- Los testimonios de sobrevivientes de la masacre del 14 de agosto de 1985 ante la Sala Penal Nacional en Ayacucho
Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez*
“Para ellos ha sido difícil testificar”, dice Francisco Ochoa. “Entrar a una sala sin prepararse, sin conocer, es difícil”. Ochoa, presidente de la Asociación de familiares afectados por la violencia política del distrito de Accomarca, se refiere a los sobrevivientes de la masacre en esa localidad ayacuchana que testificaron en las audiencias itinerantes realizadas en la ciudad de Huamanga el pasado mes de octubre [2] . “Pero aún así”, continúa Ochoa, “han dado lo que tenían que dar, han dicho lo que tenían dentro.” Se queda pensando. “Todavía hay una herida ahí….”.
Sin duda. Veintiocho años después de la masacre de Accomarca, los sobrevivientes y deudos de las víctimas aún esperan justicia. Después de casi tres décadas de impunidad para los responsables de la masacre de más de 60 campesinos, el juicio penal contra 29 acusados empezó en noviembre de 2010. Este ha durado mucho porque la Sala Penal Nacional no da prioridad a los casos de derechos humanos. Por esta razón, las audiencias se realizan sólo una vez cada semana o cada diez días, por pocas horas, a lo que se suman las estrategias dilatorias de los abogados de la defensa.
Los testigos a que alude Ochoa se presentaron ante la Sala Penal Nacional en Huamanga el 24 y 25 de octubre del presente año. Las audiencias en Ayacucho son importantes pues corresponden a una iniciativa de dicha Sala para resolver la centralización de los juicios en Lima implementando las audiencias itinerantes o descentralizadas, que consiste en que la Sala en su conjunto se traslade al lugar donde ocurrieron los hechos y lleve a cabo audiencias para escuchar a los testigos que no pueden viajar a Lima o que prefieren testificar en su lugar natal. Con esta medida, se logra recoger una gran cantidad de testimonios en pocos días, lo cual no solo permite avanzar con el proceso, sino también brindar a las familias la oportunidad de estar presentes en una audiencia que busca justicia para sus seres queridos. Este mecanismo ha sido utilizado en otros casos como Cabitos, Chuschi y Agente Carrión. Es la primera vez que se da para el emblemático caso de Accomarca [3] .
Memoria, justicia y ciudadanía
La 
Los familiares eran conscientes de la importancia de su testimonio. Por eso, un día antes de la audiencia, realizaron una conferencia de prensa en Huamanga para dar a conocer los avances y problemas del caso, así como sus expectativas. Participaron junto a los familiares los abogados Gloria Cano y Jorge Abrego, de Aprodeh; Carlos Rivera, de IDL; y José Chalco, todos ellos representantes de las víctimas [5] .
Tanto en la conferencia de prensa como en las audiencias estuvieron presentes muchos pobladores de Accomarca y los que llegaron de Lima. Este caso es uno de los que cuenta con mayor asistencia de familiares, entre 15 y 20 acuden semanalmente a las audiencias en el penal Castro Castro. En Huamanga asistieron cerca de 50 personas, algunos con sus hijos pequeños o mujeres y hombres muy ancianos. El juicio se convirtió en un espacio de encuentro entre accomarquinos y accomarquinas que aún residen en la localidad y los que fueron desplazados por la violencia u otros motivos. La mayoría de ellos viven en Ate Vitarte, un distrito popular de Lima.
Como documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno fueron quechuahablantes y campesinos; personas que han sido históricamente excluidas [6] .En las audiencias que se realizaron en Huamanga, ocho de los nueve testigos fueron quechuahablantes, y algunos son analfabetos. Para estos peruanos, el proceso judicial se convierte en un espacio de reivindicación de su ciudadanía después de esperar 28 largos años por verdad y justicia. Algunos respondieron con tristeza o resignación; otros, con rabia. Y es que el juicio también les ofrece la posibilidad de expresarse con libertad después de tantos años de silencio y miedo. Una testigo, Aurelia Baldeón, mostró libremente su molestia durante su testimonio. Ella perdió a sus dos hijos en la masacre. Al finalizar explicó a la Sala por qué su cólera: “Señor, no hay quien me recuerde. No tengo hijos ni quién me lleve mis alimentos. Estoy sola, por eso estoy molesta”. De igual manera, Catalina Ochoa respondió con dureza las preguntas que le hicieron los abogados de la defensa: “Estoy amarga y con pena de tantos años por la muerte de mi madre”, dijo. “Tanto tiempo que lo niegan. Camino gastando mi plata”.
