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Morir Buscando (Gisela Ortíz)

Por Gisela Ortiz

Conocimos a la familia Ucharima en junio del 2013 cuando en el distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, conmemorábamos el de la memoria como un acto simbólico de recuerdo a cada una de las víctimas del distrito asesinadas, desaparecidas, torturadas o violadas durante el conflicto armado Interno que sufriera nuestro país.

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Como parte del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF, trabajamos en Hualla desde el año 2010, recogiendo testimonios de las víctimas, ubicando sitios de entierro, reconstruyendo casos, algunos de los cuales han sido presentados ante la Fiscalía para su exhumación. Es necesario recordar que, en nuestro país, la única manera de buscar a un desaparecido, de desenterrarlo de su fosa del olvido, de devolverle a su familia, es a través de una denuncia penal que no necesariamente busca al desaparecido sino que se centra en los hechos y las responsabilidades. Esta búsqueda, por tanto, no tiene un carácter humanitario, no prioriza los derechos de los familiares ni la dignidad del propio ser humano a un entierro digno.

© Percy Rojas

La familia Ucharima nos contó lo ocurrido, militares de la base de Chimpampa, llegaron hasta su estancia ubicada 3, 800msnm en el paraje conocido como Wecheccpata acompañados de dos informantes del pueblo, señalando que en esa casa se alimentaba y acogía a los senderistas. Esta acusación fue suficiente prueba para acabar con la vida de 7 personas: 3 adultos y 4 niños y enterrarlos de manera clandestina en medio de la nada.

Después de presentado el caso a la Fiscalía el año pasado, se programó la diligencia de exhumación de los cuerpos. El fiscal acompañado de los peritos del Instituto de Medicina Legal llegaron hasta Hualla para realizar esta diligencia. Desde Lurín, al sur de Lima viajaron los familiares preocupados, ansiosos por encontrar a sus seres queridos después de 30 años.

La dligencia estuvo programada desde el martes 05 de mayo hasta el viernes 08; cuando las autoridades llegaron a Hualla el martes 05 fue solo para informar que descansarían en Huancapi y que al día siguiente, miércoles06 y jueves 07 de mayo se realizarían las exhumaciones en el lugar donde los testigos señalaron haber enterrado los cuerpos, Llegar hasta las fosas toma una hora en carro desde Hualla hasta sus alturas sobre los 4,400 msnm y más de una hora bajar los cerros caminando. En el lugar señalado no se encontró nada. La exigencia de los familiares fue que se siga buscando, que los cuerpos tienen que estar por ahí. Los visitantes se negaron con el argumento que ellos habían ido a exhumar no a buscar. que los familiares los sigan buscando y cuando los encuentren, avisen a las autoridades.

Cuando pensamos en el tiempo que ha tomado para que los familiares denuncien este crimen, la demora en llegar al lugar por lo inaccesible, los recursos económicos que significan al Estado y, por encima de ello, el derecho de los familiares; duele reconocer que somos incapaces de ir más allá, de hacer un poco más, de pensar en el dolor del otro, en su derecho. Nos autolimitamos y apuramos porque salimos de nuestro medio de confort y queremos regresar lo más pronto posible. Y no pensamos. Y no sentimos. No respetamos.

© Percy Rojas
© Percy Rojas

La búsqueda de los desaparecidos en nuestro país es una tarea abnegada, permanente de sus propios familiares. Lo mucho o poco que se ha hecho hasta hoy, es porque los familiares así lo han impulsado. La señora Saturnina Ucharima hija de una de las víctimas fue al encuentro del padre de quien no pudo despedirse. Viajó cargada de sueños, quizás pesadillas, de recordar lo que se vivió en su pueblo: la muerte de sus familiares, el desplazamiento forzado. Ser testigo de esta búsqueda infructuosa, inútil le costó la vida. Se puso mal al regresar a Hualla, fue atendida de emergencia en Cangallo y así enferma partió para Lima acompañada de su esposo Cayo Uzcata para pasar el día de la madre con sus 5 hijos. Ayer, en Pisco, camino a Lima, la muerte se interpuso entre sus sueños y se la llevó sin poder encontrar a su padre, sin poder enterrarlo; pensando en que la justicia para ella, para su familia, para su pueblo simplemente no existe.

¿Quién se hace responsable de esta nueva tragedia para la familia Ucharima Uzcata? ¿Por qué hasta ahora no brindamos acompañamiento sicosocial y médico a los familiares en cada una de las etapas de la intervención forense? ¿Por qué no podemos trabajar desde la utópica justicia, en respetar el derecho de los familiares?

