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News Reports on Transitional Justice in Peru

Empatía

Por Eduardo Dargent (*)

Esta semana en Huamanga el Ministerio Público entregó a sus familiares los restos de 65 ciudadanos asesinados durante el periodo de violencia política. Las imágenes son poderosas. Un largo cortejo de ataúdes blancos, familiares que esperaban este día desde hace décadas. Sus historias muestran tanto la insania del totalitarismo senderista como los abusos de un Estado que trató a parte de sus ciudadanos como desechables. En estos años se han recuperado cerca de 3,000 cuerpos en fosas clandestinas, e identificado y entregado a sus familias alrededor de 1,500. Faltan miles más.

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Esta historia, sin embargo, fue largamente ignorada por los medios y la ciudadanía en general. Salvo excepciones, los deudos no tuvieron espacio en la esfera pública. Los titulares de la semana se los llevaron el ministro gritón y el entornillado de la FIFA. Ningún político les dedicó siquiera unas palabras.

No puedo decir que me sorprendan estos silencios. Pero sí deben seguir indignándonos. En Argentina una abuela de mayo recupera a su nieto y es notica varias semanas. Aquí enterramos a decenas de compatriotas y los ignoramos. ¿Qué nivel de indolencia, de ausencia de empatía, es necesario para que tantos muertos pesen tan poco?

Además de ser un acto de justicia, estos eventos tienen un enorme potencial de docencia democrática. Estas historias podrían enseñar a aquellos que piden mano dura frente a todo fenómeno y despotrican contra los derechos humanos que la incapacidad del Estado para distinguir entre inocentes y culpables es una buena razón para valorar y reforzar la legalidad. Varias historias muestran cómo el Estado en tiempos democráticos mantuvo formas de actuación propias de un Estado autoritario, indicando que las transiciones políticas solo raspan la superficie de formas arraigadas de exclusión y abuso en una sociedad desigual. Nos recuerdan, además, en qué medida el Senderismo fue un proyecto de moledores de carne que debe avergonzar a los pocos que hoy simpatizan con ese totalitarismo de manual. Todo eso se pudo decir, y no se dijo.

Podríamos quedarnos con la nota pesimista, pero déjenme darle otra mirada al asunto que sirva de reconocimiento a quienes, al perseverar buscando justicia, sí hacen docencia democrática. Si tomamos en cuenta las condiciones del conflicto peruano y sus legados, no es poco lo que se ha avanzado. Las víctimas del conflicto fueron en su mayoría de sectores rurales. Sus familiares fueron desplazados, amenazados y carecían de recursos para actuar como un grupo de presión frente al Estado. La sociedad civil que los apoya fue y es relativamente débil. El Poder Judicial y Ministerio Público no solo son débiles, sino que por años fueron controlados por gobiernos que buscaron impunidad. Y el poder de las Fuerzas Armadas fue (y es) alto, especialmente durante años clave para recoger información. Para colmo, no existe un partido político fuerte que haga suyas las demandas de los familiares de desaparecidos.

Todo apuntaba a que la búsqueda de justicia sería cuesta arriba. Y sin embargo, gracias a que se aprovecharon ciertas oportunidades (la transición que permitió la CVR), las redes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el compromiso de algunas autoridades y, especialmente, la perseverancia de los familiares, se ha avanzado. No lo suficiente, pero tampoco lo minimicemos. El reto es lograr que otros nos compremos esta lucha. Quizá esas nuevas clases medias, hijas de los migrantes de la violencia, tengan la sensibilidad y empatía que nos han faltado.

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Eduardo Dargent
Eduardo Dargent

Eduardo Dargent (*)

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin, máster en filosofía política de la Universidad de York, Reino Unido. Sus temas de investigación son la política de las políticas públicas, economía política y partidos. En el 2009 publicó Demócratas Precarios (IEP).

 

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Publicado en La República el 1° de Noviembre de 2014

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Trial Reports

La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano

por Jo-Marie Burt

“Accomarca fue el My Lai peruano.” (1) Así describió el embajador interino de Estados Unidos en el Perú, Charles Brayshaw, la peor masacre de la época de la violencia política peruana, el asesinato de 69 campesinos de la comunidad Ayacuchana de Accomarca, en un documento oficial desclasificado.

