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La jueza Mirta Bendezú: reina de la impunidad

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  • Si bien los recientes correos electrónicos publicados por el diario La República que involucrarían en actos de corrupción a la jueza de la Sala Penal Nacional, Mirta Bendezú, se refieren estrictamente al caso Matero (desaparición forzada de cuatro campesinos), es cierto que “desde hace mucho tiempo existe dudas sobre el comportamiento de la jueza en los casos de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ha fallado a favor de los imputados”. Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime, especialistas en temas de derechos humanos, comparten con LaMula.pe sus apreciaciones sobre el accionar de esta polémica abogada.

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La jueza Mirta Bendezú: reina de la impunidad

© RightsPeru.netPor Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime

“Este proceso es delicado, tenemos una acusación fiscal de 20 años, además de testigos que sindican directamente a los presuntos autores, pero cuando cada uno realice su descargo oral es cuando ellos van a determinar su inocencia, (…) yo como encargada de los debates lo ayudaré”.

Este es uno de los correos publicados el día sábado 11 de julio por el diario La República en una investigación del periodista César Romero que revela cómo una magistrada de la Sala Penal Nacional, Mirta Bendezú, habría favorecido a un militar acusado en un caso de desaparición forzada al ayudarlo a liberarse de los cargos en su contra.1

Los autores de los correos electrónicos intercambiados entre el 2007 y el 2008 son el hoy general Marino Ambía Vivanco, acusado de la desaparición forzada de cuatro campesinos en la localidad de Matero, Ayacucho en 1986; la magistrada Mirta Bendezú Gómez, presidenta del colegiado D y directora de debates que llevó adelante el juicio contra Ambía en aquellos años; y un intermediario, “Javier”, presuntamente hermano de la jueza. Los correos dan cuenta de la disponibilidad de la jueza de “darle la mano” al general para asegurar una sentencia absolutoria.

Dicho y hecho: el 8 de agosto de 2008, el general fue absuelto de los cargos en su contra. La base de la absolución es la desestimación de los testimonios de los familiares de las víctimas, los principales testigos de la detención de sus seres queridos, quienes nunca más fueron vistas con vida. Según la sentencia firmada por Bendezú, se desestima los testimonios de los familiares pues ellos tienen “un interés directo en el resultado, y con una carga de subjetividad, que se advierte en sus propias declaraciones”.

Este argumento fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas. La modalidad de la desaparición forzada –en que las víctimas son sacados de sus casas, con frecuencia en la madrugada, suelen ser los familiares los únicos testigos de los hechos, además de ser quienes desarrollan los primeros y fundamentales actos de investigación.

© RightsPeru.netLos otros juicios

Los correos publicados por La República se refieren solamente al caso Matero. Pero es cierto que desde hace mucho tiempo existe dudas sobre el comportamiento de la jueza Bendezú en los casos de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ha fallado a favor de los imputados. Desde el año 2008, Bendezú ha participado como miembro del tribunal en 15 procesos relacionados con casos de graves violaciones a los derechos humanos2; en doce de ellos, las sentencias han sido absolutorias. De las tres sentencias condenatorias en que fue parte del colegiado, ella emitió un voto singular para absolver (caso Curgos). Sin embargo, al año siguiente, la Corte Suprema anuló la condena “con el argumento de la prescripción, pese a que este beneficio no procede para graves violaciones a los derechos humanos”3. Eso quiere decir que en 7 años, Bendezú ha condenado en sólo dos casos. Los otros dos fallos condenatorios firmados por Bendezú se dieron en 2013 y 2014.

Actualmente, Bendezú es parte del tribunal en por lo menos ocho procesos de derechos humanos en curso.4 Entre ellos el emblemático caso Accomarca, donde se encuentran acusados toda la cadena de mando que habría participado en la masacre de 69 campesinos en agosto de 1985. Justamente este miércoles 15 de julio está programado el inicio de los alegatos finales, luego de casi cinco años de juicio oral. La acusación de corrupción de la jueza Bendezú pone en grave riesgo este proceso, que está por culminarse: los abogados tendrían que recusar a la jueza, lo cual podría llevar a que se quiebre (pues ya hubo un cambio de juez, que sólo se puede darse una vez en un proceso penal); o, si la jueza se queda, existe el riesgo de que también haya realizado arreglos con los imputados para garantizar su absolución.

En © RightsPeru.netel caso Rodrigo Franco (luego de que María Vidal se ausentara y se produjera el quiebre del primero), Mirta Bendezú asumió la presidencia del segundo proceso. Aprodeh recusó a la jueza por sus vinculaciones con el Partido Aprista: “La jueza Mirta Bendezú está casada con Ricardo Chumbe Paz, abogado del estudio de Edmundo Peláez, quien a su vez es cercano al Apra y ha defendido a Alan García. Por decoro la jueza debió inhibirse, pero no lo ha hecho”, declaró Gloria Cano, secretaria ejecutiva de Aprodeh5. Sin embargo, la recusación fue rechazada.

