Categories
Trial Reports

Morir Buscando (Gisela Ortíz)

Por Gisela Ortiz

Conocimos a la familia Ucharima en junio del 2013 cuando en el distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, conmemorábamos el de la memoria como un acto simbólico de recuerdo a cada una de las víctimas del distrito asesinadas, desaparecidas, torturadas o violadas durante el conflicto armado Interno que sufriera nuestro país.

.

Como parte del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF, trabajamos en Hualla desde el año 2010, recogiendo testimonios de las víctimas, ubicando sitios de entierro, reconstruyendo casos, algunos de los cuales han sido presentados ante la Fiscalía para su exhumación. Es necesario recordar que, en nuestro país, la única manera de buscar a un desaparecido, de desenterrarlo de su fosa del olvido, de devolverle a su familia, es a través de una denuncia penal que no necesariamente busca al desaparecido sino que se centra en los hechos y las responsabilidades. Esta búsqueda, por tanto, no tiene un carácter humanitario, no prioriza los derechos de los familiares ni la dignidad del propio ser humano a un entierro digno.

© Percy Rojas

La familia Ucharima nos contó lo ocurrido, militares de la base de Chimpampa, llegaron hasta su estancia ubicada 3, 800msnm en el paraje conocido como Wecheccpata acompañados de dos informantes del pueblo, señalando que en esa casa se alimentaba y acogía a los senderistas. Esta acusación fue suficiente prueba para acabar con la vida de 7 personas: 3 adultos y 4 niños y enterrarlos de manera clandestina en medio de la nada.

Después de presentado el caso a la Fiscalía el año pasado, se programó la diligencia de exhumación de los cuerpos. El fiscal acompañado de los peritos del Instituto de Medicina Legal llegaron hasta Hualla para realizar esta diligencia. Desde Lurín, al sur de Lima viajaron los familiares preocupados, ansiosos por encontrar a sus seres queridos después de 30 años.

La dligencia estuvo programada desde el martes 05 de mayo hasta el viernes 08; cuando las autoridades llegaron a Hualla el martes 05 fue solo para informar que descansarían en Huancapi y que al día siguiente, miércoles06 y jueves 07 de mayo se realizarían las exhumaciones en el lugar donde los testigos señalaron haber enterrado los cuerpos, Llegar hasta las fosas toma una hora en carro desde Hualla hasta sus alturas sobre los 4,400 msnm y más de una hora bajar los cerros caminando. En el lugar señalado no se encontró nada. La exigencia de los familiares fue que se siga buscando, que los cuerpos tienen que estar por ahí. Los visitantes se negaron con el argumento que ellos habían ido a exhumar no a buscar. que los familiares los sigan buscando y cuando los encuentren, avisen a las autoridades.

Cuando pensamos en el tiempo que ha tomado para que los familiares denuncien este crimen, la demora en llegar al lugar por lo inaccesible, los recursos económicos que significan al Estado y, por encima de ello, el derecho de los familiares; duele reconocer que somos incapaces de ir más allá, de hacer un poco más, de pensar en el dolor del otro, en su derecho. Nos autolimitamos y apuramos porque salimos de nuestro medio de confort y queremos regresar lo más pronto posible. Y no pensamos. Y no sentimos. No respetamos.

© Percy Rojas
© Percy Rojas

La búsqueda de los desaparecidos en nuestro país es una tarea abnegada, permanente de sus propios familiares. Lo mucho o poco que se ha hecho hasta hoy, es porque los familiares así lo han impulsado. La señora Saturnina Ucharima hija de una de las víctimas fue al encuentro del padre de quien no pudo despedirse. Viajó cargada de sueños, quizás pesadillas, de recordar lo que se vivió en su pueblo: la muerte de sus familiares, el desplazamiento forzado. Ser testigo de esta búsqueda infructuosa, inútil le costó la vida. Se puso mal al regresar a Hualla, fue atendida de emergencia en Cangallo y así enferma partió para Lima acompañada de su esposo Cayo Uzcata para pasar el día de la madre con sus 5 hijos. Ayer, en Pisco, camino a Lima, la muerte se interpuso entre sus sueños y se la llevó sin poder encontrar a su padre, sin poder enterrarlo; pensando en que la justicia para ella, para su familia, para su pueblo simplemente no existe.

¿Quién se hace responsable de esta nueva tragedia para la familia Ucharima Uzcata? ¿Por qué hasta ahora no brindamos acompañamiento sicosocial y médico a los familiares en cada una de las etapas de la intervención forense? ¿Por qué no podemos trabajar desde la utópica justicia, en respetar el derecho de los familiares?