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E© rightsperu.netl documento continúa, haciendo referencia al entonces capitán del Ejército Telmo Hurtado, prinicipal responsable material (siendo entonces subteniente) de la masacre de Accomarca: “Hurtado confesó ser el autor de los asesinatos, pero dijo que hasta los niños de tres años eran potenciales miembros de Sendero Luminoso y entonces se justificaba su eliminación. A su vez, muchos oficiales pensaban que Hurtado sólo hacía su trabajo; hasta uno de ellos dijo al Consejero Político [de la Embajada] que su error fue no haber escondido a los cuerpos.” (2)

La justicia militar absolvió a Hurtado del delito de homicidio calificado, condenándolo tan sólo por ‘abuso de autoridad’ a 6 años de prisión. El argumento de la justicia militar: Hurtado no podía ser considerado culpable de homicidio pues tenía la misión de combatir la subversión; tan sólo se ‘excedió’ en sus funciones. A pesar de la condena, Hurtado no sirvió los 6 años: ascendió en la institución militar e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la ley de amnistía promulgado por Fujimori, y permaneció en servicio activo del Ejército. (3) En 2002, luego de que la ley de amnistia fuera anulada después de un fallo de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos y se abrió la posibilidad de un nuevo juicio por Accomarca, Hurtado huyó a Estados Unidos. Cinco años después, fue detenido en Miami, para ser finalmente extraditado en julio de 2011.

Hoy día, el 15 de agosto —26 años casi al día del aniversario del ‘My Lai peruano’— le toca a Telmo Hurtado, extraditado de Estados Unidos y ahora preso en el penal Castro Castro, responder por sus actas ante la justicia. (4)

Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011

Telmo Hurtado declara ante el tribunalTelmo Hurtado declara ante el tribunal

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El juicio Accomarca

El juicio por el caso Accomarca comenzó en noviembre de 2010, 25 años después de los hechos. Hurtado es uno de 29 imputados en el proceso, todos militares. Entre ellos, hay desde altos mandos militares hasta los soldados que habrían participado directamente en los hechos. El día que Hurtado fue incorporado al juicio, el 22 de julio, había —a cambio de sesiones previas— mucha prensa. La presencia del “Carnicero de los Andes” llamó la atención de los medios, que duda cabe.

Hurtado entró al salón judicial del penal Castro Castro y se paró ante los tres jueces de la Sala Penal Nacional encargados del caso. Luego de algunas instrucciones de la jueza directora de debates, el fiscal Luis Landa leyó la acusación en su contra. Se conoce bien los detalles de la masacre, una litanía terrible de abominaciones cometidas en el nombre de la lucha contra la subversión: el fiscal narró, con horror genuino, como los militares torturaron a los varones y violaron sexualmente a las mujeres de la zona; como luego los encerraron en varias viviendas, donde acusaron a todos —sin distinguir entre ancianos y niños— de ser terroristas, los balearon y luego prendieron fuego a las casas, para finalmente lanzaron granadas para destruirlas totalmente; y finalmente regresaron a la zona unas semanas después a cazar a los testigos de la masacre para matarlos también y para desaparecer a todas las pruebas. Vale notar que, según la CVR, “durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden… Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban…. [N]o se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.” (5) El fiscal pidió la pena máxima, 25 años de prisión efectiva.

Era difícil notar la reacción de Hurtado, pues estaba parado con su espalda hacia la galería. Pidió a la Sala que le de tiempo para consultar con su abogado antes de responder a los cargos, cosa que la Sala consentió. En la siguiente sesión, el 2 de agosto, Hurtado nuevamente pidió, y conseguió, más tiempo para consultar con su abogado. La jueza directora de debates fijo la siguiente sesión para el día de hoy, el 15 de agosto, exhortando a Hurtado que ese día tendría que responder sin falta a los cargos. Seguramente ni cayó en cuenta lo simbólico de la fecha, pues ayer se conmemoró 26 años de este terrible y hasta hoy impune masacre.

¿Que dirá Hurtado hoy día?

El día después de que leyeron los cargos contra él, en una breve entrevista publicada en La República, Hurtado prometió decir “su verdad”. Dijo que en el momento de la masacre de Accomarco él tenía sólo 23 años y era un subteniente, y que los suboficiales sólo responden a los órdenes de sus superiores.

Eso respresenta un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan —el famoso Plan Huancayocc— para intervenir en la zona para ‘capturar y/o destruir’ los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parliamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)

Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del ‘síndrome de Vietnam’, ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contensioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un ‘exceso’ o —como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación— la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para “limpiar” la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.