Yo no sé si hay instituciones que “pueden dormir tranquilos” confiando en el trabajo que realizada la fiscalía en general y el Instituto de Medicina Legal en particular, cuando nadie está buscando a los desaparecidos. Lo que se hace es ir a exhumar, levantar cuerpos. No hay estrategia de búsqueda, no nos damos tiempo para ello. Quizá sea injusto buscar culpables por esta muerte pero tiene que ser el momento de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, lo suficiente.

La búsqueda del familiar desaparecido, asesinado injustamente cobra la vida de un familiar. No encuentro palabras para compartir esta impotencia y dolor que me embarga pero que destruye mucho más los sueños de justicia de la familia Ucharima. Qué más debe pasar para que en nuestro país dejemos de lado nuestros egoísmos y pensemos en el derecho a encontrar a sus seres queridos a través de una política pública impulsada desde el Estado con la participación de la sociedad civil y poniendo como prioridad el derecho de los familiares.

© Percy Rojas

La guerra contra los invisibles de siempre que desatara sendero luminoso y que tuvo respuestas crueles también por parte del estado, no ha terminado para muchos. Hoy se enfrentan a un Estado todavía indiferente y a la complicidad de muchas instituciones. Hoy cuesta también que te escuchen, que te respeten, que no te mate el dolor en ese esfuerzo por exigir tus derechos.

Que la muerte de la señora Saturnina Ucharima pese en nuestras conciencias para ser capaces de comprometernos con la vida, de darle sentido al sufrimiento de los demás. Que estas batallas contra el olvido no acaben con la voluntad de los familiares pero tampoco con la obligación de las autoridades.

FOTOS: PERCY ROJAS

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Parcco y Pomatambo: Entregarán los restos de cuatro campesinos ejecutados por el Ejército

Los cuerpos de cuatro pobladores que hace 27 años fueron secuestrados, asesinados e incinerados por tropas militares en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo serán entregados el viernes a sus familiares, tras haber sido identificados por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

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Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo en 1986
Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron en las comunidades ayacuchanas de Parcco y Pomatambo en 1986
Dos patrullas militares los secuestraron y asesinaron
en las comunidades ayacuchanas de Parcco
y Pomatambo en 1986
Se trata de los restos de Donato Ramírez Rivera y Eugenia Ramírez Castillo, secuestrados la madrugada del 23 de octubre de 1986 en la comunidad de Parcco, por patrullas del Ejército; y de Antonio Najarro Soto y Timoteo Bautista Bellido, raptados en Pomatambo horas antes.

“Los restos fueron exhumados en el 2006 y todo se dilató por falta de fondos para los reactivos. El EPAF analizó los restos y descubrió que fueron asesinados con elementos punzocortantes y armas de fuego”, informa la abogada de la Comisión Episcopal para la Acción Social (CEAS), Gery Vásquez, que representa a los deudos en el proceso de restitución de los restos de las víctimas.

De momento la Sala Penal Nacional ha sentenciado a tres militares involucrados como coautores materiales y al teniente coronel EP (r) Carlos Armando Bardales como autor mediato. Uno de los acusados, Agustín Jorge Tuya López, fue absuelto por ser considerado simplemente testigo. Mientras que la sentencia al teniente de infantería (r) Dante Jesús Retamal Guerra aún está pendiente por demoras en el proceso de extradición desde Estados Unidos, donde se encuentra como residente.

Efraín Najarro es uno de los deudos que esperan con ansias los restos de su padre, Antonio, un humilde campesino que fue secuestrado en la localidad de Pomatambo a altas horas de la noche, mientras colaboraba en los preparativos para celebrar una fiesta local.

Tras ser detenido fue ejecutado extrajudicialmente a la mañana siguiente, acusado de pertenecer a la escuela popular de Sendero Luminoso. Luego, su cuerpo fue incinerado y escondido en un páramo aledaño a la provincia de Vilcashuamán. Con los años se probó que no tenía filiación con el grupo terrorista, agravando el crimen cometido en su contra.

Publicado el 16 de octubre de 2013 en La República

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Los huesos hablan: Identifican los restos de tres personas desaparecidas en Los Cabitos

Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez (*)

Se sabe que, a lo largo de los años del conflicto armado interno, la base militar Los Cabitos —sede del Comando Político-Militar de Ayacucho— fue utilizada como centro de detención, tortura, ejecución y desaparición forzada.