Los familiares de las víctimas no han quedado de brazos cruzados. Familiares del caso Matero y Accomarca realizaron un plantón exigiendo la destitución de los jueces involucrados en los hechos de corrupción. Así también, a través de Aprodeh, el día de ayer presentaron la recusación de la jueza de los procesos en curso que ellos representan. “Le corresponde por derecho a las víctimas contar con magistrados de los cuales no se dude de su imparcialidad en los procesos”6, puntualizaron.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron que la Jueza Bendezú ha sido apartada de la Sala Penal Nacional. No está claro qué va a pasar con casos como Accomarca, donde ella es parte del tribunal de un proceso en curso y donde su separación del caso significaría un quiebre del proceso. En todo caso, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas exigen que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre la actuación de la jueza y del general Ambía, y que tomen medidas para reforzar la independencia jurídica y evitar actos de corrupción que no solo dañan a las víctimas sino también a la sociedad entera, al afectar el estado de derecho.

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  1. E-mails revelan un presunto acuerdo para absolver a militar  (^^^)
  2. Estos casos son: Agente Carrión, Javier Tineo, Hilario Ayuque Zúñiga, Lumachuayco, Marco Barrantes 3, Navarrete, Aucayacu o Capitán Carlos Esparza, Curgos, Los Laureles, Gualberto Chipana Wayra, Luis Manrique Escobar, Constantino Saavedra 2, Santa Barbara 2, Matero 1 y Pedro Haro.  (^^^)
  3. Juicios de DDHH en peligro por fallo de Corte Suprema que admite prescripción  (^^^)
  4. Casos: Accomarca; Chumbivilcas; Vilcashuamán 4; Jorge Gutiérrez Quinteros; MM (violencia sexual); Hugo Bustíos 2; Comando Rodrigo Franco; Cayara.  (^^^)
  5. Ver nota completa de la participación de Vidal y las vinculaciones de Bendezú  (^^^)
  6. Intervención de Aprodeh en caso 32-2013 (Vilcashuamán 4) (^^^)

Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2da. ed.; puede descargarse gratuitamente aquí). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net).

María Rodríguez es historiadora egresada de la UNMSM. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos; y actualmente se encuentra cursando la maestría en Gerencia Social en la PUCP. Es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria y asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru.

Publicado en La Mula, el 14 de julio de 2015

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Accomarca: “He visto con mis ojos, por eso hablo”

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  • Los testimonios de sobrevivientes de la masacre del 14 de agosto de 1985 ante la Sala Penal Nacional en Ayacucho

Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez*

“Para ellos ha sido difícil testificar”, dice Francisco Ochoa. “Entrar a una sala sin prepararse, sin conocer, es difícil”. Ochoa, presidente de la Asociación de familiares afectados por la violencia política del distrito de Accomarca, se refiere a los sobrevivientes de la masacre en esa localidad ayacuchana que testificaron en las audiencias itinerantes realizadas en la ciudad de Huamanga el pasado mes de octubre [2] . “Pero aún así”, continúa Ochoa, “han dado lo que tenían que dar, han dicho lo que tenían dentro.” Se queda pensando. “Todavía hay una herida ahí….”.

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© rightsperu.netSin duda. Veintiocho años después de la masacre de Accomarca, los sobrevivientes y deudos de las víctimas aún esperan justicia. Después de casi tres décadas de impunidad para los responsables de la masacre de más de 60 campesinos, el juicio penal contra 29 acusados empezó en noviembre de 2010. Este ha durado mucho porque la Sala Penal Nacional no da prioridad a los casos de derechos humanos. Por esta razón, las audiencias se realizan sólo una vez cada semana o cada diez días, por pocas horas, a lo que se suman las estrategias dilatorias de los abogados de la defensa.

Los testigos a que alude Ochoa se presentaron ante la Sala Penal Nacional en Huamanga el 24 y 25 de octubre del presente año. Las audiencias en Ayacucho son importantes pues corresponden a una iniciativa de dicha Sala para resolver la centralización de los juicios en Lima implementando las audiencias itinerantes o descentralizadas, que consiste en que la Sala en su conjunto se traslade al lugar donde ocurrieron los hechos y lleve a cabo audiencias para escuchar a los testigos que no pueden viajar a Lima o que prefieren testificar en su lugar natal. Con esta medida, se logra recoger una gran cantidad de testimonios en pocos días, lo cual no solo permite avanzar con el proceso, sino también brindar a las familias la oportunidad de estar presentes en una audiencia que busca justicia para sus seres queridos. Este mecanismo ha sido utilizado en otros casos como Cabitos, Chuschi y Agente Carrión. Es la primera vez que se da para el emblemático caso de Accomarca [3] .

Memoria, justicia y ciudadanía

La

Accomarquinos esperando su turno para rendir su testificación
Accomarquinos esperando su turno para rendir su testificación
Accomarquinos esperando su turno para rendir su testificaciónaudiencia itinerante ha sido muy esperada por los familiares del caso Accomarca. Si bien en Lima la Sala ha escuchado el testimonio de mujeres que eran niñas cuando presenciaron la masacre [4] , faltaba escuchar el testimonio de los adultos sobrevivientes, aquellos que lograron escapar de los militares y escondidos presenciaron la matanza de sus seres queridos, para luego enterrar sus restos.