En suma, está en juego en el caso de Accomarca dos interpreteaciones distintas de lo que pasó en el Perú a mediados de los años ochenta: en una versión, si bien reconoce que hubo algunos excesos, considera que fueron hechos aislados y en todo caso el daño colateral que ocurre en toda guerra; en otra versión, la masacre de Accomarca formaba parte de un patrón de comportamiento de parte de las fuerzas de orden en el contexto de la lucha contrasubversiva de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta hoy en día, las fuerzas armadas peruanas niegan rotundamente esta última versión, a pesar de las evidencias ampliamente documentadas por la CVR y otras instancias. Ahora le toca a la justicia peruana emitir su veredicto.

La justicia tarda pero llega

Según otro documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con fecha 19 de Septiembre de 1985, la decisión de García de relevar a Jarama y Mori de sus comandos como resultado de la masacre de Accomarca despertó mucha preocupación entre oficiales militares de que habría una “caza de brujas” de parte del gobierno aprista hacia los militares por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar —a pesar del triste récord del primero gobierno de Alan García en materia de derechos humanos— que a inicios de su mandato, García había prometido establecer una nueva política de lucha contra la subversión basada en el respeto a los derechos humanos, resumido en la famosa frase: “No combatiremos la barbarie con la barbarie.” El documento asegura:

“Existe mucha preocupación sobre la posibilidad de que la administración de García podría, luego de Pucayacu [otra masacre que ocurrió unas semanas antes de Accomarca] y Accomarca, buscar investigar casos de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1983 y 1984 [de hecho los años de mayor violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las fuerzas armadas peruanas según la CVR]. Un número significativo de oficiales del Ejército han estado involucrado en EZ [zonas de emergencia] en los últimos dos años y medio y posiblemente esten comprometidos, directa o indirectamente, en operaciones antisubversivas que resultaron en muertes civiles. Sin duda los peruanos están observando la cobertura de prensa sobre hechos similares en Argentina con particular interés.” (6)

Se refiere, obviamente, al juicio a los miembros de las juntas militars que tuvo lugar durante 1985 y resultó en condenas largas para 5 de 9 de ellos.

Se demoró dos décadas y medio para llegar a este momento de la verdad. Hoy día sabremos si Telmo Hurtado ayudará a desvelar qué ocurrió aquel 14 de agosto de 1985 y durante el mes siguiente cuando se intentó encubrir los hechos negando la existencia de la masacre, y luego asesinando a testigos y desapareciendo evidencias, o si el sólo asumirá la responsabildiad del “My Lai peruano”.

Notas

(1) La masacre de My Lai ocurrió en el sur de Vietnam en 1968, cuando un batallón de Infantería del Ejército norteamericano mató a unos 400 campesinos de esa aldea. Esa masacre marcó un hito en la guerra de Vietnam, generando repudio alrededor del mundo hacia los Estados Unidos por la actuación de sus tropas y en general por su política intervenciónista en el país sudasiático (^^^)

(2) Documento desclasificado No. 1993LIM02301, fecha 26 de febrero de 1993, firmador por el Chargé d’Affaires Charles Brayshaw. Documento obtenido por el National Security Archive (^^^)

(3) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003) (^^^)

(4) Es importante notar que tanto Hurtado como otro de los principales responsables materiales de esta masacre, Juan Rivera Rondón, fueron extraditados de Estados Unidos y ahora se encuentran como procesados en este juicio. Hurtado y Rivera Rondón lideraron las patrullas Lince 6 y 7 y son sindicados como los principales autores materiales de la masacre, al igual que David Castañeda, quien aún se encuenta prófugo en Estados Unidos. Fuentes cercanas a su caso aseguran de que probablemente no será extraditado al Perú, aunque todavía podría ser expulsado de Estados Unidos (^^^)

(5) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003), p. 159 (^^^)

(6) Documento desclasificado No. 1985LIMA10721 obtenido por el National Security Archive (^^^)

 

Publicado originalmente en el blog de la autora, A Contracorriente, el 15 de agosto de 2011

 

 

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5 y 7 de abril, dos fechas para recordar

Por Jo-Marie Burt

El 6 de abril es un día interesante para escribir una columna, pues es antecedido y seguido por dos dos días representativos de tendencias opuestas y mutuamente excluyentes en la historia peruana: el 5 de abril, día en que en 1992 Alberto Fujimori declaró el autogolpe contra la institucionalidad democrática del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas y un sector importante del empresariado; y el 7 de abril, día en que, hace dos años, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión por ser el autor mediato de varios crímenes de lesa humanidad, entre ellos Barrios Altos y La Cantuta.