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Puerta de entrada del cuartel Los CabitosPuerta de entrada del cuartel Los CabitosEstá el testimonio del ex agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, publicado en el libroMuerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, en el cual da cuenta que él mismo desenterró a unos 300 cuerpos de personas que habían sido ejecutadas en Los Cabitos y los incineró, ordenado por sus superiores para destruir las evidencias de las prácticas siniestras de las Fuerzas del Orden.

Está el Informe de la CVR, que da cuenta de testimonios de 138 casos de personas que fueron secuestradas, torturadas, o asesinadas por las Fuerzas del Orden entre 1983 y 1984 en Los Cabitos.

Están los testimonios de los sobrevivientes y familiares que han testificado ante la Sala Penal Nacional en el proceso judicial de Los Cabitos 83, que comenzó en mayo de 2011. Unas quince personas han contado con detalle cómo fueron detenidas, llevadas a Cabitos, sometidas a varios tipos de torturas, entre ellos la violencia sexual, para luego ser liberadas cuando sus interrogadores se dieron cuenta de que “no tenían nada que ver” con Sendero Luminoso. También están los testimonios de los familiares que relataron, también ante el juzgado, como las Fuerzas del Orden llevaron a sus seres queridos a Los Cabitos y nunca más los volvieron a ver con vida.

Están las exhumaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) en Los Cabitos, en la zona llamada La Hoyada, entre 2005 y 2009, donde desenterraron más de 50 cuerpos enteros, y los restos parciales de unas 50 personas más. En la mayoría de casos, los cuerpos muestran claro signos de haber sido ejecutados a corta distancia, con balas en la cabeza, y con las manos atadas hacia la espalda. Hallaron, además, cuatro hornos —uno de ellos con restos humanos adentro— que habrían servido para la incineración de cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, así como los tubos que alimentaban los hornos de energía. Según las proyecciones del IML, podrían superar un millar las víctimas enterradas en Los Cabitos.

Juicio Cabitos - Audiencia en Ayacucho 24 agosto 2012Juicio Cabitos – Audiencia en Ayacucho 24 agosto 2012Ahora tenemos un nuevo elemento para afirmar que Los Cabitos fue un centro de detención, tortura y ejecución: luego de un largo proceso de exhumación y análisis, se ha podido identificar a tres de las personas cuyos restos fueron encontrados en La Hoyada. La noticia fue revelada el miércoles durante el juicio Los Cabitos 83, en el contexto de una audiencia sobre los hallazgos de las exhumaciones realizadas en la base militar.

El tribunal leyó un informe presentado por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) dando cuenta de la identificación. Según la doctora Gloria Cano, abogada y directora ejecutiva de Aprodeh que representa a la parte civil en el juicio, dos de las personas identificadas fueron desaparecidas el año 1984, mientras que la otra, en 1985. Se revelaron los nombres de las tres personas que no reproducimos aquí por respeto a la privacidad de los familiares mientras procesan la información sobre el destino de sus seres queridos.

El juicio oral en proceso sólo comprende casos de 1983, por tanto las víctimas cuyas identidades han sido recuperadas no están dentro del proceso actual. El Ministerio Público solicitó al juzgado que remita el informe al fiscal supraprovincial de Ayacucho que tiene a su cargo la investigación de Cabitos 1984-85.

Sin embargo, la identificación de tres personas desaparecidas en Los Cabitos —las primeras identificaciones de los más de cien cuerpos exhumados del cuartel militar— tiene una relevancia para el caso actual, pues aporta nuevas evidencias materiales de la práctica sistemática de la desaparición por parte de las Fuerzas del Orden, práctica que comenzó en 1983 y se continuó utilizando a lo largo de la década de los 80. Confirma además de que sí es posible identificar a los desaparecidos, a pesar de que ha trascurrido más de dos décadas desde su desaparición. Eso, sin duda, va a generar una expectativa enorme entre los familiares de los más de 15.000 desaparecidos en el Perú.

Exhumaciones en Los Cabitos

Zona de la Hoyada, donde se halló uno de los hornos.Zona de la Hoyada, donde se halló uno de los hornos.Las identificaciones de las tres personas reveladas por el informe de EPAF se realizaron por medio del contraste de las muestras de ADN que fueron recolectando de los familiares de los desaparecidos con los restos óseos exhumados en La Hoyada. El proceso ha sido largo. El IML comenzó las exhumaciones en el 2005, y se tuvo que suspender el trabajo por un tiempo por falta de recursos. De nuevo entre 2007 y 2009 se continuó con el trabajo, con el resultado mencionado arriba: se encontraron los restos completos de más de 50 personas, y restos parciales de otros 50. En total, se habrían encontrado los restos de 109 personas.