Los familiares eran conscientes de la importancia de su testimonio. Por eso, un día antes de la audiencia, realizaron una conferencia de prensa en Huamanga para dar a conocer los avances y problemas del caso, así como sus expectativas. Participaron junto a los familiares los abogados Gloria Cano y Jorge Abrego, de Aprodeh; Carlos Rivera, de IDL; y José Chalco, todos ellos representantes de las víctimas [5] .

Tanto en la conferencia de prensa como en las audiencias estuvieron presentes muchos pobladores de Accomarca y los que llegaron de Lima. Este caso es uno de los que cuenta con mayor asistencia de familiares, entre 15 y 20 acuden semanalmente a las audiencias en el penal Castro Castro. En Huamanga asistieron cerca de 50 personas, algunos con sus hijos pequeños o mujeres y hombres muy ancianos. El juicio se convirtió en un espacio de encuentro entre accomarquinos y accomarquinas que aún residen en la localidad y los que fueron desplazados por la violencia u otros motivos. La mayoría de ellos viven en Ate Vitarte, un distrito popular de Lima.

Como documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno fueron quechuahablantes y campesinos; personas que han sido históricamente excluidas [6] .En las audiencias que se realizaron en Huamanga, ocho de los nueve testigos fueron quechuahablantes, y algunos son analfabetos. Para estos peruanos, el proceso judicial se convierte en un espacio de reivindicación de su ciudadanía después de esperar 28 largos años por verdad y justicia. Algunos respondieron con tristeza o resignación; otros, con rabia. Y es que el juicio también les ofrece la posibilidad de expresarse con libertad después de tantos años de silencio y miedo. Una testigo, Aurelia Baldeón, mostró libremente su molestia durante su testimonio. Ella perdió a sus dos hijos en la masacre. Al finalizar explicó a la Sala por qué su cólera: “Señor, no hay quien me recuerde. No tengo hijos ni quién me lleve mis alimentos. Estoy sola, por eso estoy molesta”. De igual manera, Catalina Ochoa respondió con dureza las preguntas que le hicieron los abogados de la defensa: “Estoy amarga y con pena de tantos años por la muerte de mi madre”, dijo. “Tanto tiempo que lo niegan. Camino gastando mi plata”.

“He visto con mis ojos, por eso hablo”

Raymundo de la Cruz muestra su DNI luego de dar su testimonio a la Sala
Raymundo de la Cruz muestra su DNI luego de dar su testimonio a la Sala
Raymundo de la Cruz muestra
su DNI luego de dar su testimonio
a la SalaCatalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de Redinfa

Desde temprano, el jueves 24 los nueve testigos contaron sus recuerdos de lo ocurrido aquel 14 de agosto de 1985: Aproximadamente a las 6 ó 7 de la mañana, cuando estaba amaneciendo, varios de los testigos coincidieron en que vieron a los militares bajar por la quebrada desde dos puntos, Accomarca y Pitecc, hacia Lloqllapampa. Raymundo De la Cruz (53 años) contó que cuando los militares llegaron a su casa, escapó a un río y se escondió en un hueco que divisó. “¿Por qué se escapó dejando a su familia?”, le preguntó el fiscal Luis Landa a Raymundo. Él respondió que su mamá le dijo que huya porque los militares eran malos con los varones, si se quedaba lo iban a golpear. Para Aurelia Baldeón, esconderse de los militares fue como un ‘acto reflejo’. Al verlos bajar por la quebrada hacia donde estaba ella, solo atinó a huir con sus hijos y esconderse en la quebrada.

Desde sus escondites vieron actos espeluznantes. Varias testigos presenciaron la violación sexual de mujeres o “señoras jóvenes”, hecho que ha sido también narrado en las audiencias realizadas en Lima. También presenciaron cómo sus familiares, que habían asistido a la supuesta reunión convocada por los miembros del Ejército, fueron acribillados y luego, para no dejar rastro del crimen, incinerados con explosivos y gasolina. Sixto Baldeón relató que se escondió en un huayco antes que los militares lleguen a su casa. Alrededor del mediodía salió rampando de su escondite y divisó a los lejos cómo los pobladores eran llevados a la casa de tejas de César Gamboa. “Con mis propios ojos he visto que los metieron a la casa y les prendieron fuego”, contó. “Mi esposa y mi hijo murieron ahí quemados” [1].

Al día siguiente, regresaron a sus casas. Algunos contaron que fueron al lugar donde sus familiares habían sido asesinados. Para recuperar los restos, Alejandro Quispe Báez (69) relató a la Sala que mojó con agua las cenizas, pero no quedaba casi nada de sus familiares. A la pregunta del fiscal sobre el número de restos que halló, él explicó con resignación: “No [los] conté, eran solo huesos ¿cómo voy a contar eso?”.

