Por María Elena Castillo
Clemente Baldeón Tecse aún llora la muerte de su esposa Leandra Palacios Quispe y su hija Marisol, de apenas 3 meses de nacida, asesinadas por una patrulla militar en Accomarca el 14 de agosto de 1985.
Tomasa Chuchon Victim Accomarca © Catherine Meza“Les tiraban golpe a los hombres, mancornados estaban; a las mujeres, jóvenes y ancianas, violaban; los metieron a dos chozas, les tiraron balas y bombas. Cuando se fueron los militares los enterramos como pudimos. Hace cinco años las autoridades los sacaron pero no nos han entregado”, recuerda el anciano de 75 años.
Él salvó de morir asesinado porque estaba en su chacra cuando llegaron los efectivos del Ejército; al verlos decidió escapar hacia el monte. Desde allí observó la masacre que acabó con la vida de 69 personas, entre ellos 23 menores de edad.
“No tengo ni dónde llorarlas, ni dónde llevarles aunque sea una florcita. ¿Cuánto más vamos a esperar?”, se pregunta una y otra vez. Hasta ahora no obtiene respuesta.
En la misma situación está la mayor parte de los deudos de los pobladores de Accomarca, asesinados por la patrulla que lideraba el entonces teniente Telmo Hurtado.
El presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Accomarca, Celestino Baldeón, precisa que a pesar de que en el 2007 y el 2008 se exhumaron las fosas, y se individualizaron las piezas óseas de poco más de 30 personas, solo se han devuelto tres víctimas a sus familiares.
“Nos dieron unas cajas con los restos de José Chuchún Janampa, su esposa María Baldeón Resa y Juliana Baldeón García. Ellos fueron identificados porque los mataron en su casa y los enterraron al costado. Su cuerpo enterito hemos encontrado cuando los exhumaron”, dice.
Sus cuerpos permanecen en el local de la Municipalidad de Accomarca, en espera de las demás víctimas, pues los deudos quieren enterrarlos juntos a todos en un mausoleo.
Por otro lado, han entregado el cuerpo de Cipriano Palacios Quispe, quien en otra fecha fue asesinado por Sendero Luminoso.
Muchas cenizas
En la masacre Celestino Baldeón perdió a su madre, Tomasa Chuchón Castillo. Él es consciente de que difícilmente podrán encontrar sus restos, pues los militares la encerraron en una de las casas a las que prendieron fuego, y es muy probable que solo queden cenizas o huesos calcinados.
“Nos han dicho que no se podrá encontrar a todos, pero hay otros que sí han sido identificados pero no se los han dado a sus familiares. Así hay muchos casos”, dice indignado Celestino Baldeón.
Un caso improbable es el de Pastor Gómez de la Cruz, un poblador de Accomarca que vivía en Lima con su hija Liberata Gómez Pulido y su yerno Anselmo Valdés Quispe, pero que regresó a Accomarca días antes de producirse la incursión militar.
“Mi suegro viajó a la comunidad para recoger algunas pertenencias que dejó allí, pero lo cogieron los militares y lo mataron”, recuerda Valdés Quispe.
Pastor fue identificado porque hallaron su cuerpo casi entero, en una tumba hecha junto a su casa, pero sigue en poder del Ministerio Público.
“Nuestro dolor es muy grande. No tenemos a nuestros muertos y tampoco nos han hecho justicia. A pesar de las pruebas y de que Telmo Hurtado ha confesado, los demás militares se niegan. ¿Hasta cuando?”, pregunta Valdés antes de subir a la combi en que los familiares de las víctimas van al penal Miguel Castro Castro, cada vez que hay una audiencia judicial, con la esperanza de que al fin se sancionen a los responsables de la matanza de Accomarca.
Los restos de otras trece víctimas esperan ser entregados
El Instituto de Medicina Legal de Ayacucho exhumó los restos de las víctimas de Accomarca, junto a miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), como peritos de parte.
Gran parte de las piezas óseas estaban calcinadas y no servían para identificar a las víctimas. Tras realizar la prueba de ADN a los restos de una de las fosas se determinó a quiénes pertenecen, pero no se han entregado a sus familiares. Están en custodia del Ministerio Público.
Marcela Lumbreras, del EPAF, indica que aún hay un grupo de piezas, a las que está pendiente la realización de la prueba de ADN.
Publicado en La República, el 14 de octubre de 2012