un solo policía. La armonía la sostiene el silencio. Nadie habla de lo ocurrido.

Por Gisela Ortiz

Conocimos a la familia Ucharima en junio del 2013 cuando en el distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, conmemorábamos el de la memoria como un acto simbólico de recuerdo a cada una de las víctimas del distrito asesinadas, desaparecidas, torturadas o violadas durante el conflicto armado Interno que sufriera nuestro país.

Como parte del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF, trabajamos en Hualla desde el año 2010, recogiendo testimonios de las víctimas, ubicando sitios de entierro, reconstruyendo casos, algunos de los cuales han sido presentados ante la Fiscalía para su exhumación. Es necesario recordar que, en nuestro país, la única manera de buscar a un desaparecido, de desenterrarlo de su fosa del olvido, de devolverle a su familia, es a través de una denuncia penal que no necesariamente busca al desaparecido sino que se centra en los hechos y las responsabilidades. Esta búsqueda, por tanto, no tiene un carácter humanitario, no prioriza los derechos de los familiares ni la dignidad del propio ser humano a un entierro digno.

La familia Ucharima nos contó lo ocurrido, militares de la base de Chimpampa, llegaron hasta su estancia ubicada 3, 800msnm en el paraje conocido como Wecheccpata acompañados de dos informantes del pueblo, señalando que en esa casa se alimentaba y acogía a los senderistas. Esta acusación fue suficiente prueba para acabar con la vida de 7 personas: 3 adultos y 4 niños y enterrarlos de manera clandestina en medio de la nada.

Después de presentado el caso a la Fiscalía el año pasado, se programó la diligencia de exhumación de los cuerpos. El fiscal acompañado de los peritos del Instituto de Medicina Legal llegaron hasta Hualla para realizar esta diligencia. Desde Lurín, al sur de Lima viajaron los familiares preocupados, ansiosos por encontrar a sus seres queridos después de 30 años.

La dligencia estuvo programada desde el martes 05 de mayo hasta el viernes 08; cuando las autoridades llegaron a Hualla el martes 05 fue solo para informar que descansarían en Huancapi y que al día siguiente, miércoles06 y jueves 07 de mayo se realizarían las exhumaciones en el lugar donde los testigos señalaron haber enterrado los cuerpos, Llegar hasta las fosas toma una hora en carro desde Hualla hasta sus alturas sobre los 4,400 msnm y más de una hora bajar los cerros caminando. En el lugar señalado no se encontró nada. La exigencia de los familiares fue que se siga buscando, que los cuerpos tienen que estar por ahí. Los visitantes se negaron con el argumento que ellos habían ido a exhumar no a buscar. que los familiares los sigan buscando y cuando los encuentren, avisen a las autoridades.

Cuando pensamos en el tiempo que ha tomado para que los familiares denuncien este crimen, la demora en llegar al lugar por lo inaccesible, los recursos económicos que significan al Estado y, por encima de ello, el derecho de los familiares; duele reconocer que somos incapaces de ir más allá, de hacer un poco más, de pensar en el dolor del otro, en su derecho. Nos autolimitamos y apuramos porque salimos de nuestro medio de confort y queremos regresar lo más pronto posible. Y no pensamos. Y no sentimos. No respetamos.

La búsqueda de los desaparecidos en nuestro país es una tarea abnegada, permanente de sus propios familiares. Lo mucho o poco que se ha hecho hasta hoy, es porque los familiares así lo han impulsado. La señora Saturnina Ucharima hija de una de las víctimas fue al encuentro del padre de quien no pudo despedirse. Viajó cargada de sueños, quizás pesadillas, de recordar lo que se vivió en su pueblo: la muerte de sus familiares, el desplazamiento forzado. Ser testigo de esta búsqueda infructuosa, inútil le costó la vida. Se puso mal al regresar a Hualla, fue atendida de emergencia en Cangallo y así enferma partió para Lima acompañada de su esposo Cayo Uzcata para pasar el día de la madre con sus 5 hijos. Ayer, en Pisco, camino a Lima, la muerte se interpuso entre sus sueños y se la llevó sin poder encontrar a su padre, sin poder enterrarlo; pensando en que la justicia para ella, para su familia, para su pueblo simplemente no existe.

¿Quién se hace responsable de esta nueva tragedia para la familia Ucharima Uzcata? ¿Por qué hasta ahora no brindamos acompañamiento sicosocial y médico a los familiares en cada una de las etapas de la intervención forense? ¿Por qué no podemos trabajar desde la utópica justicia, en respetar el derecho de los familiares?

Yo no sé si hay instituciones que “pueden dormir tranquilos” confiando en el trabajo que realizada la fiscalía en general y el Instituto de Medicina Legal en particular, cuando nadie está buscando a los desaparecidos. Lo que se hace es ir a exhumar, levantar cuerpos. No hay estrategia de búsqueda, no nos damos tiempo para ello. Quizá sea injusto buscar culpables por esta muerte pero tiene que ser el momento de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, lo suficiente.

La búsqueda del familiar desaparecido, asesinado injustamente cobra la vida de un familiar. No encuentro palabras para compartir esta impotencia y dolor que me embarga pero que destruye mucho más los sueños de justicia de la familia Ucharima. Qué más debe pasar para que en nuestro país dejemos de lado nuestros egoísmos y pensemos en el derecho a encontrar a sus seres queridos a través de una política pública impulsada desde el Estado con la participación de la sociedad civil y poniendo como prioridad el derecho de los familiares.

La guerra contra los invisibles de siempre que desatara sendero luminoso y que tuvo respuestas crueles también por parte del estado, no ha terminado para muchos. Hoy se enfrentan a un Estado todavía indiferente y a la complicidad de muchas instituciones. Hoy cuesta también que te escuchen, que te respeten, que no te mate el dolor en ese esfuerzo por exigir tus derechos.

Que la muerte de la señora Saturnina Ucharima pese en nuestras conciencias para ser capaces de comprometernos con la vida, de darle sentido al sufrimiento de los demás. Que estas batallas contra el olvido no acaben con la voluntad de los familiares pero tampoco con la obligación de las autoridades.

FOTOS: PERCY ROJAS