Lloqllapampa quedó desolada, con chozas humeantes y los restos carbonizados de más de 60 pobladores. Los testigos contaron que vieron a los soldados llevar sus mulas, vacas, caballos, alimentos, frazadas, hasta una radio, hacia la base militar de Vilcashuamán. Casi ningún sobreviviente se quedó en Accomarca, pues creían que los militares iban a regresar para matarlos y quemarlos. Algunos huyeron a Vilcashuaman, otros se fueron más lejos, hasta Lima.

Los problemas que persisten

Es

Catalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de Redinfa
Catalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de Redinfa
Catalina Ochoa después de su declaración, acompañada
de un famliar y una integrante de Redinfa importante mencionar los problemas que persisten en el desarrollo de las audiencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hemos documentando en otros reportajes la lentitud y demoras que caracterizan el proceso judicial.[7] En esta ocasión, el colegiado llegó casi una hora después de la hora programada para iniciar las audiencias, haciendo costumbre una práctica que se reproduce en Lima.

Otro aspecto a destacar es que persisten los problemas con las traducciones al quechua. Esto lo hemos visto en las audiencias del caso Cabitos, donde varios de los testigos eran quechuahablantes [8] y la traducción no era fiel al testimonio. Lo mismo ocurrió esta vez. Los abogados conocedores del idioma quechua tuvieron que llamar la atención sobre la traducción que no era literal. Igualmente, el público que conocía ambos idiomas reclamó y corrigieron con frecuencia la mala traducción.

Otro elemento sobre el cual los familiares mostraron una honda preocupación fue la ausencia injustificada de Juan Manuel Rivera Rondón, jefe de la patrulla Lince 6 y uno de los principales responsables materiales de la matanza de Accomarca. Si bien el colegiado excusó a varios de los acusados de asistir a la audiencia itinerante por problemas de salud o por cuestiones económicas y laborales, Rivera Rondón tenía la obligación de asistir junto con otros cuatro procesados [9] . Su abogado no supo explicar su ausencia y solicitó que se excluya su presencia en el juicio, lo cual fue aceptado por el colegiado. No es la primera vez que Rivera Rondón se ausenta de una audiencia sin previo aviso. Luego presenta supuestos certificados médicos u otras excusas que son aceptadas por los miembros del colegiado. Tomando en cuenta que Rivera Rondón se fugó de la justicia y fue deportado de Estados Unidos en 2008, es preocupante tanto consentimiento de la Sala con las obligaciones procesales de los imputados.

© Rightsperu.netFinalmente está el tema de la estrategia dilatoria de la defensa. En otras ocasiones han presentado testigos que luego no aparecen. En este caso, de los tres testigos programados para la audiencia el día viernes 25, solo asistió uno. A parte, el Ministerio Público tuvo problemas con la presentación de los suyos. De los cinco testigos que ofreció, o no vivían en Huamanga o estaban fuera de la ciudad; por lo tanto, no acudieron a la audiencia. Esto generó mucha molestia entre los familiares del caso Accomarca puesto que el día anterior, sus testigos tuvieron que quedarse en una sesión maratónica hasta las 8 de la noche. Nos llama la atención que el Ministerio Público, quien hasta ahora ha actuado de manera correcta, cometa este tipo de errores que dilatan el juicio y desalientan a las víctimas y sobrevivientes en su larga lucha por hallar justicia y verdad. Esta descoordinación preocupa, pues ha habido muchas dilaciones en este proceso legal que ya cumple tres años.

A pesar de estos inconvenientes y problemas, los familiares del caso Accomarca quedaron satisfechos y contentos con el testimonio de sus seres queridos. Para Justa Chuchón, familiar que vino desde Lima para presenciar la audiencia, ésta fue “muy buena”. Dijo que los testigos, personas mayores, “han testimoniado lo que han visto”. Pedro Ochoa se quejó por la ausencia de Rivera Rondón, pero dijo que más allá de eso, lo importante es que “los testigos han venido y han declarado lo que han visto, lo que es la verdad.” Resaltó la firmeza de los familiares que han persistido por 28 años en la búsqueda de verdad y justicia.

NOTAS:

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2nda ed.). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). María Rodríguez es historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos, y es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru. (^^^)

  1. Declaración de Catalina Ochoa. 24 de octubre de 2013. Audiencia del caso Accomarca, Corte de Huamanga, Ayacucho. (^^^)
  2. Ver: La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano. (^^^)
  3. Se programaron dos días audiencias (jueves 24 y viernes 25 de octubre) para recoger el testimonio de 17 testigos: nueve familiares sobrevivientes de la masacre, cinco peritos del Ministerio Público y tres testigos de la defensa de los acusados. Al final acudieron solo 10 testigos. 24 de octubre: Raymundo de la Cruz Baldeón, Aurelia Baldeón Palacios, Catalia Ochoa Ramirez de Quispe, Emiliana Chuchón Tecse, Alejandro Quispe Báez, Susana Sulca De la Cruz, Manuel Alberto Palacios Ramírez, Benedicta Medina Baldeón y Sixto Baldeón Pulido. 25 de octubre: Máximo Gómez Prado, ex subprefecto provincial de Vilcashuamán. (^^^)
  4. Ver: “Olía como chicharrón. Testigos de la muerte, la masacre de Accomarca”. (^^^)
  5. La prensa escrita ayacuchana cubrió con amplitud las audiencias itinerantes: La Calle, Correo y La Voz (edición del 24 de octubre de 2013). (^^^)
  6. Ver: Informe Final de la CVR. (^^^)
  7. Ver: El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca. El testimonio de Javier Diez Canseco. (^^^)
  8. Ver: Juicio por el caso cabitos: crónicas de las audiencias en Ayacucho (parte I). (^^^)
  9. Los cuatro acusados que asistieron al juicio fueron: José Daniel Williams Zapata, jefe de las compañías Linces; Helber Alejandro Gálvez Fernández, jefe de la base militar contraguerrillera de Vilcashuamán; Luis Armando Robles Nunura, subteniente jefe de la Patrulla Lobo; y Remo Daniel Salas Avila, soldado. (^^^)