En la audiencia del día miércoles, el arqueólogo forense del Equipo Forense del IML Luis Alberto Rueda dio cuenta de estos resultados. Presentó fotografías que ilustraban el trabajo de excavación y fosas halladas en el cuartel Los Cabitos, así como impactantes imágenes de los cuerpos completos de hombres, mujeres, niños y hasta fetos, arrojados en los hoyos o fosas. Casi todos tenía muestras de que habían sido ejecutados extrajudicialmente: orificios de balas en las cabezas, las manos atadas detrás de la espalda. En todas las fosas se hallaron balas o casquillos de balas dentro de los cuerpos o a su alrededor. Según el experto, los restos encontrados pertenecían a los años de 1980 a 1986, pues los objetos asociados que encontraron —monedas de 100 soles de oro— existieron sólo hasta 1986.

En otro sector se hallaron las fosas de los cuerpos incompletos, partes de manos y piernas mezcladas con piedras y cal. Estas eran fosas alteradas por el factor humano, pues en las paredes del entierro figuraban las improntas de instrumentos de labranza, utilizados para remover la tierra.

También se mostró pequeños hoyos de restos óseos expuestos al fuego. El arqueólogo manifestó que estos restos carbonizados estaban mezclados con otros objetos asociados como prótesis, fragmentos de una correa de reloj o el plástico derretido de zapatillas. En total, se registró 30 kilogramos de este material. Estos restos también se hallaron en el barranco ubicado al lado izquierdo de la trocha carrozable del penal Yanamilla, que une el cuartel Los Cabitos.

Rueda destacó el hallazgo de una fosa donde el cuerpo de la víctima yacía entre dos camas de leña, y encima una estructura de cemento. Los restos tenían evidencia de haber sido carbonizados, pero no se había logrado incinerar en su totalidad. Para el arqueólogo, fue un intento de incinerar al individuo dentro de la fosa, sin éxito. Probablemente, fue uno de los primeros intentos en la búsqueda del mejor método de desaparición de restos humanos en el cuartel.

Otra fotografía registró las cuatro estructuras de ladrillos —los hornos utilizados para incinerar los cadáveres— con ductos de tuberías de metal y un sistema eléctrico. Uno de los hornos mostró gran cantidad de cenizas y se hallaron restos humanos en estado de calcinación, aunque fue imposible determinar el número. Según Rueda, hubo evidencias del colapso intencional del horno, porque en la quebrada hallaron el arrojo de desmonte y ladrillos asociados, y en la trocha, un proceso de arrastre que los llevó a concluir que objetivo fue destruir el horno.

La urgencia de mayor investigación

Lo que hace evidente el trabajo de exhumación realizada por el IML y las identificaciones realizadas por EPAF es que se requiere mayor investigación para poder identificar a las 15,000 personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. A vísperas de los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, según EPAF, se ha podido identificar menos del 1% de los desaparecidos durante el conflicto armado interno, lo cual demuestra lo poco que se ha avanzado en esta tarea.

Falta exhumar en otras bases militares que formaron parte del circuito de represión, como los cuarteles de Totos, Churcapampa, Pampa Cangallo, entre otros. Las autoridades deberían declarar a todas las bases militares como zonas intangibles para prevenir la destrucción de evidencias, como ya ocurrió con La Casa Rosada, que fue el sede de Inteligencia Militar y el cuartel Los Cabitos, centro de reclusión, tortura y ejecución, que fue demolido y ahora hay una nueva construcción en su lugar. También se ha denunciado anteriormente que elementos desconocidos estaban promoviendo la invasión de la zona llamada La Hoyada para la construcción de viviendas. Por ello, y en vías de crear un espacio de conmemoración para las víctimas de Los Cabitos, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y el movimiento de derechos humanos han solicitado que La Hoyada sea declarada un santuario de memoria. También se requiere ampliar el trabajo de recolección y análisis de ADN de los familiares para tener un punto de contraste con los restos óseos encontrados.

La deuda pendiente con los familiares de los desaparecidos

El Estado peruano tiene una deuda con los 15,000 desaparecidos que no termina de saldar. La CVR recomendó que el Estado diseñe e implemente un Plan Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos. No ha ocurrido. Las identificaciones reveladas en estos días de tres víctimas de la desaparición forzada en el cuartel militar Los Cabitos resalta la urgencia de que el Estado tome acción de manera urgente para resarcir el daño causado. Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y enterrar a sus seres queridos, y la sociedad tiene derecho a saber plenamente qué pasó durante los años oscuros del conflicto.

