En el país hay 15.700 desaparecidos que estarían en 6.400 fosas. En 10 años se exhumaron apenas el 13% del total de sitios de entierro localizados. A ese ritmo se terminaría en 80 años.
por Flor Huilca
- Han pasado 13 años desde que de Diómenes Callampe desapareció camino al poblado de Colca, en la provincia de Huancasancos, Ayacucho.
Era un 12 de diciembre de 1999. Su esposa, Emiliana Auccasi, recuerda claramente cuando vinieron a decirle que un grupo de senderistas se había llevado a Diómedes junto a su cuñado. “Han dicho que en cinco días lo sueltan”, le aseguraron, pero no volvió a casa.
En espera. Los familiares de los desaparecidos se consuelan entre ellos ante la indolencia de quienes no actúan con celeridad para entregarles a los suyosEmiliana nunca se cansó de buscarlo y hace poco le contaron que estaba sepultado en una fosa del anexo de Huacrapampa. Por más que ha insistido en que lo busquen las autoridades en esa zona, su pedido no ha tenido eco. Diómedes seguirá en calidad de desaparecido cuando bien podría haber sido ya devuelto a sus familiares.
El caso de Emiliana es apenas una más de las 15.700 personas desaparecidas durante la violencia terrorista que se encuentran en los 6.400 sitios de entierro que hay en el país. De todos ellos se han exhumado apenas el 13%. El resto todavía sigue siendo una herida abierta en sus familiares, nueve años después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad que recomendaba elaborar un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-foresenses para exhumar esos cuerpos.
NI PLAN NI PROPUESTO
Carola Falconí, directora ejecutiva de Comiseh, advierte de que en este extremo de las recomendaciones de la CVR hay un lento y desordenado.
No se cuenta todavía con el plan recomendado por la CVR. No hay suficiente presupuesto para el Instituto de Medicina Legal (IML) que se hace cargo de las exhumaciones, y sobre todo falta voluntad política de las autoridades.
En los últimos 10 años, se afirma, el IML recuperó 2.064 cuerpos en todo el país. Si se continúa a ese ritmo se tendría que esperar ¡80 años¡ para terminar con las exhumaciones, lo que significa prolongar aún más el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos.
“Se necesita un plan nacional que se inicie en Ayacucho, la zona donde se concentra el mayor número de muertos desaparecidos. El Ministerio Público no actúa bajo un plan, tiene un cronograma que responde a las necesidades de los fiscales y las investigaciones que se desarrollan”, comentó.
La exhumación de los cuerpos es apenas una parte del trabajo. Es preciso, además, garantizar la identificación plena de las víctimas, proceso en el cual también se observan demoras. En Ayacucho, por ejemplo, al menos el 50% de los cuerpos exhumados no están identificados y no pueden ser devueltos a sus familiares.
“Hay personas que están esperando hace 6 años un examen de ADN. La espera es como una segunda muerte para estas personas. Es una negación del derecho de los familiares de enterrar dignamente a sus muertos para poder cerrar el duelo en el cual se encuentran hace años”, refirió.
AVANCE MÍNIMO
Franco Mora, coordinador del área de intervención Forense del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), coincide también en que hay poco avance en la búsqueda de los desaparecidos. Esa búsqueda, asegura, tiene que ver con exhumaciones de los sitios ya identificados, pero también con la ubicación del resto de desaparecidos y las investigaciones judiciales.
“Falta voluntad política para entender realmente la búsqueda de desaparecidos, para ello se requiere de una política que no la hay”, comentó.
Gisella Vignolo, de la Defensoría del Pueblo, señaló que esa entidad recomendó la implementación de un plan que incluya las exhumaciones de carácter humanitario.
“Que las exhumaciones puedan realizarse fuera del marco de una investigación penal no impide que la información obtenida pueda servir en lo posterior para judicializar el caso”, dijo.
Publicado por el La República el 28 de agosto de 2012