Publicado originalmente en Noticias SER el 13 de noviembre de 2013

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Accomarca: “¡Tú también mataste!”

Justicia. Telmo Hurtado asume responsabilidad, pero dice que no fue el único que mató
  • Los ex oficiales del Ejército Telmo Hurtado y Juan Rivera Rondón se confrontaron ante tribunal para aclarar discrepancias sobre el operativo que terminó con la matanza de 69 campesinos en Accomarca.

por Gabriel Mazzei

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Justicia. Telmo Hurtado asume responsabilidad, pero dice que no fue el único que matóJusticia. Telmo Hurtado asume responsabilidad, pero dice que no fue el único que mató“Yo soy responsable de la muerte de 31 personas; tú debes haber matado al resto, tú quemaste sus casas. Los dos participamos en el operativo”, le encaró Telmo Hurtado a Juan Rivera Rondón.

Durante la confrontación realizada ayer por la Sala Penal Nacional entre ambos procesados, Hurtado recordó que el 14 de agosto de 1985 en Accomarca incursionaron varias patrullas y que Rivera Rondón comandaba una de ellas, mientras él otra.

El también conocido “Carnicero de los Andes” recordó además que Rivera estuvo presente en dicho lugar quemando las casas de los campesinos, tras la matanza.

Rivera Rondón desacreditó esta versión, al punto de recomendarle que “mejor escriba un libro de ficción”.

Como para hacer verosímil su relato, recalcó que nunca llegó al momento de la ejecución de los campesinos, ya que se perdió en el camino, cuando se encontraba en la cima de la quebrada.

En su réplica, Hurtado descartó esta posibilidad, ya que Rivera “conocía dicho terreno, en su condición de jefe de una patrulla”, la misma que iba detrás de él antes y durante la ejecución.

Ante la Sala Penal Nacional, el ex líder de la patrulla Lince 7 se responsabilizó de la muerte de 31 personas y señaló que por el resto de víctimas debe responder el propio Rivera.

Para el abogado de la parte civil, Carlos Rivera, esta confrontación esclarece más sobre la responsabilidad, ya no solo de Hurtado sino de otros mandos que estuvieron en el momento de la matanza.

Publicado en La República el 21 de septiembre de 2012

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De confesiones y culpas. El juicio por el caso Accomarca

Por Jo-Marie Burt y Kristel Best Urday*

Las calles alrededor del penal Castro Castro, ubicado en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho en las afueras de Lima, son de tierra y polvo. Ni la lejanía ni la aridez merman la voluntad de los familiares del caso Accomarca. Ahí están, durante todas las audiencias del juicio, en el cual se juzgan a 29 militares por la masacre de 69 campesinos, cometida el 14 de agosto de 1985. En la entrada del penal, están parados los familiares, desplegando carteles en donde figuran todos los nombres de las víctimas, así como sus exigencias de verdad y justicia, postergadas desde hace 26 años.

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El juicio, iniciado en noviembre de 2010, no ha llamado tanto la atención de los medios de comunicación, pero en las últimas semanas ha estado en primera plana por las declaraciones de Telmo Hurtado, ex oficial del Ejército considerado como el principal responsable material de la masacre, que ha reconocido su participación en el operativo militar que dio muerte a 69 campesinos, entre ellos más de 20 menores de edad.

La declaración de responsabilidad de Hurtado no es novedad. Hace años, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso, la admitió. Su caso fue trasladado al fuero militar, donde fue sancionado a 6 años, no por homicidio sino por el delito de ‘abuso de autoridad’. A pesar de la condena, Hurtado no cumplió los 6 años, además fue ascendido e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la Ley de Amnistía, y permaneció en servicio activo del Ejército. En 2001, luego de la anulación de esta ley por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hurtado huyó a Estados Unidos. El 2007 fue detenido, y luego de varios años, fue extraditado al Perú e incorporado al juicio ya en curso el 22 de julio de 2011.