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Para más información sobre el juicio por el caso Los Cabitos 1983, vea los siguientes reportajes:

 

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro “Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori” (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011). (^^^)

* María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de un proyecto de investigación sobre el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el Perú, están monitoreando varios juicios, entre ellos Los Cabitos 1983. Se puede acceder a información sobre el proyecto en la página web, Peru Human Rights Trials Project. (^^^)

Publicado originalmente en Noticias SER el 22 de marzo de 2013

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Denuncian en la CIDH vigencia de desapariciones forzadas en el país

Treinta y tres organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy ante la CIDH la “impunidad” en que permanecen las desapariciones forzadas en Guatemala México, Colombia y Perú, y la falta de políticas eficaces ante un fenómeno que, aseguraron, sigue produciéndose en los tres primeros países. En representación del Perú, participó José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

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Izq.: José Pablo Baraybar, director de EPAF. Der.: Familiares conmemoran el día nacional de la dignificación de las victimas del conflicto armado interno en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Archivo)

José Pablo Baraybar, director de EPAFJosé Pablo Baraybar, director de EPAFWASHINGTON.- “La práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue practicando hoy en al menos tres de los cuatro países aquí representados, y persiste la impunidad de sus autores materiales”, dijo el abogado Carlos Rodríguez Mejía, expresidente de la Comisión Colombiana de Juristas; en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

Mejía, que habló en nombre de todos los denunciantes, lamentó la “falta de eficiencia y de voluntad política para buscar a los desaparecidos”, la “tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada” y la “falta de coordinación de las entidades” en esos cuatro países.

Por ello, pidieron a la CIDH que elabore un informe con recomendaciones a los Estados para 2014, que desarrolle un “protocolo guía” para la búsqueda de los desaparecidos, que refuerce las medidas cautelares para estos casos y que “se pronuncie con urgencia sobre la grave tendencia al negacionismo de los Estados”.

Sobre México, las organizaciones indicaron que pese al gesto del Gobierno de Enrique Peña Nieto de publicar la lista de 26.121 personas desaparecidas durante el sexenio anterior, persiste una “falta de voluntad política para resolver estos casos” , en palabras de Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.

Familiares conmemoran el día nacional de la dignificación de las victimas del conflicto armado interno en Guatemala © Prensa Libre: ArchivoFamiliares conmemoran el día nacional de la dignificación de las victimas del conflicto armado interno en Guatemala © Prensa Libre: Archivo“La impunidad de las desapariciones forzadas en México es del 100%. Los casos no se investigan a fondo y no se castigan los autores materiales de estos crímenes”, agregó Reyes.

Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México (Fundem) , lamentó que el Ejecutivo de Peña Nieto “ni siquiera haya reconocido que haya desapariciones forzadas” en el listado que publicó, y que aún no hay “ningún banco de datos confiable” al respecto.

En cuanto a Colombia, el problema también “se vive aún hoy”, marcado por “mecanismos de impunidad” como “la presencia de los victimarios en la región que envían mensajes a las familias para que no denuncien” y por la “continua pérdida de expedientes en las fiscalías”, según Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FNEB).

Agregó que hay “más de 7 leyes alrededor de los derechos de estas víctimas”, pero “no se aplican ni son eficaces”, y la ampliación del fuero militar dentro del nuevo marco jurídico para la paz impulsado en Colombia “permite una amnistía encubierta para los autores de esas desapariciones”.

En Guatemala, “no existen esfuerzos serios y comprometidos por parte del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, ni para reparación de las víctimas”, y “la impunidad y protección a autores materiales e intelectuales persiste”, denunció Carla Caxaj, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) .

Alertó que “recientes mensajes” del presidente de Guatemala, Otto Pérez Medina, de “que no existieron los delitos de desapariciones porque no están tipificados”, son un “indicador de la negación” del Estado que impide que haya una política al respecto.

Por último, el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, aseguró que en Perú no hay “una institución que esté preparada para impulsar la búsqueda de los desaparecidos” y “persiste una tendencia a ignorar las sentencias en cuanto a desaparición forzada que propician la impunidad”.

