Alberto Fujimori está condenado a prisión por casos como Barrios Altos, La Cantuta, la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, entre otros; pero aún debe responder por otros temas más, luego que la Corte Suprema de Chile pidiera a su símil peruano que fije fecha y hora para interrogar, vía teleconferencia, al exdictador por dos casos más.
Uno de los casos por los que Fujimori deberá responder es por la “masacre de Pativilca”, ocurrida el 29 de enero de 1992, en la que seis habitantes de este distrito de la provincia limeña de Barranca fueron asesinados por integrantes del Grupo Colina, destacamento creado por Fujimori y Montesinos.
El segundo caso es la autorización de Fujimori para entregar 800 mil dólares de los fondos públicos a su amigo Augusto Miyagusuku Miagui, a fin de que compre terrenos agrícolas del proyecto Chavimochic. Miyagusuku huyó hacia Japón el 11 de agosto del 2000, y realizó operaciones sospechosas en el Bank of Tokyo.
La “masacre de Pativilca” está a cargo del Tercer Juzgado Penal Nacional; mientras que el caso Miyagusuku ha pasado a la Cuarta Sala Penal Liquidadora. El Poder Judicial debe coordinar con ambos tribunales acerca del pedido de la justicia chilena.
¿QUÉ TIENE QUE VER EL PODER JUDICIAL CHILENO EN LOS JUICIOS A FUJIMORI?
Luego de su exilio japonés, en noviembre del 2005 Fujimori decide regresar al Perú. Su última escala fue en Santiago de Chile, donde de inmediato fue detenido por la Interpol. Inmediatamente, el gobierno peruano preparó una solicitud de extradición ante la justicia chilena, en la que incluyó 13 de casos de delitos de corrupción y contra la humanidad.
Tras un largo proceso, en septiembre del 2007 la justicia chilena autorizó la extradición de Fujimori al Perú por siete de los 13 casos, por los cuales ha sido juzgado y condenado.
Para que Fujimori pueda ser juzgado por los casos que no fueron aprobados en ese tiempo, la justicia peruana, a través de la cancillería, debe hacer nuevos pedidos ante sus símiles de Chile.
Gracias a esto, la justicia chilena aprobó, hace tres años, el caso de los “diarios chicha”, debido al uso de fondos públicos para financiar diarios cuyo objetivo era desprestigiar a los opositores, en los últimos años de la dictadura.
En cuanto a estos dos nuevos casos, el pasado 28 de diciembre del 2015, la cancillería chilena recibió un nuevo pedido de ampliación de extradición, que tres días después fue atendido por el director de Asuntos Jurídicos de este despacho, Claudio Troncoso, quien remitió el documento a la Corte Suprema de su país, que ahora acaba de pedir a la justicia peruana realizar esta audiencia “virtual” con el fin de definir si aprueba o no estos nuevos pedidos.
La pregunta del millón es si este juicio afectará o no a su heredera, Keiko Fujimori.
(Con información de La República)
Nota originalmente publicada en La Mula el 03 de marzo de 2016, ver aquí.