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CASO UMASI: Fiscalía denunció a jefe de Dicscamec por violaciones a los derechos humanos

Por María Elena Castillo

Tras 29 años de la matanza de 41 comuneros y escolares secuestrados por Sendero Luminoso y asesinados por una patrulla militar en la comunidad de Umasi, la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho formalizó denuncia penal contra el jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos (Dicscamec), general EP Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi.

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Heridas. Fiscalía aún busca a responsables de muerte de 41 campesinos en Umasi. Acusan al hoy jefe de Dicscamec © La RepúblicaHeridas. Fiscalía aún busca a responsables de muerte de 41 campesinos en Umasi. Acusan al hoy jefe de Dicscamec
© La República
La fiscalía lo acusó de homicidio calificado y por crímenes contra la humanidad al considerarlo autor directo, por su calidad de jefe de la Base Contrasubversiva Villa Canarias cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo denunció como autores mediatos a los ex oficiales del Estado Mayor Operativo del Cuartel Los Cabitos, Carlos Millones Destefano y Humberto Orbegozo Talavera.

El expediente se encuentra en el despacho del juez supraprovincial especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho, Vladimiro Chuquinvalqui Maslucán, quien tiene 15 días para pronunciarse y decidir la situación jurídica de los acusados.

TESTIGOS DE EXCEPCIÓN

Familiares de las víctimas relataron ante la fiscalía que el 16 de octubre de 1983 una columna subversiva secuestró a 41 pobladores de Raccaya y se los llevaron a Umasi.

Su denuncia fue corroborada por un grupo de comuneros retenidos por los senderistas y lograron escapar aprovechando un descuido de sus captores. Tras permanecer más de dos décadas en silencio, se armaron de valor para dar detalles de lo ocurrido.

Un testimonio de excepción es el del profesor del Centro Educativo Nº 38466, de Raccaya –cuya identidad se mantiene en reserva–, quien denunció el secuestro de 25 alumnos ante el jefe de la Base de Villa Canarias.

Con base en su declaración y la de los demás testigos, el fiscal Andrés Cáceres Ortega reconstruyó lo ocurrido.

Según su investigación, una patrulla de 15 efectivos militares partió en dos convoys hasta el paraje de Chalhuamayo. Desde allí se desplazaron en dos patrullas y caminaron hasta Umasi, a donde llegaron a las 5 de la mañana del 17 de octubre.

Los militares rodearon el local donde dormían los secuestrados y los terroristas, y lanzaron granadas de guerra que dejaron varios muertos y heridos. Estos últimos fueron reunidos por los militares, separando a los hombres de las mujeres y niños.

Por orden del jefe de la base militar, a quien identificaron como el capitán “Carcovich”, les dispararon a quemarropa con ráfagas de fusil FAL.

Un grupo de comuneros fue obligado por los militares a enterrarlos en tres fosas.

Los cuerpos fueron exhumados en el 2009 por peritos del Equipo Forense del Ministerio Público de Ayacucho. Entre ellos se hallaron niños con el uniforme escolar puesto.

Los protocolos de necropsia revelan que 11 cadáveres presentan huellas de lesiones en los brazos y piernas, por impactos de proyectiles de arma de fuego o producto de una onda explosiva.

CÁRCOVICH: “YO NO ESTUVE EN UMASI”

El general Jorge Carcovich, actual jefe de Dicscamec, negó haber ordenado o participado en la masacre de los comuneros y niños en Umasi. Aseguró que en octubre de 1983 estuvo en Lima sometiéndose a chequeos médicos por una dolencia en los meniscos.

“Yo me enteré de esto hace año y medio cuando salió una publicación. La Comisión de la Verdad nunca me llamó, no hubo alguna comisión investigadora del Congreso”, dijo a La República.

Indicó que la mayor parte de 1983 estuvo en el cuartel Los Cabitos, en Huamanga, a cargo de la Compañía de Instrucción de Morteros. Agregó que asumió la jefatura de la base de Villa Canarias de forma esporádica, cuando alguno de los oficiales destacados allí viajaba a Huamanga o a Lima. Recordó que uno de ellos era el teniente Brandon Barbarán.

Afirmó que su misión fue proteger y dar seguridad a Canaria, y que como máximo hubo solo patrullajes “limitados” en los alrededores del poblado. Refirió que usó el seudónimo de Carlos Martell y no su apellido, como dijo el testigo que lo identificó.

Publicado en La República el 3 de noviembre de 2012