- Si bien los recientes correos electrónicos publicados por el diario La República que involucrarían en actos de corrupción a la jueza de la Sala Penal Nacional, Mirta Bendezú, se refieren estrictamente al caso Matero (desaparición forzada de cuatro campesinos), es cierto que “desde hace mucho tiempo existe dudas sobre el comportamiento de la jueza en los casos de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ha fallado a favor de los imputados”. Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime, especialistas en temas de derechos humanos, comparten con LaMula.pe sus apreciaciones sobre el accionar de esta polémica abogada.
La jueza Mirta Bendezú: reina de la impunidad
Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime
“Este proceso es delicado, tenemos una acusación fiscal de 20 años, además de testigos que sindican directamente a los presuntos autores, pero cuando cada uno realice su descargo oral es cuando ellos van a determinar su inocencia, (…) yo como encargada de los debates lo ayudaré”.
Este es uno de los correos publicados el día sábado 11 de julio por el diario La República en una investigación del periodista César Romero que revela cómo una magistrada de la Sala Penal Nacional, Mirta Bendezú, habría favorecido a un militar acusado en un caso de desaparición forzada al ayudarlo a liberarse de los cargos en su contra.1
Los autores de los correos electrónicos intercambiados entre el 2007 y el 2008 son el hoy general Marino Ambía Vivanco, acusado de la desaparición forzada de cuatro campesinos en la localidad de Matero, Ayacucho en 1986; la magistrada Mirta Bendezú Gómez, presidenta del colegiado D y directora de debates que llevó adelante el juicio contra Ambía en aquellos años; y un intermediario, “Javier”, presuntamente hermano de la jueza. Los correos dan cuenta de la disponibilidad de la jueza de “darle la mano” al general para asegurar una sentencia absolutoria.
Dicho y hecho: el 8 de agosto de 2008, el general fue absuelto de los cargos en su contra. La base de la absolución es la desestimación de los testimonios de los familiares de las víctimas, los principales testigos de la detención de sus seres queridos, quienes nunca más fueron vistas con vida. Según la sentencia firmada por Bendezú, se desestima los testimonios de los familiares pues ellos tienen “un interés directo en el resultado, y con una carga de subjetividad, que se advierte en sus propias declaraciones”.
Este argumento fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas. La modalidad de la desaparición forzada –en que las víctimas son sacados de sus casas, con frecuencia en la madrugada, suelen ser los familiares los únicos testigos de los hechos, además de ser quienes desarrollan los primeros y fundamentales actos de investigación.
Los otros juicios
Los correos publicados por La República se refieren solamente al caso Matero. Pero es cierto que desde hace mucho tiempo existe dudas sobre el comportamiento de la jueza Bendezú en los casos de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ha fallado a favor de los imputados. Desde el año 2008, Bendezú ha participado como miembro del tribunal en 15 procesos relacionados con casos de graves violaciones a los derechos humanos2; en doce de ellos, las sentencias han sido absolutorias. De las tres sentencias condenatorias en que fue parte del colegiado, ella emitió un voto singular para absolver (caso Curgos). Sin embargo, al año siguiente, la Corte Suprema anuló la condena “con el argumento de la prescripción, pese a que este beneficio no procede para graves violaciones a los derechos humanos”3. Eso quiere decir que en 7 años, Bendezú ha condenado en sólo dos casos. Los otros dos fallos condenatorios firmados por Bendezú se dieron en 2013 y 2014.
Actualmente, Bendezú es parte del tribunal en por lo menos ocho procesos de derechos humanos en curso.4 Entre ellos el emblemático caso Accomarca, donde se encuentran acusados toda la cadena de mando que habría participado en la masacre de 69 campesinos en agosto de 1985. Justamente este miércoles 15 de julio está programado el inicio de los alegatos finales, luego de casi cinco años de juicio oral. La acusación de corrupción de la jueza Bendezú pone en grave riesgo este proceso, que está por culminarse: los abogados tendrían que recusar a la jueza, lo cual podría llevar a que se quiebre (pues ya hubo un cambio de juez, que sólo se puede darse una vez en un proceso penal); o, si la jueza se queda, existe el riesgo de que también haya realizado arreglos con los imputados para garantizar su absolución.
En 
el caso Rodrigo Franco (luego de que María Vidal se ausentara y se produjera el quiebre del primero), Mirta Bendezú asumió la presidencia del segundo proceso. Aprodeh recusó a la jueza por sus vinculaciones con el Partido Aprista: “La jueza Mirta Bendezú está casada con Ricardo Chumbe Paz, abogado del estudio de Edmundo Peláez, quien a su vez es cercano al Apra y ha defendido a Alan García. Por decoro la jueza debió inhibirse, pero no lo ha hecho”, declaró Gloria Cano, secretaria ejecutiva de Aprodeh5. Sin embargo, la recusación fue rechazada.
Los familiares de las víctimas no han quedado de brazos cruzados. Familiares del caso Matero y Accomarca realizaron un plantón exigiendo la destitución de los jueces involucrados en los hechos de corrupción. Así también, a través de Aprodeh, el día de ayer presentaron la recusación de la jueza de los procesos en curso que ellos representan. “Le corresponde por derecho a las víctimas contar con magistrados de los cuales no se dude de su imparcialidad en los procesos”6, puntualizaron.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron que la Jueza Bendezú ha sido apartada de la Sala Penal Nacional. No está claro qué va a pasar con casos como Accomarca, donde ella es parte del tribunal de un proceso en curso y donde su separación del caso significaría un quiebre del proceso. En todo caso, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas exigen que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre la actuación de la jueza y del general Ambía, y que tomen medidas para reforzar la independencia jurídica y evitar actos de corrupción que no solo dañan a las víctimas sino también a la sociedad entera, al afectar el estado de derecho.
- E-mails revelan un presunto acuerdo para absolver a militar (^^^)
- Estos casos son: Agente Carrión, Javier Tineo, Hilario Ayuque Zúñiga, Lumachuayco, Marco Barrantes 3, Navarrete, Aucayacu o Capitán Carlos Esparza, Curgos, Los Laureles, Gualberto Chipana Wayra, Luis Manrique Escobar, Constantino Saavedra 2, Santa Barbara 2, Matero 1 y Pedro Haro. (^^^)
- Juicios de DDHH en peligro por fallo de Corte Suprema que admite prescripción (^^^)
- Casos: Accomarca; Chumbivilcas; Vilcashuamán 4; Jorge Gutiérrez Quinteros; MM (violencia sexual); Hugo Bustíos 2; Comando Rodrigo Franco; Cayara. (^^^)
- Ver nota completa de la participación de Vidal y las vinculaciones de Bendezú (^^^)
- Intervención de Aprodeh en caso 32-2013 (Vilcashuamán 4) (^^^)
Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2da. ed.; puede descargarse gratuitamente aquí). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net).
María Rodríguez es historiadora egresada de la UNMSM. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos; y actualmente se encuentra cursando la maestría en Gerencia Social en la PUCP. Es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria y asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru.
Publicado en La Mula, el 14 de julio de 2015