- Pese a Opinión favorable del Ministerio Público
Mediante la Resolución del 12 de octubre de 2012, el Primer Juzgado Liquidador Transitorio resolvió que no tiene facultades para disponer investigación o impulsar la búsqueda de los restos mortales de las víctimas del Caso La Cantuta, pese a una opinión favorable del Ministerio Público y la ejecución de la Sentencia dictada por la Primera Sala Penal Anticorrupción que condeno a Julio Salazar Monroe e integrantes del Grupo Colina el 8 de abril de 2008, para que se realicen las diligencias para ubicar los restos de las víctimas de “La Cantuta”. Este pedido lo hizo la defensa legal de los familiares del Caso.
La Cantuta © Diario 16Cabe recodar que en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano a realizar la búsqueda y localización de los restos de las víctimas, Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague, Marcelino Rosales, Richard Amaro, Robert Teodoro, Heráclides Pablo, Juan Mariños y Felipe Flores.
La Dra. Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y abogada de las víctimas del caso, señaló que “A más de 20 años de la desaparición de las víctimas, el Estado peruano, a través del Poder Judicial, en reiteradas ocasiones, se negó a realizar las acciones pertinentes para ubicar los restos de las víctimas, afectándose de esta forma el derecho a la verdad de los familiares del caso”.
Anteriormente, la Primera Sala Penal Anticorrupción dispuso la exhumación de los restos que fueron ubicados en 1993. Como resultado del análisis realizado, solo se identificaron 5 de las 10 víctimas del Grupo Colina, quedando pendiente la ubicación de los otros cuerpos. Por ello los familiares de las victimas solicitaron a la Segunda Sala Penal Liquidadora quien tenía en giro uno de los proceso concernientes al caso cantuta. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2011, esta Sala señaló que la búsqueda de los cuerpos es una medida de la reparación civil por lo que no le correspondía a la Sala.
Posteriormente, se solicitó al Primer Juzgado Penal Liquidador que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia dictada por la Primera Sala Penal Especial, hoy Liquidadora, la búsqueda los cuerpos, sin embargo pese a contar con la opinión favorable del ministerio publico resuelve no realizar dicha diligencia.
Gisela Ortiz, familiar de una de las victimas señalo que “después de 20 años de ocurridos los hechos, los familiares exigimos la búsqueda y restitución de todos los cuerpos del caso. Sabemos que faltan 5, pero también faltan completar los demás.
No es posible hablar siquiera de indultos, perdones, gracias cuando no se han encontrado a nuestros familiares. Exigimos que los responsables y sus cómplices, digan donde los enterraron”.
La Dra. Cano indicó que dicha resolución será apelada y será puesta en conocimiento de la Corte Interamericana.
Publicado en APRODEH, el 24 de Octubre de 2012