“He visto con mis ojos, por eso hablo”
su DNI luego de dar su testimonio
a la SalaCatalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de Redinfa
Desde temprano, el jueves 24 los nueve testigos contaron sus recuerdos de lo ocurrido aquel 14 de agosto de 1985: Aproximadamente a las 6 ó 7 de la mañana, cuando estaba amaneciendo, varios de los testigos coincidieron en que vieron a los militares bajar por la quebrada desde dos puntos, Accomarca y Pitecc, hacia Lloqllapampa. Raymundo De la Cruz (53 años) contó que cuando los militares llegaron a su casa, escapó a un río y se escondió en un hueco que divisó. “¿Por qué se escapó dejando a su familia?”, le preguntó el fiscal Luis Landa a Raymundo. Él respondió que su mamá le dijo que huya porque los militares eran malos con los varones, si se quedaba lo iban a golpear. Para Aurelia Baldeón, esconderse de los militares fue como un ‘acto reflejo’. Al verlos bajar por la quebrada hacia donde estaba ella, solo atinó a huir con sus hijos y esconderse en la quebrada.
Desde sus escondites vieron actos espeluznantes. Varias testigos presenciaron la violación sexual de mujeres o “señoras jóvenes”, hecho que ha sido también narrado en las audiencias realizadas en Lima. También presenciaron cómo sus familiares, que habían asistido a la supuesta reunión convocada por los miembros del Ejército, fueron acribillados y luego, para no dejar rastro del crimen, incinerados con explosivos y gasolina. Sixto Baldeón relató que se escondió en un huayco antes que los militares lleguen a su casa. Alrededor del mediodía salió rampando de su escondite y divisó a los lejos cómo los pobladores eran llevados a la casa de tejas de César Gamboa. “Con mis propios ojos he visto que los metieron a la casa y les prendieron fuego”, contó. “Mi esposa y mi hijo murieron ahí quemados” [1].
Al día siguiente, regresaron a sus casas. Algunos contaron que fueron al lugar donde sus familiares habían sido asesinados. Para recuperar los restos, Alejandro Quispe Báez (69) relató a la Sala que mojó con agua las cenizas, pero no quedaba casi nada de sus familiares. A la pregunta del fiscal sobre el número de restos que halló, él explicó con resignación: “No [los] conté, eran solo huesos ¿cómo voy a contar eso?”.
Lloqllapampa quedó desolada, con chozas humeantes y los restos carbonizados de más de 60 pobladores. Los testigos contaron que vieron a los soldados llevar sus mulas, vacas, caballos, alimentos, frazadas, hasta una radio, hacia la base militar de Vilcashuamán. Casi ningún sobreviviente se quedó en Accomarca, pues creían que los militares iban a regresar para matarlos y quemarlos. Algunos huyeron a Vilcashuaman, otros se fueron más lejos, hasta Lima.
Los problemas que persisten
Es
de un famliar y una integrante de Redinfa importante mencionar los problemas que persisten en el desarrollo de las audiencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hemos documentando en otros reportajes la lentitud y demoras que caracterizan el proceso judicial.[7] En esta ocasión, el colegiado llegó casi una hora después de la hora programada para iniciar las audiencias, haciendo costumbre una práctica que se reproduce en Lima.
Otro aspecto a destacar es que persisten los problemas con las traducciones al quechua. Esto lo hemos visto en las audiencias del caso Cabitos, donde varios de los testigos eran quechuahablantes [8] y la traducción no era fiel al testimonio. Lo mismo ocurrió esta vez. Los abogados conocedores del idioma quechua tuvieron que llamar la atención sobre la traducción que no era literal. Igualmente, el público que conocía ambos idiomas reclamó y corrigieron con frecuencia la mala traducción.