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El 6 de abril marca entonces la distancia entre el autoritarismo, la corrupción, la arbitrariedad, la violación sistemática de los derechos humanos, por un lado, y por otro, el imperio de la ley, los derechos fundamentales de las personas, y la apuesta por la democracia no como un régimen que pueda solucionar todos los males, pero tal cómo dijo alguna vez Winston Churchill, como el menos malo de todas las formas de gobierno pues por lo menos permite, cuando funciona bien, controlar y fiscalizar a quienes detentan el poder.

Este 6 de abril es de especial interés pues antecede por cuatro días a las elecciones generales en el Perú. Llama la atención que Keiko Fujimori —la hija de Alberto Fujimori, autor del autogolpe, de los crímenes de Barrios Altos y Cantuta, de innumerables actos de corrupción— cuente con un apoyo consistente de 18 a 20% del voto y que, por lo tanto, tenga buenas probabilidades de pasar a la segunda vuelta.

Durante el debate presidencial del domingo pasado, Keiko Fujimori hizo lo posible para evocar entre los votantes un recuerdo positivo del gobierno de su padre. Dijo que él venció la inflación y el terrorismo, y gracias a sus reformas Perú vive hoy una democracia plena y goza de buena salud económica. Cuando le preguntaron sobre su plan de seguridad ciudadana dijo: “Si nosotros vencimos el terrorismo, claro que podemos vencer la delincuencia,” y dijo, claramente, que estaba a favor de una política de “mano dura”. Los demás candidatos cuestionaron su lectura parcial del pasado, por lo menos en algunos temas. Por ejemplo Alejandro Toledo le recordó que su gobierno heredó una economía estancada gracias a las políticas económicas de su padre, y PPK le recordó a los electores las cercanas relaciones entre Fujimori y Montesinos.

Sin embargo ninguno cuestionó, en lo fundamental, el autoritarismo del régimen fujimorista, la violación sistemática a los derechos humanos, la gran corrupción de los medios, de las Fuerzas Armadas, y de la institucionalidad en general. De esa tarea se han encargado los peruanos de a pie, que hicieron lo suyo al recordar los aspectos negativos del fujimorismo que no se nombraron durante el debate, gracias a los nuevos medios sociales como Facebook y Twitter. En Twitter, por ejemplo, bajo el hashtag #tupapa cientos de personas recordaron el nefasto autogolpe y el daño a las instituciones perpetrado por el régimen fujimorista.

 

“Quién te pagó todos tus estudios con el dinero de los peruanos?”   #tupapa

“Quién compró los medios de comunicación?”   #tupapa

“Qué gobierno engendró asesinos y los cubrió con leyes de amnistía?”   #tupapa

“Quién manejó a su antojo el Poder Judicial y quebró la institucionalidad de nuestras FF. AA.”   #tupapa

“Quién estaba pescando en un río mientras la policía capturaba a Abimael Guzmán?”   #tupapa

“Quién esterilizaba mujeres indígenas porque no quería más pobres?”   #tupapa

“Quién renunció por fax?”   #tupapa

Muy probablemente Keiko Fujimori llegue a la segunda vuelta, lo que no nos debe sorprender. En un país con brechas sociales tan grandes como el Perú, donde el boom económico sólo ha beneficiado a algunos, y donde la educación es tan pobre, el mensaje populista de Fujimori tiene apego, como lo tenía en la época de su padre.

Tampoco debe sorprender que para algunos el mensaje de “mano dura” sea atractivo. Al perder el plebiscito en 1988 el dictador chileno Augusto Pinochet tuvo que dejar el poder, pero obtuvo el 42% del voto y hasta hoy hay chilenos que lo apoyan. Efraín Ríos Montt, golpista y genocida de Guatemala, fue elegido presidente del Congreso y de no haber prohibición constitucional que impide a los golpistas candidatear a la presidencia bien pudo haber sido elegido. En sociedades desiguales, donde el Estado no funciona igual para todos, donde la inseguridad es el pan de todos los días, la “mano dura” tiene sus adeptos. Pero no será la última palabra. El Perú es el 5 de abril, pero también es el 7 de abril. Apostemos que el día domingo, los peruanos dará un paso adelante, y no atrás.

 

Publicado por primera vez en A contracorriente, el 6 de abril 2011