Lo que es nuevo en su testimonio fue que reconociera el papel de sus superiores tanto, en el diseño del Plan Huanccayoc, como en la transmisión de las órdenes del operativo militar; así como el reconocimiento de las órdenes que habría recibido de sus superiores para encubrir los hechos. De este modo, el testimonio de Hurtado cuestiona no sólo el argumento de los altos mandos militares imputados en esta causa, sino también el argumento de la institución militar sobre la lucha contrasubversiva en general, que dice que no hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sino tan sólo ‘excesos’ cometidos por algunos ‘malos elementos’ de las Fuerzas Armadas. Según esta argumentación, la responsabilidad de los abusos cometidos no caería sobre los altos mandos sino sobre los soldados y oficiales de rango menor que actuaron en las zonas de emergencia.

Habla el “Carnicero de los Andes”

Mientras daba su testimonio, Hurtado mantuvo una postura firme y habló mirando de frente. No dialogó con ninguno de los otros acusados que estaban a sus espaldas. Se limitó a describir las órdenes y sus ejecuciones en términos castrenses “bajas”, “eliminación”, “limpieza”, detallando fechas, horarios y nombres. No hizo apreciaciones subjetivas, morales ni humanitarias.

Tras el vidrio, el público, conformado en su mayoría por los familiares, podía observar a los acusados de espaldas. Algunos tomaban nota mientras escuchaban las declaraciones, otros se encorvaban irremediablemente, otros murmuraban.

El fiscal Luis Landa inició su interrogatorio con la pregunta sobre su estado de salud mental hace 27 años y en la actualidad. El General José Cabrejos Samamé afirma en su libro La verdad sobre Accomarca que Hurtado habría sufrido de “psicosis de guerra” y que, por ello, torturó y asesinó con saña a los pobladores. Ésta, vale anotar, también es la tesis principal de los abogados defensores de los altos mandos militares imputados en esta causa, entre ellos el Gral. Wilfredo Mori Orzo (uno de los miembros del Estado Mayor en aquel momento) y el Gral. José Daniel Williams Zapata (en ese momento Mayor de Infantería y Jefe de la Campaña Lince y, en 2005, Jefe del Comando Conjunto).

En una de las audiencias iniciales, el abogado de esos militares, César Nakasaki —conocido por defender, y perder, las causas por violación de derechos humanos y corrupción del ex presidente Fujimori— sostuvo precisamente esta tesis. Sus defendidos, advirtió, no sabían nada ni tenían responsabilidad. Sostuvo que Hurtado habría enloquecido luego de tanto tiempo en las zonas de emergencia, por lo tanto la masacre sería producto de un “exceso” individual y no de un plan enmarcado en la lucha contrasubversiva.

En aquel momento Hurtado estaba en Miami esperando la extradición. Tal vez imaginaron que no sería extraditado. O que llegaría después de este juicio. Pero ahora, se encuentra en el mismo banquillo de los acusados.

Al contrario de la tesis de Cabrejos y Nakasaki, Hurtado declaró que no sufría de “locura” ni en aquel momento ni en el presente. Ante dicha teoría, respondió claramente que a un oficial lo preparan para estas situaciones, para cumplir órdenes, por eso se les denomina “profesionales de la guerra”.

Según Hurtado, el 12 de agosto de 1985 se ideó el Plan Operativo 17, que tenía como finalidad “eliminar” una Escuela Popular en la zona de Accomarca y capturar al “camarada Marco”. El Estado Mayor se reunió con los jefes de patrulla para impartir la orden de eliminar al “personal subversivo” en caso de un enfrentamiento. El 13 de agosto, el “G2” Teniente Coronel de Infantería César Martínez Uribe Restrepo, oficial de Inteligencia, le ordenó a Hurtado que elimine a todo elemento subversivo y que no retorne con ningún capturado. Hurtado explicó que la quebrada de Llocllapampa estaba categorizada como Zona Roja, por lo tanto, todos los habitantes eran considerados indefectiblemente delincuentes terroristas, en consecuencia, todos debían ser “eliminados”. Asimismo, remarcó que la contraorden que dio el “G2” Martínez Uribe no podía comunicarse ni realizarse sin el pleno conocimiento del General Mori, quien era Jefe del Estado Mayor. Enfatizó que el operativo se realizó con el conocimiento del Comando Político Militar, del Poder Ejecutivo y del Estado.

Hurtado admitió y se responsabilizó de la muerte de cinco hombres ejecutados en el camino, del camarada “Genaro” y de aproximadamente 25 personas. De las demás muertes, dijo que otros comandos tenían la responsabilidad.

Encubrimiento de los hechos

Hurtado también declaró sobre este tema. Luego de que las denuncias de la masacre llegaran a Lima, en setiembre de 1985, los altos mandos militares, comandados por el Gral. Mori, ordenaron “limpiar” la zona, es decir, borrar las huellas y asesinar a los testigos de la masacre. El 16 de setiembre, Hurtado, el Comandante Sotero Navarro, un Sub-oficial de comunicaciones y el Mayor Jurídico fueron llevados en helicóptero a la quebrada de Huancayocc. Se dirigieron al lugar caminando, pero antes de llegar, Sotero Navarro se quebró el pie, entonces emprendieron la vuelta hacia Huambalpa. Debido a ello, relató Hurtado, no participó en la “limpieza”. Pero, afirmó, otras patrullas en la zona se encargaron de la operación entre el 13 y 15 de setiembre. Recuerda que a lo lejos se veían fogatas.