Yo no sé si hay instituciones que “pueden dormir tranquilos” confiando en el trabajo que realizada la fiscalía en general y el Instituto de Medicina Legal en particular, cuando nadie está buscando a los desaparecidos. Lo que se hace es ir a exhumar, levantar cuerpos. No hay estrategia de búsqueda, no nos damos tiempo para ello. Quizá sea injusto buscar culpables por esta muerte pero tiene que ser el momento de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, lo suficiente.

La búsqueda del familiar desaparecido, asesinado injustamente cobra la vida de un familiar. No encuentro palabras para compartir esta impotencia y dolor que me embarga pero que destruye mucho más los sueños de justicia de la familia Ucharima. Qué más debe pasar para que en nuestro país dejemos de lado nuestros egoísmos y pensemos en el derecho a encontrar a sus seres queridos a través de una política pública impulsada desde el Estado con la participación de la sociedad civil y poniendo como prioridad el derecho de los familiares.

© Percy Rojas

La guerra contra los invisibles de siempre que desatara sendero luminoso y que tuvo respuestas crueles también por parte del estado, no ha terminado para muchos. Hoy se enfrentan a un Estado todavía indiferente y a la complicidad de muchas instituciones. Hoy cuesta también que te escuchen, que te respeten, que no te mate el dolor en ese esfuerzo por exigir tus derechos.

Que la muerte de la señora Saturnina Ucharima pese en nuestras conciencias para ser capaces de comprometernos con la vida, de darle sentido al sufrimiento de los demás. Que estas batallas contra el olvido no acaben con la voluntad de los familiares pero tampoco con la obligación de las autoridades.

FOTOS: PERCY ROJAS

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Peruanos que faltan, por Eduardo Vega

  • A 30 años de la masacre de Putis, Ayacucho.

Mañana se cumplirán 30 años desde el execrable crimen ocurrido en Putis, un alejado pueblo de Ayacucho donde fueron asesinadas más de 120 personas. Lamentablemente, solo se pudieron recuperar 92 cuerpos y apenas 28 de ellos fueron identificados; el resto fue sepultado como NN por la comunidad.

.

Ayacucho © El ComercioAyacucho © El ComercioJunto con los justos reclamos por lograr justicia, y por que los responsables sean debidamente identificados y sancionados, los familiares reclaman también encontrar a sus seres queridos. Esta es una demanda exigida desde hace muchos años por miles de peruanos y peruanas que hasta hoy desconocen el paradero de las víctimas de este crimen.

Es importante reconocer los esfuerzos impulsados por los sectores involucrados en recuperar, identificar y restituir los restos de las víctimas, pero la magnitud de la tragedia demuestra que lo hecho hasta hoy resulta insuficiente. Es indispensable, de cara al transcurso del tiempo, dar una respuesta adecuada y cumplir con la deuda moral que tenemos como Estado: entregar los restos de sus familiares.

La desaparición forzada es quizá el más vil de todos los crímenes contra los derechos humanos. Es la destrucción de un proyecto de vida, no solo de la víctima, sino también de quienes la rodean. A la persona desaparecida se le sustrae de toda protección legal, mientras que a sus seres queridos se les impone vivir con dolor, angustia e incertidumbre permanentes, se les niega la justicia en tanto no se conoce su paradero ni a los responsables y se les niega el derecho a darles sepultura conforme a sus costumbres y creencias. Se les niega, a todos, su dignidad.

No se sabe con exactitud el número de personas desaparecidas en el período 1980-2000. El Consejo de Reparaciones ya acreditó a más de 8.000 personas; el Ministerio Público ha señalado alrededor de 15.000. Ese es uno de los problemas del cual se parte: no contar con una cifra real de víctimas. En doce años, el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal recuperó 2.478 restos mortales y ha entregado cerca de 1.500 cuerpos a sus familiares, lo que demuestra que tendrían que pasar muchas décadas para dar una respuesta a todas estas familias.

Por ello, urge implementar una política integral, articulada, multidisciplinaria y coordinada con diversos sectores, con una mirada mucho más sensible y humana. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene, desde mayo del presente año y producto de reuniones de trabajo, una propuesta consensuada con diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil involucradas en este tema.

Se trata de una política de búsqueda, identificación y restitución de restos que no se enmarque exclusivamente en el proceso penal y que atienda las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares. Que fortalezca, además, la labor forense y que facilite un trabajo más coordinado que permita afrontar la dimensión y complejidad de la problemática.

