Por Jacqueline Fowks
El debate político a favor y en contra del indulto humanitario del expresidente peruano Alberto Fujimori se encarniza con el paso de los días. Los líderes fujimoristas anunciaron que este viernes pedirían formalmente la liberación de su líder, aunque finalmente el hecho no se produjo. “Los que no lo quieren, lo odian; y los que lo quieren, lo aman”, dice en una entrevista televisiva Alejandro Aguinaga, congresista y médico de cabecera del exmandatario condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad, sobre su paciente y exjefe.
© El PaísHace ocho días, los cuatro hijos del expresidente Fujimori se reunieron en Lima e informaron de que su padre había decidido, después de meses de mostrarse en contra de esa posibilidad, que pediría dicha gracia. La reapertura de este debate comenzó en realidad el 20 de septiembre, cuando el congresista e hijo menor de Fujimori, Kenyi, mostró a los medios una foto del detalle de una lesión en la lengua de su padre, aseguró que la reclusión minaba su salud y que era justo un indulto.
El expresidente fue trasladado del local donde está preso a una clínica, para que evaluaran si requería una sexta cirugía en la lengua, esta vez a causa de un granuloma hemorrágico. Los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas han explicado reiteradas veces que el paciente Fujimori no tiene cáncer terminal y que cada vez que ha sufrido una lesión cancerosa en la boca, se la han extirpado.
Cuando los medios le preguntaron al presidente Ollanta Humala sobre ese posible indulto, respondió que no podía referirse a algo que no se le había solicitado.
Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en mayo de 2009 por autoría mediata en homicidio calificado de 15 personas de Barrios Altos —zona residencial del centro de Lima— y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta; además, por secuestro agravado de un empresario y un periodista.
“Hasta hace poco, la familia Fujimori había dicho que no pedirían el indulto, sino que buscarían liberar al exmandatario por canales legales, pues no aceptan la culpabilidad del expresidente sobre todo en los crímenes de lesa humanidad”, explica a EL PAÍS Jo-Marie Burt, politóloga estadounidense que ha seguido e investigado los juicios posteriores a la extradición de Fujimori.
Burt es también asesora principal de Washington Office for Latin America (WOLA), institución que el miércoles entregó una carta a Ollanta Humala planteando que otorgar el indulto sin cumplir con los estándares del derecho interno e internacional, representaría un paso hacia la impunidad y la erosión del estado de derecho en Perú.
“La decisión de la Corte Suprema de Perú de acatar la resolución de la Corte Interamericana de DDHH que anulaba la sentencia Villa Stein en el caso Barrios Altos parece haber cerrado la vía legal en ese sentido. La familia Fujimori evalúa y decide que políticamente les es favorable lanzar la petición del indulto”, agrega Burt. El fallo Villa Stein —que toma el nombre del magistrado que lo dictó— de julio último sostiene que los crímenes del grupo Colina —fuerza paramilitar creada durante el Gobierno de Fujimori— no eran de lesa humanidad.
Organizaciones de derechos humanos, líderes de opinión y el partido Perú Posible —del expresidente Alejandro Toledo— sostienen que la junta médica que evalúe al presidente debe ser independiente, que Fujimori debe pagar la reparación civil de 27 millones de soles al Estado, y que debe pedir perdón por los delitos cometidos; sin embargo, Kenyi Fujimori ya anticipó que no habrá pago ni petición de disculpas.
La patata caliente del indulto incomoda al presidente Humala, pues cuando le interrogan sobre su decisión, esquiva la cuestión aduciendo que no está en agenda. “Si insisten los llevo a la punta del cerro”, respondió el jueves. El primer ministro, Juan Jiménez, también se ha quejado a los medios ante esa pregunta porque “hay muchos otros problemas” en el país.
Mientras tanto, la bancada parlamentaria fujimorista que ha sido amigable con el oficialismo en quince meses de Gobierno de Humala, ahora recoge firmas para un pedido de interpelación al ministro de Defensa, debido a la muerte no explicada de una niña durante una operación contrasubversiva en la sierra central el 8 de septiembre. Los congresistas escucharon las explicaciones insuficientes y contradictorias del titular de Defensa a mediados del pasado mes, pero no lo interpelaron aquella vez. Ahora, es una herramienta con la que empiezan a presionar a Humala, para mostrar cómo es el fujimorismo cuando quiere jugar a ser oposición.
Publicado en El País, el 05 de octubre de 2012