Asimismo, señaló que el 17 de setiembre de 1985, el Coronel de Infantería Nelson González Feria lo ordenó a mostrarse como “loco” ante la prensa y frente a la comisión investigadora del Congreso que iba a viajar a la zona.

Con estas declaraciones, Hurtado ha quebrado el plan de encubrimiento que lleva 26 años de existencia. En algún momento reflexionó sobre su confesión: “Las lealtades cambian, las amistades se van,” dijo. Sin embargo, Hurtado no muestra signos de arrepentimiento ni de crítica a la política contrasubversiva. “¿Por qué continuó en el Ejército?”, le preguntó el abogado de Rivera Rondón, otro de los imputados. Hurtado respondió: “Mi único grado y meta era la defensa de la soberanía nacional, la pacificación del país. Amo mi institución, amo mi carrera”. Ante las preguntas “¿Usted sabía que era ilegal asesinar? ¿Sabía si era ilícito matar a personas?” Hurtado dijo que se le preguntara al Estado Mayor que estuvo a cargo.

El contrainterrogatorio de Nakasaki

César Nakasaki, el abogado que se hizo famoso representando a Alberto Fujimori en todos los casos por los cuales fue extraditado de Chile en 2007, defiende a los altos mandos militares en el caso Accomarca, como Wilfredo Mori Orzo, César Martínez Uribe Restrepo, entre otros. En su contrainterrogatorio a Hurtado, apuntó a que éste aceptara que sus declaraciones en 1985 ante la inspectoría de la II División del Ejército, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eran las que valían. En esas declaraciones, Hurtado indicó que nadie del Estado Mayor tuvo responsabilidad en los hechos de Accomarca.

Sin embargo, el militar se mantuvo firme en su posición. Afirmó que estuvo presionado a mentir en aquellas declaraciones y conminado a hacerse el loco y a guardar silencio para proteger a la institución. Cambiando de estrategia, Nakasaki repitió la pregunta que otro abogado defensor, Hugo Robles Castillo, hiciera a Hurtado en una sesión previa: “¿Usted mataría a su padre?” a lo que respondió positivamente. Esta vez, respondió de manera distinta. Dijo que Robles hizo una pregunta extrema para demostrar cómo funcionaba la obediencia debida dentro de la institución militar. Explicó que su familia se había visto muy afectada por su situación y que su padre había muerto en 1988.

En las declaraciones de Hurtado se desentraña toda una estrategia contrasubversiva dirigida desde los altos mandos militares quienes tuvieron pleno conocimiento y control sobre cada operativo. Con sus declaraciones se está corroborando la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, tesis ya establecida por la CVR en su Informe Final. Ahora, se espera que culminen los interrogatorios y de que por fin se haga justicia para los familiares de las 69 víctimas de la masacre de Accomarca.

Nota:

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, 2009, 2011). Kristel Best Urday es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca (^^^)

Artículo publicado en la revista Retablo. Nro. 46. Junio 2012. Ayacucho. Asociación SER

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Accomarca: Telmo Hurtado será extraditado próximamente

Telmo Hurtado

Por Jo-Marie Burt

Telmo HurtadoTelmo HurtadoEl día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos negó la solicitud de Telmo Hurtado para que revise la decisión de una corte distrital que ratificó la decisión de una corte inferior de aprobar su extradición al Perú. Con esa decisión, Hurtado ya no tendría más posibilidades de escaparse de la Justicia en el Perú.

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Como es de conocimiento público, Hurtado es considerado el principal responsable operativo de la masacre de 69 campesinos en Accomarca, occurrido en agosto de 1985, a poco tiempo de asumir su primera gestión como presidente Alan García.

Hurtado fue detenido en Estados Unidos en 2006 y en 2007 fue procesado penalmente en Estados Unidos por fraude, falsedad, y maluso de visa. La corte que revisó su caso ordenó su extradición, pero hasta ahora Hurtado ha evitado ser regresado al Perú aprovechándose de todas las posibilidades de apelar el orden de extradición.

Ahora que la Corte Suprema ha negado la petición de Hurtado, el próximo paso es que la Secretaria de Estado Hillary Clinton certifica la extradición; luego de ello será extraditado de inmediato.

Al llegar al Perú Hurtado tomaría su lugar junto con los otros 28 militares que actualmente están siendo procesados por el caso Accomarca.

Ayer la Corte Suprema de EE.UU. emitió este dictamen contra Telmo Hurtado. Vea la página 5.

Dictamen contra Telmo Hurtado

Publicado por primera vez A Contracorriente, el 24 de mayo 2011

 

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Trial Reports

Accomarca: una oportunidad histórica para la justicia peruana

Por Gloria Cano – Abogada APRODEH

 

“La población sirve a Sendero para sustentarla… para curar sus heridas… para darle protección y encubrirla… para renovar sus cuadros… la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población… y como lo señala el Operativo Huancayocc, eliminar las zonas rojas”

 Declaración de Sinesio Jarama ante el Senado (17/09/1985)

 

Accomarca, una pequeña comunidad de la provincia de Vilcashuamán, en el departamento de Ayacucho, fue escenario de una de las más cruentas acciones de violencia que asoló nuestro país.