Han pasado 30 años: no los hagamos esperar más. Estas familias merecen cerrar este ciclo de dolor e incertidumbre. Estas familias merecen una respuesta ahora.

Publicado en El Comercio, el 12 de diciembre de 2014

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Nueve años del Informe final de la CVR Exhumación de víctimas del terror avanza lentamente

En el país hay 15.700 desaparecidos que estarían en 6.400 fosas. En 10 años se exhumaron apenas el 13% del total de sitios de entierro localizados. A ese ritmo se terminaría en 80 años.

por Flor Huilca

  • Han pasado 13 años desde que de Diómenes Callampe desapareció camino al poblado de Colca, en la provincia de Huancasancos, Ayacucho.

Era un 12 de diciembre de 1999. Su esposa, Emiliana Auccasi, recuerda claramente cuando vinieron a decirle que un grupo de senderistas se había llevado a Diómedes junto a su cuñado. “Han dicho que en cinco días lo sueltan”, le aseguraron, pero no volvió a casa.

.

En espera. Los familiares de los desaparecidos se consuelan entre ellos ante la indolencia de quienes no actúan con celeridad para entregarles a los suyosEn espera. Los familiares de los desaparecidos se consuelan entre ellos ante la indolencia de quienes no actúan con celeridad para entregarles a los suyosEmiliana nunca se cansó de buscarlo y hace poco le contaron que estaba sepultado en una fosa del anexo de Huacrapampa. Por más que ha insistido en que lo busquen las autoridades en esa zona, su pedido no ha tenido eco. Diómedes seguirá en calidad de desaparecido cuando bien podría haber sido ya devuelto a sus familiares.

El caso de Emiliana es apenas una más de las 15.700 personas desaparecidas durante la violencia terrorista que se encuentran en los 6.400 sitios de entierro que hay en el país. De todos ellos se han exhumado apenas el 13%. El resto todavía sigue siendo una herida abierta en sus familiares, nueve años después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad que recomendaba elaborar un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-foresenses para exhumar esos cuerpos.

NI PLAN NI PROPUESTO

Carola Falconí, directora ejecutiva de Comiseh, advierte de que en este extremo de las recomendaciones de la CVR hay un lento y desordenado.

No se cuenta todavía con el plan recomendado por la CVR. No hay suficiente presupuesto para el Instituto de Medicina Legal (IML) que se hace cargo de las exhumaciones, y sobre todo falta voluntad política de las autoridades.

En los últimos 10 años, se afirma, el IML recuperó 2.064 cuerpos en todo el país. Si se continúa a ese ritmo se tendría que esperar ¡80 años¡ para terminar con las exhumaciones, lo que significa prolongar aún más el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos.

“Se necesita un plan nacional que se inicie en Ayacucho, la zona donde se concentra el mayor número de muertos desaparecidos. El Ministerio Público no actúa bajo un plan, tiene un cronograma que responde a las necesidades de los fiscales y las investigaciones que se desarrollan”, comentó.

La exhumación de los cuerpos es apenas una parte del trabajo. Es preciso, además, garantizar la identificación plena de las víctimas, proceso en el cual también se observan demoras. En Ayacucho, por ejemplo, al menos el 50% de los cuerpos exhumados no están identificados y no pueden ser devueltos a sus familiares.

“Hay personas que están esperando hace 6 años un examen de ADN. La espera es como una segunda muerte para estas personas. Es una negación del derecho de los familiares de enterrar dignamente a sus muertos para poder cerrar el duelo en el cual se encuentran hace años”, refirió.

AVANCE MÍNIMO

Franco Mora, coordinador del área de intervención Forense del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), coincide también en que hay poco avance en la búsqueda de los desaparecidos. Esa búsqueda, asegura, tiene que ver con exhumaciones de los sitios ya identificados, pero también con la ubicación del resto de desaparecidos y las investigaciones judiciales.

“Falta voluntad política para entender realmente la búsqueda de desaparecidos, para ello se requiere de una política que no la hay”, comentó.

Gisella Vignolo, de la Defensoría del Pueblo, señaló que esa entidad recomendó la implementación de un plan que incluya las exhumaciones de carácter humanitario.

“Que las exhumaciones puedan realizarse fuera del marco de una investigación penal no impide que la información obtenida pueda servir en lo posterior para judicializar el caso”, dijo.

Publicado por el La República el 28 de agosto de 2012