Por Jaqueline Fowks
En mayo de 1980, en la sierra sur del país, la organización marxista-leninista Sendero Luminoso inició una guerra contra el Estado peruano quemando material electoral en la víspera de los comicios del retorno a la democracia. Aquellas llamas prendieron y marcaron el inicio de 20 años de violencia que dejaron más de 69.000 víctimas mortales y casi 16.000 desaparecidos. Producto de las exhumaciones, el Ministerio Público de Perú ha identificado los restos de 1.689 personas y ha devuelto 1.485 para que sean enterrados. Sin embargo, miles no tienen todavía dónde cumplir los rituales del Día de Muertos, de modo que tres instituciones organizaron, por primera vez, un acto masivo en su honor en la Plaza de Armas de Ayacucho (en la provincia de Huamanga), el departamento más afectado por el conflicto.
rodrigo abd (AP)La ceremonia se inició con un recorrido desde el cementerio de Huamanga, abarrotado de familias, hasta la Plaza de Armas. Bajo la lluvia, una banda de músicos acompañaba el paso de los representantes de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) —la organización de víctimas de la violencia más antigua en Perú—, y personal y directivos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que portaban arreglos florales. En la Plaza de Armas, el artista Lalo Quiroz había diseñado alfombras de piedras pintadas y un camino que el grupo recorrería al llegar —en referencia a la difícil búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos—, pero la lluvia obligó al grupo a protegerse.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que indagó en 2002 y 2003 los crímenes cometidos de 1980 a 2000, Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las víctimas mortales y los agentes estatales del 37%. El porcentaje restante se debió a los comités de autodefensa. “No son 1.000, no son 2.000, son muchos más. Seguimos buscando a nuestros familiares, ¿qué ha pasado con ellos? Los sacaron de nuestras casas cuando estaban durmiendo. ¿Por qué no nos los pueden entregar para dar cristiana sepultura?”, exigió Adelina García, presidenta de ANFASEP, en el escenario levantado para la ceremonia. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro, y el obispo de la Iglesia Metodista, Samuel Aguilar, destacaron la necesidad de apoyar los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos.
Medio centenar de ataúdes vacíos, de color blanco, flores y mesas con ofrendas de maíz tostado, frutas y wawas (los panes del Día de Muertos), presidían el escenario. Cuando oscureció, las socias de ANFASEP se acercaron a las mesas para encender unas velas de colores. Elena Gonzales Chinquillo prendió tres, y sujetaba hacia el pecho tres portarretratos con las fotos de quienes perdió en el tiempo de la violencia. “Martín Arcadio Gonzales, papá; Julia Chinquillo Miranda, mamá; Santiago Gonzales, mi hermano. Se los llevaron el 27 de octubre de 1983 a la base militar de Totos. No los encuentro, sigo buscando”, relató. Totos fue uno de los centros de detención ilegal y tortura, en la provincia de Cangallo. Otra de las personas que lloraba a sus seres queridos, Adelina García, recordaba que sus familiares y ella iban juntos al cementerio a realizar ofrendas como la que en esos momentos hacía. “Quizá con esta actividad de difusión podamos encontrar a nuestros seres queridos, hoy estamos recordando a todos los desaparecidos”, decía. La ceremonia se llamó Yuyariwayku (Recuérdanos, en quechua).
El presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia de Ayacucho, Felimón Salvatierra, reiteró la petición al Ministerio de Justicia para que presente al Congreso el proyecto de ley de búsqueda de desaparecidos. Su padre, ganadero y comerciante, está desaparecido desde febrero de 1983. “Dicen que los policías de investigación, que entraron encapuchados al pueblo, se lo llevaron junto con otras tres o cuatro personas. Nunca fui a poner flores o a prender una vela hasta hoy, porque mi hermana ha muerto hace pocos días. Y no solo el Día de Muertos es un día triste, sino también el cumpleaños de mi padre y el día que se lo llevaron”, expresaba emocionado.
“Con esta ceremonia, queremos ofrecer una alternativa a quienes hoy no pudieron poner flores en el cementerio. Una oportunidad para que le lleven a su padre o madre la comida preferida. Ojalá en un futuro cercano no sean necesarias estas alternativas”, expresó Carole Pittet, delegada de Protección de la Cruz Roja en Perú. En Ayacucho sí había lugar para las flores.
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El conflicto a través de la pantalla
Hasta 2010, la cinematografía peruana dedicó 15 largometrajes a los años de la violencia, pero en los dos últimos la cantidad de cortometrajes y documentales sobre el tema se ha incrementado notablemente, y algunos directores son víctimas directas, como Heeder Soto, hijo de desaparecido y autor del documental Caminantes de la Memoria.
“En Perú se han producido más de 100 obras audiovisuales referidas al conflicto armado interno y su impacto en los derechos humanos”, indica Rodrigo Portales, investigador y crítico cinematográfico. Con la asociación ImaginAcción, organiza muestras para difundir estas producciones.
“Damos a entender que la violencia ha dejado huella. Queremos que los más jóvenes sepan cómo ha sido”, añade Vanesa López, del colectivo de arte Resurgimiento Ayacucho. La semana pasada, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —la más antigua del país— se celebraron dos conferencias sobre el conflicto armado interno. Una de las moderadoras, la politóloga Carmen Ilizarbe, comentó que los más jóvenes sienten “la responsabilidad de afirmar la idea del nunca más, y de impulsar la justicia y la democracia”.
Publicado por El País, el 3 de noviembre de 2014