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A inicios de los ochenta, Sendero Luminoso se desplazaba por esta zona, amenazando y asesinando a las autoridades y a todo aquel que se le opusiera. Las Fuerzas Armadas, desde su ingreso a las zonas de emergencia ostentando el control político militar, ejecutaron una estrategia de tierra arrasada, sin importar el costo de la vida inocente. Para ello, utilizaron el mismo método que Sendero Luminoso: el terror.

A fines de julio de 1985, el Ejército detuvo a un senderista quien señaló la quebrada de Huancayocc y Llocllapampa como lugares donde se desarrollarían escuelas populares. Así, el comando político militar a cargo del general Wilfredo Mori, elaboró y aprobó el “Plan Huancayocc”. Según éste, las patrullas debían cercar la quebrada y las posibles rutas de salida a fin de acorralar, perseguir y eliminar a los presuntos subversivos que se encontraban en la zona.

En la reunión de coordinación realizada entre el jefe de la base militar de Vilcashuamán, Capitán Helber Gálvez, el Coronel José Williams Zapata, el sub teniente Telmo Hurtado, el teniente Juan Rivera Rondón y el coordinador del operativo, el oficial Carlos Medina Delgado se estableció que toda aquella persona que se encontrara dentro del radio cercado, debía ser considerada terrorista comunista. Evidentemente esta acción, lejos de proteger a la comunidad, buscaba castigarla.

En las primeras horas del 14 de agosto de 1985, las patrullas militares cercaron la zona de acuerdo al plan, llamaron a asamblea a los pobladores, quienes temerosos asistieron al llamado. Otros optaron por esconderse dentro de la quebrada, para entonces, se conocía de otras masacres en Ayacucho. Esta vez el presagio se tornó realidad: Accomarca se tiñó de la sangre de 69 personas, la mayoría niños (30), mujeres (27) y ancianos. Las mujeres fueron separadas y violadas antes de ser eliminadas. Las víctimas fueron encerradas en una choza, ejecutadas con disparos de ametralladoras, luego, se les arrojó una granada que luego de explotar ocasionó un incendio.

Quienes salvaron de morir esperaron que las patrullas se alejaran para acudir en ayuda de las víctimas. Sólo encontraron cuerpos quemados y destrozados, los cubrieron con tierra para evitar su desaparición. Sabían que, desde ese momento, corrían peligro. No se equivocaron. Algunos testigos fueron asesinados tras denunciar lo ocurrido.

Ya hubieran querido los asesinos acallar estos terribles hechos. No lo lograron. Por más de dos décadas, la memoria de lo ocurrido mantuvo unidos a los familiares y a la comunidad de Accomarca. Con el mismo dolor y coraje, resguardaron los cuerpos y el testimonio de los que aún quedaban con vida.

Hoy, veinticinco años después de aquel terrible crimen, las familias pueden ver cara a cara a quienes ordenaron y ejecutaron las muertes de sus seres queridos. Hoy, los responsables se encuentran en el banquillo de los acusados. La fiscalía ha solicitado para ellos una pena de veinticinco años de prisión.

Pero todos preguntamos: ¿Por qué Telmo Hurtado y Castañeda Castillo no están junto al resto de acusados?

Hurtado y Castañeda, al igual que Rivera Rondón, ingresaron con mentiras a Estados Unidos y se refugiaron en dicho país tratando de evadir a la justicia. Rivera Rondón fue deportado por las autoridades norteamericanas. La extradición de Castañeda Castillo es tramitada, en forma parsimoniosa, por las autoridades peruanas. Telmo Hurtado ha agotado sin éxito, las vías legales para evitar la extradición. Sin embargo, aún no es traído al Perú. Lo real es que el gobierno no pone ningún interés en agilizar los trámites pendientes.

Apenas ocurrida la masacre, los accomarquinos decidieron enfrentar, a pesar del riesgo, la búsqueda de justicia. La primera respuesta del Poder Judicial fue la abdicación de su función a favor del fuero militar, a sabiendas que sólo encubrirían a los responsables. En efecto: Telmo Hurtado fue absuelto del delito de homicidio, luego ascendido. Pese a su confesión, no hubo castigo. ¿Por qué habría de serlo? Lo ejecutado en la quebrada estaba de acuerdo al plan aprobado.

Las reaperturas de casos de violación a los derechos humanos ofrecen una nueva oportunidad al Poder Judicial de dar una respuesta a la población y a la historia. El juicio iniciado hace pocas semanas por el caso Accomarca, debe desarrollarse con las garantías para que sea transparente y objetivo. La sanción debe alcanzar no sólo al ejecutor del disparo, sino también a quien elaboró, aprobó y coordinó el plan, a quienes protegieron a los asesinos; de igual modo, deben darse medidas de reparación individual y comunal. Después de veinticinco años, la violencia, el abuso y la indiferencia no deben quedar impunes.

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 5 enero 2011