Publicado en Prensa Libre el 19 de marzo de 2013

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Caso Accomarca: Solo restos de 3 de 69 víctimas de matanza de Accomarca han sido devueltos a sus familiares

Por María Elena Castillo

Clemente Baldeón Tecse aún llora la muerte de su esposa Leandra Palacios Quispe y su hija Marisol, de apenas 3 meses de nacida, asesinadas por una patrulla militar en Accomarca el 14 de agosto de 1985.

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Tomasa Chuchon Victim Accomarca © Catherine MezaTomasa Chuchon Victim Accomarca © Catherine Meza“Les tiraban golpe a los hombres, mancornados estaban; a las mujeres, jóvenes y ancianas, violaban; los metieron a dos chozas, les tiraron balas y bombas. Cuando se fueron los militares los enterramos como pudimos. Hace cinco años las autoridades los sacaron pero no nos han entregado”, recuerda el anciano de 75 años.

Él salvó de morir asesinado porque estaba en su chacra cuando llegaron los efectivos del Ejército; al verlos decidió escapar hacia el monte. Desde allí observó la masacre que acabó con la vida de 69 personas, entre ellos 23 menores de edad.

“No tengo ni dónde llorarlas, ni dónde llevarles aunque sea una florcita. ¿Cuánto más vamos a esperar?”, se pregunta una y otra vez. Hasta ahora no obtiene respuesta.

En la misma situación está la mayor parte de los deudos de los pobladores de Accomarca, asesinados por la patrulla que lideraba el entonces teniente Telmo Hurtado.

El presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Accomarca, Celestino Baldeón, precisa que a pesar de que en el 2007 y el 2008 se exhumaron las fosas, y se individualizaron las piezas óseas de poco más de 30 personas, solo se han devuelto tres víctimas a sus familiares.

“Nos dieron unas cajas con los restos de José Chuchún Janampa, su esposa María Baldeón Resa y Juliana Baldeón García. Ellos fueron identificados porque los mataron en su casa y los enterraron al costado. Su cuerpo enterito hemos encontrado cuando los exhumaron”, dice.

Sus cuerpos permanecen en el local de la Municipalidad de Accomarca, en espera de las demás víctimas, pues los deudos quieren enterrarlos juntos a todos en un mausoleo.

Por otro lado, han entregado el cuerpo de Cipriano Palacios Quispe, quien en otra fecha fue asesinado por Sendero Luminoso.

Muchas cenizas

En la masacre Celestino Baldeón perdió a su madre, Tomasa Chuchón Castillo. Él es consciente de que difícilmente podrán encontrar sus restos, pues los militares la encerraron en una de las casas a las que prendieron fuego, y es muy probable que solo queden cenizas o huesos calcinados.

“Nos han dicho que no se podrá encontrar a todos, pero hay otros que sí han sido identificados pero no se los han dado a sus familiares. Así hay muchos casos”, dice indignado Celestino Baldeón.

Un caso improbable es el de Pastor Gómez de la Cruz, un poblador de Accomarca que vivía en Lima con su hija Liberata Gómez Pulido y su yerno Anselmo Valdés Quispe, pero que regresó a Accomarca días antes de producirse la incursión militar.

“Mi suegro viajó a la comunidad para recoger algunas pertenencias que dejó allí, pero lo cogieron los militares y lo mataron”, recuerda Valdés Quispe.

Pastor fue identificado porque hallaron su cuerpo casi entero, en una tumba hecha junto a su casa, pero sigue en poder del Ministerio Público.

“Nuestro dolor es muy grande. No tenemos a nuestros muertos y tampoco nos han hecho justicia. A pesar de las pruebas y de que Telmo Hurtado ha confesado, los demás militares se niegan. ¿Hasta cuando?”, pregunta Valdés antes de subir a la combi en que los familiares de las víctimas van al penal Miguel Castro Castro, cada vez que hay una audiencia judicial, con la esperanza de que al fin se sancionen a los responsables de la matanza de Accomarca.

Los restos de otras trece víctimas esperan ser entregados

El Instituto de Medicina Legal de Ayacucho exhumó los restos de las víctimas de Accomarca, junto a miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), como peritos de parte.

Gran parte de las piezas óseas estaban calcinadas y no servían para identificar a las víctimas. Tras realizar la prueba de ADN a los restos de una de las fosas se determinó a quiénes pertenecen, pero no se han entregado a sus familiares. Están en custodia del Ministerio Público.

Marcela Lumbreras, del EPAF, indica que aún hay un grupo de piezas, a las que está pendiente la realización de la prueba de ADN.

Publicado en La República, el 14 de octubre de 2012