Otro elemento sobre el cual los familiares mostraron una honda preocupación fue la ausencia injustificada de Juan Manuel Rivera Rondón, jefe de la patrulla Lince 6 y uno de los principales responsables materiales de la matanza de Accomarca. Si bien el colegiado excusó a varios de los acusados de asistir a la audiencia itinerante por problemas de salud o por cuestiones económicas y laborales, Rivera Rondón tenía la obligación de asistir junto con otros cuatro procesados [9] . Su abogado no supo explicar su ausencia y solicitó que se excluya su presencia en el juicio, lo cual fue aceptado por el colegiado. No es la primera vez que Rivera Rondón se ausenta de una audiencia sin previo aviso. Luego presenta supuestos certificados médicos u otras excusas que son aceptadas por los miembros del colegiado. Tomando en cuenta que Rivera Rondón se fugó de la justicia y fue deportado de Estados Unidos en 2008, es preocupante tanto consentimiento de la Sala con las obligaciones procesales de los imputados.
Finalmente está el tema de la estrategia dilatoria de la defensa. En otras ocasiones han presentado testigos que luego no aparecen. En este caso, de los tres testigos programados para la audiencia el día viernes 25, solo asistió uno. A parte, el Ministerio Público tuvo problemas con la presentación de los suyos. De los cinco testigos que ofreció, o no vivían en Huamanga o estaban fuera de la ciudad; por lo tanto, no acudieron a la audiencia. Esto generó mucha molestia entre los familiares del caso Accomarca puesto que el día anterior, sus testigos tuvieron que quedarse en una sesión maratónica hasta las 8 de la noche. Nos llama la atención que el Ministerio Público, quien hasta ahora ha actuado de manera correcta, cometa este tipo de errores que dilatan el juicio y desalientan a las víctimas y sobrevivientes en su larga lucha por hallar justicia y verdad. Esta descoordinación preocupa, pues ha habido muchas dilaciones en este proceso legal que ya cumple tres años.
A pesar de estos inconvenientes y problemas, los familiares del caso Accomarca quedaron satisfechos y contentos con el testimonio de sus seres queridos. Para Justa Chuchón, familiar que vino desde Lima para presenciar la audiencia, ésta fue “muy buena”. Dijo que los testigos, personas mayores, “han testimoniado lo que han visto”. Pedro Ochoa se quejó por la ausencia de Rivera Rondón, pero dijo que más allá de eso, lo importante es que “los testigos han venido y han declarado lo que han visto, lo que es la verdad.” Resaltó la firmeza de los familiares que han persistido por 28 años en la búsqueda de verdad y justicia.
NOTAS:
* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2nda ed.). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). María Rodríguez es historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos, y es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru. (^^^)
- Declaración de Catalina Ochoa. 24 de octubre de 2013. Audiencia del caso Accomarca, Corte de Huamanga, Ayacucho. (^^^)
- Ver: La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano. (^^^)
- Se programaron dos días audiencias (jueves 24 y viernes 25 de octubre) para recoger el testimonio de 17 testigos: nueve familiares sobrevivientes de la masacre, cinco peritos del Ministerio Público y tres testigos de la defensa de los acusados. Al final acudieron solo 10 testigos. 24 de octubre: Raymundo de la Cruz Baldeón, Aurelia Baldeón Palacios, Catalia Ochoa Ramirez de Quispe, Emiliana Chuchón Tecse, Alejandro Quispe Báez, Susana Sulca De la Cruz, Manuel Alberto Palacios Ramírez, Benedicta Medina Baldeón y Sixto Baldeón Pulido. 25 de octubre: Máximo Gómez Prado, ex subprefecto provincial de Vilcashuamán. (^^^)
- Ver: “Olía como chicharrón. Testigos de la muerte, la masacre de Accomarca”. (^^^)
- La prensa escrita ayacuchana cubrió con amplitud las audiencias itinerantes: La Calle, Correo y La Voz (edición del 24 de octubre de 2013). (^^^)
- Ver: Informe Final de la CVR. (^^^)
- Ver: El largo juicio por el caso de la masacre de Accomarca. El testimonio de Javier Diez Canseco. (^^^)
- Ver: Juicio por el caso cabitos: crónicas de las audiencias en Ayacucho (parte I). (^^^)
- Los cuatro acusados que asistieron al juicio fueron: José Daniel Williams Zapata, jefe de las compañías Linces; Helber Alejandro Gálvez Fernández, jefe de la base militar contraguerrillera de Vilcashuamán; Luis Armando Robles Nunura, subteniente jefe de la Patrulla Lobo; y Remo Daniel Salas Avila, soldado. (^^^)
Publicado originalmente en Noticias SER el 13 de noviembre de 2013